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Andrea Chávez se descarta para presidir el Senado

“Mi prioridad es representar con compromiso, cercanía y entrega al pueblo de Chihuahua”, dijo la legisladora morenista.

La senadora morenista Andrea Chávez se descartó para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República en el próximo periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre.

En un video en sus redes sociales, la legisladora afirmó que su prioridad es representar con compromiso y cercanía al Pueblo de Chihuahua.

"No he comunicado presidir el Senado de la República, porque no busco presidir el Senado de la República ... Esta es una decisión previsible y que tomé hace tiempo porque como es público, evidente y notorio, mi prioridad es representar con compromiso, cercanía y entrega al pueblo de Chihuahua que por primera vez depositó masivamente su confianza este pasado 2024 en la Cuarta Transformación", explicó.

La legisladora morenista resaltó que sería un gran honor presidir el Senado, pero implicaría callar una voz necesaria para denunciar el “desgobierno” en su estado natal, Chihuahua.

"A pesar del gran honor que representa encabezar uno de los poderes de la Unión, en este momento los actos protocolarios, el tener que llamar la atención de los maleducados panistas que gritan e insultan y la neutralidad discursiva no llaman demasiado mi atención, e implicarían apagar, atenuar o moderar una voz combativa, frontal y necesaria para denunciar el desgobierno en Chihuahua”, enfatizó.

Para finalizar, la legisladora afirmó que entre el pueblo y los reflectores prefiere el pueblo. Además anunció una gira de 60 días por su estado natal, Chihuahua.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Caso "Kiki" Camarena: Pena de muerte para Caro Quintero sigue sobre la mesa

Hector Berrellez, ex agente de la DEA y encargado de la "Operación Padrino” para investigar el caso, ha asegurado a Proceso en múltiples entrevistas que en una de esas grabaciones se escucha la voz de Félix Rodríguez “El Gato”, exoperador de la CIA en México.

El Departamento de Justicia señaló que mantiene sobre la mesa la posibilidad de solicitar como castigo la pena de muerte para el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, e informó a la Corte del Distrito de Nueva York, que está empezando a compartir con la defensa del capo, información sensible sobre las grabaciones que se hicieron en el interrogatorio del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, quien fue secuestrado en febrero de 1985.

En una audiencia de procedimiento ante el juez federal Frederick Block, la fiscal del Departamento de Justicia, Saritha Komatireddy, dijo que su equipo está revisando los documentos referentes al caso, que involucra trasiego de drogas, el secuestro, la tortura y el asesinato de Camarena hace 40 años.
“Nos encontramos en el procedimiento de revisar expedientes, interceptación de llamadas que tienen que ver con consignaciones de marihuana, cocaina, metanfetaminas, y las grabaciones sobre el interrogatorio al agente Camarena, así como documentos sobre múltiples asesinatos y autopsias”, explicó Komatireddy.
El juez de la corte federal en Brooklyn le preguntó a la representante del Departamento de Justicia si ya habían resuelto el tema de solicitar la pena capital como castigo para Caro Quintero, en caso de que se celebre un juicio y el capo sea declarado culpable.

“La pena de muerte sigue sobre la mesa”, respondió la fiscal al juez, estableciendo que se trata de un caso complejo y que para el el otoño, podrían tener una decisión respecto al tipo de castigo que solicitarían contra el acusado. 

Las grabaciones sobre la tortura a Camarena en una residencia en Guadalajara, Jalisco han sido mencionadas en múltiples procesos judiciales en diferentes cortes de los Estados Unidos, en donde han sido juzgados y sentenciados varios personajes acusados e involucrados en el homicidio del agente de la DEA. 

Hay información disponible al público de la transcripción de fragmentos de esas grabaciones, pero hasta ahora se desconocen en su totalidad.

Hector Berrellez, ex agente de la DEA y encargado de la "Operación Padrino” para investigar el caso, ha asegurado a Proceso en múltiples entrevistas que en una de esas grabaciones se escucha la voz de Félix Rodríguez “El Gato”, exoperador de la CIA en México y también señalado como uno de los agentes y operadores estadunidenses en la captura y el asesinato de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia. 

Elizabeth Macedonio, la abogada de oficio de Caro Quintero, argumentó ante el juez que por tratarse de un caso complejo que involucra la pena de muerte, ella se mantendrá en contacto con los fiscales para intercambiar documentos, expedientes y otras evidencias y estableció que es muy pronto para que ella presente una moción respecto a la solicitud de pena de muerte como castigo para su cliente. 

La próxima audiencia procediendo del caso en la Corte de Brooblyn quedó calendarizada para el 18 de septiembre a las 11:00 am.

A la audiencia de este miércoles Caro Quintero y su sobrino Ismael Quintero Arellano se presentaron ante el juez con el uniforme de reos color caqui, resguardados por cuatro alguaciles federales, a diferencia de las anteriores audiencia de procedimiento en esta ocasión no hubo tanta presencia de agentes d ella DEA; únicamente llegaron seis.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

En 2024, estados recortaron más de 8 mil millones de pesos en salud mientras duplicaron gasto en publicidad

A pesar de ser uno de los sectores más sensibles para la población, los 32 gobiernos estatales hicieron recortes en 2024 a la función de salud, de acuerdo con una radiografía de la organización Política Colectiva.

En el 2024, gobiernos de los 32 estados del país recortaron más de 8 mil millones de pesos en la función de salud, a pesar de ser uno de los sectores más sensibles para la población, mientras que incrementaron su gasto en comunicación oficial a más del doble de lo inicialmente aprobado para ese año. Así lo revela la “Radiografía de la recaudación y el gasto de los estados en 2024”, un análisis del proyecto ‘Ojos al Gasto’ de la organización Política Colectiva.

El informe, basado en datos oficiales del cuarto trimestre de la Cuenta Pública de todas las entidades, muestra que los estados tenían un presupuesto aprobado de 2.8 billones de pesos, sin embargo, gastaron más de 240 mil millones adicionales, aumentando su proyección financiera a 3 billones de pesos.

Pese a que los gobiernos estatales gastaron un 8.6 % más durante el 2024, uno de los principales hallazgos de la radiografía que busca señalar opacidad y prioridades cuestionables, son los recortes en salud con una reducción por más de 8 mil millones de pesos a este sector.

Para dimensionar la magnitud de este recorte, Política Colectiva destaca que se trata de más del doble del gasto total que el Instituto Nacional de Cancerología tuvo en 2024, el cual ascendió a 3 mil millones de pesos.

Por el contrario, los estados tuvieron un aumento en publicidad oficial y comunicación, pues destinaron 9 mil 197 millones de pesos a espacios en medios para promocionar logros o programas de sus gobiernos.

Este monto representa más del doble de lo que se había aprobado inicialmente para este rubro en todas las entidades, de acuerdo con el análisis de Política Colectiva, el cual también subraya que cinco estados aumentaron su gasto en publicidad en más del 1000 %.

El comparador estatal y municipal de Cuentas Públicas, una herramienta que se encuentra en el sitio web de la organización, muestra que los cinco gobiernos estatales que incrementaron su gasto en servicios de comunicación social y publicidad fueron: Guerrero con una diferencia porcentual entre lo aprobado y devengado del 505, 567.62, seguido por el Estado de México con 1,994.09, Puebla en tercer lugar con 1,854.35, Tamaulipas con 1,723.48 y en quinto lugar se ubicó Veracruz con 1,272.35.

