Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

La Concordia en Iztapalapa: 38 accidentes en seis años

La tragedia del 10 de septiembre de 2025 en el distribuidor vial La Concordia, donde explotó una pipa de gas de la empresa Silza y murieron 30 personas, no fue un hecho aislado: se trató de un desastre anunciado. De acuerdo con registros de la Secretaría de Movilidad revisados por EMEEQUIS, en ese punto ocurrieron 38 accidentes entre 2018 y 2023, incluidos derrapes, choques y volcaduras. Vecinos y trabajadores de la zona advierten que la curva donde volcó la pipa es especialmente peligrosa, pues arrastra a los vehículos pesados.

Los árboles cambiaron de color sobre los camellones; parecen migas de metal oxidado, flotando entre los veloces coches de Santa Marta. Eran verdes, antes de que el fuego convirtiera las hojas en piezas rojizas, a veces parecidas al cobre. Son las plantas que recuerdan que una masa de gas blanco, como el de las nubes del cielo en los días soleados, se expandió por esos pastos un 10 de septiembre de 2025. El gas licuado provenía de una pipa de la marca Silza, que se estrelló contra un muro de contención del distribuidor vial La Concordia. En esos segundos, las personas que cruzaban con sus autos, que caminaban por los puentes peatonales, trabajaban en los alrededores, o que, incluso, descansaban bajo los puentes, se vieron rodeados por millones de partículas gaseosas que parecían algodón.

Pero una chispa encendió el fuego, y la piel que estaba pegada a los músculos cedió en decenas de cuerpos, que vagaron buscando agua, mientras dejaban rastros de sí mismos a cuestas. Heridas rojas, blancas, negruzcas. Como una bomba atómica, como un ataque con misil, como un bombardeo. Había un zapato quemado con rastros de piel; un celular chamuscado también.

Días más tarde, a varios metros del lugar de la explosión, un vecino muestra la pintura quemada de la fachada de una casa; y una mancha de piel y sangre que aún se distingue en el asfalto.

UN DESASTRE ANUNCIADO

Estas imágenes de pesadilla, como de postales de escenas apocalípticas, ya se había anunciado, como emisarias de la muerte para una de las zonas más concurridas entre la capital y el Estado de México. En esta ocasión, EMEEQUIS revela el largo historial de accidentes que han ocurrido en el distribuidor vial La Concordia, incluyendo la curva en donde la pipa volcó. 

Esto gracias a información de transparencia y el análisis de coordenadas de la ubicación de los accidentes viales a través de registros públicos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

El distribuidor La Concordia es un lugar de alto riesgo para conductores de toda la ciudad, debido a su falta de señalética y diseño complicado que ha provocado varios choques en la zona, incluyendo el de la curva que causó el accidente del pasado 10 de septiembre.

Estas interconexiones conectan tres colonias: Ermita Zaragoza, Lomas de Zaragoza y Rincón de los Reyes (Edomex). Según las cifras analizadas por EMEEQUIS, que corresponden a las más actualizadas que tiene el gobierno de la CDMX, en ese distribuidor vial ocurrieron 38 accidentes viales entre 2018 y 2023. Aunque podría haber un sub-registro, ya que hay accidentes que no son informados a las autoridades o que no ameritan servicios de emergencia.

A decir de los registros obtenidos por esta casa editorial, el distribuidor La Concordia tuvo 2 volcaduras, 15 derrapes, 18 choques y 3 atropellamientos. De estos casos, en un periodo de seis años, sólo uno fue mortal (el 3 de diciembre de 2023), y casualmente ocurrió a unos metros de donde fue la explosión del 10 de septiembre. Durante esos seis años, 6 accidentes ocurrieron en curvas y 7 en desniveles. 

Cerca de la curva en la que ocurrió la explosión se registró otro accidente, unos años antes. Ocurrió el 2 de abril de 2023 y dejó 12 heridos, aunque los registros públicos no detallan las circunstancias en las que se dio, se puede intuir que pudo ser una unidad de transporte público o de carga pesada. Y en el mismo trayecto que realizó la pipa que explotó se registró un derrapamiento el 3 de noviembre de 2022, el cual dejó un herido.

Cabe destacar que en los metros inmediatos de donde ocurrió la explosión, tanto en los puentes, como en las curvas, ocurrieron otros ocho accidentes de distintas gravedades. 

Del total de 38 accidentes de esos seis años, sólo 1 fue de prioridad alta, 11 de prioridad media y 26 de prioridad baja. En estas cifras se muestra que la vialidad más problemática fue el tramo de la Calzada Ignacio Zaragoza, en donde ocurrieron 23 accidentes; la segunda es la autopista México-Puebla con 15; luego 1 accidente la Avenida México y 7 en el Eje 8 Sur. 

Para el gobierno de la Ciudad de México, no es desconocido el número de accidentes de este distribuidor vial. De hecho, esa zona aparece como un punto importante de incidentes, según el Reporte de hechos de tránsito más reciente de la Secretaría de Movilidad.



“LA CURVA COMO QUE LOS JALABA”

Más allá de los números, los accidentes se han hecho notar en la zona. Leonor González los ha presenciado directamente. Ella asiste a los rezos que se organizan sobre el montículo elevado de La Concordia, por la memoria de las víctimas. 

Leonor fue trabajadora de limpia de la Ciudad de México, y a sus ojos, el problema del recorrido que hizo la pipa tiene que ver con la curva de La Concordia, y no con los baches. Durante su labor limpiando la zona, le tocó ver en esa curva toda clase de accidentes: motocicletas derrapando y vehículos grandes que “rayaron”, porque estuvieron a nada de estrellarse.  

“Entraban (por la curva) los camiones de Coca-Cola que traían dos remolques, luego entraban con dos remolques y ellos tenían que hacerlo despacito, porque si no se pegaban mucho al muro de contención”, explica. 

Si entraban rápido, menciona, “sentía la curva como que los jalaba, yo vi dos veces cómo camiones entraban con velocidad, se pegaron mucho al muro de contención y todos se rasparon; yo nada más les hacía señas a los choferes para poder jalar mis cosas, mi carretilla y mi trapeador, y poderme pasar de este lado, porque si no también me iban a llevar a mí”.

“La verdad yo veo que la curva está muy, muy fea; había veces que entraban los muchachos de las motos y ya cuando se oía el trancazo, pues nada más veía que iban arrastrándose con sus motos y que se caían igual. Yo creo que agarraban la curva con mucha velocidad y ya no alcanzaban a maniobrar, se caían”.

Explica que vio hasta dos o tres accidentes de moto en un periodo de dos meses, sin olvidar accidentes de vehículos grandes. Por ejemplo, un camión de maíz y otro de basura: “Hace meses, el año pasado, que todavía estuvimos laborando aquí en esas fechas, se volteó ahí mismo también un camión de basura; igual, al entrar, se volteó el camión y la basura se tiró ahí: tuvimos que ir a levantar todo”.

“La curva yo siento que ya es muy peligrosa, muy cerrada. Y como ellos vienen con mucho peso, pues eso no les ayuda, yo creo que por eso se voltean”.

¿EN QUÉ SE GASTARON 900 MIL PESOS?

El distribuidor vial La Concordia, ubicado en los límites del Estado de México y la Ciudad de México, fue inaugurado a finales de 2007, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y la administración de Marcelo Ebrard en el entonces Distrito Federal. La obra conecta las calzadas Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa con la autopista México–Puebla y la carretera México–Texcoco. Tiene una extensión de 3,737 metros y una capacidad de hasta 9,600 vehículos por hora en cada sentido. 

En 2017, el puente sufrió daños considerables a consecuencia del sismo de ese año. Desde entonces, autoridades han anunciado distintos planes de mejora en la zona, sin embargo, cualquiera que transite por ahí, conoce los baches, los puntos inundados o el desgaste que tiene los muros de contención (de los cuales hay amplia evidencia fotográfica). Cada vez que llueve de manera estrepitosa en la zona, el lugar se inunda, haciendo imposible el paso vehicular.

A esto se suman baches que llegan a medir hasta un metro de longitud, algunos, después de la tragedia, desaparecieron.  

Previo al reciente incidente que ha cobrado la vida de 30 personas, el 15 de marzo de 2025, la empresa Tepehuani Construcciones, S.A. de C.V. recibió, por adjudicación directa, un contrato de 900 mil pesos para trabajos de conservación y mantenimiento en el circuito de La Concordia.



De acuerdo con documentos en poder de EMEEQUIS, las obras debían iniciar el 19 de marzo de 2025 y concluir el 7 de noviembre del mismo año. Sin embargo, el documento no especifica qué tipo de trabajos de conservación y mantenimiento que se realizarán (o ya se realizaron) en el circuito vial, sobre todo, tomando en cuenta las recientes inundaciones que afectaron la infraestructura. 

