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Negligencia y omisiones en Axe Ceremonia, detrás de muerte de fotógrafos Berenice y Miguel; exigen cancelar permisos del festival

Una grúa que colapsó, el silencio durante horas de los organizadores y la suspensión del festival Axe Ceremonia hasta el día siguiente, son parte de las negligencias y omisiones que envolvieron la muerte de los fotógrafos Berenice y Miguel.

Berenice y Miguel amaban la música y tomar fotografías de conciertos, hasta que fueron víctimas de la negligencia de los organizadores del Festival AXE Ceremonia 2025 en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

El pasado sábado 5 de abril alrededor de las 6 de la tarde, los jóvenes fotoperiodistas Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández cubrían el festival de música indie cuando quedaron sepultados debajo de una estructura metálica que colapsó debido a las fuertes rachas de viento. Berenice y Miguel fueron trasladados de emergencia al Hospital General Dr. Rubén Leñero, pero llegaron sin signos vitales.

A pesar del accidente, el festival continuó por horas con las presentaciones programadas, incluyendo las de Natanael Cano y Charli XCX. ​Siguió pese a que dos personas habían fallecido. Los asistentes, en su mayoría, supieron la noticia hasta que salieron del festival.

Las cuentas en redes sociales de AXE Ceremonia continuaron activas con lo que acontecía en el escenario. Hasta las 9 de la noche informaron sobre el incidente, pero no mencionaron a los fallecidos, solo hablaron de dos heridos, aunque el IMSS informó que los dos jóvenes llegaron sin vida al hospital.

Protesta en Parque Bicentenario por la muerte de Berenice y Miguel en el AXE Ceremonia 2025

Contrario a lo que pasó un día antes, cuando los organizadores del festival decidieron guardar silencio y que el show debía continuar hasta que terminaran los conciertos, al día siguiente con los sellos de clausura de fondo, los nombres de Berenice y Miguel se escucharon fuerte. Fotógrafos, periodistas, estudiantes y amigos colocaron un altar en la entrada del Parque Bicentenario.

Veladoras, flores y letreros con frases tan dolorosas como ciertas: ‘Ninguna pasión debería costar la vida’ o ‘Nadie merece morir por hacer lo que ama’, destacaron durante el homenaje a los jóvenes fotógrafos.

En un pronunciamiento, periodistas exigieron que se cancelen los permisos y concesiones de las empresas ECO Live, organizadora del festival, y Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, concesionaria del Parque, y las siguientes ediciones del festival AXE Ceremonia.

“Que nunca más haya un evento sin protocolos de seguridad suficientes y que prioricen el dinero por encima de la seguridad de sus asistentes y los trabajadores”, demandaron.


AXE Ceremonia 2025: negligencias y omisiones

La indignación tiene motivos de sobra. Los organizadores del festival colocaron osos decorativos sobre grúas de tijera para que los asistentes se ubicaran en el parque, para que tuvieran un punto de “encuentro seguro”. Sin embargo, esas grúas no deben ser usadas para colocar carteles, lonas o ninguna otra cosa. Uno de los fabricantes señala en uno de sus manuales que si se colocan carteles en una plataforma de tijera se genera “un efecto velero” que puede provocar que vuelquen.

Las autoridades se señalaron unas a otras. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, aseguró que hicieron una inspección el viernes, previo al festival de música, y la grúa que causó la muerte de los jóvenes no estaba colocada ni tampoco estaba contemplada en el programa especial de protección civil.

Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México responsabilizó a los organizadores y a la alcaldía en un comunicado. “Estos lamentables hechos fueron el resultado de una deficiente supervisión de medidas preventivas por parte de los organizadores y las áreas operativas de la Alcaldía Miguel Hidalgo”, indicaron.

Horas después, alrededor de las 01:30 de la mañana del 6 de abril, cuando ya había terminado el primer día de conciertos, la alcaldía Miguel Hidalgo colocó sellos de suspensión en el Parque Bicentenario.

Qué empresa tiene la concesión del Parque Bicentenario y cuál organiza el festival AXE Ceremonia

Por ello, durante la jornada de protesta, los manifestantes también reclamaron a las autoridades no haber realizado una suspensión inmediata de las actividades del festival, así como la falta de protocolos de desalojo y el número insuficiente de personal de seguridad para poder cancelar el evento masivo.

Tras la muerte de los jóvenes fotógrafos, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) informó que revisará la concesión del Parque Bicentenario. Esto pese a que en 2023 ya había muerto un fotógrafo en ese lugar. Alberto Clavijo murió también en un accidente en el Parque Bicentenario, pero durante un concierto de RBD.

Desde el 1 de marzo de 2018 y hasta por 25 años, la concesión del Parque está en poder de Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP S.A. de C.V. cuyo representante legal es Charles Edward Mc Phail Trouyet.

Mientras que Grupo Eco pertenece a Diego Jiménez Labora Prieto, quien es el organizador del festival AXE Ceremonia. Actualmente la marca Ceremonia está registrada bajo La Agencia de los Socios, donde Jiménez Labora Prieto también tiene participación.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación.

Durante la velada en memoria de Bere y Mike, también se exhortó a la Fiscalía a realizar “una investigación que considere el encubrimiento de las muertes”, “que se finquen responsabilidades por los homicidios dolosos y la destitución de los funcionarios que permitieron la realización y continuación del festival a pesar del accidente”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN.

Sheinbaum defiende el diálogo como estrategia para evitar aranceles recíprocos de EU

La Presidenta Sheinbaum explicó que imponer aranceles al acero y aluminio podría aumentar los precios en México. Por ello, destacó que apuesta por el diálogo como medida para proteger a la economía nacional y a las empresas mexicanas.

En medio de las críticas de la oposición, que acusa al Gobierno de ceder ante la falta de aranceles recíprocos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la estrategia de México en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, que tienen como objetivo principal proteger la economía nacional y evitar incrementos en los precios internos.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo explicó que, aunque no se descarta imponer tarifas al acero y aluminio, el Gobierno prioriza el diálogo para evitar medidas que podrían impactar negativamente en los precios nacionales.

"Sería muy fácil poner aranceles al acero y al aluminio, pero eso incrementaría los precios aquí en México", señaló la mandataria federal.


En este contexto, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, viajará esta semana a Washington para continuar las pláticas con el objetivo de llegar a un acuerdo que proteja a la industria mexicana sin recurrir a medidas que afecten a los consumidores.

Sheinbaum Pardo destacó que el Gobierno federal mantiene comunicación constante con empresarios mexicanos para garantizar que cualquier decisión sea en beneficio de la economía nacional.

"Más allá de lo que haga otro país, nosotros buscamos evitar los aranceles recíprocos y hasta ahora lo hemos logrado", afirmó.


La titular del Ejecutivo también subrayó que, aunque Canadá ha optado por imponer aranceles, México respeta las decisiones de otras naciones y apuesta por una solución negociada.

Incluso, señaló que ello permitiría proteger a las empresas mexicanas sin generar aumentos en los precios de productos clave como el acero y el aluminio.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El exsecretario de Obras Públicas de Coyuca de Benítez es asesinado en Guerrero

Noel Garay Benítez, quien ocupó el cargo de Secretario de Obras Públicas durante la administración de Ossiel Pacheco Salas, fue asesinado en un ataque armado.

Noel Garay Benítez, exsecretario de Obras Públicas del municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, fue asesinado la tarde del domingo cerca de la cabecera municipal. En Chichihualco, un hombre encargado de un deshuesadero también fue víctima de homicidio el día previo.