Otro hallazgos sobre el gasto de los gobiernos estatales

Política Colectiva revela que la deuda pública se disparó un 282 % en 2024 en cuanto a lo que planearon inicialmente los estados. De esta manera se alcanzaron los 90.8 millones, “una cifra similar al costo total del AIFA“.

El informe también muestra la deuda planeada y aprobada a inicios de 2024 y la deuda recaudada por los estados.

En este caso, señala que Oaxaca (12.05 mil millones de pesos), Tamaulipas (13.69 mil millones de pesos) y Quintana Roo (19.3 mil millones de pesos) fueron los tres estados donde más cambió la deuda recaudada, la cual no fue avalada en su planeación.

Por el contrario, Yucatán y Ciudad de México adquirieron una deuda menor a la que aprobaron al comenzar el año. La primera entidad avaló 3.06 mil millones de pesos y terminó con un endeudamiento de 1.63 mil millones, mientras que la capital del país aprobó inicialmente 2.5 mil millones y recaudó un adeudo de 2.41 mil millones de pesos.

Otro hallazgo es que las entidades invirtieron más en el pago de deuda que en obra pública con un 5.5 %, que representa 168.7 mil millones de pesos, contra un 4.6 %, que equivale a 139.1 mil millones de pesos del presupuesto.

“Esto refleja una baja inversión en infraestructura por parte de los estados, algo que contrasta con la idea de que los gobiernos gastan mucho en obra pública”, subraya Política Colectiva.

El informe también señala cómo y en qué gastan las entidades, contemplando principalmente que más de un 35 % del gasto de las entidades en 2024 se canalizó del gobierno estatal a través de transferencias a otros entes públicos, como son organismos descentralizados, autónomos, poderes legislativo  y judicial, así como fideicomisos y otros.

Para la organización, esta tendencia es importante de considerar, porque fragmenta la información presupuestal y complica su seguimiento y revisión.

Por otro lado, el 23.5 % del gasto total de entidades como Chiapas, Veracruz y Tabasco lideran la inversión en el rubro de nómina gubernamental, que se contempla como servicios personales en la cuenta pública.

Este rubro suele ser motivo controversial ante posibles retribuciones desproporcionadas a algunos cargos, apunta Política Colectiva, sin embargo, reconoce que se trata de “un gasto indispensable” debido a que ninguna administración estatal puede operar sin funcionarias y funcionarios.

 Con el análisis de estos hallazgos y anomalías, Política Colectiva busca abrir la conversación pública sobre los presupuestos estatales, así como visibilizar áreas de oportunidad y fomentar el involucramiento de la ciudadanía en decisiones que afectan a todas y todos.

Además, la organización enfatiza que “lo más grave no es cuánto se gasta, sino que no lo sepamos, no lo discutamos y no lo exijamos”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEJANDRA GONZÁLEZ.

Construcción de un cuarto muelle en Cozumel dañará arrecife Villa Blanca, advierten habitantes; Semarnat revisa proyecto

Ciudadanos y gremio náutico en la isla de Cozumel denuncian que un cuarto muelle no es viable para la comunidad y amenaza la riqueza biológica del arrecife de Villa Blanca. La Semarnat informó que revisará el proyecto en materia de impacto ambiental.

La construcción de un cuarto muelle para ser terminal de cruceros en la isla de Cozumel, Quintana Roo, pondría en peligro un gran arrecife conocido como muro de Villa Blanca, valioso por sus corrientes de agua y diversidad biológica, advierten habitantes, ambientalistas y funcionarios locales del estado. Ante ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revisará el proyecto.

“No son dos, tres coralitos. Es un arrecife sano. Es un arrecife que sí tiene un valor ecosistémico muy importante”, dijo Oscar Rebora, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo y buzo, en una entrevista con el Periódico Quequi.

Los habitantes de Cozumel consideran que no es necesario construir un cuarto muelle en la Isla pues ya cuentan con tres desembarcaderos que, a su parecer, proveen los servicios suficientes para la comunidad.

Además, la organización Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC) ha denunciado las afectaciones que podría causar un cuarto muelle en la isla.

Con pangas (embarcaciones pequeñas) y manifestaciones en las calles, han solicitado entablar diálogo con el presidente municipal, José Luis Chacón, y expresarle su preocupación por este proyecto que amenaza la conservación marina de México.

Tras las denuncias de los posibles daños por la construcción de un cuarto muelle, la Semarnat atrajo el caso para revisar el proyecto.

La Semarnat revisará el resolutivo en materia de impacto ambiental, emitido desde el 7 de diciembre de 2021, tras la impugnación de los vecinos de la Isla.

Semarnat revisará proyecto de construcción de un cuarto muelle en Cozumel

La Secretaría del Medio Ambiente federal atenderá el recurso de revisión interpuesto por habitantes de la isla de Cozumel en contra del oficio resolutivo que autorizó el proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros”, conocido también como “cuarto muelle”.

Esta dependencia, encabezada por Alicia Bárcena, valorará el proyecto del cuarto muelle con base en la normatividad vigente, la protección del ecosistema arrecifal y el derecho de la población a un medio ambiente sano.

El 13 de junio pasado la Semarnat admitió a trámite un recurso de revisión, luego de que habitantes de Cozumel cuestionaron el resolutivo SGPA-DGIRA-DG-05859-21 que autorizó el proyecto.

Para el 18 de junio, la Secretaría notificó a las vecinas y a la empresa promovente que inició un procedimiento administrativo derivado de esa impugnación.

Los habitantes de Cozumel solicitaron la suspensión a efecto de que no se ejecute el proyecto, hasta en tanto se resolviera el procedimiento.

Ante este procedimiento, la Semarnat dio a conocer a las partes involucradas que para llevar a cabo la ejecución de la obras y actividades evaluadas se requiere el cumplimiento de los términos ordenados en la autorización de Impacto Ambiental.

En una autorización de Impacto Ambiental se obtienen las aprobaciones, concesiones, permisos federales, estatales y municipales correspondientes que se encuentran pendientes por emitir. 

La Semarnat informó que el recurso ya fue turnado al superior jerárquico para su substanciación quien deberá resolver con base en la normatividad aplicable, principios ambientales y principios que rigen el servicio público este procedimiento.

Gobierno de Quintana Roo reconoce importancia de arrecife de Cozumel

Oscar Rebora, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo y buzo, expresó en redes sociales su rechazo al proyecto cuarto muelle de Cozumel luego de bucear en la zona del arrecife Villa Blanca que podría ser afectado, invitado por el gremio hotelero.

Rebora comentó al Periódico Quequi que tras bucear por el arrecife encontró un ecosistema sano. También explicó que este ecosistema marino, aunque no se encuentra dentro de una área natural protegida sí se considera una zona de amortiguamiento marino.

Una zona de amortiguamiento es toda la carga que está recibiendo el arrecife. Por ello, se deja un espacio para que toda esa carga pueda irse y amortiguar, también, las consecuencias que va teniendo o cargas rebasadas que ya tiene el área natural protegida, explicó el funcionario local.

“Esta zona de amortiguamiento funciona para que no todo el impacto que se genera dentro de la ANP lo reciban directo los arrecifes que ya conocemos”, dijo en entrevista.

