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Los Torres, sin rastros de ellos ni de sus casas

Pese a que en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, ninguno de los hermanos Carlos Alberto y Luis Alfonso Torres Torres tiene registrados bienes inmuebles a su nombre, conocida es, en política y sociedad, la ubicación de las viviendas en las que residen junto a su familia.

Carlos Torres Torres, el esposo de la gobernadora, habita un condominio en el lujoso complejo New City, ubicado a escasos metros de la línea fronteriza por la garita de San Ysidro, que no podrá cruzar, pues justo ahí a finales de abril, un oficial del CBP (Custom and Border Patrol, por sus siglas en inglés) le retiró su visa para cruzar a los Estados Unidos.

Los condominios que en la actualidad se ofertan en un precio promedio de 600 mil dólares (unos 11 millones de pesos), se promocionan como “un lugar donde tienes todo”, y destacan las áreas comunes para disfrute de los privilegiados residentes: alberca techada, alberca exterior, restaurantes, spa, parque para perros, barbería, cancha de tenis, de raquetbol y de basquetbol, gimnasio, salón de póker, salón VIP, mini market, tintorería, y jacuzzi, entre otras amenidades.

Carlos Torres ha residido en ese complejo desde antes de contraer matrimonio con la gobernadora Marina Ávila Olmeda en 2019, y fue conocido como su domicilio, incluso después de las nupcias. La mandataria llegaba ahí a pernoctar, según lo dicho por el propio ex panista.

Sin embargo, en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California (RPPC) no aparece ninguna propiedad, vivienda o bien material a nombre de Carlos Torres Torres. Lo que sí se muestran son algunos negocios en los que tiene participación.

Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora, y junto al cual aparecen los nombres de los Torres en una investigación por huachicoleo y defraudación fiscal, entre otros delitos, en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República, en una carpeta de investigación iniciada el 26 de marzo de 2025 cuando en Ensenada, Baja California, Fuerzas Armadas y de la FGR, aseguraron un predio con contenedores con diésel ilícito por casi ocho millones de litros, tampoco tiene propiedades registradas en el RPPC.

A pesar de ello, Luis Alfonso Torres, quien ha sido funcionario federal y local, administrador de la Aduana de Tijuana y subdirector de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, tiene un domicilio conocido, donde viven él y su familia, y que se encuentra, de acuerdo a vecinos entrevistados por ZETA, en el 4892 de la calle prolongación Puerta de Hierro, en el residencial Puerta de Hierro, erigido en los terrenos de lo que fue el Hipódromo de Agua Caliente, hoy día residencia, casa de casinos y equipo de futbol de Jorge Hank Rhon.

Las casas en el exclusivo residencial de Puerta de Hierro, se ofertan en algunas compañías inmobiliarias de Tijuana, desde el millón 150 mil dólares hasta los tres millones 800 mil dólares, cantidades en dólares americanos que, al convertirlas a pesos, van desde los 58 millones 975 mil pesos a los 194 millones 871 pesos por propiedad, dependiendo la extensión del terreno, de la construcción y las amenidades.

Ambos hermanos, esposo y cuñado de la gobernadora Marina Ávila Olmeda, no han dejado rastro de su presencia en Baja California, desde el 10 de mayo de 2025, cuando Carlos Torres dio a conocer vía Facebook que su visa de no migrante para cruzar a los Estados Unidos le había sido retirada. De hecho, la última ocasión en que se vio públicamente al primer caballero de Baja California, fue durante la celebración del Tianguis Turístico en Baja California, que se realizó del 28 de abril al 1 de mayo de este 2025.

De Luis Torres, vecinos refieren haberle visto aun el fin de semana del 10 de mayo, degustando platillos en restaurantes en las inmediaciones del Hipódromo Agua Caliente, pero una semana después se desconocía su paradero. Hasta la fecha, comentaron residentes de Puerta de Hierro, “guardaron sus camionetas y en la casa no se les ve”; de manera eventual alguno de sus vástagos acude a la mansión, pero del cuñado de la gobernadora, nada se sabe.

UNA “RENUNCIA” OBLIGADA

Esta semana los Torres volvieron a ser tendencia en la conversación local y nacional, luego de que el martes 3 de junio, tras 27 días de haber informado de la revocación de su visa de turista para ingresar a los Estados Unidos, y haber dejado que la gobernadora Marina Ávila, sola -acaso acompañada de su gabinete-, enfrentara la crisis por las revocaciones de las visas; primero la de su esposo, posteriormente la de ella, de nueva cuenta a través de su página personal de Facebook, Carlos Torres publicó que se retiraba de la vida pública, y renunciaba a los cargos honorarios que ostentaba tanto en el Gobierno del Estado como en el Ayuntamiento de Tijuana.

Textualmente, el texto de Torres Torres, se lee así:

“A mis amig@s y a la opinión pública:

Sé que, en momentos como este, la polarización y los señalamientos —aunque infundados— no ayudan al clima que el estado y su gente necesitan.

Por eso, y por decisión propia, he hecho una pausa en los proyectos sociales y de participación pública en los que venía colaborando de manera honoraria. Lo hago con la tranquilidad de saber que hay un gran equipo humano que seguirá trabajando con compromiso en beneficio de miles de familias.

Por ahora, dedicaré más tiempo y atención a mi familia, a quienes hoy, más que nunca, elijo priorizar.

Me mantendré activo y enfocado en nuevos proyectos personales y profesionales.

Sé que el tiempo acomoda todo, y cerrar esta etapa también abre la posibilidad de comenzar otra cuando sea el momento.”

Mientras tanto. Sigo aquí, a disposición de mis amig@s , de mi familia y de quienes siempre han confiado en mí.

Carlos A Torres” [sic].

Aunque ciertamente no renuncia a sus cargos honorarios como coordinador de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Tijuana, sino que informa literalmente que hará “una pausa”, en el ambiguo texto del esposo de la gobernadora, se entiende que ya no continuará laborando sin paga para ambos gobiernos.

En el Ayuntamiento de Tijuana, en los corrillos de la oficina del presidente Ismael Burgueño, morenista, aun cuando su candidatura a la alcaldía la firmó el Partido Verde Ecologista de México, se dice que “Carlos Torres tenía ya meses sin venir a las oficinas; se veía distanciado del alcalde Burgueño”.

Entre los proyectos de los que Torres se encargaba de manera “honoraria”, están: en Mexicali, el Parque de Las Lagunas, el rescate del Centro Histórico; mientras en Tijuana, El Parque Esperanto y la remodelación de la Avenida Revolución, donde cerró calles al tráfico vehicular para hacerlo peatonal, colocó juegos de feria y un letrero luminoso con el nombre de la ciudad.

A pesar de haber utilizado recursos públicos para la habilitación de los parques, en maquinaria, reforestación, habilitación de áreas de esparcimiento y deporte o para la contemplación y el relajamiento, introducción de servicios públicos, compra de equipos y adornos y un largo etcétera, de ninguno de estos cuatro proyectos -dos en Mexicali y dos en Tijuana- hay transparencia sobre el uso de los recursos destinados y el manejo de los mismos. Tampoco de las concesiones, licitaciones o contratos que se hayan establecido con empresas para la elaboración de productos o la prestación de servicios. Como, por ejemplo, la contratación de la viña navideña con pista de patinaje de hielo en Tijuana.

A pesar de las solicitudes de información a través de los mecanismos de transparencia y acceso a la información que aun funcionan en Baja California, no se ha logrado que el Gobierno del Estado o el Ayuntamiento de Tijuana den a conocer cuánto presupuesto ha manejado Carlos Torres Torres en sus “proyectos estratégicos” en las dos ciudades, con todo y que la Ley obliga a quien ejerza recurso público a rendir cuentas del uso del mismo con transparencia. Pero el esposo de la gobernadora, hasta la fecha, ha trabajado utilizando el recurso y las amistades, a discreción.

UNA VIDA EN LA POLÍTICA

En cuanto a negocios personales, carrera profesional o actividad lucrativa alguna, a Carlos Torres Torres se le conoce muy poco. Lo más notorio de su vida ha sido en la participación política y de gobierno, aun cuando sea el de su esposa.

