Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Morena se adueña del Tribunal Electoral: con acordeones impone a magistrados de Sala Superior y Salas Regionales

De las 17 personas que aventajan en la elección de magistradas y magistrados de Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 estaban señaladas en los acordeones distribuidos por Morena antes de los comicios.

Con la distribución masiva de los acordeones para la elección judicial, Morena logró imponer a la enorme mayoría de las y los magistrados de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes serán la máxima autoridad en materia electoral del país. 

De acuerdo con los resultados de los Cómputos Distritales Judiciales 2025, con corte a las 20:00, se trata de 15 de 17 candidatas y candidatos a magistrados electorales que fueron favorecidos por los acordeones y que hoy se perfilan para ser las y los ganadores tras las elecciones del pasado domingo 1 de junio. 

En la Sala Superior, con el 80.50 % de las actas computadas, Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García apuntan para ser los nuevos magistrados que ocuparán los dos puestos vacantes de este órgano del Tribunal Electoral, favorecidos por los acordeones, durante ocho años, terminando su periodo hasta el 2033.

Con estos resultados, se robustece la mayoría de magistraturas de la Sala Superior afines al régimen, actualmente compuesta por la magistrada presidenta, Mónica Soto, y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, quienes tienen clara afinidad con el gobierno y su partido.

Soto, de la Mata y Fuentes permanecerán en el máximo tribunal electoral hasta 2027, junto con los dos integrantes que han mantenido una postura distinta, Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón. 

Así, un órgano que es la última instancia jurisdiccional en materia electoral, que conoce y resuelve de forma definitiva e inatacable las controversias electorales presentadas por ciudadanos, candidatos, partidos políticos y demás actores políticos, se pintará de guinda.

¿Qué pasa en las Salas Regionales?

Además de la Sala Superior, el Tribunal Electoral se conforma con cinco Salas Regionales, una por circunscripción, que también fueron reestructuradas con la reforma judicial, que ordenó su reducción, de cinco a tres magistraturas, y la elección de sus integrantes por voto directo.

Es decir, el domingo se votó para elegir 15 magistraturas, tres por cada Sala Regional.


En este caso, con el 54.56 % de las actas computadas, se perfilan para ganar 13 candidatos que también fueron promovidos masivamente mediante el uso del acordeón.

Con los datos de los Cómputos Distritales, que aún no son definitivos, destaca que sólo dos de las 15 magistraturas electas, una de la Sala Regional 2 y otra de la Regional 5, no eran candidaturas destacadas en los acordeones que Morena distribuyó en la página Poder Judicial 4T.

En la Sala Regional número uno, con cabecera en Guadalajara, las dos magistradas y el magistrado que adelantan en los votos son Rebeca Barrera Amador, Irina Graciela Cervantes Bravo y Sergio Arturo Guerrero Olvera, los tres venían en el acordeón.


En la Sala Regional número dos, con cabecera en Monterrey, las dos magistradas y el magistrado ganador son Maria Guadalupe Vazquez Orozco, Claudia Patricia de la Garza Ramos y Ernesto Camacho Ochoa. Tanto la primera como el último coinciden con los del acordeón. 


En la Sala Regional número tres, radicada en Xalapa, las dos magistradas y el magistrado que ganó son Roselia Bustillo Marín, Eva Barrientos Zepeda y José Antonio Troncoso Ávila, quienes igual aparecieron en los acordeones.


En la Sala Regional número cuatro, con sede en Ciudad de México, los ganadores fueron María Cecilia Guevara y Herrera, Ixel Mendoza Aragón y José Luis Ceballos Daza, quienes también estaban en los acordeones.


Finalmente, en la Sala Regional número cinco, de Toluca, las dos magistradas y el magistrado virtualmente electos  fueron Nereida Berenice Ávalos Vázquez, Marcela Elena Fernández Domínguez y Omar Hernández Esquivel. Los dos primeros también figuraron en los acordeones.

Prevén sentencias que favorezcan a Morena en las próximas elecciones

Desde que comenzaron a circular diversos acordeones para la elección judicial, especialistas en materia electoral y constitucional comenzaron a advertir que se preparaba una operación fraudulenta para influenciar indebidamente los resultados. 

Más tarde, cuando se dieron a conocer los resultados para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Tribunal de Disciplina Judicial, en los que ganaron en su mayoría los candidatos del acordeón, especialistas señalaron que este hecho solo comprobaba sus advertencias sobre la intromisión indebida de actores políticos.

“Comprueba que hubo una operación masiva de inducción del voto mediante acordeones, simple y llanamente ¿Qué puede decir esto? Pues que no hubo voto libre en su mayoría”, señala Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia.

En entrevista con Animal Político, el también exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) señala que entre las repercusiones de que ahora un partido se adueñe del árbitro electoral estarán la elaboración de sentencias que favorecerán indebidamente al Gobierno.

“Que se erosionan las garantías de competencia libre y equitativa, que se tendrán sentencias electorales en los próximos años que tiendan a favorecer los intereses del gobierno y de Morena, que habrá menos capacidad de garantizar la legalidad de las elecciones, que habrá piso disparejo, todo eso” señala. 

La Sala Superior y las Salas Regionales, tocadas por la reforma judicial

La Sala Superior, en única instancia, es el órgano jurisdiccional encargado de resolver los medios de impugnación relacionados con la elección presidencial y de gubernaturas, incluida la Ciudad de México, así como las elecciones federales de diputaciones y senadurías. 

Entre otras cosas, también se encarga de realizar el cómputo final de la elección presidencial en México, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto respecto a esta, en ese caso, procede a formular la declaración de validez de la elección y la de presidenta o presidente electo. 

El Tribunal Electoral también cuenta con una Sala Regional Especializada, que se encargaba de asuntos relacionados con el modelo de comunicación política, la propaganda, los actos anticipados de campaña y precampaña, entre otros temas, pero a raíz de la reforma judicial, publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2024, esta quedará totalmente extinta a más tardar el 1 de septiembre de 2025.

Por su parte, las Salas Regionales resuelven problemas relacionados a procesos electorales y los derechos político-electorales de la ciudadanía en las llamadas “circunscripciones plurinominales” en las que actualmente se divide el país: Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca. Cada una está integrada por tres magistradas o magistrados. 

El Tribunal Electoral ahora cuenta solo con cinco Salas Regionales, integrada por dos magistradas y un magistrado, quiénes durarán al igual que los magistrados de la Sala Superior electos este periodo electoral ocho años en el cargo, plazo que vencerá en 2033. 

Hasta antes de la reforma judicial, los tres magistrados electorales eran elegidos por el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ocupaban el cargo por un periodo de nueve años.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

CNTE analiza levantar plantón y hacer pausa a movilizaciones para organizarse en regiones; SEP y Gobernación condenan disturbios en el SNTE

La Secretaría de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) condenaron las manifestaciones de violencia e hicieron una llamado a los maestros de la CNTE a continuar de manera pacífica el diálogo constructivo, pero el gremio respondió que han "resistido indiferencia, silencio y simulación institucional".

El líder de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Pedro Hernández, comentó que analizan levantar el plantón que se encuentra en el Zócalo capitalino para dar “una pausa” a las movilizaciones y protestas en la Ciudad de México y se reorganizarán en sus asambleas y regiones.

“Juntos empezamos y juntos continuamos. En su momento que tenga que plantearse hacer una pausa, lo vamos a hacer juntos. (…) Esta lucha, yo lo he dicho, no es de velocidad, es de resistencia y llevamos 21 días que es complejo”, indicó el líder magisterial.

En tanto, la Secretaría de Gobernación y de Educación Pública condenaron las manifestaciones de violencia e hicieron una llamado a los maestros de la CNTE a continuar de manera pacífica el diálogo constructivo.

“Reiteramos el respeto al derecho a la libre manifestación y expresión y condenamos cualquier manifestación de violencia. Por la vía del diálogo vamos a encontrar acuerdo, propuestas y soluciones”, señaló.

Más tarde, en un comunicado de la CNTE, respondió a la condena de la SEP y Segob y señaló que el magisterio ha resistido “más de veinte días de indiferencia, silencio y simulación institucional”.

