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Sheinbaum niega que en México existan investigaciones contra la Luz del Mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó, el 12 de septiembre de 2025, tener información respecto a investigaciones llevadas a cabo en México contra los líderes de la iglesia evangélica mexicana La Luz del Mundo.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal fue cuestionada sobre posibles solicitudes de parte del Gobierno estadounidense para colaborar en las pesquisas contra los líderes de dicha religión.

“Hay acusaciones en Estados Unidos contra el líder de la Luz del Mundo aquí en México, ¿le han solicitado algún tipo de colaboración o entrega? Ya que hay varias personas involucradas”, le preguntó un reportero. “No tenemos esa información de que haya alguna investigación en particular relacionada con eso”, respondió la mandataria nacional.

El jalisciense Naasón Joaquín García, de 56 años de edad y “Apóstol de Jesucristo” de la iglesia evangélica la Luz del Mundo -cuya sede está en Guadalajara, Jalisco, México-, fue acusado, el 10 de septiembre de 2025, por un jurado federal investigador en Nueva York, de que, durante décadas, permitió el abuso sexual sistemático de niños y mujeres para la gratificación sexual de él y su padre, Samuel Joaquín Flores, quien murió el 8 de diciembre de 2014, incluyendo la creación de fotos y vídeos de abusos sexuales sádicos a menores.

Según lo indicó el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), en un comunicado, los cargos contra la red de Joaquín García fueron el resultado de una “investigación de años que abarcó el país e involucró el apoyo de decenas de valientes víctimas”.

Joaquín García fue puesto bajo custodia federal la mañana del 10 de septiembre de 2025, en Chino, California, donde cumplía una sentencia de más de 16 años, luego de declararse culpable de dos cargos estatales en 2022, según informó el jurado federal investigador de Nueva York, en un comunicado.

Las otras cinco personas acusadas de estos delitos fueron: Eva García de Joaquín, detenida el 10 de septiembre de 2025, en Los Ángeles y que se esperaba compareciera en el Distrito Central de California

Además de Joram Núñez Joaquín, detenido el 10 de septiembre de 2025, en Chicago. Se esperaba que compareciera en el Distrito Norte de Illinois. Además de Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Silem García Peña.

El Gobierno de Estados Unidos solicitaría la detención y extradición de Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Silem García Peña, para que se enfrentaran a la justicia estadounidense por los cargos imputados.

Joaquín García fue sentenciado, el 8 de junio del 2022 a 16 años y 8 meses de prisión, tras declararse culpable de tres de los 19 cargos que enfrentaba en el Tribunal Superior de Los Ángeles, California, Estados Unidos, relacionados con abuso sexual de menores.

El Fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton; el agente especial a cargo de la Oficina Local de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nueva York, Ricky J. Patel; y, el agente especial a cargo de la Oficina Local de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) en Nueva York, Harry T. Chavis, Jr., anunciaron la revelación de la acusación formal contra Joaquín García.

“Según se alega en la acusación, durante décadas, Naasón Joaquín García y los demás miembros de la Empresa Joaquín LLDM utilizaron su posición y los recursos de la iglesia La Luz Del Mundo para abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres”, afirmó el fiscal federal Jay Clayton, citado en el comunicado.

“Se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos. Cuando se les confrontó, utilizaron su influencia religiosa y su poder financiero para intimidar y coaccionar a las víctimas para que guardaran silencio sobre los abusos que habían sufrido”, abundó Clayton.

“La acusación incluye cargos contra quienes ayudaron sistemáticamente a Naasón en la presunta explotación sexual de adolescentes y mujeres jóvenes, incluyendo la creación de fotos y vídeos de los abusos y otras conductas delictivas indescriptibles. Elogiamos a las víctimas que han dado un paso al frente por su extraordinario valor y su deseo de poner fin a décadas de abusos. Esta Oficina exigirá responsabilidades a Naasón y a otras personas que ayudaron en estos presuntos abusos”, finalizó el fiscal federal.

“Durante décadas, en Estados Unidos, México y otros lugares del mundo, NAASÓN, SOSA, RANGEL GARCÍA, GARCÍA DE JOAQUÍN, NÚÑEZ JOAQUÍN y GARCÍA PEÑA abusaron del poder, la doctrina y la estructura de la Iglesia LLDM para amenazar, coaccionar y abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres de la Iglesia LLDM; para cometer delitos financieros; y para obstruir las investigaciones penales sobre sus fechorías”, detalló el DOJ, en el comunicado.

“Estos acusados y sus cómplices formaban parte de la Empresa Joaquín LLDM, que llevó a cabo este plan durante décadas, abusando de generaciones de miembros de la Iglesia y destruyendo luego las pruebas para evadir la detección por parte de las fuerzas del orden. Los acusados y sus cómplices utilizaron la Iglesia LLDM como vehículo para cometer tráfico sexual de mujeres y niños; para inducir a las víctimas, incluyendo menores, a viajar y a participar en actos sexuales forzados e ilegales; para producir, recibir, distribuir y poseer pornografía infantil; para emplear la mano de obra forzada de miembros de la Iglesia; para estructurar ilegalmente transacciones en efectivo y contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo; y para obstruir la justicia con el fin de ocultar sus delitos”, insistió el Gobierno de EE. UU.

“NAASÓN, el líder de la empresa, dirigía un círculo cercano de cómplices que facilitaban su abuso de adolescentes y mujeres jóvenes. NAASÓN también ordenaba a sus cómplices que produjeran imágenes y vídeos de abuso sexual infantil y se los enviaran para su propia gratificación sexual. Las fuerzas del orden han incautado muchas de estas imágenes y vídeos que muestran el abuso sexual de menores y que fueron creados bajo las órdenes de NAASÓN”, subrayó el DOJ.

“NAASÓN también ordenó a sus cómplices que seleccionaran a adolescentes de su iglesia para abusar de ellas y que introdujeran sistemáticamente a las menores en los deseos sexuales ilegales de NAASÓN a través de interacciones personales con él bajo el pretexto de actividades de la Iglesia”, abundó el Gobierno estadounidense.

“NAASÓN y sus cómplices manipularon la doctrina de la Iglesia LLDM para facilitar este abuso. A través de la doctrina LLDM, NAASÓN y sus cómplices desarrollaron una cultura de fe y obediencia incondicionales a NAASÓN, incluso enseñando a los feligreses desde su nacimiento que serían condenados eternamente y excluidos de sus familias y amigos en la comunidad si no obedecían a NAASÓN o si lo cuestionaban. NAASÓN aprovechó de ese miedo para evitar que las numerosas adolescentes y mujeres jóvenes de las que abusaba rechazaran sus insinuaciones sexuales y denunciaran los abusos sexuales a las fuerzas del orden”, enfatizó el DOJ.

“La explotación de NAASÓN de la iglesia y sus miembros sigue una tradición profundamente inquietante establecida por su padre (Samuel Joaquín Flores) y su abuelo (Eusebio Joaquín González, conocido como «Aarón»), quienes fundaron la iglesia en Guadalajara, México, aproximadamente en 1926. Comenzando con Aarón y continuando con Samuel y luego NAASÓN, cada miembro de la familia Joaquín que ha servido como líder o «apóstol» se ha aprovechado de su posición de poder y control sobre la Iglesia LLDM para abusar sexualmente, explotar y violar a sus feligreses. Cada líder manipulaba a las niñas y mujeres jóvenes haciéndoles creer que podían obtener una «bendición» especial si le servían, lo que a menudo incluía actividades sexuales, como sexo oral, estimulación manual y, en última instancia, sexo con penetración con las víctimas. Estos abusos se produjeron a lo largo de varias generaciones”, señaló el Gobierno de EE. UU.

“SOSA fue una de las principales cómplices de Samuel y preparó a muchas menores y mujeres jóvenes para su abuso sexual, además de abusar sexualmente de ellas directamente durante años, lo que continuó después de que NAASÓN se convirtiera en el líder de la empresa Joaquín LLDM. GARCÍA DE JOAQUÍN, esposa de Samuel y madre de NAASÓN, acicalaba a menores de edad y a mujeres para que su marido cometiera abusos sexuales y ella misma igualmente, abusó sexualmente de menores y mujeres jóvenes también durante años”, destacó el DOJ.