El secretario explicó que el proyecto lo propusieron empresarios para activar la economía local tras la pandemia por COVID-19. Sin embargo, señaló que cinco años después no es viable ante las consecuencias del cambio climático.

“Tomé la decisión de ir a bucear para ver qué nos encontramos allá abajo (…) y dar una postura para ver si está bien planteada esta Manifestación de Impacto Ambiental, ver qué se puede rescatar y cuál va a ser el impacto. Sabemos que todo desarrollo causa impactos y por eso son importantes las manifestaciones de impacto ambiental”, explicó.


De acuerdo con el funcionario, los empresarios señalaron que las barreras del arrecife de Villa Blanca tenía poco valor ecosistémico con algunas especies y contados corales.

Sin embargo, tras verificar la zona junto con activistas y empresarios, el secretario encontró que sí es un arrecife sano y con valor ecosistémico.

Protestas en Cozumel por proyecto de cuarto muelle en la Isla

Pobladores de Cozumel, el gremio náutico e integrantes de CIMAC marcharon pacíficamente el 20 de junio pasado desde Playa Mantarrayas hasta el Palacio Municipal.

El contingente lo integraron 100 personas a pie, más de 100 motocicletas y más de 50 automóviles en caravana de la sociedad cozumeleña que rechaza este proyecto.

Guadalupe Martín, presidenta de la organización Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, reconoció la respuesta de los habitantes de la isla por atender la convocatoria para protestar en contra del cuarto muelle.

“Gracias por demostrar que el puedo de Cozumel defiende al arrecife Villa Balanza y su ecosistema”, agradeció la cozumeleña en sus redes sociales. Además, dijo que continuarán manifestándose tras lograr la revisión de la MIA que la Semarnat estará analizando.

Tras la marcha, Margarita Vázquez Barrios, representante del presidente municipal, recibió a una parte del contingente de manifestantes, quienes comunicaron que han tenido una respuesta negativa de parte del ayuntamiento, derivado de la revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental que inició la Semarnat.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA SANTAMARÍA.

Congreso de Morelos busca aumentar curules, frenar paridad y desaparecer el Instituto de la Mujer

Las iniciativas para frenar las candidaturas exclusivas para mujeres en 2027, desaparecer el Instituto de la Mujer y el IMIPE, así como para sumar curules, fueron presentadas por el panista Daniel Martínez Terrazas, en una sesión extraordinaria no programada y convocada de última hora.

Diputadas y diputados del Congreso de Morelos analizan reformas político-electorales para aumentar de 20 a 30 las curules y frenar la sentencia del Tribunal Electoral que ordena reservar municipios para candidaturas exclusivamente para mujeres en 2027, con el objetivo de garantizar la paridad en las presidencias municipales. 

Las iniciativas fueron presentadas este miércoles en una sesión extraordinaria no programada y convocada de última hora. La reunión duró apenas 10 minutos y tuvo como único punto la recepción formal de las propuestas, que fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. Se prevé que sean dictaminadas y votadas el jueves 26 de junio.

El legislador panista Daniel Martínez Terrazas impulsa ambos proyectos. El primero busca reformar el artículo 24 de la Constitución local y modificar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de incluir el artículo 14 Bis.  

El objetivo es aumentar el número de diputaciones locales de 20 a 30 mediante un nuevo proceso de redistritación. La nueva integración contemplaría 18 curules de mayoría relativa, ocho de representación proporcional y cuatro de primera minoría. 

En la segunda iniciativa se propone modificar el acuerdo emitido por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) en cumplimiento de la sentencia TEEM/JDC/15/2024, que ordena reservar 21 municipios exclusivamente para candidaturas para mujeres en el proceso electoral de 2027. 

Se plantea ajustar el listado de municipios definidos por el Impepac para excluir a Cuernavaca, Jiutepec y otros de interés de diputados panistas. 

Asimismo, se busca establecer, a partir del proceso electoral de 2030, un mecanismo de alternancia de género: en los municipios donde haya gobernado un hombre, deberá postularse una mujer en el siguiente trienio, y viceversa. 

El Congreso local tiene como meta aprobar estas reformas antes del 15 de junio, fecha en que concluye el actual periodo ordinario de sesiones. Las y los legisladores aceleran el proceso electoral ante la posibilidad de que las iniciativas sean impugnadas una vez aprobadas. 

De acuerdo con diputadas y diputados que hablaron con esta periodista bajo condición de anonimato, detrás de estas reformas habría una negociación política entre el PAN y otras fuerzas legislativas, incluida la mayoría de Morena. 

Las fuentes aseguran que el acuerdo consiste en aprobar las reformas promovidas por Martínez Terrazas —lo que le permitiría postularse como candidato a la alcaldía de Cuernavaca— a cambio de respaldar la propuesta de la gobernadora Margarita González Saravia para desaparecer el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), medida que forma parte de una línea impulsada por el Gobierno Federal y que fue anunciada recientemente con amplia difusión.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Fiscal de Morelos admite omisiones en exhumaciones de Jojutla; promete fortalecer el proceso

Después de que la FGE desacreditó a buscadoras que dieron a conocer el número de cuerpos en fosas clandestinas y señalaron irregularidades por parte de autoridades, el fiscal Edgar Maldonado tuvo un encuentro con colectivos y anunció la incorporación de peritos independientes y rigor técnico.

El fiscal general del estado de Morelos, Edgar Maldonado, reconoció —ante buscadoras— omisiones durante la cuarta diligencia de exhumación en las fosas de Jojutla, y anunció una serie de medidas para mejorar los trabajos, entre ellas la incorporación de peritos independientes y de especialistas en arqueología y antropología física, una vez que se reanude el proceso. 

La información fue difundida a través de un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el que se detalla que el encuentro sostenido este martes con integrantes de diversos colectivos de búsqueda, que tuvo como objetivo “revisar avances, compartir información y reforzar el diálogo permanente sobre los trabajos de exhumación”.

“Esto es un trabajo en conjunto que nos abona mucho a la Fiscalía. Entiendo su visión y por lo que han sufrido, y también todos entendemos que esta problemática viene desde hace muchos años atrás, pero que nosotros tenemos la voluntad y disposición para dar respuesta a las familias y colectivos de búsqueda”, expresó Maldonado, según cita el documento. 

Uno de los compromisos centrales asumidos durante la reunión fue el desarrollo de perfiles genéticos de los restos recuperados durante la cuarta fase de intervención judicial, una demanda que las familias han sostenido desde hace varios años. 

Además, el fiscal informó que las labores de exhumación en las fosas comunes de la dependencia, situadas en el panteón “Pedro Amaro” de Jojutla, fueron suspendidas temporalmente el pasado viernes, ante el riesgo de derrumbe de un muro colindante con la zona de excavación, y aseguró que “se reanudarán en cuanto se garantice la seguridad estructural del área”. 

Ante las solicitudes de los colectivos, la Fiscalía “abrió la puerta a la incorporación de peritos independientes y valorará la inclusión de especialistas en arqueología y antropología física, con el propósito de asegurar una intervención técnica más robusta y respetuosa”, puntualiza el comunicado. 

También se planteó la posibilidad de reforzar las capacidades operativas en las regiones Oriente y Sur Poniente mediante la asignación de agentes del Ministerio Público especializados en desaparición forzada, “de acuerdo con la disponibilidad institucional”. 

