Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Harfuch se encierra con diputados mientras arrecian presiones de Trump y violencia en Sinaloa

En medio de la amenaza de aranceles por parte de Donald Trump, Omar García Harfuch se reúne con diputados para presentar avances de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Mientras tanto, Sinaloa registra una de sus semanas más violentas, con al menos 41 homicidios.

En medio de la presión por parte del gobierno de Donald Trump para imponer nuevos aranceles relacionados con el tráfico de fentanilo y la inseguridad generada por cárteles del narcotráfico, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió de manera privada con diputados federales para presentar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

García Harfuch también compareció, el 22 de octubre de 2025, ante el Pleno del Senado de la República. Ahí, aseguró que la estrategia de seguridad en Sinaloa, hasta ahora había funcionado, y que en octubre se estaba dando una baja importante en la violencia homicida.

Sin embargo, la semana pasada hubo al menos 41 muertos en Sinaloa, una de las rachas más violentas del año, desatada tras la muerte de Luis Ezequiel Rubio Rodríguez “El Morral”, jefe operativo de la facción de “Los Chapitos”, así como la detención de seis de sus operadores más cercanos.

Esta ola de sangre se da por la narcoguerra que desde hace un año empezaron “Los Chapitos”, los cuales estarían perdiendo terreno y debilitándose, en contra de “Los Mayos”, cuando éstos últimos sufrieron la detención de su líder Ismael “Mayo” Zambada.

HARFUCH EN MAZATLÁN; CAMBIOS EN EL GABINETE DE ROCHA

El 23 de octubre pasado, García Harfuch viajó a Mazatlán, Sinaloa, donde su reunión con políticos y empresarios no sólo dejó un mensaje de coordinación federal en materia de seguridad, sino que pareció marcar un punto de inflexión dentro del propio gabinete estatal. 

Tras el encuentro en la III Región Militar en el puerto de Mazatlán el gobernador Rubén Rocha Moya anunció relevos en áreas políticas, económicas y sociales. Yeraldine Bonilla Valverde como nueva secretaria general de Gobierno, en sustitución de Feliciano Castro Meléndrez, quien a su vez asumió la Secretaría de Economía tras la salida de Ricardo Velarde Cárdenas, actual copropietario de un bar en Mazatlán vinculado a la desaparición del joven Carlos Emilio Galván.

Otro ajuste relevante fue la designación de Omar Alejandro López Campos como titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), en relevo de María Inés Pérez Corral, cerrando así una jornada de sacudidas políticas que evidencian el inicio de una nueva etapa dentro del gobierno estatal.

La serie de cambios coincide con la intensificación de operativos de seguridad en Mazatlán anunciada por Harfuch, quien confirmó el despliegue de 250 elementos federales adicionales y la futura instalación de una base naval en Altata, como parte de una estrategia federal para reforzar el control territorial en el estado.

SHEINBAUM NIEGA AMENAZA ARANCELARIA POR FENTANILO

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que habló con su homólogo Donald Trump el sábado, sobre las 54 barreras no arancelarias que Estados Unidos pide retirar a México, cuando está por cumplirse el plazo de tres meses que dio el mandatario del vecino país para castigar con aranceles del 30% a México por el tráfico de fentanilo. 

En julio, Trump había insistido en que además del déficit comercial y de los subsidios que recibe de Estados Unidos que son detrimento de la economía de su país, las tarifas de reciprocidad se impondrán porque el gobierno mexicano fracasó para desmantelar a los cárteles del trasiego de drogas, detener el flujo de inmigrantes indocumentados y de opiodes manufacturados con fentanilo.
Sin embargo, la mandataria aseguró: “hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema, que ya va muy avanzado, de las 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes.

“Acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas, prácticamente estamos ya cerrando este tema, porque finalmente el primero de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos de tres meses (para que Estados Unidos imponga aranceles a México del 30%). Fue una conversación muy breve y acordamos que en unas semanas más nos volveríamos a hablar”. 

Negó que hayan hablado de seguridad, a pesar de que el jueves Trump acusó que México está dominado por los cárteles de la droga. “Solamente hablamos del tema de lo comercial. Sobre migración o no seguridad ya no hablamos. Ya prácticamente no tocamos ese tema, pues tenemos un entendimiento. Nos volveremos a hablar para el tema comercial en próximas semanas”, dijo Sheinbaum.

Al final de la conferencia contestó una pregunta expresada a lo lejos sin micrófono: “Fue una llamada muy breve, él iba de viaje. A mí me interesaba que no llegara el primero de noviembre sin que nos hubiéramos comunicado y que estuviéramos de acuerdo en que nuestros equipos estuvieran trabajando. Esencialmente fue eso”.

Rechazó que haya una amenaza arancelaria en el panorama: “No hay ninguna situación, por lo pronto, en donde pudiera haber, el primero de noviembre, algún arancel especial, siempre hay lo que pueda ocurrir con el presidente Trump, pero fue una llamada cordial. Los dos acordamos que íbamos muy bien y llamarnos las siguientes semanas para cerrar el acuerdo antes de que inicien las negociaciones”.

PERO TRUMP FUE CLARO: CÁRTELES GOBIERNAN MÉXICO

El presidente Donald Trump dijo que “México está dirigido por los cárteles”, aunque al hablar de la presidenta Sheinbaum aseguró que le tiene un gran respeto y que “es una mujer muy valiente”. 

Flanqueado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y la fiscal Pam Bondi, el mandatario dijo en la Casa Blanca que el problema de los cárteles de las drogas fue el “más difícil” de los que le heredó la administración de Joe Biden.

“Hay mucha gente mala en los cárteles. Puedes ver a países como México, respeto a la gente y sus líderes, pero su gente vive con miedo porque los cárteles dirigen ese país. Y eso incluye a Colombia, es una jaula de drogas. Tienen a un pésimo líder, un pendenciero (Gustavo Petro). Venden cocaína a niveles nunca vistos, pero no lo harán por mucho tiempo. Colombia está muy mal y México está dirigido por los cárteles. Tengo gran respeto por la presidenta, es tremenda, muy valiente, pero México está dirigido por los cárteles y tenemos que defendernos”.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

SAT niega acuerdo con Grupo Salinas sobre multimillonaria deuda

El titular del SAT afirmó que nunca se firmó algún acuerdo, ni existe un documento firmado con la empresa de Ricardo Salinas Pliego

El director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, negó que su institución haya alcanzado algún acuerdo con el Grupo Salinas sobre los adeudos fiscales que la empresa mantiene desde hace más de una década, esto, luego de que el conglomerado difundiera una carta con información que, según el funcionario, “falta a la verdad”.

“Es falso que la administración pasada se haya llegado a un acuerdo con este grupo con relación a los adeudos que tiene con el fisco desde los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ni 2013. Si bien es cierto que en varias ocasiones se llevaron a cabo pláticas en una mesa técnica con sus representantes, nunca se acordó un monto ni la ruta de solución”, declaró durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes.

El funcionario explicó que el consorcio empresarial siempre discrepó del monto de adeudo que el SAT le determinó, “el grupo siempre sostuvo que el monto de su deuda era menor a lo determinado por el SAT, nunca se firmó algún acuerdo, no existe un documento firmado”.

El funcionario agregó que cualquier posible acuerdo debía seguir procedimientos legales.


“El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador me instruyó además, que para avanzar en cualquier acuerdo no se podían condonar impuestos, solo se podían aplicar reducciones legales en recargos, como a cualquier contribuyente, y que cualquier acuerdo primero tenía que ser validado por el Poder Judicial, cosa que nunca ocurrió”.

Sobre el pago de 2 mil 700 millones de pesos mencionado por el Grupo Salinas, Martínez Dagnino aclaró que “el adeudo de 2 mil 700 millones de pesos que mencionan haber pagado correspondía a otro juicio distinto de años anteriores y que no tiene relación con los adeudos que hoy están en discusión”.

Finalmente, el director del SAT recordó la antigüedad de los adeudos y la postura del grupo empresarial.