“Lo que desde el poder se señala como ‘violencia’ no es otra cosa que la digna respuesta de una clase trabajadora que, una vez más, ha sido ignorada y despreciada. Si condenan la expresión rebelde del magisterio. ¿Por qué no condenan también la violencia estructural que nos deja sin una pensión digna?”, cuestionó la CNTE.

Añadió que las autoridades deben escuchar al magisterio.

“Citar a Juárez no basta para ocultar la impunidad con la que se sigue explotando al pueblo. Si realmente creen en la razón y el derecho, entonces escuchen al magisterio y atiendan sus demandas sin burla ni demora. Decir que el magisterio ejerce violencia es una falacia: ningún funcionario ha sido agredido, ningún miembro del gabinete ha sido dañado”, indicó.

Protestas de la CNTE en CDMX

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaron este jueves frente a las oficinas del ISSSTE y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la Ciudad de México como parte de su jornada de lucha número 22 para exigir un cambio en su sistema de pensiones.

Manifestantes partieron esta mañana desde la estación de Metro Revolución de la Línea 2 con destino a la sede de Pensionissste en la colonia Buenavista, donde mantienen un bloqueo y exigen que el director general del instituto, Martí Batres, reciba a una comisión.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la circulación permanece cerrada en el cruce de Carlos J. Meneses y Jesús García.

A la par, otro grupo de maestros mantiene un bloqueo en las calles aledañas al edificio del SNTE ubicado en el Centro Histórico. La circulación permanece cerrada desde la calle Belisario Domínguez hasta República de Venezuela entre Allende y Del Carmen.

Cerca del mediodía, personas encapuchadas identificadas como parte de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) derribaron la reja de la sede del sindicato e ingresaron al vestíbulo. Tras la irrupción, se reportaron dos incendios al interior del inmueble.

Los integrantes de la CETEG también sacaron documentos, ropa, entre otros objetos y realizaron quemas afuera  del edificio. Los bomberos ya atienden la situación.

El pasado 15 de mayo, la CNTE instaló un plantón indefinido en el Zócalo capitalino y desde entonces ha llevado a cabo protestas y bloqueos en distintos puntos de la ciudad ante la falta de acuerdos con el gobierno federal.

Ayer, mientras representantes del magisterio se encontraban reunidos con autoridades federales se presentaron disturbios al exterior de las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no caerá en provocaciones y pidió a los integrantes de la Coordinadora asumir o deslindarse de estos actos.

Tras el encuentro, el magisterio reclamó que las autoridades “no han movido ni una coma” de las propuestas que le han entregado, además de que no cumplen con su principal exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, a pesar de que esta fue una de las promesas que hizo Sheinbaum durante su campaña presidencial.

Otros puntos afectados y alternativas viales

Además de las protestas de la CNTE, se mantiene un bloqueo en el cruce de las avenidas Paseo de la Reforma y de los Insurgentes por normalistas de Chiapas, quienes exigen justicia por el asesinato de uno de sus compañeros.

Los estudiantes señalan que uno de sus compañeros presuntamente recibió un disparo en la cabeza por parte de elementos de la policía durante una manifestación frente a la Normal Rural Mactumactzá, el pasado 15 de mayo, por lo que piden la intervención de autoridades federales.

El gobernador de la entidad, Eduardo Ramírez, contradijo esta versión y aseguró que el joven falleció a causa de un golpe en la cabeza tras caer de una camioneta.

Ante las protestas y bloqueos por parte de diferentes grupos, las autoridades recomiendan tomar las siguientes alternativas viales:
  • Circuito Interior
  • Eje 1 Norte
  • Eje 1 Oriente
  • Eje 1 Poniente
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Avenida Chapultepec
  • Doctor Río de la Loza
  • Avenida Ricardo Flores Magón.
¿Qué exige la CNTE?

La principal demanda del magisterio es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar a un sistema de pensiones solidario que esté a cargo del Estado. También demandan que para su jubilación se tomen en cuenta sus años de servicio y no su edad: 28 años en el caso de las mujeres y 30 en hombres.

Exigen que sus pensiones se calculen en salarios mínimos y no en Unidades de Medida de Actualización (UMAS), así como la desaparición de las cuentas individuales administradas por las Afores.

Además, piden transformaciones profundas para recuperar el carácter social del ISSSTE y la abrogación total de la reforma educativa de 2019.

El pasado 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un aumento salarial del 9 % y una semana más de vacaciones; sin embargo, la CNTE manifestó su rechazo y continúa exigiendo un aumento del 100 % sobre su sueldo base.

Otros de sus reclamos son: establecer una fecha para la mesa con Sheinbaum y que no se aplique represión económica, administrativa o de cualquier otra índole contra las y los docentes de que han participado en la huelga.

En tanto, el Gobierno de México dio a conocer en mayo que les hizo cinco propuestas a los maestros para terminar con las manifestaciones y les pidió priorizar a la ciudadanía y a los miles de estudiantes. Tras ellas han continuado las mesas de diálogo sin llegar a un acuerdo entre las partes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caen 3 con arsenal, vehículos y maquinaria para fabricar cartuchos en MTY

La acción se realizó derivada de inteligencia e investigación que permitieron identificar dos predios utilizados para almacenar armas de fuego.

La tarde del miércoles la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como su titular, Omar García Harfuch, informaron sobre dos acciones simultáneas en Nuevo León, durante las cuales, se detuvo a tres personas en posesión de un “arsenal” que viola Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El mensaje de Harfuch destaca que la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, aseguraron 64 armas de fuego, de 3,500 cartuchos, 115 cargadores, aditamentos para fabricar cartuchos, dinero en efectivo, 3 vehículos y los dos inmuebles cateados.

Ya en el comunicado oficial de la SSPC, publicado en la página oficial del Gobierno de México, se destacó que la acción se realizó derivada de inteligencia e investigación que permitieron identificar dos predios utilizados para almacenar armas de fuego, uno en la calle Francisco I. Madero en la colonia Mitras Centro y el otro en la calle Paseo Churubusco, colonia Cumbres Primer Sector, en el municipio de Monterrey.

Tras implementar vigilancias fijas, móviles y discretas, se recabaron datos de prueba suficientes que fueron presentados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo para intervenir los domicilios.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones del caso y determinará su situación legal. En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

“Con esta acción se impidió que las armas lleguen a las calles, lo que permite reducir la capacidad de fuego de grupos delictivos y contribuye en la disminución de la violencia en la entidad”, afirma la SSPC.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

México suma dos meses consecutivos de caída de empleo; en mayo se pierden 45,624 puestos

En mayo de 2025 se perdieron 45 mil 624 empleos formales en México; con ello, el país acumuló dos meses consecutivos de retrocesos en generación de puestos de trabajo, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

La caída de empleos en mayo representó una baja de -0.2% respecto al mes previo, debido a la “estacionalidad” ya que los meses de mayo se “registran las mayores caídas del sector agropecuario directamente relacionadas con el ciclo agrícola”, indicó el Seguro Social.


La pérdida de empleos de mayo 2025 es la segunda peor caída desde 2015, sólo detrás de los -344 mil 526 empleos perdidos en mayo de 2020, en la pandemia de COVID-19.

A nivel nacional se han perdido 93 mil 66 empleos tan sólo en mayo y abril de este año, y suman ya 19 estados con cifras negativas.

En mayo, las entidades con más pérdida de empleos en términos anuales fueron: Campeche (-9.1%), Tabasco (-7.1%), Zacatecas (-3.6%), Nayarit (-2.3%) y Baja California (-2.1%)

En contraste, Hidalgo (3.9%), México (3.5%), Colima (2.8%), Aguascalientes (2.7%), Nuevo León (2.1%), y Michoacán (2.1%) fueron los estados con mayor crecimiento.

Por sectores, la construcción fue el que más perdió empleos (-7.1%), seguido de la industria extractiva (-5.0%), el agropecuario (-1.5%) y la industria de la transformación (-1.0%)

En contraste, el comercio (2.8%), la industria eléctrica (1.8%), transportes y comunicaciones (1.4%) y servicios para empresas (1.3%) registraron más crecimiento de empleos.


Al cierre del quinto mes del año el IMSS tenía registrado 22 millones 372 mil 44 puestos de trabajo; de los cuales 87.2% son permanentes y 12.8% eventuales.