“RANGEL GARCÍA fue una de las principales cómplices de NAASÓN y preparó el terreno para sus abusos sexuales, además de abusar sexualmente de múltiples menores y mujeres jóvenes durante años. NAASÓN y otros miembros de la empresa Joaquín LLDM también han utilizado de forma corrupta el dinero de los feligreses de la Iglesia LLDM para financiar los abusos sexuales de NAASÓN. Muchos feligreses dieron sus diezmos a la Iglesia LLDM creyendo que su dinero financiaría actividades legítimas de la Iglesia en Estados Unidos, en México, donde tiene su sede la Iglesia, y en muchos otros países del mundo donde la Iglesia está activa”, refirió el Gobierno de EE. UU.

“NAASÓN utilizó estas donaciones para financiar viajes internacionales, incluyendo vuelos y hoteles caros, para él, su familia y las jóvenes que él y sus cómplices organizaban para viajar con NAASÓN con el fin de asegurarse de que siempre tuviera a alguien disponible para abusar sexualmente. NAASÓN y sus cómplices también utilizaron los fondos y diezmos para comprar juguetes sexuales utilizados en los abusos y productos de limpieza para destruir las pruebas de los abusos sexuales. NAASÓN también utilizó las donaciones para financiar su lujoso estilo de vida, incluyendo coches caros, joyas, ropa, vacaciones de lujo y vuelos en jets privados”, reveló el DOJ.

“NAASÓN y sus cómplices amenazaron y castigaron a las víctimas y destruyeron pruebas para evitar que las fuerzas del orden descubrieran sus delitos. Después de que NAASÓN fuera detenido en California en 2019 por cargos estatales relacionados con el abuso sexual de niñas y jóvenes de LLDM, los miembros de la organización Joaquín LLDM ejecutaron un plan para presionar a las sobrevivientes de su abuso sexual para que declararan falsamente que NAASÓN no las había abusado. Los cómplices de NAASÓN, actuando bajo sus órdenes, castigaron a quienes intentaron denunciar los hechos. Los miembros de la organización Joaquín LLDM también destruyeron pruebas, lo que incluyó triturar archivos en papel, quemar pruebas y sumergir dispositivos electrónicos en agua”, comentó el Gobierno de EE. UU.

NÚÑEZ JOAQUÍN se hizo pasar falsamente por un abogado que trabajaba en nombre de la Iglesia LLDM y utilizó esa posición para impedir e intentar impedir que las víctimas de abuso sexual denunciaran el abuso a las fuerzas del orden. GARCÍA PEÑA actuó como jefe de relaciones públicas de NAASÓN y de la Iglesia LLDM y abusó de esa posición para impedir que las víctimas de abuso sexual denunciaran el abuso a las fuerzas del orden”, finalizó el DOJ.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

EU no pedirá pena de muerte para hermanos ‘Z-40′ y ‘Z-42′, ex líderes de Los Zetas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, pr sus siglas en inglés) informó, el 12 de septiembre de 2025, al juez Trevor McFadden, en la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington D.C., que no buscaría la pena de muerte contra los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias ‘Z-40′ y ‘Z-42′, respectivamente, dos ex líderes de Los Zetas.

En una carta dirigida al juez McFadden, se detalló que la decisión fue autorizada por la Fiscal General Pamela Jo Bondi y notificada a la defensa de los capos tamaulipecos, quienes fueron entregados a por el Gobierno mexicano a su homólogo estadounidense, el 27 de febrero de 2025.

“Este despacho ha sido instruido para no solicitar la pena capital contra los acusados Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales”, señaló el escrito firmado por Sophia Suárez, Jefa de Gabinete interino y consejera del Jefe de la División Penal del DOJ, así como por los fiscales Jayce Born, Kirk Handrich y Hunter Smith.

Los hermanos Treviño Morales comparecieron, el 11 de junio de 2025, ante el juez Trevor McFadden, en la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington D.C., donde se formalizaron los cargos en su contra, por supuestamente participar en una empresa criminal continua; conspiración de tráfico de drogas; delitos con armas de fuego; y conspiración internacional de lavado de dinero.

Durante la audiencia, Kirk Kenneth Handrich, fiscal asistente de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del DOJ, presentó un conjunto probatorio de 4.9 millones de archivos recopilados por agencias gubernamentales estadounidenses y mexicanas.

El “Z-40” compareció en persona, vestido con uniforme azul carcelario, una playera blanca debajo y lentes oftálmicos, custodiado por elementos del Servicio de Alguaciles de EE. UU. (US Marshals, por sus siglas en inglés)

Con el cabello casi a rapa y una creciente barba, el capo tamaulipeco saludó de mano a cada uno de sus abogados. Escuchó atento las palabras del juez, del fiscal Handrich y de sus defensores. Llevaba en la mano un cuaderno rojo con varias anotaciones.

Entre los abogados del “Z-40” se encontraban Eduardo Balarezo, conocido por haber defendido a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, así como Frank Pérez, también abogado de Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”.

El juez McFadden permitió continuar la audiencia pese a la ausencia del “Z-42”, quien no asistió por problemas de calendario. También estuvo presente Alfredo Rangel Buendía, alias “El Chicles”, otro de los acusados en el mismo expediente.

Durante la audiencia la Fiscalía de EE. UU. denunció un posible conflicto de interés en la defensa legal de los hermanos Treviño Morales, debido a que Balarezo también representaba a Gilberto Barragán Balderas, alias “El Tocayo”, otro coacusado en el caso. Ante ello, el juez solicitó una revisión de la situación, aunque el litigante aseguró que continuaría con la defensa del “Z-40”.

Según Handrich, la oficina en Houston, Texas, de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), aportó evidencia obtenida en el marco de operaciones dirigidas contra ocho objetivos prioritarios de Los Zetas, entre ellos los hermanos Treviño Morales.

El expediente incluía 490 mil llamadas telefónicas interceptadas, transcripciones de conversaciones, informes de inteligencia y documentos judiciales, evidencia adicional proveniente de las oficinas de la DEA en Dallas, Laredo y del Gobierno mexicano.

En total, según detalló Handrich, había al menos 4.9 millones de archivos identificados y todo el material -mayoritariamente en español- sería compartido con la defensa de los hermanos Treviño Morales y podría utilizarse en juicio. Asimismo, habían dispuesto traductores oficiales para garantizar el acceso equitativo a la información.

“Los acusados son los últimos tres dentro del caso que no se han declarado culpables, ¿cierto?”, preguntó McFadden. “Sí, su señoría, de los acusados que están en custodia del gobierno de Estados Unidos así es”, respondió Handrich.

El juez programó la próxima audiencia para llevarse a cabo el 14 de octubre de 2025. En esa sesión, la Fiscalía de EE. UU. prevía informar si pediría pena de muerte para los líderes de Los Zetas, renombrado como Cártel del Noreste (CDN) y que el 20 de febrero de 2025 fue nombrada como organización terrorista extranjera por parte del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

Handrich previó que para la próxima audiencia se tuvieran avances del progreso del Departamento de Justicia de EE. UU. con respecto al inicio de su Protocolo de Pena de Muerte, es decir, si pediría que los hermanos fueran ejecutados en caso de ser encontrados culpables.

“Sólo para el caso del señor Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales”, aclaró el fiscal del fiscal asistente de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del DOJ, dejando claro que para Alfredo Rangel Buendía no se contemplaba pedir la pena capital.

Según informó el diario Milenio, el 6 de junio de 2025, la defensa de los líderes de Los Zetas solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que entregaran todos los documentos y pruebas relacionados con el operativo que permitió expulsarlos -sin extradición de por medio- desde México, el 27 de febrero del mismo año.

La moción -dirigida a los fiscales Melanie Alsworth y Kirk Handrich, presentada ante el juez McFadden- fue firmada por el abogado Eduardo Balarezo, quien se acababa de integrar al equipo de defensores de los hermanos Treviño Morales; luego de haber sido abogado de “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa, enemigos de Los Zetas.

“Se solicitan todos los documentos relacionados con las circunstancias que dieron lugar a la expulsión del Sr. Treviño Morales de México a Estados Unidos, incluyendo comunicaciones entre representantes de ambos gobiernos y documentos internos de agencias y oficinas del gobierno de EU, incluyendo los Departamentos de Justicia y Estado y la Casa Blanca”, indicaron los abogados de los líderes de Los Zetas.