Con 21 años, y aun estudiando la universidad, Carlos Torres salió a la escena pública como secretario general de Acción Juvenil en Baja California; su carrera política la inició en el PAN, partido al que años después traicionaría.

Hasta los 25 años fue líder de las juventudes panistas bajacalifornianas, tiempo en el cual no se le conoció trabajo privado alguno, a pesar que estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California. Del 2001 al 2004, es decir, de los 26 a los 29 años, se mantuvo ejerciendo de tiempo completo la política, como secretario general de las juventudes del PAN en el ámbito nacional. En el inter, durante dos años (de 1998 a 2001), laboró en el gabinete de Francisco Vega de Lamadrid cuando éste era alcalde de Tijuana, y le dio la oportunidad como director del programa Juventud del Ayuntamiento.

Para 2003, ya con 28 años, Carlos Torres Torres se convirtió en diputado federal suplente hasta el 2006, cuando entró, con 31 años de edad, como diputado federal propietario por la vía plurinominal, es decir, sin hacer campaña ni obtener el voto de los electores. Una vez más, se dedicó de lleno al legislativo hasta el 2009, sin que diera a conocer actividades lucrativas en el sector privado, académico o profesional.

La derrota electoral no impidió que el presidente Calderón no continuara beneficiándole. Para el 2011, lo nombró delegado de SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social, hoy Bienestar), y ese cargo lo mantuvo hasta 2012, cuando el último mandatario nacional emanado del PAN concluyó su periodo.

En 2019, otra vez el PAN le concedió una diputación local en el Congreso de Baja California, pero rápidamente la traición política lo acercó al partido Morena, encabezado entonces por el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, a quien Torres Torres y otro grupo de panistas favorecieron con su voto para aprobar una reforma que le aseguraba a Bonilla cinco años de gobierno en lugar de los dos para los cuales había sido electo.

Tal entuerto legal, en el que Carlos Torres participó activamente, tuvo dos consecuencias: primero, el ex líder de las juventudes albiazules fue expulsado de ese instituto político; y segundo -y más trascendente-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la llamada Ley Bonilla aprobada por el Congreso de Baja California, y mantuvo en dos años el periodo de gobierno bonillista, lo cual, paradójicamente a los deseos de Torres al apoyar al exmandatario, le dio la oportunidad a su ahora esposa, Marina Ávila Olmeda, de ser candidata al Gobierno del Estado en el 2021.

A partir de su matrimonio con Ávila Olmeda, cuando ella era alcaldesa de Mexicali en 2019, Torres se ha dedicado a “proyectos especiales” en las administraciones de su esposa; dicho por él, “sin cobrar un peso”, pero sí utilizando recursos públicos no transparentados hasta la fecha.

Entre 2019 y 2025, durante la alcaldía y la mitad del gobierno de su esposa Marina Ávila, de Carlos Torres sólo se sabe que ha trabajado en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), un semestre en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, con un sueldo de 751.50 pesos la hora, al tener clasificación “C” como profesor ordinario de asignatura. Fuera de eso, a pesar que se presenta como asesor y conferencista, no se lo conocen ingresos adicionales, dado que su declaración patrimonial no es pública.

LOS NEGOCIOS REGISTRADOS DE LOS TORRES

Aun cuando no tienen propiedades registradas en el RPPC de Baja California, pero sí domicilios conocidos, Carlos Torres Torres y su hermano Luis Alfonso sí aparecen como accionistas en negocios diversos.

El esposo de la gobernadora, ahora retirado de la vida pública, y en pausa sus labores honorarias en dos administraciones públicas, y quien señaló se mantendrá “activo y enfocado en nuevos proyectos personales y profesionales”, aparece como accionista en tres empresas registradas en Baja California:

1.- Vida Orgánica Tijuana S. de R.L. de C.V., donde también aparece su esposa y su hermano Luis, y tiene actividad en Tijuana, Baja California.

2.- Operadora Gastronómica Picuditas S. de R.L. de C.V., también con actividad en Tijuana.

3.- La Bella Época Dulcería Mexicana S.A. de C.V., con actividad en la Ciudad de México.

Su hermano Luis Alfonso Torres Torres aparece como socio en cinco empresas más. Tres constituidas en el tiempo en que su cuñada ya era alcaldesa y gobernadora, y dos previas, cuando los Torres Torres aún estaban ligados al Partido Acción Nacional:

1.- En 2020, cuando su cuñada era alcaldesa de la Capital del Estado, Luis Alfonso Torres inició sociedad con cuatro personas más, dos de ellos de apellido Lameiro, en la sociedad denominada The Woods Bar, S. de R.L de C.V., con domicilio en Tijuana.

2.- En el 2021, cuando su cuñada participaba en la campaña al Gobierno del Estado, Luis Torres entró a otra sociedad con 12 personas más, 11 de ellas de apellido Lameiro, en la sociedad Desarrolladora Plaza Revolución S. de R.L. de C.V., con operación en Tijuana.

3.- En el año 2022, Luis Alfonso Torres Torres abrió una tercera empresa, Distribuidora y Comercializadora ATAF, junto a otro socio.

4.- La empresa más lejana en apertura que tiene el hermano del primer caballero de BC, se inició en 2005 y se trata de Comercializadora Global de Textiles S.A. de C.V., con un socio más.

5.- En 2016 constituyó la empresa Edifika Desarrollos Baja S. de R.L. de C.V., con un socio adicional.

Pero a pesar de las empresas registradas oficialmente de los Torres Torres, Carlos y Luis no tienen propiedades dadas de alta a su nombre, pero sí domicilios conocidos; de hecho, más que como empresarios, al poseer uno tres empresas y cinco otro, se les conoce por su actividad política, primero con el PAN, después con Morena, aunque desde mediados de mayo no se les haya visto públicamente ni en Baja California ni en el país.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

SCJN ordena inmediata liberación de Juana Hilda González, encarcelada 19 años por caso “Wallace”

La votación final fue de cuatro votos a favor y uno en contra.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió liberar a Juana Hilda González, quien fue encarcelada desde hace 19 años por el caso de secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

La presidenta de la sala, Loretta Ortiz, ordenó que se comunique la sentencia lo más rápido posible al sistema carcelario para lograr la libertad inmediata.

La votación final fue de cuatro votos a favor y uno en contra.

El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dice que el Estado no “logró demostrar que las ‘confesiones’ que la detenida rindió, el 6 y 21 de febrero de 2006, cuando estaba retenida bajo la figura del arraigo, fueron obtenidas respetando su derecho absoluto a no ser sometida a tortura. Por tanto, esa prueba debe invalidarse, así como cualquier otra que se hubiese obtenido con motivo de esta supuesta confesión”.

De estas “confesiones” se derivaron actos de investigación que, por lo tanto, también deben ser declarados ilegales.

El único ministro que votó en contra fue Jorge Mario Pardo Rebolledo, aunque no explicó los motivos.

    

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Muere durante operativo 'Don Balde', fundador del Cártel de Chiapas y Guatemala

'Don Balde' operaba como responsable de coordinar actividades del grupo criminal en territorio guatemalteco, donde presuntamente reclutaba a exmilitares conocidos como kaibiles.

Un enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad mexicanas y presuntos integrantes del crimen organizado ocurrido el pasado 8 de junio terminó con la muerte de Baldemar Calderón Carrillo, alias “Don Balde”, identificado como uno de los líderes del Cártel de Chiapas y Guatemala, grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo comenzó en territorio mexicano y se extendió hasta Guatemala, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática al gobierno de Guatemala en donde expresó sus disculpas por los hechos ocurridos  en el límite internacional a la altura del puerto fronterizo Cuauhtémoc-La Mesilla.

De acuerdo con autoridades estatales y federales, Calderón Carrillo y otras tres personas fueron abatidas durante el operativo.

Según medio nacionales, “Don Balde” operaba como responsable de coordinar actividades del grupo criminal en territorio guatemalteco, donde presuntamente reclutaba a exmilitares conocidos como kaibiles. Su hijo, conocido como “El Teniente”, también murió durante el fin de semana en otro operativo policiaco.