Respecto al exsecretario de Obras Públicas, reportes preliminares indican que el homicidio se cometió alrededor de las 5:30 horas, en un camino que conecta la comunidad de Los Barrios con la cabecera de Coyuca.

El exfuncionario viajaba en una camioneta Nissan tipo Frontier, último modelo, cuando fue interceptado por un comando. Después del atentado, la camioneta se estrelló contra una barda de concreto.

Corporaciones de seguridad arribaron al lugar para acordonar el área, mientras personal de la Fiscalía inició las primeras diligencias de Ley. Noel Garay Benítez fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Gobierno del morenista Ossiel Pacheco Salas, de 2021 a 2024.

Al cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado (FGE) no había emitido un comunicado acerca de este nuevo hecho de violencia en ese municipio de la Costa Grande.

El 23 de octubre de 2023, el titular de Seguridad Pública municipal, Alfredo Alonso López, y el director de la Policía, Honorio Salinas Garay, además de 11 agentes, entre ellos una mujer, fueron emboscados y masacrados en la localidad de El Papayo.

El 29 de mayo de 2024, en su cierre de campaña, el candidato de Fuerza y Corazón por México a la Presidencia de Coyuca de Benítez, Alfredo Cabrera, fue ultimado a balazos en su natal pueblo Las Lomas.

La mañana del 27 de febrero pasado, fue asesinado el director de la Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Coyuca de Benítez, Jaime Maciel Ramírez, en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca de su domicilio en la colonia Basilia.

En Chichihualco, un hombre encargado de un deshuesadero de automóviles fue asesinado la mañana del sábado en el municipio de Leonardo Bravo, en la región Centro. Fuentes de la policía informaron que minutos antes de las 11:00 horas recibieron el reporte de detonaciones de arma de fuego a orillas de la carretera Chilpancingo-Chichihualco, a la altura de la colonia La Piedra, en la entrada de la población.

Corporaciones policiacas y militares encontraron a un hombre sin vida que yacía en la entrada de un deshuesadero de autopartes. El cuerpo presentaba lesiones por arma de fuego y en la escena fueron hallados casquillos percutidos de arma corta. La zona fue acordonada para que personal de la Fiscalía General del Estado iniciara las diligencias de Ley. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Chilpancingo.

De acuerdo con vecinos, la víctima se llamaba Sergio "N", de 45 años, conocido como "El Chucky" y encargado del establecimiento de venta de autopartes usadas. En la víspera, cerca de la medianoche, se reportó una balacera en la comunidad de Yextla, en el mismo municipio.

La SSP de Guerrero informó que, tras estas denuncias, agentes del Ejército, Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal, que integran la Base de Operaciones Interinstitucionales, reforzaron la vigilancia y los recorridos en el corredor Xochipala-Yextla, donde se ubican localidades de los municipios de Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo.
“Los elementos desplegados realizan labores de prevención social del delito y proximidad social”, agregó la dependencia estatal. Además, se llevan a cabo operativos de vigilancia mediante patrullajes y la instalación de puestos de atención ciudadana para fortalecer la seguridad y atender a la población, indicó la institución en un comunicado de prensa. Las operaciones, aseguró, se mantendrán de manera permanente en la zona.
FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/.

Morena olvida el caso contra "Alito", que se descompone con un olor a impunidad

El dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas, hoy Senador con fuero, aún enfrenta acusaciones de varios delitos y es investigado por la FGR y por la Fiscalía de Campeche por su pasado en aquella entidad.

Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas aún tiene pendiente un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados que determinará si le quita o le deja intacto el fuero, una protección que la bancada priista ayudó a mantener en el caso del Diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, una votación que ha generado cuestionamiento de un pacto de impunidad que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha negado.

Desde el inicio de la Legislatura el Diputado Hugo Erik Flores, que preside la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, ha hablado de reactivar el caso contra el dirigente del PRI, aunque en los hechos el caso ha permanecido congelado.

De hecho, en los últimos días una figura muy cercana al líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en sus tiempos como Gobernador de Campeche, fue detenida acusada de desvío de recursos, lo que ha puesto los focos en la gestión de Moreno Cárdenas y en las acusaciones en su contra.

Se trata de Walter Olivera Valladares, vocero durante el Gobierno estatal de “Alito”, detenido el domingo en Mérida durante un operativo, en el que colaboraron las Fiscalías de Yucatán y Campeche, por los delitos de posible peculado, y uso indebido de atribuciones y facultades.
Olivera Valladares, yerno de Carlos Miguel Aysa González, el exgobernador suplente de “Alito”, es acusado por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM) de haber desviado 16 millones de pesos en publicidad gubernamental.
Olivera Valladares es indagado por tener un departamento en el Club Campestre de Mérida; así como un departamento en una exclusiva zona en Cancún, Quintana Roo, y una mansión en un fraccionamiento exclusivo en Campeche llamado Campeche Hills, ubicado a dos kilómetros de donde tenía su residencia el ahora líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y donde también residía su suegro Carlos Miguel Aysa González.


Las acusaciones contra "Alito"

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en su contra una investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.

Desde 2022, la FGR ha girado oficios a dependencias del Gobierno federal para que, “con carácter RESERVADO y URGENTE” (sic), le sea entregada información sobre procedimientos administrativos relacionados con Moreno Cárdenas en el periodo de 2015 a 2020, según documentos obtenidos por SinEmbargo.

Se trata prácticamente del periodo en el que Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”, se desempeñó como Gobernador de Campeche –aunque en 2020 ya presidía el PRI–, cuya actual Fiscalía Estatal presentó denuncias en su contra, el 11 de mayo, con base en información del Gobierno del estado y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La carpeta de investigación FED/FEMCC-CAMP/0000275/2002 contra el entonces Diputado federal y ahora Senador está a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos Borja, quien instruyó a su Equipo de Investigación y Litigación, cuya titular es la Fiscal Blanca Flor Ramón Peralta, a profundizar las pesquisas.
Esta investigación de la FGR contra Moreno Cárdenas, probada por SinEmbargo con documentos, es diferente a la que lleva a cabo contra éste la Fiscalía de Campeche también por presunto enriquecimiento ilícito, delito que se castiga hasta con 25 años de prisión.
El 17 de agosto, la Fiscalía de Campeche, que encabeza Rento Sales Heredia, solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el desafuero de Moreno Cárdenas, quien podrá defenderse ante la Sección Instructora previamente a que se vote en el pleno, un caso que se ha arrastrado a lo largo de un par de Legislaturas en San Lázaro y que sigue sin resolverse, a pesar de la voluntad del oficialismo de llevar a cabo este proceso.

¿Qué pasó con el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas?


El 3 de septiembre del 2022 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Sección Instructora que debía analizar la procedencia de la acción penal y la pérdida del fuero -la inmunidad constitucional-, del entonces diputado federal Moreno Cárdenas. Este órgano quedó integrado por Jaime Humberto Pérez Bernabé, de Morena, en carácter de presidente y como secretarios fueron designados el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy Rangel; el vicecoordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi; y el coordinador del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdez.

A partir de ese momento empezaron a correr plazos clave. La Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, a través de la Sección Instructora, tendría que haber rendido un dictamen en un plazo de 60 días hábiles, que se cumplió el 25 de noviembre del 2022. Este plazo sólo podría ampliarse en caso de que fuese necesario disponer de más tiempo, para subsanar alguna duda o trámite.

