Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, ya tiene orden de aprehensión por el delito federal de delincuencia organizada, misma que a su arribo a México será ejecutada por la Fiscalía General de la República (FGR). 

Mario Elizondo Martínez, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, libró el mandamiento de captura solicitado por la FGR apenas el 15 de septiembre pasado, dos días antes de que Paraguay informó que decidió expulsar a Bermúdez Requena luego de que México se desistió de la solicitud de extradición.

El grupo criminal La Barredora salió a la luz pública el 4 de diciembre de 2020 mediante una cartulina en la que se adjudicó el asesinato de Andrés Rodríguez Vasconcelos, el Kalimba, identificado como cabecilla del robo de combustible a Pemex. En ese momento Adán Augusto López Hernández comenzaba su segundo año como gobernador, con Hernán Bermúdez como su secretario de Seguridad estatal.  

Aunque en esos primeros momentos ninguna autoridad explicó o habló sobre el surgimiento de la organización criminal, la Fiscalía general del estado informó entonces que el crimen había sido cometido por un grupo que se disputaba el robo de combustible en la región de Chontalpa, en los límites con Veracruz.

Ese día, en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Gobierno, Javier May aludió a los exmandatarios Adán López y su sucesor Carlos Merino Campos, quien terminó el mandato del ahora senador cuando éste fue nombrado secretario de Gobernación por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el 26 de agosto de 2021.

Abiertamente May los retó a que de manera pública aclararan si habían tenido acuerdos con la delincuencia organizada.

A partir de entonces, reporteros buscaron a López Hernández para preguntarle sobre el señalamiento de su correligionario, pero el legislador replicó en un par de ocasiones que no podía responder porque no conocía la declaración de May, y el tema se diluyó.

El 14 de febrero de 2025 funcionarios del estado filtraron a medios de comunicación que un juez local obsequió una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

La carpeta en su contra la inició la Fiscalía General del Estado (FGET), pese a que los delitos por los que fue señalado en un principio eran de índole federal.

El 12 de julio el comandante de la 30 Zona Militar con sede en Villahermosa, general Miguel Ángel López Martínez, confirmó en el noticiero vespertino de Radio Fórmula que desde el 14 de febrero de este año el secretario de Seguridad nombrado por Adán Augusto López ya tenía una orden de captura.

El militar aseveró que en el gobierno tabasqueño anterior (iniciado por el ahora senador López Hernández y terminado por Merino) hubo impunidad, pues a ningún líder de La Barredora se le había investigado formalmente. 

Dijo que tuvo que iniciar la nueva administración, la de May, para que las autoridades liberaran las órdenes de aprehensión contra quienes habían estado desatando la ola de violencia en Tabasco.

López Martínez reveló, además, que el expolicía originario de Yucatán huyó, tras enterarse de la orden de captura, vía aérea de Mérida hacia Panamá, e indicó que la última ubicación que se conocía de él era Brasil.

A mediados de julio (es decir, nueve meses después de que el gobernador May lo emplazó a dar la cara por el caso de su colaborador), Adán Augusto López subió un comunicado a su cuenta de X (antes Twitter) en el que ya mencionaba investigaciones por La Barredora, pero sin mencionar el nombre de Bermúdez:

"Fui gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019 hasta el 26 de agosto de 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a acompañarlo como secretario de Gobernación. Durante mi gobierno enfrentamos grandes retos en materia de seguridad, y logramos reducir sustancialmente la actividad delictiva, como muestro en la gráfica adjunta".

Enseguida, apuntó:

Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno, y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos.

En este comunicado, el líder morenista en el Senado agregó: “Aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia”.

Fui gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019, hasta el 26 de agosto de 2021, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a acompañarlo como Secretario de Gobernación.

Durante mi gobierno, enfrentamos grandes retos en materia de seguridad, y logramos… pic.twitter.com/xE0hRpneFb

— Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 18, 2025

El 21 de julio López Hernández dio una entrevista a Ciro Gómez Leyva, a quien le dijo que en el tema de su excolaborador había “mucha desinformación” y “politiquería”.

En una imprecisión, afirmó que en su comunicado en la red X había pedido que se investigara a Hernán, al que nunca mencionó en esa ocasión. 

En tanto, sobre cómo lo designó titular de Seguridad, dijo:

En la entrevista, Adán Augusto dio cifras para avalar que en su gestión había bajado la incidencia delictiva y adjudicó estos resultados a la labor de él y de su colaborador Bermúdez.

