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Con tolerancia del gobierno de la CDMX, continúa operación ilegal del servicio de motocicleta por app

Ni la muerte de una pasajera ni las promesas de la autoridad detienen a las apps de transporte en moto que siguen ofreciendo el servicio fuera de la ley y bajo la mirada permisiva del gobierno de la CDMX que prometió regularlas.

A prácticamente tres meses de que una usuaria de transporte por motocicleta perdiera la vida, las aplicaciones que ofrecen este servicio continúan operando en la ilegalidad y con la tolerancia de las autoridades capitalinas que no han cumplido su palabra de regularizar este servicio prohibido en la ley.

“Se prohíbe el transporte de pasajeros en motocicletas adaptadas, carros de golf u otro medio de transporte motorizado y no motorizado no autorizado por la Secretaría”, se lee en el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Movilidad.

La mañana del 23 de julio pasado, una mujer de 37 años perdió la vida luego de que la motocicleta que solicitó por una app intentara rebasar entre carriles y el conductor perdiera el control mientras circulaban por Paseo de la Reforma.

En ese momento este servicio fue puesto en la mira de las autoridades y aunque ya tenían alrededor de dos años operando, el gobierno de la Ciudad de México anunció que era ilegal y que presentaría acciones jurídicas en su contra.

“El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi) informa que las aplicaciones que ofrecen el servicio de transporte en motocicleta no cuentan con permiso alguno y se encuentran operando en la ilegalidad. Por ello, la Semovi inició las acciones jurídico administrativas pertinentes para que las empresas que operan erradiquen esta modalidad de transporte”, informó la dependencia en un comunicado.

El titular de la Semovi, Héctor Ulises García Nieto, publicó un video en su cuenta de Facebook en el que señaló que tomarían acciones para no permitir este servicio “porque es altamente riesgoso y pone en peligro a todos los que lo usan”.
A la fecha, nada ha cambiado y el servicio continúa operando en la ilegalidad y con tolerancia de las autoridades.

Animal Político buscó a la Secretaría de Movilidad y a la Consejería Jurídica del Gobierno local para conocer los avances en la regulación y conocer las razones por las que permiten que el servicio siga prestándose en la ilegalidad. Hasta la publicación de este texto no hubo respuesta.

También se buscó a Uber, que informó que no tenían ningún comentario.

Solo la plataforma DiDi, que desde hace unos dos años ofrece este servicio, atendió la solicitud y aseguraron que han tenido reuniones con las autoridades a fin de contar con una regulación benéfica para todos y que incluso les han propuesto modificaciones puntuales.

“Nosotros hemos sido muy respetuosos de la autoridad y tanto en la administración pasada como en esta hemos tenido un diálogo cercano y respetuoso (…) y les hemos platicado también de una propuesta regulatoria porque creemos que prohibir lo único que genera es invisibilizar y que regular es traer a la luz y proteger”, explicó Tonatiuh Anzures, director de relaciones con gobierno de DiDi México.

“(Hemos propuesto) proactivamente un marco regulatorio que traiga a la luz no solamente los servicios de moto por plataforma, sino todos los servicios de mototaxis que se dan en estas zonas de marginación media alta y muy alta y que podamos, a partir de ello, dar el reconocimiento de la motocicleta como un vehículo de inclusión, pero fundamentalmente el tema de la seguridad vial y por supuesto el tema de salud pública”, agregó.

En días pasados, este medio informó que en la última década el número de motocicletas registradas que circulan en la CDMX pasó de 260 mil a 750 mil, es decir, incrementaron en un 188 %, y que, acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el 90 % de ellas circula sin tener un seguro de protección.

Aunque el incremento significa un desafío en materia de movilidad y seguridad vial, ahora también lo es en materia de salud pública ya que las salas de emergencia están saturadas de lesionados involucrados en hechos viales con motocicletas.

En entrevista, Anzures informó que a pesar de la prohibición expresa para ofrecer este servicio, continuarán operando porque atienden una necesidad de movilidad en la CDMX.

“Todavía no hay una fecha para un parlamento abierto, pero nosotros estaríamos en el mejor interés de poder hacerlo”, subrayó.

—Y en tanto se materializa, ¿ustedes no tienen previsto suspender el servicio? —se le preguntó.

—“Mira, lo que sucede es que hay una necesidad social enorme. Hay una demanda creciente de este tipo de servicios y, por supuesto, nosotros, pensando en eso y en los ingresos de los motociclistas, hemos tomado esta postura de (dar) el servicio, pero sobre todo de regular”.

Descartó que esta decisión sea una afrenta al Gobierno capitalino e insistió en que mantienen el diálogo a fin de poder transitar a la regulación del servicio.

30 mil motocicletas ofrecen este servicio; la mitad de los viajes los hacen mujeres

Aunque no se tiene una cifra exacta de cuántas motocicletas ofrecen servicio de transporte por aplicación en la CDMX, DiDi México estima que se trata de 30 mil unidades que circulan en la CDMX y el Área Metropolitana.

La mitad de los viajes solicitados son de mujeres y el 30 % de todas las solicitudes son específicamente para llegar a Centros de Transferencia Modal (Cetram) y de ahí tomar otros medios de transporte para llegar a sus destinos.

Tamara, de 26 años, desde hace un año es usuaria regular de los servicios de transporte por motocicleta que ofrecen Uber y DiDi, porque es más barato que si solicitara un coche, y en la mayoría de las ocasiones es más rápido.

Reconoció, antes de compartir su experiencia, que desconocía que el servicio era ilegal.

“Todos me han dado casco. Solo en uno el casco era más de un scooter que de una moto y eso me preocupó (…) y sobre si respetan el reglamento de tránsito la verdad yo creo que uno de cada 10 lo hace porque se van por las ciclovías, se pasan los altos, se van moviendo entre los coches. Me ha dado miedo y también pena decirles que no lo hagan porque tampoco quiero que me den una mala reseña en las aplicaciones”, explicó la joven.

Cuestionada respecto de si sabe si los motociclistas tienen un seguro contra accidentes, refirió no saber, aunque consideró que si el servicio es ilegal, el seguro que puedan tener, también.

“Yo creo que me la voy a pensar un poquito más (seguir usando este servicio) porque no tienen permiso, pero la verdad lo veo un poco difícil porque ahorras mucho tiempo y dinero”, aceptó Tamara.

“Tenemos seguro”

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) nueve de cada 10 motocicletas que circulan no cuentan con ningún tipo de seguro, pero en el caso del servicio DiDi Moto, afirmó Tonatiuh Anzures, director de relaciones con gobierno de DiDi México, su servicio está protegido.

No se trata de un seguro individual de cada motociclista, sino de un seguro que se activa apenas el usuario se sube a la motocicleta y no solo cubre al usuario, sino al motociclista y a terceros que pudieran resultar lesionados.

“El seguro de la plataforma aplica apenas te subes a la motocicleta (y tiene) una cobertura integral para brindar esta protección en nuestros viajes (…) eso es muy importante aclararlo, (además) con la Reforma Laboral (todos los motociclistas) están cubiertos por riesgos de trabajo y nos da mucho gusto que al menos no seamos parte de esta estadística”, subrayó.

La propuesta

Aunque hasta la fecha no hay avances claros en la regularización del servicio, Anzures compartió los principales ejes que han propuesto a las autoridades capitalinas a fin de poner en claro las reglas para la prestación del servicio.

En primer lugar, explicó, que a todos los usuarios se les entregue, al momento de iniciar su viaje, un casco certificado.

“Nosotros le pedimos al pasajero o pasajera que si ve que el conductor no llega con un casco de esas características, siempre puede cancelar sin penalidad”, detalló.

También que se impulse una prueba teórica y práctica para la obtención de un certificado estándar de competencias en “Conducción de Motocicleta”, mismo que ya puso en marcha el Estado de México y es emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (Conocer).

En tercer lugar que las motocicletas que ofrecen este servicio tengan características específicas y que, como sucede con el servicio de transporte por autos que paga a la Tesorería 1.5 % del total de viajes, a las motocicletas también se les requiera este impuesto.

“¿Qué estamos proponiendo sobre este 1.5 %? También, por supuesto, considerarlo para el caso de las motocicletas, pero que sea para campañas de concientización, para seguridad vial y atenderlo como un tema de salud pública desde esa perspectiva de política pública”, señaló Anzures.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DALILA SARABIA.