Al encuentro acudieron representantes de los colectivos Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla; Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos; Regresando a Casa Morelos; Unión de Familias Resilientes en Búsqueda de sus Corazones Desaparecidos; Buscadoras del Sur; la Brigada Nacional de Búsqueda, y personal de la Comisión Nacional de Búsqueda. 

Por parte de la Fiscalía también participaron el fiscal especializado en Desaparición Forzada de Personas, Alberto Belmont Gutiérrez; el coordinador general de Servicios Periciales, Samuel Nava Vázquez; la secretaria ejecutiva, Alejandra Cruz Quiroz, y el fiscal especializado en Delitos Electorales, Víctor Rogel Gabriel.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Mientras Trump cierra fronteras, Putin busca con México el corredor Yucatán-Cuba-Rusia

En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pasada la pandemia, creció la inversión rusa en México. Según cifras de la Secretaría de Economía, en 2022 llegaron al país 2.8 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) desde la nación gobernada por Vladimir Putin; para 2024, la cifra ascendió a 86.4 millones de dólares. 

Y ahora, mientras Donald Trump militariza la frontera con México y transita su segundo mandato presidencial impulsando una nueva guerra arancelaria, y maniobra entre las tensiones en Medio Oriente, Rusia dirige su atención hacia el principal socio comercial de Estados Unidos, México, gobernado ahora por Claudia Sheinbaum Pardo. El punto de entrada está lleno de simbolismo geopolítico, Cuba, gobernada por Miguel Díaz-Canel, el aliado más cercano del Kremlin en la región.

El director del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Aleksey Valkov, expuso en entrevista con Proceso los ejes de la estrategia con la que Rusia busca ampliar su presencia económica en América Latina, comenzando por México. 

El movimiento forma parte de una ofensiva diplomática y comercial más amplia del Kremlin.

De acuerdo con el seguimiento realizado por Proceso, la iniciativa guarda similitudes con el modelo que Moscú desplegó con India, primero, en el sector farmacéutico y, después, en diferentes puntos de la economía donde se fortalecieron los vínculos industriales mediante convenios de transferencia tecnológica y comercio bilateral. En esta ocasión, la apuesta contempla sectores como energía, infraestructura y conectividad.

Plan de largo plazo

El primer paso tiene un componente logístico y comercial, explicó Valkov: la creación de una ruta aérea directa entre Moscú y México, con escala en La Habana. La propuesta, detalló, ya fue planteada a integrantes del gobierno de Sheinbaum y plantea un corredor entre Yucatán, Cuba y Rusia. El objetivo no es simplemente atraer turistas, sino construir un canal directo para empresarios e inversionistas, una autopista aérea para los negocios.

El arranque formal de esta estrategia ocurrió en abril último, cuando empresarios rusos y funcionarios de alto nivel aterrizaron en México para participar en un foro de negocios.

“Tomamos la decisión de hacer un foro de negocios. Tuvo lugar en México, se reunieron 300 personas de Rusia y expertos de diferentes campos que hablaron de distintos aspectos de las relaciones bilaterales. Eso se considera como un paso muy bueno para fortalecer el diálogo bilateral, y se espera que continúe en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en junio de este año”, añade.

Más allá del turismo cultural –aunque presente–, lo que Rusia plantea es un reposicionamiento de largo plazo, en un momento en que el neoliberalismo pierde fuerza y América Latina se reconfigura como un terreno abierto para nuevas alianzas económicas.

“Sí hay un gran interés por México y por su cultura riquísima. Mucha gente en Rusia se interesa por la cultura mexicana. Mucha gente rusa va a las exposiciones y conoce muy bien los cuadros de Frida Kahlo, como un ejemplo”, comenta Valkov.

Apoyo nuclear

La siguiente fase del plan se desarrolló en junio, en el Foro de San Petersburgo, donde Rusia buscó capitalizar el nuevo ciclo político mexicano con la reforma energética que impulsa la presidenta Sheinbaum.

En este punto, el interés ruso es explícito, con gas, petróleo, energías renovables y energía nuclear.

Valkov detalla que entre las propuestas se incluye la modernización de la infraestructura energética mexicana, así como un posible convenio para suministrar uranio a la planta nuclear de Laguna Verde. Además, ofrecen tecnología avanzada, como reactores modulares pequeños, útiles para llevar energía a regiones remotas del país.
Rusia celebra -explicó- el aniversario de 80 años de energía atómica, de la energía nuclear en Rusia. Y, por lo tanto, Rusia puede ofrecerle a México un buen potencial energético tecnológico. Incluido el sector de los reactores modulares pequeños para proveer estabilidad económica y energética a las áreas remotas.
Precisamente este 23 de junio la Embajada de Rusia en México anunció oficialmente su disposición para suministrar gas natural licuado (GNL), además de compartir tecnologías especializadas para la extracción de crudo en condiciones geológicas adversas, y procesos para mejorar la eficiencia en el refinado.

Relaciones diplomáticas

Valkov insiste en que este acercamiento no es coyuntural ni impulsivo. En este 2025 se cumplen 135 años de las relaciones diplomáticas entre México y Rusia, desde que se establecieron formalmente el 1 de diciembre de 1890. 

Y es que para el director del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, la historia diplomática avanza, pero ahora, con un nuevo corredor aéreo, un foro de negocios en marcha y una jugada energética sobre la mesa.

“Entre Rusia y México las relaciones no son circunstanciales, sino más bien a largo plazo. Por eso, este año se celebra el aniversario de las relaciones diplomáticas entre Rusia y México (…) y se están planeando algunos proyectos conjuntos que ambas partes están trabajando”, sostuvo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Estado mexicano miente a CEDAW. Mujeres son encarceladas por abortar en 2025

«En México no hay ni una sola mujer detenida por haber practicado un aborto» declaró Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, durante el 91° periodo de sesiones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en ingles), pero su declaración contradice información documentada por diversas organizaciones civiles quienes han denunciado casos de criminalización y encarcelamiento de mujeres por abortar en distintas entidades del país.

El día de ayer concluyó la comparecencia que sostuvo el Estado mexicano ante CEDAW, en la cual, una delegación de funcionarias acudieron a Ginebra en Suiza para rendir cuentas sobre el avance y cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de igualdad de género y de nueva cuenta, además de evadir los cuestionamientos, negaron problemáticas que violentan a las mujeres, niñas y adolescentes en el país, como el encarcelamiento de mujeres por aborto, una realidad ampliamente expuesta por defensoras con cifras y casos específicos.

Durante la segunda audiencia de comparecencia del Estado mexicano ante la CEDAW, la relatora española Ana Peláez Narváez cuestionó la detención de mujeres por abortar con sentencias bajo figuras como homicidio o infanticidio y preguntó a la delegación mexicana cómo piensan abordar estos retos para armonizar su legislación con los estándares internacionales.

En respuesta, la titular de la Semujeres evadió la respuesta hasta que la relatora Patsilí Toledo Vázquez hizo hincapié en una pregunta complementaria para que el Estado mexicano respondiera. Fue entonces que Citlalli Hernández atajó la inexistencia de mujeres detenidas por practicarse un aborto.

Actualmente, en México ya son 23 entidades federativas en las que está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación y a pesar del avance de las mujeres, persiste el número de muertes maternas relacionadas con abortos inseguros, el cual ya alcanzó el 11.3%, según el informe semanal de la Secretaría de Salud y además persiste la criminalización contra mujeres.