A través de Google Maps, en imágenes de abril del 2023, se observa cómo parte de los muros de contención ya se encontraban desfasados; los puntos de unión entre cada muro no coincidían y se notaba desde esos tiempos el deterioro del material en puntos que bien podrían tratarse de derrapes previos al accidente. 

Además, a más de 200 metros del accidente, no se encuentra ningún letrero que informe a los conductores que existe una curva peligrosa o pronunciada. No hay señalización para disminuir la velocidad, alertar de la situación o prohibir el paso de ciertos vehículos. 

La curva es pronunciada y está en subida. Es decir, es un tramo difícil para acelerar, y también para cruzar cuando el transporte es grande, como en el caso de la pipa que explotó, que tenía un largo de 16 metros, solo del tanque, sin contar la cabeza.

Esta no es la primera vez que hay un incendio en el Circuito de La Concordia. En redes sociales hay registros de motociclistas arrollados, vehículos que se han estampado contra el muro de contención o incluso autos incendiados. Como en 2023, cuando, justo en la parte superior donde chocó la pipa, un vehículo particular se incendió. De acuerdo con medios locales, se trataba de una camioneta particular Voyager. El accidente paralizó el tráfico 3 kilómetros.

“NO TE ESPANTES MIJO, ASÍ GRITA LA GENTE”

Doña Sofía es una mujer de la tercera edad. Mide menos de un metro con cincuenta. Ella es una de las vecinas que vivió los momentos más dramáticos después de la explosión. Ayudó con lo que pudo: cobijas, cubetas y agua de casa, pese a los problemas de abasto de la alcaldía. Ese día, recuerda, sintió el calor del fuego y la tierra que se cimbraba.

“Me dio miedo porque oímos cuando se volteó, se oyó el ruido; cuando cayó dijimos ‘¿Ahora qué fue eso?’, entonces,  mi hijo dijo que escuchaba cómo si el gas estuviera saliendo, un ruido raro”. 

Narra que empezó a sentir como si temblara. Cuando salieron al patio para saber qué había ocurrido, su hijo dijo “No, mamá”, y en ese momento, tras un par de respiros, ocurrió la primera explosión. 

—Entonces mi hijo me dijo: “No, mamá, vente, te voy a resguardar con una vecina”, y me llevó a la siguiente calle, a una casa. En la segunda detonación fue cuando salimos y sentimos el calor: las llamas venían hacia acá, por eso quemó todo esto, todo aquello.

Después llegó el horror: los gritos y el rescate desesperado de los sobrevivientes. Algunos los pusieron en la banqueta: “Ahí vi a las personas quemadas; mi hijo, que se iba a ir a trabajar, ya no fue: empezó a ayudar, me dijo: mamá, ahorita voy a ver cómo le hago”. 

Empezaron a pedir cobijas. Ella le dijo a su hijo: 

—¿Sabes qué? Saca las cobijas que están guardadas, no importa que se pierdan. 

“A mí no me interesa lo material, me interesa aportar y ayudar”: 

Llegó un muchacho quemado y le dijo: “Ayúdame a sentar”. Mi hijo extendió la cobija para sentarlo, pero no pudo; entonces le dijo: “Mejor acuéstate”. Después, siguieron llegando más quemados y los pusieron ahí. Les preguntaban sus nombres, pero ya estaban inconscientes: “Ya no contestaban”. 

Luego empezaron a pedir agua: “Ayúdenos con cubetas, con lo que tengan”. Sacaron las cubetas, las mangueras. Y luego, ante el temor de otra explosión, la gente empezó a gritar. 

Doña Sofía le dijo a su hijo una oración para explicar lo que escuchaban, porque era difícil de creer:

—No te espantes, mijo, así grita la gente. 

UN INTENTO POR DESMENTIR LO QUE NO ES MENTIRA

El pasado 18 de septiembre, a una semana de la tragedia que marcó a la Ciudad de México, EMEEQUIS reveló en un primer reportaje dos videos que contradecían la versión oficial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre las causas de la explosión en el Puente de La Concordia. 

La fiscal Bertha Alcalde dijo que el accidente fue por exceso de velocidad; sin embargo, los videos de EMEEQUIS mostraban a una pipa a paso lento, pocos segundos antes de la explosión. El chófer, que fue la víctima número 19, ya no se podía defender, pero los materiales podrían ayudar a exonerarlo.  

Los videos fueron un escándalo nacional. Tanto que, a través de la sección Detector de Mentiras, la Presidencia de la República intentó desmentirlos. Sin embargo, EMEEQUIS evidenció la falta de pruebas de Palacio Nacional en el texto Presidencia miente en su “desmentido”: videos de EMEEQUIS sobre pipa en Iztapalapa son reales.

UNA TRAGEDIA QUE SE INTENTÓ OCULTAR CON PINTURA 

En Santa Marta y el distribuidor de La Concordia, la vida no se detuvo, incluso a un par de días de que el fuego se cobrara la vida de más de dos decenas de personas. No podía pararse, porque por ahí fluye un torrente de vida que rara vez se ha cortado: el de miles de personas de clase baja y media baja que van y vienen entre la ciudad y el Edomex.

Horas después del accidente, y aún sin peritajes, los ejércitos nocturnos del gobierno de Clara Brugada ya peinaban la zona con brigadas de limpieza, pintores de muros y máquinas de bacheo. 

Al caminar por el puente La Concordia, días después, se halla el pasto quemado de golpe; pedazos de plástico pequeños, ¿de la explosión?, y también dos ratas muertas, descansando sobre el pasto, cada una a varios metros de distancia. Y lo quemado, la destrucción, en un juego de contrastes contra la pintura fresca, los murales debajo del puente y las ofrendas para los que ya no están. 

Y ahí está La Concordia, atravesada por los pilares de concreto que son como estacas sobre la tierra; antes de que caiga la noche, se manifiesta una tarde color azulado que profundiza las sombras y resalta las luces y los fuegos que la gente enciende en las veladoras y celulares. Podrían ser, si uno se distrae, como espíritus brillantes planeando sobre los pastos. 

En ese montículo que rodea la curva donde ocurrió la explosión, hay varias flores y fotografías para recordar a los fallecidos: algunas personas en situación de calle, otras que venían en transporte público, estudiantes jóvenes, niños, personas de la tercera edad. Y es ahí donde los vecinos, ninguno de ellos familiares, se reúnen para rezar largamente, creando un sonido que parece un instrumento que entona, en diferentes tiempos, notas graves que contrastan con el aullido incesante de los automóviles que no dejan de cruzar ese entramado de puentes, curvas y carreteras, marcados por el dolor, la tragedia y la indiferencia del poder.

FUENTE: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: MARICARMEN GUTIÉRREZ, MIGUEL ÁNGEL TEPOSTECO RODRÍGUEZ.

Nada de negociar la Ley “en lo oscurito”; nunca, responde Sheinbaum a Salinas Pliego

Sheinbaum señaló que el empresario y su grupo tienen los mismos derechos que cualquier deudor fiscal, y reiteró que su Gobierno está abierto al diálogo, pero no a acuerdos fuera de la Ley.

Claudia Sheinbaum Pardo respondió este viernes a la “invitación” que le hizo desde las redes sociales el empresario Ricardo Salinas Pliego para “conversar” sobre sus adeudos con el Sistema de Administración Tributario (SAT), que sumaban hasta el pasado mes de junio 74 mil millones de pesos por un acumulado de impuestos, multas y recargos. “La Ley no se negocia”, dijo la Presidenta de México.

Ayer, Salinas Pliego publicó un post en la red social X, retador y verbalmente agresivo. Llama a Sheinbaum Pardo “presidente”.
“Es evidente que la presidente @Claudiashein y yo tenemos profundos desacuerdos, y eso no va a cambiar. En una democracia es válido tener diferencias. Hoy, después de que me volviera a mencionar en la mañanera, me puse a tratar de contar todas las veces que me han mencionado y me he dado cuenta de que, desde Palacio Nacional, este gobierno y el anterior, le han dedicado muchísimo tiempo a atacarme y calumniarme en lugar de dedicarse a gobernar y dar los resultados para los cuales fueron elegidos. Eso no resuelve nada y mucho menos construye la confianza que los empresarios mexicanos y extranjeros necesitan para seguir invirtiendo en el país”, dijo el empresario.
“Perder tiempo en ataques personales no fortalece a México. Lo que sí puede hacerlo es abrir una mesa de diálogo responsable. Por eso, le propongo presidente que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta, seria y transparente, donde podamos encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la Ley”, agregó Salinas Pliego. “Lo que está en juego no es un pleito entre dos personas. Lo que está en juego es la confianza de millones de mexicanos que quieren un país con reglas claras, inversión, empleo y futuro”.
La Presidenta de México le dijo esta mañana en su conferencia de prensa: “Por el tema de la publicación que hizo ayer el Grupo Salinas, esto no es un asunto de negociación en lo oscurito. Esos tiempos ya quedaron en el pasado. No es asunto de sentarnos a negociar qué sí qué no. Mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso en particular. Él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague. Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, nosotros nunca vamos a cerrar la puerta a nadie; pero negociación de la Ley, nunca”.
“Como decía Juárez: nada ni nadie por encima de la Ley se llama estado de derecho para todas y para todos, pero es importante que se conozcan los casos. Esto no es autoritarismo, las puertas del SAT están abierta siempre a cualquier persona, pero la Ley es la Ley”, señaló la Presidenta.


