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Identifican a capitán de navío como enlace entre titulares de aduanas para traficar huachicol

Se trata de Clímaco Aldape, quien junto a su esposa e hija son considerados por la FGR cómplices de la red enquistada en la Secretaría de Marina que traficó huachicol fiscal y drogas; contaba con el visto bueno de los sobrinos del extitular de Marina Rafael Ojeda Durán.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló a Clímaco Aldape Utrera, capitán de navío, a su esposa e hija como cómplices de la red de huachicol fiscal y de tráfico de drogas en la que están involucrados más de una decena de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Esta casa editorial informó el pasado día 7 que el marino logró que un juez federal ordenara frenar su proceso penal mientras resuelve un amparo que tramitó contra la vinculación a proceso que le fue emitida en septiembre pasado por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

¿Quién es Clímaco Aldape Utrera?

De acuerdo con la causa penal 325/2025, la FGR tiene identificado a Aldape Utrera como uno de los integrantes de la red de huachicol fiscal encargado de permitir el acceso de hidrocarburo ilegal, facilitar trámites administrativos, informar los cambios de ruta de las embarcaciones y recibir dinero por parte de la red entre aduanas.

Según la investigación de la Fiscalía, Aldape está señalado porque junto con el capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, pieza clave en la red, eran el enlace entre los titulares de las aduanas, y con el visto bueno de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de la Marina Rafael Ojeda Durán, gestionaban los cambios de adscripciones de los demás integrantes de la red.

En sus indagatorias, la FGR identificó que en el año 2023 la capitana Gabriela Avendaño Meléndez, esposa de Aldape Utrera, compró un inmueble con un valor de más de 5 millones de pesos y que ese mismo año la hija de ambos realizó depósitos por poco más de 400 mil pesos, probablemente para comprar un automóvil.

“Se infiere que el capitán Clímaco Aldape Utrera, así como miembros de su familia, siendo su esposa e hija, Gabriela Avendan~o Meléndez y Montserrat Aldape Ferna´ndez, respectivamente, podrían formar parte de la red de servidores públicos y civiles que tienen como fin cometer ilícitos relacionados al tema de hidrocarburos y sus derivados, esto con la finalidad de obtener grandes cantidades de dinero como fruto de la corrupción que se ejerce en las aduanas, ya que se tiene el conocimiento, a partir del análisis de la información, que Clímaco Aldape Utrera es el enlace entre los titulares de las aduanas”, indica un informe presentado por la FGR ante el juez de control que emitió la orden de captura contra el capitán de navío.

Por ello, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), analizó los movimientos financieros del marino, quien de 2020 a 2024 obtuvo ingresos por nómina de 7 millones 976 mil 491.02 pesos y deducciones por 273 mil 594.45 pesos.

En ese periodo compró un inmueble por 2 millones 127 mil pesos que pagó con financiamiento y con un cheque de caja por 1 millón 69 mil 500 pesos.

En el año 2022 compró una camioneta Suburban Premier AT 2023 en la Ciudad de México por 1 millón 892 mil 900 pesos que fueron liquidados en cinco pagos, dos de ellos en efectivo por 308 mil pesos en total y de los cuales no se identifica de dónde los obtuvo.

“No se aprecia la fuente de la riqueza de Clímaco Aldape Utrera para llevar un estilo de vida con la erogacio´n de recursos que se desprende de la información financiera, al contrario, es evidente que sus egresos rebasan sus percepciones por nómina, asimismo es de resaltar el manejo de efectivo en grandes cantidades para el pago de bienes inmuebles. Por lo que existe la sospecha razonable de que Clímaco Aldape Utrera realice probables conductas encaminadas a delitos de corrupcio´n y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, señala el reporte.

Al siguiente año, en 2023, fue reportado por el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada (Banjército) por operaciones inusuales derivadas del “rompimiento de perfil transaccional”, porque recibió un depósito por 450 mil pesos por concepto de préstamo personal a nombre de Yelena Félix García y otro por 400 mil pesos a nombre de Daemon, SA de CV, también por concepto de préstamo.

“Las operaciones inusuales recaen en el hecho de que Clímaco Aldape Utrera participa en operaciones de mutuo otorgamiento de préstamos de parte de una persona fi´sica y moral distinta a una entidad financiera”, señaló la UIF.

Según la FGR, el capitán de navío tiene vínculos comerciales con Daemon, pero en su investigación la UIF no encontró información de las actividades económicas de la empresa y su domicilio fiscal es un terreno baldío, por lo que se presume que es una empresa fachada.

Asimismo, el único registro oficial de Aldape Utrera en alguna empresa está el de Grupo Ald-Cam Agroindustria, en la que aparece como accionista junto con Luis Miguel Campillo Pizano, Manuel Francisco Campillo Pizano y Gabriela Avendaño Meléndez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Exigen anular elección y destituir al líder sindical Alejandro Martínez

Al líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio se le señala ante la Secretaría del Trabajo de falsificación de firmas, desvío de recursos y un vacío total de transparencia sobre el destino de más de 500 millones de pesos del sindicato.

La Secretaría del Trabajo recibió una solicitud para anular la elección sindical y destituir a Alejandro Martínez Araiza como líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC). Detrás de la demanda hay acusaciones graves, como la falsificación de firmas, desvío de recursos y un vacío total de transparencia sobre el destino de más de 500 millones de pesos del sindicato.

De acuerdo con el expediente número 10/02788, en poder de Proceso y presentado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), organismo descentralizado de la Secretaría del Trabajo, los promoventes buscan hacer valer el artículo 371 Bis de la Ley Federal del Trabajo, que permite convocar y organizar un recuento para elegir un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, así como nuevas Comisiones de Hacienda y de Honor y Justicia.

“Se sirva declarar nulo el proceso de elección y, por ende, también del registro que se había tomado respecto de la elección del Comité Ejecutivo Nacional”, sostiene el documento presentado por cerca de 50 trabajadores y promoventes de empresas como Productos Ricolino, Tradición en Pastelerías, EFFEM México INC y Compañía, Sigma Alimentos, Barcel y Mondelez México.

Según la petición dirigida al CFCRL, encabezado por Alfredo Domínguez Marrufo, el 14 y 15 de abril de 2025 se llevó a cabo el proceso de elección del Comité Ejecutivo Nacional y de las comisiones internas del SNAC.

Posteriormente, el 22 de mayo de 2025, el propio Centro Federal, a través del director técnico y de Apoyo Registral de la Coordinación General de Registro de Asociaciones, expidió la constancia de registro de modificación de directiva, con la cual reconoció formalmente la nueva dirigencia encabezada por Martínez Araiza.

No obstante, la solicitud de revocación sostiene inconsistencias e incluso se efectuó el delito de falsificación de firmas.

“La afectación material se da cuando usando firmas falsas de los trabajadores y en contra de su voluntad, así como un padrón electoral apócrifo, el sindicato se ostenta como legítimo”, se lee en el documento.

Además, la impugnación cuestiona que no se integró un padrón electoral confiable, pues ni siquiera se verificó el número ni la localización de las empresas en donde el SNAC tiene contratos colectivos de trabajo.

De hecho, los inconformes acusan que nunca fueron convocados a participar, ni como candidatos ni como votantes para la elección.

“No fue difundida la convocatoria en todas las empresas y fuentes de empleo, incluyendo la nuestra, en donde dicha organización es representante de los trabajadores”, detalla.