“Es muy importante decir que los adeudos del grupo empresarial empezaron hace más de 17 años, desde hace tres sexenios, ninguno inició con los gobiernos de la transformación y a ninguno han querido pagar; el Grupo Salinas falta a la verdad”.

Por su parte, la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, informó que los escritos recientes presentados por algunas empresas del Grupo Salinas “no tendrán una respuesta por el SAT debido a la manera en que acostumbran litigar” y que la autoridad “ha decidido esperar la resolución definitiva de la Suprema Corte para darles respuesta”.

Galeano García aclaró que, si las empresas desean realizar pagos, “pueden hacerlo hoy mismo, en cualquier momento, sin restricción”.

La funcionaria recordó que esta decisión busca garantizar que los procesos legales se resuelvan conforme a la ley y evitar retrasos innecesarias.

La presidenta Claudia Sheinbaum también hizo referencia a la carta que el Grupo Salinas publicó en sus redes sociales, misma que habían enviado al gobierno en octubre de 2024, en la que afirmaban que Arturo Medina habría llegado a un acuerdo con la pasada administración.
Nunca se llegó a ningún acuerdo y además, si hubieran querido pagar, pues hubieran pagado desde ese momento.
Sheinbaum explicó que los documentos recientes que el grupo presentó al SAT no requieren de reuniones ni mesas técnicas.

“Sencillamente hoy pueden pagar, solicitan a su contador o a su representante que pida la línea de captura y a partir de hoy pueden pagar, no se necesita ningún acuerdo”.

La presidenta destacó la importancia de la aclaración para evitar confusiones porque dijo, “es importante que vean esta aclaración porque parece como que hay falta de verdad y es todo lo contrario, entonces queríamos dejar esto completamente claro”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Veytia, en libertad condicional, sería responsable de llamadas intimidatorias en Nayarit: PCVN

El exfiscal de Nayarit está bajo proceso, con libertad condicionada por un beneficio que obtuvo tras colaborar en el juicio contra García Luna.

El vocero de la Promotora de la Comisión de la Verdad en Nayarit, Rodrigo González Barrios, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras recibir una grabación en la que un ciudadano asegura haber sido contactado por el exfiscal Edgar Veytia, convicto en Estados Unidos por narcotráfico.

“Hace unos días un ciudadano nayarita se comunicó conmigo y me dijo, ‘señor Rodrigo, quiero hablar con usted de un tema de Veytia; recibí una llamada de Edgar Veytia y se la grabé, si algo me sucede, quiero que lo haga público’”.

El defensor explicó que verificó el contenido de la grabación, que dura poco más de tres minutos, y confirmó que el hombre que lo contactó enfrenta una situación de riesgo.


“Evidentemente vi la grabación, son un poco más de tres minutos, y lo primero que le dije fue, oye, espérate poquito, no es posible que alguien que es un criminal, que declaró en Estados Unidos ser narcotraficante, que declaró además que asesinó a más de 10 personas y torturó a más de 30, tú des por hecho que te va a dañar”, señaló.

Según González Barrios, la amenaza estaría vinculada con un antiguo caso de despojo ocurrido durante el sexenio de Roberto Sandoval y de Edgar Veytia (2011-2017).

El ciudadano habría sido secuestrado junto con su hija y despojado de un inmueble en 2017, mismo que posteriormente recuperó tras la detención del exfiscal en Estados Unidos.

“Él fue secuestrado, dice, ‘fui levantado junto con mi hija’, y tiene que ver con un inmueble”, explicó el vocero.

“Una vez que detuvieron a Edgar Veytia en Estados Unidos, la familia ganó el juicio, recuperaron su terreno, y hoy que sale Veytia, volviendo otra vez a buscar la manera de apropiarse de esa propiedad que es el patrimonio de toda una familia”.

El ciudadano habría señalado que en el secuestro participaron funcionarios públicos de la Fiscalía estatal durante la gestión de Veytia.
No estoy hablando de un comandante, me dio el nombre de un funcionario público, exfuncionario de la fiscalía de Edgar Veytia.
El vocero detalló que está reuniendo pruebas y documentos que entregará a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tepic.
Yo estoy en la Fiscalía General de la República aquí en Tepic para hacer esta denuncia y a presentar datos de prueba; voy a presentar documentales públicos que él me entregó y voy a pedir que se investigue esta llamada”.
González Barrios también pedirá que la información sea turnada a autoridades federales.

“Voy a pedirles a ustedes que me auxilien para que se le haga llegar esta situación a la Presidenta de la República, a la ministra Sara Irene Herrerías, que me atendió en dos ocasiones cuando era subfiscal de Derechos Humanos”, dijo.

El activista advirtió que podría haber más casos de llamadas similares.

“Este teléfono del cual hizo la llamada a Edgar Veytia estaba abierto, quiere decir que puede haber más teléfonos con los que Veytia esté haciendo llamadas a ciudadanos nayaritas para amenazarlos o extorsionarlos”, señaló.

Asimismo, anunció que dará a conocer el nombre del abogado que presuntamente apoya al exfiscal.

González Barrios concluyó que lo ocurrido “es un hecho sumamente grave” y subrayó su compromiso con las víctimas.

“Yo al final de cuentas soy un defensor de derechos humanos y esto tiene que ver directamente con lo que nosotros hemos estado luchando en el periodo del sexenio de Roberto Sandoval y de Edgar Veytia ”.

Edgar Veytia fue detenido en marzo de 2017 en San Diego, California, acusado de conspirar para traficar cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos.

En 2019 fue sentenciado a 20 años de prisión; sin embargo, tras colaborar con las autoridades estadounidenses, su condena fue reducida y obtuvo libertad condicional.

Durante el juicio del exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, Veytia declaró haber recibido órdenes de proteger al cártel de los Beltrán Leyva y testificó sobre presuntos actos de corrupción en Nayarit.

En México, continúan pendientes diversas denuncias por secuestro, tortura y abuso de autoridad cometidas presuntamente durante su gestión como fiscal.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado de Nayarit ni la Fiscalía General de la República han informado si existe una solicitud formal para que sea extraditado o procesado por esos delitos.

También, en marzo de 2025 se dio a conocer que cinco familias de Nayarit presentaron una demanda civil en Washington, D.C., contra el exfiscal general del estado, Edgar Veytia, por torturas perpetradas tanto por él como por agentes bajo su mando y ya fue citado para comparecer en un tribunal estadounidense.

El procedimiento se activó gracias al amparo de la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés), aprobada en 1992.

Esto permite la interposición de demandas civiles ante tribunales federales de Estados Unidos contra individuos que hayan perpetrado actos de tortura en cualquier parte del mundo, explicó la directora ejecutiva del Centro Guernica 37 (G37), Almudena Bernabeu.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: KARINA CANCINO.

Helicópteros en ganga: gobierno de Fayad vendió tres a precios de remate

Tres helicópteros fueron rematados en 116 millones de pesos por el gobierno de Omar Fayad en Hidalgo, cuando valuaciones realizadas por diferentes aseguradoras muestran que tenían un valor comercial hasta tres veces superior al de su venta.

Durante el mandato de Omar Fayad Meneses (septiembre de 2016 a septiembre de 2022), el gobierno de Hidalgo vendió tres helicópteros del patrimonio estatal a un precio tres veces por debajo de su valor comercial. 

Esto representó una pérdida para la entidad de al menos 250 millones de pesos, de acuerdo con las pólizas de seguro de las aeronaves que, durante el mismo mandato del hoy embajador de México en Noruega, elaboraron tres distintas aseguradoras.

Los helicópteros fueron vendidos en 116 millones 401 mil pesos, pero en su mayor avalúo fueron tasados en 389 millones 847 mil 843 pesos, mientras que el avalúo medio les daba un precio de mercado de 365 millones 470 mil 905 pesos.

A partir de la quinta orden de aprehensión contra Martiniano Vega Orozco, el exoficial mayor de Fayad, anunciada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) la noche del 22 de agosto por la “presunta venta ilegal de tres helicópteros”, EMEEQUIS revisó el Inventario de Bienes del Poder Ejecutivo estatal cuando Fayad tomó posesión, para identificar la flota aérea hidalguense con la que contaba.

