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Jareth Roberto “H”, presunto homicida del delegado de la FGR en Tamaulipas ya había sido detenido en 2020

La FGR inició una investigación en contra de Jareth por posesión de armas largas y más de 200 cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, pero los dejaron libertad mientras se determinaba si ejercían o no acción penal en su contra.

Desde enero de 2020 Jareth Roberto “H”, único investigado por el homicidio del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, había sido detenido con armas largas y más de 200 cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 

Documentos a los que Proceso tuvo acceso señalan que, pese a ello, la FGR se vio obligada a liberar a “La Machorra” y otros tres hombres con los que fue detenido mientras eran investigados por portación de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y desde el año 2021 les perdió la pista.

De acuerdo con la documentación consultada el 24 de enero de 2020 Jareth Roberto “H”, Jesús Enrique “M”, Edgar Alejandro “M” e Hilarión “O” fueron detenidos en flagrancia por policías del estado de Tamaulipas y elementos de la Guardia Nacional con 4 armas largas tipo fusil calibre 7.62x39 milímetros; 242 cartuchos y 15 cargadores. 

Desde entonces la FGR inició una investigación en su contra pero debido a que los delitos no merecían prisión preventiva oficiosa en ese momento, el ministerio público federal los dejó en libertad mientras determinaba si ejercía o no acción penal en su contra. 

Para el 29 de mayo de 2021 la FGR envió su carpeta de investigación con terminación 220/2020 a un juez de control en el estado de Tamaulipas a quien además solicitó fijar fecha para audiencia inicial. 

El juez ordenó citar a los 4 investigados para el 30 de junio de 2021, sin embargo, sólo fue posible notificar a Edgar Alejandro “M”, mientras que a los demás no. 

En el caso de Jareth Roberto “H”, el actuario fue atendido por su papá quien indicó que su hijo ya no vivía con él y se negó a recibir cualquier notificación; Jesús Enrique “M”, no fue encontrado en su domicilio e Hilarión “O” señaló un domicilio “abandonado, con maleza y sin ventanas”, según refiere la orden de aprehensión emitida contra “La Machorra”. 

Aunque el juez podía llevar a cabo la audiencia sólo con Edgar Alejandro “M” la FGR dijo que prefería que estuvieran todos juntos. 

Ante ello, el juez le dio tiempo a la FGR para que encontrara a los tres que faltaban por notificar y, debido a que no lo logró, la causa penal número 176/2021 fue archivada el 24 de septiembre de 2021. 

Fue hasta el 25 de julio pasado que la FGR retomó el caso y solicitó órdenes de aprehensión contra los cuatro hombres, por lo que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, Ricardo Ignacio Rivera Pacheco concedió la petición únicamente por lo que hace a tres de ellos. 

Rechazó ordenar detener a Edgar Alejandro “M” porque fue el único del que se conocía el domicilio y a quien se pudo notificar en el año 2021 y que la audiencia no se llevó a cabo entonces a petición del fiscal encargado del caso. 

“En modo alguno hay un riesgo de sustracción que actualice la necesidad de cautela que refiere el fiscal; por el contrario, este juzgador estima que no existe por el momento. Sera´ cuestión de volverse a citar y si ya no se encuentra o no acude a audiencia, podri´a ser que se llegase a actualizar.  

“Cabe precisar que de no encontrarse en el domicilio, dicha cuestión no seri´a imputable al investigado, pues han pasado cinco an~os desde el hecho delictivo, por lo que el fiscal tendra´ la carga de la prueba de investigar el nuevo domicilio o la localizacio´n del investigado; por lo que debera´ realizar nuevos actos de investigacio´n, pues los que cita en su solicitud son del an~o dos mil veintido´s”, indicó el juez.  

Pese a que desde el 25 de julio pasado existía una orden en su contra Jareth Roberto “H” no buscó protección alguna sino hasta después del homicidio del delegado de la FGR en Tamaulipas, ocurrido el 4 de agosto. 

El 5 de agosto “La Machorra” solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión en el que el juez Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, Fidel Gallegos Figueroa le concedió una suspensión provisional que, en teoría, lo protegía contra su captura sin importar el delito por el que estuviera acusado. 

De acuerdo con el expediente 1065/2025, la demanda de amparo fue tramitada también por Edgar Alejandro “M”, contra quien actualmente no existe ninguna orden de captura. 

“SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a la parte quejosa respecto de los actos reclamados, en los siguientes términos: Para el efecto de que la parte quejosa no sea privada de la libertad personal y quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición del juez que lleve la causa penal de origen, para la continuación del procedimiento, y así garantizar la continuación del mismo; lo anterior, sin que importe el delito que se le atribuya.  

“Lo así expuesto no implica la paralización del proceso penal de origen, sino que el juez natural, en efecto, tiene la competencia legal para continuar con el procedimiento correspondiente. Empero, cuando la parte quejosa comparezca a la audiencia inicial, de ser el caso, podrá dictar las medidas cautelares pertinentes, incluida la prisión preventiva justificada a solicitud del Ministerio Público; sin embargo, la prisión preventiva no será ejecutable, ya que los solicitantes estarán bajo la jurisdicción del Juez de Distrito en lo que respecta a su libertad personal, en virtud de la suspensión concedida, siempre que ésta siga vigente”, indicó el juzgador de amparo. 

Al conceder la medida, que permanecerá vigente por lo menos hasta el 13 de agosto próximo cuando el juez celebre la audiencia incidental para determinar si concede la suspensión definitiva o no, los quejosos fueron requeridos para que exhiban una garantía de 10 mil pesos cada uno. 

Asimismo, el juez Séptimo de Distrito retomó los argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que consideró que la prisión preventiva oficiosa en México es inconvencional para ordenar que la suspensión los proteja aunque estén acusados por los delitos que merecen esta medida cautelar. 

“Se considera que existen elementos que configuran la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, ya que la suspensión provisional también evitará privar de la libertad a la parte quejosa cuando la orden de aprehensión esté relacionada con delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, interpretación que tiene como objetivo encontrar un equilibrio entre las leyes nacionales e internacionales, dando prioridad a aquella que brinde una protección más extensa. De tal modo que, ante el cambio de enfoque representado por las recientes sentencias y jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y considerando la naturaleza progresiva y dinámica del sistema jurídico mexicano, este órgano jurisdiccional estima conceder en los términos precisados la presente medida anticipada”, explicó. 

El 11 de agosto pasado, el juez notificó que la FGR tramitó un recurso de queja en contra de la concesión de la suspensión provisional, mismo que deberá ser resuelto por un Tribunal Colegiado. 

ÚNICO INVESTIGADO POR ATAQUE A FISCAL NO FUE PROCESADO POR ESE DELITO.

Pese a que “La Machorra” fue detenido el pasado 7 de agosto, la FGR no lo ha imputado por el homicidio del delegado de la institución en Tamaulipas, Ernesto Vásquez e incluso logró evadir uno de los tres delitos por los que fue aprehendido. 

El pasado 8 de agosto la FGR anunció su detención y supuesta relación con “Los Metros”, una facción del Cártel del Golfo y principal responsable del huachicol en Tamaulipas. 

La captura fue realizada a las 00:57 del 7 de agosto pasado en el centro de rehabilitación “Guerreros con ganas de vivir” ubicado en Reynosa donde, según la FGR, “La Machorra” se escondía. 

Allí, le fueron halladas dos pistolas calibre 9x19 milímetros Luger, marca Glock con cargadores abastecidos con 11 cartuchos cada uno, marihuana, metanfetamina y cocaína.  

En su comunicado, la FGR indicó que Jareth Roberto “H” es investigado por el homicidio de Vásquez Reyna, sin embargo, durante la audiencia inicial realizada por videoconferencia el 9 de agosto, no le imputó ningún delito relacionado con el ataque contra el funcionario federal. 

En cambio, le imputó posesión de armas de fuego de uso exclusivo de la fuerza armada permanente; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de la fuerza armada permanente y delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina, cocaína y marihuana 

Durante la audiencia inicial el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en el Estado de Sonora, en funciones de Juez de Control, Carlos Andrés Miranda Verdugo rechazó vincularlo a proceso por posesión de cartuchos y únicamente lo vinculó por los dos delitos restantes. 

El juez le impuso la medida de prisión preventiva justificada en el penal federal del Altiplano, por lo que su traslado se realizó vía aérea e ingresó el domingo al centro penitenciario. 