Ambos eran señalados como autores intelectuales de una emboscada ocurrida el pasado 2 de junio en Frontera Comalapa, donde cinco policías estatales fueron asesinados y calcinados dentro de su patrulla.

Óscar Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, confirmó la identidad de los abatidos e informó a medios locales que todos pertenecían al Cártel de Chiapas y Guatemala.

“El jefe de plaza operaba allá, controlaba la zona, reclutaba a los kaibiles y coordinaba las operaciones desde ese lado. Él fue uno de los que cayó en este operativo”, declaró el funcionario.

Sobre la incursión de elementos mexicanos en territorio guatemalteco, el secretario informó que la Fiscalía de Chiapas abrió una carpeta de investigación y que también la Secretaría de Seguridad Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores de su país fueron notificadas para analizar el alcance de lo ocurrido.

Según versiones recogidas por autoridades mexicanas, la confrontación comenzó del lado de México y cruzó la frontera hacia Huehuetenango, Guatemala. Videos compartidos en redes sociales muestran a militares y policías guatemaltecos en el lugar, quienes no intervinieron durante el enfrentamiento y, en algunos casos, parecían estar próximos a los civiles armados.

Durante el operativo se aseguraron cuatro camionetas, tres de ellas blindadas, así como tres rifles AK-47 y un fusil R-15 con aditamento lanzagranadas, detalló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

El Cártel de Chiapas y Guatemala surgió en 2023, en medio de la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG por el control de la región fronteriza. No obstante, fuentes de inteligencia apuntan que esta célula opera principalmente como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ceci Flores, los LeBarón y más activistas exigen la renuncia de Noroña

El documento, respaldado por figuras clave en la lucha por derechos humanos, señala que Noroña ha minimizado el dolor de familias de desaparecidos y ha sido irresponsable en el tema migratorio.

Ceci Flores Armenta, líder de Madres Buscadoras de Sonora, y Bryan LeBarón Jones, activista y familiar de víctimas de la masacre de LeBarón, encabezan un llamado para que el senador Gerardo Fernández Noroña renuncie a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, tras lo que califican como “declaraciones insensibles” que afectan a víctimas de violencia y ponen en riesgo a migrantes.

Mediante una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, los firmantes –entre los que destacan familiares de desaparecidos, líderes sociales y defensores de derechos humanos– acusaron al legislador de “traicionar el mandato de representar con dignidad a los mexicanos” y de alimentar un clima de hostilidad con sus palabras.

“Sus palabras nos han lastimado”: El reclamo

El documento, respaldado por figuras clave en la lucha por derechos humanos, señala que Noroña ha minimizado el dolor de familias de desaparecidos y ha sido irresponsable en el tema migratorio.

“Sus comentarios minimizando el sufrimiento de las víctimas de la violencia, su falta de empatía hacia las madres buscadoras que claman por sus hijos desaparecidos y su actitud han generado un agravio tras otro”, dice la carta firmada por diversos activistas y defensores de Derechos Humanos.

La misiva también señala que las recientes declaraciones de Noroña sobre migración fueron interpretadas como una “provocación” por legisladores estadounidenses, lo que derivó en una propuesta para incrementar un 5% el impuesto a las remesas enviadas por migrantes mexicanos desde Estados Unidos.

“Sus palabras le pueden costar el sustento a millones de familias mexicanas”, advirtieron, subrayando que, en lugar de defender a los migrantes, el senador ha “vulnerado su esfuerzo” y exacerbado la discriminación en su contra.

“Señora presidenta, usted ha hablado de un México de justicia, de unidad y de respeto. Le pedimos, que escuche el clamor de las víctimas, de las familias de los desaparecidos, de los periodistas desplazados y de los migrantes que hoy se sienten traicionados. Solicitamos que exija la renuncia del senador Gerardo Fernández Noroña a su cargo como presidente de la Mesa Directiva del Senado y a su escaño como senador. Su conducta no solo es incompatible con los valores de su gobierno, sino que daña irreparablemente la confianza en las instituciones que deben proteger a los más vulnerables”, añade la carta.

CARTA:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Violencia en separos de Chiapas: detienen a policías por asesinato de mujer detenida y rescatan a otra encerrada por 4 días

Cinco policías de Sunuapa fueron detenidos por el homicidio de una mujer en los separos municipales. Además, en Tzajalchén, se rescató a otra mujer tras cuatro días de encierro.

Este martes, la Fiscalía General de Chiapas informó sobre la detención de cinco policías por el homicidio de una mujer en los separos preventivos del municipio de Sunuapa. Asimismo, en hechos separados, elementos de la Fiscalía, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, rescataron a otra mujer que ya tenía cuatro días encerrada en los separos de la agencia municipal de Tzajalchén.

Los detenidos fueron identificados como Isaías “N”, Héctor “N”, Alejandro “N”, Alberto “N” y Silvia “N”, quienes estarían relacionados con la muerte de Gabriela “N”.  Además, se les acusa de ejercicio ilegal y abandono de funciones públicas,

De acuerdo con las investigaciones, la víctima perdió la vida mientras se encontraba bajo custodia, lo que motivó la intervención de las autoridades. Los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

En una acción paralela, la FGE, reportó el rescate de una mujer que permanecía privada de su libertad en el municipio de Chenalhó.

Los hechos ocurrieron tras recibirse una denuncia sobre disparos de arma de fuego en las comunidades de Tzanembolom y Tzajalchén. Al llegar al lugar, las autoridades localizaron a la víctima, quien llevaba cuatro días encerrada en los separos de la agencia municipal de Tzajalchén.

La mujer fue trasladada a San Cristóbal de Las Casas, donde recibió atención médica y psicológica, con el objetivo de reintegrarla a su familia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Atentado contra Ciro Gómez Leyva habría sido ordenado por “El Mencho”

La información surgió durante la audiencia en la que fue sentenciado a 12 años de prisión "El Pool", uno de los responsables del ataque contra el periodista.

Un juez federal condenó a 12 años de prisión a Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo “El Pool” por el atentado perpetrado contra el periodista Ciro Gómez Leyva el 15 de diciembre de 2022. 

Durante la audiencia en la que el juez emitió el fallo, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la FGR, dijo que es posible que el atentado fuera ordenado directamente por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La audiencia de procedimiento abreviado fue celebrada este martes ante el juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien declaró culpable a “El Pool” de los delitos de asociación delictuosa y tentativa de homicidio. 

Con ello, fue emitida la primera sentencia condenatoria contra uno de los responsables del atentado contra el periodista. 

Como parte del procedimiento abreviado, Gómez Jaramillo aceptó declararse culpable de los delitos por los que fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) a cambio de recibir penas menores. 

Así, obtuvo una sentencia de 5 años y 3 meses por asociación delictuosa y 6 años y 8 meses por tentativa de homicidio. 

En sus declaraciones, Gómez Jaramillo afirmó que antes del ataque contra el periodista se realizó una reunión en el domicilio de Armando Escárcega Valdez, “El Patrón”, en la colonia Lindavista, en la Ciudad de México, quien les dijo que formaba parte del CJNG y que la misión era un “encargo del señor Mencho”. 

Añadió que, para ello, él, Héctor Eduardo Martínez Jiménez “El Bart” y otros detenidos por el caso, fueron adiestrados en un campamento de Ciudad Guzmán, Jalisco. 

La noche del 15 de diciembre de 2022, fecha de los hechos, Ciro Gómez Leyva se dirigía a su domicilio en la Ciudad de México cuando hombres armados le dispararon al menos 12 veces a la camioneta blindada en la que viajaba. 

Gracias al blindaje de la camioneta el periodista salió ileso, e inmediatamente después del ataque, decidió difundir en redes las imágenes de su camioneta y un relato de lo que acababa de ocurrirle.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
FUENTE: 10 JUNIO 2025.

