Organizaciones civiles manifestaron su preocupación por “el grave panorama de inseguridad y violencia que se vive en el estado de Chiapas, frente a un contexto complejo donde permea el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político”.

Añadieron que “México no ha podido superar la grave crisis de violaciones a los derechos humanos e impunidad que enfrenta desde hace al menos dos sexenios”.

Más de mil pobladores de Coyomeapan se concentraron ayer en Tehuacán para resguardar el regreso a su comunidad de dos maestros heridos que sobrevivieron a los hechos del 9 de mayo, cuando fueron emboscados por policías estatales en el paraje de Cobatzalco.

Tras casi un mes de estar hospitalizados, los maestros Lauro Gil Argüelles y Marco Solís fueron dados de alta el jueves, pero los pobladores decidieron acudir a Tehuacán para escoltarlos ante el temor de que fueran detenidos pues desde que ingresaron el nosocomio los habían mantenido bajo vigilancia policíaca y se sabe que hay órdenes de aprehensión contra ambos.

El juez de control responsable de dirigir las audiencias para procesar a Emilio Lozoya  por más de dos años, José Artemio Zúñiga Mendoza, fue reasignado a un juzgado especializado en ejecución de sentencias de la misma Ciudad de México, por lo que ahora corresponderá a la jueza Verónica Gutiérrez Fuentes retomar las dos causas penales que enfrenta el ex director de Pemex.

Las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y el resto de las partes involucradas en las causas penales que se siguen contra el ex director de Pemex ya fueron notificadas formalmente del enroque ordenado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), organismo encargado de revisar la actuación de jueces y magistrados federales,

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) ofreció una recompensa por la localización de Juan Antonio Vera Hernández, por ser probable responsable de tentativa de feminicidio por un ataque de ácido contra la saxofonista María Elena Ríos.

La FGE detalló que entregará un millón de pesos a quien aporte información que lleve a encontrar al acusado del delito, hijo del exdiputado del PRI Juan Antonio Vera Carrizal.

Dos sujetos resultaron heridos de bala, luego de que una riña en un bar de la Colonia Juárez, en la llamada Zona Rosa, culminará a tiros.

La balacera tuvo lugar en el bar “Candela” ubicado en la calle de Londres, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con información de autoridades de seguridad de la capital, los heridos fueron dos hombres de 25 y 37 años de edad.

César Duarte Jáquez enfrentará su cita con la justicia en un estado que, aunque dejó de gobernar hace más de cinco años, está liderado por autoridades ligadas a él políticamente, involucradas en esquemas de corrupción –de acuerdo con investigaciones judiciales–, o que incluso se han manifestado a su favor.

De lado del Poder Judicial, la polémica recae en Myriam Hernández, quien desde noviembre de 2021 es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y que antes de ocupar ese cargo testificó a favor del exmandatario durante su proceso de extradición en Estados Unidos.

María Elena Ríos Ortiz, activista y saxofonista que fue atacada con ácida en 2019, compartió que su agresor Juan Antonio “N” tiene un auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Organizaciones responsabilizaron al Estado mexicano de los agravios y violaciones a los derechos humanos cometidos en Chiapas, «ya sea por comisión, omisión o aquiescencia», y remarcaron que es necesario poner fin a la impunidad «que protege y alienta el actuar de grupos criminales y empresariales que se disputan el control de territorios, recursos y mercados».

En el marco del Encuentro 2022: Construyendo en Colectivo Caminos hacia la Paz con Justicia, las organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación por «el grave panorama de inseguridad y violencia» en Chiapas, donde el crimen organizado y los grupos armados vinculados con el cacicazgo político, agrario y económico «actúan contra la población civil con la aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno».

Luego de cinco años de lucha, la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, y las organizaciones que las acompañan lograron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cancelara de manera definitiva el contrato de suministro eléctrico firmado con la empresa francesa Électricité de France (EDF), con lo que el megaproyecto eólico Gunaa Sicarú fue cancelado de manera definitiva.

En un comunicado, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) informó que con las cancelaciones se demostró la inviabilidad técnica del proyecto eólico.