“Hay una violación directa al principio de representación legítima tutelada por el artículo 123, apartado A, fracción XXII de la Constitución en relación con los artículos 364 Bis al 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo”.

Dinero sin rastro

La solicitud presentada por los denunciantes también acusa a Martínez Araiza de mantener una opacidad total en el manejo de los recursos, lo que se suma a los señalamientos por la desaparición de 500 millones de pesos pertenecientes al sindicato.

El dinero, sostienen, desapareció sin dejar rastro, no existen comprobaciones, auditorías ni informes públicos que expliquen su destino.

De acuerdo con un documento oficial del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, fechado el 19 de mayo, se le ha requerido a la dirigencia de Martínez Araiza presentar el acta de asamblea donde se rinda cuenta sobre la administración del patrimonio del SNAC, como lo establece la ley.

“Se exhorta a la organización sindical de mérito a dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo”, se lee en el oficio.

El artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo señala que todos los sindicatos están obligados a rendir cuentas ante la asamblea general, al menos cada seis meses, detallando el monto, destino y administración de los recursos.

Esta información, además, debe entregarse de manera física y en copia a cada trabajador afiliado, un requisito que, según los inconformes, la actual dirigencia ha ignorado deliberadamente.

Plantilla electa

La plantilla que resultó electa está encabezada por Alejandro Martínez Araiza como secretario general, Gabriel Martínez Martínez como secretario general adjunto y Pablo Vargas Mogollan como secretario general sustituto.

En la Comisión de Honor y Justicia, los integrantes son Jorge Alberto Chávez Zárate como presidente y Janet Bolaños García y Luis Humberto Rodríguez Martínez como vocales.

Consultado por Proceso respecto a la impugnación, Martínez Araiza expuso que la impugnación de su dirigencia y los cuestionamientos sobre la gestión del patrimonio sindical, valuado en millones de pesos, forman parte de una “estrategia del cártel laboral” que busca desplazarlo.

El dirigente, quien encabeza una organización con alrededor de 18 mil trabajadores en empresas como Pepsico, Alpura, Barcel, Monte Xanic, Comex, Pastelería Ideal y La Moderna, asegura que su objetivo es regularizar las condiciones laborales y garantizar contrataciones con apego a la ley.

En septiembre pasado, el dirigente sindical expuso que no está obligado a rendir cuentas sobre los recursos a las autoridades, únicamente a sus agremiados.

Incluso, señaló que estas acusaciones obedecen a los intereses que hoy lo atacan buscan mantener a los trabajadores sin contrato, sin antigüedad y sin prestaciones básicas como el aguinaldo, lo que, dice, “mantiene vivo un sistema de impunidad sindical que pretende perpetuarse en el poder”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

«No puede haber justicia sin los pueblos indígenas»: comunidades en plantón frente a SCJN

«En esta nueva etapa del sistema judicial mexicano, no puede haber justicia sin los pueblos indígenas», aseguraron las comunidades indígenas de distintos estados del país que este jueves instalaron un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ciudad de México.

«No venimos a pedir favores, venimos a exigir lo que por derecho nos corresponde», señalaron integrantes de los pueblos mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón; chontal de El Coyul; zapoteco de Puente Madera; yaqui de Sonora y purépecha de Michoacán, que denunciaron las problemáticas en sus territorios derivadas de «un sistema judicial históricamente corrupto y racista».

Acusaron que en lugar de proteger a los pueblos, el sistema judicial actual criminaliza a quienes defienden el territorio, la autonomía y los derechos colectivos. «Por décadas, nuestras comunidades han sido víctimas de violencia estructural, despojo, desplazamiento forzado, desapariciones, criminalización, y otros crímenes de lesa humanidad», apuntaron.

Los pueblos en plantón exigen una mesa de diálogo «urgente e inmediata» con el ministro presidente de la SCJN Hugo Aguilar, de quien señalaron «que puede y debe marcar un nuevo rumbo en la justicia» para las comunidades, así como con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

COMUNICADO:

Por la justicia de los pueblos originarios: Plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ciudad de México, 9 de octubre del 2025.

Integrantes de diversas comunidades originarias del país —entre ellas la comunidad chontal de El Coyul, — hemos instalado un plantón pacífico frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El motivo de esta acción es la exigencia de una mesa de diálogo urgente e inmediata con el Ministro Presidente Hugo Aguilar, quien ha manifestado públicamente su compromiso con los derechos de los pueblos originarios y por lo tanto creemos que puede y debe marcar un nuevo rumbo en la justicia para nuestras comunidades.

Nuestras voces vienen desde territorios profundamente golpeados por un sistema judicial históricamente corrupto y racista, que en lugar de protegernos, criminaliza a quienes defendemos la vida, el territorio, la autonomía y los derechos colectivos. Por décadas, nuestras comunidades han sido víctimas de violencia estructural, despojo, desplazamiento forzado, desapariciones, criminalización, y otros crímenes de lesa humanidad.

Este es el momento de romper con esa historia de impunidad.

Demandamos:

• Una reunión directa e inmediata con el Ministro Presidente Hugo Aguilar y con la Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.

Reiteramos: no venimos a pedir favores, venimos a exigir lo que por derecho nos corresponde. En esta nueva etapa del sistema judicial mexicano, no puede haber justicia sin los pueblos indígenas.

¡Alto a la criminalización!

¡Justicia para nuestros pueblos!

¡La Suprema Corte debe escuchar a las comunidades originarias!

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Plan de Justicia del Pueblo Yaqui no ha servido para nada, denuncian

La Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, capítulo México, inició el fin de semana en la comunidad de Pótam, donde autoridades tradicionales afirmaron que el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui “no ha servido para nada” y, en cambio, ha fracturado a las comunidades y a la organización autónoma.

César Cota, autoridad tradicional, denunció que el Decreto de Creación del Distrito de Riego 18, que forma parte del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, ha sido una forma de robarle agua y territorio al pueblo yaqui.

En los testimonios vertidos en el encuentro, señalaron que el Decreto 18 fue impuesto con engaños y forzando a autoridades a firmarlo. Responsabilizaron al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, y al actual Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, de imponer el Plan de Justicia hace cuatro años.

La Nación Yaqui interpuso un amparo al Decreto 18 alegando la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada. Narraron que el INPI forzó la consulta en menos de dos días, ignorando las formas de organización tradicional y el derecho a la libre autodeterminación.

Otros testimonios de asistentes a la caravana enfatizaron en el hecho de la imposición de megaproyectos a través de consultas simuladas. Integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) denunció que así fue impuesto el Corredor Interoceánico.

“Nos enfrentamos a la instrumentalización de nuestro derecho a la consulta; nos enfrentamos a un gobierno que utiliza el derecho que hemos ganado en nuestra contra (…) Utilizan estos mecanismos de generar autoridades paralelas, que van rompiendo el tejido comunitario y generando conflictos que van a tardar generaciones en recuperarse”, señala un comunicado de la APIIDTT.

Por su parte, Román Sosa, de la comunidad chontal del Coyul, denunció la criminalización que él y su comunidad padecen a partir del despojo de más de mil 452 ha de su territorio. Durante la jornada de denuncias estuvieron presentes representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como su homóloga comisión estatal de Sonora.