Buscan a sobrino de la periodista Gloria Muñoz, secuestrado en octubre de 2024

Jesús Muñoz mide 1.70 metros, tiene ojos chicos de color café oscuro, cabello ondulado negro y tez morena clara. Como señas particulares, presenta una cicatriz en la frente, otra por quemadura en el brazo derecho, así como un lunar en la pantorrilla y otro debajo del ojo derecho.

Jesús Muñoz Mata, de 35 años, permanece desaparecido desde el 20 de octubre de 2024, cuando fue secuestrado en el municipio de Alvarado, Veracruz. A pesar de que su familia accedió a las exigencias económicas de los captores, hasta la fecha no se tiene información sobre su paradero. 

Jesús es sobrino de la periodista Gloria Muñoz, quien junto a familiares ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para compartir su ficha de búsqueda, difundida por la Fiscalía General de la República (FGR) a través del programa “¿Has visto a…?”.

Jesús Muñoz mide 1.70 metros, tiene ojos chicos de color café oscuro, cabello ondulado negro y tez morena clara. Como señas particulares, presenta una cicatriz en la frente, otra por quemadura en el brazo derecho, así como un lunar en la pantorrilla y otro debajo del ojo derecho. 

El registro oficial de la FGR es el 538/DS/2025. Cualquier información puede ser reportada al correo electrónico hasvistoa@fgr.org.mx, al portal hasvistoa.fgr.org.mx o al número 55 80 59 66 74. 

La familia hace un llamado especial a las comunidades de Veracruz y Quintana Roo para colaborar en la difusión del caso y apoyar en la localización de Jesús.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

Halconazo: impune y con los documentos censurados

Durante más de cinco décadas, el Estado mexicano ha sido omiso en atender el reclamo de justicia que, del antiguo régimen priista, pasó por los gobiernos del PAN y ahora de la llamada Cuarta Transformación, con comisiones de la verdad, pero ocultamiento persistente de información.

Hace 54 años, el 10 de junio de 1971, el país vivió uno de los episodios más cruentos de represión: la Masacre del Jueves de Corpus o “El Halconazo”. Hoy, el crimen, cuyas víctimas tiene un estimado mínimo de 100 personas, se mantiene impune. 

Durante estas más de cinco décadas, el Estado mexicano no sólo fue responsable de aquel episodio de violencia perpetrado contra estudiantes de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. También ha sido omiso en atender los reclamos de justicia que, del antiguo régimen priista, pasaron por los gobiernos del PAN y ahora de la llamada Cuarta Transformación, con comisiones de la verdad, pero ocultamiento persistente de información.

Los procesos judiciales siguen activos, de acuerdo con Félix Hernández Gamundi, uno de los integrantes del Comité 68, colectivo que además de la masacre estudiantil de Tlatelolco, reivindica la necesidad de justicia en los hechos de 1971. 

En 2021, al cumplirse 50 años desde los hechos en la zona aledaña al Metro Normal, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa de Estado. El principal compromiso, dijo, era la no repetición y aunque en su gobierno creó una instancia para investigar violaciones graves de derechos humanos en el pasado, el avance fue exiguo. 

En la vía judicial, en 2005, durante el sexenio de Vicente Fox, cuando fue creada la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, el “Jueves de Corpus” llegó a manos de la magistrada Herlinda Velasco. El propósito era procesar a Luis Echeverría por genocidio. Pero la juzgadora consideró que no se acreditaba el carácter nacional del grupo agraviado y desechó el asunto. 

El asunto pasó entonces a un tribunal colegiado y de ahí a la Suprema Corte, que lo regresó al tribunal donde finalmente se le dio carpetazo. 

Con lo anterior, el Comité 68 y varios sobrevivientes de la matanza acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Para 2022, un año después de la disculpa de Estado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazó la solicitud de la CIDH que había pedido información a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular era Marcelo Ebrard. 

La cancillería respondió que no tenía relación con el tema y, una vez que la CIDH persistió en el requerimiento, el Estado Mexicano expuso que los quejosos no habían agotado todas las instancias. Así que debieron regresar a gestionar amparos.  

Es una de muchas contradicciones, explica Hernández Gamundi. 

Documentales censuradas

La movilización de estudiantes del Jueves de Corpus fue la primera marcha después de la del 2 de octubre de 1968. Algunos jóvenes, presos políticos del 68, habían sido amnistiados y, uno de ellos, como Pablo Gómez Álvarez, decidieron participar sólo para vivir de nuevo la represión. 

Los nombres de los políticos y mandos de seguridad de la época, la mayoría procedente del Ejército Mexicano, aparecieron desde entonces y hasta ahora como responsables: Luis Echeverría, Mario Moya, el general Manuel Díaz Escobar, Alfonso Martínez Dominguez. Hoy, ellos y otros implicados ya fallecieron. 

Sin embargo, la demanda de verdad y justicia se ha mantenido y las esperanzas de un avance significativo en conseguirlo, se cifraba en la incorporación de actores políticos (como el mencionado Pablo Gómez) al gobierno, así como de veteranos de la izquierda como Alejandro Encinas, quien arribó a la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación en 2018. 

Como se recordará, al iniciar su gobierno, López Obrador ofreció la desclasificación de todos los expedientes de las policías políticas, luego se metió freno a la decisión y, finalmente, el asunto quedó en revelaciones parciales. 

El proceso volvió a topar con la fuerza del Ejército y los cuerpos de seguridad.  

Al respecto, Hernández Gamundi sostiene que el mayor avance ha sido la entrega de expedientes militares al Archivo General de la Nación. Pero fue una entrega parcial y además censurada. 

“Nosotros insistimos en que eso no es suficiente”, dijo. 

Lo deseable, dice, sería que los expedientes oficiales fueran entregados a una autoridad ministerial o judicial, porque tendría una connotación diferente. Por ahora, lo que hay, es un índice con expedientes en los que la mayoría de las páginas están tachada, borradas.  

“Nosotros hemos insistido mucho que es información que debe entregarse oficialmente a una autoridad ministerial o judicial eso no ha ocurrido”. 

Las comisiones

El mismo 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra.  

En enero de 2020 se creó la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente, cuya meta es recopilar información a fin de que las víctimas directas e indirectas tengan acceso al derecho a la verdad. Resultado de ello se emitieron la Recomendación General 46/2022 y la Recomendación por Violaciones Graves 98/2023.  

En ambas recomendaciones se señaló que las investigaciones deben incorporar un análisis de contexto para profundizar en las causas y orígenes de estas prácticas represivas, constantes en la historia de México contra un grupo de personas en específico. 

Con lo anterior y la respuesta dada a la CIDH, se reactivaron las carpetas de investigación y se crearon mesas de trabajo. 

Apenas el año pasado, los trabajos de esas mesas comenzaron a avanzar, dice Hernández Gamundi. Se trata de una mesa con la subsecretaría de Derechos Humanos, en Gobernación, y otra con la Fiscalía General de la República con agentes especializados que están revisando el “Halconazo” y lo ocurrido durante la llamada “guerra sucia”. 

La semana pasada hubo sesión de la mesa con Gobernación. Hernández Gamundi planteó ahí que, en el informe del Mecanismo de Historia, hay recomendaciones muy atendibles. 

“Entre esas recomendaciones, la comisión da una ruta para que se reabran los procesos, se proceda a juzgar a los responsables y se garantice la reparación del daño de las víctimas. Es lo que está en la mesa de trabajo, es lo que está en el tapete de las discusiones”. 

“Ya es tiempo”

Para muchos, el Halconazo marcó el inicio del proceso represivo que se conocería como la “guerra sucia”, que se radicalizó con la aparición de nuevos movimientos y, en particular, de movimientos armados. Los crímenes cometidos en el periodo permanecen mayoritariamente impunes. 

“Yo sostengo que ya es tiempo de que estos temas se resuelvan porque son casos de una impunidad atroz, que además de ser víctima de un delito de lesa humanidad, es decir, que ofende la naturaleza del ser humano, hay una impunidad que pavimenta el camino para nuevas impunidades y agravios”, dice el veterano luchador social. 