En el acumulado, enero-mayo de 2025, se han creado 133 mil 665 puestos; 23 mil 45 puestos más que el mismo periodo del año anterior, equivalente a un crecimiento de 0.10%

Las cifras de mayo también revelan que continúa la pérdida de patrones en el país. Al 31 de mayo se tenían registrados un millón 42 mil 392 patrones; una reducción de 2.8% respecto a mayo de 2024.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.

Trump y Sheinbaum trabajan para frenar tráfico de armas hacia MX, afirma embajador de EU

Ronald Douglas Johnson, “Ron”, titular de la Embajada de Estados Unidos en México, aseguró, el 5 de junio de 2025, que el Gobierno encabezado por el presidente Donald Trump y su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo, trabajaban juntos, para frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano.

Ello a pesar del fallo unánime que emitió el Pleno de la Corte Suprema de Estados Unidos, que desestimó, el mismo día, la demanda que interpuso, en agosto de 2021, el Gobierno de México, en contra de al menos dos de las ocho compañías de la industria armamentista -el fabricante Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms-, ante la Corte Federal del Distrito de Massachussets, en Boston.

“Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump, trabajamos con la presidenta @ClaudiaShein y su equipo para frenar el tráfico de armas hacia el sur y desmantelar las redes que alimentan la violencia. Juntos hacemos a nuestros países más fuertes y seguras”, escribió Johnson, en su cuenta de la red social X.

“México rechaza la decisión emitida por la Suprema Corte de Estados Unidos contra la demanda presentada a fabricantes de armas”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana , en un comunicado.

“La Suprema Corte de Estados Unidos sostuvo hoy que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) da inmunidad y protege a los fabricantes de tener responsabilidad legal”, señaló la SRE.

“El argumento central, publicado esta mañana en su sitio web oficial, fue que no se probó que las empresas ‘ayudaran y facilitaran’ (aiding and abetting) al tráfico ilícito de armas. Sin embargo, la Suprema Corte no se pronunció sobre el segundo esgrimido que es el de la proximidad del daño (proximate cause)”, detalló la Cancillería.

“Con esta decisión, la Suprema Corte revoca la que previamente adoptó la Corte de Apelaciones, que había admitido la demanda de México, y devuelve el caso a la Corte de Distrito para que los procedimientos sigan en consonancia con su decisión”, agregó la SRE.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa con firmeza su desacuerdo con la decisión emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos y continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles”, insistió la Cancillería.

“México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país, y seguirá en su lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de las empresas que fabrican y permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia y nutriendo a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas”, afirmó la SRE.

“Esta demanda fue presentada por México en agosto de 2021 ante un Juez de Distrito de Boston, Massachussets. En enero de 2024, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito concluyó que México había alegado de manera suficiente que ‘los demandados ayudaron e instigaron el tráfico ilegal de sus armas hacia México’”, recordó la Cancillería.

“La decisión de la Suprema Corte del día de hoy, no afecta el curso de la segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en 2022, en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas. Dicha demanda sigue avanzando y se encuentra en la etapa de producción de evidencia”, explicó la SRE.

“Las dos demandas presentadas por México tanto en Massachussets como en Arizona, han permitido dar visibilidad al grave impacto del trasiego de armas de fuego a nuestro territorio. México ha logrado posicionar el tema no sólo en la esfera bilateral, sino también multilateral, a través de la resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021. Actualmente, se está a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita también una opinión sobre el tema”, finalizó la Cancillería.

En un fallo unánime de votos a favor y cero sufragios en contra, el Pleno de la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó, el 5 de junio de 2025, la demanda que interpuso, en agosto de 2021, el Gobierno de México, en contra de al menos dos de las ocho compañías de la industria armamentista -el fabricante Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms-, ante la Corte Federal del Distrito de Massachussets, en Boston.

“México alega que las empresas ayudaron e instigaron ventas ilícitas que canalizaron armas a cárteles mexicanos. La cuestión presentada es si la demanda de México demuestra plausiblemente esa conducta. Concluimos que no lo hace”, escribió la jueza progresista Elena Kagan, en nombre de la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Dado que la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas demandados ayudaron e incitaron a los distribuidores de armas a vender ilegalmente armas de fuego a traficantes mexicanos, la PLCAA [Ley de Protección del Comercio Legal de Armas] impide la demanda”, indicó el fallo unánime de los nueve magistrados de la Corte Suprema de EE. UU., seis de ellos conservadores y tres progresistas.

En este caso los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos debían dar respuesta a dos cuestiones. Primero, si la producción y venta de armas de fuego en EE. UU. era la “causa inmediata” de las presuntas lesiones al Gobierno mexicano, derivadas de la violencia cometida por los cárteles de la droga en México.

Segundo, si la producción y venta de armas de fuego en Estados Unidos equivalía a “ayudar e instigar” el tráfico ilegal de las mismas, porque las empresas que las fabricaban y comercializaban supuestamente sabían que algunos de sus productos eran objeto de tráfico ilegal.

“No nos cabe duda de que, tal y como afirma la demanda, algunas de estas ventas tienen lugar y que los fabricantes son conscientes de ello. Sin embargo, México no ha alegado adecuadamente lo que debe: que los fabricantes ‘participan en’ esas ventas ‘como en algo que desean llevar a cabo’ y ‘pretenden, con [su] actuación, que se lleve a cabo”, agregó el fallo del máximo tribunal constitucional estadounidense.

Asimismo, Kagan subrayó que la demanda no señalaba ninguna transacción delictiva específica, en la que los demandados presuntamente hubieran prestado ayuda. No decía, por ejemplo, que un fabricante en particular ayudó a un comerciante de armas determinado, en un momento y lugar concretos, a vender armas a un traficante mexicano determinado, que no estaba legalmente autorizado a comprarlas en virtud de una ley específica.

En cambio, la demanda del Gobierno mexicano formuló una acusación más general: que todos los fabricantes ayudaban a un número indeterminado de comerciantes de armas sin escrúpulos, a realizar numerosas ventas de armas de fuego, en violación de diversas prohibiciones legales.

El carácter sistémico de esa acusación aumentó la carga de la prueba del Gobierno de México, por lo que la Corte Suprema de Estados Unidos enfatizó que, para que la acusación prosperara, debía estar respaldada por alegaciones plausibles de “asistencia generalizada, sistémica y culpable”, lo que no ocurrió.

Además, la Corte Suprema de EE. UU. subrayó que la estructura comercial del sector pasaba por intermediarios mayoristas, lo que dejaba en precario la acusación de que los fabricantes vendían a algunas tiendas de armas en concreto, mismas que facilitaban el acceso a los cárteles de la droga.

“Al afirmar que los fabricantes suministran intencionadamente armas a distribuidores sin escrúpulos, México nunca reconoce que los fabricantes no suministran directamente a ningún distribuidor, sea este sin escrúpulos o no. En su lugar, venden armas de fuego a distribuidores intermediarios, cuya independencia nunca ha cuestionado México”, destacó el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.

El martes 4 de marzo del mismo año, representantes del Gobierno de México expusieron,ante la Corte Suprema de Estados Unidos, sus argumentos respecto la demanda que interpuso, en agosto de 2021, en contra de ocho compañías de la industria armamentista ante la Corte Federal del Distrito de Massachussets, en Boston.

Durante la audiencia, los representantes del Gobierno mexicano reiteraron que las empresas no gozaban de inmunidad por su conducta negligente, como resolvió en su favor, Rosemary Márquez, de la Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en Tucson, dictaminó, el 25 de marzo de 2024.

Dicha juzgadora indicó que el Gobierno mexicano podría seguir adelante con una demanda que acusaba a cinco empresas vendedoras de armamento de dicho entidad de Estados Unidos -Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing, Ruger, así como Glock y Strum-, de participar en el tráfico de armas y municiones a los cárteles del narcotráfico en México.

La juzgadora federal rechazó los argumentos de los distribuidores -Diamondback Shooting Sports Inc, SnG Tactical LLC, Loan Prairie LLC, Ammo AZ LLC y Sprague’s Sports Inc-, que argumentaron que gozaban de una llamada “inmunidad procesal” de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que desde 2005 escudaba a los fabricantes y distribuidores de EE.UU., de recibir querellas por la vía civil, por el mal uso de sus productos.