Asimismo, hasta ahora la FGR no ha ejecutado la orden de aprehensión que tiene pendiente desde el 25 de julio pasado por portación de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Graban despojo violento: científica y empresario austriaco denuncian abusos de los hermanos Kuri

Los restauranteros Carolina Mendoza y Armin Brandel acusan a los hermanos Kuri Carballo (ligados al Partido Verde) de orquestar su desalojo violento en Lomas de Angelópolis mediante amenazas, agresiones, difamación y abuso de poder. Los hechos, en complicidad con la policía de San Andrés Cholula.

El 7 de mayo último el matrimonio formado por la científica Carolina Mendoza y el ingeniero austriaco Armin Brandel fueron desalojados con violencia de su restaurante en el que no sólo invirtieron los ahorros de su vida (poco más de cinco millones de pesos), sino en el cual trabajaron para convertirlo, en pocos meses, en uno de los mejor calificados de la exclusiva zona de Lomas de Angelópolis de este municipio.

Aficionados a la cocina, Carolina y Armin creyeron estar cumpliendo un sueño al emprender ese establecimiento especializado en comida italiana al que llamaron Fenotti, pero al poco tiempo se vieron inmersos en la pesadilla que jamás imaginaron.

En lo que ahora asumen fue una maquinación, los restauranteros denuncian que fueron despojados de su trabajo y dinero en medio de una cadena de atropellos, difamación en medios de comunicación y redes sociales, robos, amenazas de muerte, violencia institucional, boicots al negocio, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, abuso de autoridad y falsificación de documentos, entre otras acciones. 

Ante distintas autoridades la pareja ha acusado a los hermanos Juan Pablo y Emilio Kuri Carballo, propietarios del Centro Comercial Riona High Plaza, de haber usado influencias políticas y poder económico para avasallarlos de diversas maneras hasta sacarlos de dos locales que en marzo de 2024 les arrendaron en obra negra y en los cuales invirtieron para acondicionarlos como un restaurante de alta gama.

Juan Pablo Kuri fue regidor en el Ayuntamiento de Puebla de 2014 a 2018, y, al mismo tiempo, fungió como dirigente estatal del Partido Verde hasta julio de 2019, cuando se integró al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) como secretario de Comunicación Social de ese partido hasta noviembre de 2020. 

De 2018 a 2021 fue diputado local, cuando el Verde se sumó a la alianza Juntos Hacemos Historia, que llevó a la 4T a ganar la gubernatura de Puebla. 

Además, los hermanos Kuri Carballo son hijos de Antonio Kuri Alam, quien fue delegado del Infonavit de 2016 a 2023, época en la que ese instituto fue señalado por demandar a derechohabientes en otras entidades del país para dejarlos en la indefensión. Al perder sus casas, éstas se remataron en favor de inmobiliarias.

En denuncias ante autoridades como la Secretaría de la Función Pública estatal, la contraloría de San Andrés Cholula, la embajada de Austria, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los restauranteros aseguran que en el entramado en su contra participaron servidores del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, que preside la panista Guadalupe Cuautle y del Sistema Operador de Agua y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).

Las maniobras para anular el contrato de renta, que se firmó por tres años, y para apropiarse de las adecuaciones que hicieron los empresarios, se relacionarían con que en ese centro comercial operará en breve una franquicia Akademi, de Kidzania, centro interactivo para niños que, al estar en la zona de mayor nivel socioeconómico de Puebla, atraería una alta afluencia de familias a esa plaza. 

Los Fenotti

Armin y Carolina llegaron a Puebla hace cuatro años, cuando la científica, doctora en Nanociencias y Materiales, fue contratada para trabajar en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE). Su pareja, quien labora en línea para Microsoft, no tuvo problema en cambiar residencia.

En entrevista con Proceso, explican que a principios del año pasado decidieron aventurarse y poner a trabajar sus ahorros en un restaurante en una zona de alta demanda como lo es Angelópolis. 

El 1 de marzo de 2024 firmaron un contrato de renta con los Kuri Carballo para pagar 100 mil pesos mensuales por dos locales en la Plaza Riona High, ubicada en el bulevar Atlixcáyotl.

Los dueños del centro comercial condicionaron el arrendamiento a que, en la adecuación de las instalaciones, que estaban en obra negra, contrataran al arquitecto Miguel Jacobo Yitani, amigo de los Kuri, quien cobró dos millones de pesos sin entregarles factura por sus servicios. 

Desde los primeros meses enfrentaron problemas, pues tuvieron que hacerse cargo de la instalación de gas, ya que, aunque el centro comercial rentó el lugar para restaurante, no contaba con ese indispensable servicio.

Armin asume ahora que esta intención de despojo estaba presente desde ese momento, pues en el proceso para tramitar licencia de funcionamiento y permisos de protección civil, los empleados de la plaza nunca entregaron documentos que requerían, por lo que tuvieron que contratar a un perito que resolviera esos trámites. “Creo que la intención era que no obtuviéramos los permisos, pero a pesar de todo, lo logramos”, refiere el austriaco.

“Éramos muy niños”, expresa al reconocer la ingenuidad con la que aceptaron condiciones, omisiones, tratos de palabra y cláusulas que luego usaron en su contra. 

Fenotti empezó a operar el 1 de agosto del año pasado. La pareja cuenta que el establecimiento logró ganar popularidad por lo que en poco tiempo empezaron a tener lleno los fines de semana. Esto, pese a los constantes saboteos de la administración a cargo de Rosario Pedraza, quien apagaba las luces de la plaza o dejaba sin funcionar elevadores y escaleras eléctricas, cuando aún tenían clientela. 

Detenciones y difamación

El 10 de enero de 2025 ocurrió el primer incidente grave. Carolina buscó estacionarse en un lugar cercano al local, pero el personal de seguridad se lo impidió.

Al suscitarse un altercado, los Brandel llamaron al 911 para pedir el auxilio de la policía vial, pero al lugar llegaron además elementos municipales que, luego de saludar con familiaridad a la administradora, esposaron a Armin y se lo llevaron detenido. Al temer la desaparición de su pareja, Carolina igual se subió a la patrulla. 

Ambos fueron llevados al Complejo de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula donde una jueza los puso en libertad al no haber cargos, aunque las fichas que les levantaron dice que fueron aprehendidos por “escandalizar en evento deportivo” y los obligaron a pagar dos mil pesos de multa.  

En su denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Armin afirma que los policías fueron sobornados por la administradora de la plaza, Rosario Pedraza, para grabarlo en video cuando lo subían a la patrulla. Esas imágenes fueron pautadas en medios de comunicación locales y en redes sociales para exponer al austriaco como un “agresor de mujeres”. 

“Armin Brandel ya tiene antecedentes de agresiones y es conocido por ser conflictivo. Este incidente no es el primero en el que se ve involucrado en situaciones de violencia”, dice una de las notas de ese día.

En tanto que Pedraza presentó una demanda contra Armin al que acusó de haberla agredido físicamente por el espacio de estacionamiento. 

Tras esta andanada mediática, el austriaco acudió ante la embajada de su país en México y el 13 de enero dio una rueda de prensa en la que señaló a los Kuri Carballo de usar sus contactos y recursos económicos para hostigarlo y difamarlo. 

En ese momento pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta para que hicieran prevalecer el Estado de derecho y la certeza jurídica en su derecho al trabajo y el de los 15 empleados del restaurante.

Amenaza de desalojo y clausura

El 20 de febrero último, cuando el restaurante apenas tenía seis meses de operar, los empresarios fueron notificados de un juicio de desalojo en el que los Kuri pidieron conservar las adecuaciones y retener tres meses que habían pagado como depósito.

A partir de entonces iniciaron la defensa legal, que aún sigue en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y Juicios Federales en Puebla bajo el expediente 14/2025, aunque el desalojo ya se consumó.

La pareja menciona que sus abogados dieron por hecho que la demanda no procedería, pues los Kuri usaron la vía mercantil, cuando el contrato de renta es civil. No obstante, el juzgado inicio el proceso y les pidió una garantía de 800 mil pesos. 

Luego de que ellos recurrieron al amparo y al observar la posible falta de competencia de la vía mercantil, Armin cuenta que los Kuri desataron otras estrategias de presión. 

El 4 de abril un inspector del SOAPAP llegó a Fenotti y cortó el suministro del agua bajo el argumento que incumplían con permisos de descargas, aunque éstos no correspondían al establecimiento, sino al centro comercial. 

