En sí la nueva Ley de la Guardia Nacional es un mero trámite, al estilo de Morena, para constitucionalizar lo que de facto ya sucede. Desde su creación en el 2019, la Guardia Nacional fue integrada mayormente con elementos del Ejército Mexicano, pocos policías federales, corporación que desaparecería posteriormente, migraron hacia la nueva policía que, de entrada y en un vil engaño, dijeron quedaría en la facultad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La Secretaría de Seguridad, reinstaurada en la Administración de Andrés Manuel López Obrador luego que su antecesor Enrique Peña Nieto la desapareciera, pasó a ser en el primer Gobierno de Morena en la República, una mera secretaría de actas, al deshacerse de su corporación preventiva para integrar la Guardia Nacional, desde un inicio integrada por elementos del Ejército y con mando militar, la entonces titular, Rosa Isela Rodríguez, sólo llevaba los datos nacionales de la inseguridad por trámite para el diseño, en la Guardia Nacional y otras entidades, de las estrategias, aun fallidas (el Gobierno de López Obrador rebasó los 200 mil ejecutados en 5 años 10 meses que tuvo de duración.
Mucho se especuló, que con la entrada a la Secretaría de Seguridad del súper policía que ha acompañado a la Presidenta Claudia Sheinbaum en anteriores encargos, Omar García Harfuch, se podría frenar eso de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, con el argumento de que él, requeriría de una corporación policiaca para sacar adelante el compromiso de la mandataria nacional en materia de seguridad. Pero no…
Antes de aceptar la Guardia Nacional, o de frenar la iniciativa intocable de Andrés Manuel López Obrador de enviar tal corporación ya constitucionalmente al Ejército que de suyo la maneja, Harfuch prefirió hacer su propia reforma constitucional y sentar las bases para, desde la SSCP, realizar la investigación, la inteligencia y la coordinación, tanto con entidades de las Fuerzas Armadas, como con aquellas en los estados de la República.
Así, el 28 de noviembre de 2024, en una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, Omar García Harfuch rearmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que heredó en calidad de desmantelada, no sólo para que fuese su dependencia la encargada de establecer los protocolos “en materia de arquitectura, infraestructura, desarrollo y equipamiento institucional, carrera policial y régimen de seguridad social”, sino también titular la “distribución para la asignación de recursos federales y los esquemas de control y verificación”, también, “establecer, fortalecer y homologar los planes y programas para la formación y actualización policial, ministerial, pericial y penitenciaria, a través de las academias e institutos especializados”.
Y en materia de investigación de delitos, aparte de la Guardia Nacional ya de suyo en la facultad del Ejército, y de la Agencia de Investigación Criminal o Policía Ministerial que depende de la FGR, la reforma constitucional incluyó facultar, por lo pronto, a la Policía de Protección Federal, la única disponible en lo que crea un grupo élite de investigación, para realizar labores de inteligencia y “realizar la investigación y persecución de delitos basada en inteligencia, información estratégica, análisis, colaboración, práctica de operaciones especiales y aprovechamiento de la tecnología informática, para generar y aportar mayores elementos de prueba que originen y fortalezcan carpetas de investigación ministerial, con la finalidad de que los indicios, datos y pruebas que se recaben sean admisibles en juicio con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales, en coordinación con la Fiscalía General de la República y las dependencias competentes conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”.
Pero no se quedó ahí, sino que se dio la función de coordinar nacionalmente en materia de seguridad, al adicionar a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al inscribir que se coordina no con el Poder Judicial de la Federación para los efectos ya dispuestos, sino también con facultad para coordinarse con los “poderes judiciales de las entidades federativas, así como con la fiscalía general de la República, y las fiscalías estatales… cuando así se requiera”.
Este año 2025, a diferentes estados de la República Mexicana, entre ellos Baja California, han llegado cientos de unidades de Protección Federal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para realizar labores de investigación. A Tijuana, en abril de este año, arribaron 80 unidades con más de 300 policías.
La Guardia Nacional ha quedado rezagada por la corporación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Relegada como lo indicó el expresidente López Obrador desde un inicio, a patrullar, a cuidar parques, canchas y fiestas, a acompañar a los ciudadanos en una labor disuasiva y no investigadora ni generadora de inteligencia. Volviendo a Baja California, recientemente fue información de la SSPC y de corporaciones de los Estados Unidos, la que fue procesada, analizada y que sirvió de base para la realización de un operativo sorpresivo que llevó a la captura de Pablo Huerta Nuño, el "Flaquito", criminal de una célula del cártel Arellano Félix, prófugo por más 10 años. En tal acción, la Guardia Nacional, como el Ejército, sirvieron para resguardar los perímetros al ser coordinadas por el grupo especializado de la FGR, y la SSPC, y nada más.
Por eso ahora que en el legislativo se prestan a aprobar la reforma a la Guardia Nacional que ya da certeza castrense al origen, desarrollo y mando de esa corporación, y acaba con la farsa de que se trataba de una corporación civil, para el estratega de seguridad del país, podría resultar lo de menos, pues se armó con la reforma a la Ley orgánica de la administración federal, con su propia y facultada corporación policiaca para definir y coordinar en la materia, la estrategia nacional.
Al final de cuenta, la Guardia Nacional no entrega buenas cuentas. Ni ha realizado aprehensiones de alto impacto, ni ha contribuido a la seguridad y sí ha sido infiltrada por grupos de la criminalidad organizada, y algunos muchos de sus elementos investigados, y en el peor de los casos asesinados, sea patrullando las calles porque hasta ahí les da, o protegiendo a la criminalidad como han sido descubiertos en varias ocasiones.
Así que eso de aprobar una Ley para oficializar lo que ya sucede, que la Guardia Nacional esté en la facultad de la Secretaría de la Defensa, no cambia el panorama de la seguridad o la estrategia para combatir a la criminalidad en el país, finalmente, poco aportan, y a estas alturas, es una corporación que nadie más que el Ejército quiere.
