Tatiana Lezama tiene 30 años y estudia el doctorado en Ingeniería Petrolera en la Universidad  de Aberdeen, en Escocia, gracias a una beca del Conacyt-Secretaría de Energía, pero la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer los fideicomisos y la nula respuesta del Consejo desde enero pasado, la tienen en vilo: dejó de recibir los recursos de la beca y está en riesgo de ser deportada, pues su visa estudiantil vence el 15 de julio próximo. 

El presidente López Obrador acusó corrupción en los fideicomisos en diferentes áreas, aunque hasta el momento su gobierno no ha mostrado las pruebas de desvío en cada uno de los que decidió extinguir desde el 20 de octubre de 2020, a través de un decreto que reformó 17 leyes para desaparecer los fideicomisos que lo mismo apoyaban las becas estudiantiles que al cine nacional, deportistas de alto rendimiento o afrontaba las catástrofes naturales, entre otros. 

Madres y padres de niños enfermos de cáncer montaron un campamento afuera de la Torre Pediátrica y del Hospital General, en el puerto de Veracruz, en protesta porque aseguran que no hay quimioterapias para los infantes desde hace varias semanas.

Ayer, familiares de niños enfermos de cáncer marcharon en Xalapa y en el puerto de Veracruz en reclamó porque no se han surtido los medicamentos oncológicos, ni se han estado haciendo quimioterapias en los distintos hospitales de la entidad.

El proceso de extinción de la Policía Federal (PF) y la transferencia de sus facultades a la Guardia Nacional (GN), que hoy cumple dos años, llevó el gobierno federal a pagar 4 mil 655 millones de pesos en 2020 para las liquidaciones de los 9 mil 753 agentes que no quisieron pasar al nuevo cuerpo policiaco-militar, indicó hoy la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según un informe sobre la transición de la PF a la GN en la Cuenta Pública 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) erogó 7 mil 322 millones de pesos para la PF; lo hizo mediante una Unidad de Transición que, según la ASF, no fue autorizada ni por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni por la Secretaría de la Función Pública (SFP), y a pesar de ello tuvo a mil 354 personas adscritas en su plantilla.

Integrante del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador, Salinas Pliego es más que un hombre de negocios del entretenimiento, más que TV Azteca y más que sus ventas de electrónicos domésticos en pagos chiquitos.

Un total de 16 grupos criminales mantienen una disputa abierta por el control de las rutas del narcotráfico y narcomenudeo en el país este año. Se trata de organizaciones delictivas que además tienen capacidad para lavar dinero proveniente de esta y otras actividades consideradas como crimen organizado.

Un reporte actualizado del gabinete de seguridad identifica al Cártel del Pacífico y de Jalisco como las organizaciones criminales predominantes en el norte y centro del país, mientras que el Cártel del Golfo —a cuyas facciones se atribuye la masacre de 15 personas en Tamaulipas de la semana pasada— aún tiene presencia en ocho entidades.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno heredó los grupos delictivos que ya estaban integrados desde años anteriores, y negó que se hayan creado nuevas bandas en lo que lleva de su administración.

“Hay gobernabilidad en nuestro país”, aseveró durante el informe por el tercer aniversario de su victoria electoral en el Patio de Honor, dentro del Palacio Nacional.

“No creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio, ese Cártel Jalisco, del Pacífico, o el de Guanajuato, los que ya habían”.

Durante su Informe por el Tercer Año del Triunfo Histórico Democrático del Pueblo de México, señaló que “hay gobernabilidad en nuestro país” y en materia de seguridad pública se ha avanzado a pesar de “la complejidad del problema que heredamos”.

Esgrimió que cuando asumió la Presidencia de la República ya estaban integradas las bandas, los grupos delictivos y la inseguridad iba en incremento sostenido. Señaló que de diciembre de 2018 a la fecha no se han creado nuevos cárteles u organizaciones criminales.Son las mismas que vienen operando desde sexenios anteriores. Citó los casos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Pacífico (o Sinaloa).

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara el pasado miércoles un segmento en sus conferencias matutinas titulado ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, con el objetivo de combatir las noticias falsas (fake news), activistas y defensores de derechos humanos lanzaron un exhorto a la Presidencia a reconsiderar su implementación regular.

Durante un foro sobre protección de los derechos humanos de las personas defensoras y comunicadoras en México, organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, advirtió sobre las posibles consecuencias negativas que esta acción gubernamental pueda tener sobre la situación de la libertad de expresión en el país.

En mayo las remesas crecieron a una tasa mensual de 11.52 por ciento o 466.33 millones de dólares, ubicándose en 4 mil 514.62 millones de dólares. Lo anterior implica un crecimiento anual de 31.03 por ciento o mil 069.19 millones de dólares, acumulando 13 meses consecutivos de crecimientos anuales.

Las remesas acumuladas en los últimos 12 meses ascendieron a 44 mil 026.94 millones de dólares, siendo el mayor nivel en registro y acumulando 13 meses de incrementos consecutivos.

Un grupo de padres y madres de niños con cáncer presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, luego de que éste acusara que los señalamientos de desabasto de medicamentos oncológicos es usada con fines “golpistas”.

Andrea Rocha, abogada de los padres de niños con cáncer, expuso que la denuncia contra López Gatell fue presentada por los delitos de genocidio, discriminación y comisión por omisión del servicio público.

