Usar la geolocalización generalizada afectaba los datos personales y era una medida contraria al derecho a la privacidad, la protección de datos personales y al principio de legalidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales que permitía al Ministerio Público utilizar la geolocalización para investigar cualquier ilícito.
Al continuar con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI hoy INAI), con una mayoría de ocho votos, se determinó declarar inválido el uso de la geolocalización en forma generalizada frente a cualquier delito.
Al continuar con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI hoy INAI), con una mayoría de ocho votos, se determinó declarar inválido el uso de la geolocalización en forma generalizada frente a cualquier delito.
