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Actual Diputado de Morena le abrió Tabasco a Bermúdez Requena, el jefe de “El Mamado”

Jaime Lastra Bastar, quien actualmente es Diputado federal de Morena, fue quien llevó a Tabasco a Bermúdez Requena, en 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari destituyó al Gobernador Salvador Neme Castillo y lo reemplazó con Manuel Gurría Ordóñez, íntimo amigo de Carlos Hank González, una trama de personajes que siguen algunos estando vigentes en la política.

Ulises Pinto Madera, apodado “El Mamado” e identificado como el segundo en la jerarquía del cártel “La Barredora” de Tabasco, era también un mando de la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando Hernán Bermúdez Requena encabezó ese grupo criminal como Secretario de Seguridad Pública estatal, designado por el Gobernador Adán Augusto López Hernández, revelan documentos oficiales.

Se trata de otro caso que vincula el crimen con la política, porque Bermúdez Requena llegó Tabasco de la mano de dos políticos que eran priistas y ahora militan en partidos antagónicos: Jaime Humberto Lastra Bastar, Diputado federal de Morena, y Juan José Rodríguez Prats, exsenador panista, y secretario de Gobierno en 1992.

Rodríguez Prats recuerda lo ocurrido hace 33 años: “Jaime Lastra me fue a ver a la oficina, acompañado de Hernán Bermúdez y ahí me dijo: ‘Juan José, él es Hernán Bermúdez, hemos trabajado a México, es experto en cuestiones de investigación, en cuestiones penales, lo quiero designar mi segundo. ‘Es tu bronca’, le dije’”.


Ese es el origen de Bermúdez Requena en Tabasco, jefe de Pinto Madera, el segundo al mando de “La Barredora” que fue detenido, el miércoles 23, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, un municipio controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que gobierna el parido Movimiento Ciudadano desde que ganó ahí Enrique Alfaro, en 2010.

La declaración patrimonial de Ulises Caballo Pinto Madera, como se le identifica oficialmente en Tabasco, ingresó a la FGE el 1 de junio de 2019 como policía de investigación y estaba adscrito a la Dirección General de la Policía de Investigación, cuyo titular era Bermúdez Requena y el Fiscal era Jaime Humberto Lastra Bastar, amigo de López Hernández durante décadas.

Lastra Bastar, quien actualmente es Diputado federal de Morena, fue quien llevó a Tabasco a Bermúdez Requena, en 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari destituyó al Gobernador Salvador Neme Castillo y lo reemplazó con Manuel Gurría Ordóñez, íntimo amigo de Carlos Hank González, una trama de personajes que siguen algunos estando vigentes en la política.

Cuando Bermúdez Requena fue ascendido a Secretario de Seguridad Pública, el 11 de diciembre de 2019 —a menos de un año de iniciado el gobierno de López Hernández—, “El Mamado” siguió en la FGE y ahí permaneció hasta el 2022, fecha en la que presentó la última declaración patrimonial que el reportero obtuvo y que, pese a ser de 27 cuartillas, toda la información que contiene está clasificada, salvo el nombre, fecha de inicio del empleo y grado de estudios.

Esta declaración patrimonial, presentada el 22 de mayo de 2022, establece que “El Mamado” terminó la carrera de derecho, en marzo de 2017, en la Universidad de las Naciones.
El único antecedente oficial de Ulises Caballo Pinto Madera, alias “El Mamado”, son las declaraciones patrimoniales que presentó como policía federal, a partir de 2002 y hasta 2008, cuando se identificó como suboficial de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública que encabezaba Genaro García Luna.

En esas declaraciones informó que había terminado el bachillerato en la Preparatoria La Salle, y que estaba adscrito a la Comisaría de La Tinaja, Veracruz, con ingresos anuales netos de 143 mil pesos.

Entre 2008, cuando presentó su última declaración patrimonial como policía federal, y el 2019, cuando ingresó como policía de investigación en Tabasco, no hay información de Pinto Madera en archivos oficiales, pero en 2009 se le ubicó en Cancun Quintana Roo como integrantes de los Zetas.

El medio digital Cambio22, de Cancún, publicó en febrero de 2024, que los antecedentes públicos de Pinto Madera se remontan a mayo del 2009, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron en esa ciudad a Rafael del Ángel Vélez Morales y/o José Manuel Figueroa (a) “El Fayo”, encargado de la plaza de Quintana Roo para el Cártel del Golfo de Osiel Cárdenas Guillen y él representaba a “Los Zetas”, su brazo armado.

Al momento de su detención, “El Fayo” procedía del Puerto de Veracruz, a donde fue llamado por los líderes de la Organización para recibir instrucciones respecto de la expansión del área de influencia de dicha estructura criminal en la Península de Yucatán, argumentando que en “próximas fechas recibiría un cargamento de armas, granadas de mano y equipo táctico diverso, para pertrechar e incrementar el número de sicarios”.

Según este medio, “El Fayo estaba acompañado por cuatro personas, entre ellas Ulises Pinto Madera, quien se identificó como elemento activo de la Policía Judicial Federal. El Fayo confesó que recibía la protección de diferentes autoridades del estado logrando establecer el control de las actividades ilícitas relacionadas con tráfico de personas, secuestro, piratería, extorsión y principalmente el narcotráfico y que su fuente principal de ingresos la constituía la extorsión a empresarios y comerciantes de la zona turística de Cancún en las que Ulises Pinto jugaba un papel importante y fue señalado de participar en la autoría del secuestro y ejecución de los hermanos Omar y Joel Reza Martínez el 19 de Enero del 2008 en Cancún”.

La declaración patrimonial de “El Mamado” confirma que después de haber sido policía federal, y presuntamente miembro de “Los Zetas”, asumió como policía de investigación de Tabasco al mando de Bermúdez Requena, conocido del Senador López Hernández desde que ambos eran miembros del Gobierno de Manuel Gurría Ordóñez, como lo recuerda el exdiputado panista Juan José Rodríguez Prats, quien era el Secretario de Gobierno.

Rodríguez Prats aceptó ser el secretario de Gobierno y le recomendó a Gurría que el encargado de Seguridad Pública fuera Jaime Lastra Bastar, quien había trabajado con él en la delegación Venustiano Carranza y era funcionario de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, cuyo procurador era Renato Sales y el jefe de la policía Jorge Obrador Capelini.

El 29 de enero de 1992, Salinas destituyó a Neme y nombró a Gurría, quien le preguntó: “¿Quién ese güerito cachetón? Ese va a ser su director de Seguridad Pública. Entonces yo tomo posesión de la Secretaría de Gobierno y Jaime Lastra toma posesión de la dirección de Seguridad Pública”.

Rodríguez Prats sólo duró cien días como Secretario de Gobierno, debido a la crisis política que había en el estado con las movilizaciones de Andrés Manuel López Obrador, y renunció el 31 de mayo.

Pero antes fue testigo del nivel de relación del actual diputado de Morena y Bermúdez Requena: “Días antes de mi renuncia, Jaime Lastra me fue a ver a la oficina, acompañado de Hernán Bermúdez y ahí me dijo: ‘Juan José, él es Hernán Bermúdez, hemos trabajado a México, es experto en cuestiones de investigación, en cuestiones penales, lo quiero designar mi segundo’. ‘Es tu bronca’, le dije”.

Añade Rodríguez Prats: “Son áreas que son muy difíciles para encontrar el perfil idóneo. Yo ya ni me enteré cuál fue su actuación, porque a los diez días me regresé a México. Me sustituyó Enrique Priego, quien ascendió a Adán Augusto a subsecretario, yo lo había hecho presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje”.