Hoy durante su conferencia, la mandataria invitó a la Procuradora fiscal para que explicara cómo se hace el cálculo fiscal de los adeudos. “Cuando llegué la Presidencia juró hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, por lo que es importante que se entienda que cuando se hace una revisión fiscal”, dijo.

Por su parte, Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, exhibió esta mañana un entramado legal y empresarial de Ricardo Salinas para no pagar impuestos. La estrategia que este empresario ha utilizado durante al menos dos décadas incluye una madeja de recursos de amparo, esconder ganancias, declaraciones indebidas o infladas, interpretar a su conveniencia la Ley, utilizar el Poder Judicial para postergar pagos de obligaciones, entre otras herramientas extralegales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Sheinbaum reitera su compromiso de "verdad y justicia" con familias de Ayotzinapa

Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso con la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa, y descartó reprimir protestas por el onceavo aniversario.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este viernes su compromiso con la verdad y la justicia en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el marco de las marchas y acciones globales por el onceavo aniversario de la desaparición de los normalistas.
“Verdad y justicia, ese es nuestro compromiso. Estamos trabajando en ello, hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con las madres y padres de los normalistas y nuestro compromiso es poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia”, afirmó la mandataria al ser cuestionada al respecto durante su conferencia matutina.
Además, Sheinbaum también agregó que su Gobierno no responderá con represión frente a las protestas pues consideró que eso es lo que se busca con las acciones violentas que se han realizado, como lo ocurrido ayer en el Campo Militar 1, en donde manifestantes incendiaron un camión,

La mandataria insistió que no comparte las acciones violentas y consideró que estas buscan provocar una reacción de fuerza del Estado.


“Ahora no estamos de acuerdo con acciones violentas, parecen más una provocación. No vamos a caer en la provocación que busca que haya represión. No va a haber represión”, sostuvo.

Durante la tarde de ayer, un grupo de manifestantes encapuchados lanzó "petardos" y utilizó un camión de carga para derribar la puerta del Campo Militar número 1-A, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo. El vehículo fue incendiado frente a la entrada principal y ardió durante varios minutos.

El mitin comenzó por la mañana del miércoles sobre avenida Conscripto, a donde llegaron padres de los normalistas y estudiantes de la Normal Rural "Isidro Burgos" en una veintena de camiones.
La exigencia principal fue la entrega de 800 folios relacionados con la investigación, que según los manifestantes siguen clasificados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Durante el mitin, se escuchó el grito: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Los manifestantes también hicieron pintas con frases como “Ayotzinapa vive” y “Hasta encontrar la verdad y justicia”.

Al finalizar el acto, un grupo de estudiantes lanzó petardos contra la sede militar y usó el camión para intentar abrir la puerta. Al no lograrlo, las personas colocaron explosivos caseros en la unidad y la incendiaron. Sin embargo, la rápida respuesta de los bomberos y un tanque de agua del Ejército apagaron el fuego. No hubo lesionados.
Por su parte, Isidoro Vicario Aguilar, abogado de los padres, exigió que se mantenga la línea de investigación que involucra al Ejército, mientras no se entreguen los documentos pendientes.
“Nos preguntamos, esta institución, ¿de qué privilegio goza en un tema tan emblemático de desapariciones que sigue ocultando la verdad? Se sigue burlando del dolor de los padres y madres de los 43, al seguir negando los archivos que hay en poder de la Defensa, por eso, compañeros, mientras no tengamos información, mientras las investigaciones no avancen, esta línea que tiene que ver con el Ejército mexicano, para los padres y madres, seguiremos señalando que se tiene que mantener”, dijo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

La modelo Angie Miller es detenida; la ligan al asesinato de B-King y Regio Clown

La actriz venezolana Angie Miller fue detenida en Tlalnepantla, Estado de México, por su presunta participación en el asesinato de B-King y Regio Clown.

La actriz y modelo venezolana Angélica Yetsey Torrini León, conocida Angie Miller, fue detenida este viernes por la Coordinación General de Combate al Secuestro del Estado de México (Edomex) en relación con la muerte de los artistas colombianos B-King y Jorge Luis Herrera, alias "DJ Regio Clown".

La mujer de 29 años es investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y la del Estado de México por su posible participación en el doble homicidio de los músicos colombianos, luego de que sus cuerpos fueran hallados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Edomex.

De acuerdo con los reportes, la creadora de contenido fue aprehendida el pasado 23 de septiembre y, según el Registro Nacional de Detenciones, permanece bajo custodia en las instalaciones del Ministerio Público en Tlalnepantla.


En las últimas horas circuló la versión de su desaparición, debido a que la la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México había emitido previamente una ficha solicitando apoyo ciudadano para localizar a la actriz, indicando que fue vista por última vez el mismo 23 de septiembre en la colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, al sur de la capital.

El misterio de su paradero de si paradero terminó cuando se dio a conocer la ficha de detención en la que se señala su aprención auqel día en la colonia Valle de los Pinos, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, tras un operativo coordinado entre fuerzas federales y del área metropolitana.

Según medios locales, la mujer había sido citada por el Ministerio Público de la Ciudad de México para rendir testimonio en el caso, pero no se presentó antes de ser detenida, lo que generó especulaciones sobre su paradero previo a la captura.


Desde su captura, las investigaciones sobre el doble homicidio han sido lideradas por la Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano, convirtiéndose en un asunto de Estado para las autoridades de México y Colombia.

La también creadora de contenido aparece en un video publicado en la cuenta de Instagram de Regio Clown junto a B-King, previo al evento “Sin Censura. Independence Day”, que se realizó el 14 de septiembre. El material data del 12 de septiembre y muestra a los artistas en actividades previas a su presentación.

La última actividad que Miller compartió en sus redes sociales fue este martes, mediante historias en Instagram en las que mostró momentos íntimos con B-King.


En los videos se les observa abrazados sobre una cama y conversando mientras él permanecía recostado sobre sus piernas; en uno de ellos, ella lo besa en la boca. Aunque no hay información oficial al respecto, todo indica que Angie Miller era la pareja actual del cantante colombiano.

Previo a estos hechos, la actriz y modelo venezolana se había pronunciado en redes sociales sobre la ausencia de los dos colombianos y mostró una relación cercana con B-King, con quien compartió publicaciones y momentos difundidos en plataformas digitales.

En una de sus publicaciones, escribió: “Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo todo lo que está pasando”, mensaje que desató numerosas críticas entre los usuarios y que reflejó su indignación por lo ocurrido.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Acarreo y pasarela política, previo a evento de Claudia Sheinbaum en Mexicali

Acarreo, movilización y una organización que asemeja más a un mitin político que una asamblea ciudadana informativa, es lo que se vive desde el exterior de las instalaciones del Auditorio del Estado, donde se llevará a cabo el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien acude a Mexicali para una visita oficial.

El evento, convertido en mitin político y no en una asamblea ciudadana, estaba programado para las 16:30 horas, pero desde antes de las 2 de la tarde comenzaron a llegar personas a través del acarreo y movilizaciones de camiones y vehículo.

Mujeres, hombres y niños que fueron trasladados desde diversas comunidades populares del Oriente y Poniente de la ciudad, se dieron cita en el Auditorio ubicado en la Ciudad Deportiva de Mexicali.

Los primeros camiones llegaron desde la una de la tarde, a pesar de que se tenía conocimiento que la cita sería 3 horas y media después. Muchas personas no tuvieron la posibilidad de entrar debido a que cerraron el acceso por el alcance de la máxima capacidad del inmueble, por lo que instalaron pantallas con carpas, sillas y mesas, para los asistentes.

Liderazgos sindicales del IMSS, SNTE, pero también representantes comunales impulsados por diputados locales, federales y la Secretaria del Bienestar, continuaban llegando pese a que ya no había espacio. Algunos decían que querían ver a la Presidenta, otros reconocen que se vieron obligados a asistir por pertenecer a un gremio.