El caso se enfrió en un primer momento porque fue una diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, cercana a “Alito”, quien presentó la iniciativa que permitió la reforma constitucional, respaldada por el tricolor, para mantener la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028, en apoyo de tareas y combate al crimen organizado. La referida reforma fue aprobada en la cámara de diputados el 15 de septiembre del 2022 y en la Cámara de Senadores el 4 de octubre del 2022.
En la actual Cámara de Diputados Morena, por sí mismo, tiene 253 votos, suficientes para declarar la Procedencia de la Acción Penal contra “Alito” Moreno. Y podría sumar los 49 legisladores del Partido del Trabajo, más los 62 del Partido Verde Ecologista de México, para un total de 364 diputados. Sobrada fuerza para quitarle el fuero, la inmunidad constitucional, al dirigente priista, para ponerlo a disposición de la autoridad judicial.
El diputado morenista Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional de San Lázaro, dio a conocer que en la primera semana de marzo se reunirá esa instancia para marcar la ruta del juicio de procedencia de la acción penal contra el ahora senador priista Alejandro Moreno Cárdenas, quien apenas el año pasado se reeligió para permanecer al frente del tricolor hasta el 2028.

“Estamos esperando la información de ‘Alito’. La próxima semana que tengamos Comisión Jurisdiccional ya vamos a marcar una ruta. Aunque el diputado Moreira se enoje, hay rutas legales que tenemos que seguir. A lo mejor no sabe mucho de leyes, pero nosotros sí, más o menos, conocemos de procedimientos”, indicó Flores Cervantes en declaraciones a medios de comunicación.

Unos días antes, en entrevista publicada en SinEmbargo, Flores Cervantes dijo que promovería que fueran descongeladas las peticiones de desafuero en contra de Moreno Cárdenas, de la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Lucía Piña Hernández y el Fiscal Alejandro Gertz Manero, entre otras.

La Comisión Jurisdiccional de la pasada legislatura, de la que formaban parte, entre otros el diputado federal priista Rubén Moreira, incondicional del dirigente nacional del PRI, dio por descartada la solicitud de desafuero contra Moreno Cárdenas, promovida en 2022 por la Fiscalía de Campeche para que pudiera ser juzgarlo por presunto enriquecimiento ilícito. Pero en la actual Comisión se tiene la intención de continuar desahogando el caso, ya que no se encuentra un respaldo legal de las decisiones de la anterior legislatura, aseguró el morenista Flores Cervantes.

¿Quiénes deciden sobre el desafuero?


Para procesar una petición de que se declare la procedencia de la acción penal contra un legislador, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 40 que “la Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la Sección Instructora” encargada de documentar el caso.

La Sección Instructora es una instancia integrada por cuatro diputados miembros de la Comisión Jurisdiccional, que tiene a su cargo practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho de responsabilidad política y penal de algún servidor público, en este caso de los legisladores, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el denunciado.
Las conclusiones de la Sección Instructora terminarán proponiendo que se declare que hay o no lugar a proceder en contra del servidor público denunciado por la conducta o el hecho materia de la denuncia que dio origen al procedimiento.
En octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Sección Instructora de la LXVI Legislatura, la cual está presidida por el diputado Hugo Eric Flores (Morena). Lo acompañan: Adriana Belinda Quiroz Gallegos (Morena), Germán Martínez Cázares (PAN), así como Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM).

El lado oscuro de "Alito"


Al caso del político, que comenzó su carrera como parte de un grupo de choque en la Universidad de Campeche, se le suman las oscuras acusaciones en su contra que, durante varias semanas, y hasta que fue frenada por un amparo, la Gobernadora morenista Layda Sansores difundió a través de audios en los que Moreno Cárdenas es exhibido en presuntos actos de corrupción como lavado de dinero durante su gestión en esta entidad.
En las primeras grabaciones, difundidas en mayo de 2022, se escucha a Moreno Cárdenas ordenar que se destinen al menos 4.5 millones de dólares para el pago del publicista español, Antonio Solá, así como para la elección del 2021 en el estado de Campeche.
En otro audio, “Alito” habla de intentar extorsionar al dueño de Cinépolis. En uno más da cuenta de cómo habría hecho fraude con la venta de terrenos. En otro se le escucha supuestamente poniéndose de acuerdo con un Diputado para hacer un negocio con medicamentos.

A estas grabaciones se suma dos nuevas, una difundida en junio de 2022, donde se escucha al dirigente nacional del PRI hablar sobre dinero que se habría entregado en efectivo a la cadena Televisa para borrar el rastro de capital que supuestamente provendría de gastos de campaña. Además, en otro audio habla de "matar de hambre" a los periodistas, mostrando su control del presupuesto destinado a comunicación, en el que está precisamente inmiscuido su exvocero, ahora detenido.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MANUEL GONZÁLEZ.

Comité de la ONU usa por primera vez 'sistemáticas' para referirse a desapariciones forzadas en México: expresidente

El expresidente del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, Santiago Corcuera, consideró que el organismo activó el procedimiento contenido en el artículo 34 por primera vez en su historia como último recurso frente al Estado mexicano.

El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) activó el pasado viernes y por primera vez en su historia el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo que permite llevar una situación grave de desapariciones generalizadas o sistemáticas a la atención de la Asamblea General de la ONU.

Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU y profesor de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM (CCU), hablaron en Aristegui en Vivo de la activación de este mecanismo, del que coincidieron que se ha dado en un contexto de negación por parte del gobierno mexicano y de creciente preocupación internacional.

Corcuera explicó que la decisión de activar el procedimiento del artículo 34 se produjo después de una serie de alertas y recomendaciones emitidas por el Comité desde 2015, cuando por primera vez se señaló un contexto de desapariciones forzadas generalizadas en México. “El Comité ya había señalado, en informes previos, que México vivía un contexto de desapariciones generalizadas, una conclusión que reiteró en 2018 y luego en 2021 y 2022″, señaló.

“Lo último que le quedaba al Comité es activar el procedimiento del artículo 34. Ya se había agotado el uso de otros mecanismos, y ahora es necesario llevar el caso a la Asamblea General de la ONU”, explicó.

El académico apuntó que se trata de un procedimiento se activa cuando el Comité recibe información que considera bien fundamentada sobre desapariciones forzadas sistemáticas o generalizadas, por lo que el CED solicitó al Estado mexicano que entregue información al respecto en las próximas semanas.

Destacó que el procedimiento del artículo 34 no había sido utilizado hasta ahora y que aunque no implica sanciones, busca que la Asamblea General considere las medidas adecuadas para abordar la situación, las cuales podrían incluir mecanismos de vigilancia, supervisión y apoyo en la búsqueda de justicia, aunque no se sabe con certeza qué decisiones tomará la Asamblea de la ONU, dado que es la primera vez que lo activa.

“Aquí quiero decir algo importante. Por primera vez, el Comité usó la palabra ‘sistemáticas’. No lo había dicho antes, solo había dicho ‘generalizadas’ en 2015, en 2018, en 2022, generalizadas. Pero ahora dijo que son ‘sistemáticas’. Entonces, hablar de ‘sistemático’ ya implica que haya un plan del gobierno o de las organizaciones no estatales, como el crimen organizado, que pueden estar cometiendo estos crímenes con base en un plan, es decir, como una política. Esta política puede ser política de Estado o puede ser política de organización, porque tanto las organizaciones criminales como los gobiernos o los Estados pueden cometer crímenes de lesa humanidad”, dijo, al tiempo que señaló que el presidente del Comité nunca usó el término “política de Estado”.