“Nunca lo escuché en Tabasco”, sostuvo.

Indicó que supo de La Barredora cuando se dio a conocer información de la Secretaría de la Defensa extraída mediante hackeo por el grupo Guacamaya Leaks, en octubre de 2022.

“Mi responsabilidad institucional (como gobernador de Tabasco) terminó el 20 de agosto de 2021”, dijo en esa entrevista, en la que también aseguró que si en ese entonces hubiera sospechado de su secretario de Seguridad, “de inmediato lo hubiera separado del encargo".

El 6 de agosto, molesto, desde la tribuna de la Sesión Permanente del Senado Adán Augusto llamó seudoperiodistas y seudocolumnistas a quienes han abordado en los medios el tema de La Barredora y sus posibles vínculos con el grupo criminal.

“Toda su tiznadera me tiene sin mayor cuidado”, dijo.

Pero el 12 de septiembre, unas horas después de que se dio a conocer la detención de Hernán Bermúdez en Paraguay, en un nuevo comunicado López Hernández aseguró que “los que participamos de este movimiento no somos cómplices de corrupciones”, e hizo una afirmación sobre la que previamente no había hecho mención alguna: que él mismo pidió que se investigara a fondo a su excolaborador.

Al final del presente texto, Proceso recupera un video en el que Bermúdez Requena se dice inocente tras las filtraciones que el grupo Guacamaya Leaks hizo luego de hackear archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2022.

John K. Hurley, titular de la Subsecretaría del Tesoro para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo de Estados Unidos, aseguró, el 18 de septiembre de 2025, ante los integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM), que las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector, eran muestra de que el Gobierno de EE. UU. haría cumplir a las instituciones financieras sus obligaciones contra el lavado de dinero.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), emitió, el 25 de junio de 2025, órdenes que identificaban a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector), como “una preocupación principal de lavado de dinero, en relación con el tráfico ilícito de opioides”.

“Dialogó sobre el fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos por combatir a los cárteles de la droga y trastornar el flujo del mortal fentanilo a los Estados Unidos mediante un mejor cumplimiento legal, en seguimiento al mandato del Presidente Trump”, indicó el USDT, en un comunicado, fechado el 18 de septiembre de 2025.

“Durante la reunión, el Subsecretario Hurley enfatizó que el sector financiero de México desempeña un papel crucial en la defensa contra las finanzas ilícitas y destacó las alertas públicas del Tesoro como herramientas importantes para ayudar a los bancos a cumplir sus obligaciones legales”, agregó el Gobierno estadounidense.

“El Subsecretario destacó el compromiso del Departamento del Tesoro de bloquear los fondos de los cárteles y destacó las recientes acciones legales (2313a) como evidencia de la determinación de los Estados Unidos a garantizar que el sector privado haga su parte para desmantelar las redes de los cárteles”, abundó el USDT.

“El Subsecretario también expresó una profunda apreciación por la sólida relación entre los Estados Unidos y México, haciendo hincapié en el papel vital del gobierno y la industria para promover las metas de seguridad compartidas. El diálogo se enfocó en mejorar la cooperación para garantizar un mejor cumplimiento y lograr resultados efectivos en la lucha contra el financiamiento de los cárteles”, finalizó el Departamento del Tesoro de EE. UU.

“El 18 de septiembre, John K. Hurley, Subsecretario del Departamento del Tesoro para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo estará en la Ciudad de México. Se reunirá con funcionarios de gobierno y representantes de la industria para dialogar sobre estrategias para combatir las finanzas ilícitas, el tráfico de drogas y las operaciones de los cárteles”, dijo el el USDT, en un comunicado, fechado el 17 de septiembre de 2025.

“Esta visita se da al tiempo que la Administración del Presidente Trump busca desmantelar a los cárteles de droga que operan desde México y reducir el flujo del mortal fentanilo hacia los Estados Unidos. Éste es el primer viaje internacional del Subsecretario Hurley en el cargo, destacando el compromiso de la administración con resolver el tema de los cárteles terroristas”, dijo el Gobierno de EE. UU.

“El Subsecretario aprecia la sólida cooperación con el gobierno de México y planea enfatizar que el Departamento del Tesoro no permitirá que los cárteles de la droga que operan desde México accedan al sistema financiero estadounidense”, finalizó el USDT.