“Sin pistas claras”: a casi dos años de su desaparición, búsqueda de Sergio se extiende en barrancas de Álvaro Obregón

La búsqueda de Sergio, desaparecido en 2023, tuvo una jornada extendida en las zonas aledañas al sitio donde se le vio por última vez; las jornadas continuarán en noviembre, mientras su familia exige un plan individualizado de búsqueda forense.

A casi dos años de su desaparición, esta semana se llevó a cabo la primera jornada extendida oficial de búsqueda en vida dedicada a Sergio Gerardo Jiménez, desaparecido en la alcaldía Álvaro Obregón cuando tenía 34 años de edad. Su hermana Carolina y su mamá Julieta recorrieron durante cinco días diferentes zonas de las barrancas de Álvaro Obregón, áreas aledañas a donde fue visto por última vez el 20 de octubre de 2023.

“Seguimos sin pistas claras sobre su paradero. A pesar de los esfuerzos de la familia, confiando en la competencia de las autoridades de la Ciudad de México, empujando las investigaciones pertinentes en fiscalía. El caso sigue sin resolverse con el riesgo grave de convertirse en un caso de larga data”, remarcaron Carolina y Julieta.

Para ellas, el carácter de larga data de un caso solo habla de la ineficiencia, falta de capacidad y competencia de las autoridades para resolver los delitos de desaparición en México, y aún más, para prevenirlos y combatirlos, pues el fenómeno sigue teniendo lugar –y tiende a agravarse– en varias zonas del país y de la Ciudad de México.

La familia de Sergio dijo durante estas jornadas de búsqueda que les apremia encontrarlo, por lo que exigen profesionalismo y seriedad institucional a los agentes del Estado que se encargan de la búsqueda y la prevención, pues son los primeros responsables de garantizar a toda la ciudadanía una vida segura, digna y libre de violencia.

“Las víctimas y las familias de personas desaparecidas en México necesitamos que las fiscalías conformen unidades integrales e interdisciplinarias, capaces de estar a la altura del desafío que representa la crisis de desapariciones en el país. Este fenómeno, que se remonta muchos años atrás, sigue siendo recurrente, está cobijado por la impunidad y pone en riesgo a toda la sociedad civil, especialmente a los jóvenes en situación vulnerable, así como a las familias que buscan justicia y verdad, cuya labor implica un enorme riesgo”, puntualizaron.

Los recorridos por las calles de la alcaldía Álvaro Obregón abarcaron acciones de difusión en Calzada de Las Águilas, calle de Tarango, San Bartolo Ameyalco, avenida Centenario, avenida Tamaulipas en el perímetro de Santa Lucía, así como en centros de rehabilitación, integración y especialidad médica. Volvieron a colocar fichas de búsqueda, lonas y otros elementos que puedan ayudar a localizar a Sergio.

La noche del viernes 20 de octubre de 2023, cuando desapareció, Sergio Gerardo Jiménez había pasado las últimas horas en su casa, en la colonia Las Águilas. Estaba ya casi por dormir cuando avisó que saldría y no regresó. Su madre estaba acostumbrada a que habitualmente bajara por un cigarrillo y volviera, pero esa vez no ocurrió así.

El sábado, después de que pasaron varias horas sin conocer su paradero, su familia empezó el camino de la denuncia y la búsqueda. Caro había tenido una última conversación con él la noche anterior, para pedirle que estuviera pendiente de un viaje que ella emprendería a la mañana siguiente mediante una aplicación de transporte. Luego cambió de parecer, pensando que estaría dormido, pero lo esperaba más tarde para hacer algunos arreglos en su departamento. Nunca le había quedado mal con eso, pero aquella fue la primera vez que no llegó.

“Exigimos su localización inmediata”

Cuando Sergio cumplió un año de desaparecido, en octubre de 2024, se sabía ya, como un hecho, que había sido víctima de desaparición cometida por particulares. Desde diciembre de 2023 se había dado continuidad a esa línea de investigación, aunque de manera tardía.

Desde entonces Carolina remarcaba que si la Secretaría de Seguridad Ciudadana se hubiera incorporado antes, con un trabajo interinstitucional coordinado, hubiera habido una acción más rápida, eficaz y eficiente para no perder evidencias y recabar la mayor información posible a través de las cámaras alrededor de la zona donde se le vio por última vez, y donde esta semana se acudió de nuevo a buscarle.

Por eso, a casi dos años de su desaparición, la exigencia principal de su familia sigue siendo su localización inmediata mediante la aplicación de todos los mecanismos e instrumentos al alcance de las autoridades para resolver el caso y llevar a la justicia a los responsables. Se trata de un delito que atenta contra muchas familias de la alcaldía Álvaro Obregón y de la Ciudad de México, especialmente durante los últimos años.

En las jornadas de búsqueda de esta semana, además de las instancias de seguridad, participaron integrantes de las comisiones de búsqueda local y nacional, aunque nunca las suficientes. Los días lluviosos también fueron complicado cubrir todas las rutas que se habían propuesto, aunque a partir del 3 de noviembre volverán a retomarse las que hicieron falta.

Carolina y su mamá han insistido en que también debe terminar de delinearse un plan de búsqueda forense, con la información, planes de prospección y análisis de contexto que ayude a tener un plan individualizado en el caso de Sergio. A casi dos años de su desaparición, es un plan con el que todavía no se cuenta.

En la alcaldía Álvaro Obregón desaparecieron 322 personas entre el 1 de abril de 2018 y el 20 de mayo de 2025. Año con año, la estadística ha ido en aumento: de los ocho casos registrados en 2018, se contabilizó un crecimiento a 36 en 2022, 56 en 2023 y 90 en 2024.

El 62 % son hombres, la mayoría en un rango de edad de 20 a 45 años. En ese mismo periodo, las desapariciones en la Ciudad de México rebasan las 4 mil 700, la mayoría hombres, pero con un crecimiento importante del porcentaje de mujeres cuando se trata del periodo de edad de la adolescencia.

Requerimos también una depuración de funcionarios y autoridades que, por falta de competencia, negligencia, obstrucción, colusión, apatía o indolencia —cualquiera que sean las razones—, no actúan conforme a las exigencias de los casos ni al sentido de urgencia que demanda el desafío de lograr la localización con vida de la víctima”, dijo la familia de Sergio.

Además, a casi dos años de la desaparición, siguen insistiendo en medidas de seguridad urgentes para su familia y una atención integral inmediata de la Comisión de Atención a Víctimas capitalina, cuyos mecanismos de atención se han visto sumamente limitados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Trabajadoras sexuales marchan nuevamente contra construcción de ciclovía en calzada de Tlalpan

Con la consigna “¡Derecho total al trabajo sexual!”, trabajadoras sexuales denunciaron que la ciclovía afecta su trabajo y sus ingresos.

Con la consigna “¡Derecho total al trabajo sexual!”, trabajadoras sexuales marcharon una vez más para denunciar que la construcción de la ciclovía sobre la calzada de Tlalpan afecta su trabajo y sus ingresos.  

Las inconformes se dieron cita a las 15:00 horas sobre la avenida mencionada, a la altura de la estación Viaducto, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde portaron carteles en los que escribieron: “El trabajo sexual sostiene familias”.

Fueron alrededor de 50 trabajadoras sexuales las que recorrieron Tlalpan este lunes 13 de octubre, mientras señalaban la infraestructura que ha colocado el Gobierno de la Ciudad de México para crear la ciclovía de cara el Mundial de Futbol 2026, ya que dicha obra conectará el Centro de la capital mexicana con el Estadio Azteca, donde se celebrarán cinco partidos de la contienda futbolera, incluyendo el duelo inaugural.  

Con megáfono en mano, las sexoservidoras afirmaron: “Las colegas que han trabajo aquí, que están viendo cómo esto está siendo una excusa para un desplazamiento social de ellas, es totalmente inaudito debido a que este espacio de calzada de Tlalpan es históricamente conocido como un espacio donde se ejerce el trabajo sexual”.  

