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Sentencian a 31 años de prisión en EU, a ‘El Chelelo’, líder de “La Compañía” y ex de Los Zetas

Eleazar Medina Rojas, alias “El Chelelo”, presunto líder del grupo delincuencial “La Compañía” -que trabajó para el Cártel del Golfo (CDG) y con Los Zetas, en el estado de Nuevo León- fue sentenciado, el 8 de septiembre de 2025, en EE. UU., en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, en Washington D.C., a más de 31 años de prisión, por conspirar para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína y marihuana.

Al capo tamaulipeco, la citada Corte Federal también le ordenó pagar 26.5 millones dólares estadounidenses en decomisos, según lo reveló el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), en un comunicado.

“Eleazar Medina Rojas usó la violencia extrema para ascender en las filas de Los Zetas y, como jefe de plaza, se aseguró de que el cártel mantuviera el control sobre rutas clave del narcotráfico utilizadas para dirigir cocaína y marihuana a Estados Unidos, devastando nuestras comunidades”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del DOJ.

“La sentencia de hoy es un poderoso recordatorio de que el Departamento de Justicia perseguirá y llevará ante la justicia a los miembros violentos del cártel y los hará responsables de la muerte y la destrucción que han causado aquí en Estados Unidos y en el extranjero”, abundó Galeotti.

“Durante cuatro años, Medina-Rojas ejerció un férreo control sobre las rutas por las que pudo contrabandear más de 3,000 toneladas de drogas hacia nuestra frontera sur de Texas”, dijo, por su parte, el agente especial a cargo Jonathan C. Pullen, de la División de Campo de Houston de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

“Medina-Rojas controlaba las rutas que conducían a Brownsville, Laredo y McAllen, eliminando a cualquiera que obstaculizara sus ganancias. El trabajo incansable de los agentes de la DEA en Houston desbarató sus rutas de narcotráfico, lo que finalmente condujo a su captura, debilitando así a la despiadada organización narcotraficante Los Zetas”, agregó Pullen.

Según documentos judiciales, citados por el DOJ, Medina Rojas, de 53 años de edad y originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, fue miembro de Los Zetas, una organización narcotraficante compuesta principalmente por ex militares mexicanos, que comenzó como un brazo armado del Cártel del Golfo.

Posteriormente, Los Zetas se aliaron con el Cártel del Golfo y operaron colectivamente bajo el nombre de “La Compañía”. Medina Rojas era responsable de las acciones de seguridad y la protección de las rutas del narcotráfico, lo cual a menudo realizaba mediante violencia, amenazas y el uso de armas, detalló el DOJ.

“Por ejemplo, Medina Rojas participó en actos de violencia contra grupos narcotraficantes rivales durante conflictos por el control de plazas de droga y rutas de tráfico. Medina Rojas ascendió en la jerarquía de La Compañía y ocupó importantes puestos de liderazgo, incluyendo la facilitación directa del tráfico de cocaína y marihuana hacia y dentro de Estados Unidos”, destacó el Gobierno de EE. UU.

“Entre 2006 y 2007, se desempeñó como líder regional, conocido como ‘jefe de plaza’, en Monterrey, México, liderando a docenas de miembros de La Compañía en actividades de narcotráfico y actos de violencia. Rojas fue personalmente responsable de la importación de más de 450 kilogramos de cocaína y 90.000 kilogramos de marihuana a Estados Unidos”, recordó el DOJ.

“La División Houston de la DEA investigó el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró ​​con las fuerzas del orden en México para lograr el arresto y la extradición de Medina Rojas en julio de 2023. Los abogados litigantes Jayce Born, Kirk Handrich y Hunter Smith de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal procesaron el caso”, subrayó el Gobierno de EE. UU.

“El Chelelo” se declaró culpable, el 14 de marzo de 2025, en EE. UU., en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, en Washington D.C., de conspirar para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína y marihuana destinadas a Estados Unidos.

“Según documentos judiciales, Eleazar Medina Rojas, también conocido como El Chelelo, de 53 años, era miembro de Los Zetas, una organización narcotraficante compuesta principalmente por ex militares mexicanos que comenzó como un brazo armado del Cártel del Golfo. Posteriormente, Los Zetas se aliaron con el Cártel del Golfo y operaron colectivamente bajo el nombre de ‘La Compañía”, recordó el DOJ, en un comunicado.

“Medina Rojas era responsable de las acciones de seguridad y la protección de las rutas del narcotráfico, lo cual a menudo realizaba mediante violencia, amenazas y el uso de armas. Por ejemplo, Medina Rojas participó en actos de violencia contra grupos narcotraficantes rivales durante conflictos por el control de plazas y rutas de tráfico de drogas”, abundó el Gobierno estadounidense.

“Medina-Rojas ascendió en la jerarquía de La Compañía y ocupó importantes puestos de liderazgo. Entre 2006 y 2007, se desempeñó como jefe de plaza en Monterrey, México, donde lideró a docenas de miembros de La Compañía en actividades de narcotráfico y actos de violencia. Específicamente, coordinó los cargamentos de cocaína y marihuana desde México hacia Estados Unidos, enviándolos en camiones y otros vehículos equipados con compartimentos ocultos, y coordinó la repatriación de grandes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico a México”, agregó el DOJ.

“Medina-Rojas y sus subordinados gravaban otros cargamentos de drogas ilegales que cruzaban el territorio de La Compañía, a menudo con destino a Estados Unidos. Medina-Rojas fue personalmente responsable de la importación a Estados Unidos de más de 450 kilogramos de cocaína y 90,000 kilogramos de marihuana”, detalló el Departamento de Justicia de EE. UU.

“La sentencia está programada para el 13 de junio de 2025. Medina-Rojas enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales”, agregó el DOJ, en ese entonces.

“El funcionario supervisor Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, y el agente especial a cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA), Daniel C. Comeaux, de la División de Campo de Houston, hicieron el anuncio”, indicó el Gobierno estadounidense.

“La División Houston de la DEA investigó el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró ​​con las fuerzas del orden en México para lograr el arresto y la extradición de Medina Rojas en julio de 2023. Los abogados litigantes Jayce Born y Kirk Handrich y la subdirectora interina Melanie Alsworth de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal están procesando el caso”, abundó el DOJ.

“Este caso forma parte de la Operación ‘Recuperemos América’, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos. La Operación ‘Recuperemos América’ ​​optimiza las iniciativas y los recursos de los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas del Departamento y el Proyecto Barrios Seguros”, finalizó el Departamento de Justicia de EE. UU.

El 9 de julio de 2023, Medina Rojas -originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas- fue entregado en extradición al Gobierno de Estados Unidos. En dicho país era requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, en Washington D.C., por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

Entre los años 2000 y 2010, “El Chelelo” lideró “La Compañía”, época en la que transportó grandes cantidades de cocaína y marihuana a EE. UU. Además, recibía armas para sus actividades delictivas, enviadas por Jaime González Durán, alias “El Hummer”, miembro fundador de Los Zetas, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

En 2007, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) capturaron a Medina Rojas cuando era el jefe de plaza de Los Zetas en Nuevo León. Luego, en 2016, fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), aunque no pasó mucho tiempo en la cárcel, porque volvió a salir libre.