Y fue así que, con López Hernández como Gobernador, Jaime Lastra llegó como fiscal de Tabasco, con Bermúdez Requena como el jefe de la policía y “El Mamado” como su subordinado, los jefes de “La Barredora”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO GÓMEZ.

El Gabinete de Seguridad apoya en el caso de Irma; no habrá impunidad, dice Sheinbaum

El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal colaborará con las autoridades de Veracruz para investigar el asesinato de la maestra y taxista Irma Hernández, privada de la vida presuntamente por negarse a pagar una extorsión.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que su Gabinete de Seguridad está colaborando con las autoridades de Veracruz para esclarecer el asesinato de Irma Hernández, maestra jubilada y taxista que haría sido privada de la vida por negarse a pagar la extorsión de un grupo criminal, y aseguró que no habrá impunidad en el caso.
“Desde que se denunció la desaparición de esta persona hubo colaboración con el Gabinete de Seguridad y en este momento se está colaborando con la Fiscalía del estado de Veracruz, y obviamente con la Gobernadora [Rocío Nahle García] para llegar al fondo de estos hechos y que no haya impunidad”, dijo durante su conferencia matutina.
Al ser cuestionada sobre si este hecho representa un desafío del crimen organizado al Estado, Sheinbaum Pardo respondió que es necesario analizar el caso: “Hay que ver las condiciones en que esto ocurrió y, sobre todo, apoyar para que no haya impunidad”.


Además, Sheinbaum recordó que su Gobierno ha estado trabajando de manera específica en combatir el delito de extorsión y reiteró que este caso será investigado hasta sus últimas consecuencias.

Respecto a la difusión de un video en el que se muestra a Irma Hernández amagada por el crimen, antes de ser asesinada, la mandataria mexicana pidió que sea el Gabinete de Seguridad quien aclare el contexto de dicha grabación y las circunstancias de la muerte de la maestra.

“Primero pediría que se aclarara. Yo prefiero que lo vea el Gabinete de Seguridad. Primero que se clarifique cómo fue la muerte de esta mujer y, de acuerdo con la información que se tiene, cuál fue el contexto de esta información. Por supuesto que es lamentable que esto ocurra”, expresó.


Sheinbaum sostuvo que su Gobierno trabaja todos los días para erradicar este tipo de delitos y que se ha implementado una nueva estrategia contra la extorsión, la cual, afirmó, está dando resultados.

A la Jefa del Ejecutivo le preguntaron nuevamente y con insistencia que si el asesinato representaba un reto para el Estado mexicano, pero evitó hacer una declaración directa y sólo comentó: “Yo quisiera que lo mencionara directamente el Gabinete de Seguridad”.

Finalmente, adelantó que su Gobierno está brindando apoyo tanto a la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, como a la Fiscalía estatal para fortalecer la investigación y garantizar justicia en el caso.
Gabinete de Seguridad investiga asesinato de maestra en Veracruz

Previamente, el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que colaborará con las autoridades estatales de Veracruz para investigar el asesinato de Irma Hernández.

A través de una publicación en redes sociales, las fuerzas de seguridad federales se comprometieron a coadyuvar en las indagatorias para dar con los responsables de este crimen y coincidieron en que no habrá impunidad en el caso.
Finalmente, el Gabinete de Seguridad reveló que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, actualmente investiga "una disputa entre grupos delictivos por el cobro de cuotas" en Veracruz.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

La UIF congela cuentas de Bermúdez Requena, de sus socios, empresas y de familiares

El jueves, un Juez negó una suspensión definitiva para frenar la captura de Hernán Bermúdez Requena, quien fue Secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de los senadores de Morena.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este viernes que bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el Gobierno del morenista Adán Augusto López Hernández, así como de empresas relacionadas, socios y familiares.
"Como parte de una investigación financiera, instrumentada desde el inicio de la administración, la Secretaría de Hacienda, a través de la Procuraduría Fiscal, la UIF y mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares", dio a conocer la dependencia en una nota informativa.
"Con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros, la UIF determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas", añadió.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha suspendido las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares del ex secretario de seguridad pública de Tabasco. Estos establecimientos contaban con dos formas de operar, uno virtual y otro físico.
"Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal. El Gobierno de México reitera el compromiso con el combate a la corrupción, con la transparencia y con la cero impunidad, así como con la rendición de cuentas al pueblo de México", concluyó la dependencia.

Juez rechaza suspensión definitiva a Bermúdez Requena

Un Juez negó una suspensión definitiva para frenar la captura de Hernán Bermúdez Requena, quien fue Secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de Diputados en Morena.

Bermúdez Requena había conseguido una suspensión provisional para evitar que se ejecute cualquier orden de aprehensión, siempre y cuando no fuera imputado por delitos graves.


Fue Alfonso Javier Flores Padilla, Juez Décimo Segundo de Distrito de Baja California, con residencia en Tijuana, quien había admitido a trámite un amparo solicitado por Bermúdez y le había concedido la suspensión provisional para evitar la ejecución de cualquier orden de aprehensión en su contra por delitos que no ameritaran prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, este martes se dio a conocer que la Fiscalía de Tabasco lo imputa por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, por lo que la suspensión provisional nunca tuvo efectos.

En noviembre de 2024 la Fiscalía General de Justicia de Tabasco inició una carpeta de investigación al exsecretario y desde febrero fue librada una orden de aprehensión en su contra.

Según el reporte, el exservidor público promovió el juicio de amparo el 18 de abril y fue admitida a trámite tres días después por Flores Padilla, Juez Décimo Segundo de Distrito en Baja California, quien le concedió la suspensión provisional, que ya ha quedado sin efectos.


El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló la mañana del martes que Bermúdez Requena es buscado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, y que es el Gobierno de esa entidad quien encabeza principalmente las labores para su localización tras la orden de aprehensión que fue girada en su contra desde febrero de este año.
En febrero de 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad instruido por el Gobernador Javier May Rodríguez, se obtuvo una orden de aprehensión contra el exfuncionario. “Él, a partir de febrero de 2025, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro”, detalló Harfuch.
Asimismo, recordó que como parte de las acciones de búsqueda, se activó una ficha roja de Interpol a través de los mecanismos de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las alarmas suenan desde 2006

“No, nunca sospeché, sino lo hubiésemos, inmediatamente, separado del cargo”. Esas fueron las palabras que utilizó el Senador Adán Augusto López Hernández en la única entrevista que ha concedido hasta ahora, como respuesta y en un intento por apaciguar la ola de cuestionamientos y críticas sobre Hernán Bermúdez Requena, el fugitivo exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco que es acusado de secuestro y ser el jefe del cártel “La Barredora”.


Sin embargo, textos periodísticos, testimonios y documentos de inteligencia militar —que salieron a la luz tras la filtración masiva de Guacamaya Leaks en el año 2022— dan cuenta de cómo había señalamientos que involucraban a Bermúdez Requena con el crimen organizado, además de otros antecedentes criminales.
En 2006, por ejemplo, Hernán Bermúdez fue detenido por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta participación en el secuestro y asesinato del ganadero Ponciano Vázquez Lagunes. Bermúdez fue detenido junto a otras cuatro personas; pero la denuncia no prosperó y fue liberado.
Años después, en 2019, Adán Augusto lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, cargo que mantuvo incluso después de que López Hernández fuera designado Secretario de Gobernación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Lo cierto es que Bermúdez fue hombre de confianza e integrante de los gabinetes de los exgobernadores priístas Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Enrique Priego Oropesa, Manuel Andrade Díaz, así como de los morenistas Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ante problema de aguas residuales en río Tijuana, EU y MX invertirán 693 mdd en 13 proyectos

Los gobiernos de México y Estados Unidos concretaron, el 24 de julio de 2025, un nuevo acuerdo de cooperación para atender los problemas sanitarios y ambientales que afectaban a la cuenca del río Tijuana, en Baja California y la zona de San Diego, en California, una región que sufría desde hace décadas por el colapso del sistema de alcantarillado y los constantes derrames de aguas residuales, para lo que invertirían 693 millones de dólares en 13 proyectos.

