La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una reforma para expedir una Ley de la Guardia Nacional, en la que se autorizan las operaciones encubiertas y de usuarios simulados, a pesar de que la Suprema Corte invalidó esa facultad en 2023.
Hace dos años, el máximo tribunal del país lo invalidó al considerar que es una técnica de investigación prevista especialmente para el Ministerio Público y porque podría dar lugar a la obtención de pruebas ilícitas y la comisión de violaciones a derechos humanos.
Dos años después de la resolución de la Suprema Corte, el gobierno de Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional, en la que otra vez se contempla que esta institución ejecute operaciones encubiertas y de usuarios simulados para prevenir delitos.
La fracción VI del artículo 9 de la iniciativa de la Ley de la Guardia Nacional señala que es atribución de esta institución “llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la investigación preventiva del delito”.
En contraste, la fracción VI del artículo 9 de la actual Ley de la Guardia Nacional, que la Suprema Corte invalidó en 2023, señala que esta dependencia tenía la atribución de “llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados, en la investigación para la prevención de delitos, en términos de las disposiciones aplicables”.
La SCJN invalidó el artículo luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso la acción de inconstitucionalidad 62/2019. Las y los ministros le dieron la razón al organismo autónomo con 9 votos a favor y dos en contra.
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| El primero es el artículo de operaciones encubiertas que propone Sheinbaum, y el segundo es el artículo de operacioes encubiertas que la Corte invalidó hace dos años. |
En aquella ocasión, la SCJN invalidó estas atribuciones a la Guardia Nacional porque no había una lista de delitos para aplicar este tipo de operaciones, lo que dejaba la puerta abierta para que se realizaran de forma arbitraria.
De igual forma la Corte consideró que las operaciones encubiertas no son compatibles con la prevención del delito, sino que éstas se realizan cuando ya hay una investigación en curso y cuando ya existe información previa de que se está cometiendo un delito, como lo establece el propio Reglamento de la Guardia Nacional que aún está vigente.
Por su parte, al interponer su acción de inconstitucionalidad, la CNDH argumentó que permitir a la Guardia Nacional realizar operaciones encubiertas para “prevenir” un delito podía derivar en un uso arbitrario de esta facultad.
“La falta de precisión y señalamiento de límite alguno en cuanto a la facultad de la Guardia Nacional para realizar operaciones encubiertas y usuarios simulados para la prevención de los delitos, permite que de manera discrecional se realicen esas actividades, ya que no se requiere que se cuente con elementos suficientes que presuma que se está cometiendo un delito, lo que implica una vulneración a los derechos humanos, tales como de intimidad, privacidad y de la prohibición de injerencias arbitrarias”, consideró la CNDH.
Luego de la elección judicial del pasado 1 de junio, en la Suprema Corte solo quedarán dos de los 11 ministros y ministras que hace dos años debatieron sobre invalidar las operaciones encubiertas y de usuarios simulados. Una es Loretta Ortiz Ahlf, quien votó a favor de la invalidación, y otra es Yasmín Esquivel Mossa, quien votó en contra.
El Congreso prevé aprobar la nueva Ley de la Guardia Nacional junto con otras reformas a finales de este mes, cuando se realice un periodo extraordinario de sesiones.
Capacitación policial para la Guardia Nacional
Se trata de un paquete de leyes reglamentarias de otra reforma constitucional aprobada el año pasado, con la que se concretó el pase de la Guardia Nacional al Ejército mexicano.
Entre otras modificaciones, la reforma propuesta por la presidenta de México también refuerza que la Guardia Nacional tendrá capacitación policial, aunque ya no estará adscrita a una institución civil, sino a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Mientras forman parte de la Guardia Nacional, sus integrantes deberán contar con un Certificado Único Policial actualizado, el cual será expedido por el Centro Nacional de Acreditación y Control de Confianza.
De igual forma se establece que la Guardia Nacional podrá investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público; detener y poner a disposición a sospechosos; preservar lugar de los hechos de un crimen; requerir información a personas físicas y morales con fines de investigación, emitir informes y partes policiales; ejecutar órdenes de aprehensión, y entrevistar personas en caso de flagrancia.
Colaboración con estados y municipios
La iniciativa de Claudia Sheinbaum también contempla la colaboración entre la Guardia Nacional, los estados y los municipios para combatir la inseguridad.
La Guardia Nacional podrá suscribir convenios de colaboración con autoridades locales, quienes se tendrán que comprometer a establecer un programa para el fortalecimiento técnico, operativo y financiero de sus policías.
La iniciativa de la Ley de la Guardia Nacional también establece que esta institución de seguridad operará con los recursos proporcionados por el gobierno federal, pero los estados y municipios también tendrán que cooperar económicamente si quieren hacer un convenio para combatir el crimen con el personal militar.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.
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