La caravana sigue su recorrido a territorio purépecha, en Huáncito, Michoacán, luego se traslada a la ciudad de Oaxaca, posteriormente llegará a la CDMX, donde se tiene contemplado un plantón ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir respeto a la libre determinación. Después recorrerá comunidades de Centroamérica del 12 de octubre al 12 de noviembre.

FUENTE: LA COPERACHA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum prepara sistema para rastrear combustibles y enfrentar "huachicol fiscal"

Sheinbaum indicó que este mes quedará lista la base de datos unificada de todas las dependencias y autoridades; así confirmarán alcance de "huachicol fiscal".

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó este jueves que en este mes de octubre el Gobierno federal podrá realizar la trazabilidad de combustibles en el país en tiempo real: es decir, se podrá saber dónde están y de dónde vienen todos los combustibles producidos e importados a México, para enfrentar el robo y contrabando conocido como "huachicol fiscal".
"Eso se cierra en octubre, vamos a tener toda esa información, no de una vez, sino en tiempo real, que nos permita garantizar esa información. Antes no existía la trazabilidad porque no estaba establecido en las leyes. El cambio constitucional y las nuevas leyes de Energía y Pemex nos permite tener esa información", señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.
"A partir de ahí vamos a poder determinar, evidentemente, si se vende más de lo que se importa y se produce, viene del contrabando o no contabilidad. Ahí podremos responder de qué tamaño es el contrabando", añadió desde Palacio Nacional.

El Gobierno mexicano trabaja en unificar la base de datos que, de distintas formas y con distinta o a veces la misma información, compilaban hasta ahora de forma independiente las secretarías de Energía, Hacienda, Seguridad y Protección Ciudadana; la Agencia de Transformación Digital; la Fiscalía General de la República; Petróleos Mexicanos (Pemex); y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
"Tenemos un grupo de trabajo donde está Sener, Hacienda, Pemex, Aduanas, ASEA, Profeco, Seguridad, la Fiscalía participa a veces, y la Agencia de Transformación Digital, para poder consolidar, tener una sola base de datos, compatible, que nos permita saber día con día cuántos combustibles se importan", explicó la mandataria.
"La obligatoriedad de la información de los importadores es cada determinado tiempo, no es diario, el SAT tiene su base… Entonces estamos juntando todas las bases de datos para tener una sola fuente de información en el Gobierno federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende y se produce", añadió Sheinbaum.

La información de la producción proviene de Pemex, que es la única que produce combustibles en México, ¿Quiénes son los que importan? Pemex una parte y otra parte la importan privados, es lo se permitió a partir de 2015, detalló Sheinbaum. "¿Quién tiene esa información? La tiene Pemex, Aduanas y el SAT, por el IEPS [Impuesto Especial sobre Producción y Servicios] que pagan al importar combustibles. De igual manera, Sener. ¿Quién tiene información de los privados? Aduanas, SAT, Secretaría de Energía", dijo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La SSC detiene a "El Gordo", líder de grupo criminal que opera al norte de la CdMx

De acuerdo con las autoridades, "El Gordo" y dos de los detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud y robo en distintas modalidades entres los años 2004 y 2022.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CdMx) detuvo el día de hoy a Felipe "N", alias "El Gordo", quien presuntamente lidera una banda criminal dedicada a la compra, venta, y distribución de droga en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

"Resultado de trabajos de investigación e inteligencia para identificar y detener a generadores de violencia, tras la ejecución de dos órdenes de cateo en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, compañeros de las SSC detuvieron a Felipe "N", líder de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de narcóticos en la zona norte de la ciudad", confirmó el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho en su cuenta de X.
La detención se dio en el marco de un operativo de cateo a inmuebles ubicados en estas demarcaciones en los que también fueron detenidos otros tres supuestos colaboradores de "El Gordo". Los detenidos fueron identificados como Pablo "N" de 38 años, Daniel "N" y Stephanie "N", señalados por la SSC como los operadores más cercanos al líder criminal.

Los cuatro presuntos criminales fueron capturados "en posesión de más de 500 dosis de presunta droga, dos armas de fuego, cartuchos útiles y una báscula", señaló el funcionario capitalino.

En un comunicado la dependencia detalló que también se aseguraron 200 dosis de metanfetamina, 500 gramos de la misma sustancia a granel, 150 dosis de cocaína, 1.5 kilogramos de la misma sustancia en piedra, 159 dosis de mariguana, 100 cartuchos útiles, dos armas de fuego, una báscula gramera y un teléfono celular.

Los detenidos fueron ubicados en tres inmuebles que se encuentran en la colonia Popular Rastro, Alcaldía Venustiano Carranza; otro en la colonia Bondojito y el tercero en la colonia Guadalupe Insurgentes, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Se presume que los tres inmuebles señalados eran utilizados para el almacenamiento y embalaje de aparente droga.

Los inmuebles fueron sellados y se encuentran bajo resguardo policiaco, en tanto los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones de este grupo criminal.

El operativo se llevó a cabo con la coordinación entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Autoridades detienen a posible cómplice en asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón

Autoridades continúan la búsqueda del chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, señalado como el principal sospechoso de su asesinato.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció este viernes la detención de un presunto cómplice que habría participado en el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido en el estado de Guerrero.

En un comunicado, la dependencia detalló que el arresto del sujeto, identificado como Miguel Ángel "N", se dio a raíz de una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado en grado de coparticipe.

Como resultado de labores de investigación y vigilancia implementadas por elementos de dependencias de Seguridad estatales y federales, autoridades lograron identificar a un hombre que presuntamente está vinculado con el crimen


Uniformados que realizaban recorridos de seguridad en el municipio de Chilpancingo lograron ubicar a Miguel Ángel "N", por lo que le marcaron el alto y, tras comprobar su identidad, procedieron con su detención para posteriormente ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

El operativo que llevó a la identificación y detención de uno de los presuntos responsables del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada fue encabezado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), con la colaboración de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la SSPC

Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, compartió una fotografía del presunto implicado en el crimen en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, en la cual también recalcó que las autoridades seguirán trabajando para que no haya impunidad.
Cabe mencionar que el propio titular de la SSPC reveló que el chofer del cura fue señalado como el principal sospechoso de su asesinato, por lo que autoridades estatales y federales iniciaron su búsqueda.

Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de la comunidad de Mezcala, en el municipio de Eduardo Neri del estado de Guerrero, fue hallado sin vida el pasado lunes 6 de octubre, dos días después de que se denunció su desaparición.

De acuerdo con reportes preliminares, citados por el diario El Sur, el cuerpo del sacerdote fue hallado dentro de un vehículo en una brecha cerca de la carretera federal México-Acapulco, además de que mostraba múltiples impactos por arma de fuego.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Morena expulsa a Hernán Bermúdez, líder de la Barredora

Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, informó, el 10 de octubre de 2025, que el partido había expulsado a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” y/o “Comandante H”, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC), durante la Administración de Adán Augusto López Hernández -gobernador tabasqueño, del 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021-, y presunto líder de la organización delictiva conocida como “La Barredora”.

“Bueno, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia [CNHJ] tiene facultades para distintas cosas, desde suspender derechos hasta llegar a una expulsión del partido, como lo hizo ya en el caso de Hernán Bermúdez, por ejemplo”, afirmó la dirigente nacional de Morena.