Durante la conferencia de prensa matutina, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López, dieron detalles del acuerdo alcanzado con Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de EE. UU.

Bárcena Ibarra informó que Estados Unidos pondría 600 millones de dólares para una obra. Dicha acción sería la ampliación de la planta de San Isidro, que estaba situada en territorio estadounidense. En tanto, en el lado mexicano se invertiría 93 millones de dólares en las obras que les correspondían.

En su turno, el director general de la CONAGUA explicó que las obras tenían que ver con interceptores, colectores y plantas de bombeo, que iban a servir para que las descargas de las zonas urbanas se pudieran colectar “de mejor manera” y se pudieran conducir a lo largo del río, para ser enviadas a dos fuentes de tratamiento, una a la planta de San Antonio de los Buenos, en Rosarito, Baja California, y la otra a la planta de San Isidro, en San Diego, California.

Morales López comentó que, aparte, México ya había invertido mil 129 millones de pesos durante 2022, 2023 y 2024, en labores que buscaban el saneamiento del río. Por su parte, Sheinbaum Pardo enfatizó que era un acuerdo muy importante para sanear el Río Tijuana, así como las playas de Rosarito y San Diego.

“Es un acuerdo muy importante, ya había habido una primera firma en el periodo del presidente López Obrador y ahora se fortalece ese acuerdo con la ampliación también de la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos”, expresó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Y de estas obras que tenemos que hacer y vamos a hacer durante 2026 y 2027 y Estados Unidos se compromete a ampliar la planta de San Isidro. Entonces es un acuerdo integral bilateral muy importante, lo más importante que es sanear el Río Tijuana y las playas de Rosarito y de San Diego”, agregó la mandataria nacional.

Los gobiernos de México y Estados Unidos concretaron, el 24 de julio de 2025, un nuevo acuerdo de cooperación para atender los problemas sanitarios y ambientales que afectaban a la cuenca del río Tijuana, en Baja California y la zona de San Diego, en California, una región que sufría desde hace décadas por el colapso del sistema de alcantarillado y los constantes derrames de aguas residuales.

La titular de la SEMARNAT, y el administrador de la EPA, suscribieron el Memorando de Entendimiento, en el marco de la 32 sesión del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), con la participación de autoridades de Canadá.

“Con pleno respeto a nuestras soberanías, firmamos con @epaleezeldin el primer acuerdo entre Estados Unidos y México por instrucciones de la presidenta @Claudiashein. El Memorándum refuerza la colaboración para atender desafíos ambientales y de salud de la frontera norte”, escribió Bárcena Ibarra, en su cuenta de la red social X.

“Estamos tratando de resolver, de una vez por todas, el problema de las aguas residuales del río Tijuana, y lo estamos haciendo de manera conjunta en donde ambos países tomamos compromisos, desde luego México tiene compromisos muy importantes, Estados Unidos también”, dijo la funcionaria federal mexicana, durante la firma del Memorando.

La titular de la SEMARNAT detalló las acciones que se habrían a emprender a raíz de este acuerdo para los siguientes años, como ampliar la planta de San Antonio para duplicar su capacidad; la rehabilitación del colector Insurgentes, así como de El Matadero y Los Laureles, de los interceptores poniente y oriente, del colector Carranza.

Asimismo, según lo explicó Bárcena Ibarra, se realizaría construcción, durante 2027, para mejorar las plantas de tratamiento de Arturo Herrera y La Morita; la fase 2 del colector internacional; la rehabilitación de la tubería del impulsor antiguo, el cárcamo de bombeo e impulsor del Cañón de Santa Sáenz a la planta Herrera.

“Estamos muy interesados en ampliar la planta de San Antonio de los Buenos, aunque sabemos que la planta internacional de tratamiento de Salt Lake se va a ampliar también y eso nos va a permitir resolver en su totalidad el problema de las aguas internacionales que en este momento llegan hacia Estados Unidos”, dijo la funcionaria federal mexicana.

“En la Ciudad de México, en nombre de Estados Unidos y la administración Trump, firmo un Memorándum de Entendimiento detallado con México para lograr una solución 100% PERMANENTE y URGENTE a la crisis de aguas residuales del río Tijuana, que dura décadas. Se han cumplido los tres objetivos/hitos principales de la administración Trump en este acuerdo:
  • México obligará los fondos restantes del Acta 328 que aún no había obligado;
  • Se ha reducido el plazo para la finalización de los proyectos restantes del Acta 328;
  • Se han agregado varios nuevos proyectos necesarios del lado de México para lograr una solución 100% permanente”, indicó Zeldin, por su parte, también en X.
“Como enviado de @POTUS @realDonaldTrump en 🇲🇽, es un honor recibir al administrador de la @EPA, @epaleezeldin, para la firma con la secretaria @aliciabarcena de un nuevo Memorando de Entendimiento que aborda la histórica crisis de aguas residuales que afecta a Tijuana y San […] Por primera vez, contamos con una ruta clara: metas definidas, inversiones conjuntas y soluciones reales. Este avance refleja la cooperación orientada a resultados entre los presidentes @realDonaldTrump y @Claudiashein. Nuestra cooperación da resultados”, destacó, también en X, Ronald Johnson, titular de la Embajada de EE. UU. en México.

FUNTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Más negocios, menos formalidad: crece el país de la precariedad laboral: INEGI

La informalidad avanza y la productividad se estanca. Según los Censos Económicos 2024 del Inegi, más de 3 millones de negocios en el país operan al margen de la ley y aportan apenas el 3.6% del valor agregado nacional. Mientras tanto, los negocios formales van en retroceso. Expertos advierten que, sin políticas integrales y reales incentivos, el país seguirá acumulando emprendimientos precarios condenados a la invisibilidad económica.

En México, la informalidad sigue siendo la norma y no la excepción. De acuerdo con los Censos Económicos 2024 presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de negocios que operan en condiciones de informalidad creció en 1.7 puntos porcentuales entre 2018 y 2023, al pasar de 62.6% a 64.3% del total nacional, lo que equivale a alrededor de 500 mil nuevas unidades económicas en esta condición.

Esta tendencia deja un panorama donde más de tres millones de negocios en el país no cuentan con registro ante la seguridad social ni llevan contabilidad formal, y en su mayoría emplean a menos de cinco personas, lo que los mantiene al margen del sistema fiscal y laboral.
FORMALIDAD A LA BAJA, APORTACIÓN DISPAR

Mientras la informalidad crece, los negocios formales se reducen: pasaron de 37.4% en 2018 a 35.7% en 2023, con un total de 3 millones 516 mil establecimientos registrados. Esta pérdida de dos puntos porcentuales revela una persistente dificultad para mantener o transitar hacia esquemas formales, ya sea por la carga regulatoria, los costos de operación o la falta de incentivos gubernamentales eficaces.

Pese al gran volumen de negocios informales, su peso en la economía es limitado. Según explicó Susana Pérez, titular de la Unidad de Estadísticas Económicas del Inegi, estos establecimientos aportan solo el 3.6% del valor agregado a nivel nacional, lo que subraya la baja productividad estructural del sector informal.

