CRÓNICA DE FAVORES
“Estamos todos como pasmados, porque no tenemos ni idea de qué ha pasado”, dijo la alcaldesa Lorena García Cázares durante una entrevista con medios afuera de Palacio de Gobierno del estado, en Pachuca, el jueves 25 de septiembre –dos días después del atentado–, la misma en la que reconoció el pago político.
Sobre la manera en la que se dio el ataque cerca del domicilio de Dereck en Privada el Rosario, Tulancingo (vecinos le prestaron apoyo para que se trasladara en su propio auto a la sede del gobierno local y, posteriormente, fuera llevado por Protección Civil a la Clínica Santa María), lo cual podrían evidenciar un seguimiento y otros aspectos de la lectura de la acción criminal, la morenista contestó: “no le podría yo decir algo, porque no tengo la más mínima idea”, sin entender –así lo expresó– lo que había sucedido, además de mencionar que no tiene conocimiento de amenazas previas ni algún otro elemento que los hubiera prevenido sobre un posible riesgo.
El funcionario sobrevivió al ataque a tiros y él mismo condujo su vehículo Accord color gris al estacionamiento del Centro Cívico Social para solicitar apoyo y recibir atención médica. Ingresó en estado grave.
El “agradecimiento” al apoyo familiar al que hace referencia la presidenta y por el cual contrató a Dereck y a sus padres se evidencia en las asignaciones laborales a partir de septiembre de 2024, cuando Lorena García tomó posesión.
En la declaración patrimonial 2025 que presentó al Órgano de Control Interno municipal el pasado 9 de mayo, Dereck Atrellou Olvera Juárez reportó una remuneración neta de 60 mil 750 pesos (por el cargo público que ejerció en cuatro meses de 2024). Los bienes inmuebles y vehículos que posee los testó.
El reporte de salarios que el mismo ayuntamiento entregó a Contraloría muestra que la percepción bruta de Dereck fue de 20 mil 768 pesos.
Lo mismo sucede con su padre, Fernando Guzmán Olvera, director jurídico del municipio, quien dio cuenta de una remuneración neta de 116 mil 416 pesos en su declaración patrimonial (por septiembre a diciembre de 2024), aunque el reporte de sueldos del ayuntamiento de Tulancingo refiere una percepción mensual bruta de 31 mil pesos netos.
Guzmán Olvera, licenciado en Derecho de profesión, no incluyó bienes inmuebles, vehículos ni muebles.
En tanto, María de Jesús Juárez Rebollo, madre de Dereck Atrellou, tiene, según el gobierno de Tulancingo, una remuneración bruta de 12 mil 430 pesos mensuales por una plaza como auxiliar de la secretaría general municipal, aunque asiste en la secretaría particular de la alcaldesa.
En febrero de 2022, María de Jesús obtuvo su certificado de bachillerato, con la carrera técnica en administración. En su declaración patrimonial, indicó que su remuneración neta por los cuatro meses de 2024 fue de 47 mil 720 pesos y tampoco incluyó algún bien.
La relación tiene más antecedentes: cuando Lorena García fue designada candidata por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante cuestionamientos y resistencia de las bases, el excoordinador del PT Fernando Olvera se sumó a su campaña. Ese es el motivo por el cual, reconoció la alcaldesa, les concedió cargos públicos, incluso en áreas para las que no tenían la formación adecuada.
ALZA DELICTIVA
Entre enero y agosto de 2025 se registraron 2 mil 968 delitos en Tulancingo, entre ellos 218 lesiones dolosas, 14 homicidios dolosos, 178 amenazas, 40 casos de abuso sexual, 28 de violación, un feminicidio y 49 denuncias por narcomenudeo, de acuerdo con el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
No obstante, la alcaldesa afirmó que en su municipio los incidentes delictivos se reducían a robo de carteristas, “de bolsas” y a casa habitación, además de descartar la incidencia de delitos de alto impacto.
El ilícito por el que más carpetas de investigación iniciaron en los primeros ocho meses del año es violencia familiar, con 419; además, en cuanto a robos, se denunciaron 26 a transeúntes –lo que podría configurar en los “carteristas” que refiere la presidenta–, más 47 a casa habitación, pero los de mayor recurrencia fueron los robos de vehículo automotor, con 229.
García Cázares inició su mandato el 5 de septiembre de 2024 y concluirá el 4 de septiembre de 2027. Este 2025, su primer año completo en el cargo, muestra un alza delictiva de 88.57 por ciento en robo a negocios (al pasar de 35 a 66 casos denunciados), si se compara con el primer año de gobierno (2021) de la administración que le antecedió, la 2020-2024, a cargo de Jorge Márquez Alvarado, quien falleció el 30 de mayo de 2024 tras complicaciones de salud.
