Leyes que no se concretan en favor de niños migrantes, falta de voluntad política y sin diagnóstico de la situación de las personas en tránsito son las carencias de Sonora ante la deportación masiva que pretende Donald Trump.
Esas carencias de las autoridades mexicanas se suman a la incertidumbre que cala al interior de las comunidades de personas en tránsito de cara a la inminente asunción del republicano.
“Lo que está causando en la realidad (la narrativa del presidente electo) es incertidumbre en las familias de estatus mixto que viven en Estados Unidos, familias que tienen como integrantes a personas nacidas en territorio estadunidense, a personas que carecen de documentos y gente que ya cuenta con la residencia.
“(En estos casos ya hay) jóvenes de preparatoria que no cuentan con documentos formales y por ello no están yendo a actividades fuera de la escuela, como a excursiones o bibliotecas, por temor a que en Tucson, Arizona, esté una Border Patrol”, explica la doctora Gloria Ciria Valdéz Gardea, profesora e investigadora del Colegio de Sonora, coordinadora del Seminario Niñez Migrante e integrante ciudadana del Consejo Estatal de Atención a Migrantes.
Esa situación, recuerda la académica, se remonta a las presiones de Trump durante su primer mandato para constituir en México un “tercer país seguro”, una manera de contener el flujo migratorio en territorio mexicano.
Más allá de la sospecha, en la actualidad las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del país vecino (CBP, por sus siglas en inglés) y de la Unidad de Política Migratoria, adscrita a la Secretaría de Gobernación de México, verifican que dicha posición ya fue retomada por el actual gobierno aún antes de la toma de protesta oficial en Estados Unidos, a realizarse el próximo lunes.
En concreto, la CBP informó que durante noviembre, lapso en el que fueron celebradas las elecciones en Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza arrestó a poco más de 46 mil personas en situación migratoria irregular en la franja sur: se trata del mínimo histórico, indican las cifras oficiales, que se producen tras una caída de 75.6% de los arrestos.
De manera paralela el acumulado de enero a noviembre de las detenciones en el norte mexicano permite observar una reducción de 71.8% respecto de 2023, cifra que refiere a las personas en situación migratoria irregular “presentadas” o “canalizadas” ante el Instituto Nacional de Migración. En el caso particular de Sonora se detalla que durante noviembre se detuvieron a ocho mil 22 personas, mientras que en 2023 fueron más de 64 mil.
En particular se informó que entre Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas las cifras de migrantes presentados o canalizados superaron las 800 mil personas entre enero y noviembre, mientras que los 12 meses de 2023 culminaron con 235 mil 501 detenciones.
Ley en la congeladora
De acuerdo con los expertos consultados, las violaciones de los derechos de los migrantes comienzan en el sur de México, con medidas que detonan el hacinamiento de las personas detenidas, y se extienden al norte del país, con la incertidumbre sobre su estatus propiciada por autoridades mexicanas y estadunidenses. Ante ese panorama, Sonora carece de un plan integral para atender el fenómeno.
En este sentido, Ciria Valdéz catalogó de urgente la publicación de la Ley Mesabancos en Espera, una legislación elaborada en colegiado por el Seminario Niñez Migrante y que fue aprobada en 2023.
Se trata de una iniciativa que podría otorgar certidumbre a las familias, especialmente a las que retornan “voluntariamente” para salir del clima de criminalización en el que fueron inmersas en Estados Unidos. Dicha ley, sin embargo, no ha sido publicada, por lo que a casi dos años de su aprobación sigue sin entrar en vigor.
“(La Ley Mesabancos en Espera) establece que todo niño y adolescente migrante en tránsito, en retorno, en calidad de refugio o asilo en Sonora tiene derecho a ingresar a la escuela sin presentar ningún documento y que el responsable es el director de la escuela.
También establece que el gobierno tendrá 90 día para realizar un programa claro de inclusión y campañas de difusión…
¿Dónde has escuchado una campaña de la SEC (Secretaría de Educación y Cultura) que diga ‘padre, madre de familia, si vienes de Estados Unidos comunícate a este teléfono…’ No existe.
Esa visión, de acuerdo con la académica, requiere hacerse extensiva a otros ámbitos: otorgar certidumbre, por ejemplo, en lo laboral y en materia de vivienda: ámbitos en los que, pese a que en lo local se realicen gestiones con empresarios y otros actores, la traba aparece cuando las autoridades federales no validan la identidad de las personas mediante el otorgamiento de CURP, RFC e INE de manera gratuita y sin grandes trámites.
Asegura, además, no se requieren fondos extraordinarios debido a que existen personas y espacios públicos que pueden emplearse para ello. El elemento que falta, en cambio, es la “buena voluntad”, misma que, aunque considera que hay avances sustantivos, no termina por manifestarse.
Sin diagnóstico
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dijo, entre otras cosas, que la entidad cuenta con nueve mil 800 espacios para atender la situación.
Días más tarde, en su visita por Sonora, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que desplegarán al menos a dos mil 610 abogados para auxiliar a los compatriotas en los 53 consulados ubicados en Estados Unidos.
Estos aspectos, de acuerdo con Valdéz Gardea, expresan que el país se encuentra más preparado para la crisis migratoria que durante el primer mandato de Donald Trump. Las cifras y preparativos, sin embargo, se plantean desde un desconocimiento concreto de la magnitud del problema.
Esto último se pone de manifiesto al considerar que la ley migratoria del estado de Sonora contempla la creación de una Oficina de Atención a Migrantes y de un Consejo Estatal de Atención a Migrantes: ambos organismos fueron desarrollados por primera vez durante el actual gobierno, aunque representaban una obligación desde años atrás: una de las obligaciones de dichos órganos es crear un registro público de migrantes para contar con una base de datos certera.
Ese tema, de acuerdo con la académica, se dejó de lado en tanto que puede representar una violación a los derechos de las personas migrantes al exponer su información, además de la dificultad que representa la desconfianza que dichas personas manifiestan frente a las instituciones.
Sin embargo, tampoco se cuenta con una alternativa más adecuada, por lo que se desconoce con exactitud el número de personas que han retornado.
“Como académicos y gobierno hemos fallado en el sentido de que no sabemos cabalmente cuántas personas migrantes, niños y adolescentes procedentes de Estados Unidos regresaron a Sonora. No sabemos cuántos hay, dónde están, quiénes son.
“Por eso necesitamos documentar los procesos de deportación o retornos voluntarios. Va a haber separación de familias, pero cuando cruzan ¿quién los documenta? Necesitamos tener ese diagnóstico para documentar las capacidades laborales que traen nuestros paisanos para detonar desarrollo local, eso también está desaprovechado”, dijo.
En general, los datos oficiales y la experiencia de la académica integrante del Consejo Estatal de Atención a Migrantes arrojan la necesidad de una autocrítica al interior de los organismos responsables de atender la crisis.
Tenemos que entender que el tema migratorio, de personas en desplazamiento a escala mundial y en concreto por México, nunca va a acabar. Con la Guardia Nacional, con muro, sin muro, con políticas de contención estadunidenses o mexicanas. Tenemos que trabajar en un programa migratorio transversal horizontal conforme a los derechos humanos. Al menos hoy se habla del tema porque en décadas pasadas se intentaba tapar el sol con un dedo, pero ya no es posible.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALBERTO DUARTE.