“Los informales los definimos como aquellos que son muy pequeños, que tienen en promedio cinco personas ocupadas, no hacen pagos a la seguridad social y no llevan contabilidad formal. Bajo esa definición, el 64% de las unidades económicas del país en 2023 son informales, pero apenas contribuyen con el 3.6% del valor agregado”, puntualizó Pérez.

UN IMPULSO EMPRENDEDOR QUE DEBE SER COMPRENDIDO

A pesar del predominio de la informalidad, hay señales de dinamismo en el ecosistema emprendedor. Mauricio Márquez, vicepresidente del Inegi, destacó que durante 2024 se han registrado 240 mil nuevos establecimientos, que generaron empleo para alrededor de 400 mil personas.

“Esto refleja un impulso emprendedor que debe ser comprendido y atendido. Es necesario facilitar condiciones para que ese espíritu emprendedor pueda traducirse en negocios sostenibles y formales”, expresó Márquez.

El desafío, concluyen los expertos, es doble: reducir la brecha entre la informalidad y la productividad, y al mismo tiempo crear condiciones atractivas para que los nuevos emprendimientos ingresen al circuito formal, sin ahogarlos con trámites, cargas fiscales excesivas o inseguridad jurídica.

UN PANORAMA QUE EXIGE POLÍTICAS INTEGRALES

El crecimiento de la economía informal no es nuevo, pero sí persistente. Factores como la inseguridad pública, la inflación, los altos costos de insumos, la baja demanda de bienes y servicios, y la falta de financiamiento, explican por qué millones de mexicanos prefieren emprender sin entrar al sistema formal.

Para diversos analistas, este diagnóstico del Inegi es una llamada de atención urgente para el nuevo gobierno federal, que deberá poner el foco en programas de regularización simplificada, educación financiera, digitalización, acceso al crédito y protección social para emprendedores.

Sin una estrategia clara, México corre el riesgo de seguir acumulando negocios que, aunque numerosos, contribuyen poco y están condenados a la precariedad.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cinco detenidos en "Operación Liberación" reciben prisión preventiva por extorsión

Estas cinco personas fueron detenidas el pasado 21 de julio, en el marco de la "Operación Liberación" que desmanteló una red de extorsión de "La Familia Michoacana" en el Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer este jueves que cinco personas detenidas durante el "Operativo Liberación", llevado a cabo en la entidad por Fuerzas Armadas en contra de una red criminal de "La Familia Michoacana", obtuvieron prisión preventiva justificada y permanecerán recluidas mientras prosigue la investigación en su contra por el delito de extorsión.
"En la celebración de audiencias de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión en contra de Gonzalo 'N', Jorge 'N', Antonio 'N', Alicia 'N' y José Fernando 'N', la autoridad judicial estableció prisión preventiva justificada para estas cinco personas detenidas dentro del despliegue conjunto de fuerzas de seguridad federales y estatales", explicó la institución.
Estas cinco personas fueron detenidas el pasado 21 de julio, en el marco de la "Operación Liberación", que investiga la coacción que ejercen grupos criminales o individuos "a través de unidades económicas al fijar cuotas o precios abusivos y obligarlos a comprar, vender o adquirir bienes, insumos, o servicios, en lugares preestablecidos bajo un esquema extorsivo", detalló la FGJ-Edomex.

A través de un comunicado, la Fiscalía mexiquense precisó que el agente del Ministerio Público aportó datos de prueba en contra de estos cinco individuos, por lo que un Juez les fijó dicha medida cautelar.

Para Alicia "N" y José Fernando "N", puntualizó la Fiscalía, la próxima audiencia será realizada el viernes 25 de julio. En tanto que para Gonzalo "N", Jorge "N" y Antonio "N", su comparecencia se celebrará el sábado 26 de julio, para que se resuelva su situación jurídica.
¿Quiénes son los detenidos de la "Operación Liberación"?

Las autoridades mexiquenses identifican a Gonzalo "N" como supuesto líder del Sindicato "Bradosva" y de acuerdo con indagatorias de la Fiscalía mexiquense, era el único autorizado para suministrar y distribuir materiales de construcción como arena, grava y varilla en la región de Valle de Bravo.

El ahora detenido es indagado por extorsión agravada. La Fiscalía del Estado de México apuntó que el 20 de febrero de 2025, en conjunto con varios sujetos armados, interceptó a una de sus víctimas sobre la carretera libre Valle de Bravo-Toluca, para exigirle el pago de "derecho de piso" y así poder entregar material de construcción en la zona. Además, añaden las autoridades, le impuso una cuota de 15 mil pesos por ingreso y dos mil 500 por cada viaje de material que realizara.

Por su parte, Jorge "N" sería el presunto líder de madererías en el municipio de Valle de Bravo. De acuerdo a las indagatorias, cometió extorsión agravada, puesto que el pasado 20 de junio, presuntamente habría amenazado a un comerciante de madera, a quien le exigió 100 mil pesos para que pudiera continuar comercializando sus productos. A partir de ese momento, la víctima tendría que entregarle una cuota mensual de acuerdo a las ventas, además de que sólo podría comprarle la madera a él.


En el caso de Antonio “N”, presunto integrante de un grupo delictivo, la Fiscalía estatal lo señala de ser el encargado de la distribución y venta de carne en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán. El pasado 11 de marzo, en complicidad con dos personas más, presuntamente amenazó con privar de la vida a la víctima en caso de que se negara a "comprar carne de res y de cerdo con él" y adquiriera dichos productos con algún otro proveedor.

Alicia "N" y José Fernando "N", al parecer también laboraban para "La Familia Michoacana", y son investigados por extorsión agravada, hechos perpetrados el pasado 4 de junio en Ixtapan de la Sal, donde interceptaron a una persona a quien habrían amenazado y exigido que comprara madera exclusivamente con ellos, con un sobreprecio de 12 por ciento. En caso de negarse, amenazaron con  "impedirle seguir trabajando" y causarle daño.

"Los detenidos se encuentran internos en Centros Penitenciarios y de Reinserción Social mexiquenses, a disposición de la Autoridad Judicial, quien determinará su situación jurídica, no obstante, deben ser considerados inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra", concluyó la Fiscalía.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 24 JULIO 2025.

El segundo de Bermúdez Requena en "La Barredora" gana suspensión para evitar tortura

Ulises Pinto Madera, identificado como el segundo al frente de "La Barredora", obtuvo una suspensión para evitar tortura e incomunicación tras ser detenido en Jalisco.

Ulises Pinto Madera, alias "El Mamado", identificado como el segundo al mando del grupo delictivo "La Barredora", obtuvo este jueves una suspensión de plano por parte de un Juzgado Federal, la cual impide que las autoridades lo incomuniquen o sometan a actos de tortura bajo su custodia.

De acuerdo con las investigaciones, el recurso legal fue admitido a trámite por el Secretario en funciones del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, luego de que el detenido reclamara actos de aislamiento, agresiones físicas y psicológicas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y otros efectivos de seguridad.
“De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía consisten en: detención ejecutándose incomunicación (confinamiento y/o aislamiento), malos tratos (tratos inhumanos y/o golpes), tortura. Suspensión de plano respecto a los actos reclamados b), c) y d) Vista al Agente del Ministerio Público adscrito Diligencias [...] Notifíquese personalmente a la directa persona quejosa", resolvió.
Ulises Pinto fue detenido ayer en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, durante un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar); quienes también capturaron a su escolta, Jaime Gómez Delgado.

Tras su detención, el presunto criminal fue trasladado a la Ciudad de México y quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), perteneciente a la FGR, como parte de una orden de aprehensión en su contra por el delito de asociación delictuosa agravada.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 24 JULIO 2025.