Además, el narcomenudeo registra un incremento de 81.48 por ciento (27 contra 49 denuncias), las amenazas un 91,39 por ciento (93 contra 178) y el robo a transeúntes un 136.36 por ciento (11 contra 26).
“NO ERA LÓGICO QUE PORTARA ARMA”
Cuando fue cuestionada sobre el porqué de colocar a una persona sin formación policial en el puesto, además sin facultad para portar arma, la alcaldesa contestó:
“¿En Prevención del Delito?, pero más que nada ese es un puesto un tanto como de relación pública, no es sobre seguridad pública; él, más que nada, daba pláticas sobre cómo prevenir, no es algo de seguridad y no era lógico que portara arma”.
Luego reconoció el pago político: “Ellos estuvieron en mi campaña y trabajaron mucho, mucho, entonces creo yo que no es otra cosa, a mi punto de vista, era incluirlos, porque trabajaron bastante los tres”. “¿Un pago?”, se le insistió: “Pues sí, más que nada agradecimiento de que estuvieron día con día”, respondió.
Sin embargo, de acuerdo con las legislaciones en la materia, Prevención del Delito es un área medular en la seguridad pública, porque está obligada a desarrollar estrategias que inhiban la criminalidad, así como entender sus causas y consecuencias, con el fin de disminuir riesgos. Asimismo, requiere formación compatible y acreditación.
En su artículo 52 fracción I de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) establece que las instituciones policiales de los municipios tendrán entre otras funciones la de proximidad, solución de conflictos, prevención de las violencias y del delito, así como vialidad y atención de faltas administrativas.
En su artículo 60, la misma ley refiere que las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría, al Secretariado Ejecutivo y a las demás Instituciones de Seguridad Pública, incluyendo sus titulares, en los tres órdenes de gobierno, serán consideradas personal de seguridad pública y de confianza, por lo que deberán sujetarse a evaluaciones de control de confianza en los términos de esta Ley, las disposiciones que de ella deriven y las demás que les sean aplicables.
Dereck Olvera Juárez no cuenta con Certificado Único Policial (CUP), instrumento que, de acuerdo con el gobierno federal, consiste en el Control de Confianza, más Formación inicial o equivalente, más Evaluación de competencias básicas o profesionales, más Evaluación del Desempeño. Tampoco formación ni antecedentes en seguridad pública ni de cualquier otra índole relacionada con prevención del delito.
El artículo 60 de la LGSNSP igualmente establece que en caso de que el personal de seguridad no acredite las evaluaciones de control de confianza, en cualquier momento puede ser removido, en tanto que el artículo 90 suma que solo podrán incorporarse a las Instituciones de Seguridad Pública las personas que obtengan un resultado aprobatorio en las evaluaciones de control de confianza realizadas por los centros debidamente certificados para ello.
En la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo, el artículo 45 también menciona que todos los servidores públicos de las instituciones policiales que no pertenezcan a la Carrera Policial se considerarán trabajadores de confianza, pero que los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, así como cuando no acrediten las evaluaciones de control de confianza.
Por otra parte, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo dice en su artículo 57 fracción III que los municipios tienen facultades concurrentes con el estado en las materias como la seguridad pública, aunado a que la LGSNSP y la del Estado refieren en sus artículos 43 y 7, respectivamente, el mando coordinado, el cual se establece a través de convenios entre la entidad federativa y el municipio.
A través de éste, ambos niveles podrán coordinarse y cooperar para realizar acciones de prevención de las violencias y del delito, operativos, tareas de proximidad, investigación y las demás necesarias para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, siempre en el ámbito de sus competencias.
Con base en las normativas referidas, como titular del ayuntamiento Lorena García tiene la responsabilidad de encabezar y coordinar la política municipal de seguridad, presidir el Consejo Municipal en la materia, organizar, regular y supervisar la policía municipal, impulsar programas de prevención social del delito, coordinarse con Federación y Estado en operativos, garantizar profesionalización, controles de confianza y disciplina policial, y rendir cuentas al cabildo, al Consejo Estatal y a la ciudadanía.
En caso de incumplir con ellas, puede hacerse acreedora a procedimientos administrativos.
Ante el cuestionamiento de si no consideraba nepotismo que tres integrantes de una familia trabajaran en su administración por orden de ella; además, porque había reconocido en la entrevista con medios que era en reconocimiento al trabajo político que hicieron en su campaña, Lorena García contestó: “Sí, es ahí a donde yo, tal vez por el desconocimiento, no sabía si los podía… hubiera dicho yo: ‘no, no me ayuden, porque son familia’. He visto mucha gente que son familia y están dentro, pero ahí sí no sabría”.