Entre las presentes, hubo mujeres que han ejercido dicho oficio en la zona por más de 20 años: “Que estén haciendo una ciclovía sin tenerlas en consideración para blanquear y gentrificar más la Ciudad de México, no lo vamos a tolerar”.  

Se trata de al menos la quinta protesta que encabezan las inconformes para pronunciarse contra la ciclovía, entre las movilizaciones, los pasados 19 y 27 de agosto, así como el 5 de septiembre, trabajadoras sexuales que ejercen sobre Tlalpan encabezaron bloqueos y protestas en la zona para denunciar que la instalación de jardineras a lo largo de la vialidad reduce su espacio y afecta directamente sus ingresos. 

Ante la inconformidad de las trabajadoras, el Gobierno capitalino llevó a cabo siete mesas de trabajo en las que participaron las sexoservidoras, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), el Área de Atención a la Diversidad Sexual y la Dirección de Derechos Humanos. Como resultado, el pasado 8 de septiembre, acordaron habilitar 58 puntos de inclusión sobre la calzada, que funcionarán como bahías libres de jardineras para que las trabajadoras puedan continuar con sus actividades. 

Sin embargo, el descontento permaneció y el 24 de septiembre se registró otra movilización encabezada por la Asociación Brigada Callejera y la organización en pro de las mujeres y personas LGBTTTIQ+ en situación de calle, LLECA.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Sindicato del Metro señala que suspensión de servicio en Línea A es por falta de desazolve

Según el sindicato, la falta de desazolve en el drenaje urbano “genera filtraciones de agua a las estaciones del Metro, afectando seriamente los equipos técnicos” y electrónicos de las estaciones.

Las recientes suspensiones del servicio en la Línea A del Metro por las lluvias en el oriente de la Ciudad de México se deben a la falta de desazolve y de obras de infraestructura hidráulica por parte de los gobiernos capitalino y del Estado de México, aseguró el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNTSTC), liderado por Fernando Espino Arévalo. 

Según el organismo, la falta de desazolve en el drenaje urbano “genera filtraciones de agua a las estaciones del Metro, afectando seriamente los equipos técnicos” y electrónicos de las estaciones. Ello, acusó, genera parte de las constantes averías y fallas de la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, ésta última estación ya se ubica en territorio mexiquense.

Según el líder del SNTSTC, Fernando Espino, “cada temporada de lluvias, ante la falta de obras de infraestructura hidráulica de la zona y la falta de desazolve, se inundan las instalaciones del Metro, las Vías y los sistemas electrónicos de los trenes”. 

Eso, dijo, hace necesaria la suspensión del servicio de la Línea A, “con el consecuente malestar de los usuarios que culpan al Metro y a sus trabajadores, cuando la causa principal además de las citadas, es la falta de obras hidráulicas por parte de los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México”. 

El Sindicato dijo que, mediante posts informativos en trenes, estaciones y redes sociales, han informado de esa situación a los usuarios de la Línea A. 

En las últimas semanas, las lluvias torrenciales que han azotado el oriente de la capital, en particular en la alcaldía Iztapalapa, han provocado la suspensión del servicio en la mencionada línea, usada por alrededor de 113 mil pasajeros diarios. 

Además, los operativos de transporte alterno ordenados por el gobierno de Clara Brugada, con camiones de la RTP y vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han resultado insuficientes para atender la demanda de los usuarios, muchos de ellos, adultos mayores.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Gobierno de Baja California pide dinero para damnificados y lo tunden en redes sociales

La ciudadanía criticó al Gobierno de BC por solicitarle dinero para, supuestamente, ayudar a los damnificados por las lluvias en México.

El Gobierno del Estado de Baja California publicó este lunes 13 de octubre una campaña para solicitar donativos con el supuesto fin de ayudar a los damnificados por las lluvias en México, pero la tuvo que borrar debido al alud de críticas por pedirle dinero a la ciudadanía.  

La administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda hizo una publicación en la cuenta oficial de redes sociales de Facebook del gobierno estatal bajo el lema “¡Es momento de Ayudar! Apoyemos a los damnificados por las lluvias en México”. 

Para esto, indicó que se había “habilitado una cuenta para recibir donaciones” a nombre de “Gobierno del Estado” y con la cuenta 1339386692 del banco Banorte. 

Además, la Clabe Interbancaria 072 020 013393866927 y el RFC GEB4603194H7, para cerrar con el mensaje “Tu apoyo hace la diferencia porque cuando México se une nada nos detiene”. 

Para los 47 minutos ya había acumulado casi mil reacciones, principalmente de “Me Divierte”, y habían escalado las burlas y cuestionamientos, además de recordarse que para estos casos se usaba el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). 

Dicho fideicomiso fue eliminado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, debido a que tenía “mucha burocracia” o se falsificaban las compras, según expuso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes 13 de octubre, al abordar los daños, decesos y personas perdidas en cinco estados del país, luego de las lluvias extraordinarias del 6 al 9 de octubre.  

Por su parte, la ciudadanía que alcanzó a ver la petición se mostró crítica ante la misma.  
“Si, si, ¿efectivo? ¡N´ombre! Mejor busquemos asociaciones civiles para que les hagan llegar la ayuda”, sugirió Mariza Arcos, mientras que Joss Az cuestionó: “¿No se supone que para ese tipo de situaciones hay dinero? Si no mal recuerdo, se llamaba Fonden, o algo así. Entonces, ¿por qué pedir dinero cuando pueden pedir víveres? Digo porque, conociendo al gobierno, no me sorprendería que quieran sacar provecho de la situación y robarse unos miles de pesos porque es la primera vez que veo que piden dinero y no víveres”.  
Ricardo A. de León señaló: “Por algo no están dejando a las asociaciones civiles ayudar directamente”, al tiempo que Isela Rodríguez agregó: “Que donen lo que gastó Marina del Pilar en la Fiesta del Grito. Y ni es en contra de ayudar, pero creo que los bajacalifornianos sabemos hacer el bien y ayudar, pero el descaro del gobierno ahora pidiendo”.
“Si antes no llegaban las latas, mucho menos el dinero. Ahora sí se pasaron esos de la 4T”, comentó Graciela ViDa, mientras que Emmanuel Buelna reviró: “Y el pueblo de Baja California invita a la gobernadora, diputados, senadores y presidentes (municipales) a que pongan sus comprobantes de que ya mandaron su apoyo”. 
Samuel Díaz coincidió con lo anterior: “Que la gobernadora y los legisladores locales donen el total de su salario”, al tiempo que Iván Martínez exigió: “Ya estuvieran los del gobierno poniendo el ejemplo donando una cuarta parte de su sueldo”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

FMI eleva previsión de crecimiento para México a 1% en 2025

La institución advirtió, sin embargo, que la inflación sorprendió al alza en México, un factor que podría moderar la expansión económica en los próximos meses.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza sus previsiones de crecimiento para América Latina y el Caribe, impulsadas principalmente por México, que debería crecer un 1% en 2025, lejos del 0.2% que el mismo organismo estimó para el país en sus Perspectivas de la Economía Mundial de julio.

La institución advirtió, sin embargo, que la inflación sorprendió al alza en México, un factor que podría moderar la expansión económica en los próximos meses.

Crecimiento regional estable pese a los aranceles

Aun con ese repunte, el FMI prevé que la economía regional crezca 2.4% en 2025, sin cambios respecto al año pasado, una cifra “estable” pese a la amenaza de los aranceles estadounidenses. Para 2026, la economía de América Latina “caerá ligeramente hasta el 2.3%”, indicó el informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO).

“La previsión para 2025 es revisada al alza en 0.4 puntos porcentuales respecto a abril debido a los aranceles más bajos de lo previsto para la mayoría de los países y datos más robustos de lo esperado”, explicó el texto.

Además de México, Brasil crecerá un poco más de lo previsto, a 2.4%, aunque representa una caída frente al 3.4% registrado en 2024.

Panorama mundial más optimista

A nivel mundial, el FMI elevó también sus perspectivas de crecimiento, al 3.2% en 2025, frente al 3% esperado en julio. En el caso de Estados Unidos, el pronóstico aumentó 0.1 puntos porcentuales este año y el próximo, con un crecimiento previsto de 2% en 2025 y 2.1% en 2026.