Mientras que el desfiles de camionetas de lujo se colocó a un lado del estadio de Aguilas de Mexicali, los camiones se estacionaban a las afueras del inmueble, haciendo que las personas caminaran desde el exterior, incluso, a sabiendas que ya no se permite el acceso.

A las fueras del inmueble se encuentra un gran número de personas que forma parte de la logística y movilización, pero en la esquina del edificio se colocó un reducido grupo de jubilados de la sección D-IV-1 de la sección 2 del SNTE, que colocaron una lona donde exponían un mensaje de inconformidad por la falta de pago de los compromisos del Gobierno de México, y reiteraron su inconformidad por la reforma a la Ley del ISSSTE en materia de jubilaciones.

El Auditorio del Estado se encuentra lleno para recibir a la mandataria federal.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.

Relaciones peligrosas

Aclaraciones, aclaraciones, aclaraciones. Esta semana en Baja California fue de aclaraciones. Un hombre que a pesar de que ZETA y quien esto escribe tienen su domicilio, correos electrónicos, números telefónicos y redes sociales, todos públicos, acudió a dos portales digitales para decir que temía por su vida por una publicación de este Semanario fechada en julio de 2025.

Incluso los escribientes de los portales refirieron que, directamente, temía por su vida “por publicaciones de Adela Navarro”, en referencia a la nota publicada en la portada de ZETA con el título “Alianzas corruptas de la Familia-Gobiernos de BC”. Se trata de un reportaje que evidencia la preferencia de los gobiernos locales para hacer negocios con algunos empresarios, específicamente, la familia Salgado Chávez y los Ampudia González.

En la nota de referencia, por cierto no firmada por quien esto escribe, se elabora sobre la reciente entrega de la organización de las Fiestas Patrias de Tijuana o de la Feria, al grupo de Fernando Salgado Chávez, notorio por ser el dueño de la casa que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda presumió en redes sociales, acompañada de su familia en la celebración del Día del Padre en el año 2024, en Rancho Santa Fe.

La empresa La Familia Presenta, la de Salgado, se adjudica además la organización y celebración de otros espectáculos masivos, como el Coca Cola Flow Fest en Ciudad de México, el Carnaval de Ensenada, y el Baja Beach Fest en Rosarito, donde otro de los promotores asociados es el señor Jesús González Lomelí, el que al final de cuentas parece ser el problema del señor que teme por su vida.

Efectivamente, en esa publicación del 11 de julio de 2025 se refiere que el señor, digamos de apellido Cisneros para que no tema más por su vida, está asociado, de acuerdo al Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California (o sea oficial y públicamente y no un invento de ZETA), no en una, sino en tres empresas con el señor Jesús González Lomelí, todas relacionadas con los alimentos; y en una de ellas, de hecho, también aparece en sociedad Fernando Salgado Chávez.

69 días después de la publicación aquella de julio, el jueves 18 de septiembre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), publicó una lista de sanciones de activos a 15 empresas y 9 personas, entre ellos, dos empresarios, Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, a quienes ligó a la ex alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo.

En una de las empresas que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó en las sanciones que tituló: “Boardwalk Empire: The Playas de Rosarito Network”, que se traduciría como “El imperio del contrabando: la red de Playas de Rosarito”, y que ligan directamente a operaciones del Cártel de Sinaloa, el señor Cisneros, que teme por su vida, aparece como socio.

Casualmente no es la empresa que dijo a los portales de información a los que acudió, que no existía porque se había disuelto antes incluso de operar, sino otra. Cualquier persona, entidad o grupo que tenga acceso al Registro Público de la Propiedad de Baja California, puede darse cuenta que la empresa que aparece sancionada por el Gobierno de los Estados Unidos está registrada con el nombre de Operadora de Alimentos con Orígenes de México S.- de R.L. de C.V., y donde, aparte del señor Cisneros, aparecen como socios otras tres personas, una de ellas y la principal, Jesús González Lomelí.

Es evidente que una vez señalado el señor González Lomelí por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el señor Candelario Arcega Aguirre en la misma red que alude el mismo Departamento del gobierno norteamericano que sirven en una red del Cártel de Sinaloa, muchas de las personas que en otras empresas -o en las mismas- están señaladas de sociedad con ellos, intentan o intentarán, como en el caso del señor Cisneros, que teme por su vida por la sociedad en una empresa, pero no en otra, donde tiene el mismo socio.

El problema acá es que a pesar de los señalamientos en los Estados Unidos o de las sanciones que emita la Oficina de Control de Activos Extranjeros, en México no pasa nada. Aun cuando en un primer momento la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la República emitió un comunicado informando que actuaría en consecuencia a las sanciones norteamericanas, la realidad no ha sido así. La fiscal de Baja California, Elena Andrade, aclaró a pregunta expresa, que al señalado Candelario Arcega no se le investigaba en el Estado, sin abundar si a Jesús González Lomelí sí, o a otros que tienen sociedades con los mismos en otras empresas.

Esta semana, don José Galicot, el creador de Tijuana Innovadora, también hubo de aclarar que ya no tenía sociedad con un joven que estaba asociado, en otra empresa, a las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro; lo mismo hizo la empresa Grupo Lagsa, ante publicaciones similares que también los ligaban con los hermanos Salgado, cuando ellos han aclarado que ninguna relación tenían con tal familia.

Como el señor que teme por su vida por estar asociado con Jesús González Lomelí, pero que señala a ZETA por haber publicado lo que es público en el Registro Público de la Propiedad y Comercio; y que, de hecho, él aparece en otra empresa en el mismo registro, en asociación con el señalado por la OFAC.

Y es precisamente mediante el Departamento del Tesoro, cuya sanción es emitida para hacer un llamado a las personas y a las empresas, tanto en su país como en el extranjero, a no hacer relaciones comerciales o de cualquier tipo con las personas sancionadas, en este caso, con las 15 empresas señaladas y las nueve personas evidenciadas. De hacerlo, las personas y las empresas corren el riesgo de ser investigadas y también sancionadas.

Quién sabe por qué el señor Cisneros teme por su vida; o si lo que teme, en todo caso, es que el Departamento del Tesoro también lo sancione. Tampoco se sabe por qué decidió acudir a portales digitales y no a ZETA; además que lo hace el viernes 19 de septiembre, cuando ya habían transcurrido 70 días de la publicación del semanario.

Por cierto, en la edición de ZETA que circuló cuando el señor que teme por su vida se dirigió a los portales, el Cónsul de los Estados Unidos en Tijuana, Chris Teal, concedió una entrevista a propósito de las sanciones de la OFAC a los empresarios y criminales asociados al Cártel de Sinaloa (entre los que se encuentra el socio del señor Cisneros), diciendo que su país tenía las puertas abiertas, por el momento, para quien quiera cooperar en el desmantelamiento de las redes criminales señaladas, y que “La Ley va a alcanzar a todos”. Así las cosas con las relaciones, que ante la inacción e impunidad que prevalece en México, se hacen peligrosas… Por lo menos desde la óptica de los Estados Unidos, que sí los investiga.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Operativo de búsqueda para Ana Ameli y otros en el Ajusco continúa: Comisionado CDMX

Sobre las cifras de desaparecidos en la capital, el comisionado señaló que los datos actuales del Registro Nacional de Búsqueda no son representativos.

La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México mantiene un operativo sistemático para localizar a Ana Ameli García Gámez, estudiante desaparecida en la zona del Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan, el 13 de julio pasado.

Luis Gómez Negrete, titular de la comisión, afirmó en entrevista para Aristegui en Vivo que “los esfuerzos de las autoridades de la Ciudad de México no van a considerarse suficientes ni terminados hasta que no podamos encontrar a Ana Ameli y creo que ese es el punto de partida de cualquier conversación sobre este caso”.

El comisionado explicó que tres horas después de la denuncia de desaparición presentada por la familia, un equipo del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas inició la búsqueda en el Pico del Águila, el último lugar donde se tiene registro de la joven.
Sabemos que en una zona agreste como es el Pico del Águila, cualquier vida corre peligro en la parte alta, y por lo tanto fue nuestra prioridad.
Gómez detalló que el operativo fue acompañado por un puesto de mando único, coordinado por él, con participación de la Guardia Nacional, Sedena, Marina, instituciones de la Ciudad de México, alcaldía y comunidad.

Tras ser cuestionado sobre su apreciación sobre los datos contenidos en el Registro Nacional, Gómez dijo que están construyendo un registro único para la Ciudad de México.


Antes existían fotoboletín de una institución, fotoboletín de otra institución y hoy en día estamos integrando todo en un solo sistema.

“No tenemos tampoco ningún límite para la investigación, no hay puntos que no podamos explorar, no hay líneas que no podamos seguir”, aseguró.