Los argumentos del Gobierno de México ante la Corte Suprema de EE. UU. fueron presentados por la abogada Cate Stetson, quien estuvo acompañada de los abogados Jonathan Lowy, presidente de la organización de la sociedad civil Global Action on Gun Violence y Steve Shadowen, que representaron a México en este litigio. También estuvieron Fadia Ibrahim Nader, directora de Litigios sobre Privilegios e Inmunidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha Olabuenaga.

“Se trata de un río de hierro que bombea hasta medio millón de armas, o más, cada año a México. Los fabricantes de armas estadounidenses, así como los distribuidores y los vendedores, alimentan este río, con pleno conocimiento de causa. Para frenar a los cárteles, es imperante cortar el suministro de sus armas de fuego”, indicó Arrocha Olabuenaga, durante la audiencia ante la Suprema Corte de EE. UU.

El máximo tribunal constitucional de Estados Unidos podría emitir una decisión a finales del segundo trimestre del presente año, cuando determinaría si estas empresas demandadas gozarían de inmunidad, aun cuando incurrieran en este tipo de prácticas.

En un comunicado, la SRE informó que en enero de 2024, lo que calificó como “un hecho sin precedentes”, México superó la inmunidad que otorgaba la ley estadounidense a estas empresas, tras una resolución favorable de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito.

Según la Cancillería, durante la audiencia ante la Suprema Corte de EE. UU., el Gobierno mexicano sostuvo que las acciones y omisiones de estas empresas permitían que sus armas de fuego fueran traficadas a México, causando violencia y sufrimiento a su población, por lo que no gozaban de inmunidad a la luz de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos.

Respecto a la Segunda Enmienda, el Gobierno de México indicó que respetaba el derecho de autogobernarse y reiteraba que este caso no versaba respecto a la misma, ni sobre el derecho de los estadounidenses a portar armas.

El Gobierno de México anunció, el 4 de agosto del 2021, que demandó a 11 grandes fabricantes de armas de Estados Unidos en una Corte Federal del Distrito de Massachusetts, en Boston, acusándolos de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos eran traficados ilegalmente a territorio mexicano.

Según un documento citado por la agencia británica Reuters y el diario estadounidense The Washington Post, la demanda señalaba que el Gobierno de México buscaba una compensación de hasta 10 mil millones de dólares.

Ello alegando que las unidades de Smith & Wesson Brands; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding; Century International Arms; Colt´s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock GES; Sturm, Ruger & Co.; Witmer Public Safety Group; e, Interstate Arms; sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país latinoamericano.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Sistema de Salud de Puebla está al borde del colapso, advierte Sindicato de Trabajadores de la Salud

De acuerdo con líder sindical, familiares de pacientes cooperan para pagar casetas de autopistas, para parchar llantas o el combustible de las ambulancias. Mientras que los trabajadores se han visto forzados a hacer “coperachas” para comprar papelería, tóner de impresoras o para el internet.

Al advertir que los hospitales y clínicas del sistema de salud de Puebla se encuentra a punto de colapsar, pues no hay personal suficiente, carecen de medicamentos, insumos básicos, equipos y falta de mantenimiento a vehículos e instalaciones, el dirigente sindical, Julio Alfredo García, demandó la destitución de Carlos Olivier Pacheco, secretario de Salud en el estado. 

Cuando están por cumplirse seis meses del gobierno armentista, el líder de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTA) consideró que la información sobre la crítica situación que prevalece en los servicios de salud pública no está llegando al gobernador Alejandro Armenta Mier.

Mencionó que las carencias se han hecho críticas a partir de la transición al sistema IMSS-Bienestar y llegan al grado que en muchos de los hospitales y unidades médicas no cuentan con el servicio de agua ni para tomar, ni para sanitarios y acciones de saneamiento que son indispensables en este tipo de instalaciones.   

“No tenemos lo básico, y ahorita se está agravando más la situación, nuestros hospitales están colapsando, están en una situación como nunca habían estado”, expresó el líder sindical en rueda de prensa.   

Agregó que los familiares de los pacientes son los que están cooperando para pagar casetas de autopistas, para parchar llantas o el combustible de las ambulancias. Mientras que los trabajadores se han visto forzados a hacer “coperachas” para comprar papelería, toner de impresoras o para el servicio de internet. 

“Sepan (los ciudadanos) que cuando llega una de nuestras unidades y no reciben la atención que esperan no es porque no tengamos capacidad, conocimiento o experiencia, sino es porque no tenemos con qué hacer las cosas. Carecemos de medicamentos, de insumos, de material de curación, de equipos médicos que funcionen”, denunció. 

Indicó que, por ejemplo, aunque en el presupuesto se autorizan recursos para el mantenimiento de vehículos, las ambulancias y demás unidades motrices de los hospitales se encuentra en pésimas condiciones o no sirven. "Ese dinero hay que saber dónde está", reclamó el representante. 

Agregó que tampoco se están atendiendo necesidades de mantenimiento de las instalaciones, pues muchos de los hospitales se “están cayendo” o se inundan de aguas negras cuando llueve, lo cual es un riesgo sanitario para los pacientes y personal.   

En ese sentido, el dirigente sindical pidió a los poblanos que no agredan a los trabajadores de salud, pues si no pueden prestar un servicio adecuado es porque no tienen ni lo más básico para atenderlos. 

Aparte dijo que en la mayoría de las unidades están incompletas las plantillas de trabajadores, pues, aunque se han jubilado y muerto más de 400, estas plazas no han sido cubiertas. En total estimó que hace falta la contratación de entre 2 mil y 2 mil 500 trabajadores para cubrir las necesidades de trabajo. 

“Yo hago un llamado con mucho respeto al señor gobernador para que preste atención sobre las necesidades de la secretaría”, expresó. 

Dijo que, ante el cambio del gobierno estatal, esperaron un tiempo para empezar a ver resultados, pero los funcionarios de la secretaría no han estado receptivos para dar atención a esta grave problemática.   

García leyó un pliego petitorio cuyo primer punto es demandar la salida del secretario de Salud y de otros funcionarios de esa dependencia, así como que se lleve a cabo una auditoría externa a la dependencia. 

“Creo y lo digo con respeto, que el gobernador se equivocó de persona”, declaró García. 

También pidió que se cumpla con las condiciones generales de trabajo, el pago de salarios y prestaciones a tiempo y se respete la representación sindical. 

García advirtió que, de no encontrar respuesta a este pliego petitorio para la próxima semana, convocarán a una movilización de la estructura sindical en Puebla y también en la Ciudad de México para exigir a la federación que envíen los recursos necesarios para resolver las problemáticas luego de que Puebla se incorporó al modelo IMSS-Bienestar. 

Por la noche, el gobierno de Puebla emitió un comunicado en el que señaló que, en la Secretaría de Salud, en conjunto con el IMSS-Bienestar, se mantiene “abierta la disposición al diálogo” y la atención permanente a las demandas de los trabajadores del sector salud. 

“La dependencia aclara que se trabaja de manera constante para garantizar el abasto de medicamentos e insumos, que actualmente se encuentra entre un 60 y 70 por ciento”, señaló el escrito. 

Agregó que, en el último año, IMSS-Bienestar ha contratado a más de mil 500 trabajadores en diferentes categorías, para fortalecer la atención a la población. 

“Asimismo, se aclara que no se tiene ningún reporte sobre amenazas a personal médico por parte de pacientes, producto de una supuesta negativa de atención, como se señaló recientemente”, subrayó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Maestros rechazarán propuesta del gobierno sobre pensiones; sólo es un parche: analista

Gustavo Leal, especialista en política pública, considera que las propuestas de la Presidencia de congelar la edad de jubilación y “completar” la cantidad que pueden recibir los trabajadores con el Fondo de Pensiones del Bienestar son insuficientes para atender la demanda de la CNTE.

La propuesta que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el pasado miércoles 28 no resuelve su demanda de derogar la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 ni el problema de fondo sobre el sistema de pensiones, no sólo para el magisterio, sino para 3.2 millones de trabajadores al servicio del Estado y sus familias, advierte Gustavo Leal Fernández, especialista en política pública de Salud y Seguridad Social.

“El fondo de pensiones para el Bienestar es un parche, no resuelve lo que se está proponiendo sobre la mesa. El fondo del asunto es poner una ley del ISSSTE a la altura del año 2025, de lo que somos ahora, 18 años años después de lo que ocurrió cuando los tecnócratas reformaron la Ley de ISSSTE en el año 2007”, subraya el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Xochimilco, en entrevista con Proceso.