En 2018, detuvieron, una vez más, a “El Chelelo”, ahora en Mérida, Yucatán, por una infracción de tránsito. Estuvo encarcelado, hasta su extradición a EE. UU., en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Tribunal señala competente a Juez de Tijuana para resolver amparo de Hernán Bermúdez

Magistrados del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, resolvieron que un juzgado federal en Tijuana es el competente para conocer del juicio de amparo del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, en contra de una orden de aprehensión.

Al emitir su fallo en el conflicto competencial entablado entre el Juzgado Decimosegundo de Distrito con sede en esta ciudad de Tijuana y el Juzgado Séptimo de Distrito en Villahermosa, Tabasco, los colegiados determinaron que el juzgador federal indicado es el de Tijuana.

La resolución fue tomada de forma unánime por el magistrado ponente, Héctor Gabriel Tanori y sus homólogos Francisco Lorenzo Morán y la presidenta de ese tribunal, Yanitt Quiroz Vanegas, al apoyarse en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como ZETA lo informó, el 21 de julio pasado, el juzgado bajacaliforniano resolvió declararse incompetente para conocer del juicio de amparo, al argumentar que la orden de captura fue dictada por un juez de Centro, en Villa Hermosa, Tabasco, y por ello corresponde asumir la competencia a un juez en esa entidad.

Por su parte, al recibir el expediente, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco no aceptó conocer de la demanda de Bermúdez Requena, puesto que éste fugitivo manifestó tener su domicilio en Tijuana, y en esta ciudad intentó de materializarse su detención.

Bermúdez Requena, alias el Comandante H, solicitó la protección constitucional en contra de una orden de aprehensión dictada en su contra el 18 de febrero próximo pasado por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

El exsecretario de Seguridad en tiempos del gobernador tabasqueño Adán Augusto López Hernández (2019-2021 y que continuó con el mandato gubernamental de Carlos Manuel Merino Campos), afirmó que el mandamiento judicial pretendió ser ejecutado por agentes ministeriales en su domicilio que tiene en un condominio en la colonia Chapultepec, en esta frontera.

El juez decimosegundo de distrito en Baja California habrá de continuar con las actuaciones del juicio de garantías para dictar el fallo que corresponda.


FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.

Fiscalía de CdMx detiene a viuda y a hija de "El Ojos", exlíder del Cártel de Tláhuac

La viuda es considerada sucesora de "El Ojos" y la hija del exlíder del Cártel de Tláhuac es señalada como operadora financiera de la organización criminal.

La viuda y la hija de Felipe de Jesús Lunas, "El Ojos", exlíder del Cártel de Tláhuac, fueron detenidas este lunes por la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CdMx): son señaladas como sucesora y operadora de la organización criminal, respectivamente.
"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprehendió a María ‘N’ y Samantha ‘N’, identificadas como viuda e hija, respectivamente, de Felipe de Jesús ‘N’, alias ‘El Ojos’, exlíder de la organización criminal Cártel de Tláhuac, por su posible participación en el delito de asociación delictuosa derivado de hechos ocurridos en diciembre de 2020", informó la dependencia este lunes.
De acuerdo con la investigación, María “N” ha sido señalada como posible sucesora en el liderazgo del Cartel de Tláhuac tras la muerte de Felipe de Jesús “N”, quien perdió la vida el 20 de julio de 2017 en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Además, se habría mantenido en disputa por el control de la venta y distribución de droga en la alcaldía Tláhuac frente a grupos delictivos antagónicos como La Unión Tepito y Los Rodolfos.
Por otra parte, Samantha “N”, alias “Sam”, es señalada por las autoridades como posible operadora financiera de la misma organización delictiva, y probable responsable de la comercialización y distribución de narcóticos en la zona.

Ambas mujeres contaban con órdenes de aprehensión y, desde abril de 2024, se ofrecía una recompensa a quienes aportaran información para su localización o detención. La FGJ-CdMx determinó que las imputadas se encontraban en Pachuca, Hidalgo, gracias a sus labores de inteligencia.

"Con esta información, el domingo 7 de septiembre de 2025, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, implementaron un operativo mediante el cual aprehendieron a ambas en la colonia Valle de San Javier de la capital hidalguense. Posteriormente, fueron trasladadas a la Ciudad de México, donde ingresaron al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en espera de que se defina su situación jurídica", detalló la dependencia capitalina.
Las autoridades mantienen investigaciones para encontrar y aprehender a Liliana “N”, alias “Lili” o “La Voz”, también hija de "El Ojos, señalada como probable responsable de la venta y distribución de droga bajo las órdenes de su madre, María “N”. La Fiscalía capitalina mantiene vigente una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte información para su captura.
En octubre de 2021, Miguel Ángel “N”, alias “El Mike” o “El MK”, el hijo de Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, exlíder del Cártel de Tláhuac, fue detenido junto con siete hombres más por el delito de homicidio calificado de un asesinato perpetrado en el 2016 y fueron condenados a 27 años de prisión.
La FGJ-CdMx obtuvo la sentencia condenatoria en contra de los ocho presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac, por lo que pasarán 27 años y seis meses de prisión, así como pagar la reparación de los daños material y moral, además de que se les negaron los beneficios y sustitutivos de la pena.

“Ante un Juez penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos demostró la responsabilidad penal de los ahora sentenciados en la agresión con disparos de arma de fuego que privaron de la vida a un hombre, en 2016, en la Alcaldía Iztapalapa.”, detalló la Fiscalía de la Ciudad de México.

Además del el hijo de “El Ojos”, los otros siete sentenciados y cómplices fueron identificados como: Pablo o Jasai “N”, alías El Jarocho; Julio César “N”, alías El Julio; Sigifrido o Sigifredo “N”, alías El Sigi Sigi; José Eduardo “N”, alías El Cholo; Giovanny Eduardo “N”, Rubén “N” y Miguel “N”.
De acuerdo con las investigaciones, el homicidio fue realizado el 24 de febrero de 2016 en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero. La víctima se encontraba a bordo de un vehículo cuando fue atacado con balas de armas de fuego.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La DEA da golpe global al Cártel de Sinaloa: detiene a 617; incauta drogas y efectivo

Luego de una semana de operativos, la DEA detuvo a cientos de personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y realizó decomisos millonarios de droga.

El Cártel de Sinaloa ha sufrido otro gran golpe a su estructura y capacidad operativa, ahora a nivel global. La Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) anunció este lunes que en la última semana detuvo a 617 personas relacionadas con el grupo criminal. También incautó cientos de armas y encabezó un decomiso de más de 1.6 millones de dólares en drogas.
"Hoy, la DEA anunció los resultados de un refuerzo operativo de una semana de duración destinado a desmantelar el Cártel de Sinaloa, uno de los cárteles de drogas más violentos y poderosos del mundo, responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína", informó la agencia en un comunicado.
Del 25 al 29 de agosto, la DEA realizó operativos en 23 regiones locales de EU y en siete "regiones extranjeras", cuyo resultado fueron 617 personas detenidas; así como 480 kilogramos de polvo de fentanilo, 714 mil 707 pastillas falsificadas, dos mil 209 kilos de metanfetamina, siete mil 469 kilos de cocaína y 16.55 kilos de heroína asegurados.