“Para la ABM, esta visita es una oportunidad para profundizar la cooperación en la lucha contra las actividades ilícitas y reiterar nuestra disposición para trabajar de manera más cercana con las autoridades de ambos países”, comentó, por su parte, dicha Asociación, en un breve pronunciamiento.

Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), Scott Bessent, calificó, el 30 de julio de 2025, como inaceptable, el presunto involucramiento de CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector), en el lavado de dinero de los cárteles mexicanos que traficaban con la droga sintética conocida como fentanilo.

Durante una entrevista exclusiva con el medio digital Breitbart News, el funcionario federal estadounidense subrayó que en los últimos tres años el fentanilo ilegal proveniente de México había estado detrás de la muerte de casi 200 mil ciudadanos de EE. UU.

Asimismo, Bessent aseguró que el USDT seguiría tomando medidas contra instituciones financieras mexicanas, que supuestamente ayudaban a lavar dinero a cárteles mexicanos del narcotráfico.

“En el Tesoro hemos declarado a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Y vamos a ir contra ellos. Ya sancionamos a tres instituciones financieras en México, una casa de bolsa y dos pequeños bancos, pues esto es simplemente inaceptable”, declaró el titular del USDT.

“Yo he visto morir por fentanilo a los hijos de dos amigos en el suburbio más rico de Estados Unidos, Greenwich, Connecticut. Imaginen lo que haríamos si existiera una organización terrorista que matara a 200 mil estadounidenses al año ¿Qué les haríamos? Los eliminaríamos, los eliminaríamos”, dijo Bessent.

El titular del USDT también destacó la orden emitida en marzo de 2025, para combatir el lavado de dinero en zonas fronterizas de Texas y California con México, que obligaba a instituciones de servicios monetarios a reportar toda transacción en efectivo superior a 200 dólares, cuando, antes, el requisito era para operaciones arriba de 10 mil dólares.

“Ya redujimos [el monto] para hacer los llamados Informes de Actividad Sospechosa en los Estados fronterizos [con México]. Hemos reducido el monto en dólares de esos Informes de Actividad Sospechosa”, explicó Bessent.

“Vamos a acabar con esto. Porque olvidémonos un momento de las muertes [por fentanilo], esas son imposibles. Pero pensemos en las vidas y las familias de las personas con adicción y cuyo futuro está destruido”, insistió el USDT, ello en referencia a la orden en principio temporal que entró en vigor en abril de 2025 y que finalizaría en septiembre del mismo año.

Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe” -cofundador del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino” o “El Jefe de Jefes”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”-, compareció, el 18 de septiembre de 2025, ante el juez Brian M. Cogan, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Según lo reportaron diversos medios internacionales y nacionales, la audiencia, que duró apenas 23 minutos, inició a las 11:13 y concluyó a las 11:36 hora local, del 18 de septiembre de 2025. El capo sinaloense se presentó con el cabello completamente blanco, delgado, pero en buena forma, vestido con el uniforme carcelario beige y una camiseta naranja, acompañado por sus abogados y con audífonos para traducción.

Durante la sesión, la defensa de Caro Quintero planteó que las condiciones carcelarias del narcotraficante, en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), eran “muy restrictivas”, mencionando que se encontraba en una celda de aproximadamente dos por dos metros, espacio insuficiente en el que el equipo legal ni siquiera podía reunirse con él para preparar adecuadamente su defensa.

De esa manera, la defensa del capo sinaloense instó a la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, a que aceptara su traslado a una habitación aledaña, con capacidad de reproducir material audiovisual, durante los encuentros de Caro Quintero con sus abogados.

Por su parte, la Fiscalía neoyorquina, liderada por Francisco Navarro y Saritha Komatireddy, respondió que, hasta ese momento, no habían recibido ninguna petición formal al respecto para poder ejecutar dicho cambio de celda para Caro Quintero, pero que, en cualquier caso, era una cuestión que debían remitir al Buró Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP, por sus siglas en inglés).

Tras un extenso intercambio, ambas partes acordaron que se consultaría al BOP para analizar estos temas. Asimismo, se programó una audiencia para mediados de octubre de 2025, dedicada específicamente a revisar las condiciones del capo sinaloense.

El juez interrogó enérgicamente a la Fiscalía neoyorquino respecto a la exclusión de la pena de muerte en el caso, a lo que los fiscales respondieron que esta decisión fue tomada por la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Jo Bondi, sin brindar más detalles.