Respecto a la percepción de la familia de que el despliegue inicial se centró solo en la parte alta, el comisionado aclaró que en paralelo se realizaron entrevistas en colonias cercanas, se recabaron cámaras de seguridad y se revisaron más de 300 horas de videograbaciones del C5.

“Activamos canales de inteligencia para entender la información disponible en la zona en esas fechas”, añadió.

Gómez mencionó que actualmente existen otros casos en la zona, como el de Luis Oscar, cuya última ubicación también fue en la parte alta del Pico del Águila, y señaló que la comisión revisa casos de larga data en Tlalpan y otras zonas.

“La búsqueda no solamente es las acciones de rescate, también es investigación y trabajos humanitarios para dar con el paradero de las personas desaparecidas sin importar cuánto tiempo ha pasado”, explicó.

Por ello, anunció que en el próximo mes se pondrá en marcha una búsqueda por patrones, con la finalidad de identificar coincidencias entre desapariciones ocurridas en la misma región y construir líneas de investigación más amplias.

Sobre las cifras de desaparecidos en la capital, el comisionado señaló que los datos actuales del Registro Nacional de Búsqueda no son representativos.
Estamos revisando el registro porque no consideramos que los números que tenemos en este momento actualizados en el Registro Nacional son representativos del fenómeno de desaparición en la ciudad
Asimismo, se refirió a la manera en que se presentan los datos oficiales, dijo que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en la Ciudad de México hay más de 14 mil reportes acumulados.


Según el comisionado, en la Ciudad de México ocho de cada diez personas reportadas son localizadas, y en buena parte de esos casos no hay un delito detrás, sino conflictos familiares o ausencias voluntarias.

Para atender la dispersión de información, Gómez anunció la creación de un registro único de personas desaparecidas en la Ciudad de México, que integrará los reportes de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, Locatel y la Comisión de Búsqueda.

Explicó que, hasta ahora, cada dependencia emitía sus propios fotoboletines y manejaba su propio padrón, lo que derivaba en duplicidades y en un panorama inflado que no reflejaba la situación real.

“El objetivo es eliminar duplicidades, transparentar los datos y dar certeza a las familias”, afirmó.

Finalmente, señaló que cada búsqueda se aborda con un enfoque humanitario y sistemático, que incluye acompañamiento psicosocial, revisión de expedientes históricos y apertura a todas las líneas de investigación.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El tiktoker de Arturo Zaldívar regresa a la Suprema Corte; ganará 34 mil pesos al mes

Cristian Edgar Guerrero Flores, mejor conocido en redes sociales como Cristian Magazo, fue contratado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.

Cristian Edgar Guerrero Flores, mejor conocido en redes sociales como Cristian Magazo y por ser el influencer que asesoró a Arturo Zaldívar en los últimos meses de su presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promocionar su imagen en TikTok, fue recontratado en el máximo tribunal. 

Esta vez el influencer, quien también vendió cursos de redes sociales para candidatos a jueces y magistrados a través del Colegio Comprender con un costo de 18 mil pesos, fue contratado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, cuya imagen en la campaña electoral judicial se viralizó como “el ministro chicharrón”. 

De acuerdo con el directorio de funcionarios públicos de la SCJN, Cristian Guerrero Flores tiene plaza de técnico operativo en la ponencia de Guerrero García, en la que gana 34 mil 430.51 pesos mensuales libres de impuestos. 

Además de las prestaciones de ley, cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, fondo de reserva individualizado, ayuda de despensa, vestuario, ayuda al personal operativo, apoyo de anteojos, estímulo por antigüedad, estímulo por jubilación, entre otras.  

Según el Manual General de Puestos de la SCJN vigente en 2025, como técnico operativo, Guerrero Flores sólo maneja información confidencial, pero no valores, y sólo debe acreditar tener estudios de nivel medio y dos años de experiencia laboral. 

En los últimos cinco meses del año 2022, Guerrero Flores consiguió un contrato con Zaldívar por 93 mil 522 pesos mensuales para asesorarlo y generar contenido en su cuenta de TikTok y otras redes sociales.  

Una vez que Zaldívar concluyó su cargo como presidente de la Corte, el influencer fue contratado en la ponencia del ahora ministro en retiro como asistente de gestión y seguimiento. 

En ese puesto ganaba 36 mil 117.8 pesos mensuales libres de impuestos y manejaba información confidencial y valores, por lo que su designación era libre, es decir, que Zaldívar tenía a su disposición la plaza para asignarla a quien él quisiera. 

En aquel momento el Manual requería preferentemente contar con título y cédula profesional afín a sus funciones y dos años de experiencia profesional y/o laboral. 

Sin embargo, el mismo creador de contenido reveló en una transmisión en vivo en la plataforma TikTok que no contaba con título profesional, pero que él estaba capacitado para temas de comunicación digital. 

Para el 18 de mayo de 2023, luego de darse a conocer el contrato que consiguió con Zaldívar y su posterior llegada a la Corte, Cristian Magao presentó su renuncia al máximo tribunal y afirmó, en redes sociales, que consideró que él y la institución tomaron “rumbos diferentes”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Delitos y religión: Sheinbaum dice que Segob debe revisar la Luz del Mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Gobernación revisar el registro de la Iglesia de la Luz del Mundo, tras la detención de 38 personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas y los procesos legales que enfrenta su líder en Estados Unidos. El gobierno enfatiza que la investigación se centra en delitos específicos y no en la comunidad religiosa en general

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) revisar la situación legal de la Iglesia de la Luz del Mundo, tras la detención de 38 personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas dentro de la organización religiosa, y mientras su líder enfrenta procesos legales en Estados Unidos.

En conferencia de prensa, la Mandataria fue cuestionada sobre si la iglesia debería perder su registro oficial debido a estas evidencias. Sheinbaum respondió que, si bien la prioridad es perseguir el delito, también es necesario considerar que miles de personas pertenecen a la iglesia y muchas son de buena voluntad. “Hay que separar a los responsables de los delitos de la comunidad religiosa en general, y la revisión corresponde a la Secretaría de Gobernación”, señaló.

DETENCIONES Y OPERACIONES DE SEGURIDAD

Las 38 detenciones se produjeron en un lugar de entrenamiento, donde presuntamente se entrenaban individuos vinculados a la estructura de la Luz del Mundo. De acuerdo con la presidenta, la Fiscalía General de la República continuará informando sobre los avances de la investigación, que sigue en curso para determinar el nivel de implicación de cada detenido.

“Se están haciendo las investigaciones y por supuesto el Gabinete de Seguridad tiene que informar”, subrayó Sheinbaum, recordando que estos operativos se suman a los procesos judiciales internacionales que involucran al líder de la organización, actualmente bajo custodia en Estados Unidos.

UNA IGLESIA EN EL OJO DEL HURACÁN

La Luz del Mundo ha sido históricamente un grupo religioso influyente en México y otros países, con miles de fieles. Sin embargo, la reciente serie de detenciones y acusaciones ha puesto a la iglesia bajo lupa pública y política, generando un debate sobre la responsabilidad de sus líderes y el papel del Estado en garantizar que las organizaciones religiosas no se conviertan en vehículos para actividades criminales.

Especialistas en derecho y seguridad señalan que estas investigaciones podrían derivar en acciones legales contra la institución, pero advierten que cualquier decisión debe respetar la libertad religiosa de sus miembros que no participan en actos ilícitos.

RESPUESTA DEL GOBIERNO FEDERAL

El gobierno federal ha enfatizado que la investigación está centrada en los delitos cometidos por individuos específicos, no en la práctica religiosa. Sheinbaum hizo hincapié en que, aunque se revisará la situación legal de la iglesia, cualquier medida debe basarse en la evidencia recopilada y no en presunciones o filtraciones mediáticas.

“Lo que hay que perseguir es el delito, y eso es lo importante”, reiteró la presidenta, marcando la línea entre garantizar justicia y proteger los derechos de la comunidad religiosa.

EXPECTATIVAS Y PRÓXIMOS PASOS

La expectativa ahora se centra en la Segob y la Fiscalía, quienes deberán determinar si las detenciones y las investigaciones internacionales justifican una revisión formal del registro de la Luz del Mundo, o si las acciones quedan circunscritas únicamente a los individuos involucrados en actividades ilegales.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Implicaciones de la caída de Hernán Bermúdez

Cayó en manos de las autoridades de Paraguay en un importante operativo y en menos de cinco días fue entregado a la justicia mexicana. El ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, fue trasladado a México para enfrentar las acusaciones que obran en su contra en un juzgado del fuero común en la entidad del Sureste y probablemente las que le sean fincadas a nivel federal por sus nexos con la delincuencia organizada. En tanto, se conoció que uno de sus coacusados en la misma causa penal fue asesinado de manera cruenta el mismo día que fue emitida la orden de captura, y otro cómplice se encuentra prófugo.