La defensa de los hermanos Treviño Morales explicó que esto era necesario para verificar si no existieron irregularidades en torno a al procedimiento de traslado de los capos tamaulipecos a EE. UU., que se realizó sin que completaran los procedimientos de extradición que estaban en curso.

Apoyado en jurisprudencias como Brady v. Maryland y Giglio v. United States, el abogado los hermanos Treviño Morales exigió que la Fiscalía estadounidense entregara toda evidencia que pudiera resultar exculpatoria para sus clientes o que pudiera ser usada para desacreditar a los testigos del Gobierno de EE. UU.

Esto incluía historiales criminales de testigos, actos previos de mala conducta, problemas de salud mental o consumo de drogas, y cualquier declaración contradictoria. En el caso específico de las intervenciones telefónicas, la defensa de los hermanos Treviño Morales pidió que se entregara los documentos sobre cómo se solicitaron dichas escuchas, para verificar si se efectuaron con apego a la legalidad.

Mientras que en el caso de potenciales testigos colaboradores que la Fiscalía de EE. UU. ya ha dicho que contaba, la defensa pedía que también se entregaran, no solo los contenidos de sus dichos, sino la negociación realizada con ellos y los beneficios que se les habían ofrecido, en caso de estar contemplados para ser presentados en juicio.

A nombre de sus clientes, Balarezo solicitó, además, acceso a toda evidencia tangible -desde documentos, fotografías, teléfonos celulares y discos duros, hasta registros bancarios obtenidos de instituciones financieras-, que estuvieran en poder del Gobierno o de agencias federales y el Departamento de Justicia de EE. UU.

Los abogados de los hermanos Treviño Morales también solicitó revisar los elementos que el Gobierno de Estados Unidos no planeaba usar en el juicio contra sus clientes, en la medida en que pudieran ser relevantes para preparar la defensa.

Asimismo, Balarezo exigió conocer el paradero de cualquier evidencia que hubiera sido destruida, extraviada o retirada de la custodia del Gobierno de EE. UU., y solicitó que se ordenara su preservación inmediata.

El 10 de junio de 2025, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que hasta ese momento no tenia conocimiento de que fueran a declarar contra algún funcionario de pasadas administraciones.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el funcionario federal explicó que había varios procesos contra delincuentes mexicanos en Estados Unidos, pero que también existían otros procesos llevados por la Fiscalía General de la República (FGR).

“[…] está en comunicación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y están informándose de lo que está ocurriendo allá”, aseveró García Harfuch. “¿Creen que algún tipo de declaración involucre algún tipo de funcionarios del gobierno anteriores vinculados al crimen?”, le preguntó un reportero.

“¿Del ‘Z-40’ y ‘Z-42’? No tenemos conocimiento, pero si es así pues también nos compartirán la información [las autoridades estadounidenses], y trabajaremos con ellos”, respondió el titular de la SSPC Federal.

El 15 de mayo de 2025, el diario Milenio reportó que en el equipo de abogados de los hermanos Treviño Morales, estaban, por ejemplo, el ex fiscal federal Michael McCrum, quien en su momento estuvo a cargo del proceso en contra del entonces gobernador de Texas y aspirante a la candidatura republicana a la presidencia, Rick Perry.

Así como Manuel J. Retureta, quien había representado a Juan Orlando Hernández Alvarado -ex presidente de Honduras del 27 de enero de 2014 al 27 de enero de 2022-, y a familiares de otros ex mandatarios en acusaciones de narcotráfico.

Según el mismo rotativo, también formaban parte del equipo de abogados defensores de los capos tamaulipecos, Erich C. Ferrari, litigante especializado en el tema de sanciones económicas, lavado de dinero y derecho de seguridad nacional.

Los hermanos Treviño Morales se declararon no culpables, el 14 de marzo de 2025, en la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington D.C. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el ‘Z-40’ y el ‘Z-42’ fueron acusados de participar en una empresa criminal continua; conspiración de tráfico de drogas; delitos con armas de fuego; y conspiración internacional de lavado de dinero.

Ambos capos tamaulipecos comparecieron ante el juez McFadden, vestidos con uniforme de presidiarios de color azul y con los pies encadenados. Durante la audiencia estuvieron custodiados por elementos del Servicio de Alguaciles de EE. UU.

Uno a uno, se leyeron los cargos en su contra, y representados por sus abogados, Frank Pérez para Miguel Ángel y Clark Birdsall para Omar, los hermanos Treviño Morales se declararon no culpables, tras lo cual se estableció que iban a volver a la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington D.C., para audiencias de estatus, o de seguimiento.

El juez federal fijó una nueva audiencia para las 14:00 horas del 13 de junio de 2025 (tiempo local). De ser encontrados culpables, los ex líderes de Los Zetas podrían enfrentar pena de muerte, especialmente por el cargo de crimen organizado.

Los hermanos Treviño Morales fueron extraditados, el 27 de febrero de 2025, a Estados Unidos, según lo informó la oficina de Martín Cuellar, sheriff del condado de Webb, ubicado en Laredo, Texas.

“El 27 de febrero de 2025 se llevó a cabo la extradición de dos miembros de alto rango del cartel, Miguel Ángel Trevino-Morales (Z-40) y Oscar Omar Trevino- Morales (Z-42), de México a Estados Unidos. La Oficina del Sheriff del Condado de Webb está instando al público a ejercer precaución al visitar Nuevo Laredo y otras partes de Tamaulipas. Incidentes anteriores han demostrado que el cartel tiende a responder con extrema violencia contra las entidades del gobierno mexicano, lo que aumenta el riesgo para los ciudadanos en Nuevo Laredo”, indicó la oficina del sheriff, en su cuenta de la red social Facebook.

“El 3 de febrero de 2025, la ciudad de Nuevo Laredo vio un dramático aumento de violencia, con batallas de armas en toda la zona. La Oficina del Sheriff del Condado de Webb está trabajando para informar al público sobre el potencial de violencia en la región. El sheriff Martin Cuellar y su equipo están bien preparados con personal calificado y tecnología de vanguardia para salvaguardar la frontera contra cualquier posible violencia que entra a los Estados Unidos. Aconseja a los viajeros tener en cuenta los problemas de seguridad y sugiere encarecidamente que los residentes locales tomen precauciones más elevadas”, agregó la citada institución texana.

La Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington, acusó, el 16 de octubre de 2024, a los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias ‘Z-40′ y ‘Z-42′, respectivamente, dos ex líderes de Los Zetas, en ese momento presos y con procesos de extradición pendientes, continuaban dando órdenes, desde la cárcel, al Cártel del Noreste (CDN) y a las Tropas del Infierno.

“Se hizo pública una acusación formal en el Distrito de Columbia que acusa a los líderes de la violenta organización de tráfico de drogas conocida como Los Zetas, y su organización sucesora, el Cártel del Noreste (CDN), de participar en una empresa criminal continua; conspiración de tráfico de drogas; delitos con armas de fuego; y conspiración internacional de lavado de dinero”, indicó el Departamento de Justicia de EE. UU., en un comunicado.

“Según la acusación formal, Miguel Treviño Morales, de 51 años, también conocido como Z-40, y su hermano, Omar Treviño Morales, de 48 años, también conocido como Z-42, supuestamente asumieron el control de Los Zetas después de más de una década como miembros de la violenta organización de tráfico de drogas”, recordó el Gobierno estadounidense.

“Los Zetas anteriormente sirvieron como un ala militarista armada para el Cártel del Golfo para mantener el control de las rutas de tráfico de drogas en todo México. Desde que se convirtieron en líderes de Los Zetas en 2012, al que luego rebautizaron como Cártel del Noreste, los acusados ​​​​suelen haber continuado su historia y patrón de uso de la violencia extrema para controlar grandes franjas del norte de México, incluso a lo largo de la frontera con Estados Unidos”, agregó el Departamento de Justicia de EE. UU.

“Con base en las acusaciones en la acusación formal, Miguel y Omar Treviño Morales fueron encarcelados en México en 2013 y 2015, respectivamente, pero continuaron controlando el CDN a través de varios medios, incluso instalando a varios miembros de la familia para dirigir las operaciones a su orden”, abundó el Gobierno estadounidense.

“Se presume que Miguel y Omar Treviño Morales son personalmente responsables de cometer decenas de asesinatos y de dirigir asesinatos, secuestros y actos de tortura por parte de miembros de Los Zetas y el CDN para promover y proteger las actividades de narcotráfico del Cártel y enriquecer a sus miembros”, reveló el Departamento de Justicia de EE. UU.