Para no suspender el servicio, los empresarios instalaron un tinaco y compraron otros dos recipientes que no usaron. Armin asegura que la noche del 7 de abril, cuando ya el restaurante había cerrado, empleados del centro comercial allanaron la terraza de su local y tiraron desde la segunda planta dos de los tinacos. Días después, afirma, los encontraron en una bodega de la plaza, aplastados y orinados. 

El austriaco, alertado por un vecino, regresó al restaurante cuando acababa de ocurrir este hecho y encontró patrullas de la municipal de Cholula en el lugar que se negaron a actuar, aunque les mostró los videos de las cámaras de seguridad donde identificó a trabajadores de seguridad de la plaza ingresando al negocio y lanzando los tinacos. 

En tanto, la SSPPC de Cholula emitió un comunicado ese día en el que descartó que se tratara de un robo y expuso que todo se debió a la falta de pago de agua por parte del restaurante. Aseguró que los tinacos fueron resguardados por personal de la plaza, aunque en el video se ve cuando los lanzan desde la terraza. 

Tras cinco días sin servicio de agua, el SOAPAP reconoció la ilegalidad del corte aplicado el 4 de abril y reconectó el suministro al restaurante. 

Dos días después, el 11 de abril, inspectores de Protección Civil llegaron a Fenotti con la intención de clausurarlo. Los empresarios relatan que presentaron todos los permisos en orden, pero los empleados del ayuntamiento de Cholula arguyeron el peso de los tinacos llenos de agua, aunque estos fueron robados. 

Colocaron un gran pegote de “clausurado” en una de las ventanas del local.  

De nueva cuenta, la SSPPC de Cholula publicó un comunicado para sostener que la clausura del restaurante se debió a que se “constató que los tinacos llenos de agua se encontraban adentro del inmueble”.  Y de nuevo, la nota fue difundida en medios. 

Los propietarios de Fenotti iniciaron el 14 de abril un procedimiento administrativo de revisión y, el día 23, la Secretaría de Protección Civil del municipio anuló por irregular esa clausura, aunque nunca se presentaron para retirar el pegote de “Clausurado” que causaba confusión entre los clientes. 

También, afirman que otro de los ataques fue mediante bots en Google, Instagram y Twitter para tumbar la calificación de las reseñas de Fenotti que era de 4.9. Tras una denuncia pudieron comprobar el ataque masivo y anular los falsos mensajes. 

Armin y Carolina reconocen que a este punto ya estaban agotados y desgastados anímica y económicamente. Cuando los abogados les advirtieron que podrían proceder al desalojo con el uso de la fuerza pública, decidieron salirse voluntariamente pensando en la seguridad de sus empleados y de ellos. 

Carolina asegura en una de las demandas que en ese entonces la administradora del centro comercial se acercó a ella y le dijo: “Si no se largan, los Kuri los van a matar”.

El 7 de mayo pasado comenzaron a desocupar los locales en presencia de un representante de la CEDH. Pero Carolina cuenta que apenas éste se retiró, los empleados de la plaza desataron la violencia, rompieron vidrios y los amedrentaron para tratar de impedir que siguieran sacando sus equipos. 

Todo esto ocurrió frente a elementos de la policía de San Andrés, de un supuesto notario y de representantes de medios de comunicación. 

Carolina mostró a Proceso un video (ver en el link original) donde ese día Octavio de Jesús Solís Morán, apoderado legal de los Kuri, se lanza a golpes contra un empleado del restaurante y contra ella misma, a la que tiró al piso para arrebatarle el celular con el que grababa.

Entrevistado por este medio, Raúl Sánchez Betanzos, consejero jurídico del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, rechazó que la alcaldesa, Guadalupe Cuautle, tenga alguna inclinación en favor de los Kuri y aseguró que las denuncias presentadas por los Brandel contra policías y servidores públicos ante la Contraloría Municipal se investigarán y se procederá si se encuentran responsabilidades.

“Yo puedo pensar que, de mala fe, la administradora haya presentado denuncias. Fuimos dos áreas, una municipal y otra estatal que fue el SOAPAP, que caímos a lo mejor en el engaño y nos subieron a un escenario de particulares donde nosotros no teníamos nada que ver”, argumentó.

De la misma manera, Proceso buscó la posición de los hermanos Kuri, pero sólo se pudo contactar a la administradora de la plaza Riona, Rosario Pedraza. En respuesta a los señalamientos, este medio recibió ligas de internet sobre las notas publicadas en distintos portales locales sobre las “conductas agresivas” por parte de Armin Brandel. 

Rosario Pedraza insistió en que fue agredida y ofendida por el empresario austriaco. “Están mal de la cabeza”, dijo. 

Los Brandel acudieron ante las autoridades a denunciar cada uno de estos hechos, igual que se quejaron ante la alcaldesa de San Andrés, pero hasta ahora nada ha procedido. Dicen que en este trayecto descubrieron que no son los únicos que han sido víctimas de despojo por parte de los Kuri. 

“Cedimos porque, aunque Fenotti fue un espacio construido con amor, esfuerzo y sueños compartidos, ningún negocio merece sostenerse a costa de la paz, la salud mental y la integridad física de quienes lo crean”, manifestaron en un mensaje que confirma su cierre.
Lo que con amor, esfuerzo y disciplina construimos se entregó al despojo, ¿Por qué? Porque este despojo estaba pactado desde el día mismo que acudimos al pent-house del edificio Komplex a celebrar la firma del contrato de arrendamiento. Porque entramos en un sistema perfecto, que se desarrolla en silencio, pero protegido y encubierto por las autoridades que nos negaron refugio. ¿Por qué? Porque sacamos permisos y licencias en lugar de dar mordidas, porque como niños confiamos que las autoridades actuarían.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

La Reforma Electoral es “una estrategia de concentración autoritaria”: Consejo de Nueva Derecha

La organización de corte conservador y religioso consideró que dicha reforma es parte de una “agenda que amenaza con desarticular la democracia mexicana”.

El Consejo de Nueva Derecha condenó la reforma electoral que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: “No es un proyecto para mejorar la democracia, sino una estrategia de concentración autoritaria –inspirada en modelos de regímenes socialistas y autocráticos– que han llevado a la opresión y al control total del poder”.

En un comunicado, la organización de corte conservador y religioso consideró que dicha reforma es parte de una “agenda que amenaza con desarticular la democracia mexicana”, y exigió que el Consejo sea incluido de manera formal en los foros y debates públicos donde se discutirá: “Al ser una organización que representa y articula a diversos movimientos patriotas, conservadores y libertarios comprometidos con la defensa de la libertad y la soberanía nacional”.

Lo anterior se da un día después de que Sheinbaum instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral encabezada por Pablo Gómez Álvarez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

En su pronunciamiento, el Consejo de Nueva Derecha calificó a Gómez Álvarez como un personaje de “corte estalinista, con un largo historial de resentimiento ideológico”, mientras que, sobre la Comisión, dijo que “está hecha a modo del Gobierno”, al “no representar a la sociedad ni a todas las fuerzas políticas, sino únicamente los intereses de Morena”.

Además, enlistó una serie de críticas contra la reforma electoral:
  • “Fin de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE): La elección de consejeros electorales por voto popular aparenta ser democrática, pero en la práctica abre la puerta para que el partido gobernante —e incluso el narco— controle al árbitro electoral. Tal como ya sucedió con la elección de integrantes del Poder Judicial”.
  • “Financiamiento desigual y riesgo de corrupción: Reducir el financiamiento público a los partidos políticos no es un acto de austeridad, sino un mecanismo para debilitar a la oposición”.
  • “Centralización del poder y debilitamiento del federalismo: La de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y la de regidores municipales concentrarán aún más el control en el Ejecutivo federal, reduciendo la representación local y debilitando el federalismo que sostiene el equilibrio político de la República. Tal y como ha sucedido en otras reformas, eliminar organismos autónomos erosiona el sistema de pesos y contrapesos en el país”
“Hacia un partido de Estado”

El Consejo de Nueva Derecha también aseguró que la reforma electoral busca la eliminación de legisladores plurinominales como un golpe directo a la representación de las minorías políticas que busca “consolidar la hegemonía de Morena y allanar el camino hacia un sistema de partido único, como el Partido Comunista Chino o el partido hegemónico soviético”.? 