El 17 de julio de 2025, la CNHJ acordó abrir un procedimiento sancionador de oficio, en el que se informó que tenían como pruebas notas periodísticas, oficios y declaraciones del Gabinete de Seguridad, respecto a los actos delictivos de Bermúdez Requena, por lo que aplicarían una “suspensión provisional” hasta concluir una investigación.

Durante una conferencia de prensa, en Tabasco, Alcalde Luján recibió cuestionamientos sobre qué haría Morena contra su líder parlamentario en el Senado.

Sin embargo, la dirigente nacional de Morena insistió que no existís la impunidad ni la complicidad, por lo que, según ella, no se protegía ni solapaba a nadie, y si Bermúdez Requena estaba en la cárcel, arengó, era gracias a los gobierno de dicho partido. Incluso, recriminó que se intentara comparar el caso de Tabasco, con la actuación de Genaro García Luna, ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012.

Alcalde Luján insistió en que no existían pruebas contra López Hernández, y nadie había presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, para que lo investigara

“Hasta la fecha yo no conozco de alguna queja que se haya presentado en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en contra del senador. Cualquier militante puede presentar una queja si se considera que otro compañero violentó el estatuto, los principios”, indicó la dirigente nacional de Morena.

“Tampoco, que yo sepa, hay una investigación abierta en contra del senador. Entonces, una cosa es que no hay impunidad y no hay complicidades, pero otra también, y lo ha dicho la Presidenta, es que necesita haber pruebas para que se inicie una investigación. Si hay elementos, si hay pruebas, se inician las investigaciones”, señaló Alcalde Luján, quien ante la insistencia de si la dirigencia debería pedirle a la CNHJ una investigación, aseguró que no les correspondía.

“No es que Luisa Alcalde cerraría la puerta [a una investigación], la Comisión es el órgano garante de dirimir cualquier diferencia. Y los militantes pueden presentar ahí las quejas si consideran que algún militante cometió alguna falta. Se trate de quien se trate”, enfatizó la dirigente nacional de Morena.

También le preguntaron su posición ante diversas encuestas que exigían al partido la salida del ex gobernador tabasqueño, por lo que Alcalde Luján respondió que serían los senadores quienes determinaran si seguía en la coordinación, ya que Morena no se entrometería.

“Eso no es una decisión que me competa a mí, eso lo tienen que definir los senadores y las senadoras. Ellos tienen autonomía para definir quiénes son los coordinadores. Lo mismo que los diputados deciden quién es su coordinador, los senadores. Está en el ámbito de sus competencias y nosotros respetamos esa decisión”, apuntó la dirigente nacional de Morena.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

“Ya me mataron, corazón”

En un país dominado por el crimen organizado nadie está a salvo. El riesgo de ser asesinado, cual sea la causa que se persiga, es tan latente como común, casi normalizado. Los cárteles de las drogas en México tienen el control sobre sus territorios, aun de aquellos que no aparecen en el mapa político electoral, pero que sí son de interés para la comisión de delitos a base de imponer terror y horror entre la población vulnerada debido a una falta de una estrategia integral de combate al crimen en todos sus niveles.

Los cárteles de la droga devinieron en crimen organizado; controlan todo. Con violencia intervienen en la venta de mariscos, limones, de cualquier producto, en el transporte de mercancías, en la construcción de viviendas, en el activismo social.

A Angelita Meraz la asesinaron en el salón de belleza que era su modo de vida para continuar con su labor social a través del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, que fundó en 2018 cuando su hermano fue desaparecido en la ciudad de Tecate, Baja California. Angelita transmitía en vivo en su página de Facebook para evidenciar dos cosas: la localización de fosas clandestinas con restos humanos; y la indiferencia de las autoridades para acudir a los lugares a procesar la zona, tratar los restos e investigar las identidades.

No tenía mucho que había hecho uno de esos en vivos cuando la mataron a tiros mientras descasaba en una de las sillas especiales de su salón de belleza. La habían amenazado anónimos criminales por localizar cadáveres, por hacer una labor que corresponde al Estado, a las fiscalías, pero que, ante su incapacidad y falta de compromiso, desarrollan civiles, ciudadanos, familiares de víctimas de desaparecidos.

A don Nico, como suele llamarse al señor Guadalupe en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, un territorio alejado de la mano del gobierno hasta ahora conocido en el ámbito nacional, precisamente por lo que le pasó al hombre propietario de heladerías: mientras hacía un en vivo, sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon en directo.

El señor tenía tiempo que había iniciado un movimiento ciudadano, sin fines de lucro ni políticos, para bachear por cuenta cívica los hoyos en la carretera de la localidad de Urireo, en la municipalidad de Salvatierra, Guanajuato. Con el logotipo de un puño y tres siluetas al frente, en blanco y negro, identificó al movimiento que consiste en evidenciar los baches, y solicitar cooperación ciudadana, así como de transportistas, para cubrir los hoyancos que el gobierno evidentemente ignora.

En las redes sociales de don Nico aparecen videos de los múltiples baches, de sus llamados a la cooperación, de las terribles y fatales consecuencias que puede tener una vialidad en mal estado, hasta su última transmisión… cuando lo atacaron a balazos.

El caso se torna más trágico porque quedó grabado en el video del celular de don Nico. La escena es terrible, pero describe la situación de México: El hombre está a la orilla de la carretera, enfocando su videograbación hacia un bastante profundo bache, y se queja de la desatención y de que, si un automóvil pasa inadvertidamente por el hoyanco, puede tener un accidente con consecuencias fatales. En eso está, cuando en su toma aparece una motocicleta tripulada por dos hombres, se ven jóvenes, cubiertos sus rostros y armados. Directamente le apuntan a don Nico y disparan.

El heladero y activista social cae malherido y la grabación continúa. Se queja, se duele, llora lastimosamente, y habla sobre su última voluntad. “Ya me mataron, corazón”, le dice a su mujer; le encarga a sus hijos, le pide que los cuide, que los eduque, que los conmine al estudio.

Se alcanza a escuchar en la videograbación: “Te amo, ya me mataron, corazón. Te amo, cuida a mis niños, corazón… dile a mis hijos que los amo. Vengan, vengan rápido… Que quede como un legado para el pueblo, que el pinche gobierno es una basura”.

Pero tan sensibles palabras de despedida, que conmocionan a la sociedad, que llevan al sentimiento de impotencia ante una realidad que todos mata, corazón, no hacen mella en el gobierno que, desde la Presidencia de la República, intentan minimizar el hecho, concentrándose más la Presidenta Claudia Sheinbaum en un programa de bacheo que iniciará: “Bachetón”, que promete, pero no llega; que en la gravedad de vivir en un pueblo sin ley donde el narco, con sus armas, mata, amedrenta, violenta y amenaza a quienes incluso lo único que aspiran es tener calles transitables y seguras para todos.

Está claro que en este país cualquier causa pone la vida en riesgo, porque en México el gobierno no cuida y protege a sus ciudadanos; los marginaliza, los abandona, los lleva a tomar acción propia y son agredidos por esa iniciativa ciudadana ante la pasividad de un gobierno más concentrado en cosechar votos con dádivas, para perpetrarse en el poder, que en reconstruir un país que se cae ante la falta de infraestructura, que se hunde en un bache y mata a sus ciudadanos con las balas del narcotráfico.