“Como se alega en la acusación formal, los acusados ​​dirigían una organización transnacional de tráfico de drogas que era responsable de cometer actos de violencia extrema y de traficar cantidades masivas de narcóticos a los Estados Unidos”, dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia estadounidense.

“El Departamento de Justicia está comprometido a responsabilizar a los líderes de los cárteles como los acusados ​​por envenenar a las comunidades estadounidenses y fomentar la violencia aquí y en el extranjero. También estamos comprometidos a trabajar con nuestros colegas nacionales e internacionales en este esfuerzo, y estamos agradecidos a nuestros socios de las fuerzas del orden mexicanas por su continua colaboración en este caso”, insistió Argentieri.

“Esta acusación formal sustitutiva subraya el compromiso del Departamento de Justicia de perseguir a los líderes de los cárteles de drogas más peligrosos del mundo, sin importar cuánto tiempo lleve […] Los crímenes prolíficos y los actos extremos de violencia de los acusados ​​han causado estragos en el Distrito Este de Nueva York y en todo el país, y esperamos que los acusados ​​rindan cuentas ante un tribunal de justicia de los Estados Unidos”.”, comentó, por su parte, Breon Peace, fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York.

“Durante décadas, estos individuos han controlado una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México, cometiendo y dirigiendo la comisión de horribles atrocidades contra nuestros vecinos, el pueblo de México, y también en los Estados Unidos […] Nada es más importante que llevar a individuos peligrosos como este ante la justicia. Esperamos trabajar con el Gobierno de México para llevar a estos brutales líderes del cártel ante la justicia por los numerosos crímenes que han cometido”, indicó Jaime Esparza, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas.

“La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional [HSI, por sus siglas en inglés] está con nuestros socios en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales para proteger a nuestros ciudadanos de sus acciones ilegales […] El daño causado por el cártel de Los Zetas llega mucho más allá de nuestras fronteras, dañando a las comunidades y arruinando vidas aquí en los Estados Unidos”, expresó Katrina W. Berger, directora ejecutiva asociada de dicha institución.

“Si son declarados culpables, los acusados ​​se enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales”, finalizó el Departamento de Justicia de EE. UU.

Hasta ese momento, el “Z-42” se encontraba preso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 12 ,“CPS Guanajuato”, ubicado en el municipio de Ocampo. Junto con su hermano Miguel Treviño Morales, también conocido como “El Z-40”, Óscar Omar era considerado como uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, sin embargo, fue detenido el 4 de marzo del 2015.

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) aprehendieron a “El Z-42” en una residencia ubicada en la colonia Fuentes del Valle, del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, ubicado en Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde le iniciaron cuatro procesos penales.

En julio de 2019, Treviño Morales fue sentenciado en un juicio a 18 años de prisión, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por el capo -nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas-, conocido por su perfil extremadamente violento.

EE.UU. buscaba la extradición de “El Z-42”, con base en una orden de captura librada el 15 de mayo de 2009 por la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington, por cargos de exportación y distribución de cocaína y mariguana.

“El 42” era uno de los 19 mandos de Los Zetas contra quienes se ordenó la captura en dicha Corte Federal estadounidense, entre ellos su hermano Miguel Treviño Morales, “El Z-40”; así como Jesús Enrique Rejón Aguilar, “El Mamito”, y Jaime González Durán, “El Hummer”.

Según la Agencia Antidrogas de EE.UU (DEA, por sus siglas en inglés), el presunto líder criminal coordinaba el tráfico de grandes cantidades de cocaína y mariguana en la frontera de Coahuila, además de que recibía dinero en efectivo de las ganancias en territorio estadounidense.

Con la captura de Omar Treviño Morales, quien a su vez fue sucesor del “Z-40”, la organización de Los Zetas se dividió en dos facciones: una liderada por Omar Lormendez Pitalua, alias “Z-10”, y la otra por Juan Francisco Treviño Morales, otro de los hermanos, y cuya célula fue renombrada como Cartel del Noreste (CDN).

Según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los días 18, 19 y 20 de marzo de 2011, Oscar Omar Treviño Morales, alias “El Z-42”, y su hermano, Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, ordenaron a sus sicarios tomar el municipio de Allende, en Coahuila, en busca de cuatro de sus integrantes quienes supuestamente los traicionaron, y les robaron cinco millones de dólares.

Los líderes del Cártel de Los Zetas ordenaron masacrar a sus familiares, quemándolos y derritiéndolos en ácido. De las 300 víctimas que documentaron medios estadounidenses y Raúl Vera López, entonces obispo de Saltillo, el expediente de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila sólo reconocía a 26, basado en 61 testimonios y no en pruebas periciales, según reveló un informe del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México (COLMEX), publicado en octubre de 2016.

Por otra parte, a finales de julio del 2021, el “Z-40” fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 15, CPS Chiapas, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán. Antes, en marzo del 2017, Treviño Morales fue trasladado por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al CEFERESO No. 9, de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Sheinbaum desmiente a Reuters y niega que agentes de la CIA operen en México

La Presidenta desmintió que agentes de la CIA realicen operaciones en México, como lo afirmó la agencia estadounidense Reuters.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió este viernes tajantemente que elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos participen en operaciones del Ejército mexicano, como lo publicó la agencia Reuters en un reportaje especial sobre la captura de Ovidio Guzmán.
“Es falso lo que publica Reuters”, respondió Sheinbaum durante la conferencia matutina, al ser cuestionada sobre la investigación que señala la supuesta colaboración encubierta de la CIA con unidades de élite de las Fuerzas Armadas mexicanas.
Sheinbaum sostuvo que en México sólo existe coordinación de comunicación con las agencias estadounidenses, pero que las operaciones contra la delincuencia organizada son realizadas exclusivamente por instituciones nacionales: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
“Es absolutamente falso. Lo que hay, como siempre lo hemos dicho, la única coordinación con Estados Unidos es en el intercambio de información. Una vez que se confirma, las operaciones en México las realizan elementos de la Defensa, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad o de la Fiscalía. Pero no es verdad que haya elementos de la CIA en operaciones del Ejército. Totalmente falso”, sostuvo.
La mandataria reconoció que Reuters solicitó información al respecto, pero no se respondió por escrito.

El trabajo publicado por Reuters, firmado por Drazen Jorgic y Laura Gottesdiener, afirma que la CIA lleva años realizando operaciones encubiertas en México junto con unidades especiales del Ejército y la Marina para dar caza a narcotraficantes.

Como ejemplo, la agencia refiere el operativo de enero de 2023 en Sinaloa, cuando helicópteros artillados y cientos de soldados participaron en la captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según el reportaje, la CIA habría vigilado las comunicaciones del círculo cercano de Guzmán, elaborado un “paquete de identificación” con información detallada y colaborado con una unidad de élite mexicana “entrenada, equipada y examinada” por la agencia estadounidense.


Reuters señala que estas fuerzas forman parte de las llamadas “unidades verificadas por la CIA”, que además reciben capacitación, equipo y financiamiento de Estados Unidos, y cuyos integrantes son sometidos a pruebas de polígrafo aplicadas por la propia agencia.

De acuerdo con la investigación, actualmente existirían al menos dos unidades de este tipo: una del Ejército y otra de la Marina.

Frente a esas afirmaciones, Sheinbaum recalcó que la seguridad nacional es responsabilidad exclusiva del Estado mexicano y que las agencias extranjeras no participan en los operativos. La cooperación, insistió, se limita al intercambio de información.
“No hay agentes de la CIA en operaciones con el Ejército. Eso es absolutamente falso”, insistió.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay, anuncia Harfuch

El exfuncionario era buscado por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés; tenía ficha roja de Interpol desde julio de 2025.

Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien es acusado de ser el jefe del cártel “La Barredora”, fue detenido este viernes en una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó esta noche el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

Hernán Bermúdez Requena se encontraba prófugo en Paraguay. En México enfrenta una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, según informaron autoridades federales.
“En esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de inteligencia que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia”, informó la Secretaría de Seguridad.
El Gobierno de México dio a conocer esta noche que, gracias a la colaboración con el Gobierno de la República de Paraguay, se logró ubicar a Hernán Bermúdez en ese país y se implementaron las acciones necesarias para su detención, así como su traslado a territorio nacional. Actualmente, se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco cuenta con una orden de aprehensión emitida en febrero de este año por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco. Además, Interpol México emitió una Notificación Roja en su contra el 17 de julio de 2025.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fuga de gas en ducto de Pemex enciende alertas en Tlaxcala; evacuan a 3 mil personas

La Guardia Nacional informó que ya fueron cerradas las válvulas de los ductos. Al sitio arribó personal de la Defensa Nacional.