Sin embargo, la organización conservadora no habló sobre las declaraciones que hizo la titular del ejecutivo durante la instalación de la Comisión? Presidencial para la Reforma Electoral, pues al ser cuestionada sobre los obstáculos que existen para la fundación de nuevos partidos en México, Sheinbaum dijo que la ciudadanía “está hoy muy consciente y no hay por qué limitar la participación de nadie”. Sin rodeos, la presidenta declaró: “Sí, que haya más partidos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

México extradita a 26 narcotraficantes a EU; el Departamento de Justica no pedirá pena de muerte

Los extraditados, vinculados a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos, son considerados un riesgo para la seguridad pública, informaron SSPC y FGR.

En un nuevo capítulo de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, esta mañana fueron extraditadas 26 personas desde diversos centros penitenciarios mexicanos a territorio estadunidense, informó la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los extraditados, vinculados a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos, eran considerados un riesgo para la seguridad pública y enfrentaban órdenes de extradición solicitadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que garantizó no buscar la pena de muerte para los reos.

"La custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país. Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones", detallaron las dependencias en un comunicado conjunto.

El Gabinete de Seguridad ofrecerá una conferencia de prensa para brindar más detalles el miércoles 13 de agosto a las 11:00 horas en el auditorio de la SSPC.

Esta acción se produce en un contexto de intensa presión por parte de la administración de Donald Trump, quien ha hecho del combate al tráfico de fentanilo y al crimen organizado mexicano una prioridad de su política.

Desde su regreso a la presidencia, Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25% a productos mexicanos si México no intensifica sus esfuerzos contra el flujo de fentanilo y la migración irregular, lo que ha acelerado las negociaciones bilaterales en materia de seguridad.

Esta acción se suma a recientes movimientos bilaterales en materia penitenciaria. Hace un día Estados Unidos trasladó a México a 14 reos sentenciados por delitos contra la salud, quienes cumplirán sus condenas en centros penitenciarios nacionales, en cumplimiento del Tratado entre México y EU sobre la Ejecución de Sentencias Penales. Según autoridades estadunidenses, esta medida permitirá ahorrar más de un millón de dólares en costos de mantenimiento.

Por su parte, en febrero de 2025, México extraditó a 29 presuntos narcotraficantes, incluyendo a figuras de alto perfil como Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, antiguos cabecillas de Los Zetas.

Estas extradiciones, que incluyeron a miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación y de Los Chapitos, fueron criticadas por algunos expertos mexicanos por presuntamente haber eludido procedimientos legales establecidos, evidenciando la urgencia de México por responder a las demandas de Washington.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Homicidios en Sinaloa bajaron 20% en julio 2025, afirma García Harfuch

Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal informó, el 12 de agosto de 2025, que en Sinaloa se redujo el delito de homicidio en 20 por ciento, durante julio del mismo año.

“Se ha registrado una disminución del 48 por ciento en homicidios, con respecto a febrero del 2025 [a nivel nacional]. ”, dijo el titular de la SSPC Federal, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional,

García Harfuch indicó que en las últimas semanas se logró la detención de 35 generadores de violencia en Sinaloa y con el trabajo coordinado entre el gabinete de Seguridad Federal y autoridades estatales, se registró una reducción del delito de homicidio en un 20 por ciento en julio de 2025, respecto al mes anterior.

El funcionario federal recordó que durante mayo y junio de 2025 se elevaron los homicidios en dicha entidad “y ahorita en julio vuelve a descender ya en un 20 por ciento”. Asimismo, señaló que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y con el incremento del estado de fuerza en algunas entidades, en la última semana también se logró detener a 35 generadores de violencia en Sinaloa.

Además, el titular de la SSPC comentó que como parte de la estrategia de Seguridad en el país, durante las últimas tres semanas habían sido detenidas 2 mil 458 personas; se aseguraron 900 armas de fuego y 12 toneladas de droga.

Además, según destacó García Harfuch, durante su participación para dar a conocer el Informe de Seguridad, se inhabilitaron 65 laboratorios para la producción de drogas. Subrayó la reducción en 25 por ciento de los homicidios, con respecto a septiembre de 2024.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Tribunal confirma exonerar a 36 reclutados en “Escuela del terror” del CJNG

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito con residencia en Guadalajara confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado por un Juez de Control en favor de 36 jóvenes que inicialmente fueron detenidos a finales de enero de 2025 por militares en el Rancho La Vega, en la delegación del mismo nombre, municipio de Teuchitlán, Jalisco.

En la misma resolución se confirmó que la primera persona capturada en el sitio siga vinculada a proceso por posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y prevalezca la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su contra.

La fallida apelación interpuesta por el Ministerio Público de la Federación está relacionada con los hechos ocurridos aproximadamente a las 17:50 horas cuando personal militar verificaba un reporte de habitantes de la región sobre la presencia de personas armadas rondando por diversos sembradíos de caña.

Los elementos castrenses circulaban sobre un camino de terracería en la delegación de La Vega cuando observaron a un sujeto que portaba un chaleco táctico del que sobresalían cargadores para armas de fuego largas. Al ir en su persecución, el tipo se introdujo en una galera elaborada con tabicón y techo de lámina.

El sospechoso ingresó a la finca gritando “nos cayeron, nos cayeron” y al entrar los soldados por el portón principal, encontraron a un número considerable de jóvenes, unos acostados en el suelo y otros recargados en la pared, observando que había siluetas fijas para prácticas o ejercicios de tiro al blanco.

Al realizarles una revisión a los ahí presentes, sólo el tipo que corrió a refugiarse portaba en el chaleco, en el pecho, tres cargadores para fusil calibre 5.56×45, con 25 cartuchos cada uno, así como otros dos cargadores similares en una piernera, abastecidos con 28 proyectiles cada uno. El resto de las personas no tenía objetos ilícitos en su poder.

Sin embargo, a una distancia de unos cinco metros de distancia de donde estaban los jóvenes, había una mesa con cinco cofres metálicos, color verde militar, en donde se encontraron 245 cartuchos calibre 7.62×39, en el primero; 54 cartuchos calibre 7.62×51 y 30 cartuchos calibre .45, en el segundo.

En el tercer cofre fueron asegurados 420 cartuchos calibre .9 mm; en el cuarto, 304 proyectiles calibre .40 mm; y en el último de ellos, 555 cartuchos calibre 5.56×45. A un costado, esparcidos sobre el piso se localizaron 11 cargadores para arma de fuego calibre 5.56×45 y un cargador del calibre 7.62×39; todos desabastecidos.

También había seis chalecos tácticos color beige, un chaleco verde con estampado militar, dos pistoleras con estampado militar, una piernera con portacargador doble, cuatro radios de comunicación con tres bases, un tomacorriente, así como un vehículo Honda CRV, color gris, con placas de Jalisco.

ESCUELA DEL TERROR

Desde el 6 de febrero del año en curso, el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, decretó auto de no vinculación en favor de 36 jóvenes imputados y estableció que de los datos de prueba a que hizo referencia la Fiscalía no se acreditó su probable responsabilidad en su comisión de los hechos materia de la imputación.

Llamó la atención del juzgador lo narrado por quienes al final resultaron ser víctimas, sobre todo dos jovencitas que tras ser cooptadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sufrieron agresiones sexuales, y con base en un rol de género –femenino- las obligaron a cocinar y servir a sus captores y hombres en cautiverio.

Las 36 personas, de manera unánime, refirieron que procedían de diferentes lugares del país, porque recibieron propuestas de trabajo y aseguran que fueron contactados a través de redes sociales, invitándolos para emplearse y aceptaron, motivo por el cual llegaron a la Central Camionera de Guadalajara.

También dijeron que desde el 26 de enero de 2025, les consiguieron los pasajes para autobuses y que al llegar, todos, a diferentes horas, fueron llevados a una tienda Oxxo a bordo de un carro, al parecer de plataforma Uber, de color rojo, tripulado por una persona güera, alta, con gorra, pelón, con un tatuaje de una pantera.

Después los llevaron a la galera, de la que no podían salir. Algunos mencionaron que observaron armas de fuego en el sitio y que unas personas les amenazaron e indicaron que si salían, los iban a matar.

Una de las víctimas declaró que al llegar a la galera le ordenaron quitarse la ropa y lo pusieron a hacer sentadillas, observando que había acostada en el lugar y que a la mañana siguiente llegó una persona que les dijo a todos: “Ustedes ya están reclutados para la escuela del terror”.

Otros dos jóvenes coincidieron en relatar que, al momento de que fueron cooptados, los obligaron a hacer un vídeo, en el cual señalaron que, de forma voluntaria, estaban formando parte del “Cartel Jalisco Nueva Generación”.