Para Hernández Gamundi, en la impunidad de lo ocurrido en ese tiempo está la clave de lo que sucede hoy: 

“Esta realidad que no se corrige, de corrupción en la vida nacional, es consecuencia de un estado de impunidad al que no se le ve fin. Yo digo: es tiempo ya de que estos casos se resuelvan para comenzar a ponerle freno a la impunidad y que podamos verdaderamente estar en una condición de vida diferente”. 

Y concluye: 

“No se puede hablar de democracia y libertad donde los aparatos de justicia no hacen su trabajo y vivimos en zozobra. Esto depende de la voluntad oficial y el nivel de organización que logremos los ciudadanos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Secuestran a Don Panchito, buscador del colectivo Hasta Encontrarte, y matan a su hijo en Irapuato, Guanajuato

Don Panchito, padre buscador, fue privado de la libertad por sujetos armados en su propio domicilio en Irapuato, mientras que su hijo Jaime fue asesinado.

En Irapuato, Guanajuato, sujetos armados ingresaron al domicilio de José Francisco Arias, conocido como Don Panchito y padre buscador en activo del colectivo Hasta Encontrarte, a quien privaron de la libertad mientras que a su hijo Jaime González Vázquez, de 27 años, lo asesinaron.

“Desaparecieron a un buscador (…) y antes de desaparecerlo matan a su hijo. Exigimos a las autoridades buscarlo con vida. Ni un buscador más!!!!” (sic), escribió el colectivo en su página de Facebook tras los hechos ocurridos la noche de este lunes 9 de junio.

Viviana Mendoza, integrante de Hasta Encontrarte, relató a Animal Político que alrededor de las 20:00 horas de este lunes la señora Eva María Vázquez Flores, esposa de Don Panchito y también parte del colectivo, se comunicó en el grupo de WhatsApp de la agrupación para informarles que su esposo había sido secuestrado y su hijo asesinado.

Ante esto, los integrantes del colectivo se trasladaron al lugar de los hechos, en la colonia Álvaro Obregón, en donde la señora Eva les relató que se encontraba con su esposo viendo la televisión cuando sujetos armados ingresaron a la fuerza y los colocaron boca abajo, por lo que no pudo ver en qué momento mataron a su hijo Jaime, quien se encontraba en la parte de arriba de la casa, y solo presenció cuando se llevaron a su esposo.

De acuerdo con Viviana, el señor José Francisco no les había comunicado haber recibido amenazas o que sintiera algún tipo de riesgo. “No logramos entender porqué lo privaron de la libertad y porqué asesinaron a su hijo”, añadió.

La privación de la libertad del padre buscador y su hijo en Irapuato fue condenada por organizaciones en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión como Amnistía Internacional, Artículo 19 y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, las cuales, al igual que el colectivo, exigieron su localización con vida, así como seguridad para personas buscadoras y el cese de agresiones en su contra.

“Que la gente sepa que buscar y ser parte de un colectivo no es fácil, es vivir con miedo de que te maten todos los días por buscar a un ser querido. Y en ese camino uno va creando un lazo de hermandad (…) Todas las del colectivo volvimos a sufrir la desaparición de un familiar (por el secuestro de Don Panchito)”, señala Viviana Mendoza.

Si bien la Fiscalía estatal inició con las investigaciones correspondientes, hasta el momento de la publicación de esta nota no ha emitido un pronunciamiento al respecto.

En tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato únicamente realizó una publicación en redes en la que informa que “a través del Centro de Atención Integral a Víctimas (CAIV) difundimos en sitios públicos las Fichas de Búsqueda de Irapuatenses”, esto sin mencionar el caso específico de Don Panchito pero en las fotos se ve a una funcionaria colocando su ficha de búsqueda en paredes.

Cabe destacar que José Francisco y Eva María buscan a su hijo Miguel Ángel González Vázquez, desaparecido el 20 de enero de 2022, y localizado sin vida en febrero de 2023, pero como la Fiscalía sólo restituyó fragmentos del cuerpo, ellos decidieron continuar en la búsqueda así como apoyar en el rastreo de otras víctimas de desaparición y participar en marchas.

Agresiones contra personas buscadoras en México

En los últimos 13 años se han registrado 26 casos de asesinato, feminicidio o desaparición de familiares de personas desaparecidas en el país, para un promedio de dos cada año.

Noe Sandoval, Lorenza Cano, Lucero Berenice, Teresa Magueyal y Blanca Esmeralda son algunos de los buscadores que fueron ultimados o desaparecidos, y a pesar de que ya habían recibido amenazas o habían sido víctimas de agresiones, no recibieron una protección o ésta fue insuficiente para salvaguardar su integridad.

Ante esta situación, en febrero de 2024 familiares y colectivos pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir al Estado mexicano medidas de protección y seguridad para personas buscadoras ante el incremento de amenazas y asesinatos en su contra.

Como parte de esa exposición, el activista Raymundo Sandoval apuntó que la Plataforma por la Paz y la Justicia ha registrado desde 2010 el asesinato de más de 20 personas buscadoras, 15 de ellas durante el sexenio de Andrés Manuel Lópe Obrador. Después, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU agregó que de 2019 a la fecha, el organismo tiene documentados al menos nueve casos de mujeres asesinadas como posible represalía a la búsqueda.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: GERARDO BORBOLLA.

Gobierno ignora a la Suprema Corte; reforma de la Guardia Nacional autoriza operaciones encubiertas

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una reforma para expedir una Ley de la Guardia Nacional, en la que se autorizan las operaciones encubiertas y de usuarios simulados, a pesar de que la Suprema Corte invalidó esa facultad en 2023.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió una reforma al Congreso para que la Guardia Nacional realice operaciones encubiertas y de usuarios simulados para prevenir delitos, a pesar de que en 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó esta facultad por considerar que se podrían cometer violaciones a los derechos humanos.

Hace dos años, el máximo tribunal del país lo invalidó al considerar que es una técnica de investigación prevista especialmente para el Ministerio Público y porque podría dar lugar a la obtención de pruebas ilícitas y la comisión de violaciones a derechos humanos.

Dos años después de la resolución de la Suprema Corte, el gobierno de Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional, en la que otra vez se contempla que esta institución ejecute operaciones encubiertas y de usuarios simulados para prevenir delitos.

La fracción VI del artículo 9 de la iniciativa de la Ley de la Guardia Nacional señala que es atribución de esta institución “llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la investigación preventiva del delito”.

En contraste, la fracción VI del artículo 9 de la actual Ley de la Guardia Nacional, que la Suprema Corte invalidó en 2023, señala que esta dependencia tenía la atribución de “llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados, en la investigación para la prevención de delitos, en términos de las disposiciones aplicables”.

La SCJN invalidó el artículo luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso la acción de inconstitucionalidad 62/2019. Las y los ministros le dieron la razón al organismo autónomo con 9 votos a favor y dos en contra.

El primero es el artículo de operaciones encubiertas que propone Sheinbaum, y el segundo es el artículo de operacioes encubiertas que la Corte invalidó hace dos años.

En aquella ocasión, la SCJN invalidó estas atribuciones a la Guardia Nacional porque no había una lista de delitos para aplicar este tipo de operaciones, lo que dejaba la puerta abierta para que se realizaran de forma arbitraria.

De igual forma la Corte consideró que las operaciones encubiertas no son compatibles con la prevención del delito, sino que éstas se realizan cuando ya hay una investigación en curso y cuando ya existe información previa de que se está cometiendo un delito, como lo establece el propio Reglamento de la Guardia Nacional que aún está vigente.

Por su parte, al interponer su acción de inconstitucionalidad, la CNDH argumentó que permitir a la Guardia Nacional realizar operaciones encubiertas para “prevenir” un delito podía derivar en un uso arbitrario de esta facultad.

“La falta de precisión y señalamiento de límite alguno en cuanto a la facultad de la Guardia Nacional para realizar operaciones encubiertas y usuarios simulados para la prevención de los delitos, permite que de manera discrecional se realicen esas actividades, ya que no se requiere que se cuente con elementos suficientes que presuma que se está cometiendo un delito, lo que implica una vulneración a los derechos humanos, tales como de intimidad, privacidad y de la prohibición de injerencias arbitrarias”, consideró la CNDH.