Una fuga de gas LP se registró este viernes en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Nanacamilpa, Tlaxcala, por lo que autoridades municipales evacuaron a unos tres mil habitantes de las comunidades de Tepuente y San Felipe Hidalgo.

Tras el incidente, la Guardia Nacional informó que ya fueron cerradas las válvulas de los ductos y que personal de la Coordinación de Protección Civil de Tlaxcala, de la Defensa Nacional y de autoridades municipales, así como seguridad física de Pemex, ya laboran en el lugar.

De acuerdo con reportes, la vivienda más cercana se encuentra a 600 metros del punto de fuga. La zona permanece acordonada.
Los canales oficiales del Gobierno de Tlaxcala difundieron el aviso de emergencia.  

En imágenes compartidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) de Tlaxcala se puede observar la gran nube de gas LP concentrada en una zona rural de Nanacamilpa.

También hay una fotografía del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la entidad en la que se aprecia a un convoy del Ejército advirtiendo a las comunidades del peligro.

La fuga habría ocurrido por una toma clandestina realizada por "huachicoleros" que operan en la región.

El incidente ocurre dos días después de que una pipa de gas LP estallara en el Puente de la Concordia, en los límites entre el Estado de México y la Ciudad de México, lo que dejó un saldo de ocho muertos y más de 90 heridos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen investigación de incendio que devastó más de 670 hectáreas en Holbox

Colectivos y organizaciones ambientales exigieron a las autoridades agrarias y de los tres niveles de gobierno que realicen una investigación inmediata y se sancione a los responsables del incendio que durante nueve días devastó más de 670 hectáreas de selva en la isla del Holbox, Quintana Roo, así como que se decrete la veda que prohíba cambiar el uso de suelo en terrenos incendiados hasta acreditar regeneración.

Las organizaciones, entre las que se encuentra el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y el Grupo Ecológico del Mayab, señalaron que la cuantificación final de los daños del incendio, como la cantidad de biomasa perdida, el CO2 emitido y la mortalidad de especies, requiere de peritajes de campo y líneas de base locales, así como medidas a futuro vigilancia permanente del polígono siniestrado.

De acuerdo con los defensores, la superficie afectada por el fuego en la zona Punta Mosquito/La Ensenada equivale a 941 canchas de fútbol, a 143 zócalos o a la superficie del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México y provocó la fragmentación del ecosistema, destruyó manglares y el matorral costero, desplazó a la fauna e impactó en sitios de anidación y alimentación de aves playeras y costeras, así como los hábitats de tortugas marinas, jaguares, tapires y manatís.

Frente a la devastación ambiental por el fuego, que presumiblemente «se trató de un incendio provocado», las organizaciones exigieron iniciar de forma inmediata la investigación y aplicar las sanciones correspondientes a los responsables, así como decretar e inscribir la veda por 20 años, conforme a lo que establece el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), relativo a la prohibición de cambiar el uso de suelo en terrenos incendiados hasta acreditar regeneración.

Igualmente demandaron asentar la veda en el Registro Forestal Nacional y coordinar con Registros Públicos de la Propiedad, bitácora ambiental y autoridades agrarias, anotaciones preventivas que den oponibilidad y control de trámites; boletinar el polígono a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, al Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y a las autoridades agrarias, «a fin de que no admitan ni otorguen  permisos, licencias, concesiones o trámites que contravengan la veda y el Programa de Manejo del Área Natural Protegida».

COMUNICADO:

Tras el incendio forestal que consumió más de 670 hectáreas de selva de la Isla de Holbox, organizaciones de la sociedad civil solicitan a las autoridades federales, estatales, municipales y agrarias que, de forma inmediata, se investiguen y sancionen los hechos por presumirse que se trató de un incendio provocado, así como que se decrete la veda por 20 años, de acuerdo con lo que establece la ley.

El pasado 22 de agosto del presente año, en la zona Punta Mosquito/La Ensenada, al noroeste de Holbox, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Yum Balam, se produjo un incendio forestal que se mantuvo activo nueve días y fue declarado liquidado a inicios de septiembre. La superficie siniestrada equivale a 941 canchas de fútbol, o a 143 zócalos, o bien, a la superficie del Bosque de Chapultepec de la CDMX. Cabe resaltar que  Protección Civil de Quintana Roo indicó que fue el único incendio fuera de temporada en el estado durante 2025.

La valoración preliminar de los daños se puede enumerar en los siguientes aspectos:
  • Pérdida de servicios ambientales clave. El incendio ocasionó la fragmentación del ecosistema, toda vez que prácticamente dividió la isla de este a oeste, desplazando a la fauna, destruyendo hábitat, zonas de resguardo y de alimentación. Asimismo, destruyó manglares, los cuales son esenciales para la protección costera y el control de la erosión, puesto que disipan energía de oleaje y protegen la línea de costa. Los manglares también prestan valiosos servicios ambientales como la captura y almacenamiento del denominado “carbono azul”, pues atrapan de dos a cuatro veces más carbono que los bosques terrestres. Su quema y degradación libera bióxido de carbono (CO2) y reduce la capacidad futura de captura. Por otro lado, el incendio ocasionó afectaciones al hábitat y a la conectividad ecológica. Recordemos que Yum Balam integra selvas, manglares, dunas y humedales que sostienen ciclos de vida (cría, alimentación, refugio) de múltiples especies.
  • Daños a la flora. Se afectaron el manglar y el matorral costero, tanto en su cobertura como en su estructura, lo que implica riesgo de mortalidad de plántulas/propágulos y retroceso de bordes, así como pérdida de funciones ecosistémicas asociadas (filtración y retención de sedimentos).
  • Daños a la fauna y a su hábitat.  Punta Mosquito y los arenales adyacentes son sitios de anidación y alimentación de aves playeras y costeras, sensibles a perturbación y pérdida de cobertura. En Yum Balam existen especies emblemáticas con hábitats conectados al mosaico selva-humedal-manglar, como son las tortugas marinas -blanca, caguama y carey-, cocodrilos (americano y de pantano), aves como Flamenco americano, la Garza rojiza y los Chorlos chiflador y nevado. Asimismo, habitan mamíferos de alto valor de conservación como el jaguar, el tapir y el manatí. Cabe destacar que la Ensenada es la playa más importante de anidación de tortuga carey en el estado de Quintana Roo. El promedio anual del número de nidos en los últimos 5 años es de 1269, y es de las pocas playas en el Caribe con una tendencia positiva de la anidación.
  • Pérdida temporal de cobertura vegetal, mayor exposición del suelo (erosión eólica en dunas) y riesgo de arrastre de cenizas hacia humedales cercanos, con efectos sobre la calidad del agua.
La cuantificación final de los daños, por ejemplo, cantidad de biomasa perdida, CO2 emitido y mortalidad de especies, entre otros, requerirá de peritajes de campo y líneas de base locales.