La mayoría de los jóvenes –inicialmente imputados- hicieron el señalamiento de que les indicaban que tenían dos opciones, o se quedaban o se retiraban, pero si se quedaban, en tres meses iban a salir por la puerta grande, adiestrados, pero si se iban por la puerta chica, saldrían con los pies de frente, muertos.

Antes de que se les considerara víctimas, muchos de los jóvenes fueron agredidos por los elementos militares, quienes les consideraban sicarios y les preguntaban por los líderes y la organización criminal, motivo por el cual presentaban lesiones. Sin embargo, se desconoce si el Ministerio Público Federal abrió o no la carpeta de investigación para indagar los actos de tortura.

La resolución que dejó en libertad a los reclutados por el CJNG dejó inconforme al fiscal adscrito al juzgado, quien interpuso el recurso de revisión y el asunto llegó al Primer Tribunal Colegiado en la especialidad. En sus agravios, la Fiscalía argumentó que los imputados utilizaban frases idénticas y que pudieron ser aleccionados por la defensa.

El Ministerio Público Federa estima que el juez únicamente prestó atención a la versión de descargo, en el sentido de que los imputados fueron víctimas de reclutamiento forzado del crimen organizado, sin considerar las contradicciones entre ellos y que se colmaban los requisitos para dictarles auto de vinculación a proceso.

Sin embargo, los magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación resolvieron, por unanimidad de votos, que en los agravios del fiscal no se rebatió cada tópico argumentado por el juzgador “pues es evidente que hace afirmaciones generales, sin cuestionar con razonamientos jurídicos aptos, las anteriores consideraciones que sustentan la (resolución) recurrida”.

Así se confirmó el auto de no vinculación para los 36 jóvenes y también el auto que si vincula a proceso al sujeto que poseía los cargadores con cartuchos para arma de fuego larga y realizaba funciones de vigilancia en el exterior del Rancho La Vega.

Estos hechos se conocieron antes que los verificados en el Rancho Izaguirre, delegación La Estanzuela, en el mismo municipio de Teuchitlán, el 6 de marzo siguiente, donde también existía un campo de adiestramiento del CJNG, e inicialmente, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas aseguraban que se trataba de un “centro de exterminio”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS DÁINZ.

Expresidentes del IFE-INE pueden participar en la Reforma pero no son especiales: CSP

Claudia Sheinbaum subrayó que todas y todos tienen derecho a participar en la construcción de la Reforma Electoral, lo que incluye a expresidentes del IFE-INE que deseen expresar su punto de vista, pero sin creer que debe considerarse "como algo especial".

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo la mañana de este martes que tanto en los foros y debates de consulta para la Reforma Electoral “se considerará a todos por igual”; y que los expresidentes del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y del ahora Instituto Nacional Electoral (INE), y la oposición podrán participar, “pero igual que los demás”, pues consideró que algunos opositores “se sienten superiores” y actúan “como si fueran una élite” al anunciar que presentarán su propia propuesta.
“Pueden participar. Nadie les niega la participación, pero ¿por qué ellos van a presentar una propuesta como si fueran una élite? No. Ellos son como todos los demás. Todos somos iguales, cada uno con una responsabilidad distinta”, expresó durante su conferencia de prensa matutina.
Sheinbaum Pardo insistió en que todos tienen derecho a participar y que habrá consultas respecto a la Reforma Electoral. No obstante, acusó que “ellos se sienten superiores, que están por encima del pueblo de México, que debe considerarse su opinión como algo especial”, pero recalcó que no es así.


Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, reiteró que exconsejeros e integrantes de la oposición pueden participar como toda la gente, ya que ni son más ni son menos. “Como cualquier persona pueden tener su propuesta de qué puede incluirse”, apuntó.

Además, Sheinbaum destacó particularmente los casos de Lorenzo Córdova Vianello y Luis Carlos Ugalde, de quienes, añadió, “llama la atención que hablen de autoritarismo, que digan que México ya es autoritario y que la reforma representa hacer a México más autoritario. ¿Qué evidencia tienen de que hay autoritarismo en México?”. Señaló que, para ellos, la aprobación de la Reforma Judicial sería esa evidencia: “Eso llama la atención”.

También reprochó que “cómo es posible que Lorenzo hable de autoritarismos cuando él, de forma autoritaria y despectiva, se refirió a indígenas”. Además, recordó que nunca se cuestionó la compra de votos de 2012, ni casos como “los amigos de [Vicente] Fox” o “Pemex Gate”.


La Presidenta de México defendió la Reforma Electoral, con la que el Gobierno federal busca, entre otras cosas, reducir los costos de las elecciones:
“Lo que nosotros queremos es que no le cuesten tanto al pueblo las elecciones. No tienen por qué costar tanto”. Añadió que los partidos políticos —“desde Morena y hasta el PRI [Partido Revolucionario Institucional]”— reciben recursos públicos no sólo para procesos electorales, sino también para su operación ordinaria. “Me refiero a prebendas, salarios que han tenido desde hace mucho tiempo y de paso los 'pluris', que la lista de 'pluris' se ha convertido en el reparto interno de puestos para las cúpulas de los partidos políticos”, denunció.
Por último, la mandataria mexicana afirmó que la propuesta de su Gobierno pretende que haya una representación real del pueblo. “Finalmente esta es la definición de la democracia. ¿Ellos son más que otros? No”, concluyó.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Sheinbaum pide a Pemex revisar si hay contratos con empresarios acusados de sobornos

El Departamento de Justicia de EU acusó a dos empresarios mexicanos de pagar sobornos en efectivo y artículos de lujo a funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021. Uno de ellos ya fue detenido; el otro está prófugo y vinculado al crimen organizado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum  Pardo ordenó una investigación sobre posibles contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) vinculados a dos empresarios mexicanos acusados en Estados Unidos de pagar sobornos millonarios a funcionarios de la empresa estatal entre 2019 y 2021.
“Hay que revisar si hay contratos con estas personas. Ya pedimos información a Pemex y al Gobierno de Estados Unidos”, declaró la mandataria federal durante su conferencia matutina.
La titular del Ejecutivo también instruyó a la Secretaría Anticorrupción y a la Fiscalía General de la República (FGR) a intervenir en caso de hallarse nexos con los contratos.


Uno de los acusados, Mario Alberto Ávila Lizárraga, se encuentra prófugo y fue candidato del Partido Acción Nacional al Gobierno de Campeche.

“Vale la pena hablar del empresario prófugo porque fue militante del PAN, trabajó en Pemex y está acusado por corrupción. Hoy es buscado por el Gobierno de Estados Unidos”, destacó la Presidenta Sheinbaum Pardo.

La acusación formal, presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, señala que Ávila Lizárraga y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, ambos residentes en Texas, ofrecieron al menos 150 mil dólares en efectivo, relojes de lujo y artículos de diseñador para manipular licitaciones y obtener contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP).


Además, las autoridades estadounidenses vinculan a Rovirosa Martínez con redes del crimen organizado, lo que agrava el caso. Mientras que éste ultimo ya fue detenido, Ávila Lizárraga permanece prófugo.

Por ello, el Gobierno mexicano revisará el periodo 2019–2021 para detectar posibles contratos irregulares y determinar si hubo complicidad institucional.

La investigación se realizará en coordinación con autoridades estadounidenses bajo el marco de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La FGR apelará absolución de Vallarta; "es una obligación defender a víctimas", dice

Israel Vallarta pasó 19 años y casi ocho meses detenido sin sentencia. Fue hasta el 1 de agosto de este 2025 que la Jueza Mariana Vieyra le dictó una sentencia absolutoria.

La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la sentencia de primera instancia que otorgó la absolución y libertad a Israel Vallarta, informó hoy el titular de esa dependencia, Alejandro Gertz Manero, quien argumentó que existen al menos otras seis carpetas de investigación contra Vallarta, relacionadas con víctimas que no tuvieron vínculo con el montaje de Televisa y Carlos Loret de Mola.
"Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro, y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño”, dijo en la "mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Y es que la resolución judicial que absolvió a Israel Vallarta generó cuestionamientos sobre el destino de otras carpetas de investigación en su contra, entre ellas las relacionadas con el secuestro de Valeria Cheja y Shlomo Segal.


Durante la conferencia matutina, el titular de la FGR explicó que “el delito de secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona”. “En este caso particular, hay seis personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva. Y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión", sostuvo.

