El abogado de las inmobiliarias, Gustavo Martínez Romo, pertenece a una familia de exservidores públicos de primer nivel en los gobiernos del PAN, mientras que el nuevo juez a cargo de resolver los amparos de las organizaciones, fue asesor de la bancada panista en el Congreso local.
Eso ocurrió con el proceso legal para blindar a la mezquitera La Pona, un bosque urbano con fauna nativa que funciona como uno de los dos únicos pulmones naturales que quedan en la capital del estado y cuyo terreno pertenece a dos inmobiliarias: Patrimonio Inmobiliario, S.A. de C.V. SOFOM ENR, y Próxima S.A. de C.V.
Como alcaldesa y luego gobernadora, Jimenez Esquivel intentó urbanizar ese espacio con el objetivo de que posteriormente pudiera convertirse en un condominio residencial.
Mientras que el abogado de las inmobiliarias, Gustavo Martínez Romo, pertenece a una familia de exservidores públicos de primer nivel en los gobiernos de Acción Nacional.
Javier Soto Reyes, exasesor de la bancada panista en el Congreso local, participante del Frente por la Familia, director de Asuntos Jurídicos y posteriormente secretario del Ayuntamiento en la capital del estado, donde intervino como apoderado legal del gobierno en los juicios de amparo promovidos por ambientalistas contra la destrucción de la mezquitera.
Tras la elección judicial local celebrada este año, Soto Reyes se convirtió en juez séptimo de Distrito, desde donde quedó a cargo de resolver tres amparos presentados por las organizaciones: uno para proteger a la mezquitera, otro contra los incendios en zonas de protección ambiental y el último contra los cambios en el Programa de Ordenamiento Ecológico municipal, que levantaron la protección al hábitat de la rana de madriguera, una especie endémica en peligro de extinción. Desde ahí, de acuerdo con asociaciones civiles, obstaculizó el proceso de amparo de protección a La Pona.
Luego se declaró incompetente para resolver los casos por conflicto de interés según lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Amparo, que señala que jueces y ministros deberán excusarse de resolver asuntos “si han sido abogados, abogadas, apoderados, apoderadas de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo”.
“Esa persona cercana al gobierno toma el caso, acumula los procesos de La Pona y no nos da acceso al expediente. Luego abre dos expedientes distintos para tramitar el mismo juicio acumulado, y él puede notificarnos en uno o en el otro, y en uno estamos notificados en un aspecto y en el otro no, eso genera una falta de certeza jurídica que impide que podamos defendernos. (...) Soto Reyes primero puso una bomba en el juicio, nos obstaculizó, continúo el juicio sin que tuviéramos acceso al expediente y después se declaró incompetente para resolver el caso”, dijo la abogada Carla Escoffié.
“Uno de los juzgados encargados de resolver amparos ambientales en Aguascalientes está en manos de una persona estrechamente vinculada al actual Ayuntamiento de la ciudad, el cual se ha caracterizado por tomar decisiones a favor de los intereses inmobiliarios”, señaló un comunicado de la Red de Colectivos por la Defensa del Territorio en la entidad, conformada por una decena de organizaciones sociales en favor de los derechos ambientales.
“Si mañana ocurre algo en el Bosque de Cobos, o hay un nuevo desarrollo inmobiliario, la posibilidad de protegerse vía judicial está en serios riesgos porque prácticamente lo que está haciendo el gobierno de Aguascalientes es cooptar al Poder Judicial a través de la elección, ahorita lo que tenemos son jueces y magistrados que tendrían que demostrarnos si son inmobiliarios”, agregó Escoffié.
Soto Reyes no es el único militante panista o exfuncionario del gobierno estatal que ganó las elecciones para juez federal, otros tres magistrados de los Tribunales Colegiados y del Centro de Justicia Penal Federal tuvieron cargos de confianza en el gobierno estatal, y al menos once nuevos magistrados y magistradas de circuito figuraron en el acordeón difundido por militantes panistas durante el proceso electoral.
En el Poder Judicial del estado, el 60% de los nuevos integrantes son militantes panistas en activo o tuvieron distintos cargos públicos en administraciones panistas, entre ellos María José Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, quien a través de un proceso opaco y fuera de la ley, fue designada como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en la entidad.
“Denunciamos que intereses inmobiliarios están buscando cooptar los juzgados para impedir la defensa del derecho al medio ambiente y del derecho a la ciudad. Esta situación compromete la imparcialidad en la justicia ambiental en el estado, en un contexto en el que hemos enfrentado distintos intentos por sabotear los juicios de amparo en defensa del medio ambiente, particularmente el amparo de La Pona y el amparo de la ranita de madriguera. (...) Estamos hablando del futuro ambiental de la ciudad y del estado. Urgimos a hacer un escrutinio popular sobre todas las personas juzgadoras electas, para identificar los vínculos que comprometan su imparcialidad en temas de medio ambiente”, agrega el comunicado de las organizaciones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MÓNICA CERBÓN.
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