La buena fortuna de un buen hombre, de un buen ciudadano, de un buen padre y un buen esposo, como lo ha demostrado ser don Nico, ha permitido que no muera. Se encuentra en el hospital, grave, pero estable, reportan los medios desde Salvatierra, Guanajuato. Solo con su causa, asediado por los criminales que impunemente le atacaron en vivo y en transitada carretera, y que siguen libres.

Pero don Nico nos deja una historia de vida: que ante la incapacidad de los gobiernos para generar desarrollo y proveer seguridad, mata a todos, vulnera a todos, especialmente a aquellos que levantan la voz, que toman acción y se comprometen por su comunidad. Esa es la transformación que se está dando en México.


FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

“Falta de pericia” del conductor fue la causa del choque y explosión de pipa en el Puente de la Concordia, dice Fiscalía

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde, informó que en la investigación realizada intervinieron 16 especialidades periciales y se han emitido 273 dictámenes. Precisó que cada una de ellas aportó un enfoque complementario al análisis integral del hecho.

Bertha María Alcalde, fiscal General de Justicia de la CDMX detalló que la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ocurrió por una “falta de capacidad o pericia” del conductor, al no mantener el vehículo dentro del carril, lo que provocó un choque contra las barreras de contención.

“No hay causas inmediatas, en principio sí. Habría responsabilidad, creemos que habría elementos para poder establecer la responsabilidad del conductor en relación con la perdida de pericia, desafortunadamente el chofer murió y esto genera que la investigación formalmente en la carpeta en contra del conductor, pues se tiene en principio que sobreseer y se cierra ahí, pero creemos que hay elementos con relación a las causas”, dijo.

En conferencia de prensa, aseguró que el vehículo, aunque afectado por el fuego, fue estudiado con detenimiento, por lo que se revisó el sistema de frenos en general y se determinó que no presentaba daños distintos a los ocasionados por el incidente.

La funcionaria aseguró que en una investigación realizada por la Fiscalía intervinieron 16 especialidades periciales y se han emitido 273 dictámenes.

“Cada especialidad aporta un enfoque complementario al análisis integral del hecho. Primero, las especialidades que analizan directamente el hecho. Tránsito terrestre determina la forma en que ocurrió el accidente en términos del desplazamiento vehicular, analiza la trayectoria, velocidad, maniobras y posición final del tractocamión”, comentó.

Aseguró que todas las intervenciones se revisaron de acuerdo con los cuestionamientos que resuelven, y los aportes que brindan a la investigación.

En ese sentido, destacan aquellas que permitieron esclarecer el hecho y acreditar la dinámica del evento, entre ellas seguridad industrial, tránsito terrestre, mecánica forense, instalaciones hidrosanitarias y de gas, criminalística y fotografía.

Dijo que un siniestro de esa magnitud tiene causas inmediatas como los factores directos que lo provocan, que son las condiciones que contribuyen o tratan de evitar que estos hechos ocurran.

“La evidencia recabada descarta fallas mecánicas y efectos en la vía o causas externas y confirma la falta de pericia en la conducción fue la causa inmediata”, reiteró

Aseguró que todas las intervenciones se revisaron de acuerdo con los cuestionamientos que resuelven, y los aportes que brindan a la investigación.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con diversas instituciones, desplegó todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para esclarecer los hechos y brindar atención inmediata las víctimas”, declaró.

¿Cómo sucedió el accidente?

De acuerdo con las investigaciones, el contenedor golpeó el vértice de ese bloque, lo que ocasionó una hendidura de 40 cm por donde comenzó la fuga de gas. Tras el impacto, el tractocamión cruza la vialidad y se estrelló contra el muro de contención de lado a con contrario, arrastrando el semiremolque que se desprendió y volcó sobre su costado izquierdo.

El gas formó una nube que se expandió en un radio aproximado de 180 m. Al entrar en contacto con una fuente de ignición, provocó un incendio que se propagó desde el exterior hacia el interior del tanque.

El coordinador general de Investigación Forense y de Servicios Periciales, Óscar Ochoa, recalcó que no existía ningún elemento sobre el arroyo de circulación que pudiera haber provocado el hecho.

“En este caso no se cuenta con la presencia de peatones ni pasajeros, únicamente se encontraba el conductor quien no tuvo la capacidad de mantener el vehículo dentro de la vía, siendo esta la causa inmediata principal que originó el lamentable hecho de tránsito. Este análisis de causas inmediatas debe complementarse con las de causas mediatas que convergen en un siniestro”, comentó.

Fiscalía recibe 75 denuncias por explosión de pipa

Hasta el momento, la fiscalía ha recibido 75 denuncias por la explosión que dejó 31 personas fallecidas.

El pasado 2 de octubre, la funcionaria aseguró que solo existe una carpeta de investigación y que se cuenta con 74 asesores jurídicos por parte de la FGJ-CDMX para los familiares de las víctimas.

“Desafortunadamente, muchas veces cuando ocurren este tipo de tragedias, a veces existen abogados que se aprovechan de la situación; no todos, y eso es muy importante mencionarlo, pero hay algunos que muchas veces, incluso engañan a las víctimas en relación con las expectativas, que pudiera haber en este tipo de accidentes. Se les cobra un porcentaje de la reparación del daño, y creo que es muy importante que las víctimas sepan que ellos tienen derecho a una representación jurídica gratuita. Que estamos brindando ese servicio de tal forma, que, a la hora de la reparación del daño, el monto total de la reparación del daño pueda ir a las familias, y eso es muy importante para nosotros”, destacó Alcalde Luján.

Explosión de pipa

El pasado 10 de septiembre, una pipa que contenía 49 mil 500 litros de gas LP volcó y explotó en las inmediaciones del Puente de la Concordía, en Iztapalapa. Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:20 horas.

El incendio también dejó al menos 18 autos afectados y se mantiene el cierre total de la autopista México–Puebla en ambos sentidos, entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, así como de la calzada Ermita Iztapalapa a partir de la avenida de las Torres.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

FGR diseñó red del 'huachicol fiscal' en aduanas: El Universal

En la red de huachicol fiscal participaron principalmente participaron 13 personas, seis marinos —uno en retiro— y siete civiles, según El Universal.

La Fiscalía General de la República (FGR) diseñó el organigrama de la red de huachicoleo fiscal en las aduanas de México, reveló este viernes el diario El Universal.

Aristegui Noticias le ha dado puntual seguimiento al caso del ‘huachicol fiscal’, práctica delictiva operada en Tampico, Tamaulipas, que se extendió por casi dos años en la que estuvieron involucrados empresarios, marinos en activo, un marino en retiro y exfuncionarios de aduanas.

El Universal señala que principalmente participaron 13 personas, seis marinos —uno en retiro— y siete civiles.

Asimismo el diario apunta que La FGR definió la labor de cada uno en esta estructura criminal, que operaba para contrabandear combustible, la cual cubría todos los flancos, la cual era encabezada por los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda: el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna.

Además, el informe que tuvo acceso El Universal revela que la función de los integrantes de esta red delictiva comprendía desde el diseño de la estrategia delictiva, la toma de muestras de las sustancias que contenían los tanques con combustible hasta cotejar las fracciones arancelarias establecidas en el pedimento. Incluso, se entregaban recursos económicos para simular revisiones a los tanques dentro del proceso de importación, teniendo conocimiento de que se hacía pasar el combustible por aceites y aditivos.