“El Comité no ha afirmado que se trate de una política de Estado. Ese es un error que ha cometido el gobierno mexicano al intentar desvincularse de cualquier responsabilidad, aunque las desapariciones puedan ocurrir bajo la aquiescencia del Estado”, añadió.


Resalta que la negación de cualquier vínculo con las desapariciones forzadas es una postura errónea, porque el Derecho Internacional establece que un acto ilícito cometido por funcionarios públicos, aunque no sea ordenado de manera directa, puede constituir una responsabilidad del Estado. “Cuando un agente del Estado no hace lo que debe hacer para evitar o sancionar estos crímenes, se considera aquiescencia. Y eso puede implicar que las desapariciones no son solo de actores no estatales, sino que pueden ser consideradas forzadas”, explicó.

En este sentido, el expresidente del CED destacó la idea de que la responsabilidad no solo recae en los perpetradores directos, sino en el Estado por su omisión o negligencia.

Recordó que el pasado jueves, el CED emitió medidas cautelares urgentes sobre los hallazgos del rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco, a solicitud de un colectivo y una organización de la sociedad civil, si bien consideró que este hecho no tuvo un “impacto definitorio” para la decisión adoptada el viernes por el organismo.

De acuerdo con Corcuera, tras recibir la información solicitada al gobierno mexicano, el Comité deberá analizarla antes de decidir si llevará el caso ante el Secretario General de la ONU para que lo presente a la Asamblea General.

“Es un momento histórico, pero también incierto. No sabemos qué medidas adoptará la Asamblea General. Es la primera vez que se llega a este punto, y las decisiones que se tomen dependerán de los elementos de juicio que se presenten”, concluyó Corcuera.

“México necesita ayuda externa”: Jacobo Dayán

Por su parte Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, aseguró que “el Estado mexicano no está reaccionando de manera efectiva ante el problema”.

“Esto ha sido evidente incluso desde la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en 2017, que no ha dado los resultados esperados. Los registros están desactualizados y fragmentados”, agregó.

El académico también señaló que el gobierno mexicano ha minimizado la gravedad del problema, descalificando las recomendaciones internacionales. “El Gobierno federal ha hecho declaraciones en las que niega que exista una política de Estado para las desapariciones, lo cual no es correcto. La desaparición forzada no solo involucra a actores estatales directos como policías y militares, sino que también incluye casos donde el crimen organizado actúa en complicidad o con la omisión del Estado. Esto constituye una desaparición forzada bajo la definición de la Convención de la ONU”, precisó.

Ademas, señaló que es relevante  que el CED utilice los términos “sistemáticas o “generalizadas” al referirse a las desapariciones en el país: “Cuando se habla de un crimen como la desaparición forzada, que está ocurriendo de manera generalizada o sistemática, los términos preocupan a los gobiernos, porque estamos ya bajo el supuesto de crímenes de lesa humanidad. Y es por ello que es competencia de la Asamblea General o de la comunidad internacional. Es decir, la comunidad internacional no interviene, no sugiere qué hacer, no presiona a un país por un asesinato o una desaparición o cinco casos de tortura, pero cuando esto ocurre bajo parámetros generalizados o sistemáticos, entramos en los supuestos de los crímenes internacionales o crímenes atroces, en este caso el crimen de lesa humanidad, que por definición es competencia y preocupación de la comunidad internacional”, apuntó.


Sobre el comunicado emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el que negó la existencia de un fenómeno generalizado de desapariciones forzadas en México, aseguró que rechazar el diagnóstico del Comité de Desapariciones Forzadas, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra “se aleja completamente de la realidad”. “Si no se reconoce el problema, no podemos avanzar en su solución”, señaló Dayán, al tiempo que subrayó la importancia de la cooperación internacional para abordar esta crisis.

Consideró que la activación del artículo 34 implicará una mayor presión internacional sobre México. “La preocupación de la comunidad internacional no es solo por un caso aislado de desaparición, sino por un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos”, explicó. “Es por ello que la Asamblea General de la ONU y otras instancias internacionales tienen la competencia para intervenir y buscar soluciones a este grave problema”, enfatizó.

Para Dayán, el Estado mexicano debe reconocer “la necesidad de colaborar con los colectivos de víctimas y con expertos internacionales para encontrar soluciones a este problema. México necesita ayuda externa para superar el caos en los registros, mejorar los procesos de identificación y, sobre todo, garantizar que las víctimas obtengan justicia”.

MESA DE ANÁLISIS:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Buscadoras de Nayarit exigen la recuperación de 180 cuerpos sin vida en Huajicori

Familiares de personas desaparecidas señalan que los cuerpos de las personas se encuentran en barrancas, fosas clandestinas o expuestos tras enfrentamientos armados.

En la sierra del municipio de Huajicori, al menos 180 cuerpos permanecen sin ser recuperados tras enfrentamientos armados entre grupos criminales, afirmó Fabiola Campos, coordinadora del colectivo Ágape de búsqueda de personas desaparecidas en Nayarit.

La buscadora afirmó que las autoridades solo han reconocido oficialmente la localización de 16 cadáveres.

Esta cifra, dijo, ha sido confirmada por los familiares de las víctimas y los habitantes de la región, “aseguran que muchos cuerpos fueron arrojados a barrancas, enterrados en fosas clandestinas o quedaron expuestos a la intemperie tras los enfrentamientos armados ocurridos desde enero de este año, y quizá desde antes”.
Además, nos han informado que hay personas que no son solamente de Huajicori, si no que hay de muchas partes.
Campos dijo que hizo esta denuncia durante una reunión con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, el 26 de marzo de 2023, y donde la autoridad hizo el compromiso de recuperar los cuerpos.

“Nosotros sabemos que ahí quedaron más de 180 cuerpos porque los familiares de las personas fallecidas y los habitantes de la zona lo han dicho. Las autoridades no los han recuperado, aunque sabemos que ahí están”, explicó Fabiola Campos.

La zona de la sierra, rural y mayoritariamente indígena del pueblo O’dam, desde el año pasado ha sido objeto de desplazamiento forzado debido a la violencia generada por grupos criminales que buscan controlar el territorio.

La situación se complica por la violencia extrema y el territorio minado, según admitió el propio gobernador en conferencias de prensa pasadas.

Fabiola Campos, mencionó que el fiscal especial de búsqueda de personas desaparecidas del estado de Nayarit, Julio César García Jiménez,  también reconoció que los accesos a la zona están minados, lo que impide que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional puedan ingresar para realizar las labores de recuperación.
Le pedí que usaran los helicópteros, los drones, pero si la Guardia Nacional y Sedena no nos van a ayudar ¿a quién le vamos a pedir ayuda entonces?
Campos precisó que el gobernador le solicitó las ubicaciones para encontrar a estas personas y hacerlo saber al fiscal general, Petronilo Díaz Ponce Medrano y la Comisión de Búsqueda para entrar a esos lugares.
“Me dijo que me pusiera de acuerdo con las familias, que me dieran puntos específicos de dónde estaban esos lugares”.
Señaló que personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno de Nayarit también le solicitó información específica, “porque hay una célula muy pequeña y no se pueden distribuir para distintas zonas y todos andan juntos”.

La buscadora de su hija Dania Michel Torres Campos, desaparecida el 20 de diciembre de 2017, insistió en que las autoridades deben cumplir con el compromiso de recuperar los cuerpos.

“No queremos que sigan quedando cuerpos olvidados en la sierra, sin una sepultura digna y porque se debe investigar”, apuntó.