Los temores iniciales a una gran incertidumbre global por los aranceles anunciados por Donald Trump al inicio de su presidencia se han disipado parcialmente. “El impacto en el crecimiento debido al shock comercial es modesto hasta ahora”, dijo el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, antes de la publicación del informe.

De acuerdo con el organismo, las políticas arancelarias estadounidenses se han acompañado de negociaciones bilaterales y de una continua inversión tecnológica en los países avanzados, lo que ha mantenido el motor económico en marcha.

Un 2025 marcado por la volatilidad

“El año 2025 ha sido fluido y volátil, con gran parte de la dinámica impulsada por una reorganización de las prioridades políticas en Estados Unidos y la adaptación de políticas en las otras economías a nuevas realidades”, explicó el informe.

En el resto de la región, el crecimiento más destacado será el de Argentina, con un 4.5%, tras la caída de -1.3% en 2024. Le siguen Paraguay (4.2%), Ecuador (3.2%), Perú (2.9%), Colombia (2.5%), Chile (2.5%), Uruguay (2.5%), Bolivia (0.6%) y Venezuela (0.5%).

El FMI advirtió que, aunque los mercados emergentes muestran fortaleza, las condiciones externas se vuelven más desafiantes. En Brasil, por ejemplo, “están apareciendo signos de moderación en medio de políticas monetarias y fiscales estrictas”.

También señaló que las nuevas políticas migratorias en Estados Unidos podrían reducir su PIB entre 0.3% y 0.7% anual, aunque sin ofrecer mayores detalles.

El departamento del FMI para América Latina y el Caribe ofrecerá una perspectiva más detallada sobre la región al cierre de la reunión anual en Washington.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AFP.
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Personas desaparecidas, localidades incomunicadas y sin clases en Hidalgo, Veracruz y Puebla tras lluvias

En Hidalgo, Veracruz y Puebla, tras las intensas lluvias, 65 personas continúan desaparecidas y 289 localidades permanecen incomunicadas, de acuerdo con información oficial.

En Hidalgo, Veracruz y Puebla, tres de los estados más afectados por las fuertes lluvias de los últimos días, 65 personas continúan desaparecidas, 289 localidades permanecen incomunicadas, decenas de municipios siguen sin clases y varias escuelas presentan daños.

De acuerdo con Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), en Hidalgo hay 43 personas que aún no han sido localizadas.

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), detalló este martes que, en dicha entidad, 65 municipios se vieron afectados en la red de transporte, 155 comunidades siguen incomunicadas y se brinda apoyo con 19 helicópteros.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) informó que más de 300 escuelas presentan daños estructurales o inundaciones, y que las clases fueron suspendidas hasta nuevo aviso en 34 municipios, principalmente en las regiones Sierra y Huasteca.

En cuanto a las afectaciones en caminos, en el estado se registraron 244 incidencias: 85 vías ya fueron abiertas, 87 de manera parcial y 72 continúan cerradas.

En Veracruz, la situación no es más alentadora: 18 personas continúan desaparecidas e, incluso, estudiantes de la Universidad Veracruzana convocaron a una marcha el próximo viernes para exigir “justicia y transparencia a las autoridades federales, estatales y universitarias” respecto a las cifras.

También decenas de planteles educativos sufrieron daños, por lo que las clases se mantienen suspendidas en 41 municipios del norte del estado, al menos hasta el 17 de octubre.

Las vialidades de la entidad registraron afectaciones en 10 municipios; 57 comunidades continúan incomunicadas y se brinda apoyo con 13 helicópteros, informó el titular de la SICT este martes durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, hubo 41 incidencias en la red de caminos, de las cuales una ya fue resuelta, seis se encuentran abiertas parcialmente y las 34 restantes siguen bloqueadas.

Por último, en Puebla, cuatro personas siguen sin ser localizadas; 23 municipios fueron tuviron afectaciones en las vías terrestres y 77 localidades permanecen incomunicadas. En estas se brinda apoyo con siete helicópteros mediante puentes aéreos.

La Secretaría de Educación Pública del estado detalló que, debido a las lluvias, hubo daños en 116 escuelas de 46 municipios, y que la suspensión de clases se extendió hasta el día 17 en las microrregiones de Xicotepec y Huauchinango, que comprenden 19 demarcaciones.

En cuanto a la red de caminos, la entidad registró 33 incidencias: cuatro ya fueron abiertos, 14 de forma parcial y 15 continúan cerrados.

Durante su visita a Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum fue confrontada por pobladores que reclamaron la inacción de las autoridades, mientras que la gobernadora Rocío Nahle también ha sido criticada. En Hidalgo, ciudadanos se han manifestado en el mismo sentido contra el gobernador Julio Menchaca.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU acusa a criminales mexicanos de ofrecer 50 mil dólares por asesinar a agentes migratorios

El Departamento de Seguridad Interior denunció que cárteles de México y Estados Unidos han diseminado y estructurado un programa de recompensas para incentivar la violencia contra personal de ICE y CBP.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump acusa a criminales de México de ofrecer recompensas de hasta 50 mil dólares por espiar, intimidar, secuestrar y asesinar a agentes migratorios, en coordinación con grupos extremistas estadunidenses. 

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) del gobierno de Trump emitió un comunicado de prensa en el que asegura que el sistema de recompensas que ofrecen los criminales lo descubrió tras obtener información de inteligencia (espionaje) creíble.

“Han puesto como objetivos de las recompensas a agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, subraya el informe de prensa de DHS, acusando a criminales mexicanos y a “grupos extremistas” de los Estados Unidos. 

“Los cárteles han diseminado y estructurado un programa de recompensas para incentivar la violencia contra personal federal, con pagos que escalan de acuerdo al rango de las acciones que se tomen”, matiza del gobierno de Trump. 

Las presuntas recompensas se exponen así: 2 mil dólares por recolectar información de inteligencia y publicar información privada, fotografías de los agentes y detalles de sus familias. 

De 5 mil hasta 10 mil dólares por secuestrar o atacar sin armas letales u oponerse o enfrentar a los agentes de ICE y CBP. 

“Hasta 50 mil dólares por el asesinato de agentes de alto rango”, sostiene el gobierno del presidente de los Estados Unidos que al conjugar a los presuntos criminales mexicanos y estadunidenses que ofrecen las presuntas recompensas los llama nuevamente con el plural “cárteles”. 

El Departamento de Seguridad Interior sostiene que estas redes criminales dan instrucciones explícitas a pandilleros callejeros en Chicago, Illinois, que simpatizan -con los criminales mexicanos- para monitorear, acosar y asesinar a los agentes federales. 

La inferencia de lo que da a conocer DHS en su comunicado es que la oposición a las redadas antimigratorias como las que se han llevado en Chicago está fomentada por “cárteles” del narcotráfico. 

Ya es costumbre y parte de la narrativa del gobierno de Trump el utilizar el plural de “cárteles” cuando asocia a los cárteles mexicanos con los cárteles gringos, para no admitir tácitamente que existen en Estados Unidos narcotraficantes y cárteles del trasiego de drogas. 

De entre las redes criminales señala el DHS en Chicago en los barrios de Pilsen y Little Village, destacan pandilleros afiliados a pandillas como los Latin Kings que, presuntamente han desplegado a grupos de vigilantes o halcones sobre los agentes federales. 

“Estos individuos rastrean los movimientos en tiempo real de los agentes de ICE y CBP para coordinar sus acciones y eso les ha permitido acorralar y desmantelar las acciones de rutina de los agentes como la Operación Midway Blitz (redada migratoria)”, enfatiza el DHS. 

De los vigilantes o halcones que los “cárteles” han desplegado sobre los agentes federales, el gobierno de Trump asegura que están armados y cuentan con sistemas de radiocomunicaciones. 

Respecto a los criminales mexicanos, que asegura son los que patrocinan la violencia en colusión con los grupos extremistas de Estados Unidos, el DHS no los identifica pese a que sostiene que hace la acusación con base en la “información de inteligencia creíble” que obtuvo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Veracruz: sobrevivientes de inundación reclaman que “no avisaron” y exigen buscar a desaparecidos

Proceso registra el pulso de los sobrevivientes de las inundaciones en Veracruz, sobre todo en los municipios Álamo y Poza Rica. Hay reclamos para las autoridades, pero también exigencia para hallar a los desaparecidos y permitir que la ayuda llegue sin el usual uso político de la tragedia.