Además, la DEA incautó divisas por 11 millones 111 mil 483 dólares (unos 207 millones de pesos); incautó bienes por un millón 697 mil 313 dólares (casi 32 millones de pesos) y aseguró 420 armas de fuego.
En febrero, el Gobierno del Presidente Donald Trump designó al Cártel de Sinaloa, junto con otros siete cárteles, como Organización Terrorista Extranjera. "El Cártel de Sinaloa sigue siendo una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional. La DEA se compromete a desmantelar sus redes de comando, control y distribución", afirmó la agencia.
"Estos resultados demuestran el gran compromiso de la DEA con la protección del pueblo estadounidense”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole. “Cada kilogramo de veneno incautado, cada dólar confiscado a los cárteles, y cada arresto que realizamos representa vidas salvadas y comunidades defendidas”.
La agencia estadounidense aseveró que hay "decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores del Cártel de Sinaloa que operan en todo el mundo, en al menos 40 países, responsables de la producción, fabricación, distribución, y operaciones relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas peligrosas y mortales".

Por último, la DEA aseguró que esta acción coordinada "fue una combinación del mayor enfoque de la DEA en la aplicación de la Ley, la inteligencia y la colaboración nacional e internacional", y que este aumento "refleja el compromiso inquebrantable de la DEA de enfrentar la crisis del fentanilo y desmantelar los cárteles responsables de ella".
"La DEA no cejará hasta que el Cártel de Sinaloa sea desmantelado por completo", subrayó la propia agencia.
¿Operativo conjunto o no? DEA y Sheinbaum divergen

Hace apenas un par de semanas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que no hay un operativo especial en la frontera con EU y volvió a desmentir a la DEA sobre el anuncio del lanzamiento de un trabajo binacional denominado "Proyecto Portero" como parte de su estrategia contra las organizaciones criminales mexicanas. Sostuvo que se trabaja con los vecinos del norte, pero siempre desde la soberanía y no la subordinación.
"¿Qué interés tenga la DEA en publicar lo que publicó hace dos días? No lo sé. Probablemente querer decir que cambiaron las cosas. Entonces lo que tiene que quedar muy claro al pueblo de México es que la Presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía. Jamás. Y que colaboramos, nos coordinamos, pero nunca va a haber subordinación", dijo en su conferencia de prensa matutina.


"Y que en particular, la relación con Estados Unidos está coordinada, en el caso de seguridad, a través de este acuerdo que se está tomando; y de una coordinación permanente que existe entre el Comando Norte y el Ejército mexicano, o la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, las instituciones de seguridad del Gobierno de Estados Unidos y la Secretaría de Seguridad, y hay coordinación, información permanente en un esquema de coordinación de respeto a la soberanía", explicó Sheinbaum Pardo.
Por ello, añadió, "cuando sale el comunicado de la DEA, pues no, no tiene que ver con la realidad". "Lo que hay es el acuerdo de seguridad que está ya por culminarse con el Departamento de Estado de los Estados Unidos", adelantó desde Palacio Nacional.

La DEA había presumido su "Proyecto Portero", para enfrentar a los "guardianes" de los cárteles mexicanos que trafican droga a través de la frontera entre ese país y México. "En el centro de este esfuerzo se encuentra el 'Proyecto Portero', la operación insignia de la DEA, cuyo objetivo es desmantelar a los ‘guardianes’ de los cárteles, agentes que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste", explicó la agencia en un comunicado a finales de agosto.

Los "guardianes", agregó, son esenciales para las operaciones de los cárteles, ya que "dirigen el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, a la vez que garantizan el movimiento de armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México", una de las principales demandas del Gobierno mexicano, tanto en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador como (AMLO) ahora con Claudia Sheinbaum Pardo.


"Al centrarse específicamente en ellos, la DEA y sus socios están atacando la esencia del comando y control de los cárteles", argumentó.
Se trata, pues, de un programa de capacitación y colaboración lanzado por la DEA, de varias semanas de duración en uno de sus centros de inteligencia en la frontera suroeste. "El programa reúne a investigadores mexicanos con fuerzas del orden, fiscales, funcionarios de Defensa y miembros de la comunidad de inteligencia estadounidenses", ahondó la agencia.

A lo largo de varias semanas, precisó, los participantes identificarán objetivos conjuntos, desarrollarán estrategias coordinadas de cumplimiento de la Ley y fortalecerán el intercambio de inteligencia.

¿El fin del Cártel de Sinaloa? Aún no: Harfuch

El Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, afirmó en agosto que el Cártel de Sinaloa no ha desaparecido con la caída definitiva de sus dos fundadores, Ismael "El Mayo" Zambada García, quien se declaró culpable de narcotráfico en EU, y de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, quien cumple una condena de cadena perpetua en el mismo país, pues se trata de una organización criminal que siempre ha tenido varios líderes y células simultáneas.


"No, el Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal. Siempre ha tenido varios líderes, ha tenido varias ramas. Uno era Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el otro ‘El Chapo’ Guzmán, después los hijos del ‘Chapo’, también ‘El Guano’ que es hermano del ‘Chapo’ y ‘El Chapo Isidro’; es decir, no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas. Todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos", aseguró Harfuch en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Sheinbaum.
Cuestionado sobre si está mermado el Cártel de Sinaloa, Harfuch respondió: "Están mermadas ciertas facciones del cártel".

Más tarde, en la misma "mañanera" en Palacio Nacional, García Harfuch fue cuestionado sobre una presunta alianza entre "Los Chapitos", la célula del Cártel de Sinaloa controlada por los hijos del "Chapo" Guzmán, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
"No ha habido ningún indicio de esta alianza entre estos grupos criminales. Lo que hubo en su momento fueron mantas donde decían que ya estaban reforzando y que había ‘personal’ del Cártel Jalisco en Sinaloa. Al momento, todo indica que eran de los mismos grupos de Sinaloa, como para amedrentar o hacer creer que había esta alianza. Hasta el momento no ha habido ninguna alianza ni ninguna detención que confirme que haya una alianza", explicó el funcionario.
"Ha habido un reforzamiento constante y permanente, es decir, es una estrategia que va cambiando constantemente, con incremento de operativos y de operaciones, pero también con trabajos de la policía local con trabajos de proximidad social […] más el personal de fuerzas especiales del Ejército, de la Secretaría de Marina", abundó Harfuch.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El gobierno de AMLO supo desde 2020 de mini-refinería ligada a 'La Barredora'; ¿por qué no actuó?: Ayala

'El que las autoridades no hayan actuado con anterioridad deja muchas dudas al respecto', dijo la periodista Verónica Ayala.

Informes de inteligencia militar fechados desde enero de 2020 revelan que el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo conocimiento durante más de cinco años de la operación de una refinería clandestina en Veracruz, la cual procesaba combustible robado (huachicol) para el grupo criminal “La Barredora”, presuntamente liderado por un alto exfuncionario de seguridad de Tabasco, muestra un reportaje de Verónica Ayala para la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

A pesar de la alerta temprana, las autoridades federales no actuaron para desmantelar la planta, sino hasta junio pasado, señaló la periodista en entrevista para Aristegui en Vivo. 

La investigación, titulada “El gobierno de AMLO supo desde 2020 de mini refinería ligada a la barredora“, se basa en documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste del Ejército.


Estos informes, dirigidos al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, detallaban la existencia y operación de la planta ilegal, vinculándola directamente con “La Barredora”, grupo delictivo encabezado presuntamente por quien fungió como secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto López, una de las figuras políticas más cercanas al expresidente López Obrador.

“Desde hace cinco años, al menos desde 2020, las autoridades federales tenían conocimiento de la operación de una mini refinería al sur de Veracruz”, afirmó Ayala.