Posteriormente, se cotejaron los contratos de aseguramiento de aeronaves firmados bajo el mando del también exsenador y exdiputado federal, entonces militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para finalmente identificar el tipo de aeronaves, su valor comercial y el momento en el que fueron desincorporados del patrimonio de la entidad.


Martiniano Vega, quien enfrenta cinco procesos por posibles delitos de corrupción (en uno ya sentenciado a 12 años de cárcel), se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca desde el 22 de junio de 2023. Su carrera política estuvo ligada por 29 años a los cargos que ocupó Fayad Meneses, desde 1993, cuando Omar fue nombrado por el entonces gobernador Jesús Murillo Karam director del Instituto Hidalguense de Educación Básica y Normal –antecedente de la Secretaría de Educación Pública (SEPH)–.

Mientras el exoficial mayor purga una pena, espera dos juicios más y la eventual vinculación a proceso por otro par de casos, Omar Fayad cumple su segundo año como diplomático en Noruega, con ingresos en 2024 de 5 millones 11 mil 384 pesos por su cargo público, según su declaración patrimonial 2025. En su estado natal, su equipo político se integró al proyecto de la denominada Cuarta Transformación (4T) y, confirmado por el gobierno local, sobre él no pesa ningún señalamiento por algún posible delito de corrupción, aunque en su mandato, según las mismas autoridades estatales, se registró un presunto desfalco que supera los 2 mil millones de pesos.





HISTORIA DE UNA VENTA DE REMATE ¿QUIÉN SALIÓ GANANDO?

Cuando Omar Fayad tomó posesión como gobernador de Hidalgo, tres helicópteros eran parte del patrimonio estatal: un Agusta A-109K2 y dos Bell 412EP, adquiridos en 1995, 1999 y 2009, respectivamente.

Los dos helicópteros fabricados por la compañía Bell Helicopter Textron en 1999 y 2008 (el segundo se compró un año después de su producción), tenían capacidad para transportar dos tripulantes y nueve pasajeros, ambos poseían cuatro palas de rotor principal y dos palas de rotor de cola. Asimismo, cada uno contaba con dos motores: el primero, Pratt & Whitney; en tanto que el segundo unos Pratt & Whitney PT6T-3DF.

Asimismo, el helicóptero producido por la compañía Agusta Westland en 1994, con capacidad para transportar dos tripulantes y seis pasajeros, era de cuatro palas de rotor principal y dos palas de rotor de cola, con dos motores Turbomeca Arriel 1K1.

Tres valuaciones realizadas entre 2017 y 2019 por diferentes aseguradoras muestran que estos helicópteros tenían un valor comercial hasta tres veces superior al de su venta, lo cual quedó asentado en contratos públicos celebrados con el fin de proteger a la flota aérea estatal de posibles daños. 

El primer contrato firmado por el gobierno de Omar Fayad data del primero de febrero de 2017 (7M/17), con General de Seguros S.A.B. Fue por 741 mil 214.48 pesos para proteger, durante lo que restaba del año y hasta el 28 de febrero de 2018, de tentativas afectaciones a cinco aeronaves que el Poder Ejecutivo estatal tenía bajo resguardo.

En estas pólizas, el helicóptero Agusta A-109K2 fue valuado en 3 millones 25 mil dólares (62 millones 889 mil 750 pesos al tipo de cambio de 20.79 pesos por dólar de esa fecha); el Bell 412 del año 1999, en 5 millones 716 mil 700 dólares (118 millones 850 mil 193 pesos), y el Bell 412 del año 2008, en 10 millones 10 mil dólares (208 millones 107 mil 900 pesos). 

El valor conjunto de las tres aeronaves ascendía a 389 millones 847 mil 843 pesos.

Esta, sin embrago, no fue la única valuación que, durante el sexenio del hoy embajador de México en Noruega, se realizó para los helicópteros y que fue otorgada a la Oficialía Mayor (OM).

El 26 de diciembre de 2018, nuevamente la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la OM de Hidalgo contrató con Seguros Afirme S.A. de C.V. dos pólizas para proteger durante 2019 la flota aérea y, ahora también, la infraestructura del aeropuerto Juan Guillermo Villasana ante cualquier daño. La primera, con un costo de 7 millones 99 mil 260.59 pesos; la segunda, de 499 mil 350.41 pesos.

Ambas pólizas fueron parte del contrato 993/18 firmado por el entonces oficial mayor Martiniano Vega, con un valor total de 8 millones 814 mil 388.76 pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).     

Con base en ese contrato, el helicóptero Agusta, modelo A-109K2, matrícula XC-FUJ, serie 10022, con número de inventario 698, fue asegurado por 3 millones 25 dólares, que equivalía a 59 millones 441 mil 250 pesos, al tipo de cambio de 19.65 pesos por dólar vigente en diciembre 2018.

La aeronave, según las especificaciones de la póliza, acumulaba 3 mil 967:35 horas de vuelo y la cobertura, para éste y todos demás, incluía daño físico, todo riesgo en vuela, en tierra y/o anclado en ingestión en tierra, así como guerra y riesgos aislados. 

El helicóptero Bell 412 del año 1999, con matrícula XC-HGO y serie 36239, con capacidad para nueve pasajeros, fue asegurado por 5 millones 716 mil 700 dólares (112 millones 333 mil 155 pesos), en tanto que el Bell 412 del año 2008, matrícula XC-PCA y serie 36490, alcanzó los 10 millones 10 mil dólares en su cobertura de daños tras la valuación hecha por Seguros Afirme; es decir, los 196 millones 696 mil 500 pesos. 

Para entonces, los Bell 412 sumaban 5 mil 45:15 y 2 mil 287:40 horas de vuelo; además, contaban con los números de inventario 3861 y 36490. 

De acuerdo con el monto por el que fueron asegurados, el valor conjunto en el mercado de los tres helicópteros era de 365 millones 470 mil 905 pesos.

En aquel momento, en la flota aérea del gobierno de Hidalgo se encontraban un Jet Dassault Falcon 20D fabricado en 1978, con capacidad para transportar dos tripulantes y hasta nueve pasajeros, que la entidad había recibido en comodato desde 2004.

De igual forma, por comodato desde 2003, disponía de un Avión Turbohélice 695 (TC-980) producido en 1980, con capacidad para transportar dos tripulantes y seis pasajeros, así como de un Avión Turbohélice 690C (TC-840) fabricado por la compañía Turbocomamnder en 1979, para uso de dos tripulantes y seis pasajeros.

Estas tres aeronaves igualmente fueron incluidas en las pólizas de 2017 y 2018; en la última, por montos de aseguramiento que ascendían a 1 millón 99 mil 450 dólares el TC-980; 1 millón 300 mil dólares el Dassault Falcon 1978, y 1 millón 100 mil dólares el Twin Commander 1979.

Para el 30 de diciembre de 2019, la Oficialía Mayor firmó un nuevo contrato, el 1035/19: “Póliza de aeronaves administradas por el gobierno del estado y póliza de responsabilidad civil general para el aeropuerto (Guillermo Villasana)”, para la cobertura durante 2020, pero ahora con la empresa Seguros El Potosí S.A.

Esta compañía valuó el Agusta A-109K2 en 1 millón de dólares, que, en moneda nacional, por el tipo de cambio vigente en diciembre de 2019 de 18.87 pesos por dólar, ascendía a 18 millones 870 mil pesos, y el Bell 412 del año 2008 en 6 millones de dólares, que equivalía a 113 millones 220 mil pesos. Estos helicópteros fueron los únicos incluidos en aquel acuerdo. 

Por ese contrato (1035/19), el gobierno hidalguense pagó 5 millones 316 mil 275.92 pesos, con lo cual protegía la flota aérea que usaba para el “transporte de cualquier persona y/o funcionarios, rescate y operaciones de salvamento, ambulancia aérea”, así como “rescate y operaciones de salvamento, ambulancia aérea, vuelos visuales nocturnos, aerofotografía, simulacros, localización de personas, así como de bienes materiales, apoyo en la extinción de incendios, pero solo en los que se refiere a la localización del incendio, transporte de los bomberos al lugar del siniestro y transporte de todo tipo de carga licita, dentro de la aeronave”.