El ex jefe policial conocido con los alias de El Abuelo y El Comandante H, nombrado en el cargo durante la administración del ex gobernador tabasqueño Adán Augusto López Hernández, fue capturado sorpresivamente la madrugada del 12 de septiembre de 2025, en un barrio cerrado de Mariano Roque Alonso, en Paraguay, cuando fuerzas especiales irrumpieron en una residencia de lujo con ventanales polarizados y lo sometieron. Las autoridades sudamericanas le dieron crédito a las mexicanas en el sentido de que la operación fue la resulta de una colaboración bilateral de corporaciones civiles, de inteligencia, militares paraguayos y la Interpol.

Desde el 18 de febrero de este año, fecha en la que el Juez de Control de la región 9, en Centro, Tabasco, dictó el mandamiento de aprehender a Bermúdez Requena por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, no se supo más de él. Sin embargo, el 18 de abril siguiente fue presentada una demanda de amparo en favor del ex funcionario en el Juzgado Decimosegundo de Distrito con residencia en Tijuana. Fue hasta el mes de julio cuando el comandante de la 30ª Zona Militar con sede en Villahermosa, informó públicamente en una entrevista radiofónica que el prófugo habría escapado hacia Panamá.

El Comandante H, de 72 años de edad, siguió la ruta a hacia Brasil y finalmente llegó a Paraguay, donde ingresó de manera clandestina con la asistencia de su esposa que regularizó su estadía en la finca lujosa donde finalmente fue atrapado. Pese a que el 25 de julio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado en el que se informaba que fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, de las empresas relacionadas, socios y familiares, el día de su captura se afirmó que sus movimientos financieros junto con su red de comunicaciones sirvieron para rastrearlo.

Autoridades paraguayas destacaron que la detención del sobrino de El Abuelo, Gerardo Bermúdez Arriola, el 23 de julio reciente en el mismo país sudamericano, les alertó sobre la posibilidad de que en esa nación estuviera el objetivo que tenían boletinado en ficha roja por Interpol. Las áreas de inteligencia de ambos países funcionaron y lograron crear polígonos a través de una red de vínculos de las propiedades, lugares que frecuentaba y llamadas telefónicas del familiar de Bermúdez, acusado en ese país de explotación ilegal de apuestas deportivas. La Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció públicamente al presidente paraguayo Santiago Peña por la captura, calificándola como un “golpe contundente al crimen organizado transnacional”. Peña, por su parte, advirtió que Paraguay “no será refugio de criminales”.

Finalmente, el miércoles, 17 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las autoridades paraguayas expulsaron a Hernán por estancia irregular en ese país, simplificando el trámite de un procedimiento de extradición internacional, al que el inculpado no se quiso allanar. El exjefe policial fue trasladado a México en una acción coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), para ser ingresado al Cefereso número 1, Altiplano, en el Edomex.

HUACHICOL

Además de los delitos del fuero común que sirvieron para la emisión de la orden de aprehensión que se está ejecutando en el penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, a Hernán Bermúdez se le señala como uno de los protectores del grupo criminal La Barredora, e incluso de liderarla en actividades de extorsión, tráfico de drogas y robo de hidrocarburos. Desde noviembre de 2019, informes de inteligencia militar advirtieron a las autoridades de Tabasco, de los posibles nexos delincuenciales del que fuera director de la Policía de Investigación y pese a ello, el entonces gobernador, Adán Augusto López Hernández, ex secretario de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y actual senador de la República, lo designó secretario de Seguridad en diciembre de ese año.

Durante su gestión, Tabasco vivió una escalada de violencia, atribuida en parte a la expansión de La Barredora. Aun así, Bermúdez mantuvo su cargo hasta 2024, incluso bajo la administración de Carlos Merino Campos, sucesor de López Hernández. Esta continuidad ha levantado sospechas de complicidad política. Otros documentos elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) sustraídos mediante hackeo por el colectivo Guacamaya Leaks revelaron -en enero y febrero de 2021- que El Comandante H coordinaba operaciones criminales desde su cargo público, facilitando recursos logísticos del gobierno estatal.

Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI) destacaron esa información filtrada en cuyas redes de vínculos aparecía Hernán Bermúdez a la cabeza. En una de esas redes relacionada con el huachicol se destaca la participación de La Barredora, elementos de la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República coludidos, ladrones de combustibles y compradores de los mismos, así como un presunto agente del área de Inteligencia de la Secretaría de Marina, con el alias de Popeye. Bermúdez es señalado de auspiciar el trasiego de hidrocarburos que llegaban en barco al puerto de Dos Bocas. El CNI también obtuvo testimonios en los que salió a relucir el nombre del exfuncionario y de su asesor Carlos Tomás Díaz Rodríguez, Tomasín, en el tráfico de combustible en Tabasco, Veracruz y Puebla.

Después, MCCI dio a conocer que los implicados en el tráfico de combustible de Dos Bocas pretendían colocar el producto ilícito en las obras de construcción del Tren Maya, donde operaba Raúl Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán, como responsable de los tramos 4 y 5 del referido transporte ferroviario, situación que al parecer no se concretó porque Raúl fue destituido de su cargo por presuntos actos de corrupción. En otra red de vínculos mostrada en esa ocasión, aparece El Abuelo como cabeza del grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, comercialización de armas de fuego y venta de diésel. En esta aparece la protección de las Policías Municipal y Estatal, y la Fiscalía Estatal.

Durante la conferencia matutina del 17 de septiembre, antes de conocer de la entrega de Hernán Bermúdez por parte del gobierno de Paraguay, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es necesario revisar las circunstancias y cómo esta persona fue descomponiéndose. “También en este caso es muy importante que se aclare cómo, lo voy a poner de esta manera: cómo esta persona se fue descomponiendo y cuándo fue que se le retira de ser secretario de Seguridad en Tabasco, y como él, a partir de ahí huye, porque venían investigaciones desde antes de que nosotros llegáramos”.


SILENCIADO

El 18 de febrero de 2025, misma fecha en que se dictó la orden de aprehensión contra Bermúdez y sus coacusados, una familia reportó la desaparición de uno de ellos. Mientras autoridades locales y federales cateaban el domicilio de Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin o el Menchito, en Cancún, éste no volvería a ser visto con vida. Sus restos y los de otras tres personas totalmente calcinados fueron localizados el 24 de febrero dentro de dos vehículos, uno de ellos Jeep y otro de la marca Mercedes Benz, sobre una brecha cercana a la avenida Guayacán, en la colonia El Pedregal, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Las cuatro víctimas, dos en cada automotor, fueron ejecutadas a balazos antes de que los sicarios encendieran fuego a las unidades, pues los primeros respondientes localizaron casquillos percutidos por armas de fuego. Los restos, reducidos a cenizas y fragmentos óseos fueron trasladados al Servicio Médico Forense donde se tendría la difícil tarea de lograr su identificación. Una nota periodística de Cancún advertía que uno de los cuerpos podría corresponder al de un empresario, propietario de una arrendadora de autos, desaparecido una semana antes cuando fue visto por última vez en un auto Lamborghini.

Un allegado a Vázquez Orellana presentó una demanda de amparo el 20 de febrero para reclamar actos privativos de libertad, señalando que Savier fue detenido el 18 de febrero “ante la intromisión de agentes policiales a su domicilio y subido a una patrulla” sin que la captura se hubiere inscrito en el Registro Nacional de Detenidos. Sin embargo, cuando la persona fue requerida para precisar detalles, cambió la versión asegurando que fue informado que el 19 de febrero de 2025 elementos de la Marina, del Ejército y de la FGR irrumpieron en el domicilio del quejoso, donde solamente se encontraban sus empleados, pero no éste, ni sus familiares”, por lo que ya después no tuvo más contacto con él.

Mientras que, tanto en la Fiscalía de Tabasco, como en la de Quintana Roo, se denunciaba la desaparición de Savier Eduardo Vázquez, de nacionalidad hondureña, en el juzgado de distrito de Cancún se continuó con el trámite de la dudosa demanda de amparo durante los meses de febrero y marzo, hasta que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó al juez federal que el Blin Blin era uno de los hombres calcinados en el hallazgo reportado noticiosamente unas semanas antes, por lo que se requirieron el acta de defunción y otros documentos que comprobaran el hecho.

Con los documentos oficiales en el expediente del intento de juicio de garantías, el juez Quinto de Distrito de Quintana Roo asentó para tener por no presentada la demanda de amparo que el quejoso estaba muerto: “La necropsia practicada en 26 de febrero de 2025, la cual concatenada con el dictamen en genética forense en la que se confrontó el perfil genético de un menor hijo del quejoso con un fragmento de fémur de un individuo del sexo masculino, dio como resultado paternidad prácticamente probada. Se advierte que el 21 de febrero del año en cita, misma fecha que se presentó la demanda de amparo, falleció el impetrante de derechos Savier Eduardo Vázquez Orellana”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.

