El Gobierno de Tamaulipas informó que el vehículo de pasajeros fue interceptado por hombres armados que ocupaban camionetas, mientras salía de Reynosa, rumbo al oriente, en la frontera con Texas.
Susana Méndez Arellano, presidenta del organismo, dio a conocer, mediante un comunicado que luego de conocer las notas periodísticas sobre el plagio de estas personas, en un autobús de la línea Senda número 9570, fue iniciado el expediente CEDH-2023/001, que también fue remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Este procedimiento tiene como objetivo principal la integración de una investigación exhaustiva, que incluirá la solicitud de información a las autoridades correspondientes y al confirmarse que hubo una violación a los derechos humanos, la CNDH podría emitir una recomendación”, dice el boletín que difunde la Comisión nuevoleonesa
El Gobierno de Tamaulipas informó el martes que el 30 de diciembre, el vehículo de pasajeros fue interceptado por hombres armados que ocupaban camionetas, mientras salía de Reynosa, rumbo al oriente, en la frontera con Texas.
Se llevaron 31 personas, al parecer migrantes de centro y sudamérica, y dejaron que llegaran al destino el chofer y cinco viajeros.
Hasta el martes por la noche no se conocía el paradero de quienes fueron secuestrados, presumiblemente por un grupo criminal que opera en la zona.
Al anunciar la apertura del expediente, Méndez Arellano recordó que en el pasado había lanzado una alerta para proteger a los migrantes de los peligros que enfrentaban en su trayecto por el país.
“Enfatizamos que el pasado 15 de octubre lanzamos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno y giramos oficio a las autoridades de Seguridad y de Salud en el Estado; del Instituto Nacional de Migración y de las Fuerzas Armadas, además de los 51 ayuntamientos, donde instamos a promover y proteger los derechos humanos de las personas migrantes y la seguridad que requieren al transitar dentro del territorio mexicano”
“Entre los derechos fundamentales que subrayamos se encuentra el derecho a la vida, a la legalidad, la seguridad jurídica, el acceso a la procuración de justicia, el acceso a la verdad, así como el trato digno y honorable, para no ser víctimas de detenciones arbitrarias, extorsión, tortura, esclavitud y trata de personas”, remarcó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
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