En medio de las protestas de la CNTE, que en las últimas dos semanas ha desquiciado la vialidad de la Ciudad de México, y las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde su conferencia en Palacio Nacional que ha comparado al magisterio con “la derecha”, el analista celebra que además de sus exigencias en materia educativa, la disidencia magisterial puso en el centro de la agenda nacional un tema “muy urgente”: el debate sobre el sistema de pensiones.

“Lo que están planteando son los costos enormes que tiene la reforma de (Felipe) Calderón y (Manlio Fabio) Beltrones de 2007 sobre lo que es realmente la pensión final del magisterio, pues amputaron parte de estos derechos a los trabajadores al servicio del Estado y los mandaron a un sistema de pensiones con pensiones miserables”, asegura.

Conocedor de las iniciativas de reforma de gobiernos del PRI, del PAN y ahora de la llamada 4T, Leal Fernández destaca que la demanda de la CNTE “ilumina” un universo más amplio: todo el apartado B que implica a los trabajadores al servicio del Estado, entre ellos, los de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, los médicos y el personal del IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud, profesores universitarios, entre otros. Calcula que este universo suma alrededor de 3.2 millones de trabajadores y sus familias.

Por ello critica las descalificaciones mediáticas contra la CNTE y las que se han hecho desde Palacio Nacional “tratando de plantear que los maestros están pidiendo un imposible, que no se puede hacer nada, que no hay recursos, etcétera, y dejando de considerar que lo que se está poniendo sobre la mesa es el futuro de las pensiones de los próximos mexicanos también y los que van a pasar en los siguientes años a retiro”.

Gustavo Leal Fernández considera que las propuestas de la Presidencia de congelar la edad de jubilación mediante un “decreto” y “completar” la cantidad que pueden recibir los trabajadores con el Fondo de Pensiones del Bienestar (creado en el 2024 por el presidente Andrés Manuel López Obrador) son “insuficientes” para atender la demanda de la CNTE.

Ahorro y prioridades

Con estancias posdoctorales en universidades de Austria y España y profesor en Estados Unidos, Leal Fernández se refiere al primero de los cinco puntos que planteó el gobierno federal, mediante las secretarías de Gobernación (Segob), Educación Pública (SEP) y el ISSSTE: “La emisión de un decreto para reducir progresivamente la edad de jubilación, hasta alcanzar la edad previa a la reforma del 2007 en el caso de los que están en el décimo transitorio de la Ley del ISSSTE”.

Ese “supuesto decreto”, critica, “está armado para que el gobierno siga ahorrando; no está pensando para que pase a retiro con ese congelamiento la gente que ya debería pasar para hacer justicia, digamos, a la urgencia de los que empezaron a cotizar hace muchos años y que ya cumplen con los requisitos, sino que beneficia a los trabajadores más jóvenes”.

Bajo ese argumento, “absolutamente insuficiente”, el especialista prevé en las próximas horas que las bases del magisterio “van a responder al gobierno que ese decreto no es suficiente”.

El pasado lunes 26, la presidenta Sheinbaum dedicó buena parte de su conferencia “mañanera” a justificar el porqué cambió su discurso de campaña política, de prometer a los maestros echar abajo la reforma del ISSSTE del 2007, para ahora decir que al gobierno “no le alcanzan los recursos” y que de hacer el cambio tendría una “carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano”.

La exjefa de gobierno de la CDMX argumentó: “Pondríamos en problemas a los recursos públicos para Programas de Bienestar, para obra pública, para el salario de los trabajadores del Estado, todo lo que representa el presupuesto público”.

Ante ese argumento, Gustavo Leal reacciona: “Es lamentable. El argumento que ha utilizado la presidenta es sumamente frágil. Ella dice ‘no alcanza porque están los programas sociales’. Sí, pero, señora presidenta, el problema que está puesto sobre la mesa son las pensiones, aquí hay un asunto de prioridades. ¿Qué hacemos con las pensiones? Nadie está en contra de más programas sociales, pero ¿qué hacemos con el problema de las pensiones? No es un argumento sólido”.

Pensiones del Bienestar

Estudioso del sistema de seguridad social desde sexenios atrás, Gustavo Leal Fernández recuerda que el Fondo de Pensiones para el Bienestar, aprobado en 2024 y que la presidenta Sheinbaum Pardo destacó en días pasados como parte de la solución a las demandas del CNTE, es “el segundo parche que activó el presidente López Obrador” en su gestión como medida de “justicia social” para que el trabajador se pensionara con el 100% de su salario, como se presumió en ese momento.

El primer parche, recuerda, “fue el tibio ajuste que hizo (el tabasqueño) a las pensiones del IMSS del apartado A”, aprobado en 2020.

Y asevera: “Este segundo parche es un esquema que deja a muchos afuera, cubre a muy pocos y con complementos muy bajos. Y tiene otro grandísimo problema en su propio diseño: financieramente es muy inestable”.

Ofrece un ejemplo: “De los recursos con que cuenta ahora que son, según la última información que presentó Hacienda, cercanos a los 45 mil millones de pesos, 32 mil millones de pesos son de las cuentas de los trabajadores que no habían sido reclamadas. Entonces, un financiamiento público directo al modelo de autopensión del sistema de cuentas individuales y de las Afore con más recursos públicos es un parche”.

Luego advierte que aunque en el periodo inmediato “es manejable, pues beneficia a muy pocos con muy poco, en los siguientes años, conforme vaya creciendo el universo de gente que lo va a reclamar, va a enfrentar muy serios problemas de financiamiento y esta base inestable seguramente va a recibir mucha presión”.

Por ello el economista insiste en que “ni el congelamiento de la edad de jubilación ni el parche del fondo de pensiones para el Bienestar atienden la profundidad del reclamo que hace la CNTE de una pensión justa”.

Sin inteligencia gubernamental

Conocedor de diversas propuestas de ley en pasadas administraciones, Leal Fernández critica que el documento con propuestas que el gobierno federal entregó a la Coordinadora el pasado 28 de mayo es “de extrema pobreza gubernamental respecto a lo que se está solicitando”. Por eso, justifica, la Coordinadora dijo que les dieron “pura paja”.

Considera que en el gobierno federal existe una “falta de entendimiento del fondo del problema. No hay por parte del gobierno una lectura correcta de lo que está poniendo sobre sobre la mesa”.

Por eso insiste: “Cuando esto se baje a consulta con las bases, terminarán con un rechazo y con el replanteamiento de que no se está entendiendo de fondo la demanda principal, que es mejorar el sistema de pensiones”.

Con autoridad académica, afirma que “no hay una inteligencia institucional, gubernamental para hacer de este tema tan relevante un asunto que podría discutirse a profundidad”. Lo que sí destaca es que el gobierno de Sheinbaum tendría que resolver pronto el tema para que no continúen las manifestaciones de los maestros y que el millón 200 mil niños que están sin clases en distintas entidades, puedan regresar a las aulas a terminar su ciclo escolar.

Hasta el cierre de esta edición, la CNTE no había respondido a las propuestas que les hizo el gobierno de Sheinbaum ni había levantado el plantón que instaló desde el 15 de mayo último en el Zócalo capitalino y sus alrededores.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Demora del periodo extraordinario es por falta de consenso en Morena por Ley Telecom: Rubén Moreira

"Hay una lucha fuerte que es muy evidente", sugirió el priista sobre la situación entre los legisladores de Morena, y recalcó la necesidad del periodo extraordinario para establecer los artículos que se contraponen a la designación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.

El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que posponer el periodo extraordinario es porque dentro de Morena no han llegado a consensos en reformas como la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

El legislador tricolor también informó que es necesario el periodo extraordinario para establecer los artículos que se contraponen a la designación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la reforma del Poder Judicial antes del 1 de septiembre.

“Entonces sí tiene que haber un extraordinario, cuando menos para eso (artículos que se contraponen a la designación de la presidencia de la SCJN), por otro lado, pues ellos van a preparar, dar el golpe final a la libertad de expresión y el golpe final a la libertad de expresión es el tema de la “Ley Censura” y pues lo están armando y la “Ley Censura” va con la Ley de Seguridad. 