Los contratos firmados en 2018 y 2019 difieren en la valuación de los helicópteros, pues mientras el primero, de Seguros Afirme, da un valor de 59.4 millones de pesos al Agusta modelo A-109K2; el segundo, de Seguros El Potosí, lo valúa en 18.8 millones de pesos. A su vez, Afirme tasó en 196.6 millones de pesos el Bell 412 del año 2008, y El Potosí en 113 millones 220 mil pesos.

Sin embargo, tanto en las pólizas contratadas en 2018 como en 2019 los montos de estas dos aeronaves superan los 116 millones en los que el gobierno de Fayad vendió los helicópteros por los que enfrenta proceso penal su oficial mayor, y sin que esté incluido el Bell 412 del año 1999, valuado en 2018 por Seguros Afirme en 112.3 millones de pesos.

EMEEQUIS corroboró que cuando la Secretaría de Contraloría de Hidalgo integró el expediente con la información sobre un posible daño al erario por la venta de los helicópteros, puso como valor en el mercado de los tres, 211 millones 457 mil pesos, como el mínimo; no obstante, el cotejo a las pólizas muestra un precio superior que el considerado por la instancia estatal, que posteriormente remitió las documentales a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, quien presentó la denuncia formal.

En 2017, el helicóptero Agusta A109 K2, modelo 1994, ingresó a una subasta organizada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) –hoy Instituto para Devolver al Pueblo los Robado (INDEP) –, con un precio de inicio de 10 millones 950 mil 400 pesos; sin embargo, fue parte de un primer lote desierto. 

Respecto a helicópteros Bell 412, sus avalúos y precio comercial, el gobierno de Michoacán posee uno fabricado en el año 2000, EP IFR, que es una variante optimizada para volar bajo reglas de vuelo por instrumentos (IFR), lo que significa que puede operar en diversas condiciones meteorológicas misiones como transporte de pasajeros o carga, servicios de emergencia y operaciones de seguridad.

El valor unitario del bien, según el Inventario de Bienes del gobierno michoacano, es de 5 millones 847 mil 476 pesos, monto de valuación que no ha cambiado al menos en tres años, entre 2023 y 2025.

CONFORT VIP

El 22 de agosto de 2022 –13 días antes de ceder el mando a la administración de Julio Menchaca y mientras se llevaba a cabo el proceso de entrega-recepción–, el gobierno de Omar Fayad adquirió dos helicópteros y un planeador por 66 millones 110 mil 598 pesos.

Se trata de dos helicópteros Bell 429 del año 2016, con matrículas y números de serie XC-LPC 57311 y XA-AUT 57310, que en la emergencia por las lluvias e inundaciones a causa de la perturbación tropical 90-E, que golpeó al centro del país del 6 al 9 de octubre, han sido utilizados para traslados médicos de emergencia y el envío de víveres a las zonas de difícil acceso a las que han podido llegar, en una entidad donde 334 comunidades resultaron afectadas, con 22 muertos y ocho personas aún desaparecidas.

Las facturas refieren que cada uno de los Bell 429 costó 31 millones 498 mil 858 pesos. Cuando fueron parte del patrimonio estatal, se les inventarió con los números 10760 y 10761. Por la adquisición de cada uno de los helicópteros se emitió un Comprobante Fiscal Digital por Internet: los CFDI: 4CC96E0C-E523-43FF-AFF4-3C0A8645404D y CFDI: CA3F7B89-75ED-4BAA-9B7A-FFDC646C5865.

El avión motor planeador de dos plazas modelo S10-VT, marca STEMME, también del año 2016, con matrícula y número de serie XC-LOZ 11-146, fue comprado en la misma fecha por 3 millones 112 mil 882 pesos. Esta aeronave de fabricación alemana, que cuenta con una inusual hélice plegable que se guarda dentro del cono frontal del avión cuando el motor no está en uso, fue inventariado entre los bienes del estado de Hidalgo con el número 10762. Por este se emitió el CFDI 3F50E559-DB4B-471C-B5F0-D5309D915422.

Un comparativo especializado entre los modelos de aeronave Bell 412 y Bell 429 elaborado por su propio fabricante, muestra que el Bell 412 –como los dos que vendió el gobierno de Fayad a un precio por debajo de su valor– es un helicóptero utilitario robusto, ideal para misiones pesadas, militares o en entornos hostiles. Cuenta con mayor capacidad de carga y pasajeros (hasta dos mil kilogramos), pero es menos ágil y más costoso; a su vez, el Bell 429 –como los dos que compró la misma administración de Omar– es un helicóptero ligero, moderno y ágil, optimizado para transporte VIP, servicios médicos y operaciones urbanas. Es más rápido, pero con menor capacidad de carga (mil 200 kilogramos) y acciones.

MARTINIANO Y FAYAD…

Hombre cercano, íntimo de Fayad, juntos por 29 años… Fue su secretario particular a partir del Instituto Hidalguense de Educación Básica y Normal, también en el gabinete del gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, cuando Omar fue secretario de Desarrollo Social (2005-2006); después, en el periodo que el ahora embajador fue alcalde de Pachuca (2006-2009). Posteriormente, su asesor en sus periodos como diputado federal.

Cuando Martiniano fue secretario técnico de la Comisión de Seguridad en el Senado, fue porque Fayad la presidía; esos fueron los cargos que les antecedieron antes de la Oficialía Mayor y la gubernatura, a los que llegaron en septiembre de 2016. 

Vega, con base en testimonios de integrantes del gabinete de Omar Fayad que pidieron no ser identificados para este reportaje, se convirtió en un “todo poderoso”, siempre tomando decisiones a nombre de su jefe político. 

Sin embargo, el gobierno de Julio Menchaca Salazar ha asegurado que no tiene elementos que vinculen al exgobernador con los presuntos actos de corrupción en el anterior sexenio, los cuales, estiman, superan los 2 mil millones de pesos, un monto que equivale a comprar 31 helicópteros Agusta A-109K2 como el que poseía Hidalgo, y a su valor real.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.

Autoridades capturan a 7 en Tijuana; les aseguran armas de uso exclusivo del Ejército

Autoridades federales y estatales detuvieron a siete personas en Tijuana, tras una inspección en la que se descubrió que poseían armas de uso exclusivo del Ejército.

Un grupo de siete presuntos integrantes del crimen organizado fueron detenidos en Tijuana, Baja California, luego de que elementos de seguridad detectaran que dichas personas llevaban consigo armas de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con información dada a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado conjunto, la detención se dio a raíz de "recorridos de reconocimiento, seguridad y vigilancia" que agentes realizaban en Tijuana, durante los cuales observaron una camioneta con placas de circulación de California, Estados Unidos.

En el informe se indica que cinco personas iban a bordo del vehículo, mientras que otras dos iban a pie. "Al marcarles el alto, adoptaron una actitud evasiva, por lo que para descartar algún ilícito se procedió a realizar una inspección de seguridad", detalló la SSPC.
Tras hacer la revisión de la camioneta, se localizaron al interior cinco armas largas y dos cortas, por lo que se procedió a la detención de las siete personas.

"A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal", apuntó la dependencia.

En redes sociales, el Gabinete de Seguridad, conformado por la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), compartió algunas imágenes de las armas aseguradas en esta acción, así como de dos de los detenidos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Auditoría detecta irregularidades por 62 mdp en construcción de Parque Ecológico Lago de Texcoco

La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en la rehabilitación de vialidades de comunicación y acceso al Parque Ecológico Lago de Texcoco, una de las obras emblemáticas de Andrés Manuel López Obrador.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas irregularidades por 62 millones de pesos en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco, una de las obras emblemáticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La Auditoría detectó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hizo pagos en exceso en 2024 por un contrato de rehabilitación para las vialidades de comunicación y acceso al Parque Ecológico.

Según la revisión hecha por la Auditoría, la empresa contratada mediante el contrato 2023-B16-B16-RM-15-RFLP-A-OR-0003 no cumplió con las características del asfalto que debía colocar en las vialidades de comunicación del megaproyecto.