Resultados de elección judicial 2025 son 'estadísticamente imposibles' sin coordinación externa

El informe denuncia que 'las violaciones graves de este proceso derivan de una operación premeditada, dolosa y estructurada que impuso una lógica de votación paquetizada mediante el uso de acordeones'.

Los resultados de elección judicial del pasado 1ero de junio, exhiben un patrón estadísticamente inverosímil que, según José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro y Jorge Alberto Medellín Pino, maestro en Ciencia Política y Derecho Constitucional, constituye evidencia de una “cooptación electoral y captura institucional”.

El informe ‘Elección Judicial 2025’ de los abogados, se basa en los cómputos distritales judiciales del Instituto Nacional Electoral (INE) y en información digitalizada del proceso electoral. A partir de estos datos, se identificó que miles de casillas reprodujeron patrones idénticos de votación, lo cual, de acuerdo con los autores, “rompe cualquier lógica de dispersión natural y pluralidad territorial que caracteriza una elección auténticamente libre”.

Según el informe, esta homogeneidad no puede atribuirse a una coincidencia o preferencia ciudadana espontánea, sino a la implementación de mecanismos de control político como el uso de “acordeones” —listas con los nombres de los candidatos a votar— que habrían sido distribuidos entre el electorado.

“La probabilidad de que millones de votantes, sin coordinación, reproduzcan la misma lista de ganadores es más baja que ganar el Melate”, escribieron los autores, citando al consejero Martín Faz del INE.

En las gráficas que comparan una simulación de votación dispersa con los resultados reales, se observa que los nueve candidatos ganadores para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obtuvieron votaciones con trayectorias paralelas en la mayoría de los distritos judiciales. “Los 9 candidatos ganadores muestran líneas prácticamente paralelas, con el mismo orden y jerarquía en la gran mayoría de los distritos”, indica el documento.

La participación ciudadana fue baja. Solo el 13.02% del listado nominal votó en la elección de ministros de la SCJN. De ese total, únicamente el 10.04% emitió un voto válido para alguno de los 64 candidatos. “Esto significa que solo 1 de cada 10 mexicanos dentro del listado nominal ejerció un voto válido”, subraya el informe.

Además, el documento detalla que en 16,423 casillas ganaron los mismos nueve candidatos, lo que equivale a más del 50% del total de casillas. En 43,967 casillas —es decir, el 52.18%— ganaron al menos seis de los nueve candidatos más votados. “Esta uniformidad no es indicio de consenso ciudadano, sino evidencia de imposición estructurada, que elimina la posibilidad de competencia real y priva de legitimidad al proceso”, advirtieron los autores.


En cuanto a los gastos de campaña, el informe destacó una discrepancia entre el bajo perfil público de los candidatos ganadores y la alta cantidad de votos obtenidos. “La mayoría de los candidatos ganadores no eran figuras públicas reconocidas, ni contaban con presencia significativa en medios o redes sociales”, señalaron. Aun así, los votos que recibieron superaron el millón en algunos casos. El costo por voto, estimado con base en el tope autorizado de gastos, fue inusualmente bajo: entre $0.24 y $0.45 pesos, en contraste con los $7.67 a $68.84 que se reportan en elecciones tradicionales.

El informe también denunció que “las violaciones graves de este proceso derivan de una operación premeditada, dolosa y estructurada que impuso una lógica de votación paquetizada mediante el uso de acordeones”. Estas prácticas, afirmaron, “anularon la libertad del sufragio y convirtieron la elección en una simulación democrática con resultados previamente definidos”.

Los autores concluyeron que el comportamiento de la votación judicial de 2025 es estadísticamente incompatible con una elección auténtica. “Validar este proceso como legítimo no solo vulnera la legalidad, equidad y certeza electoral, sino que abre la puerta a la normalización de prácticas que socavan los fundamentos mismos de la democracia constitucional”.

Finalmente, el informe enfatizó que, en contraste con el supuesto fraude de 1988, “el fraude del 2025 se imprime en gráficas que nadie quiere ver. El patrón homogéneo y la ausencia de dispersión son la nueva ‘caída del sistema’: la democracia se calcó”.

INFORME:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Operación Liberación: así extorsionaba una banda del Edomex con materiales de construcción, pollo y paquetería

A través de falsos sindicatos, una banda obligaba a la población del sur del Estado de México a adquirir productos y controlaba los precios de grava, arena, varilla, cemento y otros productos de la industria de la construcción.

Una banda delictiva vinculada al cártel de La Familia Michoacana operaba en al menos 14 municipios del sur del Estado de México, donde estableció una amplia red dedicada al cobro de extorsión y el secuestro exprés.

Así lo revelaron ayer autoridades del Gobierno federal y de la Fiscalía del Estado de México, que anunciaron la captura de ocho integrantes de esa banda delincuencial que tejió un complejo entramado para, por medio de una serie de establecimientos comerciales distribuidos por el sur y también el norte de la entidad, vender productos y materiales de construcción a un precio mucho mayor que el del mercado.  

Esta banda también extorsionaba a través de minas, carnicerías, expendios de huevo, granjas de pollo y porcinas, así como establecimientos de venta de alimentos y forrajes.

Las detenciones se produjeron en el marco de la denominada ‘Operación Liberación’, la cual surgió a raíz de la estrategia nacional contra la extorsión anunciada por autoridades federales el pasado 6 de julio.

Así operaba la red criminal de extorsión en Edomex

El grupo criminal desmantelado controlaba parte del sector de la construcción en la región sur del Estado de México. Para ello, disolvió por medio de prácticas violentas las organizaciones de transportistas que operaban en la región y conformó otras organizaciones, como el ‘Sindicato Libertad’ y el ‘Sindicato Bradosva’, los cuales se encargaban de la venta de material en los municipios de Villa de Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo y Texcatitlán.

La Fiscalía mexiquense explicó que, a través de estos supuestos sindicatos, la estructura criminal obligaba a la población a adquirir productos y controlaba los precios de grava, arena, varilla, así como cemento, mortero, yeso y otros productos utilizados en el giro de la construcción.

En el municipio de Valle de Bravo, por ejemplo, los comerciantes eran obligados a adquirir materiales a través del ‘Sindicato Bradosva’, así como con las casas de materiales ‘Jimex’, propiedad de Eli ‘N’, uno de los detenidos, que operaba para La Familia Michoacana. El otro establecimiento ‘autorizado’ por la banda eran ‘Construrama’ y ‘Aceros Arriaga’.

“En los referidos establecimientos algunos productos de construcción alcanzaban sobreprecios de hasta un 400 %, en relación al precio normal”, detalló la Fiscalía.

Por ejemplo, en ese municipio, estas tiendas controladas por la delincuencia ofrecían la tonelada de varilla en 23 mil 950 pesos, un 33.5 % más alto que el precio de mercado; la tonelada de cemento en 5 mil 700 pesos, un 20.5 % más alto; y el Millar Block lo daba en 20 mil pesos, hasta un 122 % más caro.

Quien adquiriera materiales de construcción en lugares supuestamente ‘no autorizados’, o utilizara servicios de transporte diferentes a los que la banda determinaba, era despojado de la mercancía. Además, los operadores de los vehículos de carga eran golpeados por integrantes del grupo criminal y amenazados.

En los municipios de Villa de Allende y Donato Guerra, quienes querían comprar material de construcción tenían que acudir a las oficinas del ‘Sindicato Libertad’, en donde les entregaban un ‘vale’ que era cambiado solo en lugares ‘autorizados’ por la organización criminal.