El caso de los hermanos Farías Laguna

En septiembre pasado reportes periodísticos, como el del diario Reforma, apuntan a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna como operadores centrales de esta red de huachicol fiscal. El primero ya fue detenido y enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano; el segundo continúa prófugo.

Las indagatorias señalan que entre abril de 2024 y marzo de 2025 desembarcaron al menos 31 buques de combustible con documentación fraudulenta, apoyados por funcionarios de aduanas. Entre los implicados figuran exdirectivos de la Aduana de Tampico y Altamira, así como servidores públicos que habrían facilitado la entrada del hidrocarburo bajo fracciones arancelarias distintas.

La investigación también está relacionada con los homicidios del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y de la auxiliar de la FGR, Magaly Janet Nava Ramos, ocurridos en octubre y noviembre de 2024.

Guerrero Alcántar había denunciado operaciones irregulares en puertos y aduanas, presuntamente vinculadas a los hermanos Farías. En una carta dirigida al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, el contralmirante alertaba sobre designaciones manipuladas de marinos para favorecer al huachicol fiscal.

Ambos asesinatos fueron ejecutados bajo un mismo modus operandi: dos sicarios en motocicleta y apoyo de un vehículo. La FGR considera que estas muertes estuvieron relacionadas con la red ahora desmantelada.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Videos de explosión de Iztapalapa deberían ser públicos: expertas

La explosión de una pipa en Iztapalapa dejó 31 muertos y la Fiscalía de la CDMX ha decidido reservar los videos del C5 y de particulares por tres años, pese a haber mostrado algunas imágenes inicialmente. Expertas en transparencia consideran que la medida carece de justificación legal y que el interés público debería prevalecer. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan esperando respuestas y la investigación oficial no aclara responsabilidades.

La volcadura y explosión de una pipa de gas en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre estremeció a la Ciudad de México. Aunque la ciudadanía exige conocer qué pasó, la Fiscalía de la CDMX insiste en no mostrar los videos de aquel día.

La dependencia argumenta que revelar las imágenes podría afectar la investigación y los derechos de las víctimas. Sin embargo, se contradice, ya que había mostrado videos del C5 en las primeras horas tras la tragedia.

Las imágenes revelaban cómo la pipa avanzaba unos metros, desaparecía del ángulo de la cámara y, segundos después, una densa nube blanca de combustible se extendía hasta cubrir árboles, autos y edificios, seguida de una explosión que consumió todo a su paso.

SOLICITUD DE TRANSPARENCIA NEGADA

Semanas después, EMEEQUIS solicitó a la Fiscalía, mediante la solicitud de transparencia número 092453825002424, el acceso a todos los videos disponibles del C5 y de particulares. La respuesta fue negativa, alegando que el material forma parte de la carpeta de investigación, por lo que está clasificado por tres años.

“Buenas tardes. Quisiera una copia de todos los videos de la explosión de Santa Marta del 10 de septiembre, tanto de cámaras del C5 como de privados que hayan sido proporcionados por civiles”, fue la solicitud enviada por este medio.

“EL INTERÉS PÚBLICO ESTÁ POR ENCIMA”: JULIETA DEL RÍO

En entrevista para EMEEQUIS, Julieta del Río Venegas, excomisionada del extinto INAI, señaló que, aunque la ley permite clasificar información de una carpeta de investigación, la Fiscalía debió justificar la “prueba de daño”, demostrando por qué la difusión de esos videos afectaría el proceso judicial o los derechos de las víctimas, algo que no ha ocurrido.

“Ellos dicen que lo hacen por respeto a las personas involucradas, pero no se visualiza si el Comité de Transparencia valoró la prueba de daño. Eso es fundamental, pues así lo marca la ley”, explicó.

Del Río agregó que la fiscal Bertha Alcalde incurre en contradicciones:

“Ella dijo que clasificaron la información porque así lo hacen en todos los expedientes, pero al mismo tiempo convocó a una conferencia el 10 de octubre para mostrar algunos videos. Quieren reservar la información, pero solo mostrar una parte. Desde mi perspectiva, está mal fundamentado, porque el interés público prevalece”.

“NO HAY RAZÓN JURÍDICA PARA RESERVARLOS”: MARÍA MARVÁN

María Marván Laborde, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y excomisionada presidenta del entonces IFAI, coincidió en que la reserva carece de justificación legal.

“Ciertamente los videos forman parte de la carpeta de investigación, pero eso no significa que deban reservarse. Ya hicieron públicos algunos; como mínimo deberían entregarlos. Además, las imágenes no revelan hipótesis, imputaciones o datos personales sensibles.”

La Fiscalía informó que no podía proporcionar ningún video, pese a que se corroboró que solicitó imágenes a particulares. Marván señaló que el material tampoco puede considerarse de seguridad nacional, ya que la hipótesis oficial es un accidente con el chofer como único posible responsable.

“Si hubiera indicios de terrorismo, podría haber una razón para reservarlos. Pero no es el caso. Entonces, no hay razón jurídica válida para mantenerlos ocultos.”

Sobre el plazo de tres años, la especialista lo consideró excesivo:“Si la investigación está bajo la hipótesis de accidente, la reserva debería concluir antes. Al hacerlo así, alimentan las sospechas públicas: si fue un accidente, ¿por qué censurar los videos? ¿Qué se está viendo que no quieren mostrar?”

“Al reservarlos hacen más daño a la opinión pública que entregando la información completa. Generan el famoso sospechosismo”.

IMÁGENES CLAVES Y FALTA DE TRANSPARENCIA

La reserva de los videos podría esclarecer detalles cruciales: velocidad del vehículo, estado de la carretera o posibles fallas mecánicas. Sin embargo, se suma a la larga lista de baches en el proceso de la Fiscalía: incongruencias, retrasos y falta de comunicación con las víctimas.

Por ahora, las imágenes que millones vieron en redes sociales siguen siendo las únicas pistas visibles de una tragedia que, más allá de su dimensión humana, ha puesto a prueba los límites de la transparencia y el derecho a la información en la CDMX.

Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan esperando respuestas. A casi un mes del siniestro, no hay conclusiones periciales definitivas ni claridad sobre las responsabilidades de la empresa de gas ni de las autoridades encargadas del transporte de combustibles.

FUENTE: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: MARICARMEN GUTIÉRREZ ROMERO, NATALIA ORTIZ, MIGUEL ÁNGEL TEPOSTECO RODRÍGUEZ.

Si Araceli Brown intenta cruzar a Estados Unidos, será detenida

A la ex alcaldesa de Rosarito, y diputada federal por Morena, Araceli Brown Figueredo, le revocaron su visa de turista para internarse a los Estados Unidos el 19 de septiembre de 2025, un día después que el Departamento del Tesoro, la incluyera, junto a los empresarios Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, como parte de una red del Imperio del Contrabando en Rosarito, en alianza con la célula de Los Mayos del cártel de Sinaloa.

Fuentes en los Estados Unidos informaron a ZETA, que la ex alcaldesa cruzó la frontera hacia la Unión Americana, por última vez, el 14 de septiembre de 2025, que por tanto mantiene su documento de visa, pero esta ya ha sido revocada, y que en caso de que ella decidiera acudir a la garita internacional con ese documento, no solo se le retiraría sino que ella sería aprehendida, bajo la orden ejecutiva (decreto) 13224, la misma que firmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 20 de enero de 2025, y que designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas.