Gertz precisó que se trata de seis víctimas previas al montaje mediático, y reiteró que la Fiscalía tiene la obligación moral y ética de no dejarlas en la indefensión, por lo que confirmó que interpondrá un recurso de apelación para garantizar su derecho a la reparación del daño.

En el caso de Valeria Cheja, ella fue secuestrada el 31 de agosto de 2005 y liberada el 5 de septiembre, cuando era estudiante tras el pago de un rescate. En sus declaraciones, señaló que durante su traslado por agentes federales reconoció un automóvil Volvo gris plateado que habría sido usado en su secuestro. Sobre este caso, Israel Vallarta ha sostenido que las declaraciones de Valeria tienen inconsistencias, pues mencionó que el vehículo era blanco.


El seguimiento al automóvil identificado llevó a los agentes al rancho Las Chinitas. Tres meses después, Vallarta fue detenido en ese lugar, en un operativo que se presentó como transmisión en vivo, pero que en realidad fue una recreación en la que participó el periodista Carlos Loret de Mola.

Israel Vallarta afirma que el caso se desvirtuó por las contradicciones de la joven, y que ella incluso confesó al escritor Jorge Volpi que el evento nunca ocurrió, señalando que agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) le mostraron fotografías para que lo identificara.

En otro caso, el empresario Shlomo Segal, secuestrado en 2003, declaró que Vallarta fue quien lo mantuvo cautivo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Comunidades toman Instituto Electoral de Michoacán por «ineficiencia» y discriminación

Comunidades p’urhépechas, otomíes y afromexicanas tomaron este martes el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y denunciaron su «ineficiencia, lentitud y burocracia» para operar consultas de las comunidades originarias, principalmente, consultas de autogobierno.

Las comunidades, organizadas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), señalaron que la solicitud de autogobierno de San Miguel del Monte fue presentada desde el 9 de agosto de 2024 y que, a un año de distancia, el IEM no ha realizado la consulta correspondiente, que viola el Código Electoral del Estado que establece un plazo de 15 días hábiles.

También recordaron que el IEM negó consultas en otras comunidades, como Chapa Nuevo y El Ticuiz, bajo argumentos «burocráticos y discriminatorios», que después fueron revocados por el Tribunal Electoral del Estado (TEEM). En ambos casos, el TEEM concluyó que el IEM no respetó los derechos colectivos ni los principios de libre determinación.

En el caso de San Miguel del Monte, acusaron al Instituto de imponer una consulta por urnas, a pesar de que la comunidad ha elegido históricamente a sus autoridades por voto a mano alzada. Ante ello, anunciaron que se mantendrán en lucha jurídica y social para exigir el respeto a sus decisiones.

COMUNICADO:

Toman instalaciones del IEM, exigen respeto a la autodeterminación de San Miguel del Monte #CSIM🟪🟦🟨🟩

¡Exigimos Respeto a la Libre Autodeterminación de San Miguel del Monte!

AL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Comunidades indígenas y afromexicanas de #Michoacán a 11 de agosto de 2025.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por 80 pueblos p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanos, manifestamos colectivamente lo siguiente:

En primer lugar, queremos denunciar la ineficiencia, lentitud y burocracia del Instituto Electoral de Michoacán #IEMich, para operar las consultas de las comunidades originarias, como lo demuestra la solicitud para el autogobierno de la comunidad Matlazinca o Pirinda de San Miguel del Monte, la cual fue presentada el 9 de agosto de 2024 y que a un año de que fue recibida, no se ha llevado a cabo, esto a pesar de que el Código Electoral del Estado de Michoacán establece una temporalidad de 15 días para su realización “Una vez presentada la solicitud, el Instituto Electoral de Michoacán realizará en conjunto con el Ayuntamiento, en un plazo de quince días hábiles, una consulta previa, libre e informada a la comunidad en la que se especifique si es deseo de la comunidad el elegir, gobernarse y administrarse de forma autónoma” Sin embargo, en ninguna de las 32 consultas que ha realizado el IEMich sobre presupuesto directo, ha cumplido con los tiempos que marca la ley.

En los últimos meses, el IEMich ha tomado una serie de decisiones contrarias a los derechos de los pueblos indígenas, el 19 de marzo de 2025, rechazó la consulta de autogobierno de la comunidad de Chapa Nuevo, argumentando que no era una “Encargatura del Orden Independiente”, sin embargo, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán #TEEMich resolvió que el IEMich no consideró adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas, ni realizó las diligencias adecuadas para resolver el caso, enmendándoles la plana y ordenándoles repetir el proceso.

Posteriormente, el 27 de abril, negó la consulta a la comunidad afromexicana de El Ticuiz, arguyendo que no existía legislación local que reconociera los derechos de los pueblos afrodescendientes e ignorando lo que establece la Constitución Federal, lo que significó una regresión a los derechos colectivos, por lo que otra vez el TEEMich tuvo que corregirlos.

Hoy, nuevamente ignora, discrimina y excluye a la comunidad Matlazinca de San Miguel del Monte, al negarle realizar la consulta para su autonomía por usos y costumbres e imponerle arbitrariamente que sea por medio de urnas, con lo que reitera su actuar trasgresor de los derechos indígenas. Esto a pesar de que en las últimas 3 elecciones para elegir autoridades en San Miguel han sido a mano alzada, siendo estas para elegir Jefes de Tenencia, Comisariado Ejidal y Jueces Menores.

Por lo anterior, el día de hoy la comunidad Pirinda se encuentra en pie de lucha, para exigir que sea respetada su libre autodeterminación, además de que esta resolución impositiva del IEMich, será impugnada en tribunales y acompañada por movilizaciones y manifestaciones, seguiremos luchando jurídica y socialmente hasta que se respeten las decisiones colectivas de San Miguel del Monte. ¡El IEM ha discriminado a los pueblos p’urhépecha, afromexicano y matlazinca! ¡Basta ya de imposiciones y discriminación!

🦅 CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El Mundial 2026 agita los conflictos por vivienda digna en la Ciudad de México

Apenas veinte días antes de que la marcha contra la gentrificación sorprendiera a las colonias Roma y Condesa con su reclamo de responsabilidad a los turistas y migrantes del norte global, por la expulsión de la población originaria y el encarecimiento de las vida en el Ciudad de México, la empresa Airbnb había anunciado su maridaje con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) como la “plataforma oficial de reservas de alojamiento alternativo y experiencias”.

Asumido desde entonces como un “promotor” del evento, el acuerdo colocó a Airbnb en una posición de superioridad frente al gremio hotelero que se ha sumado a las exigencias de regulación de la plataforma, que proyecta generar un ingreso de 35 millones de dólares por el cobro de al menos 60 dólares por persona y por noche (unos mil 200 pesos mexicanos) a las 90 mil personas que usarían la plataforma para alojarse, según la información publicada en un informe de la empresa titulado “El papel de Airbnb en la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

“Mucha gente está en proceso de búsqueda de espacios para rentar y no encuentra, porque todo está carísimo”, explicó en entrevista uno de los convocantes a la manifestación anti-gentrificación, que gestiona la página “Gentrificación en tu idioma”, quien prefirió que no se publique su identidad en este reportaje. “Eso provocó que la convocatoria a la marcha del 4 de julio se extendiera tanto, porque estamos en la punta de la crisis: el encarecimiento está provocando el desplazamiento por no poder pagar, hay gente que tiene que elegir entre pagar la renta o pagar los servicios, porque no le alcanza. Esto, junto al choque geopolítico que hay actualmente con Trump (por las políticas de persecución de migrantes en Estados Unidos) y la llegada de estadounidenses a las zonas centrales de la ciudad, amplificó el reclamo contra ellos”, explicó.

La fuente insistió en que, si bien es necesario diferenciar que “los gringos” no son la causa de la situación, “sí son un reflejo del problema, y se aprovechan de la crisis de vivienda que aquí existe. Aunque tenemos problemas más grandes, como la falta de una política clara, la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de la renta, los desalojos ilegales, Airbnb y por supuesto, ahora un punto importante es el Mundial”, destacó.

Impacto en Ciudad de México

La relación entre el gobierno de la capital mexicana y la empresa trasnacional símbolo de los alquileres de corta estancia tiene varios años de recorrido. Cuando en la Jefatura de Gobierno estaba todavía la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se conoció la firma de un primer acercamiento formal entre ambos.