El Fiscal de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte confirmó que hoy por la mañana se celebraría la audiencia de formulación de imputación en contra del exgobernador César Duarte Juárez y que los ministerios publicos solicitarán como medida cautelar la prisión preventiva, derivado de que existe riesgo de fuga.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó 10 binomios caninos para buscar a las 5 personas reportadas como desaparecidas en Oaxaca tras el paso del huracán “Agatha”.

En la conferencia de prensa matutina, el  titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval, quien coordina las acciones de apoyo y rescate en el estado, informó que los equipos especializados fueron desplegados en San Juan Ozolotepec y Santiago Xianica, sin embargo hasta el momento no hay hallazgos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró preocupación ante la crisis de desaparecidos en México y por los ataques a la liberta de expresión.

Asimismo, destacó en su último informe que no se han retirado las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y, señaló, la Guardia nacional cuenta con una estructura militar.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que es “corriente y vulgar” que se señale que su Gobierno o él tienen relaciones con el narcotráfico, y señaló directamente a Francisco Labastida Ochoa y a Porfirio Muñoz Ledo. “Dejen de calumniar y presenten pruebas”, retó. “No establezco relaciones de complicidad nadie; por eso puedo enfrentar a las mafias” de la delincuencia organizada y de cuello blanco.

La Gobernadora María Eugenia Campos dijo esta mañana al periodista Ciro Gómez Leyva que muy pronto presentará carpetas de investigación no sólo contra César Duarte Jáquez, quien ayer fue extraditado por Estados Unidos a México, sino también contra su antecesor inmediato, Javier Corral Jurado, quien todavía es miembro de su partido, Acción Nacional (PAN).

Cinco años después de haber dejado el país en medio de señalamientos de corrupción y a casi dos años de haber sido detenido en Estados Unidos, César Duarte Jáquez regresó a México, en donde distintas voces han advertido que el exgobernador de Chihuahua tendrá todas las facilidades para enfrentar en libertad las acusaciones de desvío de recursos y un desfalco que superaría los más de mil millones de pesos.

“El FONDEN no es necesario”, señaló el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, tras asegurar que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador está preparado para atender a damnificados por el huracán Agatha en Oaxaca.

A través de Twitter, el vocero presidencial dijo que los miles de damnificados por el paso del huracán Agatha serán atendidos por la Sedena y Marina. Dijo que hay recursos suficientes y quedó demostrado que el Fonden no es necesario.

En los últimos ocho años, las solicitudes de asilo han crecido más de 100 veces en México. Con ello, mientras que en 2013 fueron mil 296, alcanzaron 130 mil en 2021, de las cuales cerca de 90 mil se presentaron en la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas. En los primeros cuatro meses de este año, las solicitudes siguen aumentando, pues ya suman 40 mil. 

Mientras tanto, el sistema de asilo del país está rebasado y sin los recursos y la capacidad suficientes para dar respuesta, lo que provoca retrasos y sufrimientos innecesarios, según documenta la organización WOLA (Advocacy for the Human Rights in The Americas) en su reporte Luchando por sobrevivir: la situación de personas solicitantes de asilo en Tapachula, México.

A casi tres años de concluida su administración, las autoridades federales y de Campeche no han conseguido esclarecer el destino de más de 3 mil 800 millones de pesos de recursos federales que fueron transferidos a dicha entidad durante la administración del entonces gobernador y hoy presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2016 y 2018 (los tres años completos que gobernó Campeche) se identificaron irregularidades por un monto total de 4 mil 263 millones de pesos. De esa cantidad, hasta el corte del pasado 1 de junio, solo se habían encontrado pruebas para solventar el uso correcto de 412 millones de pesos. 

El excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Labastida Ochoa, aseguró que el tricolor ayudó a que Andrés Manuel López Obrador obtuviera más votos en la elección del 2018 atacando al excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.

Hasta la fecha, diversas dependencias de la administración federal han presentado 22 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos perpetrados por el equipo de Ignacio Ovalle Fernández al frente de Seguridad y Alimentaria Mexicana (Segalmex), el organismo que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno.

A pesar de las evidencias de corrupción y de pésima gestión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 8 mil 636 millones de pesos en 2020, el pasado 19 de abril, López Obrador sacó Ovalle de Segalmex, pero le dio otro cargo en la administración federal: coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).