La periodista subrayó que los documentos de inteligencia incluían oficios fechados, mapas con la ubicación geográfica precisa de la planta y la estructura del grupo criminal. “La ubicación corresponde a una zona muy cercana al sitio donde las autoridades federales realizaron a mediados de junio pasado el cateo y aseguramiento“, precisó.

La investigación de MCCI sugiere que la inacción podría apuntar a una grave omisión o incluso a un esquema de protección hacia las redes criminales que operaban con impunidad.

“El que las autoridades no hayan actuado con anterioridad deja muchas dudas al respecto, porque tenían conocimiento de la operación de esta planta al menos desde principios de 2020″, enfatizó Ayala.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Nueva Corte deja en manos de ministra Lenia Batres resolución de amparo de Salinas Pliego, pese a haberla declarado impedida

En marzo pasado la ahora extinta Segunda Sala declaró impedida a la ministra Batres Guadarrama para intervenir en un amparo de Salinas Pliego contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en manos de la ponencia de la ministra Lenia Batres el proyecto en el que plantea revocar un amparo concedido a Ricardo Salinas Pliego contra un crédito fiscal de más de 60 millones de pesos, pese a que el Máximo Tribunal del país la había declarado impedida para conocer asuntos referentes al empresario y sus empresas. 

Se trata del amparo directo en revisión 3842/2024 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) interpuso en contra de la determinación de un Tribunal Colegiado que amparó a la empresa Nueva Elektra del Milenio, de Grupo Salinas, en un juicio contencioso-administrativo para no pagar un crédito fiscal (multa) por 67 millones 165 mil 827 pesos, por declarar una pérdida fiscal mayor a la realmente sufrida. 

El acuerdo, firmado por el nuevo ministro presidente Hugo Aguilar, señala que el asunto fue devuelto a la ponencia de la ministra Batres conforme a lo acordado por el pleno de la Corte en sesión privada y a lo establecido en el artículo sexto transitorio del acuerdo general número 1/2025, que señala que “a fin de aprovechar el conocimiento y estudio de los asuntos turnados a las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf”, se determinó que continuarán con el conocimiento de dichos asuntos.

Esto ocurrió a pesar de que en marzo pasado la ahora extinta Segunda Sala declaró impedida a la ministra Batres Guadarrama para intervenir en un amparo de Salinas Pliego contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), resolución que incluso fue utilizada por la también desaparecida Primera Sala para excluirla en una votación contra un crédito fiscal de más de mil millones de pesos. 

Ministro Arístides resolverá amparo por deuda de 33 mmdp de Salinas

A su vez, el ministro Hugo Aguilar returnó al ministro Arístides Rodrigo Guerrero García la resolución del amparo directo en revisión 6321/2024, por lo que le tocará resolver el caso del adeudo fiscal más grande que tiene el empresario con la Federación por más de 30 mil millones de pesos. 

“Atendiendo al orden cronológico de ingreso de este asunto y al número de votos obtenidos en la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, retúrnese el presente asunto al ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien actuará como ponente en dicho expediente”, señala el acuerdo fechado el 2 de septiembre. 

En este caso, Grupo Elektra interpuso dicho amparo en contra de la determinación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda, que le impuso un crédito fiscal de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, al sumar actualizaciones y recargos.

Originalmente, el asunto había sido turnado al ahora ministro en retiro, Alberto Pérez Dayán, pero debido a que salió de la Corte el expediente fue retornado al ministro Arístides.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Sheinbaum respalda a Ojeda y destaca detenciones por huachicol fiscal en Tampico

La presidenta Claudia Sheinbaum defiende al exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, al asegurar que no protege a sus familiares, mientras se confirman las detenciones de un vicealmirante, el exjuez del caso “Los Porkys” y empresarios implicados en una red de huachicol fiscal que operaba en Tampico.

La presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia de cualquier sospecha sobre el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, tras la captura de un vicealmirante, el exjuez del caso “Los Porkys” y varios empresarios por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

En su conferencia matutina, la mandataria aseguró que Ojeda no sólo no encubrió a sus familiares, sino que fue él quien denunció las irregularidades que destaparon la trama de corrupción.

“El almirante Ojeda no protege a nadie, ni a sus familiares. Fue él mismo quien pidió que se investigara, y de esas denuncias vienen estas detenciones”, subrayó Sheinbaum.

EL ORIGEN: UN BUQUE SOSPECHOSO

La investigación, explicó la presidenta, se detonó a partir de un carguero que ingresó al puerto de Tampico con permisos temporales para transportar una sustancia que supuestamente no era combustible.

“Cuando llega este buque, a la hora de hacer la investigación, se dan cuenta que no es esta sustancia que están reportando, sino que tiene diésel. Y a partir de allí comienza toda la investigación”, relató.

El esquema, conocido como huachicol fiscal, consistía en aprovechar los permisos de importación temporal —que permiten ingresar productos para procesarlos y luego exportarlos sin pagar impuestos— para introducir hidrocarburos de contrabando.
EL MECANISMO DEL HUACHICOL FISCAL

Sheinbaum puso un ejemplo para explicar la trampa: “Así como pasó con el caso de los zapatos terminados que entraban como si fueran materia prima, aquí hacían lo mismo con el combustible. No pagaban impuestos, lo vendían a gasolineras o flotillas y obtenían ganancias altísimas”, dijo.

El fraude, puntualizó, radicaba en que el combustible nunca se procesaba ni se reexportaba, sino que terminaba en el mercado interno, con márgenes de ganancia millonarios.

“La importación de combustibles sí está permitida, pero únicamente si se cuenta con un permiso de la Secretaría de Energía y se pagan los impuestos correspondientes”, recalcó.

LOS DETENIDOS Y EL ALCANCE DEL GOLPE

La presidenta recordó que las detenciones fueron resultado de un trabajo conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la propia Secretaría de Marina (Semar), que administra la aduana de Tampico.

“Aunque sea evidente el delito, no se puede judicializar en un día. Se necesitan pruebas y tiempo para determinar quién está involucrado y cómo. De esas denuncias previas y de esa investigación vienen estas detenciones”, puntualizó.

Los arrestados incluyen a Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de Marina y sobrino político de Ojeda Durán; al exjuez Anuar González Hemadi, recordado por su polémico amparo en el caso “Los Porkys”; así como a empresarios y operadores financieros que diseñaron la estructura para introducir y vender el diésel ilegal.

EL MENSAJE POLÍTICO: CERO IMPUNIDAD

Con tono firme, Sheinbaum envió un mensaje político al recalcar que no habrá impunidad ni privilegios para nadie, sin importar el rango o las conexiones familiares.

“Lo que es muy importante es el compromiso de no impunidad. Cuando se encuentra un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es detener a todos aquellos que estén involucrados”, expresó.

El caso, considerado ya uno de los golpes más significativos contra el tráfico de hidrocarburos, no solo exhibe la dimensión del fraude fiscal, sino también cómo este tipo de redes logran infiltrar esferas militares, judiciales y empresariales.

La presidenta adelantó que las investigaciones siguen en curso y que podrían derivar en nuevas órdenes de aprehensión y más aseguramientos patrimoniales en las próximas semanas.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Muere en extrañas circunstancias capitán vinculado al huachicol fiscal

Hallan muerto al capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, presuntamente implicado en el huachicol fiscal. La Marina confirma deceso sin dar nombre.