No perdamos de foco que en el 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, dictaminó la inconstitucionalidad de criminalizarlo a nivel federal.

Datos de la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) publicados en su informe «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México» muestran que de enero de 2012 a diciembre de 2022 hubo 2 mil 169 denuncias por el delito de aborto (680 mujeres), así como 2 mil 456 averiguaciones previas y carpetas de investigación (258 mujeres) reportadas por procuradurías o fiscalías.

En el mismo periodo se encontraron 14 mujeres en prisión preventiva por el delito de aborto. Asimismo, en 412 ocasiones se ejerció la acción penal por abortar (145 de las veces fueron mujeres) y se emitieron 142 sentencias (32 dirigidas a mujeres). Dichos datos fueron obtenidos a través de solicitudes de información a las 32 entidades de la república mexicana.

La titular de la Semujeres también trajo a colación la existencia de la Ley de Amnistía para liberar a las mujeres en prisión acusadas por abortar. No obstante, el informe sombra «Informe al Comité CEDAW ante la Décima Evaluación al Estado mexicano» del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF) y de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (RED TDT) denunció que esta ley no ha sido eficaz, pues solo una solicitud ha sido procedente desde su implementación y 9 han sido rechazadas.

Pese a que la delegación celebró ante la CEDAW la despenalización del aborto en 23 entidades del país, la realidad es que persisten diversos problemas para llevarla a cabo. En primera instancia, el delito de aborto continúa estando tipificado a nivel federal ya que no se han eliminado los artículos 329° al 334° que establecen la ilegalidad de «la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar», entren otras disposiciones.

Esto ha provocado no solo que en 8 entidades el aborto siga siendo un delito, sino la existencia de 218 carpetas de investigación por aborto, incluidas entidades donde el procedimiento ya fue despenalizado. Además, persiste la práctica de denuncias por parte de personal de salud, lo que refuerza la criminalización de quienes deciden abortar.

La criminalización del aborto por el personal de salud

Garantizar el acceso seguro al aborto es una medida de salud pública fundamental para las mujeres, ya que permite su autonomía y dignidad. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas y personas defensoras de derechos humanos reportan que persisten barreras para acceder a este servicio incluso en entidades donde ya está despenalizado.

De acuerdo con la organización GIRE, entre 2012 y 2023 atendieron 46 casos de criminalización de mujeres y acompañaron 27 de ellos. El rango de edad de las mujeres estuvo entre los 15 y los 42 años y los casos ocurrieron en once entidades (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán).

De los 27 casos acompañados, en ninguno se criminalizó al personal de salud y, en varios de ellos, fue ese personal adscrito a los hospitales el que denunció o dio aviso al personal de seguridad pública o a las fiscalías o procuradurías locales. La mayoría de estos casos concluyeron porque se solicitó el cierre por falta de actividad procesal por parte de las fiscalías o por no acreditarse los elementos del delito.
«El fenómeno de la criminalización por parte del personal de salud tiene consecuencias graves. La percepción de que las personas que decidieron abortar han cometido un delito solo las somete a escrutinio y las coloca bajo sospecha, sino que pone en riesgo la calidad de la atención médica que reciben. Al privilegiar los temas legales, la participación y las actividades del personal ministerial antes, durante y después de la atención médica, se puede afectar la recuperación de las personas investigadas» -Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México»
No obstante, las barreras para acceder al aborto por parte de las instituciones de salud, así como su criminalización por el personal terminan por vulnerar los derechos humanos de las mujeres, representando uno de los mayores obstáculos para que el aborto sea aceptado socialmente como un servicio de salud.

Los obstáculos

Según señala GIRE, esta criminalización contra mujeres, además de representar una violación a los derechos humanos también ha generado incremento en las carpetas de investigación por el delito de aborto en casos como cuando una mujer aborta fuera del límite de las 12 semanas de gestación incluso cuando es involuntario.

Otra barrera para las mujeres persiste en varias entidades del país donde aún no se ha despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021. Actualmente, los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ya despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas.

Por otro lado, 8 entidades mantienen vigente la penalización de la Interrupción del Embarazo (ILE): Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala, y se tiene el caso extraordinario de Aguascalientes donde el aborto sólo está permitido hasta las 6 semanas de gestación. Esta disparidad territorial refleja un acceso desigual al derecho, y aunque la legalidad no reduce la práctica del aborto, su criminalización obliga a muchas mujeres a interrumpir su embarazo en condiciones clandestinas, vulnerando sus derechos humanos e incluso su vida.

A eso se añade la objeción de conciencia, ya que permite que personal médico se niegue a practicar abortos por motivos religiosos o morales. Aunque las leyes mexicanas establecen que los servicios de salud deben garantizar personal disponible que no objete, en la práctica esto no siempre se cumple. También hay una grave falta de capacitación técnica y ética en el personal médico, lo cual es fundamental para ofrecer una atención segura, profesional y basada en derechos humanos. Esta carencia limita la calidad del servicio y dificulta el acceso oportuno al procedimiento.

La falta de infraestructura adecuada es otra barrera importante, especialmente en hospitales públicos ubicados en zonas rurales o marginadas, donde no existen los insumos básicos, medicamentos o espacios físicos apropiados para realizar abortos. La centralización de clínicas especializadas en capitales estatales deja en desventaja a las mujeres que viven en comunidades alejadas o indígenas, pues implica un esfuerzo económico, logístico y emocional adicional. A esto se suman los trámites burocráticos arbitrarios e ilegales que muchos centros de salud exigen, como permisos notariales, autorizaciones familiares, valoraciones médicas o psicológicas innecesarias, e incluso periodos obligatorios de “reflexión”, todos los cuales constituyen formas de violencia institucional.

Por otro lado, las barreras socioculturales también juegan un papel fundamental. El estigma social alrededor del aborto genera culpa, vergüenza y discriminación hacia las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. La desinformación sobre salud sexual y reproductiva, y en particular sobre la seguridad del aborto, contribuye a que muchas mujeres no conozcan sus derechos ni las opciones médicas seguras disponibles. Finalmente, los factores económicos limitan el acceso a anticonceptivos, medicamentos como el misoprostol o la mifepristona, o servicios clínicos adecuados, dejando fuera a las mujeres con menos recursos.

A esto se añade los impedimentos de instituciones para abortar en casos de violencia sexual, desobedeciendo la NOM-46. Esta institución ha establecido una norma interna que impone requisitos adicionales —como ultrasonidos, opiniones jurídicas o testigos— que obstaculizan el acceso al procedimiento. Este conflicto refleja una serie de barreras institucionales que persisten incluso en estados donde el aborto ya fue despenalizado.

Debido a estos factores que han sido denunciados en reiteradas ocasiones por la marea verde, no se puede invisibilizar la criminalización de las mujeres que abortan, siendo este uno de sus derechos sexuales y reproductivos. Por ello, el Estado mexicano no puede negar que aún existan mujeres encarceladas o procesadas penalmente por interrumpir su embarazo.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

“Avanza la militarización”: aprueban reformas a ley de la Guardia Nacional

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen sobre la nueva Ley de la Guardia Nacional, que contempla el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la vigilancia de las comunicaciones por parte del ejército y la posibilidad de que militares se postulen para cargos de elección popular.