Asimismo, el Gobierno de EE. UU. volvió a incidir también en la “complejidad” del caso, así como en el tiempo que estaba demorando reunir y analizar toda la evidencia, que incluía hasta grabaciones del interrogatorio y tortura a al agente especial de la Administración Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena, quien fue presuntamente secuestrado, torturado y posteriormente asesinado, en 1985, por órdenes del capo sinaloense Caro Quintero.

Cogan determinó que la próxima audiencia de seguimiento para Caro Quintero estaba programada para el 19 de marzo de 2026, mientras se mantenía abierta la posibilidad de negociaciones antes de un posible juicio.

El mismo día, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la entrega de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos respondió a una decisión de seguridad nacional, tomada por el Consejo de Seguridad mexicano.

La mandataria nacional respondió así a las declaraciones de la Fiscal General de Estados Unidos, quien sostuvo, un día antes, que el Gobierno de México había enviado al capo sinaloense por instrucciones directas del presidente Donald Trump.

“Ya se explicó que fue una decisión de seguridad nacional el envío de este importante número de personas de la delincuencia organizada. Fue una decisión de seguridad nacional y también había una petición del Gobierno de los Estados Unidos, de la Fiscalía de los Estados Unidos y se tomó la decisión de enviarlos por el Consejo Nacional de Seguridad, a partir de la Ley de Seguridad Nacional”, dijo Sheinbaum Pardo.

La presidenta de la República explicó que, si bien existió una petición del Gobierno y de la Fiscalía de Estados Unidos, la determinación se adoptó en México con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional. “Sí había petición de ellos, pero la decisión se tomó aquí en el Consejo de Seguridad por razones de seguridad nacional”, sostuvo.

Ayer, en su cuenta de la red social X, la Fiscal General estadounidense compartió fotografías de la reunión que sostuvo Trump con la familia del fallecido agente especial de la DEA, presuntamente asesinado por orden de Caro Quintero.

“A principios de este mes, tuve el honor de presentar a la familia del agente especial caído de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena a @POTUS. En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México”, escribió Bondi.

“Kiki fue un héroe que perdió la vida luchando contra los cárteles en 1985. Su hijo, Enrique, ahora es juez en California y continúa con el orgulloso legado de su padre en la aplicación de la ley”, agregó la Fiscal General de EE. UU.

El 27 de febrero de 2025, el Gobierno de México trasladó a Estados Unidos a 29 delincuentes mexicanos de alto perfil, mismos que se encontraban en diferentes cárceles mexicanas, incluido al capo sinaloense.

Es tan grande, tan evidente, tan polémico, tan contundente y tan grave el problema de Morena que nadie en el partido o en el Gobierno quiere hablar de él. Pretenden ignorarlo, voltear hacia otro lado, minimizarlo con el fin de invisibilizarlo, no atenderlo ni enfrentarlo con la intención de que se olvide. Se trata de la corrupción, esa que prometieron combatir, pero a la que se sumaron sin contemplación, empoderados en cualquier nivel de gobierno o parentesco oficial.

Lo de Morena es de una incongruencia tal que lastima la inteligencia de la ciudadanía aunque le apuestan al olvido, a que la ya desfasada frase de “no somos iguales” siga permeando entre sus seguidores aunque eso es cada vez más difícil ante la evidencia física, gráfica y social de sus actos corruptos.

A siete años de tomar el poder desde la Presidencia de la República y de ahí a Estados, Municipios, Poder Legislativo y, a la fuerza, el Poder Judicial, ha quedado expuesto que en Morena el cambio, o la transformación como ellos la llaman, se concreta para servir sus intereses y nada más. No se trata pues de medidas tomadas en beneficio de los gobernados, o de la democracia, sino para oficializar la concentración de poder y, con ello, el acceso a las redes del sistema que utilizan para corromperlas.

Ni siquiera otras administraciones encabezadas por otros partidos, y que fueron utilizadas por Morena y su líder para ganar la presidencia de la República, tomándolas como ejemplo de lo que la corrupción era, tuvieron tantos casos y tantas sospechas como ahora, apenas a siete años dentro del poder, los contabiliza el partido oficial en México.

Efectivamente, si de alguien se aprovechó el expresidente Andrés Manuel López Obrador para hacer campaña y prometer un cambio, fue de los dos políticos que le antecedieron en la presidencia. Cuando él estaba en campaña los golpes eran casi por igual, tanto a Felipe Calderón Hinojosa, Presidente emanado del PAN que gobernó el país entre 2006 y 2012, como a Enrique Peña Nieto, el priísta que llevó las riendas de México de 2012 a 2018. 