El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira e implicado en presunto soborno como parte del caso de huachicol fiscal, fue localizado sin vida, este lunes 8 de septiembre. 

La Secretaría de Marina confirmó el fallecimiento sin dar el nombre y se limitó a expresar las condolencias pero no dio más detalles. 

“La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas. La institución extiende  su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden. Asimismo, se reitera la colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos”, señaló en redes sociales.
Según reportes de medios, el capitán de navío, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, era integrante de la Secretaría de Marina (SEMAR) y titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. 

La causa reportada es suicidio, presuntamente tras ser señalado como implicado en una red de sobornos relacionados con el huachicol fiscal (contrabando de combustible), donde se le acusa de recibir 100 mil pesos por buque.

Milenio señala que el testimonio que publicó del exdirector de aduanas de Tampico, quien hoy es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), implica al hoy fallecido.

“El colaborador declaró que durante su tiempo como cómplice de Los Primos, se encargó de distribuir 24.5 millones de pesos en sobornos a funcionarios como el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez”, señala el medio.

El periodista Carlos Loret de Mola también confirmó el suicidio de Pérez Ramírez citando fuentes oficiales: “El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, Titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y mencionado por el exdirector de Aduanas de Tampico de haber recibido sobornos, se suicidó hace unas horas en su oficina. Confirmado por fuentes federales”, puso en su cuenta de X.
El caso de huachicol dado a conocer este fin de semana por el Gabinete de Seguridad, que involucra a elementos de la Marina, incluídos dos sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda, sigue dando de qué hablar, pues se espera que haya otras 200 órdenes de aprehensión, entre ellas la de Ernesto Ruffo Appel. 

El exgobernador de Sonora estaría involucrado a través de una empresa llamada Ingemar, de la que es socio, dedicada a la importación de combustibles. 

En una entrevista con Milenio, el exgobernador negó las versiones: “Sí han pasado asuntos administrativos que tienen que ver con asuntos de operación de pedimentos de importación o asuntos de pago de impuestos con el SAT, pero todo eso se ha atendido, casi puedo decir que es cotidiano, aunque con este asunto de el tren de Coahuila, pues obviamente se intensificó, pero hemos suministrado toda esa información de orden administrativo”.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Persona que disparó a colaboradores de Brugada sigue prófuga

Las autoridades capitalinas revelaron cómo operaron los 13 sospechosos del asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la jefa de Gobierno capitalino; aseguran que investigaciones continúan.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, informó que para detener a los 13 presuntos sospechosos de los asesinatos de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se realizaron 11 cateos, 6 en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco; y 5 en Otumba y Coacalco, en el Estado de México.

“Se identificó al inicio que, una vez consumada la agresión, los responsables se concentraron el Barrio la Asunción, en la alcaldía Iztacalco, donde abordaron una camioneta color gris y huyeron con dirección a Ecatepec de Morelos, Estado de México”, explicó García Harfuch.

Resaltó: “en todos los primeros hechos delictivos se persiguen y se busca la detención de los autores materiales, de las personas que directamente participan en los hechos, esto no quiere decir que las investigaciones hayan terminado o que hayan culminado, son investigaciones en proceso“.

Por su parte, Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, detalló que seis de los 13 detenidos participaron en las acciones materiales de los asesinatos de los dos servidores públicos.

Añadió que usaron cinco vehículos para cometer el delito.

Alcalde Luján indicó que tras realizar los cateos se identificaron a dos personas que ya tenían una orden de aprehensión en su contra Jesus ‘N’ y Anette ‘N’. Mientras que Erin ‘N’ está acusado de asociación delictuosa.

La fiscal capitalina reveló los nombres de otros seis sospechosos Abraham ‘N’, Jesus ‘N’ y Francisco ‘N’.

Declinó mencionar a un grupo delictivo que estuviera relacionado con el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega.

Dijo que “no hay registro de que los funcionarios hayan recibido amenazas previas”.

En su oportunidad, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC capitalina, explicó que existen diversas líneas de investigación para esclarecer el móvil del asesinato, ya que dijo, la prioridad era detener a los autoridades materiales del doble homicidio.

Asimismo, indicó que los 11 inmuebles que fueron cateados estaban ligados con actividades ilícitas como: venta y procesión de narcóticos, robo de vehículos y el homicidio de los colaboradores de la mandataria local Clara Brugada.

Las autoridades confirmaron que el autor material del disparo y los autores intelectuales del crimen siguen prófugos.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ciberdelincuentes hackean cuentas de Gmail y YouTube del Congreso de Morelos

El Poder Legislativo local denunció el hackeo de sus cuentas y suspendió temporalmente las transmisiones en las mismas mientras refuerza la seguridad digital.

Ciberdelincuentes irrumpieron en las cuentas oficiales de Gmail y YouTube del Congreso de Morelos, plataformas utilizadas para la transmisión de las sesiones ordinarias del Pleno, lo que dejó a diputadas y diputados sin acceso a uno de sus principales canales de comunicación con la ciudadanía.

A través de un comunicado, el Poder Legislativo confirmó que las cuentas fueron objeto de un hackeo. “Derivado de una vulneración externa, las cuentas institucionales de Gmail y YouTube (…) fueron objeto de un acceso no autorizado”.

El Congreso estatal detalló que, como consecuencia de la intrusión, se registraron alteraciones en el contenido de dichas plataformas y la difusión de material ajeno a las actividades legislativas. “Se detectó la alteración del contenido alojado en dichas plataformas, así como la publicación y/o transmisión de material ajeno a las actividades legislativas, sin la autorización ni conocimiento del Congreso del Estado”.


Ante lo ocurrido, el Poder Legislativo se deslindó de toda información difundida a partir del momento en que las cuentas fueron vulneradas. “El Congreso se deslinda de cualquier contenido, mensaje, comentario o material que haya sido difundido (…) y que no corresponda a la labor institucional legislativa”, expuso en el pronunciamiento oficial.

El diputado Rafael Reyes confirmó que ya se presentaron las acciones legales correspondientes y advirtió que el Poder Legislativo reforzará sus mecanismos de seguridad digital. “Hemos procedido con las denuncias formales y trabajaremos en fortalecer la protección de nuestras plataformas para evitar que hechos de este tipo vuelvan a repetirse”, declaró.

Como parte de las acciones inmediatas, el Congreso suspendió temporalmente las transmisiones en vivo hasta garantizar la total integridad de los canales oficiales.
 

En su mensaje, el Poder Legislativo aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía. “Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la difusión pública de las actividades legislativas, por lo que estaremos informando oportunamente a través de medios institucionales verificados”.

Finalmente, llamó a la población a no dejarse sorprender por información no oficial. “Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse atenta a nuestros canales oficiales para evitar la difusión de información falsa o manipulada”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Morenistas y funcionarios del gobierno de Díaz Mena presidirán tribunales y ocuparán la mitad de magistraturas en Yucatán

Joaquín Díaz Mena se reunió con las próximas magistradas presidentas del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán

El Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán serán presididos por funcionarias del gobierno morenista de Joaquín “Huacho” Díaz Mena. Se trata de Sara Leonor Estrella León, de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, y Erika Beatriz Torres López, quien ha fungido como directora jurídica del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur). 