Además de los cuerpos de las víctimas de los enfrentamientos, el colectivo Ágape también está llevando a cabo la búsqueda de Emiliano Ulises, un joven de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, quien fue desaparecido en circunstancias que, según las familias, están relacionadas con el reclutamiento forzado por grupos criminales.

La buscadora dijo que hay información respecto a que Emiliano fue trasladado a Huajicori, donde, según testimonios de sobrevivientes de los enfrentamientos, habría sido asesinado y que su cuerpo se encontraba con el resto.

La familia de Emiliano se ha visto obligada a actuar sin el apoyo formal de las autoridades, ya que muchas familias en la región temen represalias por parte de los grupos criminales que operan en la zona.

Ante ello, exigió que las autoridades cumplan con su compromiso para recuperar los cuerpos de estas personas e iniciar procesos de identificación para que sus restos sean retornados a sus familias.

“Nosotros seguimos buscando porque es un derecho que tenemos como familias y como sociedad. Nadie debe quedar olvidado en la sierra, nadie debe quitarle la vida a nadie y no descansaremos hasta encontrar a nuestros seres queridos”, afirmó la buscadora.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ataque armado en centro de rehabilitación de Culiacán deja nueve muertos

En un inicio, se localizaron ocho cuerpos sin vida tras el ataque, sin embargo, uno de los heridos falleció mientras recibía atención médica en un hospital.

Durante la madrugada de este lunes 7 de abril se reportó un ataque armado en un centro de rehabilitación de la zona residencial Colinas de San Miguel, en Culiacán; fallecieron nueve personas y cuatro más resultaron heridas.

De acuerdo con el informe, la clínica “Shaddai A.C”, ubicada por el Cerro San Cayetano y el Cerro de la Silla, fue embestida por sujetos armados que forzaron el portón de la cochera para ingresar a la fuerza y disparar contra las personas al interior del lugar; aún se desconoce el motivo de los hechos.

En un inicio, se localizaron ocho cuerpos sin vida tras el ataque, sin embargo, uno de los heridos falleció mientras recibía atención médica en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Hasta el momento continúan internadas cinco personas, identificadas como:
  • Víctor Francisco “N”.
  • Jesús Francisco “N”.
  • José Luis “N”.
  • José Alfredo “N”.
  • Lilith Alejandra “N”.
Tras el reporte, llegaron al sitio elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva, quienes resguardaron el perímetro y solicitaron apoyo a la Dirección General de Investigación Pericial.

Los cuerpos de las víctimas serán trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), para ser reconocidos por sus familiares; mientras tanto, no hay información sobre el estado de salud de los lesionados.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Jornada violenta en Culiacán deja bloqueos, enfrentamientos y masacre en centro de rehabilitación

El saldo preliminar habla de 9 hombres ejecutados en el centro de rehabilitación Shaddai y bloqueos al norte con camiones recolectores de basura hacia la comunidad de Tepuche.

Con la ejecución de nueve personas, la capital de Sinaloa cerró una jornada de violencia que tuvo enfrentamientos en su zona rural desde la noche del domingo 6 de marzo, que incluyó bloqueos de vialidades y el robo de por lo menos cuatro camiones recolectores de basura del Ayuntamiento de Culiacán.

Las nueve personas asesinadas se encontraban al interior de un centro de rehabilitación en el fraccionamiento Colinas de San Miguel, en donde cinco más resultaron heridas. El sitio, de nombre Shaddai, provee servicios para atender adicciones.

El ataque se reportó durante las primeras horas de este lunes a donde se trasladaron autoridades para delimitar el lugar, confirmando la Fiscalía General del Estado la muerte de nueve personas y cinco más heridas.

De forma extraoficial se habla que entre los muertos se encuentran el director y el subdirector del centro de rehabilitación.

Con este nuevo ataque se acumulan al menos 27 asesinatos en Sinaloa durante los primeros siete días de abril, séptimo mes de guerra entre los Chapitos y los Mayos que acumula ya más de mil homicidios.

Por otra parte, desde la noche del domingo y durante las primeras horas de este día vecinos de la comunidad de Tapichanola, al norte de Culiacán, reportan enfrentamientos en la sierra que presuntamente incluyen ataques con drones. Esta comunidad se encuentra al norte de Tomo, sede de un gran enfrentamiento el fin de semana del 14 al 16 de marzo y en donde una semana más tarde el Ejército aseguró un dron con un explosivo artesanal.

Hasta el momento autoridades de seguridad no han emitido posicionamiento del enfrentamiento.

También se reportaron detonaciones en la comunidad de Tepuche, una de las zonas que ha experimentado desplazamiento forzado y parte de la franja rural al norte de Culiacán, la cual ha sido escenario de diferentes enfrentamientos entre las facciones rivales del crimen organizado.

Además de estos enfrentamientos hubo al menos dos puntos bloqueados de la avenida Álvaro Obregón, vialidad que conecta al norte con esta comunidad. El primer bloqueo se reportó en el entronque que conduce a la Loma de Rodriguera y el segundo apenas unos metros al norte con dos camiones recolectores incendiados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Crisis de desapariciones también le pega a estadunidenses en México

Pese al despliegue de la Guardia Nacional en la frontera norte de México, las desapariciones van en aumento. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas indica que en los primeros dos meses del gobierno de Trump hay 945 casos en estados vecinos con EU.

Las desapariciones en los estados fronterizos de México con Estados Unidos continúan, pese al blindaje que el gobierno de México mantiene con el envío de 10 mil elementos de la Guardia Nacional, con los cuales busca frenar la llegada de migrantes y el tráfico de drogas.

En los dos meses que Donald Trump tiene al frente del gobierno estadunidense ocurrieron 945 desapariciones en las entidades fronterizas mexicanas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RPNDNO).

Entre éstas figuran 14 personas originarias de Estados Unidos, de las cuales ocho estaban en Baja California, cinco en Sonora y una en Tamaulipas al momento de su desaparición.

Entre los municipios fronterizos con mayor cantidad de personas desaparecidas se encuentran Tijuana, en Baja California, con 120 hombres y 43 mujeres, mientras que en Tamaulipas son Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y Ciudad Mante las urbes que concentran la mayoría de casos al sumar 88 de los 120 reportes. De ellos 19 son por mujeres.

En Sonora, Nogales es uno de lo que presenta más casos de desaparición de personas con 37, Caborca con 19, San Luis Río Colorado con 14 y Agua Prieta con cuatro. En total, el estado suma 74 casos en dichas fronteras; de los cuales 15 son mujeres.

Adriana Moreno Becerril, madre de Víctor Adrián Rodríguez, quien el próximo 11 de mayo cumple 16 años desaparecido en Coahuila, denuncia que las cifras están distorsionadas y pueden ser muchas más las personas que ha desaparecido en los últimos dos meses, pese a la presencia de la Guardia Nacional en la frontera.

“En Ensenada se está tornando muy agresivo y el registro que venga de las autoridades no es muy certero. Debiera de verse algo diferente, pero no es así. Nosotras no esperábamos algo distinto con la presencia de los militares”, dice desde Ensenada.

Moreno Becerril explica que la presencia de la Guardia Nacional en la frontera no hace diferencia para que no se comentan ilícitos, como los que han ocurrido antes de la llegada de Trump. Asegura que el blindaje en la zona está más enfocado a contener la migración, para que no se apliquen aranceles por parte de gobierno del presidente de Estados Unidos, y no a ayudar en la seguridad de la población.

Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, califica el blindaje fronterizo como algo mediático y político que no se relaciona con evitar la comisión de delitos contra la población fronteriza.

