Al líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio se le señala ante la Secretaría del Trabajo de falsificación de firmas, desvío de recursos y un vacío total de transparencia sobre el destino de más de 500 millones de pesos del sindicato.
De acuerdo con el expediente número 10/02788, en poder de Proceso y presentado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), organismo descentralizado de la Secretaría del Trabajo, los promoventes buscan hacer valer el artículo 371 Bis de la Ley Federal del Trabajo, que permite convocar y organizar un recuento para elegir un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, así como nuevas Comisiones de Hacienda y de Honor y Justicia.
“Se sirva declarar nulo el proceso de elección y, por ende, también del registro que se había tomado respecto de la elección del Comité Ejecutivo Nacional”, sostiene el documento presentado por cerca de 50 trabajadores y promoventes de empresas como Productos Ricolino, Tradición en Pastelerías, EFFEM México INC y Compañía, Sigma Alimentos, Barcel y Mondelez México.
Según la petición dirigida al CFCRL, encabezado por Alfredo Domínguez Marrufo, el 14 y 15 de abril de 2025 se llevó a cabo el proceso de elección del Comité Ejecutivo Nacional y de las comisiones internas del SNAC.
Posteriormente, el 22 de mayo de 2025, el propio Centro Federal, a través del director técnico y de Apoyo Registral de la Coordinación General de Registro de Asociaciones, expidió la constancia de registro de modificación de directiva, con la cual reconoció formalmente la nueva dirigencia encabezada por Martínez Araiza.
No obstante, la solicitud de revocación sostiene inconsistencias e incluso se efectuó el delito de falsificación de firmas.
“La afectación material se da cuando usando firmas falsas de los trabajadores y en contra de su voluntad, así como un padrón electoral apócrifo, el sindicato se ostenta como legítimo”, se lee en el documento.
Además, la impugnación cuestiona que no se integró un padrón electoral confiable, pues ni siquiera se verificó el número ni la localización de las empresas en donde el SNAC tiene contratos colectivos de trabajo.
De hecho, los inconformes acusan que nunca fueron convocados a participar, ni como candidatos ni como votantes para la elección.
“No fue difundida la convocatoria en todas las empresas y fuentes de empleo, incluyendo la nuestra, en donde dicha organización es representante de los trabajadores”, detalla.
“Hay una violación directa al principio de representación legítima tutelada por el artículo 123, apartado A, fracción XXII de la Constitución en relación con los artículos 364 Bis al 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo”.
Dinero sin rastro
La solicitud presentada por los denunciantes también acusa a Martínez Araiza de mantener una opacidad total en el manejo de los recursos, lo que se suma a los señalamientos por la desaparición de 500 millones de pesos pertenecientes al sindicato.
El dinero, sostienen, desapareció sin dejar rastro, no existen comprobaciones, auditorías ni informes públicos que expliquen su destino.
De acuerdo con un documento oficial del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, fechado el 19 de mayo, se le ha requerido a la dirigencia de Martínez Araiza presentar el acta de asamblea donde se rinda cuenta sobre la administración del patrimonio del SNAC, como lo establece la ley.
“Se exhorta a la organización sindical de mérito a dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo”, se lee en el oficio.
El artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo señala que todos los sindicatos están obligados a rendir cuentas ante la asamblea general, al menos cada seis meses, detallando el monto, destino y administración de los recursos.
Esta información, además, debe entregarse de manera física y en copia a cada trabajador afiliado, un requisito que, según los inconformes, la actual dirigencia ha ignorado deliberadamente.
Plantilla electa
En la Comisión de Honor y Justicia, los integrantes son Jorge Alberto Chávez Zárate como presidente y Janet Bolaños García y Luis Humberto Rodríguez Martínez como vocales.
Consultado por Proceso respecto a la impugnación, Martínez Araiza expuso que la impugnación de su dirigencia y los cuestionamientos sobre la gestión del patrimonio sindical, valuado en millones de pesos, forman parte de una “estrategia del cártel laboral” que busca desplazarlo.
El dirigente, quien encabeza una organización con alrededor de 18 mil trabajadores en empresas como Pepsico, Alpura, Barcel, Monte Xanic, Comex, Pastelería Ideal y La Moderna, asegura que su objetivo es regularizar las condiciones laborales y garantizar contrataciones con apego a la ley.
En septiembre pasado, el dirigente sindical expuso que no está obligado a rendir cuentas sobre los recursos a las autoridades, únicamente a sus agremiados.
Incluso, señaló que estas acusaciones obedecen a los intereses que hoy lo atacan buscan mantener a los trabajadores sin contrato, sin antigüedad y sin prestaciones básicas como el aguinaldo, lo que, dice, “mantiene vivo un sistema de impunidad sindical que pretende perpetuarse en el poder”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.
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