En su perfil curricular, Dereck Olvera Juárez reportó que actualmente cursa una maestría en Contribuciones Fiscales en la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) –en el Registro Nacional de Profesionistas no hay antecedentes sobre él–. Anteriormente fue jefe de Departamento de la Dirección de Ingresos, Secretaría de la Tesorería y Administración del municipio. De seguridad, reconoció que no contaba con ninguna experiencia, pero incluyó que contaba con un taller acreditado en materia de impuesto predial, impartido por el gobierno del estado.
NEPOTISMO, LOS OTROS CASOS
El de la familia del director de Prevención del Delito, no es el único caso de nepotismo en la actual administración de Tulancingo. Incluso, la titular del ayuntamiento tiene familiares en la nómina, aunque lo ha negado.
La presidenta afirmó que su hermana Hilda Leticia García Cázares no percibía ingresos del municipio, por lo que negó nepotismo, además de aseverar que su pariente le apoyaba de forma honorífica. No obstante, por las obligaciones de Transparencia, el municipio reportó que, adscrita a la Dirección General, como personal de confianza con el puesto de Encargada de Voluntariado del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Hilda Leticia tuvo una remuneración mensual bruta de 16 mil 212 pesos y neta de 14 mil 418 pesos de octubre a diciembre del año anterior.
En el trimestre previo, de junio a septiembre de 2024 –cuando tomó posesión Lorena García–, Hilda ejerció el mismo puesto y recibió 12 mil 671 pesos netos, pero el municipio erogó por su plaza 14 mil 80 pesos, antes de impuestos y deducciones. De meses posteriores no hay actualización. El número de empleado de la hermana de la alcaldesa es el 430.
Según su perfil curricular, Hilda es licenciada en educación preescolar y ejerció la docencia en este nivel educativo de 1988 a 2020. Ella destaca de sí misma cuatro aptitudes: responsable, puntual, proactiva en el trabajo en equipo y honesta.
Igualmente, la morenista Lorena García Cázares sostuvo que su sobrina Jessica Garrido Cázares, presidenta del DIF municipal, ejercía el cargo de manera honorífica, y nuevamente negó nepotismo. Sin embargo, como personal de confianza adscrita a la Dirección de Asistencia Alimentaria, Jessica tuvo una remuneración bruta de 22 mil pesos mensuales y neta de 18 mil 970 pesos, al menos hasta el último trimestre de 2024. Los demás meses no han sido transparentados por el ayuntamiento, a pesar de que su última actualización de datos es de agosto de 2025.
La sobrina de la alcaldesa tiene el número de empleado 442 y antes de incorporarse al gobierno de su tía fue jefa del Centro PAMAR (Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo) del DIF de Cuautepec de Hinojosa, municipio aledaño, en la administración 2020-2024, además de impartir en la Universidad Vizcaya de la Américas cátedras como Psicología social y Ética Profesional.
La pareja sentimental de la presidenta, Fernando Vital Licona, es su secretario particular, con remuneración mensual bruta de 36 mil 400 pesos y neta de 30 mil 182 pesos. La alcaldesa no lo consideró nepotismo ya que, argumentó, no están casados y, afirmó, no viven juntos, además de justificar que necesitaba a una persona cercana y en quien pudiera confiar para que le apoyara.
El número de empleado de Vital Licona es 7082. En su declaración patrimonial no incluyó bienes y testó el apartado de inversiones. Anotó que su remuneración neta en los meses del año previo en los que llegó al gobierno de su pareja fue de 136 mil 201 pesos.
Como encargado de cafetería de la presidencia municipal, un puesto de confianza, se encuentra Mario Fernando García Reyes, sobrino de la alcaldesa, con una remuneración mensual bruta de 22 mil y neta de 18 mil 970 pesos, al menos en los primeros meses de administración, hasta cuando el ayuntamiento cumplió con sus obligaciones de Transparencia.
Lorena García Cázares ha afirmado que las acusaciones sobre nepotismo son parte de una guerra sucia y responsabiliza a la oposición en su municipio.
El ayuntamiento reporta por sus obligaciones de Transparencia que la alcaldesa tiene una remuneración mensual bruta de 50 mil 314 pesos, que tras deducciones e impuestos queda en 40 mil 752 pesos.
En su declaración patrimonial ella notificó una remuneración neta por cargo público entre septiembre y diciembre de 2024 de 190 mil 223 pesos, más ingresos adicionales de 245 mil por actividad industrial, como empresaria en el giro de comercio al por mayor.
Todos sus bienes, así como las participaciones en sociedades empresariales, fueron testados.
En su artículo 62, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo refiere que cometerá nepotismo la persona servidora pública que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.