“En Coahuila nosotras sabemos que en realidad estos blindajes no han garantizado seguridad para la población y en nada han contribuido a que no se violen derechos humanos y se eviten desapariciones y toda la serie de delitos que por casi 20 años hemos vivido. El blindaje es político y selectivo, mediático y ni creemos que sirva de algo para proteger los derechos de la ciudadanía”.

Dudas sobre cifras

En el RNPDNO también aparecen como desaparecidos un hombre y una mujer de Honduras, una de Guatemala, un salvadoreño y un venezolano, de los cuales no se tiene información de su paradero y se encontraban en el resto de las entidades fronterizas.

Nuevo León aparece con la cifra más alta de desapariciones, con 418, la mayor parte de ellas ocurrieron en Monterrey y su área metropolitana y sólo una en el municipio fronterizo de Anáhuac, donde se encuentra el puente internacional de Colombia. Del total, 98 no han sido localizadas.

Le sigue Sonora, con 195. En el caso de los hombres sobresale que la mayor cantidad de las víctimas tiene de 25 a 29 años y en el caso de las mujeres hay siete adolescentes de entre 10 a 14 años; 16 casos de 15 a 19 años y cuatro de 20 a 24.

Chihuahua y Coahuila aparecen como las entidades fronterizas con Estados Unidos con menos desapariciones en los primeros meses del gobierno de Trump, además de que la mayor parte ocurrieron en municipios fuera de la franja fronteriza.

En el citado periodo se registraron cuatro desapariciones en Ciudad Juárez, tres mujeres y un hombre, de los 21 casos reportados en todo el estado de Chihuahua y de los cuales 12 son del sexo femenino.

En Coahuila suman 13, pero es en Saltillo donde se concentra la mayor cantidad de casos con cuatro y dos en el municipio fronterizo de Piedras Negras.

Martínez Bustos advierte que las cifras no están apegadas a lo que ocurre en esta zona, ni en el resto del país, debido a que las fiscalías estatales y las comisiones de búsqueda no suben los casos de manera habitual y, en unos días, la cifra de 945 de personas desaparecidas en los estados fronterizos mexicanos puede variar.
El problema que tenemos en el Registro Nacional, y que no lo va a resolver la nueva iniciativa de Claudia Sheinbaum -detalla la titular del Fray Juan de Larios-, es que las fiscalías y las comisiones de búsqueda no suben en tiempo real la información. Van subiendo como por bloques y es parte de la estrategia y del manejo mediático, pero cuando hacemos análisis por temporalidades, como en este caso en los dos meses del gobierno de Trump, claro que hay desapariciones. En el centro y entre los colectivos se envían las fichas que circulan y no hay semana que, bajita la mano, no haya tres o cuatro reportes. 
A su vez, Moreno Becerril también dudó que esa cifra fuera real en el caso de Baja California y en particular para lugares como Tijuana o Ensenada.

“Se me hace muy poquita la cantidad; andan muy cortos porque a diario hay fichas y mandan los reportes. No sé si todos han aparecido, pero acá está muy tremendo”, dice la integrante de los colectivos Siguiendo tus Pasos en Ensenada y Fuerzas Unidad por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.

EU inicia guerra comercial, México anuncia acciones de mercado interno y Canadá impone aranceles a autos estadounidenses

El Gobierno de Estados Unidos mantuvo el arancel del 25 por ciento a las importaciones de México y Canadá de productos de acero y aluminio, de contenido no estadounidense de autos y mercancías que no cumplan con las reglas del T-MEC y cerveza.

Si bien, el Presidente norteamericano Donald Trump exentó a México y Canadá de la imposición de un arancel general del 10% que entrará en vigor el 5 de abril para la mayoría de los países con los que mantiene relación comercial, el impacto de las disposiciones aplicadas a sus socios norteamericanos ya causó reacciones.

Mientras que el primer ministro canadiense Mark Carney anunció que impondrá un arancel del 25% a importaciones de vehículos procedentes de Estados Unidos que no cumplan con el T-MEC, sin que la medida afecte a autopartes ni a contenido de vehículos procedentes de México.

En nuestro país, Claudia Sheinbaum consideró “bueno” para el país el trato dado por Estados Unidos y destacó la “buena relación” que han construido ambos gobiernos.  “Lo que está fuera del Tratado tiene un arancel que es del 25 por ciento. Dice (el Gobierno de EU) que si seguimos colaborando, trabajando, y hay mejor coordinación para la disminución de la entrada de fentanilo, ese 25 por ciento se reduciría a 12 por ciento”, externó la titular del Poder Ejecutivo federal.

Asimismo, comentó que  se siguen negociando los aranceles a la industria automotriz, al acero y al aluminio.  Según estimaciones de la Secretaría de Economía, 85% de las exportaciones libran el arancel del 25%

El jueves 3 de abril, Sheinbaum anunció 18 programas que reforzarán el Plan México, entre éstos destaca aumentar la soberanía alimentaria con el incremento de la producción de maíz blanco, fríjol, leche y arroz; aumentar la autosuficiencia energética con la producción de al menos 30% de gasolina, diésel y turbosina; y reducir la importación de gas natural.

De igual forma, se acelerarán las inversiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para generación eléctrica y se agilizarán los trámites para permisos para energía renovable, así como los proyectos de obra para 2025, en los que se contempla el mantenimiento de 45 mil kilómetros de carreteras y el inicio de ocho proyectos para construir carreteras y distribuidores viales, prometió la primera mandataria desde el Museo Nacional de Antropología en la Capital del país.

Por otra parte, se agilizará la licitación de 37 proyectos estratégicos de agua, la construcción de rutas ferroviarias y la construcción de vivienda por parte de Infonavit y Conavi, además de destacar la ampliación con recursos privados y públicos de puertos y aeropuertos, la fabricación de vehículos para el mercado interno y la producción nacional farmacéutica y de equipo médico, entre otros sectores.

Otra de las promesas de la Presidenta es aumentar el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como “la creación de al menos 100 mil empleos a partir de bolsas de empleo y ferias de empleo”.

Al respecto, Claudia Sheinbaum presumió las cifras de creación de empleo formal en México durante marzo, luego que el Instituto Mexicano del Seguro Social reportara 22 millones 465 mil 110 empleos. Pese al discurso, las cifras oficiales la desmienten, ya que en el tercer mes del año se crearon 34 mil 179 nuevos empleos, la tercera cifra más baja para un mismo mes desde 2010.

En los Pre-Criterios Generales de Política Económica para 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento para México, al estimar 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025, cuando originalmente había pronosticado 2.3%

Hacienda justificó su nueva proyección al señalar que el crecimiento económico se sostendrá debido al consumo interno, la generación de empleos y las inversiones privadas y públicas en sectores estratégicos. Sin embargo, especialistas refieren que los pronósticos de Hacienda siguen siendo poco realistas, ya que la mayoría de las estimaciones prevén un crecimiento de 0.6% para este año. Incluso, el grupo financiero Citi advirtió que la economía mexicana “parece que ya está en recesión”.

Tras los aranceles impuestos por Trump, también comenzaron las reacciones de las empresas. En declaraciones a la prensa, Antonio Filosa, director de Operaciones de Stellantis para América, dijo que la compañía tomó la decisión de interrumpir temporalmente la producción en algunas de sus plantas de montaje canadiense y mexicana.

La empresa, propietaria de las marcas automotrices Jeep y Ram, anunció el despido temporal de 900 trabajadores en cinco plantas de Estados Unidos y la suspensión de operaciones por dos semanas en su planta de producción de Windsor, Ontario, Canadá, a partir del 7 de abril.  En México, dos de las siete plantas de la compañía dejarán de operar este mes.