Dado lo expuesto anteriormente, las organizaciones firmantes de este comunicado solicitamos de forma urgente a las autoridades federales, estatales, municipales y agrarias:
  1. Iniciar de forma inmediata la investigación y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes a los responsables, en caso de que se acredite que se trató de un incendio provocado. Ello requiere iniciar peritajes sobre el origen del fuego, las trayectorias, así como los daños a los humedales. Recordemos que, en el artículo 420 Bis del Código Penal Federal, se sanciona provocar incendios en bosques, selvas, vegetación natural y terrenos forestales, con agravantes en Áreas Naturales Protegidas.
  2. Decretar e inscribir la veda por 20 años, conforme a lo que establece el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), relativo a la prohibición de cambiar el uso de suelo en terrenos incendiados hasta acreditar regeneración.
  3. Asentar la veda en el Registro Forestal Nacional y coordinar con Registros Públicos de la Propiedad, bitácora ambiental y autoridades agrarias, anotaciones preventivas que den oponibilidad y control de trámites; la LGDFS prevé inscripción de vedas y coordinación interregistral.
  4. Boletinar el polígono a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, al Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y a las autoridades agrarias, a fin de que no admitan ni otorguen  permisos, licencias, concesiones o trámites que contravengan la veda y el Programa de Manejo del Área Natural Protegida.
  5. Realizar publicidad y vigilancia permanente, registrando el caso con un mapa oficial y coordenadas del polígono siniestrado; realizar operativos continuos por tierra, mar y, en temporada crítica, aire; y realizar una campaña de prevención de incendios forestales.
Firmantes:
  • Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
  • Grupo Ecológico del Mayab
  • Grupo Tortuguero del Caribe A.C.
  • Amigos de Sian Ka’an A.C.
  • Centinelas del Agua A.C.
  • Casa Wayuu A.C.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Colectivos desconocen acuerdos con gobierno capitalino sobre Antimonumento por Palestina

Los colectivos que instalaron el antimonumento “La Puerta de la Resistencia y la Vida” en solidaridad con Palestina desconocieron los acuerdos suscritos por autoridades capitalinas y personas que no fueron autorizadas a hablar en su nombre, durante una mesa de trabajo con el secretario de Concertación Política, Juan José García Ochoa, y el coordinador de asesores del secretario de Gobierno, Alberto López García, el pasado 10 de septiembre.

“No aceptamos dichos acuerdos porque nadie habla ni hablará a nuestro nombre. Tal parece que no han entendido que los Antimonumentos no piden permiso para ser instalados y que su digna rabia es un reclamo permanente a los gobiernos que no cumplen con los reclamos de justicia, incluido este gobierno nefasto”, señalaron los colectivos del antimonumento, instalado el pasado 16 de agosto para exigir que las autoridades rompan toda relación con Israel por el genocidio en Gaza.

Entre los acuerdos firmados el pasado miércoles se encuentra que las expresiones futuras de protesta “se llevarán a cabo en coordinación” con las autoridades “para garantizar en todo momento la libertad de manifestación y expresión de forma pacífica”, se lee en la minuta.

“Nos reservamos el derecho a realizar las acciones que creamos pertinentes de acuerdo con el desarrollo y la gravedad de los acontecimientos. No les vamos a avisar ni a pedir permiso, y no tenemos por qué hacerlo”, agregaron en un comunicado.

Además, la minuta incluye que el gobierno “reconoce la importancia” del antimonumento por Palestina y los murales contra el genocidio en la Plaza Palestina Libre, a lo que los colectivos respondieron que los espacios de memoria “no necesitan ser reconocidos por el gobierno, lo que se requiere es que el gobierno los respete”.

Finalmente, reiteraron que no dialogarán “con un gobierno que, por no romper relaciones de todo tipo con el Estado sionista de Israel, es cómplice del genocidio”.

COMUNICADO:




FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Familia de fotoperiodista exige no dejar impune a Ocesa por muerte en Axe Ceremonia

La familia de la fotoperiodista Berenice Giles, quien murió en el Festival Axe Ceremonia 2025, critica a la Fiscalía de Ciudad de México por impedir que sumen a la carpeta de investigación datos de prueba que sustentan la responsabilidad que tiene la empresa Ocesa en el caso.

La audiencia inicial programada para este jueves del caso de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas, los fotoperiodistas que murieron por la caída de una grúa en el Festival Axe Ceremonia, fue pospuesta al 19 de septiembre, confirmó Raúl Giles, padre de Berenice, quien junto a su familia acusa a la Fiscalía de la Ciudad de México de encubrir a Ocesa y a la empresa Servicios de Seguridad Privada Lobo, ya que se ha negado a investigarlas.

La familia Giles Rivera solicitó desde inicios de agosto una audiencia de omisiones para exponer ante un Juez la importancia de que la Fiscalía capitalina extienda su investigación e impute a Operadora de Centros de Espectáculos S.A. de C.V (Ocesa), organizadora del evento, y a la empresa de seguridad privada del festival, Servicios de Seguridad Privada Lobo, que ahora sólo son consideradas como testigos.  Además, la familia asegura que la Fiscalía tiene pendiente realizar actos de investigación que le ha solicitado.

En entrevista, el abogado Fabián Victoria mostró su preocupación porque la violencia institucional que enfrentan en la Fiscalía “ahora se traslada al Poder Judicial de la Ciudad de México”. Recordó que la familia Giles Rivera solicitó una audiencia de omisiones desde el 4 de agosto para poder exponer ante un Juez en qué ha fallado la Fiscalía local, el Poder Judicial respondió se realizará el 29 de septiembre.

En cambio, la Fiscalía solicitó la audiencia inicial a inicios de mes y la consiguió para el jueves 11 de septiembre, el abogado explicó que fue pospuesta a petición de las tres empresas y las aproximadamente 12 personas físicas imputadas con el argumento de que el Ministerio Público no les entregó videos que forman parte de la carpeta de investigación.
“La solicitud la hacen personas físicas, que forman parte de las tres personas morales que fueron imputadas por la Fiscalía de la Ciudad de México. Que quede claro, esas personas morales y esas personas físicas son las más insignificantes. La verdadera organizadora, promotora y desarrolladora del Festival Axe Ceremonia 2025 es sin duda Ocesa y Seguridad Lobo. Sin embargo, esas dos empresas son las que han venido siendo protegidas, encubiertas y defendidas, primero por la Fiscalía de la Ciudad de México y lamentablemente ahora ya también por el Poder Judicial de la Ciudad de México”, denunció
La familia de Berenice Giles se manifestó el 10 de septiembre en la sede del Tribunal Superior de Justicia local para exigir que deje sin materia la audiencia inicial que la Fiscalía solicitó y antes se realice la audiencia de omisiones.
Raúl Giles insistió en que Berenice murió a causa de una negligencia, por lo que exigió que las autoridades agoten todas las líneas de investigación, lo que incluye abundar en la responsabilidad de la empresa organizadora.
“En esta ocasión fueron los medios, dos personas que perdieron la vida, pero en un evento como ese están las personas que asisten, los medios, el grupo de staff que trabaja para estas empresas, están los artistas. Entonces, en pocas palabras, todo ese grupo está en riesgo. Si no lo ven así, entonces, discúlpeme, están ciegos. Todo lo que ven, lo que ocurre en eventos, están en riesgo. La situación que se dio fue una negligencia, algo tan simple, tan obvio, que una persona experta, o no tan experta, saca una lógica de cómo una maquinaria funciona de esta manera y cuál es el riesgo que procede. Si es algo tan obvio y no se llevaron a cabo las diligencias necesarias para evitar este evento, ¿qué se espera de otras cosas que son mucho más sofisticadas?”, mencionó.
La grúa que cayó sobre Berenice Giles Rivera, de 28 años, y Miguel Ángel Rojas, de 26, el 5 de abril fue una de las tres descritas por el festival como “un punto de encuentro seguro”. La grúa cayó cerca del área de baños, dispensadores de agua, frente al escenario principal y muy cerca de la carpa instalada para la prensa, es decir, se trataba de una zona transitada por cientos de personas.

La Fiscalía de la Ciudad de México aseguró desde abril que investigaría  a las personas y empresas que operaban la maquinaria, responsables de garantizar su instalación; a organizadores del evento, quienes debieron asegurar que las instalaciones cumplían con las normas de seguridad, así como a las autoridades encargadas de supervisar el evento, tanto antes como durante y después de su realización. Sin embargo, la familia de Berenice Giles asegura que estos compromisos no han sido cumplidos.

La Fiscal Bertha Alcalde fue cuestionada el 9 de septiembre  sobre el posible encubrimiento de Ocesa, algo que descartó al asegurar que han realizado “una investigación objetiva”, también aseguró que no fabricarán culpables.

“Estamos nosotros determinados a que no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a fabricar culpables. Tenemos que ser muy objetivos en la investigación que se está realizando. En este caso, hay por parte de la asesoría jurídica la petición de que se impute a una empresa en específico que estaba encargada de los accesos, que estaba encargada del boletaje, entre otras cosas, que no estaba relacionada con el tema de la grúa”, dijo en conferencia.