SCJN admite recurso de Elektra contra fisco; Salinas Pliego amaga con demandar a Sheinbaum

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite, el 25 de septiembre de 2025, el último recurso de revisión interpuesto por Grupo Elektra, contra un crédito fiscal de mil 609 millones de pesos.

El recurso de revisión interpuesto por la empresa del magnate regiomontano Ricardo Benjamín Salinas Pliego, contra la negativa de amparo dictada contra Elektra, el 19 de junio de 2025, por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, mismo que confirmó el crédito que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fincó por impuestos omitidos en el ejercicio fiscal de 2012.

Aguilar Ortiz admitió el recurso de revisión de Elektra, exclusivamente para analizar la constitucionalidad del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El ministro advirtió que a partir del 25 de septiembre de 2025 correría el plazo de seis meses para resolverlo.

La nueva SCJN comenzó, el 8 de septiembre de 2025, a reasignar los asuntos que quedaron pendientes de resolución por la anterior integración del máximo tribunal constitucional, los cuales fueron entregados por las antiguas ponencias a la Secretaría General de Acuerdos, para su redistribución.

Entre ellos se encuentran los asuntos promovidos por Salinas Pliego y sus empresas, en contra del SAT, por diversos créditos fiscales. Dos amparos directos en revisión, presentados por Nueva Elektra del Milenio y Totalplay, fueron asignados a la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, a pesar de que fue declarada impedida en otros asuntos relacionados con el magnate regiomontano.

El amparo directo en revisión 6321/2024 con el que Grupo Elektra reclamaba un crédito fiscal de más de 33 mil millones de pesos, que estaba en la ponencia de Alberto Gelacio Pérez Dayán, fue turnado al nuevo ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.

El 25 de septiembre de 2025, el magnate regiomontano amagó con demandar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirmó, un día antes, que Salinas Pliego incurrió en un caso de defraudación en Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema del Estado de Nueva York lo declaró en desacato, por la venta de la telefónica Iusacell a AT&T, sin informar las deudas fiscales que arrastraba dicha compañía.

“Mentir tiene un costo; más aún cuando se hace desde el gobierno. En respuesta a las calumnias vertidas hoy desde la conferencia matutina de la Presidencia, informamos que evaluaremos las demandas y acciones legales pertinentes en México y EE. UU. por difamación y daño moral para que la verdad prevalezca. Ningún ciudadano o empresa debe ser atacada desde la impunidad del poder público”, escribió Grupo Salinas, en su cuenta de la red social X, en la cual también anexó un comunicado.

“Por segunda vez en menos de una semana, hoy, desde la más alta tribuna del país, la titular del Ejecutivo Federal atacó a nuestro presidente fundador, el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego, con calumnias y difamaciones. Más grave aún es que se realicen con dolo, y desde la más supina ignorancia -propia de los gobiernícolas- sobre cómo funciona el mundo empresarial y este tipo de operaciones”, señaló el conglomerado empresarial.

“Con ello, el gobierno de México confirma, una vez más, que la embestida autoritaria en nuestra contra es una persecución política y no una disputa fiscal, como intentan disfrazarla. ¿O de qué otra manera se explican las más de 200 menciones en las mañaneras de la pasada y de la actual administración en contra del señor Salinas Pliego y nuestras empresas?”, enfatizó Grupo Salinas.

“Además, nuevamente nos utilizan como distractores para desviar la atención de la opinión pública y evitar que se hable de lo verdaderamente importante: la extrañísima escala de nueve horas en Chiapas -donde, casualmente, reside el expresidente López Obrador- del avión que trasladó a Hernán Bermúdez Requena, el ‘Comandante H’, quien fuera secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno del hoy senador y coordinador parlamentario de MORENA, Adán Augusto López Hernández”, afirmó el conglomerado empresarial.

“Mentir cuesta y tiene consecuencias, más aún cuando se trata de una funcionaria pública. Por ello, estamos analizando y evaluando iniciar las demandas y acciones legales pertinentes en México y EE.UU. en contra de la titular del Ejecutivo Federal por difamación y daño moral, a fin de garantizar que cesen el acoso y las calumnias desde la Presidencia, y enfrente las responsabilidades que las leyes en ambos países establecen”, finalizó Grupo Salinas.

Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) exhibió, el 27 de junio de 2025, el supuesto “modus operandi” del Grupo Salinas, del magnate regiomontano Ricardo Benjamín Salinas Pliego, del cual afirmó adeudaba al 74 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en diversos casos.

Durante la conferencia de prensa matutina Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal informó que eran 32 los casos que se litigaban en el Poder Judicial de la Federación (PJF), desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tribunales colegiados, juzgados de distrito y tribunales administrativos.

Según detalló Galeano García, en el máximo tribunal constitucional había tres asuntos, por un monto aproximado de 26 mil millones de pesos, mientras que en tribunales colegiados de circuito había asuntos por 20 mil mdp. En tanto, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) había 11 asuntos, por 8 mil millones de pesos. En otras instancias había 13 asuntos por otros 20 mil mdp.

La titular de la PFF subrayó que se habían respetado los derechos de audiencia y defensa legal al Grupo Salinas. En la SCJN, el juicio más antiguo era del 2008, por lo que tenía 16 años de incumplimiento. Ante ello, explicó el “modus operandi” de dicho conglomerado empresarial, para “retrasar indefinidamente” las resoluciones judiciales.

“Podemos concluir que el modus operandi de este grupo empresarial, que debe pagar impuestos, como lo hacemos todos y todas, es solicitarle a la autoridad que le revise muy bien si es verdad que tiene que pagar o no ciertas cuestiones”, enfatizó la funcionaria federal.

“De todas maneras, incumple durante ese proceso de revisión, interpone absolutamente todos los recursos judiciales necesarios, uno tras otro, ante todas las instancias posibles. En los casos de que advierta que un juzgador o juzgadora está por no concederle la razón, aunque haya criterios que lo obliguen a definir el tema en favor del fisco federal, entonces lo recusa o lo declara impedido, alega intereses personales”, dijo Galeano García.

“Y no obstante habiendo tenido las sentencias firmes, que los jueces no están recusados, que pueden resolverle los asuntos objetivamente, interponen nuevos juicios y nuevos impedimentos y recursos para retrasar indefinidamente estas resoluciones”, comentó la titular del PFF.

La funcionaria federal expresó que “es penoso” que, según ella, la “fuerza corporativa” del Grupo encabezado por el magnate regiomontano alcanzó a influir en el máximo tribunal constitucional. También señaló que esperaba que si no se resolvían los asuntos en la SCJN, cuando se conformara el nuevo Pleno, “se estrene” resolviéndolos.

“Es penoso, pero hasta allá alcanza esta fuerza corporativa, por eso agradecemos este cambio de paradigma y de política judicial. Esperamos que esto sea muy benéfico para todas y todos y tengamos jueces objetivos y estas tácticas estamos seguros que no les van a seguir funcionando, ni dando resultados, porque son recursos del erario público, que deben ser destinados para todas y todos y por 16 años se nos han negado”, agregó Galeano García.

Por su parte -desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, Sheinbaum Pardo expresó que decidió exhibir el caso del magnate regiomontano, en respuesta a las críticas de TV Azteca contra la elección judicial. La titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que el conglomerado empresarial iba a pagar los impuestos, porque no creía “que los ministros se vayan a atrever a hacer algo contra el pueblo de México”.

“Alguien amaneció muy enojada y preocupada por los broncones que se le vinieron encima a los narco políticos… y como pueden ver, no es mi hermosa esposa. No se dejen distraer de lo verdaderamente importante con mentiras y datos amañados. Disfruten su fin de semana y recuerden que TODO LO QUE LES OFRECE UN POLÍTICO GRATIS, SE LO TUVO QUE ROBAR A ALGUIEN QUE SI TRABAJÓ”, respondió Salinas Pliego, en su cuenta de la red social X.

“Lo que buscan es distraer la atención de las 22 leyes y reformas con las que pretenden apropiarse de todo lo que puedan robarle al pueblo de México, mientras destruyen la república. No nos vamos a callar ante las presiones de los Gobiernicolas, y como dicen los porristas del PEJE: ‘van a tener que pagar’. Más temprano que tarde, ellos van a rendir cuentas y la van a pagar”, insistió el magnate regiomontano.