Cuando el agua comenzó a entrar a su casa en la colonia Independencia, en el municipio de Álamo, Graciela Bautista apenas alcanzó a rescatar una muda de ropa y unos papeles importantes.

“Nos agarró dormidos. A las cuatro de la mañana ya el agua estaba en la sala, subió y volvió a bajar tres veces, hasta que ya no pudimos hacer nada. Sólo subirnos con lo poco que alcanzamos a rescatar”, recuerda.

En cuestión de minutos el río Pantepec rebasó su cauce y arrasó con todo: refrigeradores, colchones, camas, documentos, autos.

“Fue peor que la de 99”, dice Graciela. “No avisaron, nadie dijo nada. Cuando quisimos salir ya era demasiado tarde.”

La mujer alude a otra gran inundación, ocurrida también en octubre, pero de 1999, cuando decenas de colonias quedaron bajo el agua, cubiertas de lodo o destruidas, e igualmente hubo personas fallecidas, animales arrastrados por la corriente y cientos de familias damnificadas.

A unas cuadras de ahí, Josenaun de la Cruz logró salvar su vida y la de sus hijos de una manera impensable: “Salimos en un congelador y con chalecos para no ahogarnos. El agua nos llegó al cuello, más de dos metros. Perdí mis herramientas, motores, refacciones, todo... pero gracias a Dios estamos vivos.”

Su taller de reparación de electrodomésticos quedó bajo el lodo. “Las autoridades no hicieron nada. Sólo pasó una patrulla, sin sirenas, sin avisar. No dio tiempo de nada”, lamenta.

En Álamo Temapache, municipio del norte del estado, la ayuda humanitaria enfrenta graves dificultades de acceso por los cortes carreteros. Los deslaves y tramos colapsados han retrasado el ingreso de víveres, agua y medicinas, lo que agrava la situación de cientos de familias.

“Aquí no ha llegado nada, ni despensas ni apoyo. Sólo la misma gente viene a traer café, pan o tamales”, dice Graciela, mientras limpia el lodo frente a su casa.

Las calles permanecen cubiertas de sedimento y en los patios se acumulan los restos de colchones, estufas y televisores inservibles.

Diana Abit Rangel, vecina del centro en Poza Rica, recuerda que el río Cazones se desbordó en cuestión de minutos: “Sí avisaron, pero el golpe de agua fue tremendo. En 15 minutos subió más de un metro y medio, y al amanecer ya había dos metros y medio afuera de mi casa. Todo se perdió, pero estamos vivos.”

Las lluvias e inundaciones dejaron decenas de escuelas dañadas o inservibles en Poza Rica y municipios aledaños. Las autoridades estatales determinaron la suspensión de clases del 13 al 17 de octubre en 40 municipios del norte del estado, incluyendo Álamo, Poza Rica, Papantla, Gutiérrez Zamora, Coatzintla, Castillo de Teayo, Cazones de Herrera e Ilamatlán.

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) explicó que la medida busca garantizar la seguridad de estudiantes y docentes, mientras se evalúan los daños y se realizan labores de limpieza y reparación.

“Muchas escuelas quedaron bajo el agua o con bardas caídas. No hay condiciones para clases, ni caminos para llegar”, explicó personal docente de Poza Rica.

En medio de la emergencia, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Xalapa, Luis Francisco Llera Hernández, reconoció aumentos injustificados en precios de productos básicos en la zona norte, aunque aclaró que no provienen de comercios afiliados.

“Se están vigilando los precios. Hay casos de abusos, pero no de nuestros agremiados”, afirmó.

Sin electricidad ni agua potable

Aunque la atención se ha centrado en Poza Rica y Álamo por los estragos de las inundaciones, otros municipios del norte de Veracruz también enfrentan una situación crítica. En Platón Sánchez, región de la Huasteca Alta, decenas de familias lo perdieron todo tras el desbordamiento del río Calabozo, que dejó a la población incomunicada durante casi cuatro días.

Desde la madrugada del jueves el nivel del agua cubrió viviendas, alcanzó las líneas eléctricas y causó un apagón total. Sin energía, los habitantes se quedaron sin agua potable, señal telefónica ni internet. “No podíamos hablar con nadie. Todo estaba bajo el agua, no sabíamos si íbamos a salir de esta”, relataron vecinos de la colonia La Rivera.

El agua rodeó por completo el pueblo y alcanzó niveles históricos en las colonias La Rivera y La Hacienda, donde el arroyo bloqueó el acceso principal. Las lluvias no cesaban y el nivel del río seguía subiendo, obligando a muchas familias a refugiarse en zonas altas, algunas sin alimentos ni agua potable.

Los vecinos que no resultaron afectados se organizaron para repartir víveres, tortillas, agua embotellada y alimentos, mientras que municipios cercanos enviaron ayuda humanitaria.

Hasta este lunes último no se reportan pérdidas humanas, pero las afectaciones materiales son cuantiosas y representan un fuerte golpe para la economía local.

Búsqueda de desaparecidos

Hasta la mañana del lunes 13 de octubre autoridades reportaron oficialmente 29 fallecidos y 18 desaparecidos en Veracruz. Sin embargo, vecinos de Poza Rica aseguran que aún hay personas sin localizar en colonias como Las Granjas parte alta, Ignacio de la Llave, Palma Sola, Morelos y Lázaro Cárdenas.

“Hay familias completas de las que no se sabe nada. Nos dicen que ya están contabilizados, pero aquí seguimos buscándolos entre el lodo”, dice un habitante de la colonia Morelos.

Aunque el gobierno reveló que existen 18 personas no localizadas tras las inundaciones en la zona norte, la Comisión Estatal de Búsqueda no ha emitido fichas concretas ni ha informado si hay un protocolo para la búsqueda.

Según la información del gobierno federal, las personas no localizadas están respaldadas por denuncias ante la Fiscalía regional, pero a la fecha no hay una lista de nombres.

Ante la falta de información las comunidades se han organizado para buscar vía redes sociales con fotografías de sus seres queridos.

En las redes se pueden observar mensajes como este: 
En Tuxpan, seguimos preocupada por Yuritzi Adannely Ramírez Hernández.  Cualquier novedad que nos ayude a saber mínimo en que refugio está instalada será de gran ayuda.
En Poza Rica la lista de no localizados se amplía con los nombres de Diana Yanet Villagómez y su hija María José Trujillo Villagómez, de quienes tampoco se tiene información desde el 10 de octubre.

Otra de las personas desaparecidas es Leticia García, quien trabajaba en la central camionera del ADO en el turno de la mañana cuando la inundación inició. Sus compañeros de trabajo pidieron ayuda para su localización. 

Ella hacía labores de limpieza, estaba aquí a las seis de la mañana, cuando empezó la alarma todos evacuamos, pero a ella no la encontramos.

Los estudiantes de la Universidad Veracruzana campus Poza Rica han compartido mensajes con nombres de jóvenes que no se han podido localizar, aunque la presidenta Claudia Sheimbaum dijo que sólo hay dos estudiantes confirmados entre los reportes de fallecidos.

Ante la incertidumbre, los jóvenes han convocado a una marcha para los días 17 y 24 en octubre en varias regiones de la universidad para protestar por los estudiantes fallecidos y no localizados.

Fallecidos

El reporte oficial indica 29 fallecidos tras las inundaciones por el desborde de los ríos Cazones, Pantepec y Moctezuma, aunque el gobierno estatal tampoco ha presentado una lista oficial con los nombres de las víctimas.

Hasta el momento se conoce la identidad de algunas de las personas por difusión de familiares o conocidos. Por ejemplo, la estudiante de psicología de la UV Diana Jael Cuervo Santos y Carlos Eduardo Baltazar Ramírez, estudiante de Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica.

También perdió la vida Elvira Calva, activista local, quien quedó atrapada en su vehículo durante la creciente en una tienda de autoservicio.

En Papantla el policía Práxedes García Hernández murió el 9 de octubre mientras participaba en labores de rescate en la comunidad de San Pablo. Fue despedido con honores por sus compañeros.

Entre las víctimas también se encuentran Janeth Ameyalli Rodríguez Gutiérrez, enfermera del Hospital Regional de Poza Rica, y su madre Marcelina López, arrastradas por la corriente en la colonia Palma Sola; sus cuerpos fueron hallados por voluntarios días después.