En la elección del 1 de junio de 2025, la ciudadanía de Yucatán votó por cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y nueve magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. Estos 14 cargos conformarán el nuevo Poder Judicial local, de los cuales seis integrantes tienen relación con el gobierno por haber ocupado cargos en él y uno es funcionario de la administración pública federal. 

El 13 de agosto de 2025, el gobernador Joaquín Díaz Mena publicó en Facebook que se reunió con las próximas magistradas presidentas de ambos tribunales. “El respeto a la división de poderes es pilar de nuestra democracia”, aseguró en su publicación.

Morenista presidirá el Tribunal de Disciplina Judicial

Sara Leonor Estrella León presidirá el Tribunal de Disciplina Judicial de Yucatán. Es la candidata que obtuvo el mayor número de votos, es decir, 121 mil 905 y también fue elegida para presidir este órgano.

“La presidencia será designada por dos años consecutivos por el voto mayoritario entre los miembros de dicho Tribunal, pudiendo ser ratificada por sus integrantes para continuar por un periodo más”, establece el artículo 70 constitucional. 

Es la jefa del Departamento de Compras dentro de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. Pero Sara Leonor Estrella León no sólo es funcionaria pública. 

También aparece en el padrón del partido Morena con fecha de afiliación al menos desde marzo de 2023, según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

Mirka Eli Sahuí Rivero obtuvo 112 mil 758 votos para ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Es hermana de Mauricio Sahuí Rivero, actual delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Yucatán, nombrado por el titular Octavio Romero Oropeza desde diciembre de 2024. 

En el Tribunal de Disciplina Judicial de Yucatán tres magistraturas serán para mujeres, según el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. La tercera de ellas es actuaria en el Poder Judicial estatal, Landy Aimee Pino Barrera, quien obtuvo 115 mil 417 votos.

Mientras que los dos magistrados hombres son el juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, con 109 mil 013 votos, y Mauricio José Cantón Dager, quien obtuvo 104 mil 225 sufragios y se ha desempeñado como coordinador y director legal en una empresa de bebidas.


La mayoría de integrantes del Tribunal Superior de Justicia proviene del gobierno de Díaz Mena

Cinco de nueve integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán provienen del gobierno del morenista Joaquín Díaz Mena y uno más forma parte de la administración pública federal. Según el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por el criterio de paridad de género serán cinco mujeres y cuatro hombres. 

Por número de votos, al haber obtenido 119 mil 829, Erika Beatriz Torres López será la magistrada presidenta. 

“La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia se renovará cada dos años de manera rotatoria, asignándose a las magistraturas que obtengan el mayor número de votos en la elección correspondiente”, menciona el artículo 64 constitucional. 

Antes se desempeñaba como directora jurídica del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur). Se trata de un organismo descentralizado encargado de apoyar la conservación y promoción del patrimonio histórico de Yucatán, así como de sus atractivos turísticos, en el que Erika Beatriz Torres López ha estado desde 2009, según su síntesis curricular.

Al haber obtenido 118 mil 779 votos, Carolina Muñoz Gasca será otra de las magistradas de este tribunal. En el Gobierno de Yucatán se desempeñó como subconsejera de Servicios Legales y Vinculación Institucional en la Consejería Jurídica, la cual forma parte del gabinete de Joaquín Díaz Mena.

Con 112 mil 251 sufragios, Jenny Mariana García Brito llegará al Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, tras haber sido parte del Gobierno de ese estado. En marzo de 2025, fue nombrada directora de Casa Otoch, un centro de asistencia social para niñas, niños y adolescentes. 

De noviembre de 2024 a febrero de 2025, García Brito llevó la jefatura jurídica en la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, según su currículum. Aunque los nombramientos no fueron hechos por Joaquín Díaz Mena, el desempeño de los cargos sí ocurrió durante su gobierno.

Gerardo Martín Chacón Tuyub también aparece en el directorio de funcionarios del Gobierno de Yucatán, pues es director de Asuntos Jurídicos e Investigación Administrativa en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Con 115 mil 780 votos será magistrado. 

Hernán Jesús Vega Burgos obtuvo 115 mil 235 votos para ser magistrado. Según la PNT, en el Gobierno de Yucatán es titular de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, la cual forma parte de la Secretaría General de Gobierno en el gabinete de Joaquín Díaz Mena.

Además, Defensorxs advirtió que su candidatura era altamente riesgosa porque fue detenido por proteger a una red de trata y explotación sexual y fue denunciado por abusar sexualmente de dos mujeres costarricenses privadas de su libertad. Por estos hechos, sus cuentas bancarias fueron congeladas por autoridades federales y renunció a su puesto como delegado del Instituto Nacional de Migración. Recientemente, las autoridades de Estados Unidos le negaron la visa por estar relacionado con estos delitos.

Roberto Alfonso Carrillo Granados será magistrado gracias a sus 111 mil 505 votos. Es encargado de la delegación Yucatán de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Finalmente, con 112 mil 378 votos, Sofía Elena Cámara Gamboa será magistrada tras ser secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán; Claudia Crisol Antonio Mayor obtuvo 105 mil 924 para llegar a este órgano tras ser jueza de primera instancia; y Alan Jesús Hernández Conde, con 104 mil 693 votos, será magistrado tras desempeñarse como abogado en el despacho Hernández Conde.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO (EL SABUESO)
AUTOR: LUZ RANGEL.

Dinero del narco: Estados Unidos va por ganancias de capos mexicanos a cambio de reducción de condenas

A cambio de acceso a sus recursos ilícitos, el Departamento de Justicia de EU otorga penas reducidas a capos mexicanos y acceso a programas como testigos protegidos, mientras que los criminales que no tienen grandes sumas de dinero no obtienen los mismos beneficios.

El pasado 11 de julio, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable de cuatro cargos ante una juez en Chicago. Como parte de su acuerdo, aceptó pagar 80 millones de dólares de las utilidades que obtuvo importando drogas a Estados Unidos. 

Ovidio fue extraditado a Illinois en septiembre del 2023 y, según evidencias, de inmediato comenzó a colaborar y recibir beneficios. A los 10 meses dejó de estar bajo custodia del Buró de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), dos días antes de que su hermano Joaquín Guzmán López secuestrara a Ismael “El Mayo” Zambada y viajara con él a un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, donde ya los esperaban agentes del FBI. Además, en mayo del 2025, 17 miembros de la familia de Ovidio llegaron a Estados Unidos para recibir la protección de la justicia.

Según manda la orden de Decomiso, esos 80 millones de dólares deberán reflejarse en las arcas del Departament of Justice (DOJ) antes de que sea emitida su sentencia en una fecha aún por definir.

Ese acuerdo que parece extraordinario es en realidad bastante común: el de un narcotraficante detenido que buscando beneficios ofrece a los fiscales colaboración y parte de sus ahorros.  

Durante los primeros ocho meses del año, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha expulsado a Estados Unidos a 55 criminales, 29 en febrero y 26 en agosto, que eran procesados en México. Es común que en estos casos, las fiscalías lleven sus interrogatorios hacia las ganancias ilegales de cada uno para así calcular un decomiso y la posibilidad de una “colaboración” y un “acuerdo”. 

De hecho, en la próxima audiencia del lunes 25 de agosto, se espera que “El Mayo” cambie su declaratoria de “no culpable” a una de aceptar los cargos. A 13 meses de su llegada a Estados Unidos, está por definirse el monto del decomiso que solicitarán los fiscales del Distrito Este de Nueva York.