En el caso de Ocesa, el abogado Fabián Victoria detalló que el 22 de julio el apoderado legal de Ocesa asistió a una entrevista ante la Fiscalía capitalina y aseguró, frente a Raúl Giles, que no se encargaron de organizar ni promover el festival, pero seis horas después una de las empresas patrocinadoras también acudió a entrevistarse y exhibió su contrato de patrocinio celebrado con Ocesa.
“Del [contrato] se desprende que Ocesa fue la que invitó a esa patrocinadora y se hace constar que se ostentó como organizadora, promotora y desarrolladora del Festival Ceremonia 2025. Más datos de prueba, más contratos demostraban exactamente lo mismo. Denunciamos formalmente a Ocesa con todo este cúmulo de pruebas. Sin embargo, la fiscalía de manera injustificada, de manera ilegal, determinó que no se le debía cambiar la calidad de investigar [a la empresa]”, mencionó.
El abogado agregó que, además de los contratos firmados donde Ocesa se ostenta como organizadora, promotora y desarrolladora del festival, dentro del Parque Bicentenario, donde se celebró, se colocó un camión rotulado con la siguientes leyenda: "Ocesa: Centro de mando, seguridad CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)”.

“Desde ese puesto de mando el día de los hechos se monitoreaban en tiempo real múltiples cámaras de videovigilancia que estaban alrededor de todo el evento. ¿Y quién las monitoreada? Seguridad Privada Lobo”, agregó Fabián Victoria.

Además, en el programa especial de Protección Civil del Festival Axe Ceremonia, encontraron una carta responsiva donde Seguridad Privada Lobo se comprometió a resguardar la integridad de los asistentes hasta el desaforo del festival.
“Para nuestra sorpresa, también encontramos que tanto operadora de centros de espectáculos como Seguridad Privada Lobo comparten exactamente a los mismos representantes legales. Esto demuestra que Ocesa es un grupo que se encarga de todo, se encarga de vender boletos, se encarga de organizar el evento, se encarga de promoverlo, se encarga de vender patrocinios, se encarga de recibir la taquilla, se encarga de ejecutar el evento, se encarga de la seguridad de los asistentes”, agregó el abogado.
Ante estos hallazgos, la familia de Berenice Giles insiste en que  la Fiscalía acuse formalmente a Ocesa y a la empresa Servicios de Seguridad Privada Lobo y que el caso no quede impune.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2025.

Detienen a integrantes de 'Los Pepas', célula de extorsión y narcomenudeo que operaba en la CEDA e Iztapalapa

Se hacían pasar por integrantes de otros grupos delictivos como “La Unión Tepito”, “Los Tanzanios” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para extorsionar negocios, vender drogas y tratar de intimidar a grupos rivales

Seis integrantes de un grupo delictivo generador de violencia que operaba en Iztapalapa, autodenominado “Los Pepas” fueron detenidos tras el cumplimiento de dos órdenes de cateo ejecutadas en unidades habitacionales de la colonia Chinampac de Juárez y en las inmediaciones de la Central de Abastos, ambos puntos en la alcaldía Iztapalapa, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La acción se llevó a cabo de forma coordinada entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y con apoyo en vigilancia perimetral de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN).

Los detenidos se hacían pasar por integrantes de otros grupos delictivos como “La Unión Tepito”, “Los Tanzanios” y el Cártel Jalisco Nueva Generación para extorsionar negocios, vender drogas y tratar de intimidar a un grupo rival conocido como “Los Bonitos” que operan en la misma localidad de Iztapalapa. Sin embargo, no contaban con el respaldo de ningún cártel o grupo criminal de alto nivel.

La SSC informó que en seguimiento múltiples reportes sobre la posible venta de droga en el perímetro de la alcaldía Iztapalapa “detuvo a cinco hombres, entre ellos un menor de edad y a una mujer, además de asegurar más de 300 dosis de droga, un chaleco táctico, una gorra beisbolera con la leyenda “Pepas” y dos libretas en los que dichas personas llevaban una relación de todos los negocios que extorsionaban en la zona.

De acuerdo con un comunicado, los efectivos de la SSC llevaron a cabo labores de investigación, así como vigilancias fijas, móviles y discretas” para identificar un departamento y una casa en la colonia Chinampac de Juárez que eran utilizadas para el embalaje y almacenamiento de drogas.

Resultado de este seguimiento, los uniformados obtuvieron datos de prueba que fueron entregados a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía capitalina para poder solicitar órdenes de cateo, mismas que fueron autorizadas por un juez de control.

Por lo anterior, se implementaron dos despliegues simultáneos de efectivos de la SSC en coordinación con personal de la FGJ, Marina y de la GN, en los que se actuó “sin uso de violencia, en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos”.

El primer dispositivo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Manuel Escandón, en la Unidad Habitacional Ex Lienzo Charro, donde se aseguraron 149 envoltorios de crystal, 99 bolsitas con presunta marihuana y libretas con listas de víctimas de extorsión; además de que se detuvo a cuatro hombres de 27, 26, 22 y 17 años de edad, y a una mujer de 27 años de edad.

Los detenidos fueron identificados como Marlon Emmanuel Ponce Flores, alias “El Panda”; Gustavo Alonso Ruiz Moreno, “El Flaco”; Cristian Alexis Juarez Romo, “El Romo”; Diana Rocío “N” Y Brayan “N”.

El segundo despliegue se llevó a cabo en una propiedad localizada en la calle Emilio Azcárraga Vidaurreta, en la Unidad Habitacional Cabeza de Juárez, donde fueron asegurados 53 envoltorios de aparentes narcótico y 60 bolsitas con posible marihuana, un chaleco táctico, una gorra con la leyenda “Pepas” y dos libretas de presuntas extorsiones, donde y se detuvo a un hombre de 56 años de edad.

Una vez que se tomó conocimiento de todo lo hallado en los inmuebles y que se concluyeron las diligencias, los predios quedaron sellados y bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones que deriven del caso.

En tanto, los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Cabe mencionar que luego de realizar un cruce de la información se pudo conocer que los detenidos posiblemente forman parte de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo y a la extorsión de comerciantes de puestos semifijos y en la Central de Abasto (CEDA) con zona de operación en dicha demarcación.

Asimismo, se supo que los detenidos de 56 y 22 años, cuentan con un ingreso cada uno al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, el primero por Resistencia de particulares en 2023 y el segundo por Delitos contra la salud en 2024.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tanque de la pipa se rompió al chocar con objeto: Fiscalía CDMX; descarta bache

La Fiscalía de la CDMX descartó que hubiera algún bache o daños en el asfalto que propiciaran la volcadura de la pipa de gas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que de acuerdo con las indagatorias sobre la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, determinan que el tanque de gas presentó ruptura tras chocar con un objeto.

Asimismo, la dependencia local descartó que hubiera algún bache o daños en el asfalto que propiciaran la volcadura de la pipa de gas.

“De acuerdo con las indagatorias, el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición. También se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno.

“A partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación”, detalló la Fiscalía de la CDMX.

Añadió que mantiene células de atención integral desplegadas en el lugar y en los hospitales para acompañar a las víctimas y sus familias, brindando contención psicológica, asesoría jurídica y orientación social, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la Ciudad de México.

Suman 10 personas muertas

Autoridades de la Ciudad de México informaron que asciende a 10 el número de personas fallecidas por la explosión de un camión de gas con capacidad de 49.500 litros, que se volcó y estalló en la alcaldía Iztapalapa, aparentemente tras chocar contra un “objeto sólido” que provocó una fuga.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que la cifra de muertos se elevó a diez, además de que otras 54 personas permanecen hospitalizadas y otras 22 ya han sido dadas de alta tras la explosión ocurrida la tarde del miércoles en el Puente La Concordia, en Iztapalapa (demarcación interna al este de la capital).

En un mensaje en su cuenta de X, la dependencia actualizó la lista de afectados por la explosión, luego de reconocer errores esta mañana en la lista publicada la noche del jueves.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Diputados se suben 113 mil pesos más de sueldo… y hasta seguro de vida

Mientras el Paquete Económico 2026 promete más impuestos, deuda y recortes para la población, los diputados federales aseguran un aumento salarial que contradice la narrativa de austeridad. Cada legislador pasará de ganar 1 millón 193 mil pesos netos en 2025 a 1 millón 307 mil en 2026, un incremento de 113 mil 739 pesos al año. Además, su sueldo base sube 62 mil pesos, el aguinaldo crece casi 7 mil, y recibirán un nuevo seguro de vida de casi 60 mil pesos. La paradoja es clara: austeridad para los de abajo, privilegios para los de arriba.