Este grupo también operaba en las minas ‘San Juan’, ‘Michoacana’, ‘Nieto’ y ‘Velázquez’, ubicadas en Donato Guerra. “Estos sitios también formaban parte presuntamente de los esquemas extorsivos”, apuntó la Fiscalía, que agregó que estas minas solo podían entregar y trasportar el material adquirido a través del ‘Sindicato Libertad’.

En Ixtapan, la banda tenía varias casas de materiales bajo su dominio, como ‘Ávila’ y ‘Omega’, propiedades también de Eli ‘N’. También operaban otros establecimientos comerciales delictivos, como ‘El Boulevard’, ‘Grupo Vulcano’, ‘Aceros Omega’, ‘Vidriera Liverpool’, y la maderería ‘Santa María’, con los que acaparaban y controlaban el mercado de la construcción en esta región sur.

Secuestros exprés en el Estado de México

De entre los detenidos, Eli ‘N’ es investigado por secuestro con fines de extorsión. En enero de este año, en complicidad con otra persona, habría interceptado a una víctima, a quien, al parecer, amenazó y subió por la fuerza a un vehículo, a bordo del cual le exigieron un pago inicial y un porcentaje semanal de sus ventas para el cártel de La Familia Michoacana. También le indicaron que debía llamar a un número telefónico para comprar materiales únicamente en el establecimiento del detenido.

El grupo criminal también encomendó a Yareli ‘N’, Alicia ‘N’ y José Fernando ‘N’, que convocaran a comerciantes de Ixtapan de la Sal, Tonatico y otros municipios de alrededor, a alojarse en un hotel de la zona. Ahí, expuso la Fiscalía, “les hablaban de la importancia de estar alineados con el grupo criminal”. Si estos no obedecían, “los comerciantes eran privados de su libertad por grupos de personas que portaban armas de fuego”.

Estas prácticas extorsivas y de secuestro exprés, también fueron identificadas al norte de la entidad, donde, a partir de más establecimientos comerciales bajo dominio del grupo criminal, podían controlar la venta, distribución y costos de más productos.

Por ejemplo, en San Felipe del Progreso, tenían la tienda ‘Materiales Santa Cruz’ y ‘Grupo Ferretero Macoll’, así como ‘Casa el Cerro’, ‘Grupo Coloso’, y ‘Materiales Torrefuerte’.

En Villa Victoria, tenían las casas de materiales ‘Franco Ordóñez’. Y en Ixtlahuaca, la tienda ‘Mac’.

También extorsionaban con la carne

En el municipio de Texcaltitlán, las autoridades de investigación catearon la carnicería ‘Don Celes’, donde Antonio ‘N’ los martes habilitaba una báscula para pesar ganado que se comercializaba en un mercado. A todos los clientes les imponía una suma económica de 5 pesos por kilogramo del animal que pasaban por la báscula.

Y lo mismo hallaron en un criadero de cerdos en Temascaltepec, y también en otra carnicería en el municipio de Sultepec. Mientras que, en el municipio de Tejupilco, el grupo criminal obligó al cierre del rastro municipal. A unos metros de distancia, estableció otro rastro bajo su control que no tenía permisos. El rastro se ubica en la zona conocida como ‘Lodo Prieto’.

“En este lugar, si bien no existía la venta directa de cárnicos, sí se identificó el cobro de cuotas con costos relevantes por el sacrificio de animales y la reventa de los cárnicos”, señaló la Fiscalía.

Algunos ejemplos de cómo, a través de estos esquemas extorsivos, se vendía pollo, res y cerdo más caro que en otras tiendas no controladas por el grupo criminal, son los siguientes:

En Sultepec, estas tiendas daban el kilo de pollo entero en 115 pesos, un 53 % más que el precio de referencia; el kilo de pierna y muslo en 120 pesos, hasta un 140 % más caro. Mientras que el kilo de retazo, lo daban en 100 pesos, un 300 % más caro.

En el mismo municipio, y también en estas carnicerías, el kilo de costilla se daba en 250 pesos, un 47 % más que el valor de mercado.

Banda de extorsionadores acaparan mercado de paquetería en zonas de Edomex

Otra actividad delictiva que realizaba esta banda era el acaparamiento de establecimientos de paquetería. Así sucedió en Tejupilco, donde todo paquete debía llegar y pasar por su establecimiento.

“En este lugar era interceptada toda paquetería de empresas como Mercado Libre, Estafeta o Fedex. Posteriormente eran revisados los productos y finalmente establecían un costo ilegal al destinatario para poder reclamar el producto. En caso de no pagarlo no le era entregado. Y en otros casos, si a los integrantes del grupo criminal les resultaba de interés el artículo, se quedaban con él”, explicó la Fiscalía mexiquense.

En total, a partir de la llamada ‘Operación Liberación’, las autoridades federales y del Estado de México llevaron a cabo cateos en 63 establecimientos comerciales de 14 municipios: Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria.

Esta no es la primera vez que se lleva a cabo de manera coordinada con autoridades federales un operativo en el Estado de México.

Ya a inicios de este año, se puso en marcha el llamado ‘Operativo Enjambre’, a partir del cual se realizaron numerosas detenciones de funcionarios y exfuncionarios públicos municipales por su presunta relación con el crimen organizado.

Por ejemplo, en Santo Tomás de los Plátanos fueron detenidos el alcalde electo y su esposa, titular del DIF municipal, por presuntos vínculos con el cártel de La Familia Michoacana.

En Amanalco, los detenidos fueron una regidora y el secretario de seguridad pública, quienes habrían intervenido en el secuestro exprés de la actual presidenta municipal para que se bajara de las pasadas elecciones municipales. Además, también está detenida la exalcaldesa, acusada de extorsión y el homicidio de dos personas.

La mañana de ayer martes, el fiscal mexiquense José Luis Cervantes anunció que van más de 60 sujetos detenidos y sujetos a proceso por la ‘Operación Enjambre’.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

Aumenta la percepción de inseguridad en México a 63.2%; su nivel más alto en 2 años y medio

El 72.2% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 65%, en el transporte público; 63.7%, en la calle y 57.9%, en la carretera, de acuerdo con datos de la ENSU.

La percepción de inseguridad en México incrementó al pasar de 59.4 % a 63.2 % en su comparación anual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En junio de 2025, 63.2 % de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad, la tasa más alta desde junio de 2022, cuando se registró un 67.4 %.

El resultado de abril a junio es mayor al 61.9 % de enero a marzo y supera también al 59.1 % de octubre a diciembre de 2023, cuando alcanzó su menor nivel desde que hay registro.

Para el organismo, este crecimiento a nivel nacional es un cambio “estadísticamente significativo”.

“Hay un cambio estadísticamente significativo en comparación con marzo (61.9 %) de 2025 y junio (59.4 %) de 2024”, indicó en su reporte.


Por género, la percepción de inseguridad fue mayor entre las mujeres con una tasa de 68.5 %, contra el 56.7 % de los hombres.

Durante el primer semestre de 2025, se estima que 30.8 % de los hogares tuvo, como mínimo, una o un integrante que fue víctima de al menos un delito de robo total o parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público (incluye robo en banco o cajero automático), robo en forma distinta a las anteriores, extorsión o fraude.

De acuerdo con datos de la ENSU, el 32.5 % consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal; mientras que 25.4 % de la población refirió que la situación empeorará.

En contraste, 16.1 % de la población dijo que la situación de la delincuencia e inseguridad en su área urbana seguirá igual de bien y 25.1 % manifestó que mejorará.

Ciudades en donde la gente se siente más y menos insegura

Las ciudades donde la población percibió más inseguridad fueron: Culiacán Rosales (90.8 %), Ecatepec de Morelos (90.7 %), Uruapan (89.5 %), Tapachula (88.1 %) y Ciudad Obregón (88 %), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondientes al segundo trimestre de este año.