En esta colonia también se reporta el fallecimiento de un hombre identificado como Gustavo, cuya casa fue cubierta en su totalidad por el río Cazones.

En Los Reyes, zona centro, el médico Carlos David Hernández Salazar, trabajador del IMSS-Bienestar, murió al caer su vehículo a un barranco cuando se dirigía a su centro de trabajo.

En Ilamatlán la maestra María Guadalupe Hernández y su hija Allison Morales, de siete años, fueron localizadas sin vida el 11 de octubre, tras ser reportadas desaparecidas desde el desbordamiento del río.

Obstrucción y uso político de apoyos

En varios puntos de Veracruz ciudadanos e instituciones se han sumado para el acopio de ayuda humanitaria para la zona norte. El domingo el youtuber Yulay enfrentó dificultades para ingresar a Poza Rica y realizar la distribución de 2.5 toneladas de agua potable embotellada y otros víveres para los damnificados, pues el Ejército cerró algunas calles rumbo a la colonia Gaviotas, una de las más afectadas.

Ayer lunes el PAN denunció que el gobierno estatal politiza la tragedia al permitir que presidentes municipales y alcaldesas electas de Morena encabecen la entrega de ayuda humanitaria.

En un comunicado, las panistas Ana Ledezma y Cristina Pérez Silva denunciaron que en Poza Rica la candidata electa de Morena, Adanely Rodríguez, concentra y distribuye los apoyos.

El gobierno estatal informó que la gobernadora Rocío Nahle García supervisó la salida de ayuda humanitaria hacia los municipios del norte, para asegurar que los víveres y suministros lleguen de manera rápida y segura.

Salieron camiones y unidades del programa Rutas de la Salud con alimentos, insumos médicos y artículos básicos. Además, continúa el puente aéreo hacia Texcatepec, Zacualpan, Ilamatlán, Zontecomatlán e Ixhuatlán de Madero, con 12 aeronaves en operación coordinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Pemex, Telmex y el gobierno de Tamaulipas.

“Nos preocupa profundamente que nuestras comunidades, que han enfrentado días difíciles, cuenten con comida y un lugar seguro donde resguardarse”, señaló Nahle.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

Cuitláhuac García dejó Veracruz con un boquete de 830 millones de pesos

Auditoría descubre que cinco dependencias y 34 organismos públicos descentralizados incurrieron en pagos en exceso, obras inconclusas y gastos sin comprobar. Las observaciones más graves, de acuerdo con la revisión, están en obras emblemáticas como el estadio Luis “Pirata” Fuente.

El último año del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez cerró con un presunto daño patrimonial de más de 830 millones de pesos, derivado de obras con sobrecostos, deficiencias técnicas y mala calidad constructiva, de acuerdo con la auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) en la revisión de la Cuenta Pública 2024.

El informe señala que cinco dependencias y 34 organismos públicos descentralizados incurrieron en pagos en exceso, obras inconclusas y gastos sin comprobar.

Las observaciones más graves se concentran en obras emblemáticas como el estadio Luis “Pirata” Fuente, el Nido del Halcón y el Acuario de Veracruz, que acumulan más de 300 millones de pesos observados.

El Orfis documentó un daño patrimonial de 160.3 millones de pesos en la remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuente, donde se detectaron deficiencias técnicas, pagos en exceso y volúmenes no ejecutados.

En agosto último, Proceso publicó que dicha remodelación fue el proyecto emblemático del gobierno del morenista Cuitláhuac García, quien destinó mil 500 millones de pesos del erario para este fin y prometió que entregaría el inmueble para un equipo de primera, pero incumplió. 

Las obras fueron asignadas en una primera etapa a la empresa Pegsa Construcciones, pero se detectaron irregularidades por la Auditoría Superior de la Federación antes de que concluyera.

Para la segunda y tercera etapa del proyecto se adjudicaron contratos por más de mil millones de pesos a la empresa Grupo AEM México JF SA de CV, a la que en 2019 se incorporó el empresario Mario Manuel Guerra Mabarak, cercano a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó Proceso en agosto pasado.  

La remodelación del estadio que hasta hace algunas temporadas fue casa de los Tiburones Rojos del empresario y político priista Fidel Kuri Grajales fue entregada con retrasos y fallas estructurales que generaron críticas públicas de los aficionados. Ante las denuncias, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, anunció que no se realizarán los pagos pendientes a los constructores hasta concluir una auditoría técnica de la obra. 

Durante las visitas de verificación realizadas en junio y julio de 2025 se constató el deterioro de estructuras metálicas, roturas en las membranas de las torres y tensores, oxidación en barandales, módulos comerciales sin servicios básicos y problemas de visibilidad en más de 600 butacas.

El informe también reporta filtraciones, desprendimiento de césped, tuberías expuestas, irregularidades en escaleras y gradas, y accesos insuficientes para mantenimiento, además de marcos oxidados y fallas estructurales.

En el Aquarium, el Orfis detectó un presunto daño de 81 millones 381 mil pesos, correspondiente a la inversión ejecutada entre 2023 y 2024.

Se identificaron pagos en exceso por volúmenes no ejecutados, deficiencias técnicas, así como la falta del resolutivo de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El organismo advirtió fallas estructurales, desprendimiento de material y terminaciones deficientes en estanques y módulos de concreto.

En tanto, el Nido del Halcón, en Xalapa, presenta observaciones administrativas por atrasos que prolongaron su conclusión durante varios meses.

Dependencias con más observaciones
El Orfis, encabezado por Delia González Cobos, precisó que tres dependencias concentran la mayor parte del presunto daño patrimonial:

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), con 273.8 millones de pesos; el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV), con 201.7 millones de pesos, y los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), con 83.6 millones de pesos.

Otras instancias que también registran irregularidades son el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, con 79.8 millones; la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), con 27.7 millones; la Comisión Estatal del Agua (CAEV), con 24.7 millones; el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Coveicydet), con 21.5 millones, y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedarpa) con 15.1 millones.

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente concentra las mayores irregularidades por obras ambientales inconclusas o no realizadas, entre ellas figuran el rescate y remediación de la laguna San Julián en el puerto de Veracruz, con daño estimado en 12.2 millones de pesos; la limpieza del corredor acuático en la laguna Río Viejo, en Otatitlán, con 22 millones; la remediación y control de lixiviados en el tiradero municipal de Veracruz, con 41 millones, y la construcción del Centro de Transformación de Residuos Plásticos (CTR-PMA), con 54 millones de pesos.

El Orfis señaló que la suma de estas irregularidades supera los 273 millones de pesos, por pagos en exceso, obras sin operar y sobrecostos en materiales y servicios.

La PMA tuvo como titular a Sergio Rodríguez Cortés, con un largo historial político y señalamientos por presunta corrupción. Pasó del PRD a Morena, y fue uno de los funcionarios más controvertidos del gobierno estatal.

En 2020 el corporativo Walmart de México denunció públicamente que Rodríguez Cortés les exigió más de 10 millones de pesos en multas y pagos para adherirse al Programa de Certificación Verde, impulsado por la PMA. La empresa acusó al funcionario de presión económica y clausuras injustificadas, luego de negarse a pagar las cuotas que, según la Procuraduría, eran “voluntarias”.

Rodríguez Cortés fue dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz entre 2013 y 2014 y posteriormente diputado local.
Durante su gestión partidista protagonizó un escándalo mediático tras difundirse una fotografía en la que aparecía rodeado de fajos de billetes sobre una cama, imagen que generó acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito.
Tras su salida del PRD, fue alcalde de Camerino Z. Mendoza, donde enfrentó críticas por presuntas irregularidades financieras. Más tarde se sumó a Morena, partido con el que ha ocupado cargos clave en la actual administración estatal.

Su papel fue determinante en mayo de 2022, cuando el gobierno estatal tomó el control del Acuario de Veracruz, rebautizado como “Aquarium”, mediante el Decreto publicado en la Gaceta Oficial. 

Con ese movimiento, la PMA asumió la administración y manejo de un fideicomiso de 120 millones de pesos, que antes estaba bajo gestión privada.