“Yo creo que no tienen ahorita en sus consensos internos, hay una lucha fuerte que es muy evidente entre esta Agencia Digital contra otras secretarías, porque la Agencia Digital no solamente está en la Ley de Telecomunicaciones, está en la ley Orgánica de la Administración Pública, está en estas leyes de mejora regulatoria, está en las leyes de seguridad y está en la ley de Telecomunicaciones”, explicó. 

Rubén Moreira detalló que la Agencia Digital entra en conflicto legal en atribuciones con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Comunicaciones, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Economía. 

El 4 de junio, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el periodo extraordinario se llevará a cabo a finales de junio ya que, detalló, se deben concluir los dictámenes de las 22 iniciativas que anunció que se discutirían.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

A 16 años del incendio en la Guardería ABC, los hijos sobrevivientes continúan lucha de padres y exigen castigo a responsables

A más de una década y media del siniestro, no hay un solo alto funcionario en prisión, y la exigencia de justicia permanece como una deuda pendiente del Estado mexicano.

Este 5 de junio se cumplen 16 años del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, una tragedia que cobró la vida de 49 niñas y niños, y dejó a más de 100 con lesiones físicas y emocionales.

A más de una década y media del siniestro, no hay un solo alto funcionario en prisión, y la exigencia de justicia permanece como una deuda pendiente del Estado mexicano.

Lo que comenzó como una tragedia originada por la negligencia institucional, hoy continúa como una herida abierta. Pero en esta ocasión, la lucha ha adquirido una nueva voz: la de los sobrevivientes. Aquellos niños que entonces apenas caminaban o dormían en cunas, hoy adolescentes, han comenzado a alzar la voz, a narrar sus vivencias y a exigir castigo para los responsables que, hasta hoy, siguen sin enfrentar consecuencias judiciales.

Incendio en la Guardería ABC: una tragedia evitable

El incendio ocurrió en 2009, cuando las llamas iniciadas en una bodega del gobierno del estado de Sonora se propagaron hacia la guardería subrogada por el IMSS.

Las investigaciones revelaron condiciones inadecuadas de seguridad: techos con material inflamable, inexistencia de salidas de emergencia funcionales y falta de protocolos de evacuación. La tragedia fue, en todos los sentidos, evitable.

Pese a las denuncias y señalamientos públicos, los procesos penales han sido insuficientes. Algunos funcionarios de bajo perfil enfrentaron cargos menores, pero ningún alto mando ha sido sancionado de forma ejemplar. La impunidad se ha convertido en uno de los rasgos más dolorosos del caso.

Batalla por la verdad, justicia y no repetición

Las familias de las víctimas han sostenido durante años una lucha incansable. Hoy, esa resistencia se amplifica con la participación activa de los propios sobrevivientes. Jóvenes que han pasado por cirugías, terapias, rehabilitaciones y silencios prolongados, ahora toman la palabra y cuestionan directamente a las autoridades. Denuncian las secuelas físicas —como quemaduras y limitaciones motoras—, pero también las invisibles: ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático.

Este aniversario será conmemorado con diversas actividades en Hermosillo. A través de redes sociales y espacios públicos, los sobrevivientes compartirán sus testimonios y exigirán una justicia que les ha sido negada durante 16 años.

El caso ABC no solo simboliza una tragedia humana, es también un emblema de las fallas estructurales en el sistema de protección infantil, la falta de rendición de cuentas y la lucha ciudadana contra el olvido. Hoy, quienes sobrevivieron no solo recuerdan: continúan, con su voz, la batalla por verdad, justicia y no repetición.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/PROYECTO PUENTE.
AUTOR: 

Congreso de Guanajuato rechaza la despenalización del aborto; diputada del Partido Verde cambió su voto

De último momento, la diputada del PVEM, Luz Itzel Mendo González, anunció que cambiaría su decisión, por lo que se sumó al voto panista y perredista. Guanajuato es uno de los estados con leyes más restrictivas en el país en torno al aborto.

El Congreso de Guanajuato rechazó la despenalización del aborto. La iniciativa no consiguió la mayoría de votos en la sesión de este jueves, luego de que la semana pasada se registrara un empate.

De último momento, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luz Itzel Mendo González, anunció que cambiaría su decisión, por lo que se sumó al voto panista y perredista. De esta manera se alcanzaron 19 votos a favor de mantener la penalización del aborto y se registraron 17 en contra.

La decisión de la legisladora desató un fuerte caos en el pleno: colectivos feministas  le gritaban “¡pinche vendida, pinche vendida!”, mientras que grupos en contra de la despenalización del aborto le aplaudían y ovacionaban.

“Hablé con mujeres compañeras, hablé con mi conciencia y hoy he cambiado de opinión (…) “No soy ninguna vendida, hoy votaré a favor del dictamen”, dijo.

Insistió en que no estaba de acuerdo con que el aborto sea tratado como un servicio más y que en Guanajuato no hay ninguna mujer encarcelada por aborto, por lo que consideraba que no era necesario quitarlo como delito para proteger a las mujeres.

“Este no es tema de colores partidistas, el Partido Verde Ecologista al cual pertenezco orgullosamente reconoce la libertad de conciencia y en uso de plena libertad hoy defiendo con serenidad mi voto, yo no quiero que las mujeres vayan a prisión pero tampoco quiero que el aborto se imponga como política pública”, expresó Mendo González.

El aborto en Guanajuato

Previo a la discusión, organizaciones civiles hicieron un llamado a resolver el empate de la votación anterior y garantizar los derechos reproductivos de las mujeres; recordaron que el acceso a la interrupción del embarazo es un tema de salud pública, particularmente en un estado que durante 2023 fue la segunda entidad con mayor incidencia de abortos en el país.

En 2023 Guanajuato registró 5 mil 421 abortos, según el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios de la Secretaría de Salud de México. Mediante este se sabe también que de quienes vivieron esos eventos de salud, el 1.2 % (64) eran niñas de 10 a 24 años, y el 21.1 % (mil 143) tenía entre 15 y 19 años de edad.

Por otro lado, León (27.2 %), Irapuato (10.4 %) y Celaya (7.3 %) fueron los municipios donde hubo mayor incidencia de abortos. Del total registrado en el estado, 3 mil 065 (56.6 %) se realizaron mediante legrado uterino instrumental.

Guanajuato es uno de los estados con leyes en torno al aborto más restrictivas en el país, pues lo permite solo en casos de violación y riesgo a la vida, por lo que no permite que las mujeres guanajuatenses tengan una vida reproductiva libre de estigma y con respeto a su autonomía reproductiva.

Diputados a favor y en contra de la despenalización del aborto

Durante su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, destacó que la despenalización del aborto no es un asunto ideológico, sino que tiene que ver con la salud pública y con los derechos de las mujeres.

“Es un asunto de salud pública, no ideológico (…) La penalización mata en silencio, mata con miedo”.

“¿Quiénes somos nosotros para imponer? ¿Quiénes somos nosotros para obligar a una mujer a tener un destino que no eligió?”, dijo frente al pleno al enfatizar que es falso que en Guanajuato ya no se criminaliza a las mujeres que abortan.

Asimismo, destacó que de archivarse la iniciativa, las mujeres no van a olvidar. “Será una traición con nombre y apellido, y el costo será alto porque ya no estamos en el siglo pasado y esta generación está presente”, advirtió.

Recordó que ya existe un amparo en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría obligar al Congreso de Guanajuato a despenalizar el aborto.

Por el contrario, el diputado del PAN, Jorge Espadas, reafirmó su postura en contra de la despenalización del aborto. “Abortar es matar. Este tema tiene que ver con la vida, y el PAN no vino aquí a debatir sobre la vida, vino a defenderla”, enfatizó.

“Las y los diputados hicimos campaña, registramos una plataforma legislativa, y ahí establecimos el compromiso con cada elector, con cada mujer y hombre: vamos a defender la vida desde la concepción. Hoy estamos cumpliendo con los ciudadanos”, afirmó.

En tanto, la diputada panista Jared González respaldó al legislador y destacó su postura en “defensa de la vida desde la concepción”, e insistió en que despenalizar el aborto significaría desproteger a las mujeres del estado.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cómputo final del INE: Hugo Aguilar será presidente de la Corte; hubo 22.8% de votos nulos

Aunque los resultados estaban conocidos desde días antes, hasta las 5 de la tarde de ayer el INE seguía sin recibir y revisar 155 actas, que llegaron y fueron computadas este jueves.