Del primero acusaba, acusó y acusa, la “guerra contra el narco” que encabezó, y que para marcar más distancia aun, López Obrador contrastó con su -también fallida- política pública de “abrazos no balazos”. Pero a quien más han utilizado para regodearse de la corrupción en aquel sexenio panista es al encarcelado por narcotráfico, entre otros delitos, Genaro García Luna, quien fuera secretario de seguridad en el gabinete calderonista.

A pesar de todas las acusaciones, sornas, directas y “aniquiladoras” que López Obrador vertía sobre García Luna como paradigma de la corrupción en el sexenio de Calderón, no fue una autoridad mexicana la que detuvo, procesó y sentenció al exsecretario, sino el Gobierno de los Estados Unidos.

Del segundo, de Enrique Peña Nieto, el ahora expresidente y líder moral de Morena, solía decir que se trataba del gobierno más corrupto de la historia de México, aunque se centraba en básicamente tres hechos: la oscura red en el caso Odebrecht, un entramado de sobornos internacionales de la compañía brasileña que en el país tuvo su epicentro en Petróleos Mexicanos cuando esa paraestatal era titulada por Emilio Lozoya Austin; el caso detallado por los periodistas de Carmen Aristegui, de la adquisición de la que se conoce como la “Casa Blanca”, utilizada como residencia de la familia de Peña Nieto y habiendo realizado la transacción con la compañía constructora Grupo Higa, la favorita de Peña tanto en el Estado de México como en la República Mexicana, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Al final, Emilio Lozoya, fue beneficiado por el sistema lopezobradorista. A cambio de delatar a otros políticos, antagónicos por supuesto al movimiento del expresidente morenista, ha recibido varios beneficios, entre ellos, la prisión domiciliaria. De la Casa Blanca se supo, en el mismo sexenio peñista, que la adquisición la hizo la exprimera dama y exesposa del priísta, la actriz Angélica Rivera, quien también la puso a la venta, y el caso no tuvo, en el sexenio de López Obrador, mayor consecuencia ni investigación, como tampoco sucedió con el caso Ayotzinapa, una afrenta aún pendiente a pesar de la aprehensión del exprocurador Jesús Murillo Karam en el año 2022.

Ahora en el segundo sexenio morenista, son más los casos de sospechas y acusaciones de corrupción, que los utilizados por el exmandatario nacional tabasqueño. Para empezar, una red de más de cien personas, incluidos Vicealmirantes, de miembros de la Marina de México, partícipes del delito de huachicol y de huachicol fiscal, es decir no sólo defraudan a Petróleos Mexicanos, también a las arcas del país. El tema principal es que López Obrador dijo hasta el cansancio que él había combatido el huachicol y lo había eliminado, cuando la realidad, que ahora consta en carpetas de investigación en la FGR, es que ese delito estaba más vigente que nunca y dentro del gabinete del expresidente. Y considerando la frase que él mismo dijo, de que “de todo se entera el Presidente de la República”, es difícil no pensar que estaba al tanto, o por lo menos el almirante Rafael Ojeda, a quien han intentado deslindar con toda clase de retórica inválida, quien fue el promotor de las meteóricas carreras y ascensos en la jerarquía de la Armada de México, no sólo de sus sobrinos los Lagunas Farías, quienes encabezan la red del huachicol en la Marina, sino de otros elementos que fueron ascendiendo hasta llegar a posiciones en las que pudiera colaborar, a cambio de sobornos, en esta red criminal que generó millones de pesos ilícitos para beneficio de cientos de elementos de la Marina.

Y luego está el caso de Adán Augusto López Hernández, el otrora secretario de gobernación de López Obrador, que para tomar ese cargo dejó el Gobierno de Tabasco, donde había hecho su colaborador a un amigo cercano, en calidad de secretario de seguridad, y que hoy día está detenido por su participación no con, sino en, el crimen organizado, dado que es acusado de encabezar un cartelito o célula criminal ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, conocida como La Barredora.

O los múltiples señalamientos de tráfico de influencias que pesan sobre los hijos del expresidente de México, el primero de la izquierda. O las decenas de casas que coleccionan sus principales colaboradores como Manuel Bartlett o Rocío Nahle, o el enriquecimiento repentino de notorios morenistas como el expresidente de la Cámara de Diputados y su esposa también legisladora, cubiertos de joyas, ropas, zapatos y accesorios de diseñadores de alta gama.