Dicha orden crea un proceso mediante el cual ciertos cárteles internacionales y otras organizaciones serán designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras, de conformidad con el artículo 219 de la INA (8 USC 1189), o Terroristas Globales Especialmente Designados, de conformidad con la IEEPA (50 USC 1702) y la Orden Ejecutiva 13224 del 23 de septiembre de 2001 (Bloqueo de Bienes y Prohibición de Transacciones con Personas que Cometen, Amenazan con Cometer o Apoyan el Terrorismo), y sus enmiendas, misma que firmó el Presidente George Bush en el contexto de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York.

En la Orden Ejecutiva de Trump se especifica que “los cárteles internacionales constituyen una amenaza a la seguridad nacional que va más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional, y sus actividades abarcan:

(i) convergencia entre ellos y una gama de actores extrahemisféricos, desde organizaciones terroristas extranjeras designadas hasta gobiernos extranjeros antagónicos;

(ii) sistemas adaptativos complejos, característicos de las entidades que participan en la insurgencia y la guerra asimétrica; y

(iii) infiltración en gobiernos extranjeros en todo el hemisferio occidental”.

En suma “Los cárteles han emprendido una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental que no sólo ha desestabilizado países de gran importancia para nuestros intereses nacionales, sino que también ha inundado a Estados Unidos con drogas mortales, criminales violentos y pandillas despiadadas”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA (INVESTIGACIONES).
AUTOR: .

Ley de Amparo dejaría en estado de indefensión a ciudadanos: abogadas de Tijuana

La Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco calificó como “un retroceso” la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidente de la república, Claudia Sheinbaum Pardo. El organismo señaló que con la pretendida modificación podría vulnerarse el principio de presunción de inocencia.

La presidente de la asociación civil, Estefanía Campos García, subrayó que la iniciativa se perfila para que el ciudadano se vea imposibilitado de buscar la suspensión ante actos de autoridad emprendidos en su contra.

“Esta suspensión es la que se ve restringida principalmente en dos temas, prisión preventiva oficiosa y bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial”, manifestó en entrevista con ZETA la representante de la comunidad jurídica local, quien se dijo en desacuerdo con que procedieren tales medidas sin estar en curso un proceso.

“Ya le están bloqueando sus cuentas o ya le están girando una orden de aprehensión sin que haya llevado un proceso, pues prácticamente deja en un estado de indefensión para proteger sus derechos”, remarcó.

Observó que la Unidad de Inteligencia Financiera, con atribución para bloquear cuentas bancarias ante presuntas conductas ilícitas, no es una autoridad judicial sino administrativa.

“Entonces (la UIF) presume que una empresa o una persona física puede estar llevando a cabo una actividad ilícita, pero no lo acredita”, detalló.

De acuerdo con la entrevistada, actualmente obran 7 mil suspensiones por bloqueo de cuentas bancarias. “Se está revisando cuál es el trasfondo de la situación para ver si la empresa o la persona realmente tienen que estar sujetos a este bloqueo”, expuso Campos García y reiteró que “lo que se pretende es eliminar esta suspensión para que ya no se necesite una orden judicial”.

La iniciativa de reforma ya fue turnada a las Comisiones de Justicia y de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, las cuales habrán de dictaminar en el ánimo de someter a votación el proyecto legislativo.

A mediados de semana la presidente Claudia Sheinbaum informó que el artículo transitorio de la Ley de Amparo debía aclararse dado que estipulaba que la norma fuera retroactiva.

“La Constitución ya ha determinado que la ley no puede ir hacia atrás, no puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de una persona”, manifestó Estefanía Campos García. Semejante figura “deja en un estado de incertidumbre en todas las personas que ya iniciaron un proceso y tienen una suspensión otorgada”, añadió.

La abogada dio a conocer que el 14 de octubre la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco hará un posicionamiento en el Congreso de la Unión en torno a la iniciativa de reforma de la Ley de Amparo.

“El Estado debe aprender a salvaguardar los derechos humanos y esto no significa que por el hecho de que manifiesten que algunas personas han abusado de esta figura se tenga que restringir los derechos de todos. Entonces de alguna manera es este nuestro punto de vista”, recalcó.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO ANDRADO URIBE.

El IPAB líquida a CIBanco y revoca su licencia tras señalamientos de lavado de EU

Con su caída, CIBanco dejaría a más de tres mil empleados que serán despedidos cuando se vea obligado a cesar sus operaciones comerciales internacionales.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer este viernes que fue revocada la licencia de CIBanco y comenzó el proceso de liquidación de la firma financiera, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara al banco de lavado de dinero el pasado 25 de junio.
"Derivado de la revocación de la autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple a CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) aprobó se proceda al Pago de Obligaciones Garantizadas, es decir, pagar a las personas ahorradoras de este banco aquellos depósitos que están protegidos en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de la Ley de Instituciones de Crédito", indicó el IPAB en un comunicado.
El lunes 13 de octubre el IPAB iniciará el pago de la obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras del banco, indicó el Instituto. Con su caída, CIBanco dejaría a más de tres mil empleados que serán despedidos cuando se vea obligado a cesar sus operaciones comerciales internacionales.


Respecto al pago de obligaciones, el IPAB dijo que los efectuará en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la fecha en que el banco haya entrado en estado de liquidación, sin que sea necesaria la presentación de una solicitud de pago, tomando como base la información que la institución en liquidación mantenga en sus sistemas automatizados de procesamiento y conservación de datos.

Los depósitos de los cuentahabientes en CIBanco están cubiertos por el IPAB hasta por 400 mil Unidades de Inversión por persona (tres millones 424 mil 262.40 pesos, al 10 de octubre de 2025). Esta cobertura, explicaron la autoridades, es aplicable sólo a aquellos productos considerados depósitos asegurados y que no sean objeto de exclusión de cobertura de conformidad con la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y demás disposiciones aplicables.

Las sucursales de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple en Liquidación, que se muestran continuación permanecerán abiertas a partir del 13 de octubre de 2025, en un horario de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas, exclusivamente para consultas, aclaraciones o presentar una solicitud de pago de obligaciones garantizadas, pero no para operaciones activas o de servicios.
"El IPAB no garantiza, entre otros, depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración y de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de CIBanco, así como apoderados generales con facultades administrativas y gerentes generales, con independencia del saldo que mantengan depositado. No obstante, estas personas conservan su derecho ante la institución en liquidación", añadió el Instituto.
Desde el 25 de julio, el Departamento del Tesoro había dado a conocer órdenes emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su siglas en inglés) que prohibirían ciertas transferencias de fondos que involucren a tres instituciones mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa,  y que constituyen las primeras acciones tomadas al amparo de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.