El Instituto Nacional Electoral (INE) terminó de computar hoy las últimas de las 84 mil 266 actas de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con lo que alcanzó la revisión del 100% de boletas –dos días después del plazo definido--; los resultados marcan una participación de 13.01%, una tasa de votos anulados o no utilizados de 22.8%, y confirman que Hugo Aguilar Ortiz será el presidente del máximo tribunal de justicia del país durante los próximos dos años, tras obtener el 5.3% de los votos. 

Aunque los resultados estaban conocidos desde días antes, hasta las 5 de la tarde de ayer el INE seguía sin recibir y revisar 155 actas, que llegaron y fueron computadas este jueves.

Poco antes de mediodía de este 5 de junio, el INE había revisado el 99.72% de las actas relativas al Tribunal de Disciplina Judicial, que reflejan una tasa de abstención ligeramente superior a la de la SCJN –87.12% por el momento--, y unos resultados también alineados con los “acordeones” atribuidos a Morena, que fueron difundidos antes de las elecciones. 

Los funcionarios del organismo electoral siguen revisando las actas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de las magistraturas de circuito y de los juzgados de distrito, que marcan --hasta el momento-- unas tasas de abstención mayores a las de la SCJN.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Abogada denuncia “chivos expiatorios” en investigación del rancho Izaguirre

La defensora Cecilia Isabel Ayala Dávalos expuso detalles sobre el proceso que actualmente enfrentan sus representados: Juan José Huerta Valdivia, Edgar Brandon Ramírez Márquez y Enrique Yeragzmel Barragán Barboza, quien están siendo investigados por abuso de autoridad y otros ilícitos.

En la investigación de las omisiones en el procesamiento del Rancho Izaguirre se están fabricando responsabilidades y “chivos expiatorios”, entre los que están peritos forenses, sostuvo Cecilia Isabel Ayala Dávalos, la abogada defensora particular de tres de los cuatro peritos que están señalados como presuntos responsables; junto con ocho funcionarios de la Fiscalía del Estado en la carpeta de investigación 180/2025, que actualmente está en el índice de la Agencia 2, del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La defensora expuso detalles sobre el proceso que actualmente enfrentan sus representados: Juan José Huerta Valdivia, Edgar Brandon Ramírez Márquez y Enrique Yeragzmel Barragán Barboza, quien están siendo investigados por abuso de autoridad y otros ilícitos relacionados con la administración de justicia y el poder público. La fiscalía aún no ha formalizado acusaciones ni vinculado a los servidores a proceso, por lo que los peritos “mantienen su presunción de inocencia”.

Ayala Dávalos argumentó que los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no tienen atribución de actuar por cuenta propia, ya que son auxiliares de la autoridad.
"Los peritos de ciencias forenses no son autoridad. Si los quieres llamar a rendir cuentas, tienes que apegarte a la normatividad por la que ellos se rigen, pero no con las normatividades que aplican a la Fiscalía del Estado", expresó.
Los peritos, son señalados a partir de un acta administrativa de la Vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, del 6 de marzo de 2025, que señala supuestas inobservancias en el desempeño de funciones. Ayala Dávalos argumenta que el acta administrativa no regula el actuar de los peritos, quienes actúan a petición de la autoridad competente y se rigen por la Ley Orgánica del IJCF.  Los peritos sólo intervinieron en el caso Rancho Izaguirre el 3 de octubre de 2024, durante aproximadamente 5 horas y media, para elaborar un plan de acción, tras ser requeridos por el Ministerio Público, pero después ya solicitaron su presencia.

La abogada afirmó que existen argumentos jurídicos sólidos para defender a sus clientes y demostrar que no deben ser llevados a juicio bajo la normativa invocada. Sin embargo, advirtió que la imparcialidad de las investigaciones está en entredicho debido a la supuesta falta de autonomía de los ministerios públicos y a la línea que, aseguró, siguen las órdenes superiores dentro de la Fiscalía del Estado, esto, dijo, genera una situación de simulación y riesgo de que se convierta en una persecución de chivos expiatorios.   
“Pero si tú tienes a la fiscalía especializada en combate a la corrupción, queriendo hacer una investigación imparcial, es imposible porque son de la misma casa. Todos son de fiscalía, nada más que uno de la Vicefiscalía de personas desaparecidas y otros del combate de la corrupción. Esto es una simulación. ¿Entonces, existe el riesgo de que se incurra en una situación de chivos expiatorios”. Sí, claro, claro, ya empezó porque con esta información que está adherida a la carpeta de investigación, no es suficiente para llevar a juicio a los peritos. Ellos no son autoridad. A ellos, si los quieres llamar a rendir cuentas, pues tienes que apegarte a la normatividad por la que ellos se rigen, pero no con las normatividades que aplican a la Fiscalía”.   
La defensa obtuvo un amparo (456/2025) que suspende provisionalmente la acusación contra los peritos. Cuestiona la celeridad con la que se judicializó la carpeta, contrastando con la lentitud en otros casos.

Con respecto a la coordinación y las responsabilidad del Ministerio Público, resaltó que "El Ministerio Público tiene la obligación y el deber de coordinar a policías investigadores, a peritos. Y esto es a lo que ya me refería, el mando y conducción. Y vamos a sentarnos en un supuesto de que alguno no lo hizo debidamente. Vamos a concederles ese derecho de que alguien de los involucrados no hizo su trabajo. Pero para eso está el Ministerio Público".   

En ese sentido, la abogada llamó a que se revisen las actuaciones de la entonces titular de La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, quien actualmente continúa siendo responsable del área, aunque el área cambió de nombre a Vicefiscalía de Personas Desaparecidas   
"La jerarquía hacia arriba del Ministerio Público, que son sus directores, coordinadores y la vicefiscal. Entonces aquí la primera responsable de coordinar al personal de la Vicefiscalía, pues es la vicefiscal. Y así como las escaleras se barren de arriba hacia abajo, también en la Vicefiscalía deben de empezar por la intervención”, anotó.
Señaló que hay indicios y temores de un posible plan previamente establecido para resolver el caso de manera rápida y bajo condiciones poco transparentes. Además, expresó que la rápida investigación y la acelerada tramitación de medidas cautelares parecen indicar una estrategia premeditada, que no se ajusta a la práctica jurídica habitual.

Lo que llamó la atención de la abogada fue la rapidez con la que se ha desarrollado el caso. De acuerdo con su relato, en marzo pasado, la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) solicitó las entrevistas a 12 servidores públicos, incluyendo a sus clientes, en un proceso que se ha caracterizado por una celeridad poco común. Además, critica la UMECA haya sido aplicada antes de la audiencia inicial, “pasando por alto la presunción de inocencia”.   

La audiencia inicial prevista para el 29 de mayo, referente al acta administrativa 47941/2025  fue suspendida, pese a que ya existía un informe de valoración de riesgo procesal, lo que permitió a la autoridad tener una idea clara del posible riesgo de fuga o sustracción de la justicia por parte de los implicados.   

"Previo a la audiencia inicial a la que estábamos citados el 29 de mayo, fueron requeridos por la Unidad de Medidas Cautelares a efecto de que se constituyeran los 12 servidores públicos y se les practicaran las entrevistas”, anotó que esto viola la presunción de inocencia.   

La abogada Cecilia Isabel denunció obstáculos por parte de la Fiscalía en el proceso de investigación del caso de Rancho Izaguirre, específicamente en relación con las diligencias y entrevistas a servidores públicos involucrados en la desaparición de personas.    

Según Ayala Dávalos, acudió a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas para solicitar la aceptación de un oficio dirigido a la carpeta de investigación 180-2025, donde se especifica la situación en ese lugar. Sin embargo, fue informada de que no podía entregar el documento porque debía solicitar autorización a un superior, e incluso le indicaron que no podía ser atendida en oficialía, en contra del procedimiento correcto y del ejercicio del derecho de petición.   

A pesar de la amabilidad mostrada por un servidor público llamado Eric González, quien le ofreció un correo institucional para futuras comunicaciones, la abogada señaló que la negativa refleja un desconocimiento del procedimiento por parte de la fiscalía, lo que limita los derechos de los peritos y abogados a ejercer su defensa.    

