En ocasiones da la impresión que la Presidenta se deslinda de la anterior presidencia de la República, pero a veces parece que son uno mismo, vaya, que no termina por imprimirle su sello femenino e independiente a la administración pública que encabeza, que ganó en las urnas, y que por lo tanto no debería ser abordada como una herencia, sino como una nueva responsabilidad.
Esa presunción es más evidente cuando se trata de denunciar o justificar, evidenciar o minimizar, perseguir o congelar, la corrupción que a borbotones le ha salido por las coladeras desde la administración pública pasada.
También se sugiere un rompimiento cuando se trata de los lujosos excesos de prominentes morenistas que pasaron de tener una relevante participación ideológica en el movimiento, a ser notorios por la suntuosidad con la que suelen vivir, vestir o viajar, y que suele reflejar, ante los disminuidos sueldos en la era morenista, algo, o mucho, de corrupción.
Como el opulento viaje de Andy López Beltrán a Asia, particularmente a Japón, donde fueron evidenciados en imágenes y documentos, los altísimos pagos que hizo en comidas, o las bolsas de la afamada casa de diseñador, Prada, que alguien más cargaba por él. O el doble caso del Senador Adán Augusto López Beltrán, cuyo Secretario de Seguridad cuando era Gobernador de Tabasco, no sólo está vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, sino que es señalado de encabezar una célula criminal para esa mafia; además de los ahora conocidos ingresos millonarios que en el sector privado ha tenido en los dos últimos años el servidor público. Esto sin ignorar la pompa y fastuosidad con la que viven y se visten el morenista Sergio Gutiérrez, morenista expresidente de la Cámara de Diputados, y su esposa, también legisladora federal, mejor identificada como “Dato Protegido”. O la casa de 12 millones de pesos del ahora exaustero Gerardo Fernández Noroña.
La joya de la corona, por supuesto, es el caso de corrupción más grande en el Gobierno de la República, pongámosle de este Siglo. De acuerdo a Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, se trata de un desfalco a la Nación de unos 600 mil millones de pesos, según explicó la funcionaria en su comparecencia ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
La procuradora fiscal se refería al caso de huachicol fiscal detectado en dos momentos: a partir de un decomiso de combustible contrabandeado en Tamaulipas el 31 de marzo de este 2025, y de la delación de varias personas, entre ellos un Capitán de la Marina, Alejandro Torres Joaquín, ahora convertido en testigo protegido, pero que dio cuenta del cómo de la estafa al Estado, y quiénes conformaban el cártel del huachicol dentro de la Armada de México, empezando por los sobrinos del exalmirante Secretario en la época de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda, quien de hecho tenía conocimiento del caso por lo menos desde 2019.
El acto criminal de corrupción en detrimento del Estado consistía en la importación de combustibles a través de los puertos marinos mercantes de México, que por decisión de López Obrador se entregaron a la Marina de México, incluidas la aduanas. Esto permitió que elementos de la Marina estructuraran un cártel del huachicol y huachicol fiscal, donde, se sabe hasta ahora, los líderes eran los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Lagunas, los sobrinos de Ojeda.
Los protagonistas de todos los casos aquí referidos, sí fueron morenistas heredados de López Obrador a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, incluido su hijo Andy quién es el número dos en la estructura del partido Morena, por supuesto Adán Augusto López, que fue Secretario de gobernación con López Obrador, y el almirante Rafael Ojeda, cuyas decisiones y ascensos tomadas y realizados en el pasado sexenio, impactaron al presente con la ya descubierta red de huachicol de la Marina.
En todos los casos, que han sido evidenciados, investigados o dados a conocer en la administración de la Presidenta Sheinbaum, ella parece dar un paso hacia adelante en materia de combate a la corrupción y luego dos para atrás al aparentemente proteger a los herederos del obradorismo.
De Adán Augusto ha dicho que las investigaciones deben avanzar (las del exsecretario de seguridad de Tabasco ligado al CJNG), y que ya se sabrá si el Senador de Morena pide o no licencia; de Andy, de entrada, refirió que el poder se ejerce con humildad, aunque después cambiaría la conseja por crítica a los adversarios de siempre. De la Marina, que ellos evidenciaron la corrupción y que no todas las Fuerzas Armadas son deshonestas.