De acuerdo con el caso de Joaquín Guzmán Loera, “El Mayo” Zambada enfrentaría una condena de cadena perpetua y su traslado a una prisión de máxima seguridad, como la Supermax de Colorado, donde está recluido “El Chapo”. Un fallo distinto podría indicar que el acusado ha aceptado realizar pagos y, eventualmente, proporcionar información que involucre a otras personas.

Los datos obtenidos para esta investigación fueron tomados en la revisión de más de 30 expedientes, con sus órdenes de decomiso, dictámenes, transcripciones de audiencias, registros del Buró de Prisiones, notas de prensa, así como del Código Penal y Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos.

Cómo justifica EU los decomisos

En 1984, durante la Administración Ronald Reagan, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Integral para el Control del Delito en la que se facultó al Departamento de Justicia para ejecutar un Fondo de Decomiso de Bienes (FDB) y así debilitar a narcotraficantes y cárteles. 

En el título 28 del Código de Estados Unidos se detallan casi 30 programas donde el fiscal general puede invertir los bienes decomisados. Desde gastos de operación e investigación, o pago a víctimas y proveedores externos, las multas igual se utilizan para el “pago de horas extras, viajes, combustible, capacitación, equipo y otros costos similares de los oficiales de las fuerzas del orden estatales o locales”. Aparece, incluso, un gasto más inverosímil: “compra de evidencia de cualquier violación de la Ley de Sustancias Controladas”.

En un artículo, el abogado del Instituto Cato, Randal John Meyer, denuncia que “el FBI tiene un enorme interés en confiscar la mayor cantidad de activos, ya que estos fondos se utilizan para financiar la agencia”. La financiación específica con utilidades del narcotráfico explicaría por qué el Departamento de Justicia y sus agencias relacionadas, sobre todo el FBI y la DEA, mantienen un interés especial en delincuentes millonarios.

La maquinaria comienza a trabajar desde la acusación formal en la que aparece por primera vez la Notificación de Decomiso donde anuncian que, de ser hallado culpable por delitos como lavado de dinero, fraude o narcotráfico, cualquier utilidad o propiedad que el acusado haya obtenido cometiendo el delito, está sujeta a decomiso de conformidad con el Título 21 del Código de los Estados Unidos. Según una regla de procedimiento penal el fiscal general tiene facultades plenas para buscar dichas utilidades.

Los ingresos combinados del programa federal de decomisos han crecido más del mil por ciento en los últimos 15 años según reporta el Instituto Cato y es gracias a ellos que las arcas de muchos departamentos de policía cuentan con recursos. Eso ha llevado a que en círculos legales llamen a las multas “vigilancia con fines de lucro”.

En dos décadas de decomisos a narcos mexicanos se observan casos con distintos desenlaces: desde quienes pagaron para obtener una sentencia reducida, hasta quienes no ofrecieron indicios sobre sus ganancias ilícitas. También hay antecedentes de acusados a quienes se les eximió del pago de multas tras declararse en bancarrota. En estos dos últimos escenarios, las penas impuestas han sido generalmente de cadena perpetua o superiores a 40 años de prisión. Y aunque son pocos, existen procesos en los que no se advierte una relación clara entre el monto de la sanción económica y la condena impuesta.

Todos los narcotraficantes extraditados a Estados Unidos enfrentan acusaciones similares: operación de una empresa criminal, tráfico y distribución de cocaína, marihuana, metanfetamina, heroína y, en años recientes, fentanilo, así como lavado de dinero y portación de armas con fines delictivos. Por ello, en la revisión de estos casos se omitirán los cargos que se repiten en la mayoría de los expedientes.

Narcos que pagaron

En lo que va del siglo, líderes de los principales grupos criminales que han controlado el trasiego de drogas en México han destinado recursos significativos para financiar operaciones de agencias de seguridad en Estados Unidos.

Los primeros decomisos grandes se impusieron al clan de los Arellano Félix, hermanos originarios de Sinaloa que se convirtieron en “dueños” de la frontera Tijuana-California, desde mediados de los noventa durante la explosión de los cargamentos de cocaína que cruzaban por México.

Francisco Javier Arellano Félix, conocido como “El Tigrillo”, fue el primero en utilizar su fortuna para obtener beneficios judiciales. Detenido por autoridades estadounidenses en agosto del 2006 mientras pescaba en aguas internacionales a bordó de su yate Riviera de 14 metros llamado “Dock Holiday”, en septiembre del 2007 le presentaron una orden de decomiso que incluía, además del yate, la cantidad de 50 millones de dólares.

El juez inicialmente sentenció a “El Tigrillo” a lo que parecía una merecida cadena perpetua, pero en 2014 le redujeron la pena a 23 años. Los fiscales justificaron que el cambio era en respuesta a “toda la información que el señor Arellano había entregado y que era un sueño hecho realidad” según citó Mark Adams, abogado del acusado cuando pidió que esos 23 años se redujeran a 19. 

Los 50 millones ya no alcanzaron para un segundo recorte, aunque Francisco Javier Arellano Félix permanece fuera del registro del BOP, por lo que se ignora dónde purga su condena o si ya obtuvo su libertad. La regla de que cualquier preso federal con buen comportamiento sólo debe cumplir el 85 % de su castigo, lo obliga a permanecer sólo 19 años 5 meses, que se cumplen a finales de 2025. Pero como su archivo permanece sellado, nada se sabe de su paradero.


Con el ejemplo de su hermano menor, Benjamín Arellano Félix también buscó lucrar con su fortuna. La orden de decomiso para el otrora violento “El Señor” llegó el 16 de febrero del 2012, dos meses antes de recibir 25 años de condena. En 2022 buscó que lo dejaran en libertad “por compasión”, pero se lo negaron. A Benjamín le pidieron 100 millones de dólares y en el documento donde se anuncia su multa se muestra cómo funciona el mecanismo. La frase “el decomiso será firme respecto del acusado al momento de la sentencia, forma parte y se incluye en la misma” se puede traducir como “si no hay pago no hay sentencia benévola”. 

El último de los Arellano Félix procesado en EU fue Eduardo Ramón, a quien le decomisaron 50 millones de dólares, como a “El Tigrillo”, previo a su sentencia de 15 años. Cumplió 9 años y en 2021 fue enviado a México donde sigue detenido. 

Pero si hablamos de un clan que ha cedido a las ambiciones de los fiscales ese es el de los Zambada. 

Desde el proceso contra Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, la fiscalía de Chicago, donde lo juzgaron, anunció que Zambada Niebla aceptó ser responsable en Estados Unidos por el decomiso de un billón 373 millones 415 mil dólares. Es por eso que, al momento de pedir a un juez que lo condenara a tan sólo 17 años, el juez se estacionó en 15 años y los fiscales alegaron que la generosa sentencia era en respuesta a que “su cooperación ha sido extraordinaria”.

Cierto es que, desde su detención, “El Vicentillo” se convirtió en un informante modelo que no sólo testificó en el juicio contra “El Chapo” Guzmán, sino que anteriormente había compartido información que ayudó a la detención de otros capos. Según documentos y su propio testimonio en el juicio citado, Zambada Niebla colaboró en capturas de alto nivel: la de “El Chapo” Guzmán en febrero del 2014 en Mazatlán Sinaloa; la de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy” en Torreón, Coahuila, el mismo año, y la de Miguel Ángel Treviño “El Z-40”, en julio del 2013 en Tamaulipas. 