A raíz de las acusaciones del Gobierno estadounidense, el Banco de México asumió temporalmente la gestión de dichas instituciones financieras con el objetivo de supervisar su operación, garantizar el cumplimiento de las regulaciones, y evitar afectaciones a las y los usuarios del sistema financiero.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Salinas Pliego no se ha acercado para negociar el pago de su deuda: Sheinbaum

Sheinbaum explicó que todavía hay varios procedimientos hacia adelante que se deben de seguir para cobrar los adeudos de Salina Pliego, los cuales están establecidos en el código financiero.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que el magnate Ricardo Salinas Pliego sigue sin dar señales de querer pagar los adeudos millonarios que tiene con el Gobierno Federal, que ascienden a 74 mil millones de pesos. "Se ha dado la información, pero no se ha dado de parte del empresario o de alguno de sus representantes algo que diga sí, sí se va a pagar", aseguró la mandataria.
"Este empresario tiene nueve casos en la Corte, esos casos como mencionó aquí la Procuradora fiscal tienen un monto de alrededor de 48 mil millones de pesos. Como lo mencionamos, si él decide pagar antes de que llegara la resolución de la Corte, puede tener los descuentos previstos por el código financiero, de multas y otras características dentro del marco legal. Tres de esos juicios ya tienen asignado al Ministro que va a realizar la ponencia, los otros todavía no tienen. Los otros casos que mencionó hace ya meses la Procuradora están en otros niveles, no han llegado a la Corte todavía, están en tribunales colegiados, en el Tribunal Administrativo. [Son proceso] que con la Ley de Amparo serían más cortos", destacó la mandataria ante una pregunta de SinEmbargo.
Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo federal explicó que todavía hay varios procedimientos hacia adelante que se deben de seguir para cobrar los adeudos de Salina Pliego, los cuales están establecidos en el código financiero y reiteró que se reunirá con acreedores del empresario.


A finales de septiembre, Salinas Pliego había solicitado a Sheinbum, a través de su cuenta de X, antes Twitter, negociar un "pago justo" de su deuda, a lo que la mandataria respondió que “la Ley no se negocia”.

De acuerdo con cálculos de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), el conglomerado de empresas de Ricardo Salinas Pliego, Grupo Salinas, acumula una deuda fiscal de 74 mil millones de pesos. La mandataria dijo que el pago del adeudo no es algo que ocurrirá en un sólo día, y que hay una serie de pasos a seguir para ello.
"Una vez incluso que la Corte determine, ustedes pueden hacer una revisión del código financiero, que está revisando la Secretaría de Hacienda. Son varios pasos para cobrar las deudas de este empresario o de cualquier otro que tuviera con el SAT. Ya si gustan en otro momento podemos presentar aquí en la mañanera", añadió la Presidenta.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Gobierno de Aguascalientes coopta al PJ a favor de intereses inmobiliarios: denuncian ambientalistas

El abogado de las inmobiliarias, Gustavo Martínez Romo, pertenece a una familia de exservidores públicos de primer nivel en los gobiernos del PAN, mientras que el nuevo juez a cargo de resolver los amparos de las organizaciones, fue asesor de la bancada panista en el Congreso local.

Organizaciones ambientalistas acusaron la intervención de nuevos jueces federales en Aguascalientes, vinculados con el PAN, en la defensa jurídica de espacios naturales contra la industria inmobiliaria, un sector que ha sido favorecido por la gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel.  

Eso ocurrió con el proceso legal para blindar a la mezquitera La Pona, un bosque urbano con fauna nativa que funciona como uno de los dos únicos pulmones naturales que quedan en la capital del estado y cuyo terreno pertenece a dos inmobiliarias: Patrimonio Inmobiliario, S.A. de C.V. SOFOM ENR, y Próxima S.A. de C.V.

Como alcaldesa y luego gobernadora, Jimenez Esquivel intentó urbanizar ese espacio con el objetivo de que posteriormente pudiera convertirse en un condominio residencial.  

Mientras que el abogado de las inmobiliarias, Gustavo Martínez Romo, pertenece a una familia de exservidores públicos de primer nivel en los gobiernos de Acción Nacional.  

Javier Soto Reyes, exasesor de la bancada panista en el Congreso local, participante del Frente por la Familia, director de Asuntos Jurídicos y posteriormente secretario del Ayuntamiento en la capital del estado, donde intervino como apoderado legal del gobierno en los juicios de amparo promovidos por ambientalistas contra la destrucción de la mezquitera. 

Tras la elección judicial local celebrada este año, Soto Reyes se convirtió en juez séptimo de Distrito, desde donde quedó a cargo de resolver tres amparos presentados por las organizaciones: uno para proteger a la mezquitera, otro contra los incendios en zonas de protección ambiental y el último contra los cambios en el Programa de Ordenamiento Ecológico municipal, que levantaron la protección al hábitat de la rana de madriguera, una especie endémica en peligro de extinción. Desde ahí, de acuerdo con asociaciones civiles, obstaculizó el proceso de amparo de protección a La Pona.  

Luego se declaró incompetente para resolver los casos por conflicto de interés según lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Amparo, que señala que jueces y ministros deberán excusarse de resolver asuntos “si han sido abogados, abogadas, apoderados, apoderadas de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo”.  

“Esa persona cercana al gobierno toma el caso, acumula los procesos de La Pona y no nos da acceso al expediente. Luego abre dos expedientes distintos para tramitar el mismo juicio acumulado, y él puede notificarnos en uno o en el otro, y en uno estamos notificados en un aspecto y en el otro no, eso genera una falta de certeza jurídica que impide que podamos defendernos. (...) Soto Reyes primero puso una bomba en el juicio, nos obstaculizó, continúo el juicio sin que tuviéramos acceso al expediente y después se declaró incompetente para resolver el caso”, dijo la abogada Carla Escoffié.  

“Uno de los juzgados encargados de resolver amparos ambientales en Aguascalientes está en manos de una persona estrechamente vinculada al actual Ayuntamiento de la ciudad, el cual se ha caracterizado por tomar decisiones a favor de los intereses inmobiliarios”, señaló un comunicado de la Red de Colectivos por la Defensa del Territorio en la entidad, conformada por una decena de organizaciones sociales en favor de los derechos ambientales.
“Si mañana ocurre algo en el Bosque de Cobos, o hay un nuevo desarrollo inmobiliario, la posibilidad de protegerse vía judicial está en serios riesgos porque prácticamente lo que está haciendo el gobierno de Aguascalientes es cooptar al Poder Judicial a través de la elección, ahorita lo que tenemos son jueces y magistrados que tendrían que demostrarnos si son inmobiliarios”, agregó Escoffié.  
Soto Reyes no es el único militante panista o exfuncionario del gobierno estatal que ganó las elecciones para juez federal, otros tres magistrados de los Tribunales Colegiados y del Centro de Justicia Penal Federal tuvieron cargos de confianza en el gobierno estatal, y al menos once nuevos magistrados y magistradas de circuito figuraron en el acordeón difundido por militantes panistas durante el proceso electoral.

En el Poder Judicial del estado, el 60% de los nuevos integrantes son militantes panistas en activo o tuvieron distintos cargos públicos en administraciones panistas, entre ellos María José Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, quien a través de un proceso opaco y fuera de la ley, fue designada como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en la entidad.  

“Denunciamos que intereses inmobiliarios están buscando cooptar los juzgados para impedir la defensa del derecho al medio ambiente y del derecho a la ciudad. Esta situación compromete la imparcialidad en la justicia ambiental en el estado, en un contexto en el que hemos enfrentado distintos intentos por sabotear los juicios de amparo en defensa del medio ambiente, particularmente el amparo de La Pona y el amparo de la ranita de madriguera. (...) Estamos hablando del futuro ambiental de la ciudad y del estado. Urgimos a hacer un escrutinio popular sobre todas las personas juzgadoras electas, para identificar los vínculos que comprometan su imparcialidad en temas de medio ambiente”, agrega el comunicado de las organizaciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MÓNICA CERBÓN.