Luego de la elección judicial del pasado 1 de junio, en la Suprema Corte solo quedarán dos de los 11 ministros y ministras que hace dos años debatieron sobre invalidar las operaciones encubiertas y de usuarios simulados. Una es Loretta Ortiz Ahlf, quien votó a favor de la invalidación, y otra es Yasmín Esquivel Mossa, quien votó en contra.

El Congreso prevé aprobar la nueva Ley de la Guardia Nacional junto con otras reformas a finales de este mes, cuando se realice un periodo extraordinario de sesiones.

Capacitación policial para la Guardia Nacional

El paquete de reformas enviado al Congreso por Claudia Sheinbaum contempla la expedición de una Ley de la Guardia Nacional, así como modificaciones a otras ocho legislaciones.

Se trata de un paquete de leyes reglamentarias de otra reforma constitucional aprobada el año pasado, con la que se concretó el pase de la Guardia Nacional al Ejército mexicano.

Entre otras modificaciones, la reforma propuesta por la presidenta de México también refuerza que la Guardia Nacional tendrá capacitación policial, aunque ya no estará adscrita a una institución civil, sino a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Mientras forman parte de la Guardia Nacional, sus integrantes deberán contar con un Certificado Único Policial actualizado, el cual será expedido por el Centro Nacional de Acreditación y Control de Confianza.

De igual forma se establece que la Guardia Nacional podrá investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público; detener y poner a disposición a sospechosos; preservar lugar de los hechos de un crimen; requerir información a personas físicas y morales con fines de investigación, emitir informes y partes policiales; ejecutar órdenes de aprehensión, y entrevistar personas en caso de flagrancia.

Colaboración con estados y municipios

La iniciativa de Claudia Sheinbaum también contempla la colaboración entre la Guardia Nacional, los estados y los municipios para combatir la inseguridad.

La Guardia Nacional podrá suscribir convenios de colaboración con autoridades locales, quienes se tendrán que comprometer a establecer un programa para el fortalecimiento técnico, operativo y financiero de sus policías.

La iniciativa de la Ley de la Guardia Nacional también establece que esta institución de seguridad operará con los recursos proporcionados por el gobierno federal, pero los estados y municipios también tendrán que cooperar económicamente si quieren hacer un convenio para combatir el crimen con el personal militar.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

EU sanciona a Los Chapitos y a su red operativa en Mazatlán por tráfico de fentanilo

Como resultado de las sanciones, todos los bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán, por tráfico de fentanilo.

Además, subió de 5 a 10 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su detención.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ambos prófugos, como líderes de una organización violenta vinculada a laboratorios de producción de pastillas falsificadas con fentanilo que terminan en calles estadounidenses.

La sanción obedece al papel que tienen en el tráfico de fentanilo y por la acusación contra el cartel de Sinaloa del asesinato en 2024 del exmarine estadounidense Nicholas Quets en Sonora.

Las sanciones se amparan en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que facultan a Estados Unidos a bloquear activos y perseguir redes vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.

Ovidio y Joaquín Guzmán López, también hijos de “El Chapo”, están bajo custodia en Estados Unidos.

EU impone sanciones financieras a red de “Los Chapitos”

Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones financieras a una red regional de Los Chapitos con sede en Mazatlán “que se dedica al tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y el blanqueo de dinero”, indica el comunicado.

Esta célula está liderada presuntamente por Víctor Manuel Barraza Pablos y cuenta con financiación del “empresario mexicano José Raúl Núñez Ríos”, cuya esposa Sheila Paola Urías Vázquez, una maquilladora, “también está involucrada en la red criminal”, acusa el gobierno estadounidense.

La OFAC sancionó a diez empresas de Núñez: Beach Y Marina; Club Playa Real; Proyecta Interna; Eco Campestres Ultra; IMB 24 Siete; MKT 24 Siete; Mue Renta y Venta de Vestidos, Carpe Diem Spa, Sea Wa Beach Club y Comercializadora Copado.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exagente del MP denunciada por tortura y abuso sexual es la candidata a jueza penal con más votos en CDMX

Pese a denuncias por presuntos abusos y hasta tortura cuando se desempeñaba como agente del Ministerio Público en el Estado de México, la candidata Carmen Alejandra Lozano Maya ganó la elección como jueza penal en CDMX.

Tras ser denunciada por presuntos actos de tortura, abuso sexual y extorsión, Carmen Alejandra Lozano Maya dejó en 2020 el cargo de agente del Ministerio Público que ocupó durante aproximadamente dos décadas en el Estado de México. Cinco años después, figura como la candidata con mayor número de votos para ocupar una jueza penal en la Ciudad de México, según los resultados de la elección judicial celebrada el 1 de junio.

Según el resolutivo del “procedimiento de presunta responsabilidad administrativa” emitido por la Unidad Investigadora del Órgano Interno de Control de la Fiscalía del Estado de México, el 17 de enero de 2019, la entonces agente del Ministerio Público, Carmen Alejandra Lozano Maya, encabezó un operativo de cateo en un domicilio del Fraccionamiento Héroes Tecámac, en el que participaron al menos 25 funcionarios ministeriales con el rostro cubierto.

Durante el operativo, los funcionarios ministeriales, bajo la dirección de la agente Lozando Maya, ingresaron a un inmueble distinto al señalado en la orden de cateo. En ese lugar, una mujer y su hija menor de edad denunciaron haber sido privadas de la libertad, golpeadas, tiradas al piso y esposadas. Luego, a la madre de familia le colocaron un pie sobre la cabeza y el cuello, para inmovilizarla, mientras que a la menor de edad le revisaron su cuerpo, incluyendo sus partes intimas, y “la persona que la revisó no era del mismo sexo”.

Según la denuncia de las víctimas, en el momento en que estos abusos sexuales y de tortura eran perpetrados por agentes ministeriales hombres, “la menor de edad citada le indicaba a la mencionada Agente del Ministerio Publico (Carmen Alejandra Lozano Maya, a cargo del operativo) que era menor de edad, a lo que le contestaba que le valía madres”.

En la denuncia presentada por la familia se señala que, durante el operativo, al domicilio llegó el segundo hijo de la mujer, quien también era menor de edad al momento de los hechos. Según el testimonio, fue inmovilizado y sometido a agresiones físicas.

 “No se omite señalar –se enfatiza– que dichos servidores públicos pidieron la cantidad de 150 mil pesos para que no siguieran torturando al hijo de la denunciante”, se lee en la denuncia.

Al no contar con la cantidad solicitada, los dos menores fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público con sede en Los Héroes Tecámac, mientras que su madre fue liberada con el propósito de que reuniera el dinero exigido.

“No sabía a dónde acudir –señala la madre, víctima de los abusos, en el documento de denuncia que presentó en 2019–, y cuando creí que una autoridad me ayudaría, terminó pidiéndome dinero para liberar a mis hijos, que ni siquiera habían cometido un delito”.


Según la denuncia, ya en la agencia del MP, Carmen Alejandra Lozano Maya fue la encargada de reiterar a la madre de familia que “si quiere ver a sus hijos libres, tiene que entregar 150 mil pesos”. Mientras tanto, sus hijos permanecerían detenidos, como garantía del pago.

“Me dijo ‘que se junte ciento cincuenta varos, y ya ahorita se los lleva, si no, se van a chingar a Toluca –se lee en el documento–… Yo le dije que sólo tenía setenta y cinco mil pesos, me dijo; ‘vete a juntar la lana, mejor’.”

Hacia las 23:00 horas, tras obtener el dinero, los familiares de los dos menores retenidos lo entregaron a un funcionario identificado por ellos como el superior jerárquico de la agente Lozano Maya. “Fue ahí cuando mi [familiar] le entregó el dinero en su mano”, relató la madre.

Tras la entrega del efectivo, los menores fueron liberados sin cargos.

Aunque la denuncia de esta familia incluía actos delictivos, como abuso sexual, tortura y extorsión, la Unidad Investigadora del Órgano Interno de Control de la Fiscalía del Estado de México decidió iniciar una indagatoria en contra de los agentes señalados sólo por el delito de “cohecho”, que cometen los funcionarios públicos cuando reciben dinero o beneficios por parte de terceros, para desempeñen su labor de forma sesgada.

Finalmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México desechó el expediente, al considerar que las víctimas no contaban con videos o fotografías de los hechos denunciados y, por lo tanto, no existían pruebas contra los funcionarios ministeriales acusados.

Carmen Alejandra Lozano Maya, avalada por el Gobierno de CDMX

Un año después de las agresiones reportadas por esta familia de Tecámac, la agente Carmen Alejandra Lozano Maya fue nuevamente denunciada por abusos y actos de corrupción, esta vez por parte del colectivo “Presunción de inocencia”, integrado por familiares de personas que han sido víctimas de fabricación de delitos, durante un foro legislativo realizado en 2020.

Ahí, Jolman Cázares González, representante de la organización de familias, narró el caso de su tío, también víctima de detención arbitraria y tortura. “Esa carpeta de investigación fue iniciada por Carmen Alejandra Lozano Maya, quien, a pesar de haber sido detenida en febrero por denuncias de extorsión, sigue ejerciendo como servidora pública”, afirmó frente a las comisiones legislativas.

En este caso, la víctima fue acusada de robo por la agente Lozano Maya, quien presuntamente colocó mariguana y objetos supuestamente robados para justificar la detención. Además, según el testimonio del afectado, fue torturado para firmar una confesión, y su vehículo fue robado por los agentes involucrados.

En marzo de 2020, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se desistió de la acusación en contra de la víctima, luego que se determinara que no existían elementos suficientes para procesarla. Para tratar de evitar una sanción, los agentes involucrados ofrecieron devolver el vehículo que robaron.


Durante este foro legislativo, el colectivo Presunción de Inocencia señaló que, a raíz de estos hechos, se dio vista a la Fiscalía Anticorrupción por las irregularidades detectadas,”ya que se comprobó que dicha carpeta fue fabricada por la agente del Ministerio Público Carmen Alejandra Lozano Maya“. Pese a ello, no recibió ninguna sanción.

A raíz de estas denuncias, la agente Carmen Alejandra Lozano Maya dejó su cargo y se dedicó, tal como señala su currículum, a la práctica privada de la abogacía y, tras la reforma judicial aprobada en 2024, solicitó su registro como candidata al cargo de juez penal de primera instancia, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Pese a su historial, la solicitud de candidatura de Carmen Alejandra Lozano Maya fue avalada por el comité de evaluación del Poder Ejecutivo de la capital del país, encabezado por la jefa de gobierno Clara Brugada (del partido Morena), y así logró ser postulada al cargo de jueza penal por el segundo distrito judicial-electoral de la Ciudad de México, que abarca una parte de la alcaldía Gustavo A. Madero y otra parte de la alcaldía Cuauhtémoc.

En la jornada electoral del pasado 1 de junio, en la que se eligieron jueces y magistrados federales y locales, Carmen Alejandra Lozano Maya obtuvo 44 mil 382 votos, lo que la convierte en la candidata a jueza penal con más sufragios en su favor, incluso por encima del candidato varón con más sufragios (Carlos Alfredo Zetina Cornejo, que acumuló 42 mil 779 votos).

Esta elección se realizó para seleccionar a quienes ocuparán 12 plazas de juez penal del sistema de justicia de la Ciudad de México, seis personas elegidas deben ser hombres y seis mujeres. Tal como establece la reforma legal en la materia, los y las candidatas que hayan obtenido mayor votación, tomarán protesta de esos cargos el próximo 1 de septiembre de 2025.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/OBSERVATORIO IBERO SOBRE SISTEMA DE JUSTICIA.
AUTOR: REDACCIÓN/EDGAR LEDESMA.

Sheinbaum condenó que policías del grupo Pakal de Chiapas cruzaran Guatemala durante enfrentamiento

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los hechos están siendo investigados y que próximamente dará mayor información.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el grupo de seguridad de Chiapas “Pakal” cruzó la frontera con Guatemala, lo cual consideró que “no está bien” e instruyó mayor investigación al respecto.  

“Todo parece indicar que sí, lo están investigando, y no está bien que eso haya ocurrido. Y mañana, si quieren, vamos a dar toda la información sobre esto, que lo pueda dar ya el secretario de Seguridad”, dijo.

Añadió que hasta esta mañana no había información de que elementos policiacos de Guatemala estuvieran coludidos con las organizaciones criminales, razón por la cual el grupo de seguridad en el sureste mexicano ingresara a territorio guatemalteco.  

“No tenemos información sobre ello. Y mañana podemos dar más información. Sí se dio el informe en el Gabinete de Seguridad, pero quedaron de… Les pedí, les instruí a que hicieran una mayor investigación”, afirmó.  

Esta mañana el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, publicó en su cuenta de X: “Sobre los hechos lamentables ocurridos en la línea divisoria con la hermana República de Guatemala, es muy delicado que autoridades encargadas de velar por la seguridad de sus conciudadanos participen en estos actos. No es cosa menor estar coludidos, pero lo que es peor es estar al servicio de la delincuencia”.  

Agregó: “Esperamos que nuestra hermana República de Guatemala actúe con legalidad y responsabilidad con los elementos de sus corporaciones. Nosotros seguiremos aplicando la ley con firmeza y sin distinción alguna. El pueblo de Chiapas vivirá en paz”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Guerra sucia: 48 años de la desaparición forzada de Rafael Ramírez Duarte

Su familia comenzó una intensa búsqueda en colaboración con otras personas en las mismas condiciones, quienes se unieron para formar el ahora Comité Eureka, una organización dedicada a la búsqueda de justicia para las víctimas de la "Guerra sucia", durante los sexenios de Díaz Ordaz y Echeverría.

Desde hace 48 años el paradero de Rafael Ramírez Duarte es desconocido. Es una de las víctimas del periodo de la "guerra sucia"; fue secuestrado por la Brigada Blanca, estuvo recluido y fue torturado en una cárcel clandestina del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, por ser un hombre de “ideas peligrosas".
"Seguimos extrañándote, necesitándote y exigiendo verdad, memoria y justicia”, se lee en un comunicado publicado este 9 de junio, por los familiares de Rafael Ramírez Duarte, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
En el documento criticaron la ceremonia del pasado 12 de mayo, para la colocación de los restos fúnebres del general Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de Defensa Nacional en el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976), señalado de autorizar “los vuelos de la muerte” durante la Guerra Sucia:  

“En vez de recordarles y honrarles a ustedes, se decide honrar a personajes tan siniestros como Hermenegildo Cuenca Díaz, encargado de operar las desapariciones durante el gobierno de Luis Echeverría. Esto pese a que tenemos una presidenta que en su juventud adoptó tu causa”.  

El homenaje contó con la presencia del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y de la plana mayor del Ejército, bajo mando de la presidenta Claudia Sheinbaum.  

“Nos dicen que las desapariciones ya no son como antes, pero siguen impunes como antes y duelen igual que antes; porque seguimos sin saber dónde están, sin ver condenados a quienes se los llevaron. (...) La desaparición forzada también está sucediendo ahora. (...) No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio y castigo. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!”, finaliza el comunicado.  

Rafael, ¿dónde estás?

Rafael Ramírez Duarte nació en 1948 en Zirándaro, Guerrero. Estudió en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es hijo de doña Delia Duarte, esposo de Sara Hernández y padre de Pavel y Tania Ramírez.  

Su familia comenzó una intensa búsqueda en colaboración con otras personas en las mismas condiciones, quienes se unieron para formar el ahora Comité Eureka, una organización dedicada a la búsqueda de justicia para las víctimas de la "Guerra sucia", durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. 

Desde aquel 9 de junio, Rafael sigue desaparecido, mientras sus familiares siguen exigiendo una respuesta por parte del Estado mexicano, así como castigo a los responsables. 

Archivo histórico de la "Guerra sucia"

Durante las décadas de los sesenta y setenta, México tuvo una severa crisis de derechos humanos y falta de libertades democráticas.  