Un análisis de Bank of America Global Automobiles (BoFa) estimó que los aranceles de EU a las importaciones de vehículos afectarán a 7.3 millones, de los cuales la mitad proviene de México y Canadá, 11% de Europa, 18% de Japón y 19% de Corea del Sur.

DESPLOME DE MERCADOS

El miércoles 2 de abril, Donald Trump anunció la imposición de aranceles generales y aranceles recíprocos a 60 países, entre los que destaca una tarifa del 34% a China, 20% a la Unión Europea, 46% a Vietnam, 32% a Taiwán, 34% a Japón, 26% a India y 25% a Corea del Sur ante lo que llamó una “emergencia nacional” por déficits comerciales crónicos.

Un día después, los mercados financieros tuvieron un jueves negro. Down Jones bajó 3.98%, S&P 500 cayó 4.84% y Nasdaq se desplomó 5.97%. Las caídas no vistas desde 2020 se deben a temores de que la política arancelaria trumpista lleve a una recesión a la economía estadounidense y a la baja en el precio del petróleo.

En Europa, la bolsa de valores de Alemania cayó 3% y la de Francia 3.31% En contraste, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) aumentó 0.54% y la Bolsa Institucional de Valores avanzó 0.99% al cierre de la jornada.

El tipo de cambio del Banco de México terminó la jornada cambiaria con una apreciación de 51 centavos del peso frente al dólar respecto al cierre previo, con lo que la divisa estadounidense se  ubicó en 19.9434 unidades.

FUENTE: SEMANARIO ZTA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.

La primera prueba

Desde el lunes 31 de marzo, 111 aspirantes a diversos juzgados y magistraturas del Décimo Quinto Circuito de BC, salieron a campaña en redes sociales y medios de comunicación

Lo que inició como una rabieta y un capricho político por parte del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que provocó ríspidas protestas e inconformidad por parte de la alta burocracia judicial de México, esta semana comenzó a materializarse: la elección judicial.

El pasado lunes 31 de marzo arrancó formalmente el periodo de campaña para que juristas de diversos ámbitos arranquen el proceso para obtener la simpatía de ciudadanos, pero principalmente de los gobiernos que tiene la capacidad de movilizar las estructuras electorales del país.

Durante la primera semana hemos visto abogados litigantes, jueces y magistrados, mostrando sus facetas “populares”, exhibiendo la perspectiva que tienen sobre lo que la ciudadanía busca en un representante del Poder Judicial. Algunas de las campañas son acartonadas, otras, insultantes; pero ninguna de ellas está centrada en garantizar justicia. Bromas, albures y hasta el uso de ciertos atributos físicos, son parte de la oferta jurídica del país, donde se está tomando la banalidad como un requisito para ocupar cargos dentro del Poder Judicial de la Federación.

Pero también ha sido una oportunidad para que personas inconformes con los resultados de sentencias o de abusos perpetrados desde el Poder Judicial, sean expuestos públicamente. El pasado los persigue a todos.

El Décimo Quinto Circuito, que corresponde a Baja California, cuenta con un total de 111 aspirantes a magistrados y jueces federales, de los cuales prácticamente la mitad aspira a ocupar espacio en las salas de segunda instancia.

En la lista podemos ver a ex funcionarios del PAN y Morena, principalmente; también a perfiles ligados a los actuales gobiernos. Todos tienen la intención de colocarse en los espacios de poder mediante el voto popular, pues en este circuito sólo se cuenta con 17 espacios para jueces de distrito y 14 magistraturas.

A diferencia de los topes de campaña de aspirantes a puestos locales, los magistrados y jueces federales tendrán topes de campaña modestos, pues según el INE, aspirantes a ministros, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y del Tribunal de Disciplina, podrán gastar un tope de un millón 468 mil 841 pesos, mientras que magistrados regionales electorales, podrán erogar 881 mil 304.80 pesos, magistrados de circuito y de apelación 413 mil 111 pesos; y jueces federales sólo con 220 mil 326 pesos.

Entendiendo que los aspirantes a togados a nivel federal tendrán un mes más de campaña, pues los aspirantes a magistrados y jueces locales iniciarán campaña hasta el 29 de abril, el recurso público que tienen como gasto máximo de campaña, confirma que sus pocas herramientas de comunicación y acercamiento con la sociedad serán a través de redes sociales. Y, por ende, el acceso a la ciudadanía -sobre todo la más vulnerable- se reduce de manera sustancial.

El gobierno morenista colocó las carpas para convertir la elección de funcionarios judiciales en un circo, pero también los mismos juristas están definiendo la calidad de las campañas que se están realizando, bajo la óptica de obtener simpatías por encima de beneficios para los justiciables.

Para el siguiente mes, cuando los aspirantes a magistrados y jueces locales se unan a la campaña, veremos el nivel de exposición que tendrán aspirantes para obtener la simpatía del electorado que no se encuentra consciente de las dimensiones de la decisión, y no propiamente por su culpa, sino por el improvisado ejercicio emprendido por el gobierno morenista.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.

¿Por qué no se canceló de inmediato el Axe Ceremonia tras el accidente? Esto dijo Mauricio Tabe

Se buscó evitar un “mal mayor”, afirmó el panista al recordar lo ocurrido en la discoteca New’s Divine en 2008.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, explicó por qué no fue suspendido de inmediato el festival Axe Ceremonia después de que se conociera el accidente que costó la vida a dos jóvenes fotógrafos.

En diversas entrevistas, el panista respondió a los cuestionamientos en redes socialdes de que el evento hubiera continuado pese a la tragedia e incluso recordó el caso de la discoteca New’s Divine en junio de 2008, en la que murieron 12 jóvenes.

“Ese es otro tema muy delicado, era un evento de 45 mil personas y las autoridades, varias autoridades, Protección Civil, Seguridad Ciudadana, hicieron la valoración si se podía continuar o no con el evento. ¿De qué dependía? No generar un mal mayor.

“Una suspensión sin protocolos de desalojo, sin personal de seguridad suficiente, genera una condición de riesgo mayor, una estampida, violencia (...) Lo que se determinó en ese grupo de trabajo fue que era mucho más riesgoso una suspensión inmediata”, dijo Tabe a Michelle Rivera en Grupo Fórmula.

“No se pueden tomar decisiones al calor, lo que más nos gustaría escuchar es se acabó la fiesta. Una decisión de esas podría haber llevado a una tragedia mayor, ya hemos visto casos de desalojos, por ejemplo, de antros como el caso del New’s Divine donde en menores dimensiones el intento de un desalojo generó la muerte de jóvenes”, añadió.
Garantizar la seguridad

“Se hizo la valoración, si estábamos en condiciones materiales de garantizar la seguridad y la integridad de las personas para desalojar 45 mil personas antes de tiempo”, afirmó Tabe al portal UnoTV.


En otra entrevista al reportero Irving Pineda, explicó que primero se inició un proceso de verificación como lo marca la norma y luego se esperó al Instituto de Verificación Administrativa (Invea).
“Se analizaron las condiciones de riesgo, había decenas de miles de personas y en ese momento se hizo la verificación y se tomó la decisión de suspender el inmueble una vez que se aseguraran las condiciones de desalojo de las más de 40 mil personas. Si no se genera un problema mayor”.

En la madrugada de este domingo la alcaldía informó sobre la colocación de los sellos de suspensión de actividades en el Parque Bicentenario.