La empresa, de la que se desconoce su nombre porque la Auditoría no lo dio a conocer, debía construir una carpeta asfáltica de 10 cm de espesor con determinados materiales y características, pero esto no fue cumplido.

La Auditoría detectó deficiencias en los controles de la residencia de la obra, lo que derivó en el incumplimiento y exceso de pago por 62 millones de pesos en este contrato de obra.

Tras las irregularidades detectadas, la Auditoría promovió tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.

El monto observado por la Auditoría a la Conagua es uno de los más elevados entre las dependencias del nivel federal. 

La irregularidad registrada en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco solo es superada por otra observación hecha a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por presuntas irregularidades en la adquisición de carbón, y del Poder Judicial por supuestas anomalías en el manejo de recursos para seguridad privada, mantenimiento correctivo a equipos electrónicos y limpieza a instalaciones.

Si bien la Auditoría detectó estas presuntas anomalías en la construcción del megaproyecto, todavía podrían ser resueltas por la Conagua durante el proceso de seguimiento a las observaciones.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Carlos Emilio desapareció en un bar en Mazatlán; suman seis casos de turistas en el puerto

Hace unos días la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, apuntó que “no es el mejor momento” para viajar a Mazatlán, e invitó a la ciudadanía a valorar una posible visita.

La renuncia del secretario de Economía de Sinaloa y el refuerzo de la presencia militar en Mazatlán, acordado por el Gabinete de Seguridad federal durante una reunión en el puerto, forman parte de las medidas adoptadas por las autoridades ante la crisis que enfrenta el municipio por las recientes desapariciones, entre ellas seis ocurridas en bares a turistas nacionales, destacando el caso de Carlos Emilio Galván, que ha generado mayor atención mediática.

Tras la desaparición de Carlos Emilio, de 21 años, Ricardo Velarde Cárdenas presentó este jueves su renuncia al cargo de secretario de Economía estatal. Velarde Cárdenas es propietario del bar Terraza Valentino, en la Zona Dorada de Mazatlán, donde el joven duranguense desapareció después de dirigirse al baño del establecimiento mientras celebraba su cumpleaños.

El gobernador Rubén Rocha Moya, a través de redes sociales, destacó que la renuncia de Velarde Cárdenas se produce para que pueda atender “a plenitud su compromiso personal con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en un establecimiento de su propiedad en Mazatlán”.

Cifras de desapariciones en Mazatlán y Sinaloa

De acuerdo con cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa al medio Noroeste, el caso de Carlos Emilio es uno de los 21 registrados en Mazatlán entre el 1 y el 14 de octubre.

En total, el municipio acumula 656 personas registradas como víctimas de privación de la libertad, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, entre el 1 de septiembre de 2024 y el 14 de octubre de 2025 —periodo que coincide con el conflicto entre Los Chapitos y La Mayiza, facciones del Cártel de Sinaloa—, de las cuales siete eran originarias de Durango.

A partir del acumulado de casos, hace unos días la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, apuntó que “no es el mejor momento” para viajar a Mazatlán, e invitó a la ciudadanía a valorar una posible visita.

El municipio de Sinaloa que más registra el delito de desaparición es Culiacán, con mil 187 casos, seguido de Mazatlán y Ahome (114).

Casos recientes de turistas desaparecidos

Entre los casos de desapariciones de turistas nacionales registradas en bares de Mazatlán en el último año, está el de los jóvenes originarios de Chihuahua, Iván Alejandro Escalante Tamez y Raúl Roberto Treviño Leos, ocurrido el 16 de diciembre de 2024.

Según reportes, Iván y Raúl Roberto habían acudido a un antro de la zona de la Marina, en Mazatlán, Sinaloa, y alrededor de las 3:40 de la madrugada de ese día se perdió comunicación con ellos.

Los jóvenes fueron reportados como localizados con vida ocho días después.

De acuerdo con medios locales, el pasado 4 de agosto, Danna Fernanda Félix Peregrina, Gonzalo Ismael Montero García y Rodolfo Urías Rivera desaparecieron tras salir del antro Cotorritos La Marina.

Danna Fernanda y Gonzalo Ismael fueron localizados con vida unas 18 horas después, mientras que Rodolfo Urías permaneció desaparecido hasta el 6 de agosto, cuando fue hallado con golpes y recibió atención médica.

Reunión del Gabinete de Seguridad y medidas adoptadas

Este jueves, en las instalaciones de la Tercera Región Militar en Mazatlán se realizó la reunión del Gabinete de Seguridad federal al que asistieron los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo y de Marina Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entre otros.

La reunión se efectuó luego de que en las últimas semanas Mazatlán ha figurado en las noticias a nivel estatal y nacional por las decenas de casos de personas desaparecidas que se han presentado, entre ellos el del joven duranguense Carlos Manuel, y la integrante de un colectivo de buscadoras, María de los Ángeles Valenzuela.

Incrementar la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Mazatlán para sumarse al reforzamiento que ya realizó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue uno de los acuerdos que se tomaron en la reunión.

“La primera cuestión es que vino el Gabinete, para nosotros es muy importante porque ese es el compromiso tanto de la Presidencia como del propio Gabinete, de mantener el operativo completo, incluso particularmente el Secretario Trevilla dijo que va a incrementar la presencia de efectivos en Mazatlán, ya lo hizo el Secretario García Harfuch, mandó 250 elementos”, dijo a conocer públicamente el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, tras la reunión realizada en las instalaciones de la Tercera Región Militar.

Operativo en bar y seguimiento al caso

Sobre el caso de Carlos Emilio, Rocha Moya resaltó que trabaja para hacer un cateo al negocio e incluso la vinculación de probables implicados en la desaparición.

“El tema de los baños de los centros nocturnos y de todo eso traemos una agenda para implementar los operativos, particularmente el tema de este muchacho de Durango. Ahorita andan los operativos, si no se hizo ayer debe estarse haciendo hoy el cateo en este bar”.

Sobre las desapariciones, dijo que fue parte de la inquietud que el empresariado le tocó a Omar García Harfuch en la reunión, además de pedirle que reforzara los operativos sobre el robo de carros asegurando que ha bajado en las carreteras para centrarse en los centros comerciales de las ciudades de Culiacán y Mazatlán.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Proceso por feminicidio de Evangelina Alcalá Valero sigue suspendido; ocurrió en 2017 en Saltillo

La familia de la víctima de feminicidio teme que ante el tiempo que transcurre el detenido pueda obtener un amparo que lo deje en libertad y se dé a la fuga.

A Evangelina Alcalá Valero la desapareció su expareja Josafat “N” en 2017 y en 2018 localizaron su cuerpo semienterrado en el Ejido Puebla, al sur de la ciudad de Saltillo. Desde 2023 el Poder Judicial de Coahuila la desaparece constantemente al evitar poner el caso en la agenda de audiencias públicas y las cuales se han diferido en varias ocasiones desde marzo de ese año, cuando fue detenido el presunto responsable. 

La familia de la víctima de feminicidio teme que ante el tiempo que transcurre el detenido pueda obtener un amparo que lo deje en libertad y se dé a la fuga, como ocurrió tras los hechos y las autoridades tardaron cinco años en detenerlo cuando fue ubicado en l estado de California y las autoridades de Estados Unidos lo deportaron y entregaron en el puente internacional de Tijuana.

“La defensa ha interpuesto un recurso de amparo, y es muy probable que la autoridad federal lo resuelva en el sentido de reponer el juicio, quizás desde la etapa intermedia, no lo sabemos. Es por ello que no hemos escuchado testimoniales en estas audiencias y que la familia que pide justicia, esté desalentada. Reponer un juicio en caso de feminicidio, va en contra de la Ley General de Víctimas”, señaló Jackelyn Campbell Dávila, quien acompaña a la familia. 

Para la activista y defensora de derechos humanos, la defensa de Josafat está entorpeciendo el proceso derivado de la causa penal 2304/2018, debido a los constantes cambios que ha tenido en estos más de dos años de iniciado y a ocho años del feminicidio de Evangelina. 