Las reformas eliminan por completo el control civil de la corporación y otorga el manejo total de sus funciones administrativas y operativas al ejército. Además, la Guardia Nacional ahora estará facultada para realizar operaciones encubiertas, utilizar “usuarios simulados”, acceder a datos georreferenciados e intervenir comunicaciones.

Tras la votación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) denunció la “innegable militarización en un contexto de erosión de la democracia constitucional” que representan las reformas, así como que su aprobación “culmina un largo proceso iniciado en 2019, cuando se traicionó el acuerdo amplio con el que esa corporación se creó como cuerpo civil”.

Recordó que las reformas aprobadas “en ‘fast track’” no se limitan a la regulación de la Guardia Nacional, sino que con ellas el ejército busca que se reforme la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal “para ampliar sus atribuciones en inteligencia”.

“Se deja de lado así el modelo establecido en la Ley de Seguridad Nacional desde 2005. Avanza la militarización”, advirtió el Centro Prodh en sus redes sociales.

El dictamen fue aprobado con 349 votos a favor emitidos por legisladores de Morena, PVEM y PT durante el segundo día del periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. La iniciativa será enviada al Senado para su discusión por los legisladores.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Guardia del Ejército, que sólo el Ejército quiere

Así que eso de aprobar una Ley para oficializar lo que ya sucede, que la Guardia Nacional esté en la facultad de la Secretaría de la Defensa, no cambia el panorama de la seguridad o la estrategia para combatir a la criminalidad en el país, finalmente, poco aportan, y a estas alturas, es una corporación que nadie más que el Ejército quiere.

En sí la nueva Ley de la Guardia Nacional es un mero trámite, al estilo de Morena, para constitucionalizar lo que de facto ya sucede. Desde su creación en el 2019, la Guardia Nacional fue integrada mayormente con elementos del Ejército Mexicano, pocos policías federales, corporación que desaparecería posteriormente, migraron hacia la nueva policía que, de entrada y en un vil engaño, dijeron quedaría en la facultad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Secretaría de Seguridad, reinstaurada en la Administración de Andrés Manuel López Obrador luego que su antecesor Enrique Peña Nieto la desapareciera, pasó a ser en el primer Gobierno de Morena en la República, una mera secretaría de actas, al deshacerse de su corporación preventiva para integrar la Guardia Nacional, desde un inicio integrada por elementos del Ejército y con mando militar, la entonces titular, Rosa Isela Rodríguez, sólo llevaba los datos nacionales de la inseguridad por trámite para el diseño, en la Guardia Nacional y otras entidades, de las estrategias, aun fallidas (el Gobierno de López Obrador rebasó los 200 mil ejecutados en 5 años 10 meses que tuvo de duración.

Mucho se especuló, que con la entrada a la Secretaría de Seguridad del súper policía que ha acompañado a la Presidenta Claudia Sheinbaum en anteriores encargos, Omar García Harfuch, se podría frenar eso de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, con el argumento de que él, requeriría de una corporación policiaca para sacar adelante el compromiso de la mandataria nacional en materia de seguridad. Pero no…

Antes de aceptar la Guardia Nacional, o de frenar la iniciativa intocable de Andrés Manuel López Obrador de enviar tal corporación ya constitucionalmente al Ejército que de suyo la maneja, Harfuch prefirió hacer su propia reforma constitucional y sentar las bases para, desde la SSCP, realizar la investigación, la inteligencia y la coordinación, tanto con entidades de las Fuerzas Armadas, como con aquellas en los estados de la República.

Así, el 28 de noviembre de 2024, en una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, Omar García Harfuch rearmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que heredó en calidad de desmantelada, no sólo para que fuese su dependencia la encargada de establecer los protocolos “en materia de arquitectura, infraestructura, desarrollo y equipamiento institucional, carrera policial y régimen de seguridad social”, sino también titular la “distribución para la asignación de recursos federales y los esquemas de control y verificación”, también, “establecer, fortalecer y homologar los planes y programas para la formación y actualización policial, ministerial, pericial y penitenciaria, a través de las academias e institutos especializados”.

Y en materia de investigación de delitos, aparte de la Guardia Nacional ya de suyo en la facultad del Ejército, y de la Agencia de Investigación Criminal o Policía Ministerial que depende de la FGR, la reforma constitucional incluyó facultar, por lo pronto, a la Policía de Protección Federal, la única disponible en lo que crea un grupo élite de investigación, para realizar labores de inteligencia y “realizar la investigación y persecución de delitos basada en inteligencia, información estratégica, análisis, colaboración, práctica de operaciones especiales y aprovechamiento de la tecnología informática, para generar y aportar mayores elementos de prueba que originen y fortalezcan carpetas de investigación ministerial, con la finalidad de que los indicios, datos y pruebas que se recaben sean admisibles en juicio con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales, en coordinación con la Fiscalía General de la República y las dependencias competentes conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”. 

Pero no se quedó ahí, sino que se dio la función de coordinar nacionalmente en materia de seguridad, al adicionar a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al inscribir que se coordina no con el Poder Judicial de la Federación para los efectos ya dispuestos, sino también con facultad para coordinarse con los “poderes judiciales de las entidades federativas, así como con la fiscalía general de la República, y las fiscalías estatales… cuando así se requiera”.

Este año 2025, a diferentes estados de la República Mexicana, entre ellos Baja California, han llegado cientos de unidades de Protección Federal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para realizar labores de investigación. A Tijuana, en abril de este año, arribaron 80 unidades con más de 300 policías. 

La Guardia Nacional ha quedado rezagada por la corporación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Relegada como lo indicó el expresidente López Obrador desde un inicio, a patrullar, a cuidar parques, canchas y fiestas, a acompañar a los ciudadanos en una labor disuasiva y no investigadora ni generadora de inteligencia. Volviendo a Baja California, recientemente fue información de la SSPC y de corporaciones de los Estados Unidos, la que fue procesada, analizada y que sirvió de base para la realización de un operativo sorpresivo que llevó a la captura de Pablo Huerta Nuño, el "Flaquito", criminal de una célula del cártel Arellano Félix, prófugo por más 10 años. En tal acción, la Guardia Nacional, como el Ejército, sirvieron para resguardar los perímetros al ser coordinadas por el grupo especializado de la FGR, y la SSPC, y nada más.

Por eso ahora que en el legislativo se prestan a aprobar la reforma a la Guardia Nacional que ya da certeza castrense al origen, desarrollo y mando de esa corporación, y acaba con la farsa de que se trataba de una corporación civil, para el estratega de seguridad del país, podría resultar lo de menos, pues se armó con la reforma a la Ley orgánica de la administración federal, con su propia y facultada corporación policiaca para definir y coordinar en la materia, la estrategia nacional.

Al final de cuenta, la Guardia Nacional no entrega buenas cuentas. Ni ha realizado aprehensiones de alto impacto, ni ha contribuido a la seguridad y sí ha sido infiltrada por grupos de la criminalidad organizada, y algunos muchos de sus elementos investigados, y en el peor de los casos asesinados, sea patrullando las calles porque hasta ahí les da, o protegiendo a la criminalidad como han sido descubiertos en varias ocasiones.