De hecho la mayoría de los morenistas que lejos de seguir las máximas de López Obrador, de vivir “en la justa medianía” con austeridad franciscana, se mueven en la opulencia, como el diputado Gerardo Fernández Noroña y su casa de 12 millones de pesos en Morelos, y quien abiertamente refirió que él no estaba obligado, en lo personal, a ser austero: “yo no tengo ninguna obligación de ser austero, son las políticas públicas las que son austeras”, dejando claro que la opulencia es para la clase gobernante, ahora de Morena, y la austeridad para los gobernados.

El asunto de la corrupción, los excesos y las incongruencias es tan grande que los oficialistas pretenden ignorarlo para dejarlo pasar. Es, vaya, el elefante en la sala de Morena del que nadie quiere hablar. La pregunta es cómo no atender algo de tales dimensiones, que ahí está, a la vista ya de todos.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) dio este jueves el banderazo de inicio a la construcción del primer tramo del Tren Querétaro-Irapuato, una obra que busca impulsar el desarrollo industrial y mejorar la movilidad en el país.

El acto que marca el inicio oficial de este proyecto se realizó en el municipio de Apaseo el Grande y fue encabezado por el titular de la SICT, Jesús Esteva; la Gobernadora de Guanajuato, Denisse García; el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó un enlace desde la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional para atestiguar el inicio de las obras del Tren Querétaro-Irapuato y recalcó que gracias a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T) se recuperarán los trenes de pasajeros.

El Tesoro de EU sancionó a "Los Mayos", una facción del Cártel de Sinaloa, y a varias células de sicarios que pertenecen al grupo. Además, señala a una Diputada de Morena que, siendo Alcaldesa de Rosarito, estuvo coludida con esta organización criminal.

Un video obtenido por EMEEQUIS muestra al camión de la empresa Gas Silza momentos antes del accidente que ha cobrado la vida de 20 personas hasta el momento y ha dejado decenas de heridos en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre. 

El video muestra cómo el camión cruza a una velocidad normal el tramo cercano a Santa Marta. Otro video obtenido por esta casa editorial muestra cómo, menos de un minuto después, ocurre la explosión. 

Ambas grabaciones, obtenidas de una cámara de seguridad, contradicen la versión oficial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que señaló que el accidente se originó por una colisión producto del exceso de velocidad del conductor de la pipa de gas, quien fue la víctima 19 de la tragedia. 

La cámara de seguridad del puesto de baños públicos, que tiene unos minutos de retraso (el accidente ocurrió a las 2:20 de la tarde), marca que a las 2:14:47 segundos, la pipa cruzó la avenida, a unos metros del primer puente que antecede a la curva donde ocurrió la explosión. A las 2:15:24, en el segundo video, se puede ver la primera nube de gas y unos segundos después la explosión.

“El contenedor de gas que quedó tendido sobre la carpeta asfáltica presentó un golpe en su parte frontal izquierda, mismo que generó una fractura de aproximadamente 40 centímetros desde la cual se fugó el gas”.

MÁS IMÁGENES DEL HORROR: EL DÍA DE LA EXPLOSIÓN

Karen, comerciante y dueña de la grabación, narra en entrevista para EMEEQUIS los momentos traumáticos que se vivieron con la explosión: 

“Estábamos trabajando, yo había ido hacia atrás, a los baños, donde estaba con mi compañero, el chico que atiende ahí, y de repente empezamos a escuchar un zumbido, al principio pensamos que eran las máquinas, porque antes se escuchaban cuando estaban construyendo lo del puente”.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Andrés Manuel López Obrador y el propio Adán Augusto, ya como secretario de Gobernación, pidieron la destitución de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad de Tabasco, cuando Carlos Merino era gobernador, a pesar de la autonomía estatal. 

Carlos Merino fue el gobernador interino de Tabasco del 28 de agosto de 2021 al 30 de septiembre de 2024, a la salida de Adán Augusto para convertirse en secretario de Gobernación. Actualmente es director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Adán Augusto López Hernández fue Secretario de Gobernación del 26 de agosto de 2021 al 16 de junio de 2023, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que implicaría que la renuncia de Bermúdez Requena tardó en concederse, pues ocurrió hasta enero de 2024, cuando Adán Augusto ya no era secretario de Gobernación (buscaba la candidatura presidencial de Morena).