Estos días, sin embargo, en medio de la desacreditación por corrupción, la Presidenta ha dado dos tremendos espaldarazos a la Armada de México, aun con sus sermones patrióticos que intentan ser un “estate quieto”.
Primero, durante la conmemoración del 204 Aniversarios de la Armada de México la Presidenta dedicó su discurso a la lealtad a la Patria con honestidad, arengando sin prometer avances en la investigación, que “la corrupción es una traición a todos los valores. La corrupción es deslealtad, por eso no tiene cabida en nuestras instituciones. Por eso debe sancionarse con firmeza y al mismo tiempo enaltecer la honestidad como principio de vida”.
Luego derramó la crítica hacia todos los que en los últimos meses han sido evidenciados en sus lujos, en su riqueza económica o en su riqueza ilícita: “la lealtad de quienes sirven al pueblo y a la Patria, exige valores profundos, no lujos superfluos. De qué sirve el dinero mal habido si con él se pierde la reputación y el legado”, y vaya que con esta frase podría estarse refiriendo a todos, a Adán Augusto López, a Andy López, a Sergio Gutiérrez y Dato Protegido, a Gerardo Fernández, y a los Marinos del cártel del huachicol en la Armada. A todos.
La Presidenta prosiguió: No hay riqueza que valga más que el honor, no hay poder más grande que el de la lealtad. No hay herencia más valiosa que el ejemplo de vivir con rectitud”, y otra vez, podría estar refiriéndose a todos los anteriores.
Pero justo cuando discursa sobre cuidar la herencia, no tener riqueza mal habida, no ser corruptos y promover la honestidad como baluarte del servidor público, y en medio de la investigación en la Marina por la corrupción en las Aduanas, los Puertos y la Armada, dos iniciativas son votadas para darle más poder, más control y más facultades a la Armada no sólo con una nueva ley orgánica de la institución que nació bélica, sino para ampliarles las facultades en materia aduanal. Empapados en el lodo de la corrupción, la deshonestidad y la deslealtad, la Presidenta arma a la Armada con más poderes y más control.
Efectivamente, en la iniciativa de la nueva Ley Orgánica de la Armada les cede y confirma el poderío de esas Fuerzas Armadas en aeropuertos y aduanas de México, los faculta para perseguir, abordar, registrar e inspeccionar toda clase de embarcaciones, con el fin de que combatan los delitos en las costas y el espacio marítimo, sí, como el huachicol fiscal que desde el interior de la Armada surgió. También les dio facultades para controlar el espacio aéreo en las mismas tareas, así como tareas de ciberdefensa y ciberseguridad con el uso de herramientas tecnológicas.
Prácticamente les está armando a la Armada una estructura para combatir los delitos por todos los medios, los que desde dentro de esa institución se cometieron, o acaso se comenten porque no ha habido avances en la investigación de la FGR que parece haberse estancado con la aprehensión de unos cuantos de los más de 100 elementos que intervinieron en la cadena criminal que, de acuerdo a la subprocuradora fiscal, desfalcó al Estado por unos 600 millones de pesos.
De igual manera, se analiza la Ley de Aduanas que dota de más elementos, facultades, infraestructura a quienes protegen los puertos aduanales en el país, o sea a las Fuerzas Armadas, las mismas ahora investigadas. La mayor responsabilidad y alcance para los servidores en las Aduanas de México, justifican en Morena, es para detener la defraudación fiscal en los puertos aduanales, terrestres o marítimos, que de acuerdo al SAT asciende a unos 23 mil millones de pesos, estimados sólo en lo que va del presente año, pero a saber, sin investigarse o al menos informar sobre las investigaciones que permiten llegar a tal cantidad de pérdida.
Es decir, por un lado, la Presidenta fustiga, por otro premia, a la institución que, en sus entrañas creó un cártel del huachicol y del huachicol fiscal. Entonces no se sabe si Sheinbaum realmente denuncia e investiga, o expone, luego premia y minimiza en lo que parece ser un doble discurso que no define el rumbo de su gobierno ni lo que en sí quiere decirle a los mexicanos. Y así, ya transcurrió el primer año del sexenio.