Sector educativo en la mira

En los Servicios de Salud, donde el administrador es Jorge Sisniega, se observó un posible daño de 56 millones de pesos en la adquisición de un sistema fotovoltaico y planta de emergencia para los hospitales de Coatzacoalcos y Veracruz, contratados con la empresa Antber, SA de CV, constituida apenas en 2022.

El organismo detectó anticipos no amortizados y pagos sin comprobar, que permanecen bajo revisión.

Asimismo el Instituto de Espacios Educativos, a cargo de Zenzayen Escobar (exsecretario de Educación y actual diputado federal) acumula más de 200 millones de pesos observados por obras escolares inconclusas, mientras que en la CAEV se reportan proyectos de agua potable sin construir y en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, más de 15 millones de pesos por caminos saca cosechas sin construir.

El órgano fiscalizador concluyó que las obras y contratos revisados presentan fallas estructurales, sobrecostos, falta de permisos ambientales y documentación incompleta, además de deficiencias técnicas y mala calidad constructiva.

Las observaciones fueron integradas en los Informes Individuales de Resultado, los cuales serán analizados para determinar responsabilidades administrativas, resarcitorias o penales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

«Pacificación» oficial en Chiapas contrasta con «persistente clima de violencia»: Espacio OSC

La estrategia de «pacificación» que el gobierno estatal de Chiapas impulsa a través de la militarización y la contención en el territorio «no ha reducido la violencia» y, por el contrario, la entidad «muestra desafíos alarmantes de las condiciones de seguridad y derechos humanos», con casos de hostigamiento, criminalización, asesinatos y desapariciones contra defensores, periodistas y las comunidades zapatistas, denunció el Espacio OSC.

En un pronunciamiento, las organizaciones que integran el Espacio OSC señalaron que tan sólo entre enero de 2024 y mediados de 2025 se documentaron 156 agresiones contra defensores en Chiapas, de las cuales cuatro fueron asesinatos, entre ellos el del padre Marcelo Pérez, y 131 ataques directos, y que estos fueron perpetrados por grupos del crimen organizado o fuerzas de seguridad estatales. Además, entre 2021 y 2024 se registraron los asesinatos de los periodistas Víctor Alfonso Culebro Morelos y Fredy López Arévalo, así como 21 agresiones contra mujeres periodistas perpetradas entre 2024 y 2025.

El contexto de violencia, explicó el grupo de organizaciones, «se entrelaza con los señalamientos públicos realizados por comunidades zapatistas, que han denunciado despojos de tierras y hostigamientos contra comunidades indígenas, ejecutados en complicidad con fuerzas armadas federales, policías estatales y agentes particulares».

«Estas acciones no sólo amenazan la integridad de los pueblos originarios, sino que también revelan la connivencia entre actores estatales y estructuras de poder local que buscan imponer proyectos económicos y de control territorial a costa de la vida y los derechos de las comunidades», precisó.

Las organizaciones criticaron que mientras el gobierno de Chiapas sostiene un discurso oficial de reconciliación y diálogo, las agresiones contra quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo persisten. «Así, la llamada “pacificación” contrasta de forma flagrante con el persistente clima de violencia, desplazamiento y criminalización. Lejos de construir condiciones de paz, las políticas actuales han normalizado la presencia militar y la represión, mientras se desatienden las causas estructurales de la conflictividad: la pobreza, el despojo, la impunidad y la ausencia de un Estado que garantice justicia», puntualizaron.

Frente a la problemática, el Espacio OSC exigió al gobierno e instituciones de Chiapas a proteger y garantizar la vida de los defensores, periodistas y pobladores de las comunidades en la entidad, así como procurar justicia a los casos de violencia y fortalecer las medidas de protección a los grupos y personas vulnerables.

COMUNICADO:

Las organizaciones que conformamos el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas expresamos nuestra profunda preocupación por la violencia, hostigamiento y criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado de Chiapas.

Entre enero de 2024 y mediados de 2025, se documentaron 156 agresiones contra personas defensoras en la entidad, incluyendo cuatro asesinatos y 131 ataques directos en represalia por su labor. Estas agresiones abarcan intimidaciones, difamaciones, actos de vigilancia y ataques armados, como la masacre de Nueva Morelia, el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, y las agresiones contra integrantes de la organización civil Las Abejas de Acteal. Los perpetradores han incluido tanto grupos del crimen organizado como fuerzas de seguridad estatales.

De manera reciente, el allanamiento al domicilio de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), volvió a evidenciar el hostigamiento sistemático que enfrenta esta organización, referente clave en la defensa de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables. Desde 2024, el CDH Frayba ha sufrido al menos 46 agresiones, entre ellas vigilancia, allanamientos y declaraciones difamatorias por parte de autoridades. Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares desde 2010, reconociendo las amenazas sostenidas contra su personal.

En un patrón paralelo, el 5 de agosto de 2025 fue detenido arbitrariamente Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana A.C., poco antes de la salida de una caravana migrante. Pese a la falta de pruebas, fue acusado de delincuencia organizada y tráfico de personas. Un juez determinó la legitimidad de su labor en defensa de los derechos de las personas migrantes y anuló la orden de detención; sin embargo, autoridades federales lo estigmatizaron públicamente, contribuyendo a un clima de criminalización e intimidación hacia quienes defienden los derechos de las personas migrantes.

La situación de las personas periodistas también es alarmante. Entre 2021 y 2024, se registraron los asesinatos de Víctor Alfonso Culebro Morelos (28 de junio de 2024) y Fredy López Arévalo (28 de octubre de 2021). Además, CIMAC ha documentado 21 agresiones contra mujeres periodistas entre 2024 y 2025, siendo este último año el más violento, con 16 casos reportados, incluyendo dos allanamientos.

A pesar del discurso oficial de “pacificación” impulsado por el gobierno estatal desde su entrada en funciones el 8 de diciembre de 2024, la realidad en Chiapas muestra desafíos alarmantes de las condiciones de seguridad y derechos humanos. Mientras se habla de reconciliación y diálogo, las agresiones contra quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo persisten. La estrategia estatal, centrada en la contención y la militarización del territorio, no ha reducido la violencia.

Este contexto se entrelaza con los señalamientos públicos realizados por comunidades zapatistas, que han denunciado despojos de tierras y hostigamientos contra comunidades indígenas, ejecutados en complicidad con fuerzas armadas federales, policías estatales y agentes particulares. Estas acciones no sólo amenazan la integridad de los pueblos originarios, sino que también revelan la connivencia entre actores estatales y estructuras de poder local que buscan imponer proyectos económicos y de control territorial a costa de la vida y los derechos de las comunidades.

Así, la llamada “pacificación” contrasta de forma flagrante con el persistente clima de violencia, desplazamiento y criminalización. Lejos de construir condiciones de paz, las políticas actuales han normalizado la presencia militar y la represión, mientras se desatienden las causas estructurales de la conflictividad: la pobreza, el despojo, la impunidad y la ausencia de un Estado que garantice justicia. En lugar de proteger, las autoridades han cerrado espacios de participación y debilitado la acción de la sociedad civil, tal como es el claro ejemplo de los colectivos de familiares que buscan a las personas desaparecidas, afectando directamente a quienes sostienen la defensa de los derechos y el acompañamiento a las comunidades más vulnerables.

Chiapas sigue siendo uno de los estados más pobres del país, con profundas desigualdades estructurales que afectan de manera desproporcionada a pueblos indígenas, mujeres, niñas y niños. La violencia, el desplazamiento forzado, las desapariciones y la trata de personas agravan estas condiciones, mientras la acción del Estado resulta insuficiente para garantizar protección y justicia.

A ello se suma la preocupación por los recortes financieros a la cooperación internacional destinada a organizaciones de derechos humanos y de atención a personas migrantes, lo cual ha reducido su capacidad de acompañamiento y dejado en mayor vulnerabilidad a las víctimas y comunidades que hoy enfrentan riesgos graves.