El proceso de verificación inició después de las 19:00 horas y los sellos fueron colocados a la 1:32 horas del domingo 6 de abril.

“Por seguridad de los asistentes y dado el aforo, se determinó realizar el desaolojo de manera ordenada, colocándose los sellos de suspensión en los accesos del parque Bicentenario”, dijo la alcaldía en su comunicado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Axe Ceremonia 2025: Presuntos nexos de los organizadores con hijo de AMLO generan controversia

Luego de la muerte de dos fotógrafos en el Axe Ceremonia 2025, la relación entre Diego Jiménez Labora, fundador del festival, y sus presuntos vínculos empresariales con Andrés López Beltrán se ha vuelto tendencia.

El Festival Axe Ceremonia 2025, realizado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, se vio envuelto en controversia tras la muerte de dos fotógrafos debido al colapso de una estructura metálica. Fernando Belaunzarán, exdiputado federal y actual vocero del Frente Cívico Nacional, señaló que Diego Jiménez Labora, fundador del festival y líder de Grupo ECO, mantiene vínculos empresariales con Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“El evento en el que participan artistas nacionales y extranjeros como Meme del Real, Parcels, Natanael Cano y Charli XCX, es organizado por Grupo ECO encabezado por Diego Jiménez Labora, amigo cercano del hijo del expresidente y secretario de Morena, Andy López Beltrán, con quien incluso ha hecho negocios.
Belaunzarán también dijo que esos vínculos podrían explicar por qué elementos de la Policía Bancaria e Industrial habrían intentado limitar el trabajo de la prensa durante la cobertura del accidente.

“El influyentismo también es corrupción y también mata”, afirmó.

Vínculos empresariales entre Jiménez Labora y López Beltrán

Según información de Latinus, Diego Jiménez Labora es propietario de Grupo ECO, empresa organizadora de festivales como Ceremonia, Trópico y Bravo. Dicho medio también reportó en mayo de 2023 que Alejandro Castro Jiménez Labora, primo de Diego, colaboró en proyectos relacionados con el gobierno, incluyendo el Parque Ecológico de Texcoco. Estas conexiones han generado cuestionamientos sobre posibles influencias en la gestión y supervisión de eventos como el Axe Ceremonia.?

Acusaciones de encubrimiento y negligencia

Por su parte, Fernando Belaunzarán acusó a los organizadores del festival de intentar ocultar el incidente para continuar con el evento. Señaló que la estructura que colapsó no fue reportada a las autoridades, lo que podría indicar negligencia en las medidas de seguridad. Además, mencionó que la Policía Bancaria e Industrial habría intimidado a periodistas que documentaban el accidente, permitiendo que el festival continuara a pesar de la suspensión anunciada por la alcaldía Miguel Hidalgo.

Perfil de Diego Jiménez Labora

Diego Jiménez Labora es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Es fundador de Grupo ECO, empresa que organiza eventos culturales y musicales en México. Además de los festivales mencionados, administra el Auditorio Blackberry y ha colaborado con diversas marcas en proyectos de entretenimiento.

Reacciones y medidas posteriores al incidente

Tras el accidente, las autoridades suspendieron el segundo día del festival y colocaron sellos de suspensión en las entradas del Parque Bicentenario. Los organizadores expresaron su pesar por lo ocurrido y se comprometieron a apoyar a las familias de las víctimas, además de colaborar con las investigaciones en curso. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que los asistentes tienen derecho a solicitar el reembolso parcial por el servicio no brindado y, en caso de que se determine responsabilidad del promotor, podrían recibir una bonificación adicional.

Llamados a la transparencia y rendición de cuentas

Belaunzarán recalcó la importancia de investigar a fondo el incidente y las posibles influencias políticas y empresariales involucradas. Subrayó que el influyentismo también es una forma de corrupción que puede tener consecuencias graves. Diversos sectores de la sociedad han solicitado mayor transparencia en la organización de eventos masivos y una revisión exhaustiva de las medidas de seguridad para prevenir futuros accidentes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum pide investigar concesión a Parque Bicentenario tras tragedia en el Axe Ceremonia

La mandataria federal afirmó que en este caso no debe haber impunidad “más allá de que haya sido un accidente, hay que ver cómo estaba a colocada este equipo que se cayó”.

La investigación para que no haya impunidad en la muerte de dos jóvenes fotorreporteros en el Axe Ceremonia, en la Ciudad de México, alcanzará a los organizadores, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque en un inicio la respuesta de la mandataria a la búsqueda de justicia únicamente la centró en quienes tienen la concesión y en la alcaldía Miguel Hidalgo, a cuestionamiento de la prensa, debió hablar de quienes organizaron el evento.

“Todo tiene que investigarse, la fiscalía del gobierno… la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene que hacer toda la investigación a la concesión a los organizadores y a los servidores públicos que de alguna manera estuvieron involucrados en autorizar para ver si hay alguna responsabilidad o no, quien tiene que deslindar las responsabilidades”.

También habló de la atención a las familias de Berenice Giles y de Miguel Ángel Hernández: “Está (el gobierno de) la Ciudad y hoy le pedí a Rosa Icela Rodríguez que se ponga en contacto con las familias”.

La mandataria federal afirmó que en este caso no debe haber impunidad “más allá de que haya sido un accidente, hay que ver cómo estaba a colocada este equipo que se cayó”.

Previo a las preguntas de la prensa, la presidenta expuso: “Primero decir que lamentamos y enviamos nuestra solidaridad a los familiares de las personas que perdieron la vida en este accidente”, aunque en medio de las propuestas por el gremio rechazaron llamarle accidente para señalarlo como una negligencia.

Enseguida enfocó la respuesta en la historia de la concesión del sitio donde se dio la muerte de los dos fotorreporteros, este fin de semana, lo cual involucra a gobernantes de otros partidos.

“El Parque Bicentenario es el lugar donde estaba la antigua refinería de Azcapotzalco. Quedó abandonada mucho tiempo y después se hizo un parque y se concesionó, lo tenía concesionado la Semarnat hace mucho tiempo. Antes de irse Peña Nieto quita esa concesión y le da al Indaabin, que es la institución del gob d mexico que se dedica a administrar los predios del gobierno”.

Siguió: “El Indaabin en la época de Peña Nieto da una nueva concesión

Permaneció así porque hay un contrato de concesión no es nada más le quito la concesión y ya sino que hay un contrato y ahora hubo este accidente”.

La presidenta Sheinbaum Pardo fue informada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que estuvo muy atenta desde el primer momento con dependencias como Protección Civil y todas las autoridades del gobierno de la Ciudad. Después habló de la alcaldía que está en manos del panista Mauricio Tabe.

“Ahí hay que una parte le toca a la alcaldía Miguel Hidalgo que es quien da la autorizaciones y aunque sea una concesión federal quien da las autorizaciones de un evento son las alcaldías, hay que ver ahí qué pasó”.

Dos veces más aseguró que Brugada estuvo pendiente desde el primer momento en que se dio a conocer la tragedia en un evento que siguió pese a que en el sitio permanecían dos personas sin vida.

“Pidieron a la fiscalía que se hiciera una investigación a fondo para deslinde de responsabilidades y de sancione a los responsables”.

Del lado de su administración federal y por las condiciones en las que se dio esta concesión, este domingo la presidenta pidió a Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) “que de inmediato se ponga a revisar la concesión, en qué condiciones está esta concesión y que revisemos si bajo esta circunstancia es factible retirar esta concesión o no, que en todo caso lo administra el gobierno, pero se tiene que hacer una investigación”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.