Así que eso de aprobar una Ley para oficializar lo que ya sucede, que la Guardia Nacional esté en la facultad de la Secretaría de la Defensa, no cambia el panorama de la seguridad o la estrategia para combatir a la criminalidad en el país, finalmente, poco aportan, y a estas alturas, es una corporación que nadie más que el Ejército quiere.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Sheinbaum lamenta asesinato de 10 personas en Irapuato; "fue un enfrentamiento", dice

Claudia Sheinbaum dio a conocer que ya "se está haciendo la investigación" del "homicidio múltiple" que tuvo lugar en la celebración de las Fiestas de San Juan de Irapuato.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló la mañana de este miércoles que la masacre de anoche en Irapuato, Guanajuato, que dejó 10 muertos fue por un enfrentamiento, en el que "lamentablemente fallecieron niños".
"En este caso en realidad fue un enfrentamiento, pero lamentablemente fallecieron niños. Entonces es muy lamentable lo que ocurrió", dijo al ser cuestionada por el ataque que se registró durante la celebración de una fiesta patronal en esa entidad.
En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo aseguró que ya "se está haciendo la investigación" del caso, y que continuará el trabajo conjunto con Libia Dennise García, Gobernadora de Guanajuato.
"Se va a seguir trabajando en conjunto con la Gobernadora y hasta donde se puede trabajar conjuntamente, y también las fuerzas federales haciendo su trabajo", agregó.


Desde Palacio Nacional, Sheinbaum adelantó que más tarde el Gabinete de Seguridad dará a conocer información de este "lamentable homicidio múltiple" que ya "está en investigación".

Aunque destacó que "vienen disminuyendo los homicidios en Guanajuato", ayer por la noche hubo una masacre en la celebración de las Fiestas de San Juan en la colonia Barrio Nuevo, ubicada en Irapuato, la cual tuvo un saldo preliminar de 10 muertos y varios heridos.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas del martes.

Trascendió que sujetos armados arribaron a la calle Bustamante, donde había un baile, y abrieron fuego contra las personas que ahí se encontraban.

Vecinos se comunicaron a la Central de Emergencias 9-11 para reportar detonaciones de arma de fuego y solicitar la intervención de los cuerpos de emergencia.


A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó el reporte.

Enseguida, los elementos de la Policía Municipal se desplazaron al lugar, donde encontraron a personas que presentaron impacto por arma de fuego.

Algunos heridos fueron trasladados al hospital en vehículos particulares, otros recibieron los primeros auxilios por parte de paramédicos que llegaron a la zona. Esto, mientras que elementos de Tránsito Municipal bloquearon un tramo de la calle Guadalupe Victoria, desde Casimiro Liceaga a Torres Landa.

El área se mantuvo delimitada por los uniformados que notificaron lo sucedido a los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se harían cargo de levantar indicios para iniciar con las investigaciones.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de Ley.
Al respecto, el Gobierno Municipal emitió un comunicado para lamentar y condenar los hechos; además de informar la puesta en marcha de un operativo de búsqueda de los presuntos responsables.

Se detalló que en el operativo trabajan elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Guardia Nacional (GN), y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA.
AUTOR: REDACCIÓN/.

La reforma electoral busca eliminar pluris: Sheinbaum; niega resistencia en PVEM y PT

Claudia Sheinbaum subrayó que la propuesta respeta el carácter autónomo del INE y promueve una democracia basada en el trabajo territorial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que tiene en mente una propuesta de reforma electoral que busque eliminar las listas de plurinominales como mecanismo de representación legislativa y aprovechó para asegurar que el Instituto Nacional Electoral (INE) mantendrá su carácter autónomo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal aclaró que la iniciativa aún está en fase de análisis, por lo que no aplicaría en el proceso electoral de 2027.

La titular del Ejecutivo explicó que su Gobierno comenzará los trabajos técnicos para una propuesta de reforma que replantee la representación proporcional y promueva la elección de legisladores a partir del voto en territorio.
“Es muy importante revisar el tema de los plurinominales […] El problema son las listas”, explicó al hacer referencia a un modelo en el que los candidatos que obtienen el segundo lugar en distritos puedan acceder a una curul como representación de la minoría, en vez de que se asignen espacios mediante listas cerradas.


Además, la Presidenta Sheinbaum subrayó que este esquema, ya presente en el Senado y en algunas legislaturas locales, fortalece el vínculo entre representantes y ciudadanía, ya que todos los aspirantes deben hacer campaña en territorio.

Respecto a los aliados de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), negó que exista resistencia a esta propuesta. “No creo que haya resistencia porque todos estamos de acuerdo en que hay que ir a territorio a presentarse con la ciudadanía”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó prácticas como el regreso de personajes que, tras años fuera del país, reaparecen encabezando las listas de plurinominales.

"Esta idea de que estuviste seis años fuera de México y luego regresaste a ser el número uno de la plurinominal, o sea, ¿cómo?", criticó desde Palacio Nacional.


Por otro lado, la doctora reiteró que su Gobierno no tiene intención de vulnerar al árbitro electoral con su iniciativa de reforma. “El INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así”, afirmó.

La también científica agregó que uno de los objetivos del proyecto es reducir el gasto público asociado a los procesos electorales, sin comprometer su transparencia ni su carácter democrático.

Ante los cuestionamientos sobre los tiempos legislativos, la Presidenta de México indicó que apenas inició un grupo de trabajo encargado de preparar la propuesta, motivo por el que no hay fecha definida para su presentación ni para su eventual discusión en el Congreso. Además, recalcó que la reforma electoral no afectará el calendario electoral de 2027.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Diputados aprueban Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública o “Espía”

El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el 25 de junio de 2025, en lo general, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNS), con 445 votos a favor y 37 en contra. La votación contó con el respaldo de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) votó en contra, argumentando modificaciones de última hora al dictamen. La Ley General del SNS, reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases para la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de seguridad pública.

Según el dictamen, la norma regulará la organización y funcionamiento del SNS, así como los esquemas de profesionalización, certificación y régimen disciplinario de las instituciones policiales.

El 25 de junio de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó que la ley fortalecerá la prevención del delito y la persecución de ilícitos, mediante la integración de bases de datos nacionales sobre detenciones, armamento, equipo, personal de seguridad pública y medidas cautelares.

La SSPC señaló que el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública será una herramienta clave para la investigación criminal. La norma también contempla la creación de un registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil, asociado a la Clave Única de Registro de Población (CURP) o al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), según corresponda.

Dicho registro, según la SSPC, buscará combatir delitos como la extorsión y el secuestro, aunque el PRI expresó reservas respecto a su efectividad, citando antecedentes como el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), eliminado en 2011 tras vulneraciones a su base de datos.

El 24 de abril de 2025, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtió que la ley propuesta podría generar una infraestructura tecnológica que amenace la privacidad y los derechos humanos, al fusionar bases de datos vehiculares, biométricos, inmobiliarios, fiscales y telefónicos.

R3D criticó la posible utilización de inteligencia artificial para procesar datos personales sin controles claros.

La Cámara de Diputados turnará el dictamen al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. De aprobarse, la Ley General del SNS entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Masacre en Irapuato durante fiesta a San Juan Bautista; 10 muertos, entre ellos un niño

Al menos diez personas fueron asesinadas y 12 resultaron heridas, durante un ataque armado registrado, alrededor de las 23:20 horas del martes 24 de junio de 2025, en una fiesta patronal de San Juan Bautista, en un domicilio ubicado en la calle Bustamante, colonia Barrio Nuevo, en Irapuato, Guanajuato, según lo confirmaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato (SSCG) y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).