Ante este panorama, desde el Espacio OSC hacemos un llamado urgente a:
  1. Al Gobierno del Estado de Chiapas, a respetar y no limitar la labor de defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas y el ejercicio periodístico, así como a establecer acciones inmediatas y efectivas para proteger la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, garantizando el reconocimiento público y la no criminalización de su labor.
  2. La Fiscalía del Estado de Chiapas, a informar sobre el avance de las investigaciones por los delitos cometidos contra defensoras, defensores y periodistas, y a agilizar los procesos judiciales correspondientes.
  3. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a emitir un informe especial sobre la situación de personas defensoras y periodistas en Chiapas, e informar sobre el estado de las quejas presentadas contra funcionarios y funcionarias públicas involucradas en agresiones o violaciones a derechos humanos.
  4. El Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fortalecer las medidas de protección a las personas beneficiarias y agilizar los procesos de incorporación de quienes soliciten resguardo ante el actual contexto de riesgo.
  5. La comunidad internacional, a mantener el monitoreo y acompañamiento sobre la situación de derechos humanos en Chiapas, y a garantizar el apoyo financiero y político necesario para que las organizaciones de la sociedad civil puedan continuar su labor de defensa.
Reiteramos que la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa no deben ser limitadas ni criminalizadas, sino reconocidas como pilares fundamentales de la democracia y la justicia social.

FIRMAN:

Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC). Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales  (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

7 años tarde, reconocen violaciones a derechos por feminicidio de Sol Cruz

Siete años tuvieron que pasar para que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) admitiera la existencia de violaciones institucionales en el caso de feminicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín.

En su recomendación 19/2025 emitida recientemente, la defensoría reconoció violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica; al acceso a la justicia en su modalidad de procuración bajo una perspectiva de género, así como, al acceso a la justicia en sede administrativa y a los derechos de las víctimas.

En ésta señala a la Secretaria de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; Fiscalía General del Estado y Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca y emitió una serie de recomendaciones para resarcir los daños.
A la Secretaría de Interculturalidad y a la Fiscalía recomendó cumplir dos acciones principales en un plazo máximo de tres meses: la reparación integral del daño y la atención psicológica y tanatológica a la víctima indirecta, la periodista Soledad Jarquín, madre de Sol.

El 2 de junio de 2018, la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, de 27 años, fue víctima de violencia feminicida mientras se encontraba cubriendo las elecciones electorales en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, junto a Pamela Itzamaray Terán Pineda, candidata concejal del Ayuntamiento por la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza.

En ese momento de su vida, María del Sol laboraba como fotógrafa y jefa de Comunicación Social de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno del estado de Oaxaca. Aquel día, fue enviada en contra de su voluntad a uno de los municipios más riesgosos de la entidad federativa para cubrir las actividades de campaña del candidato Hageo Montero López, hermano del titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Francisco Javier Montero López.

De manera concreta a Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) pidió a la Secretaría del Interculturalidad publicar la recomendación en su sitio oficial y dirigir a los titulares de las distintas áreas que la integran una circular en la que se instruya abstenerse de comisionar a personal bajo su cargo a actividades que resulten diversas a los objetivos y fines de dicha dependencia.

La DDHPO también emitió una serie de siete medidas que la Fiscalía deberá cumplir en distintos plazos, con el objetivo de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas, además de prevenir futuras omisiones.

Dentro de las recomendaciones se contempla una disculpa pública por parte de personal de alto nivel para Soledad Jarquín, madre de Sol Cruz reconociendo los hechos y asumiendo la responsabilidad institucional, como medida de reparación y restitución de la dignidad de las víctimas.

El pasado 2 de junio de este año, la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín fue recordada con un memorial de luces y flores en La Monumenta, ubicada en Fuente de las Ocho Regiones, Oaxaca. Mujeres de la organización Consorcio Oaxaca, periodistas y familiares se congregaron para acompañar a su madre Soledad Jarquín Édgar quien en siete años no ha parado de buscar justicia por su hija.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: CITLALLI LÓPEZ VELÁZQUEZ.

STPS presentará propuesta para reducir jornada laboral en noviembre, revela Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recalcó que la Secretaría del Trabajo preparó la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas tras dialogar con distintos sectores.

La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales podría destrabarse y salir de la congeladora para avanzar en los próximos meses. Y es que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentará una propuesta formal en noviembre.
“En el caso de las 40 horas, en noviembre ya hace una propuesta la Secretaría del Trabajo. La Secretaría ha estado trabajando con los trabajadores, obviamente con todos los sindicatos, y también con los empresarios”, señaló la mandataria mexicana hoy en su conferencia de prensa matutina.
Sheinbaum Pardo explicó que dicha iniciativa se ha construido a partir del diálogo y del consenso entre los distintos sectores, donde lo que se busca es lograr una fórmula que permita disminuir gradualmente las horas laborales, pero sin afectar el incremento salarial.


“Nuestra idea es que avance 40 horas, pero que siga aumentando el salario, que no sea una por la otra”, expresó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
La Presidenta puso mucho énfasis en recalcar que el objetivo es que la reducción de la jornada se realice de manera paulatina y sin que se convierta en un pretexto para frenar los aumentos salariales.
“Se ha buscado algo que sea consenso: cómo se puede hacer de manera paulatina la disminución para alcanzar las 40 horas, pero que al mismo tiempo siga aumentando el salario, que no sea un pretexto para no aumentar los salarios”, dijo.
De acuerdo con la Jefa del Ejecutivo, ya existe un acuerdo general entre las partes, por lo que se prevé que la Secretaría del Trabajo presente la propuesta formal en noviembre, con lo que el tema podría finalmente salir de la congeladora legislativa.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Un menor de 15 años es detenido en Tabasco por homicidio, secuestro y venta de droga

El menor, identificado como Derek Jair “N”, alias “El Niño Piedra” o “El Niño Sicario”, está acusado de los delitos de homicidio, secuestro y venta de drogas en Tabasco.

Un menor de 15 años fue detenido la madrugada del pasado domingo 12 de octubre por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco,  por distintos delitos, entre ellos homicidio. Este caso recordó al de otros menores que se involucraron en actividades ilícitas como el adolescente conocido como el “El Ponchis” o “El Cacheteas”.

El menor fue identificado como Derek Jair “N”, alias “El Niño Piedra” o “El Niño Sicario”, quien está acusado de los delitos de homicidio, secuestro y venta de drogas en Tabasco, en donde elementos del equipo de Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca realizaron un operativo que llevó a la captura del menor.

Junto a Derek Jair “N”, quien portaba un fusil tipo subametralladora Uzi, calibre 9 milímetros, se detuvo a un hombre identificado como José Asunción “N”, alias “El Chuncho”, de 37 años de edad, a quien se le señala de ser operador de un sujeto conocido como “El Chicle”, líder del crimen organizado y actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CREST).

Durante el operativo que llevó a la aprehensión del menor y de “El Chuncho” –el cual tuvo lugar en la carretera Villahermosa-La Isla, cerca de la ranchería Corregidora, en donde los dos sujetos intentaron incendiar un domicilio– el adolescente intentó escapar y disparar su arma contra los agentes de la FIRT, sin embargo, éste se atascó, lo que les permitió al personal de Seguridad Pública detener a los dos presuntos criminales.

Las autoridades también confiscaron varias bolsas de plástico que contenían sustancias como marihuana y metanfetamina, así como armas largas, 23 cartuchos útiles, cartulinas con “narcomensajes” y un teléfono celular que contiene material que involucra al menor con dos delitos más: el secuestro de una mujer y el asesinato de otra persona que habría sido enterrada en el municipio de Paraíso, Tabasco.


Tanto los detenidos como los artículos decomisados fueron trasladados a la Fiscalía General del estado (FGE) de Tabasco, en donde se determinará su situación jurídica.

Aunque actualmente no existen cifras oficiales que precisen cuántas niñas, niños y adolescentes han sido reclutados por parte del narcotráfico, se estima que los cárteles del narcotráfico anualmente reclutan “entre 35 y 45 mil niñas, niños y adolescente, ofreciéndoles promesas de dinero rápido y protección”, según datos de la organización Tejiendo Redes Infancia.

De acuerdo con un informe de este organismo, los cárteles ven a las infancias “como un blanco fácil debido a su vulnerabilidad, su necesidad de pertenencia e identidad propia y su búsqueda de sobrevivencia”, por lo que les ofrecen “promesas de dinero rápido y protección”, y les asignan tareas de “mensajeros o halcones, el tráfico y la venta de drogas o incluso cometer robos, extorsión y homicidio”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.