La comunidad indígena de Santa María Ostula, Michoacán, celebró 12 años de haber recuperado más de mil hectáreas del territorio “que habían sido invadidas con violencia por supuestos pequeños propietarios de La Placita”, quienes pretendía utilizar las tierras comunales “para que sirvan a los intereses capitalistas de grupos delictivos y empresariales”.

En un comunicado, los pobladores de Ostula aseguraron que el proceso de recuperación del territorio continúa con la petición que interpusieron el pasado 21 de junio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se pronuncie sobre la “adecuada demarcación, delimitación y protección jurídica efectiva de las tierras comunales y estándares probatorios en casos de invasión de propiedades comunales por parte de pequeños propietarios particulares”.

A tres años de su contundente victoria, con 53 por ciento de los votos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ufanó de acumular un mayor respaldo de los mexicanos que hace treinta meses y, con base en su propia encuesta, perfiló que arrasará en la consulta de revocación de mandato de marzo del próximo año: El 72 por ciento lo avala y sólo 22.7 por ciento quiere que renuncie.

“Estamos bien calificados”, expresó, muy sonriente, el Presidente de México ante su gabinete, que también enalteció, con la presencia de Rogelio Ramírez de la O, perfilado como sustituto de Arturo Herrera en la Secretaría de Hacienda, ausente a su vez, en la ceremonia celebrada bajo un toldo en Palacio Nacional.

Después de dos años y medio de Gobierno, prácticamente la mitad de su sexenio que por primera vez en la historia culminará el septiembre de 2024, y las elecciones intermedias en las que se proclamó ganador, López Obrador pareció tender puentes a la oposición cuando discrepó de Benito Juárez, quien dijo que “los reaccionarios también son mexicanos”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llega al tercer aniversario de su victoria electoral del 1 de julio de 2018, con 41 de sus 100 compromisos cumplidos, 29 en proceso y acumula 12 en la categoría de no cumplidos. Para el resto no hay parámetros que puedan determinar su estatus.

Armados con rifles de asalto, cientos de hombres han instalado barricadas para proteger la zona productora de aguacate en al menos cuatro municipios del occidental estado mexicano de Michoacán. Pero las autoridades estatales analizan desmantelar a estos civiles, pues ven indicios de que son auspiciados por el narcotráfico, muy presente en la región.

Informes del Gobierno de Michoacán dan cuenta del surgimiento de estos grupos autodenominados como “Pueblos Unidos” apenas hace dos meses, aunque integrantes de esta especie de civiles autodefensas revelan que operan desde hace un año en los municipios de Tancítaro, Salvador Escalante, Nuevo Urecho y Ario de Rosales.

Autoridades estadounidenses detuvieron en McAllen, Texas, Estados Unidos, a Baltazar Higinio Reséndez Cantú, investigado por su presunta relación en los delitos por los que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR); el empresario ya fue entregado a autoridades mexicanas.

Funcionarios federales confirmaron a medios nacionales que el contratista del Gobierno de Tamaulipas fue entregado a la Policía Federal Ministerial de la FGR en el Puente Internacional de McAllen-Reynosa.

Juan Daniel Cázares Hernández recibió, el pasado 20 de noviembre, la condecoración Miguel Hidalgo, en grado cruz, “por sus méritos eminentes y conducta destacadamente ejemplar en la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19”, según se lee en el reconocimiento. Lo que no obtuvo por esa labor fue un empleo fijo. El médico general estuvo laborando durante un año en la Unidad Temporal Citibanamex. El 29 de abril le avisaron, a través de un mensaje de WhatsApp, que ya no tendría trabajo.  

Después de doce meses de atender a los afectados por el coronavirus, de recibir la condecoración y de pasar 15 días hospitalizado por COVID en el mismo Citibanamex, Juan Cázares no recibió una explicación sustentada de por qué justo a él la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) con la que había estado firmando sus contratos – Animal Político tiene copia  al menos de uno – lo estaba dejando sin empleo.

Un familiar de uno de los detenidos acusados de la masacre de Reynosa, que estaba reportado como desaparecido, y otro familiar de una activista de un colectivo de búsqueda, que había dado a conocer la ficha de desaparición, sufrieron en los últimos días detenciones arbitrarias que estarían vinculadas al caso.

Según una denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo presentada ante la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), ambos estuvieron privados de su libertad durante varias horas, el primero el domingo y el segundo el jueves.

El intento de asalto a un camión de traslado de valores provocó una balacera en un centro comercial, con saldo de cinco heridos, tres de ellos custodios.

El hecho se registró en el estacionamiento de la plaza Forum Tlaquepaque, donde unos 10 sujetos que llegaron en una camioneta blanca, sin placas, tipo Van, intentaron quitar a los custodios el dinero, el cual colocarían en un cajero de una tienda de conveniencia.

Entre el 2018 y lo que va del 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 101 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas anomalías que suman 18 mil millones de pesos, la mayoría detectadas en diversas cuentas públicas correspondientes  al sexenio de Enrique Peña Nieto y en particular sobre la llamada Estafa Maestra.

David Colmenares Páramo, titular de la ASF, informó lo anterior al participar de manera virtual ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados en la primera entrega de informes individuales de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020.