“La audiencia ha quedado abierta; durante las audiencias que se han llevado a cabo en estos dos años y medio se han revocado varios abogados, entre ellos defensores públicos; incluso el anterior abogado particular, le renunció al cargo el lunes pasado por no haberse cubierto los honorarios pactados”, señaló. 

La familia y la representación legal y quien brinda el acompañamiento reconocen los derechos del acusado durante el juicio, pero lo que observan es que Josafat está dilatando el acceso a la justicia de la hoy occisa y de sus seres queridos, como víctimas indirectas en su feminicidio. 

En los registros del caso, se observa que desde mayo del 2024 la audiencia intermedia se ha suspendido al menos en seis ocasiones. En esa fecha trascendió que el responsable aceptaría su responsabilidad en un juicio abreviado a fin de reducir la condena, pero desde entonces ha cambiado de abogados y con ello solicitado se posponga la continuación del proceso. 

Campbell Dávila señaló que cada día que se cita a la audiencia, los testigos de los hechos y familia se trasladan desde sus trabajos o desde el mismo ejido Puebla al juzgado, donde al llegar les notifican que no habrá actividad. 

“La defensa ha interpuesto un recurso de amparo y es muy probable que la autoridad federal lo resuelva en el sentido de reponer el juicio, quizás desde la etapa intermedia, no lo sabemos. Es por ello que no hemos escuchado testimoniales en estas audiencias y que la familia que pide justicia, esté desalentada”, señaló. 

La activista agregó que reponer un juicio en el caso de feminicidio va en contra de la Ley General de Víctimas y una medida así implica que no se proteja a las víctimas, ni se garantiza el debido proceso y el acceso a la justicia; tampoco se promueve la protección y reparación del daño en detrimento de la familia Alcalá. 

Este jueves se programó una nueva audiencia, pero la misma no estaba registrada en la agenda pública que el Poder Judicial emite casi a diario. En el Centro de Justicia de la ciudad de Saltillo no se dio a conocer el motivo por el que se omitió el caso sólo que no fue “por no querer ponerla”, aunque dicha actuación ha sido recurrente y el lunes 20 de octubre, que fue la anterior cita, tampoco aparecía en la lista de audiencias.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.

Detienen a “Conny” y a “Cybet”, presuntas integrantes de La Unión Tepito

Las detenciones ocurrieron durante la ejecución de tres órdenes de cateo en las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

En operativos conjuntos con fuerzas federales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutaron tres órdenes de cateo en las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, donde fueron detenidas Guadalupe “N”, alias “Conny” y a Esther “N”, alias “Cybet”, presuntas integrantes La Unión de Tepito.   

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron más de 400 dosis de aparente droga.

En un comunicado la SSC precisó que los cateos derivaron de denuncias ciudadanas y labores de inteligencia que identificaron presuntos puntos de venta de narcóticos en las colonias Santa Rosa y Providencia, en Gustavo A. Madero; así como la colonia Morelos, en Cuauhtémoc, zonas donde operan grupos vinculados al narcomenudeo. 

Los cateos se realizaron en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.  

El primer cateo ocurrió en un domicilio de la calzada Vallejo, en la colonia Santa Rosa, donde se decomisaron 85 dosis de cocaína, 42 de marihuana y documentos diversos. 

Posteriormente, los agentes intervinieron dos inmuebles más: uno en la calle Callejón de Estanquillo, colonia Morelos, y otro en la calle Estado de Sonora, colonia Providencia. En esos lugares fueron detenidas Guadalupe “N” y Esther “N”, de 31 y 36 años.  

Además, los uniformados aseguraron 171 dosis de cocaína, 50 gramos de la misma sustancia en piedra, un kilogramo de marihuana a granel y 104 dosis del mismo vegetal. 

Según la información oficial, Guadalupe “N” sería pareja sentimental de un presunto líder del grupo delictivo que opera en la zona centro, identificado como “El Armadillo”, quien fue detenido en abril pasado.  

En tanto, Esther “N” es señalada como pareja de un colaborador directo.  

Ambas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, mientras que los domicilios quedaron bajo resguardo policial.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Abandonan bolsas con restos humanos y una amenaza del “Comandante Diablo” en Puebla

Hasta esta mañana, las autoridades no han precisado a cuántas personas correspondían los restos humanos que estaban en las bolsas.

Bolsas con cuerpos humanos desmembrados que podrían corresponder a dos personas fueron abandonados la madrugada de este viernes en el camino a la junta auxiliar La Resurrección, municipio de Puebla. 

Sobre dos bolsas negras de basura además fue colocada una lona con un mensaje amenazante firmado por el “Comandante Diablo”.
“Ya llegó la limpia a todos los que andas con sus cobros de cuotas y extorsionando a gente que trabaja esto va para los supuestos brazos armados k andan por la zona, ya llegó la gente del Comandante Diablo Cuerpo de Fuerzas Especiales”, decía el texto escrito con tinta roja. 
De acuerdo a los reportes policíacos, alrededor de las 2:30 de la madrugada, habitantes de esa junta auxiliar pidieron la presencia de patrullas en el área conocida como el puente de piedra donde fueron abandonadas dos bolsas que tenían manchas de sangre y a un par de metros se encontraba una motocicleta.

Hasta esta mañana, las autoridades no han precisado a cuántas personas correspondían los restos humanos que estaban en las bolsas. 

Este hecho de violencia se suma a otros ocurridos en Puebla en los últimos días. Este mismo día, en Huixcolotla, fue localizado el cuerpo de una persona ejecutada en la batea de una camioneta. 

 El 22 de octubre de un hombre y una mujer que viajaban en una camioneta por calles de la colonia Barranca Honda fueron baleados desde otro vehículo en marcha y ese mismo día otro hombre fue ejecutado en la colonia Bosques de Santa Anita cuando viajaba en una motocicleta.   

También, el día 21, fue asesinado un hombre a balazos en el mercado La Fayuca en esta ciudad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Autoridades y activistas buscan restos en el Ajusco; estiman que hay más de 100 cuerpos

Aunque en Ciudad de México no se han reportado hallazgos semejantes a las fosas clandestinas localizadas en distintos estados, algunas con más de cien cuerpos, en los últimos años se han multiplicado las denuncias de que el Ajusco es utilizado para ocultar cadáveres.

Activistas, bomberos, autoridades y expertos forenses participaron este jueves en la búsqueda de restos humanos en una amplia zona boscosa de Ciudad de México, donde, según denuncias, están enterradas más de un centenar de personas desaparecidas.

La cita fue en el Ajusco, cerro de origen volcánico en el sur de la capital.

“Como es una zona sola, es por eso que a la gente (presuntos criminales) se les da la facilidad de venir a tirar los cuerpos“, dijo a la AFP Araceli Olmedo Cruz, de 40 años, quien busca a su hijo Benjamín, visto por última vez en un barrio cercano en abril de 2024.

Los colectivos que participaron en esta búsqueda estiman que en la zona puede haber entre 130 y 150 cuerpos de enterrados u ocultos.

Se calcula que en México hay más de 127 mil desaparecidos, la gran mayoría en medio de la violencia desatada luego de que en 2006 el gobierno lanzó un operativo militar antidrogas.

Arnulfo García busca a su mamá, Plácida, de quien justo hace un año no sabe nada, pero tiene la esperanza de que siga viva.

“Habíamos buscado en zonas urbanas de la ciudad, pegamos carteles”, dijo al explicar que decidió acudir a los trabajos en Ajusco para ayudar y tratar de contactar a autoridades que lo apoyen para localizar a su mamá.

Las jornadas de búsqueda fueron anunciadas por distintos medios y se prolongarán hasta el 31 de octubre.

Aunque en Ciudad de México no se han reportado hallazgos semejantes a las fosas clandestinas localizadas en distintos estados, algunas con más de cien cuerpos, en los últimos años se han multiplicado las denuncias de que el Ajusco es utilizado para ocultar cadáveres.

La búsqueda, en la que participaron 430 personas, se realizó por sectores bajo la guía de personal que conoce la zona y con la presencia de elementos armados de la fiscalía capitalina.

Las madres escarbaban el terreno con horquillas y palas, mientras otros con machetes y hasta maquinaria pesada cortaban la maleza.