El 26 de octubre de 2022, el gobierno de la Ciudad de México firmó un acuerdo de entendimiento con Airbnb por medio de la Coordinación general de asesores y asuntos internacionales, referido como “una carta de intención y de buena fe, que no crea derechos u obligaciones vinculantes o exigibles”, destinada sin embargo a identificar “áreas de cooperación” entre ellas y a la creación de “una campaña de promoción de los atractivos de la Ciudad de México” para convertir a la capital mexicana en “la alternativa preferida por turistas nacionales y extranjeros”, en la cual “se incluirá a los nómadas digitales como uno de los principales objetivos”.

En el documento —al que Desinformémonos tuvo acceso— se reconoce que Airbnb hizo una donación previa, en 2021, a la Secretaría de las Mujeres capitalina de 52 mil 500 dólares (cerca del millón de pesos mexicanos) para pagar el “alojamiento temporal a mujeres víctimas por razones de género”. Es decir, Airbnb donó a Semujeres un monto equivalente a la inversión de un año de su presupuesto en ese rubro (según información oficial, en 2023, Semujeres dedicó el 0.36 por ciento de su presupuesto total, equivalente a 935 mil pesos mexicanos, a la “atención integral en espacios de refugio a mujeres, hijas e hijos en situación de violencia extrema”) para que la Secretaría “gestione el proceso de reserva para las víctimas” y cubra los gastos de su alojamiento temporal en la plataforma ¡con el mismo dinero donado por Airbnb!

Ese fue el puntapié público para una relación compleja, que ha tenido a la plataforma de ambos lados del mostrador y que hizo que, cuando la presión pública creció sobre ella, la empresa aceptara que se le apliquen restricciones a su funcionamiento. “Es normal que se negocie con la plataforma, pero esta regulación parece ser algo que ellos propusieron, porque la tanda de legislaciones que ha avanzado en todas las ciudades es muy similar. Hay una estrategia de su parte”, dijo en entrevista con Desinformémonos Silvia Emanuelli, coordinadora regional en América Latina de Habitat International Coalition (HIC), una organización no gubernamental que ha investigado y acompañado este proceso.

El registro de las viviendas y “anfitriones” es el elemento articulador de la regulación —que pretende limitar la oferta de cada espacio al 50 por ciento de las noches del año— pero, hasta el momento, ese registro no existe: “por lo tanto, es una legislación que no está operando”, apuntó la fuente. Mientras tanto, grupos de propietarios han comenzado a reclamar que se diferencie entre los “pequeños anfitriones” que tienen una sola vivienda en la plataforma, de los “grandes” tenedores que tienen “hoteles casi ilegales” con edificios en los que todos sus departamentos están dedicados a Airbnb, para que el gobierno ponga el límite de noches sólo a estos últimos.

“A mayor densidad de rentas temporales, mayor es el aumento de los precios de la vivienda en los alrededores donde están ubicadas, y en la ciudad misma. Hay una sustracción de la vivienda que podrías ofertar a través de la renta clásica, que es trasladada al mercado de la renta breve, el cual se ha comprobado que es mucho más atractivo porque una persona que renta una vivienda por Airbnb, puede ganar hasta tres veces lo que obtiene de un alquiler clásico. O sea, no sólo quita vivienda sino que también participa en el incremento de los precios. El problema es que en México no tenemos estudios sobre esto”, explicó Emanuelli.

Según datos sistematizados por HIC en su informe de enero de este año, puede verse cómo las viviendas enteras para renta temporal en la capital mexicana representan el 65.31 por ciento de los espacios ofrecidos, mientras que la renta de cuartos dentro de casas habitadas son el 32.7 por ciento de la oferta. El ritmo de aumento del ofrecimiento de viviendas enteras frente a cuartos es mayor: entre 2023 y 2024 se agregaron 166 casas enteras para renta temporal frente a 27 nuevos cuartos.

Las gráficas elaboradas por HIC, que reproducimos en este reportaje, muestran la predominancia territorial de la oferta de renta temporal en Airbnb en cuatro alcaldías —Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán—, las cuales concentran el 84.62 por ciento de la ciudad, que ronda las 26 mil unidades en total.


La otra propuesta que ha estado en debate, según comentó Emanuelli, es excluir momentos del año dónde la reglamentación no opere, como por ejemplo, durante el tiempo en que se jueguen los partidos del Mundial en la Ciudad de México. “Esto fue sólo una propuesta que no ha pasado todavía, pero hacia ahí quieren ir”, sentenció.

Precarios y precarizados

La aparición de estas plataformas vino a exacerbar una situación económica en declive durante los últimos 30 años, donde el encarecimiento de la vivienda operó también. “El problema con la gentrificación y el encarecimiento de la vivienda es que este es uno de los servicios, la renta o la adquisición, que causa mayores problemas a los trabajadores para poder cubrirlo”, dijo a Desinformémono David Lozano, economista del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM.

El experto explicó que del total del ingreso de las familias mexicanas, el 56 por ciento se gasta en alimentos, mientras que el 30 por ciento se dedica a la renta o servicios de renta, es decir, el 86 por ciento de su gasto se dedica en comida y casa. “Antes no sucedía así, pero a finales de los años 90 el gasto en vivienda rondaba el 20 por ciento y comenzó a subir, aumentando la precarización de las personas. Este fenómeno también comenzó a verse en los países desarrollados”, explicó.

El encarecimiento volcó a más cantidad de población a buscar una vivienda subisdiada o de interés social, popular, y a otro sector, a compartir gastos, vivir con otras familias y a hacinarse. Lozano explicó que ésta es la verdadera característica de este proceso, el hacinamiento que tiene a 36 millones de mexicanos viviendo en espacios menores del que necesitan. La disminución del tamaño de las familias también impactó en su capacidad para costear el gasto en vivienda, como muestra la gráfica realizada por el CAM para este reportaje.


El Mundial, explicó Lozano, viene a jugar un papel de encarecimiento en estos ya altos costos de vida, que aumentará aún más los precios de la vivienda aunque, para el experto, ese impacto será temporal: “la llegada de extranjeros va a subir los costos durante ese mes, las rentas van a estar enfocadas en ellos, sobre todo aquellas ubicadas en las principales avenidas que llevan a los estadios de las tres ciudades donde habrá partido (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y a zonas comerciales y seguras. Eso es lo que reclaman los que vienen al Mundial, que sea seguro y de fácil acceso”, apuntó.

Vivienda vs. Copa

Además de exacerbar la tensión económica, el Mundial también llegó para agitar el conflicto social. Para Lágrimas lagrimógenas, quien integra el Frente Anti-Gentrificación de la Ciudad de México, denunciar los impactos del Mundial en este complejo proceso fue parte de sus motivaciones para alzar la voz colectiva: “personalmente sí me impulsó, ese día durante el micrófono abierto lo mencioné. Y poco a poco, cuando vas rascándole al asunto, encuentras esta relación no sólo entre la FIFA y Airbnb, sino que también hay otras plataformas digitales y la vivienda turística. Creo que el tema se va a volver más importante en este tiempo”, reflexionó en entrevista con este medio.

En las manifestaciones los carteles que vinculan a la Copa del Mundo y a la FIFA, como “la FIFA no es Antifa” o “Queremos vivienda, tu Copa nos vale”, reflejan cómo el evento para el que se han puesto todas las baterías de promoción turística de la ciudad es una piedra en el zapato en las discusiones sobre desplazamiento.

“Se le dice neo-colonización a este proceso para marcar que es parte de lo mismo, pero con nuevas formas de extender las injusticias espaciales y la desigualdad a través de modelos de colonización, con este control que tienen sobre el territorio y la vida de las personas. Estas dinámicas dictan cómo debe ser vivida, habitada, transitada la ciudad, a partir de modelos que apelan a cosas que no son locales y que no son adecuadas para el territorio, incluso con la diversidad de situaciones que tenemos aquí”, analizó.

Explicó que han buscado que el tinte nacionalista que se le dio a la primera marcha en la difusión mediática sea dejado de lado, profundizando la discusión sobre la vivienda y el derecho a la ciudad, planeteando la necesidad de una ley inquilinaria y la consolidación de la regulación de la renta por plataformas. “Por parte del Frente Antigentrificación estamos pensando acciones para plantear cómo los mexicanos también gentrifican. Es importante darle la vuelta a esa narrativa, que aprovecharon los medios tradicionales y hegemónicos, e hicieron lo que quisieron con ella”, relató.