Oficialmente nunca se sabrá si “El Vicentillo” y su entonces poderoso padre “El Mayo” Zambada llegaron a juntar un billón de dólares. Lo cierto es que Zambada Niebla estuvo preso sólo 12 de los 15 años a que lo sentenciaron en 2019 y fue liberado en 2021. Es testigo protegido y vive con otra personalidad en algún lugar de los Estados Unidos que pocos conocen.


Ismael Zambada Imperial apodado “El Mayito Gordo” también debió pasar por la caja registradora antes de acogerse al privilegio de una condena corta. En su acuerdo de culpabilidad, este otro hijo de “El Mayo” aceptó “presentar un cheque de caja pagadero a United States Marshals Service por la cantidad de cinco millones de dólares en o antes de la fecha de la sentencia”, según el acuerdo.

“Mayito Gordo” fue detenido en 2014 en México y extraditado cinco años después. Se declaró culpable y le dieron nueve años de prisión que, con el crédito desde el año que fue detenido en México, la regla del 85 % y los 5 millones de dólares, lo llevaron a obtener su libertad en junio de 2022.

Uno más de los hijos de “El Mayo”, detenido y liberado tras depositar, fue Serafín Zambada Ortiz. A “El Sera” lo agarraron en septiembre de 2013 cuando viajó a Estados Unidos en compañía de su esposa. En 2018 fue sentenciado a cinco años, pero la jueza consideró atenuantes como su arrepentimiento y la entrega de 250 mil dólares, equivalente a parte de sus ganancias ilícitas. Semanas después, quedó en libertad.

Fuera de los Zambada, a Raúl Flores Hernández lo acusaron por ayudar a integrantes de El Cártel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación usando sus conexiones con fuentes de suministro en Sudamérica para coordinar el transporte de grandes cantidades de cocaína con destino a EU. Con sus ganancias invirtió en una extensa red de negocios y bienes raíces ubicados principalmente en Guadalajara, Jalisco. 

El recargo impuesto a “El Tío” Flores Hernández fue de 280 millones de dólares. Durante las negociaciones, los fiscales inicialmente recomendaron una condena de 11 a 14 años, pero, ante su resistencia, solicitaron cadena perpetua. En enero de 2024, la jueza fijó la pena en 21 años. Flores Hernández apeló, aunque es improbable que la sentencia se modifique, incluso si paga la multa.

Dámaso López Nuñez, “El Licenciado”, castigado con cadena perpetua en noviembre de 2018, días antes de que iniciara el juicio contra su compadre “Joaquín “El Chapo” Guzmán, tenía la amenaza de ser multado por una cantidad entre los 50 mil a los 10 millones de dólares. Luego se aclaró que le habían condonado la multa o que había estado debajo del rango de las directrices por “la incapacidad de pago”. Su expediente fue sellado. Su testimonio en el juicio contra “El Chapo” fue determinante para que le retiraran la cadena perpetua y, meses después, recuperara la libertad.

En contraste, a su hijo Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, se le impuso un decomiso de un millón de dólares, lo que derivó en una sentencia de “tiempo servido” en septiembre de 2022, cinco años después de entregarse a la DEA en la frontera en julio de 2017. Por su parte, Álvaro López Núñez, hermano de “El Licenciado”, pagó medio millón de dólares antes de recibir una condena de seis años y obtener la libertad.

A Joaquín “El Chapo” Guzmán no se le ofreció negociar. Tras ser declarado culpable, se le impuso una multa de 12 mil 666 millones 191 mil 704 dólares y, en julio de 2019, fue sentenciado a cadena perpetua. Ese mismo año, el entonces canciller Marcelo Ebrard propuso a Estados Unidos crear una comisión binacional para rastrear su fortuna y repartirla, pero el tema dejó de tratarse públicamente.

Meses después, el Departamento de Justicia logró arañar al menos millón y medio de dólares de aquellos ahorros con la multa aplicada a Emma Coronel Aispuro, última esposa de “El Chapo” Guzmán. Ella fue detenida en extrañas circunstancias en un aeropuerto de Virginia en febrero de 2021 y es una de las personas acusadas de conspirar para distribuir en Estados Unidos cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas, lavado de dinero y participación de transacciones y negocios con utilidades del narcotráfico, que menor sentencia ha recibido: 3 años, de los que cumplió solo 2 con 7 meses ya con multa pagada. 

Edgar “El Diablo” Veytia, exfiscal de Nayarit, aceptó pagar un millón de dólares mientras negociaba una reducción de condena. Su testimonio contra Genaro García Luna contribuyó al acuerdo, que redujo la pena de 20 años, impuesta en septiembre de 2019, a ocho años de prisión efectiva.


Estos casos muestran que el Departamento de Justicia otorga beneficios a quienes entregan o facilitan la localización de recursos ilícitos, bajo el concepto de “reparación del daño” y “desarticulación financiera de los cárteles”. En estos supuestos, se proponen reducciones de cargos y condenas por “cooperación extraordinaria”, acceso al Programa de Protección de Testigos y retiro de sanciones de la OFAC.


Decomisos no pagados o reducidos

Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, extraditado en 2013, fue sentenciado a cadena perpetua en 2017. La fiscalía solicitó un decomiso de 10 mil millones de dólares, pero el juez lo redujo a 529.2 millones, monto que no se ha recuperado.

Gerardo y José González Valencia, de “Los Cuinis”, fueron extraditados en 2020 y 2021, respectivamente. Ambos se declararon culpables. Gerardo recibió cadena perpetua y una multa de 341 millones de dólares; José, 30 años y una multa de 100 dólares. La primera sanción está apelada.

En 2018, Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, fue condenado a 49 años y 100 mil dólares de multa; su suegro, Carlos Montemayor, a 34 años y 192 millones. Montemayor no ha pagado y mantiene apelaciones.

Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, detenido en 2009, fue extraditado en 2012 y condenado a 10 años tras colaborar con autoridades mexicanas y estadounidenses. Aunque se anunció un decomiso de 100 millones, no hay registro de pago.


Rubén Oseguera González, “El Menchito”, fue sentenciado en julio de 2025 a cadena perpetua y un decomiso de 6 mil millones de dólares, calculados bajo el mismo método que el caso de Joaquín Guzmán: multiplicar el volumen estimado de droga por el precio de mercado, sin descontar costos operativos.

Narcos sin recursos y beneficios limitados

En el Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén fue extraditado en 2010, condenado a 25 años y multado con 50 millones de dólares; recuperó la libertad en 2024 tras cumplir 21 años. Su abogado, Juan Jesús Guerrero Chapa, reunió al menos 30 millones en efectivo de propiedades y escondites en Tamaulipas y Nuevo León.

Mario Cárdenas Guillén fue extraditado en 2022, multado con 10 millones y condenado a 14 años; fue liberado en 2024 tras acreditarse el tiempo cumplido en México. Jorge Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss”, sentenciado a cadena perpetua en 2022, fue exonerado de decomiso por “incapacidad de pago”.

Mario Núñez Meza, “El M-10”, recibió 40 años de prisión y un decomiso de 100 mil dólares. Óscar “El Lobo” Nava Valencia fue condenado a 25 años, liberado tras 14, y multado con 5 mil dólares, además de colaborar como testigo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: JUAN ALBERTO VÁZQUEZ.