El pasado 21 de octubre, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada alertó que en México se están produciendo “desapariciones sistemáticas”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AFP.
AUTOR: /.

Sheinbaum busca combatir extorsión desde penales, sin presupuesto y excluyendo de responsabilidad a compañías telefónicas

Claudia Sheinbaum propone frenar la extorsión que opera desde las cárceles, pero lo hace sin asignar presupuesto, sin involucrar a las telefónicas y admitiendo la incapacidad del Estado. Expertos advierten que, así, el delito seguirá operando desde prisión.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una iniciativa para prevenir, investigar y sancionar el delito de la extorsión, en particular el que es cometido desde el interior de los principales penales en el país, reconociendo la incapacidad que ha tenido el Estado mexicano para “ejercer un control efectivo dentro de sus propias instituciones”.

Sin embargo, lo hizo sin incluir responsabilidad para compañías telefónicas, sin establecer un monto presupuestario específico para ello y otras deficiencias, advierten diversos especialistas en la materia.

Un fenómeno cuya importancia radica en que estos ilícitos no solo proceden de los diversos centros de readaptación social y centros de internamiento para menores que hay en el país, sino además de los principales penales de máxima seguridad en el país, que provocan repercusiones individuales y colectivas, de ahí la preocupación por este fenómeno.

“Por eso coincido con la iniciativa. Es sabido que en muchas prisiones de México hay una especie de autogobierno de grupos del crimen organizado que para realizar actividades delictivas y tener acceso a la telefonía celular pagan una especie de impuesto. No obstante, quienes conducen los centros penitenciarios en ocasiones son delincuentes de alto perfil o hasta la propia guardia penitenciaria que les cobra para que puedan realizar estas llamadas”, señala David Saucedo, especialista en seguridad pública, en entrevista con Animal Político.

La iniciativa de Sheinbaum contra la extorsión

El lunes 20 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.

De acuerdo con su exposición de motivos, la iniciativa surgió en respuesta al incremento sostenido de la extorsión y la falta de uniformidad legal en los códigos penales estatales, buscando establecer un tipo penal único aplicable a nivel nacional.

Además de tipificar y sancionar la extorsión con penas más severas y agravantes, propone reformas a múltiples leyes —incluyendo los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales— para fortalecer la coordinación interinstitucional, asegurar la persecución oficiosa del delito, e implementar un régimen estricto penal para sentenciados, especialmente aquellos que operan desde centros penitenciarios.

“Donde, pese a encontrarse privadas de la libertad, numerosas personas internas logran acceder a teléfonos celulares y otros medios de comunicación desde los cuales intimidan, amenazan, extorsionan a la población, generando un clima de inseguridad que trasciende los muros de los centros penitenciarios”, señala la iniciativa.

Sin embargo, aunque esta no proporciona una cifra exacta o dato porcentual sobre cuántas extorsiones se originan en los centros penitenciarios, sí señala que, del año 2019, el primero del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hasta septiembre de 2025, se ha registrado un incremento de 20.8 % en el promedio diario de extorsiones cometidas en el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por ello, para combatir esta problemática, la nueva ley establece medidas específicas y de carácter obligatorio dirigidas a las autoridades de los centros penitenciarios federales y estatales.

La crisis penitenciaria y el control estatal: sin tecnología, sin presupuesto y sin tomar en cuenta a compañías

La nueva propuesta exige a los centros penitenciarios implementar, en un plazo no mayor a 180 días hábiles, los procedimientos y las tecnologías necesarias para inhibir la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación y de transmisión de voz, datos o imágenes dentro de su perímetro.

“El objetivo es cerrar de manera definitiva una de las principales brechas por las que este ilícito ha logrado mantenerse vigente y expandirse […] Garantizar que ninguna persona privada de su libertad pueda seguir delinquiendo desde prisión constituye una condición indispensable para restablecer la confianza ciudadana y demostrar que la justicia se aplica en todos los niveles, sin excepciones ni tolerancia a la impunidad. Los centros penitenciarios serán un límite real y no un punto de operación de la delincuencia”, señala la iniciativa.

Sin embargo, una de las principales críticas se centra en que resulta “insuficiente” la sola mención de que los centros penitenciarios deberán contar tecnologías como los inhibidores de señal, pues ya existía desde hace varios sexenios la normativa secundaria que establecía la necesidad de que los reclusorios contaran con inhibidores.

“Lo que se requiere es una inversión importante en los centros penitenciarios para dotar de esas tecnologías. Algunos centros penitenciarios ya cuentan con estos inhibidores de señal. Sin embargo, lo que falla no son las tecnologías, sino las personas. Es decir, sistemas de monitoreo para constatar que en efecto están activos estos inhibidores. Las cárceles también tienen aduanas inteligentes con escáneres, rayos X, binomios caninos y detectores de partículas para identificar si alguna persona que va de visita a un reclusorio porta algún tipo de sustancia ilegal, alguna droga o aparato”, señala Saucedo.

Hoy en día la extorsión también se explica por la pluralidad de medios e instrumentos que se emplean, como herramientas telefónicas, electrónicas y tecnológicas, que permiten al agresor no tener contacto directo con las víctimas. Por ejemplo, en 2023 se tuvo registro de que en el 85 % de los casos, el delito de extorsión se cometió vía telefónica, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024).

La iniciativa señala que el “hecho probado” de la comisión del delito de extorsión mediante telefonía celular proveniente de un centro penitenciario será considerado para la aplicación de sanciones disciplinarias, como la restricción temporal de tránsito en el interior o el aislamiento temporal.

Además, propone que en caso de que se revele que la extorsión proviene de llamadas telefónicas realizadas desde el interior de un centro penitenciario, la autoridad judicial ordenará el bloqueo y anulación inmediata del IMSI e IMEI asociado al número telefónico relacionado con la llamada extorsiva, con control judicial previo.

No obstante, aunque especialistas coinciden en varios aspectos fundamentales de esta propuesta, otra de las principales críticas se centra en que la nueva ley es insuficiente, porque se tendría que ampliar la responsabilidad a las propias compañías de telefonía.

“En otros países, las empresas telefónicas que brindan el servicio también son responsables en caso de que vendan equipos o líneas telefónicas a personas que no estén plenamente identificadas. En el caso de que ya haya personas sancionadas por la comisión del delito de extorsión telefónica, tendría que crearse un padrón a efecto de que, una persona que haya tenido algún proceso o sentencia en firme por extorsión hubiera una alerta, pero hasta el momento las compañías están al margen, no se les ha molestado y las dos grandes, Telcel y AT&T, no tienen ningún tipo de responsabilidad cuando se comete algún delito con sus aparatos”, señala Saucedo.

Responsabilidad de las autoridades y la corrupción: una tarea pendiente

En su exposición de motivos, la presidenta Claudia Sheinbaum también señala que la extorsión en México es “fenómeno criminal amplio, lacerante, complejo e intolerable”, que ha sido identificado como una “tarea pendiente” por las autoridades, pero también como una situación que ha sido tolerada por algunas de ellas.

Ante esta situación, la presidenta también propone que las personas directoras de los centros penitenciarios sean las que deban garantizar que las personas sentenciadas por el delito de extorsión no tengan acceso a medios digitales o electrónicos tales como teléfonos celulares, tabletas o computadoras.

También propone tipificar como falta grave en materia de responsabilidades administrativas el incumplimiento de las medidas de control por parte de las personas directoras de los centros, con independencia del delito en que pudiera incurrir (artículo 38) e imponer una multa de tres a ocho años de prisión y de dos mil a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quién, sin autorización, introduzca o intente introducir a un centro penitenciario cualquier dispositivo electrónico que permita la transmisión de datos, voz o geolocalización (artículo 23).

Esto nuevamente genera dudas sobre la aplicación de sanciones y los niveles de complicidad o negligencia al interior del sistema, pues el sistema carcelario en México es considerado como “muy poroso” y “sumamente corrupto”.