“¿Cómo fue que este personaje que fue secretario de seguridad de Tabasco? Digamos se fue descomponiendo y en qué momento se dan cuenta que, primero, no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo. ¿Cómo se pide su destitución? Por parte del presidente López Obrador. A Tabasco”, dijo Sheinbaum, en un dato novedoso que no se había dado a conocer.

“Todavía no entrábamos nosotros. En el momento que hay indicios de que esta persona tiene algún vínculo y a partir de ahí él decide salir y huir. Y después pues ya viene la investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco y la Fiscalía General de la República.

“Se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación. Ya para entonces el senador (Adán Augusto) ya era secretario de Gobernación. Imagínese, participaba en el gabinete y se solicita la destitución por parte del secretario de Gobernación y del presidente entonces (AMLO). A Merino, que estaba de gobernador, Merino lo destituye. Este señor se va e inician las investigaciones. Pero esta cosa de que ahora el senador Adán Augusto tiene que renunciar hoy… a ver qué dicen las investigaciones ¿verdad?”.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que dará información sobre el caso de Hernán Bermúdez:

"En el momento que hubo información, se pidió su destitución e investigación, ya para entonces, el senador (@adan_augusto) era secretario de Gobernación". pic.twitter.com/OQENUTecjd

— Emeequis (@emeequis) September 18, 2025

Cabe mencionar que el exsecretario de Seguridad en Tabasco, señalado por las autoridades de pertenecer a la organización criminal conocida como La Barredora, renunció en enero de 2024 tras una ola de violencia en Tabasco. En ese entonces aún era presidente López Obrador.

La Fiscalía de Tabasco comenzó a investigarlo en noviembre de 2024, ya cuando Sheinbaum era mandataria, tras la publicación de notas y reportajes que ligaban al exsecretario de Seguridad con La Barredora.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio por cerrada este miércoles la elección del Poder Judicial de la Federación con la validación de unos informes finales, incluyendo uno que dio cuenta de un misterio relacionado con este proceso inédito: la desproporción evidente entre la enorme cantidad de solicitudes para ser observadores electorales y la tasa de participación de apenas el 13%. 

El informe señaló que el INE recibió 316 mil 430 solicitudes –315 mil 364 de individuos y mil 66 de organizaciones--, al ritmo de 4 mil 615 solicitudes por día, en promedio, entre el 1º de marzo y el 7 de mayo de 2025.

Trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), de diversos niveles y estados del país, denunciaron ante las autoridades supuestos actos de hostigamiento y acoso laboral presuntamente cometidos por nuevas juezas y magistradas federales, que resultaron ganadoras tras la elección judicial.

Las primeras denuncias se concentran particularmente en los estados de Veracruz y Sinaloa, donde personas juzgadoras electas supuestamente realizaron “presiones indebidas” para obligar a las y los trabajadores a renunciar, violando así la reforma judicial que decretó en su artículo décimo transitorio que “los derechos laborales de las personas trabajadoras del PJF y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”.

Estas “presiones” ocurren a pesar del llamado del ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pidió a las y los nuevos jueces y magistrados federales del país no “desechar” o “despedir” a los trabajadores que ya estaban en el Poder Judicial, quienes aseguró cuentan con formación y experiencia que “hay que aprovechar”.

Por este motivo, las y los trabajadores solicitan la “intervención inmediata” de las autoridades para que cesen las violaciones a los derechos laborales de las personas trabajadoras del PJF, en diversos escritos dirigidos a autoridades como la presidenta Claudia Sheinbaum, el ministro presidente Hugo Aguilar e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Irma Moreno Mendoza, alcaldesa de Buenavista, Michoacán, sobrevivió a un atentado en su contra mientras se trasladaba en su vehículo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que se activó un operativo con fuerzas federales y estatales para dar con los responsables.

El saldo oficial fue que el ataque no dejó personas lesionadas ni fallecidas.

Medios michoacanos informaron que el atentado ocurrió después de que la alcaldesa salió de un evento con militares. Presuntamente le dispararon a la distancia, desde un cerro, a la camioneta blanca en que se transportaba la munícipe.

Primeros reportes señalaron que el despliegue federal incluyó el sobrevuelo de helicópteros militares. Hay información sobre enfrentamientos con grupos de la delincuencia organizada, aunque aún no hay datos oficiales sobre estos hechos.