“Siguiendo las instrucciones de sus jefes [Andrés Manuel] @lopezobrador_ y @JesusRCuevas, la Procuradora Fiscal @GriselGaleanoMx llevó nuevamente la extorsión fiscal a la más alta tribuna, sin importarle el respeto al debido proceso y el Estado de Derecho, con el único objetivo de presionar a la @SCJN y al Poder Judicial. Pese a las presiones políticas e intentos por censurar nuestra libertad de expresión, ¡NO NOS VAN A DOBLEGAR! Aquí estamos y seguiremos defendiéndonos de estos abusos”, expresó, por su parte, el Grupo Salinas, también en X.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
FECHA: 25 SEPTIEMBRE 2025

Ayotzinapa: 11 años sin justicia, con nuevo fiscal y un testigo protegido que era mando del CJNG

Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, logró frenar su extradición a Estados Unidos colaborando como testigo protegido en el caso Ayotzinapa

A 11 años del secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la investigación penal contra los presuntos responsables se encuentra estancada y todavía no se sabe qué rumbo va a tomar con la entrega de un fallido testigo protegido al gobierno de Estados Unidos y la renuncia del anterior fiscal especial, Rosendo Gómez Piedra, desde el pasado 16 de junio. En su lugar fue designado Mauricio Pazarán Álvarez, un ex mando de la Fiscalía capitalina.

La directora del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), María Luisa Aguilar Rodríguez, afirmó que la falta de justicia que enfrentan las familias de los 43 normalistas desaparecidos, es un caso emblemático de la crisis que vive México por las más de 100 mil personas desaparecidas que se han reportado en nuestro país.

Durante la videoconferencia “Ayotzinapa: Lucha, memoria y resistencia” que ofreció en la Universidad Iberoamericana, la directora del Centro Prodh aseguró que a lo largo de 11 años, el caso Ayotzinapa ha sido reflejo de que la justicia en México “está rota”, así cómo de los múltiples obstáculos que enfrentan las investigaciones de violaciones graves a los derechos humanos, debido a la militarización de la seguridad pública  y a la falta de controles civiles para poder vigilar la labor de las fuerzas armadas.
 

María Luisa Aguilar agregó que el caso Ayotzinapa también sacó a la luz la incapacidad de las fiscalías mexicanas para realizar investigaciones complejas y combatir a las grandes redes de macrocriminalidad que operan en territorio nacional, como la que existía en los municipios de Iguala y Cocula en el estado de Guerrero, al momento de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del 2014.

En este marco, la maestra en Derechos Humanos advirtió que la falta de resolución del caso Ayotzinapa también refleja la negación en la que ha caído el Estado mexicano ante las desapariciones que se viven en grandes regiones del país. Añadió que los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pero también el de la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno, han intentado reducir las cifras públicas de personas desaparecidas, en lugar de buscar una respuesta concreta para frenar este delito y sus consecuencias.
 

Gobierno de Sheinbaum, una incógnita

En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que las autoridades mexicanas han solicitado al gobierno estadounidense la extradición de dos personas relacionadas con el caso Ayotzinapa, debido a la importancia de los testimonios que deberán rendir y a la sensibilidad que tiene para la sociedad la búsqueda de justicia para los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

Además, Sheinbaum anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) explora nuevas líneas de investigación para poder avanzar en la integración del expediente y resolver el misterio del paradero de los 43 jóvenes estudiantes que fueron privados de su libertad.


Sin embargo, el nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, Mauricio Pazarán Álvarez, aún no ha anunciado cuáles son esas líneas de investigación, una exigencia de los padres de los 43 normalistas desaparecidos tras una parálisis de casi dos años en la indagatoria, ya que el exfiscal Rosendo Gómez Piedra no logró ningún avance significativo en los procesos penales contra los imputados.

Pazarán Álvarez es un abogado que ha tenido una amplia experiencia como Secretario y Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Especializado en temas penales relacionados con narcomenudeo y delitos sexuales, no había enfrentado el reto de un expediente relacionado con la búsqueda de personas y violaciones graves a los derechos humanos.

Un testigo protegido del CJNG

Cercano a la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, el nuevo fiscal del caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, tiene entre sus misiones revisar las aportaciones que pudo haber hecho al expediente de la investigación Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, cuñado del líder Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes,“El Mencho”, y uno de los operadores financieros más importantes de ese grupo criminal. Pese a su importancia en el mundo criminal, “El Cuini” fue un testigo protegido del caso Ayotzinapa.

González Valencia fue entregado por el gobierno de México a Estados Unidos el pasado 12 de agosto, pese a múltiples amparos que su defensa legal había presentado para evitar el proceso de extradición que enfrentaba en nuestro país, a petición de una corte federal estadounidense.

Sin embargo, no solo los amparos frenaron su extradición de México a Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el 24 de septiembre del 2024 que el proceso para extraditar a Abigael González Valencia, “El Cuini”, se frenó durante cinco años a cambio de lograr la colaboración de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, en la investigación del Caso Ayotzinapa.


“El Cuini” fue contactado por el entonces Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para poder colaborar en la indagatoria mediante los contactos y relaciones que tenía con diversos integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, al que se ha responsabilizado desde el inicio – en complicidad con autoridades federales, estatales y municipales – del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Su objetivo era mediar con “El Gil” para que este colaborara con la investigación.

“De esa forma pudimos avanzar, pues a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo aceptó colaborar en calidad de testigo protegido y como resultado de su participación se logró identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos”, señaló López Obrador en el “Segundo reporte del presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos en Iguala” entregado a los padres con motivo del Décimo Aniversario del caso Ayotzinapa.

“El Cuni” siempre fue un testigo indirecto y los señalamientos directos dependían de Gildardo López, “El Gil”, quien dejó de colaborar con las autoridades tras gozar de protección por un periodo de 5 años, beneficios que también obtuvo Abigael González, “El Cuini”.

Tras el fracaso de la colaboración con el cuñado de “El Mencho”, el gobierno de Sheinbaum finalmente decidió enviar a “El Cuini” a Estados Unidos, cerrando así su participación en el caso Ayotzinapa, cuyo avance espera una posible extradición de dos testigos clave que se encuentran en Estados Unidos: el juez de barandilla, Ulises “N”, que tuvo ante sí a los estudiantes desaparecidos, y un ex mando de la PGR, Abraham “N”, acusado de tortura.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.

Oaxaca: Alertan por violencia en comunidades ñuu savi tras retiro GN

El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acción urgente AU núms. 1456/2021 a 1460/2021 por la desaparición de personas, presuntamente por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca.

El pasado 23 de septiembre, elementos de la Guardia Nacional que brindaban seguridad y protección a los habitantes de las comunidades ñuu savi de Guerrero Grande y Mier y Terán, en San Esteban Atatlahuca, Oaxaca se fueron.

Quedaron a la deriva sin importar que son sobrevivientes de violencia extrema y desplazamiento forzado tras conflictos internos.

Por tal razón, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas alertó de un nuevo riesgo para los habitantes, debido a que el pasado 26 de agosto, en la página de Facebook “H.Ayuntamiento Atatlahuca” informaron de una nueva agresión a estos pobladores.

La situación, ya fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) para su vigilancia y existe una carpeta de investigación; sin embargo, sin la presencia de uniformados, es latente una nueva agresión.

En octubre del 2021, los días 21, 22 y 23 de octubre, un grupo armado encabezado por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca quemaron más de cien casas en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji.

El día 23 de octubre de ese mismo año, este mismo grupo armado integrado por autoridades de la cabecera municipal de San Esteban Atatlahuca, atacó a vecinos de la comunidad de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca.

Fueron desaparecidos los señores Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño y asesinado el señor Isidoro Hernández.

Los ataques y agresiones hacia los habitantes de la comunidad de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, fueron constantes, empezaron desde el día 1 de octubre del 2021, y el día 3 de octubre del 2021, se encontró el cuerpo sin vida del señor Jacinto Hernández Quiroz con disparos de arma de fuego.

Una de las defensoras que alertó este conflicto y la disputa del territorio por la madera, fue Irma Galindo Barrios, quien también desapareció el 27 de octubre en la ciudad de México, cuando acudió a una reunión con el Mecanismo de Protección para personas defensoras y periodistas.

Dos meses después de estos sucesos, el 31 de diciembre, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acción urgente AU núms. 1456/2021 a 1460/2021.

EL CED-ONU solicita al Estado Mexicano la búsqueda inmediata de los señores Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios y de la señora Irma Galindo Barrios e investigación de su desaparición forzada, sin que a la fecha se haya localizado a alguno de ellos.

Maurilio Santiago dijo que ante esta situación de riesgo, los beneficiarios de Medidas Cautelares y el Centro de derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C responsabilizan al Estado Mexicano de cualquier agresión violenta que se pueda dar en contra de los beneficiarios de medidas cautelares.

Es importante mencionar, que las y los habitantes de Guerero Grande y Mier y Terán así como sus autoridades exigen al Estado garantizar su seguridad que hoy más que nunca está en riesgo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.