“Me parece que en este caso México sí requiere del apoyo y la asistencia de Estados Unidos, que tiene un sistema notablemente superior al nuestro. Sí será importante que en los acuerdos y las negociaciones bilaterales que haya en materia de combate al crimen organizado se establezca tener algún tipo de conducción y guía para mejorar nuestro propio sistema carcelario”, señala Saucedo.

Además de las penas anteriores, la iniciativa también propone aumentar hasta en una mitad estas penas si quien introduce el dispositivo es una persona servidora pública, defensora o asesora jurídica. A los servidores públicos, además, propone imponerles la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena impuesta, que comenzará a contarse a partir de se se haya cumplido la pena de prisión (artículo 23).

Finalmente, se establece que se aplicará la pena básica del delito de extorsión —que es de seis a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA (artículo 15)— incrementada hasta en una tercera parte a la persona servidora pública o autoridad penitenciaria que facilite los medios o permita las condiciones para la comisión de los delitos de extorsión (artículo 24).

Sheinbaum y Harfuch reconocen incapacidad para controlar penales de máxima seguridad

En su iniciativa la presidenta también asegura que esta realidad no solo revela deficiencias estructurales en la administración penitenciaria, sino que además exhibe la incapacidad del Estado mexicano para ejercer un control efectivo dentro de sus propias instituciones.

“Cuando una persona privada de su libertad puede seguir delinquiendo desde un centro penitenciario no sólo se vulnera la función de la reinserción social del sistema penitenciario, sino que se exhibe la incapacidad del Estado mexicano para ejercer un control efectivo dentro de sus propias instituciones”, señala.

Esta situación fue reconocida desde hace meses por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que luego de que México entregó a Estados Unidos a 26 personas de alto perfil criminal con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa reconoció que estos capos operaban desde las cárceles mexicanas.

“Estos delincuentes de alto perfil, que aún privados de su libertad, continúan dirigiendo actividades ilícitas, mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”, señaló.

David Saucedo también asegura que se ha comprobado que los penales de máxima seguridad en México rápidamente se convierten en “cárceles de alta comodidad” u “hoteles de cinco estrellas” para los narcotraficantes de alto perfil, desde donde muchos capos del crimen organizado siguen delinquiendo.

“Así, hemos comprobado que en México las cárceles de alta seguridad rápidamente se convierten en cárceles de alta comodidad, hoteles de cinco estrellas para los narcotraficantes de alto perfil. La alternativa es la que los propios norteamericanos nos están imponiendo: ante la incompetencia de nuestro sistema carcelario, ellos exigen que los delincuentes de alto perfil sean extraditados a los Estados Unidos. Entonces, en este caso, creo que sí se requiere el apoyo internacional para mejorar para mejorar nuestro sistema carcelario”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MEZA.

Impunidad en la FGR: congelan caso de acoso y premian a denunciado

Pese a las órdenes de un juez, la FEVIMTRA archivó la investigación por hostigamiento sexual contra un exjefe policial. Mientras la víctima exige justicia, el funcionario fue ascendido a un cargo en Chiapas.

Edgar Gerardo Aguilar Quintana, exjefe de la Policía Federal Ministerial en la Ciudad de México, fue denunciado desde hace dos años por hostigamiento sexual y discriminación, pero la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) sólo inició su investigación por el segundo delito.

Este es el segundo caso en el que un funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) es denunciado por acoso sexual y la FEVIMTRA decide no proceder penalmente en su contra.

De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, identificada con las iniciales EMB, Aguilar Quintana le envió mensajes vía WhatsApp en los que le hacía insinuaciones sexuales.

Al no obtener respuesta accesible por parte de su subalterna, quien ocupa el puesto de oficial investigadora, ella afirma que fue “congelada” para no poder crecer laboralmente dentro de la institución.

Cuando EMB acudió al Ministerio Público a presentar su denuncia, éste intentó justificar al entonces funcionario federal comentando que probablemente se encontraba en estado de ebriedad y que, por eso, después le ofreció disculpas.

Ella presentó testigos, datos de prueba, solicitó diversos actos de investigación y hasta denunció ante el Órgano Interno de Control (OIC) las omisiones de la FEVIMTRA.

En septiembre de 2024 solicitó una audiencia ante un juez de control para debatir sobre las omisiones del Ministerio Público en la carpeta de investigación y obtuvo un fallo favorable.

El juez ordenó ampliar las líneas de investigación a hostigamiento sexual y no ceñirse a la discriminación, pues consideró que ésta fue consecuencia del hostigamiento.

También ordenó implementar medidas de protección para la víctima.

Sin embargo, para marzo último la FEVIMTRA decidió no ejercer acción penal, determinación que fue impugnada por Karina y calificada de ilegal por la juez que resolvió esa impugnación.

La juzgadora ordenó reabrir la investigación y realizarla con perspectiva de género por ambos delitos.

Pese a ello, el funcionario fue designado como “suplente para el despacho y resoluciones de los asuntos asignados a la Jefatura de la Policía Federal en el estado de Chiapas” por lo que, al sentirse vulnerable nuevamente, el 23 de julio de este año EMB presentó un escrito ante el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, con copia para el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sin que a la fecha hubiera recibido respuesta alguna.

Proceso tuvo acceso a la tarjeta informativa en la que EMB reprochó el nombramiento en favor de su agresor y lo señaló de intentar intimidar a sus testigos, que en su mayoría son mujeres.

“Promover a un puesto de mando a un servidor público que en el ejercicio de sus funciones ha vulnerado los derechos humanos y laborales de terceros, ha intimidado en aras del desistimiento de la denuncia en su contra y actuado en total desapego a los principios que nos rigen como personal adscrito a la Fiscalía General de la República, da muestra de la asimetría laboral que existe entre hombres y mujeres y que predomina al interior de la Policía Federal Ministerial, a su vez, implica la normalización de la violencia de género en el ámbito policial y transgrede mis derechos como víctima –señaló EMB en su escrito–”.

También acudió a la Secretaría de las Mujeres donde fue canalizada al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) donde ingresó una queja.

Sin embargo, en el Consejo le recomendaron acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para denunciar las irregularidades de la FEVIMTRA.

La víctima pidió un tamizaje de riesgo para ajustar las medidas de protección que solicitó desde el inicio, pero la MP encargada del caso consideró que no existe riesgo “real y latente” para ella, pese a que el investigado tiene acceso a armas, poder económico y político.

Tendencia en la FGR

Esa no es la primera vez que una trabajadora de la Fiscalía General denuncia a un superior jerárquico por acoso sexual sin que el Ministerio Público federal proceda en su contra.

El 9 de mayo último Proceso dio a conocer el caso de Ana “N”, quien desde noviembre de 2017 intentó denunciar, sin éxito, al delegado de la FGR en Tabasco, Martín Rivera Cisneros, por realizarle tocamientos, insinuaciones, enviarle mensajes y cartas de índole sexual entre 2016 y 2017 cuando él era titular de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero.

Sin embargo, no fue sino hasta el año 2019 que la FEVIMTRA aceptó iniciar una carpeta de investigación contra Rivera Cisneros, pero en septiembre de ese año el Ministerio Público federal decretó el no ejercicio de la acción penal.

La decisión fue revocada por una juez de control el 5 de noviembre de 2019, quien destacó que hubo falta de análisis sobre la asimetría de poder existente entre Ana y su agresor, y que la FGR actuó con parcialidad durante la investigación ocasionando revictimización.

Por ello, la juez ordenó enviar la carpeta a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI) por tratarse de un servidor público en activo, pero cuatro años después nuevamente el Ministerio Público decretó el no ejercicio de la acción penal.

La decisión fue revocada el 7 de noviembre de 2022 por un juez de control que consideró que el Ministerio Público fue omiso al no designar a Ana un asesor jurídico, pese a que le fue solicitado en diversas ocasiones.

La FEAI judicializó el caso por hostigamiento sexual, abuso sexual y discriminación. Sin embargo, el 25 de agosto último el juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, rechazó vincular a proceso a Martín Rivera Cisneros.

El 28 de agosto siguiente la FEAI, Ana e incluso su esposo, como víctima indirecta, presentaron un recurso de apelación contra esta decisión, misma que se prevé sea resuelta en los próximos meses.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.