Los gobiernos de Díaz Ordaz y Echeverría, controlaron el país bajo una serie de políticas represivas para combatir cualquier movimiento u organización social, considerada opositora.  

Como parte de estos esfuerzos, surgió la "Guerra sucia", un periodo donde el Ejército, la policía y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) cometieron graves violaciones a los derechos humanos, como actos de tortura, secuestros, asesinatos, abuso sexual, desapariciones forzadas, entre otros.  

Gracias a testimonios de perpetradores, de sobrevivientes de cárceles clandestinas y de testigos, ha podido establecerse que desde 1974 hasta 1979, las fuerzas militares utilizaron los “vuelos de la muerte” para deshacerse de los cuerpos.  

Los aviones despegaban de la base militar número 7, ubicada en el municipio de Acapulco, y desde el aire arrojaban personas —vivas o muertas— al océano, algunas dentro de costales cargados con piedras, otras picoteadas por bayonetas para que fueran devoradas por los tiburones, otras amarradas a vigas metálicas o a bloques de concreto para asegurar que nunca aparecieran. 

Varias víctimas eran activistas o personas bajo sospecha del Estado. De acuerdo con el Archivo General de la Nación, al frente de estas operaciones estuvieron Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, miembros de la DFS y fundadores de la Brigada Blanca.  

La Brigada, conformada por 240 elementos provenientes del Ejército Mexicano, la DFS, la Procuraduría General de la República, entre otros, buscaba exterminar organizaciones guerrilleras como la Liga Comunista 23 de Septiembre, un conglomerado de agrupaciones políticas que buscaban convertirse en un bloque socialista. 

Los archivos históricos también señalan a Hermenegildo Cuenca Díaz como el principal firmante de las órdenes de “exterminio” que acabaron con la vida de numerosos opositores al régimen más corrupto y sanguinario que ha tenido México, de acuerdo con “El País”, en referencia a la Guerra Sucia que dejó 10 mil víctimas.  

Algunas de las víctimas comenzaron a denunciar la existencia de estas prácticas, sin recibir apoyo de vías legales o una respuesta por parte de las autoridades, lo que dio como resultado varios colectivos de búsqueda y justicia que permanecen hasta la actualidad. 

A pesar de que el gobierno negó los actos atroces cometidos por elementos del Estado, “hoy en día, gracias a la liberación de los expedientes de la DFS y su acceso público en el Archivo General de la Nación, se confirma su existencia”, señala el Gobierno de México.  
“Estos documentos son fundamentales para reconstruir los eventos del pasado que intentaron ser borrados por diversas instituciones de inteligencia, y que hoy siguen siendo relevantes (...) para garantizar el derecho a la memoria y la búsqueda de la verdad, la justicia y la no repetición de violaciones a los derechos humanos”, añade.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sentencian con hasta 320 años de prisión a siete miembros de la banda de secuestradores “Los Flacos”

Los integrantes de la banda delictiva fueron declarados culpables de secuestro, privación ilegal de la libertad y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Un juez federal sentenció hasta 320 años de prisión a 7 integrantes de la banda de secuestradores denominada “Los Flacos”, la cual operaba principalmente en el Estado de México. 

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) el juez Primero de Distrito en materia Penal con sede en Toluca, Estado de México declaró culpables a 7 personas de los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. 

Los sentenciados son: Ulises Eduardo Tamez Covarrubias, Iván Martínez Damián, Luis Manuel Olivares Rubí, Juan Manuel Ramírez Castro, Alaín Pérez Campos, Heriberto Isaí Rosas Martinez y Alfonso Donis Ruiz. 

Luis Manuel Olivares fue condenado a 320 años de prisión y multa por 334 mil 140 pesos por delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de 8 víctimas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea y portación de arma de fuego sin licencia. 

Alaín Pérez, recibió una pena de 280 años y multa de 295 mil 780 pesos por los mismos delitos, pero en agravio de 7 víctimas. 

Alfonso Donis, fue condenado a 300 años de cárcel y multa de 314 mil 328 pesos por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de 8 víctimas. 

Iván Martínez y Juan Ramírez, quienes igualmente recibieron 274 años de prisión y multa de 290 mil 333 pesos por delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de 7 víctimas. 

Heriberto Rosas, condenado a 266 años de prisión y multa de 279 mil 553 pesos por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de 7 víctimas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y portación de arma de fuego sin licencia. 

Ulises Tamez, con 84 años de prisión y multa de 91 mil 85 pesos por delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de 2 víctimas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Apostó a querer ganar elecciones con personajes vinculados a la delincuencia”: Nahle tras señalamientos de MC por presunto fraude

La gobernadora de Veracruz respondió a los señalamientos de Movimiento Ciudadano sobre presuntas irregularidades en los procesos electorales que se llevaron a cabo en Poza Rica y Papantla.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, señaló a Movimiento Ciudadano por postular para las elecciones del pasado 1 de junio a candidatos con presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Además, dijo que no trabajará con “personajes dudosos”.

“Movimiento Ciudadano le apostó a querer ganar elecciones con personajes vinculados a la delincuencia organizada y con personajes que tienen vinculación directa en muchos temas, pero no fue así de repente”, sentenció la morenista en conferencia de prensa.

Nahle fue cuestionada sobre las declaraciones de Jorge Álvarez Máynez, líder nacional del partido naranja, sobre presuntas irregularidades en los procesos electorales que se llevaron a cabo en Poza Rica y Papantla.

“En Papantla y Poza Rica hemos vivido el peor fraude electoral desde 2018. No bastó condicionar programas federales, estatales y municipales. Reventaron los conteos, abrieron los paquetes, alteraron las boletas. Hay evidencia”, dijo Máynez en un mensaje publicado en X dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Ante los dichos del emecista, la gobernadora de Veracruz respondió que “lo que debe hacer” es no caer en provocaciones y se refirió a Máynez como un “simulador profesional”.

Añadió que el proceso electoral ya terminó y “ya cada quien esta donde el pueblo o las urnas dijeron”.

Tras señalar los presuntos vínculos criminales, Nahle mencionó que “nosotros no tenemos pacto con nadie y donde estén personajes dudosos o algo, yo ahí no voy a trabajar. Voy a trabajar para el pueblo. Ahí sí. Y no voy a dejar ningún espacio en el territorio”.

Asimismo, dijo que tiene que cuidar la investidura, al gobierno que encabeza, así como a la población de Veracruz.

Morena impugnará resultados en Veracruz en medio de señalamientos de MC por presunto fraude

Este fin de semana, Morena anunció que impugnará los resultados en 23 municipios de Veracruz, esto con el argumento de presuntas irregularidades durante las elecciones del pasado 1 de junio así como la diferencia mínima que hay en algunas demarcaciones.

“Aproximadamente son 23. Boca del Río por supuesto, hubo ciertas irregularidades y lo vamos a demostrar en tribunales (…) Tlalnelhuayocan donde también se quemó, vamos a llegar a tribunales, son en los que tenemos posibilidad y estamos en el rango del 5 %”, señaló, Gabriel zúñiga Ovando, representante del partido guinda ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

De acuerdo con el funcionario morenista, entre las irregularidades detectadas, además de la quema de boletas, están la sustitución de funcionarios de casilla por otros que no pertenecían a la sección, temas de fiscalización y el rebase del tope de gastos de campaña.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), denunció un presunto fraude y manipulación de votos en Papantla y Poza Rica, luego de que el miércoles el OPLE pausara el conteo ya que en Papantla hubo cambio de sede y en Poza Rica el organismo ejerció la facultad de atracción.

De acuerdo con el dirigente emecista, se “violó la cadena de custodia” de los paquetes electorales y cuando se reinició el conteo de votos comenzaron a aparecer boletas a favor de MC, pero tachadas encima para convertirlos en votos nulos.

“Lo que está haciendo Morena en Veracruz tiene un nombre: FRAUDE y traición a la democracia”, acusó Álvarez Máynez.

En tanto, el también emecista Dante Alfonso Delgado señaló en sus redes sociales que Morena pretende “arrebatarles el triunfo en Poza Rica” mediante un presunto fraude electoral.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.