Las detonaciones ocurrieron mientras hombres, mujeres, niños y ancianos, se encontraban reunidos en la celebración religiosa. Según información preliminar, reportada por medios locales, las víctimas fueron alcanzadas por proyectiles de arma de fuego en el interior del inmueble.

Entre las víctimas fatales se encontraban hombres, mujeres y un menor de edad, mientras que los heridos incluyeron a un niño de dos años, quien recibió un disparo en el ojo y fue trasladado a un hospital.

Tras la emergencia, el Gobierno Municipal de Irapuato activó un operativo conjunto en coordinación con la SSCG, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN) y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). Al sitio arribó personal del Centro de Atención Integral a Víctimas (CAIV), que brindó apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y acompañamiento a los familiares de las víctimas, además de orientación para la presentación de denuncias ante la FGE.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a los asistentes disfrutando de la celebración momentos antes del ataque. En las imágenes se escucharon múltiples detonaciones, lo que provocó confusión y pánico entre los presentes, quienes buscaron refugio al percatarse de los disparos.

La FGE inició la investigación correspondiente respecto a los hechos. Peritos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) continuaban con el levantamiento de los cuerpos hasta la madrugada del 25 de junio de 2025.

El Gobierno Municipal condenó el ataque y reiteró su compromiso de esclarecer el caso y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Las autoridades informaron que no habrá retrocesos en los esfuerzos por devolver la tranquilidad a la región.

Esta sería la masacre número 17 registrada en el estado de Guanajuato, en lo que va de 2025, según datos oficiales. Sin embargo, hasta el momento, Libia Dennise García Muñoz, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y gobernadora desde el 26 de septiembre de 2024, no se ha pronunciado al respecto.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Ministras y ministros electos alistan la transición y el plan de trabajo para la SCJN

En su primera reunión, ministras y ministros electos coincidieron en la necesidad de hacer más eficiente y transparente el sistema judicial.

Las ministras y los ministros electos de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron anoche el inicio de sus actividades tras recibir las constancias de mayoría emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El Ministro Hugo Aguilar Ortiz compartió el comunicado conjunto a través de su cuenta oficial en la red social X, donde también destacó la importancia de este momento para el Poder Judicial del país.

En el mensaje, las y los integrantes de la nueva Corte informaron que el pasado 23 de junio llevaron a cabo su primera reunión de trabajo “en un ambiente de unidad y concordia”.

Durante el encuentro, intercambiaron opiniones, delinearon actividades clave para la etapa de transición y comenzaron a definir el plan de trabajo institucional.
“El espacio fue propicio para conocernos, intercambiar opiniones y planear las actividades que son indispensables atender durante la etapa de transición”, detallaron.
Además, coincidieron en “reconocer la trascendencia de este momento histórico” y la necesidad de construir una Corte “cercana al pueblo a fin de ganar la confianza de la ciudadanía”, así como en que su prioridad será garantizar justicia para todas las personas.
Asimismo, expresaron su disposición a colaborar con la Comisión de Transición, integrada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la actual SCJN, que tiene el mandato de organizar la transferencia de funciones, recursos y atribuciones hacia esta nueva etapa.

El anuncio de la nueva Suprema Corte cierra con un mensaje directo al pueblo de México: "Refrendamos nuestro compromiso de construir una justicia inclusiva, humana y abierta para todas y todos".

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

México niega tener información sobre presunto espionaje del CJNG contra agentes de la DEA

El juicio contra Rubén Oseguera González fue realizado en septiembre de 2024 y culminó con la condena a cadena perpetua del acusado, considerado pieza clave en la estructura del CJNG.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este miércoles que su Gobierno tenga información relacionada con presuntas labores de espionaje realizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra agentes de la DEA en Estados Unidos durante el juicio de ‘El Menchito’, hijo del líder de dicho grupo criminal.

“Lo que nosotros hemos dicho es que no tenemos información respecto a este tema que se mencionó ayer en esta comparecencia”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La declaración de Sheinbaum ocurre luego de que el martes, el agente especial de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), Matthew Allen, señalara durante una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, que el CJNG vigilaba a los agentes durante el juicio de Rubén Oseguera González, alias ‘El Menchito’.

El juicio contra Rubén Oseguera González fue realizado en septiembre de 2024 y culminó con la condena a cadena perpetua del acusado, considerado pieza clave en la estructura del CJNG.

El funcionario estadounidense denunció así una infiltración a gran escala, en el sur de California, por parte de terroristas extranjeros designados y organizaciones criminales transnacionales, como el Cártel de Sinaloa y el CJNG.

La gobernante mexicana señaló que la delincuencia organizada no es un fenómeno exclusivo de México.
Siempre hemos dicho: delincuencia organizada no solo hay en México, también hay en Estados Unidos.
En este sentido, señaló que “es evidente” que en Estados Unidos actúan grupos de la delincuencia organizada pues son quienes se encargan de vender drogas de manera ilegal en aquel país.

“La mayor parte del dinero que se recauda es en Estados Unidos por la venta ilegal de droga”, señaló.

Sheinbaum reiteró que existe un trabajo conjunto entre ambos países para combatir el narcotráfico de manera que no haya “violencia en México generada principalmente por la demanda de drogas”.

“Y Estados Unidos por obvias razones no quiere que haya compra de droga allá. Entonces, en esto estamos trabajando juntos”, agregó.

La mandataria remarcó que el acuerdo que tiene con EE.UU. es de respeto a las soberanías y que cada uno actúe en su territorio pero que compartan información e inteligencia “porque ambos países estamos interesados en disminuir la violencia, consumo de drogas y todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Capturan a alcaldesa de Capulhuac, denunciada por presunta violencia física y sexual

A inicios de mayo alcaldesa solicitó licencia por 90 días para ausentarse de su cargo mientras era señalada como presunta agresora.

La alcaldesa del municipio de Capulhuac, Estado de México, Selene Hernández Herrera, fue detenida este martes por presuntos actos de violencia física, verbal y sexual contra una trabajadora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Las presuntas agresiones de las que se señalan ocurrieron a principios de mayo.

La detención se realizó en la comunidad de San Miguel Almaya, según datos del Registro Nacional de Detenciones.

De acuerdo con la ficha oficial, la aprehensión se llevó a cabo a las 14:44 horas del 24 de junio en un domicilio, en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de San Miguel Almaya.

La Fiscalía Central de Atención Especializada fue la autoridad que ejecutó la detención y mantiene a Hernández Herrera bajo resguardo mientras se realiza su traslado.

A inicios de mayo, tras los señalamientos en su contra, la funcionaria, militante del Partido del Trabajo (PT), solicitó licencia temporal por 90 días al cargo de presidenta municipal, argumentando motivos de carácter personal.

La solicitud fue aprobada por unanimidad en el Cabildo y después continuó el proceso en su contra.

Miriam “N”, trabajadora del DIF municipal de Capulhuac, Estado de México, denunció públicamente que presuntamente fue agredida física y verbalmente dentro de las instalaciones de esa institución por la alcaldesa Selene Hernández Herrera (PT) y familiares.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha emitido un comunicado oficial sobre el avance del caso.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.