Pero el malestar ampliamente reflejado en las marchas anti-gentrificación por mucha gente que no acostumbraba a volcarse a las calles es el alto costo de la renta en la Ciudad de México: “es importante aprovechar estos espacios para la crítica de la financiarización de la vivienda, del papel de los desarrolladores nacionales, no sólo internacionales, en este proceso. Creemos que responde a las necesidades de este sector que padece el encarecimiento de la vivienda y la precarización de lo laboral también, aprovechar la virtualidad para ello”, explicó.

El uso de “memes como herramienta política” y de la comunicación por medio de redes sociales han pautado el proceso de organización del Frente Antigentrificación y su forma de promover la discusión sobre la vivienda digna, con una perspectiva generacional nueva: “vemos un área de oportunidad increíble en este contexto, también para hacer cosas divertidas, muy creativas desde lo cultural y podemos impulsar discursos interesantes”.

La respuesta gubernamental a las marchas anti -gentrificación ha sido el despliegue de un nuevo tipo de encapsulamiento policial para estas y otras manifestaciones capitalinas, el cual agrega una capa de complejidad y desafío al proceso organizativo: “sus protocolos entorpecen la forma de planeación de los eventos, siguen molestando a la gente y nos recuerdan que es la única forma que el Estado conoce. Pero también nos obliga a la creatividad, a salirnos del cerco, literal. Algo que es muy desafiante, pero ahí estaremos”, concluyó.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ELIANA GILET.

Dos de los juniors señalados por violación tumultuaria se entregan a FGE de Campeche

Cinco meses después de ser señalados por Susan Saravia por una presunta violación grupal, Jorge “N” y Yeshua “N” se presentaron voluntariamente, y acompañados por sus madres, ante la Fiscalía de Campeche. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche informó que Jorge “N” y Yeshua “N”, ambos de 22 años, se presentaron de manera voluntaria ante las autoridades ministeriales, para iniciar el proceso legal correspondiente al caso de violación tumultuaria en agravio de la joven Susan Saravia.

La comparecencia ocurrió casi cinco meses después de que Saravia los señalara como presuntos responsables de una agresión sexual ocurrida el pasado 31 de marzo.

De acuerdo con la FGE, la entrega voluntaria permitió dar cumplimiento al mandamiento judicial de aprehensión emitido por el órgano jurisdiccional competente.
"Ambos imputados fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente, que determinará su situación jurídica conforme a lo establecido en la Ley", detalló la dependencia estatal en un comunicado.
La Fiscalía de Campeche señaló que el proceso se conducirá conforme a los principios de legalidad, transparencia y respeto absoluto a los derechos de todas las partes involucradas.

Además, notificó que, con esta acción, suman tres los imputados en el caso. El primero de ellos fue detenido en julio y vinculado a proceso por el mismo delito, luego de que la Fiscalía reuniera elementos suficientes para solicitar su aprehensión ante el Juez de control.

Madres anuncian entrega voluntaria de imputados

Antes de su presentación voluntaria ante la Fiscalía de Campeche, las madres de Jorge “N” y Yeshua “N” anunciaron públicamente que sus hijos se entregarían para enfrentar el proceso legal por la presunta violación tumultuaria contra Susan Saravia, ocurrida el 31 de marzo.
En comunicados separados, Nubia Sabido y Ana Cecilia Herrera Villamonte afirmaron creer en la inocencia de los jóvenes, exigieron garantías de seguridad y responsabilizaron a la denunciante y su familia por cualquier atentado en su contra. También denunciaron una “campaña mediática de odio” y pidieron que se escuche la versión de los acusados.

Por su parte, Susan Saravia, estudiante de Derecho, hizo pública su denuncia el 30 de julio, tras meses sin avances judiciales. Aseguró que los presuntos agresores tienen vínculos con autoridades locales, lo que habría frenado el proceso.

Desde entonces, ha enfrentado ataques en línea y cuestionamientos por su forma de narrar los hechos. “No llorar no invalida mi proceso”, declaró.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Reabrirán proceso penal contra Alonso Ancira, exdirector de Altos Hornos de México

El caso, por el que reabrirán el proceso, llevó a la cárcel al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien salió de prisión en febrero pasado.

El Gobierno de México anunció este martes que reiniciará el procedimiento penal contra el empresario Alonso Ancira, ex director de Altos Hornos de México (AHMSA) y conocido como el ‘Rey del Acero’, luego de incumplir el pago de la reparación del daño por la venta de la planta chatarra de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Ese acuerdo que fue suscrito por las autoridades de Pemex frente al juez, nosotros consideramos que ya no es válido y por lo tanto reiniciamos el procedimiento, vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad”, señaló el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, durante la conferencia presidencial.

Alonso Ancira obtuvo su libertad en 2021 luego de firmar un acuerdo que lo obligaba a devolver 216 millones de dólares al Gobierno mexicano.

No obstante, el titular de la Fiscalía General de la República señaló que Ancira “los primeros (pagos) los hizo y después ya no los hizo”.

Refirió que el empresario tiene nacionalidad estadounidense por lo que está viviendo en aquel país, pero acotó que verán si a través de asistencia política internacional se buscarán las garantías suficientes para que pague.
Ya nos comunicamos con Pemex y vamos a darle la respuesta, eso no se puede quedar así.
Señaló que por ello, se reiniciará el procedimiento “en razón de que no cumplió con las obligaciones de reparación del daño que había ofrecido (…) nosotros reiniciamos el procedimiento con todos los actos de procesales que tengamos para hacer cumplir esa ley”, zanjó.


La reparación del daño por parte de Ahmsa, quedó pendiente desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien había informado que su Gobierno buscaría recuperar la empresa y en mayo de 2023 ofreció reestructurar la deuda que mantenía la empresa con el Gobierno federal, la cual ascendía, en ese momento, a entre tres mil y cinco mil millones de pesos (162 y 270 millones de dólares).

Un juzgado declaró en abril de 2023 en estado de quiebra a Ahmsa, además de que nombró a la Cámara de Comercio del municipio de Múzquiz, como el síndico del proceso.

La sentencia del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Monclova fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En 2013, la compra de Agronitrogenados -un planta que llevaba 14 años abandonada en Coatzacoalcos, Veracruz- costó al Gobierno mexicano cerca de 650 millones de dólares en total, según datos de la Audiencia Superior de la Federación.

Los 200 millones de sobreprecio corresponderían a la primera evaluación que se hizo de la planta en su estado original antes de ser adquirida.

El caso llevó a la cárcel al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien salió de prisión en febrero pasado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Edomex: Investigan homicidio de Dulce, niña de 12 años, en Chalco

Versiones preliminares refieren una deuda familiar, pero no hay información oficial sobre el móvil.

Dulce “N”, una niña de 12 años, fue asesinada este lunes, dentro de su vivienda en la calle Reforma de la localidad de San Pablo Atlazalpan, Chalco, Estado de México.

De acuerdo con información preliminar, sujetos armados que llegaron en motocicletas irrumpieron en la casa y dispararon contra la familia, presuntamente por una deuda económica pendiente.

Los primeros reportes refieren que la menor recibió impactos de bala en el pecho y las piernas, aunque a pesar de la rápida intervención de paramédicos, la niña perdió la vida al arribar los servicios de emergencia.

Elementos de seguridad implementaron un operativo en la zona tras los hechos, y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudió al domicilio para levantar indicios y comenzar con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se han reportado detenidos ni se ha emitido una versión oficial sobre el móvil y el suceso. 

El cuerpo de Dulce fue trasladado al Servicio Médico Forense en Nezahualcóyotl para cumplir con los protocolos de ley.

Mientras tanto, durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo sobre el caso  que “la pareja de la madre de la menor está relacionada a narcomenudeo“.

“Llegan buscando a la pareja, él se escapa y agresores matan a la niña”, dijo la president(a quien también adelantó que el domicilio estaría vinculado a la venta de droga.

Este es el segundo caso, en lo que va del mes, en el Estado de México, donde la víctima es una persona menor de edad, luego de que el 4 de agosto pasado, Fernando “N” de 5 años fuera secuestrado por sus vecinos, por una deuda familiar de mil pesos.

El suceso ocurrió en una vecindad ubicada en la calle Carmen Serdán de la col. Ejedial El Pino, de Los Reyes municipio de La Paz.

Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, implicados en el caso, enfrentan un proceso penal los presuntos delitos de secuestro agravado, con resultado de muerte y desaparición en contra de Fernandito, por los que, de resultar culpables, podrían dictarles sentencia de hasta 160 años en prisión.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.