Mientras el Paquete Económico 2026 viene cargado de más impuestos, más deuda y recortes, los diputados federales ya tienen asegurado un aumento de sueldo que cualquiera envidiaría.

De acuerdo con el proyecto de presupuesto, cada legislador pasará de ganar 1 millón 193 mil pesos netos al año en 2025 a 1 millón 307 mil en 2026. Es decir, un aumento de 113 mil 739 pesos más en el bolsillo, más de lo que gana un trabajador con salario mínimo en todo un año.

EL DOBLE DISCURSO

El gobierno federal insiste en cobrar más impuestos al refresco, al cigarro o incluso a los videojuegos violentos. Pero cuando se trata de sueldos y prestaciones de la clase política, el cinturón se afloja de inmediato.

Los diputados se proponen un aumento en casi todos los rubros: el sueldo base sube 62 mil pesos, el aguinaldo crecerá casi 7 mil y, como novedad, ahora recibirán un seguro de vida institucional por casi 60 mil pesos.

Mientras tanto, la gente enfrentará alzas en productos de consumo diario y verá cómo la deuda pública se eleva a niveles históricos: 20 billones de pesos a finales de 2026.


EL CONTRASTE CON LA AUSTERIDAD

Vale recordar que desde el sexenio pasado se nos vendió la narrativa de la austeridad republicana. Que los altos funcionarios ya no tendrían privilegios, que los sueldos estarían topados, que “nadie ganaría más que el presidente”.

Pero los números del PPEF 2026 dicen otra cosa: los diputados federales no solo mantienen su nivel de vida, sino que lo mejoran para el siguiente año.

El aumento puede parecer “técnico”: apenas un ajuste, dicen, para compensar la inflación o actualizar tabuladores. Pero el efecto político es otro. Mientras la narrativa oficial exige pobreza franciscana, los representantes del pueblo se blindan con incrementos salariales y nuevos beneficios.

El costo es también simbólico. En un país donde casi el 40% de los trabajadores ganan el salario mínimo (alrededor de 8,500 pesos mensuales), los diputados se darán el lujo de sumar más de 100 mil pesos extra en 2026.

FACTURA PENDIENTE

Cada año, el Congreso aprueba sin titubeos los gastos del Ejecutivo, incluso los más polémicos, como los sobrecostos del Tren Maya o los rescates a Pemex. Ahora sabemos por qué: mientras el presupuesto los premie directamente, los diputados no tendrán incentivos para recortar ni cuestionar nada.

Lo paradójico es que el mismo presupuesto está lleno de discursos sobre disciplina fiscal, austeridad y justicia social. ¿Justicia para quién?

El aumento a los diputados es apenas una muestra de la incongruencia con la que se maneja la política en México: austeridad para los de abajo, privilegios para los de arriba.

Está en manos de los diputados tomar la decisión de echar para atrás estos aumentos. Veremos si así lo deciden.



FUENTE: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)

Tropas criminales

En el pasado priista de la Presidencia de la República, y en la mayoría de los estados, fueron notorias por corruptas las corporaciones policíacas. La Policía Judicial Federal se llevaba por mucho la estafeta de la más corrupta al ser la protectora y cómplice de los cárteles de la droga. Allá por los inicios de la década de los noventa, por ejemplo, en Baja California, eran notorias porque la judicial federal servía al Cártel de Sinaloa, y la Policía Judicial Estatal al Cártel de los Arellano Félix.

Cuando llegó el PAN al poder central de la República, la corrupción en las policías no cambió; lo que sí fueron los nombres. Ya no era policía judicial, sino policía ministerial, como si el cambio de membrete les asegurara la depuración. Entonces se les empezó a conocer como policías “mañosteriales”, pues continuaron sirviendo a la maña. Luego fueron los AFIS, y en el populo se les conocía como los afiosos, y así con todos los nombres que siguieron, las malas prácticas no terminaron.

Las policías en México servían a los criminales; no estaban infiltradas, estaban afiliadas a los cárteles. Con esto en mente, y queriendo cambiar el esquema mafioso de las corporaciones en el país, el presidente Felipe Calderón Hinojosa sacó por primera vez, a los soldados de los cuarteles a las calles para perseguir el crimen. Lo hizo, justificaron entonces, en lo que desarrollaban un programa de depuración de las policías para deshacerse de los elementos deshonestos.

Aun cuando se avanzó en la materia, se crearon, por ejemplo, los exámenes de control, evaluación y confianza con los que hasta la fecha se evalúa a quienes tienen un cargo en materia de seguridad, y se establecieron protocolos para la mesa de seguridad nacional; pero el programa de depuración policiaca ya no lo continuó el presidente siguiente, el priista Enrique Peña Nieto.

Cuando Andrés Manuel López Obrador arribó a la Presidencia de México, y a pesar que durante los últimos 12 años había estado en contra de la política calderonista de mantener a los soldados en las calles persiguiendo el crimen, no sólo no lo hizo, sino que llegó más lejos: desapareció la policía federal, creó con elementos de la milicia la Guardia Nacional, cedió la estrategia de seguridad al Ejército Mexicano, y entregó los puertos, marinas mercantes y aduanas a la Secretaría de Marina. Le dio el total control de la seguridad a las Fuerzas Armadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mantenido el mismo escenario. A pesar de haber reactivado con Omar García Harfuch, la Secretaría de Seguridad, aun hay muchas áreas en las que las Fuerzas Armadas rigen en materia de seguridad, combate a la violencia y persecución de criminales.

Al haber cambiado de corporaciones policiacas a fuerzas armadas patrullando el país, fuese a través de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano o de la Armada, y no haber combatido a los cárteles, los principales agentes corruptores, es decir, los narcotraficantes, huachicoleros, secuestradores, extorsionadores, dejaron de comprar voluntades en las policías civiles, para comprar elementos de las Fuerzas Armadas que actuaran a su favor.

En Baja California ha sido una constante en los últimos seis años -en 2019 se creó la Guardia Nacional- los casos de elementos de la Guardia que han sido descubiertos apoyando a células de cárteles como el de Sinaloa, el de Jalisco o el de los Arellano. Les ayudan a trasladar la droga, en calidad de protectores, y hasta para entorpecer investigaciones. Con militares pasó lo mismo. Hace no muchos días, Ismael Zambada García, el Mayo, en su carta de culpabilidad ante una corte de los Estados Unidos, confesó que había sobornado a “políticos, policías y militares”; de hecho, cuando fue tomado por su ahijado (que lo entregó a las autoridades de los Estados Unidos en julio de 2024), el Mayo llegó a la reunión con el hijo del Chapo, acompañado de su jefe de seguridad, a quien el mismo capo identificaría como el comandante de la Policía Estatal de Sinaloa.

Por estos días en que, sin sus cabezas criminales -el Mayo y el Chapo-, el Cártel de Sinaloa está inmerso en una guerra interna entre Chapitos y Mayiza, los primeros acusaron públicamente que son militares los que protegen a los segundos.

Y de los Marinos, en los últimos días los mexicanos han conocido de la red criminal más grande que se tenga cuenta en las Fuerzas Armadas, con decenas de elementos de la Marina orquestados, asociados ilícitamente, para delinquir, para traficar con combustible a través del huachicol fiscal. Comandados por dos hermanos, los Farías Laguna, uno vicealmirante y el otro contraalmirante, utilizando a un capitán como su operador, controlaban los puertos de México a partir de la Aduana, institución cuyo control absoluto les cedió López Obrador en septiembre de 2020.

La red de marinos incluía, de acuerdo a las delaciones de uno de los participantes, a por lo menos 12 elementos por puerto en actividades ilícitas para la introducción de combustible en buques que registraban como cargueros de otros líquidos -aceites mayormente- que pagan menores impuestos a los de los combustibles. Los marinos defraudaron a la Armada, al País, a las arcas públicas, a las instituciones, a los mexicanos, todos, al organizarse criminalmente a la hechura de un cártel, para traficar combustible. Los sobornos por buque rebasaban el millón 700 mil pesos, y estos eran repartidos a los marinos participantes del huachicol fiscal.

Las tropas mexicanas, las fuerzas armadas que estaban en cuarteles y bases navales, que López Obrador oficializó en el patrullaje en ciudades y estados, y la protección de aduanas y puertos, se convirtieron en tropas criminales al servicio del narco o de sus propios e ilícitos intereses.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.