En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, con 11 %; Piedras Negras, con 16.9 %; Benito Juárez, con 22 %; Saltillo, con 23.5 % y Puerto Vallarta, con 27.3 %.

Percepción de inseguridad en espacios físicos

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, 72.2 % de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 65.0 %, en el transporte público; 63.7 %, en la calle y 57.9 %, en la carretera.

Además, el 42.7 % de la población de 18 años y más, residente en las áreas urbanas de interés, manifestó que modificó sus hábitos respecto a llevar cosas de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito. En tanto, 42.4 % modificó rutinas en cuanto a permitir que las(os) menores que viven en el hogar salgan solos.

Por su parte, 38.0 % reconoció haber cambiado hábitos en cuanto a caminar de noche en alrededores de su vivienda y 24.7 %, en cuanto a visitar parientes o amigos..

¿Cómo la va percepción de los mexicanos sobre las autoridades?

La encuesta también revela que en el primer semestre de 2025, 13.5 % de la población de 18 años y más tuvo contacto con autoridades de seguridad pública. De estas personas, 45.2 % declaró haber sufrido, al menos, un acto de corrupción por parte de dichas autoridades.

La ENSU también indaga la percepción de la población de 18 años y más respecto a las labores de prevención y combate a la delincuencia de diversas autoridades de seguridad pública, en ese sentido, atribuyó a la Marina un desempeño muy efectivo, con un 87.5 %, mientras que la Fuerza Aérea Mexicana alcanzó 84 % y el Ejército, 83.1%.

Con menores porcentajes en la percepción de un desempeño muy o algo efectivo figuraron la Guardia Nacional con 72.5 %, la policía estatal con 52.4 % y la policía preventiva municipal con 46.4 %.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El Frente por la Vivienda Joven reivindica la lucha radical contra la gentrificación en la CDMX

El Frente por la Vivienda Joven denuncia a Morena por favorecer intereses inmobiliarios. Rechazan el plan de Clara Brugada, tachándolo de insuficiente frente a la crisis habitacional. “Cuando no tienes nada que perder, sólo te queda ganar derechos”.

El Frente por la Vivienda Joven (FJV), integrado por disidencias de izquierda radical, se ha convertido en una voz crítica y activa contra el fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México. 

Este movimiento rechaza la izquierda institucional representada por Morena y culpa a la actual administración capitalina de impulsar una agenda de desarrollo urbano que favorece intereses particulares por encima de las necesidades sociales de los habitantes.

Representante del FVJ, Valentina Ramírez expone en entrevista que la crisis de la vivienda en la CDMX golpea con mayor fuerza a la juventud, especialmente a sectores vulnerables como la comunidad trans y estudiantes, quienes enfrentan rentas impagables y condiciones precarias.

También precisó que el colectivo en el que está, el cual se ha hecho presente en las dos marchas contra la gentrificación, surge el 24 de abril último (con 714 afiliados) en un contexto histórico donde la propiedad nunca fue realmente accesible para la mayoría de la población. “Ni nuestros abuelos ni nuestros padres fueron dueños de lo que tenían. La especulación y los créditos transformaron el mercado de la vivienda en un sistema en el que ya nadie es dueño de nada”. 

Asegura que la generación actual de jóvenes, que se manifiesta activamente contra la gentrificación, es la más radicalizada, pues “cuando no tienes nada que perder, sólo te queda ganar derechos”.

Ramírez refiere que el Frente está en favor de todos los “métodos de lucha”, incluyendo aquellos que utilizan la fuerza, “porque así es como se generan los cambios en la historia; no combates al narco dándole abrazos, por ejemplo”. 

 “El Frente por la Vivienda Joven –continúa– no incide en lo que el Gobierno llama disturbios, que se catalogaría mejor como iconoclasia. Si es cierto que tenemos una gran afinidad con los grupos del Bloque Negro, específicamente hay una organización llamada Frente Autodefensas que se encarga de proteger a nuestros contingentes, esta organización, si bien no acciona, intenta interactuar con los bloques negros para que, si van a accionar, tienen que hacerlo con responsabilidad”.

Rechazo al plan de Brugada

Valentina Ramírez expone otra realidad: los precios de arrendamiento en zonas cercanas a universidades alcanzan entre cinco mil y ocho mil pesos mensuales por espacios diminutos y compartidos con varias personas, en lugares con falta de servicios básicos y en algunas ocasiones sin garantías en el acceso a agua o en condiciones mínimas de salubridad. 
El salario mínimo es una tontería en comparación con las rentas, y la inflación reduce aún más el poder adquisitivo.
El movimiento que representa, explica, está conformado principalmente por exmilitantes de la izquierda radical, como el Partido Comunista de México y el Movimiento de Trabajadores Socialistas; sólo una minoría son exmilitantes De Morena.

Aunque el partido en el poder dice ser de izquierda, el Frente por la Vivienda Joven no lo respalda y cuestiona su autenticidad. Sobre ello, Ramírez recordó que el movimiento de la Cuarta Transformación está conformado en gran parte por cuadros de la vieja y nueva escuela del PRI, “un régimen totalitario con experiencia en mantener el poder a través de métodos autoritarios”. 

La integrante del FVJ denuncia que a “Morena le gusta hablar mucho del cártel inmobiliario”, el cual ha sido ligado al PAN. Sin embargo, a fin de cuentas todos esos permisos de construcción tienen que pasar por todos los niveles de gobierno. En ese sentido, desde el PAN, PRI, PRD, hasta Morena, PT y partidos satélites aliados son igual de culpables y se han beneficiado”. 

En ese contexto, la Ciudad de México ha sido escenario de dos manifestaciones contra la gentrificación, realizadas en las últimas semanas. La primera protesta se hizo el 4 de julio último, con una marcha que partió del Parque México hacia las colonias Roma Norte y Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc, donde el contingente vandalizó comercios durante el recorrido.

La segunda ocurrió el 20 de julio pasado, partió desde la estación Fuentes Brotantes, del Metrobús, hacia el Monumento al Caminero y después se dirigió al Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), en Ciudad Universitaria, donde manifestantes también realizaron destrozos en la fachada del recinto.

Tras la primera protesta, el 16 de julio la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un plan de 14 puntos en respuesta a las denuncias sobre el encarecimiento de la vivienda. 

Entre las medidas, anunció que propondrá ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley de rentas justas, razonables y asequibles, con el objetivo de regular y estabilizar los precios de alquiler en la capital. 

Para el Frente por la Vivienda Joven estas propuestas no abordan de fondo la complicidad de los distintos niveles de gobierno con el modelo urbano que privilegia la especulación y el despojo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Cinco mujeres ocuparán cargos clave en Fiscalía de Morelos

Los cambios se dieron en áreas que concentran funciones sensibles: peritajes, control interno, atención a mujeres víctimas de violencia, y las direcciones de investigación y procesos penales de dos regiones estratégicas del estado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos sumó este miércoles cinco nuevos nombramientos en puestos clave. Todas las designaciones recayeron en mujeres y forman parte del reacomodo interno encabezado por Edgar Maldonado desde que asumió el cargo en febrero. 

Los cambios se dieron en áreas que concentran funciones sensibles: peritajes, control interno, atención a mujeres víctimas de violencia, y las direcciones de investigación y procesos penales de dos regiones estratégicas del estado. 

De acuerdo con información oficial, las nuevas titulares son:
  • Verónica Gomar Paredes, en la Coordinación General de Servicios Periciales. 
  • Sara Olivia Parra Téllez, en la Visitaduría General y de Asuntos Internos. 
  • Kenya Hedrey Cortés Gómez, en el Centro de Justicia para las Mujeres. 
  • Yesenia Vega Terrones, en la Dirección de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana. 
  • Dulce María Soledad Jacobo Camacho, en la misma dirección pero en la Fiscalía Regional Sur Poniente. 
Consultado sobre los movimientos, el fiscal Edgar Maldonado declaró que las designaciones están alineadas con el compromiso institucional de atender delitos contra mujeres y con el principio de equidad de género. “Confío en la eficiencia y resultados de las mujeres con quienes he compartido responsabilidades en el servicio público”, expresó.

También aseguró que todas las designaciones pasaron por los exámenes de control y confianza, uno de los requisitos que, según dijo, ha establecido como obligatorio desde el inicio de su gestión. 

Estos cambios se suman a los ajustes administrativos, operativos y estructurales que el fiscal ha venido realizando en los últimos cinco meses, en los que ha sostenido que su objetivo es “recuperar la confianza ciudadana” en el sistema de procuración de justicia. 

A continuación, un perfil de cada una de ellas: 

Verónica Gomar Paredes, médica con 28 años de experiencia en el área forense, fue nombrada titular de la Coordinación General de Servicios Periciales. Es egresada de la Facultad de Medicina de la UAEM, cuenta con especialidad en Medicina Legal por la Universidad Autónoma del Estado de México y por la FGE mexiquense. Cursó una maestría en Medicina Legal y Forense en la Universidad Cardenal Herrera, en Valencia, España, y está certificada en el Protocolo de Estambul por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses A.C. Ha trabajado en la Fiscalía General de la República y en la FGE Morelos. 

Sara Olivia Parra Téllez asumió la titularidad de la Visitaduría General. Es licenciada en Derecho y maestra en Procuración y Justicia por la UAEM. Su carrera ha abarcado diversos cargos en instituciones estatales y municipales, incluyendo la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la Subsecretaría de Readaptación Social y la presidencia municipal de Cuernavaca. Hasta antes de este nombramiento se desempeñaba como directora del Centro de Justicia para las Mujeres, cargo que asumió el pasado 3 de marzo. 

Kenya Hedrey Cortés Gómez, doctora en Derecho y Globalización, fue designada titular de Asuntos Internos. Es egresada de la Universidad Internacional y cuenta con maestría en Derecho Civil por la UAEM. Ha ocupado cargos en el Tribunal Electoral del Estado, la Contraloría estatal y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En la FGE ha sido agente del Ministerio Público en áreas como el Centro de Justicia para las Mujeres, Justicia Terapéutica, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Regional Metropolitana. Hasta el pasado 22 de julio se desempeñaba como asesora del Fiscal General. 

Yesenia Vega Terrones encabeza desde marzo la Dirección de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Sur Poniente. Es egresada de la Facultad de Derecho de la UAEM y cursa una maestría en Juicios Orales. Tiene 18 años de experiencia en el Ministerio Público, con responsabilidades en unidades como Robo de Vehículos y la Unidad Especializada contra el Secuestro y la Extorsión. También ha coordinado el Centro de Operaciones Estratégicas y otras áreas de investigación. 

Dulce María Soledad Jacobo Camacho fue nombrada Directora de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Metropolitana. Es licenciada en Derecho por el CIES y maestra en Derecho Procesal Penal. Desde 2013 ha trabajado como agente del Ministerio Público en áreas como Delitos Diversos, Delitos Sexuales, Homicidios y Delitos Cometidos por Servidores Públicos, donde también fue coordinadora durante más de seis años.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Irma, maestra y taxista asesinada que fue exhibida arrodillada ante un comando en Veracruz

En un video difundido en redes, la víctima advierte: “Compañeros taxistas, paguen su cuota. Con la mafia no se juega”.

Antes de ser localizada sin vida, Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en el municipio de Álamo Temapache, apareció en un video difundido en redes sociales, arrodillada y rodeada por hombres armados con el rostro cubierto. 

En la grabación, la víctima advierte: “Compañeros taxistas, paguen su cuota. Con la mafia no se juega”, en lo que aparentemente fue una amenaza directa del crimen organizado dirigida al gremio transportista de la región.

Irma Hernández, de 62 años, fue reportada como desaparecida el viernes 18 de julio tras ser privada de la libertad por un grupo armado. Además de su labor como docente, operaba unidades de taxi en la zona norte de Veracruz. 

La gobernadora Rocío Nahle García confirmó en su conferencia del lunes que existía una carpeta de investigación abierta, y señaló que no se había reportado ninguna exigencia de rescate por parte de los captores. 

Este jueves, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, tras trabajos de investigación de campo y gabinete, fue localizado el cuerpo sin vida de la víctima. 

En un comunicado informó que un equipo forense multidisciplinario llevó a cabo las diligencias de identificación legal y notificó oficialmente a la familia de Irma Hernández Cruz. La carpeta de investigación fue integrada por la Fiscalía Regional Tuxpan, que continuará con las diligencias para identificar y ubicar a los responsables.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

No hay carpeta de investigación contra Adán: Sheinbaum; Morena lo protege en Congreso

Morena evitó que la oposición sometiera a discusión la presunta relación de Adán Augusto López Hernández con "La Barredora", cártel presuntamente liderado por su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo este jueves que hasta el momento no existe una carpeta de investigación abierta contra el Senador Adán Augusto López Hernández por su probable vínculo con "La Barredora" o con otros grupos del crimen organizado, por lo que actualmente sólo se indaga al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.
"Hasta ahora no hay ninguna carpeta ni informe en ninguna de las fiscalías, ni en la FGR, contra el Senador. Lo que hay es contra el que fue su Secretario de Seguridad. [...] No hay ninguna información que haya derivado en una denuncia en particular", explicó en su conferencia de prensa matutina.
Estas declaraciones se dan luego de que la Jefa del Ejecutivo fuera cuestionada respecto a un informe en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que supuestamente incluye un correo electrónico con información que vincula al exgobernador tabasqueño con el líder de una organización dedicada al robo de hidrocarburos.


La Presidenta Sheinbaum explicó que la Defensa debe analizar primero los datos recabados para determinar si aportan las pruebas suficientes para vincular al Senador Adán Augusto con actividades criminales y que sean presentadas ante la autoridad correspondiente.
"Es información bruta, que quiere decir que no está seleccionada para poder después, si es alguna evidencia suficiente, presentar ante el Ministerio Público", apuntó Sheinbaum.
Morena evade debate sobre Adán Augusto y "La Barredora"

Durante la Sesión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles en el Senado de la República, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, interrumpió el posicionamiento de legisladores de oposición que buscaban abrir la discusión sobre el caso Requena y el presunto vínculo de Adán Augusto López con "La Barredora".


En distintas ocasiones, le arrebató la palabra a oradores del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) para instruirles que se abstuvieran de abordar todo lo relacionado al exsecretario de Seguridad de Tabasco, ya que el tema central de la discusión era el arresto de migrantes mexicanos en el centro de reclusión Alligator Alcatraz.

Fernández Noroña argumentó que el caso de Bermúdez Requena no podía ser debatido en el pleno debido a que no estaba inscrito en la lista de temas que se discutirían en la sesión, por lo que para debatir al respecto es necesario incluirlo en sesiones posteriores.

Los posicionamientos interrumpidos por el presidente del Senado para no tocar el caso Requena fueron los de Mayuli Martínez Simón, Senadora del PAN; Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, Diputada del blanquiazul; Pablo Vázquez Ahued, Diputado de Movimiento Ciudadano, y José Mario Íñiguez Franco, Diputado del PAN.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.