Ayala Dávalos explicó que su intención era entrevistar a Daniel Hernández Ramírez, secretario de la Agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, quien en un informe de 24 de abril de 2025, detalla el despliegue operativo en la escena del Rancho Izaguirre. Dicho informe señala que, a pesar de que el lugar fue inspeccionado en septiembre de 2024, “el procesamiento del sitio no se concluyó ni se le dio continuidad”, pese a la existencia de múltiples intervenciones por parte de diferentes cuerpos técnicos, como científicos forenses y equipos caninos.   

La abogada criticó que la continuidad de las investigaciones ha sido desigual, ya que las labores de peritos y científicos solo se llevaron a cabo en la primera intervención, que duró aproximadamente cinco horas el 3 de octubre de 2024.    

Asimismo, resaltó que la coordinación entre los diferentes equipos y las autoridades no ha sido efectiva, y que la falta de continuidad en las acciones ahora afecta la integridad de la investigación. La profesional acusó que los obstáculos y negativas de la fiscalía podrían estar limitando la obtención de información clave para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia.    

Ayala Dávalos subrayó que desde septiembre de 2024, la investigación ha estado marcada por una omisión en la tramitación de las diligencias, evidenciando una grave situación en la conducción del caso y la protección efectiva de los derechos de las víctimas y sus representantes. Puntualizó que este asunto está descontextualizada, con incongruencias e inconsistencias jurídicas y con simulaciones.

Asimismo, Ayala Dávalos criticó la manera en que la Fiscalía ha manipulado la información y expresó preocupación por la posible contaminación de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), al cuestionar la actuación de los peritos forenses y la forma en que se manejan los informes y las revisiones del lugar de los hechos. También criticó la falta de coordinación y liderazgo efectivo por parte del Ministerio Público, argumentando que la responsabilidad recae en la Vicefiscalía y sus superiores para garantizar procedimientos adecuados y una investigación transparente. 

La abogada Cecilia Isabel Ayala realizó una evaluación crítica sobre el proceso judicial y las investigaciones relacionadas con un caso de personas desaparecidas, poniendo en duda la actuación y documentación de la Vicefiscalía encargada. 

Indicó que, según entrevistas realizadas, personal activo de la Fiscalía y otros colectivos no conocen a la vicefiscal, ya que no ha hecho acto de presencia en los lugares de los hechos, y su documentación se limita a chats, lo cual, para la abogada, deja dudas sobre su verdadera participación y compromiso. Además, criticó la falta de movimiento en las inspecciones en la escena del crimen desde septiembre de 2024, señalando que la vicefiscal y el Ministerio Público no agotaron las diligencias necesarias. 

También abordó el retraso en la audiencia inicial, atribuyéndole a requerimientos del juzgado y cuestionando si esa demora responde a intereses políticos o judiciales. La especialista expresó preocupación por la situación de los peritos, quienes, a pesar de supuestas garantías de apoyo, habrían sido afectados institucionalmente y aún enfrentan posibles procedimientos internos por supuestas irregularidades, además del impacto económico y personal. 

"Es muy suspicaz la forma en que se está llevando a cabo. La carpeta de investigación cobra vida jurídica a partir de marzo, y en tres meses se obtuvieron los elementos de prueba para solicitar la vinculación a proceso. Lo que se está haciendo con la unidad de medidas cautelares, sometiéndolos en esta etapa, es pasarse por alto la presunción de inocencia."apuntó. 

Sobre la gestión de la Fiscalía aseguró que “lo que caracteriza a la Fiscalía es que no sabe investigar. (...) La Fiscalía no investiga, porque si hicieran su trabajo no estaríamos en este problema, sencillo".

Por otra parte, la abogada señaló inconsistencias en la participación de diferentes agentes del Ministerio Público en las investigaciones, mencionando que la presencia inicial de una de las fiscales, identificada como Ana Berenice Zúñiga Varga, ya que  podría, no haberse extendido a otras personas, y que en la actualidad esa fiscal sigue activa en la misma zona, sin haber sido removida. 

Ayala Dávalos cuestionó la estrategia de la fiscalía y el interés de las distintas partes por detener o retener información clave, evidenciando una situación que requiere mayor transparencia y compromiso institucional para esclarecer los hechos relevantes en este delicado caso de desapariciones. 

Finalmente, la abogada hizo un llamado a transmitir una versión más objetiva y realista al público, evitando la desinformación y el estigma social generado por una comunicación parcial y malinterpretado de los hechos. Señaló que la correcta conducción y responsabilidad en las investigaciones son clave para evitar decisiones judiciales basadas en informaciones sesgadas o incorrectas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

A 16 años de la tragedia en la Guardería ABC hay menos sentenciados y reducen condenas de cárcel

Por la tragedia en la Guardería ABC sólo una persona está en prisión, y de 22 a sólo nueve pasó el número de sentenciados con penas de poco menos de seis años de cárcel. Familias de las víctimas denuncian impunidad. El caso sigue en la CIDH mientras exigen justicia al Estado mexicano.

Hoy se cumplen 16 años del incendio en la Guardería ABC que mató a 49 niños y dejó un número indeterminado de lesionados. El caso de la instancia infantil, que estaba subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es un ejemplo más de impunidad: durante estos años los sentenciados pasaron de 22 a sólo nueve, y las penas de cárcel impuestas, que como mínimo eran de 20 años, quedaron en menos de seis años. 

Por si fuera poco, sólo una persona se encuentra en prisión por esos hechos.

Todo comenzó el 5 de junio de 2009 cuando a las 14:45 horas ocurrió un incendio en una bodega anexa perteneciente a la Secretaría de Hacienda. Ahí se originó el fuego y migró hacia la guardería sin mayor obstáculo.

De acuerdo con los padres de las víctimas, las reducciones de los sentenciados y las penas de prisión fueron la decisión de un Tribunal Unitario, entre abril y mayo de 2022, derivada, a su vez, de una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de 2021. La Corte determinó que hubo una responsabilidad “involuntaria” de varios de los imputados. 

A su vez, en juzgados de Tijuana donde se desahogaban los procesos determinaron otorgar la competencia penal del Caso ABC a un tribunal especializado en la Ciudad de México, lo que representa un obstáculo para que madres y padres de los niños sigan el proceso y obtengan justicia. 

Integrante del Movimiento 5 de Junio (M5J), Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, víctima directa del incendio, expresó su indignación:

“Han pasado casi 10 años hasta hoy desde 2016, fecha en que se dictó la primera sentencia. Hoy está una sentencia firme, pero yo no les creo porque ese amparo que presentaron los ya sentenciados, y que se resolvió en Tijuana para ver quién tenía la competencia para dictar las sentencias, es una táctica dilatoria del Poder Judicial con la defensa de estas personas. 
Es algo que el Poder Judicial pudo haber resuelto de manera inmediata: Hoy sale que una parte (de las sentencias) las va a ejecutar la jueza primera de Distrito y que la cuestión penal se va a la Ciudad de México. 
En ese sentido, la señora Patricia cuestiona: “¿Cómo nosotros, desde Hermosillo, Sonora, vamos a poder verificar que esas sentencias se cumplan en los juzgados de la CDMX? Nosotros lo vemos como una complicidad del Poder Judicial con estas personas. Son meramente tácticas dilatorias, marrullerías judiciales”.

El proceso en la Corte Interamericana

La impunidad y falta de justicia llevó a los padres de las víctimas a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2014. El órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró admisible el caso el 6 de junio de 2020. 

El presidente del M5J, José Francisco García Quintana, padre de Andrés Alonso, explica que la CIDH mantiene su proceso en la etapa de “fondo”, para determinar si existieron violaciones que ameriten llevar el caso a la corte con sede en San José, Costa Rica.

“El Estado está aportando elementos. La administración anterior dijo: ‘Todavía no se resuelven, tengo muchas investigaciones contra las personas inculpadas’. Aún en 2020 el director del IMSS (Germán Martínez Cázares) y después Zoé Robledo ratificaron denuncias contra dos funcionarios como Carla Rochín (excoordinadora de guarderías) y el que era de Prestaciones Económicas en 2009. Y eso es lo que han dado como respuesta (a la CIDH) en los últimos comunicados en esta etapa de fondo”, refirió José Francisco García. 

Agregó que la CIDH “está llamando a cuentas al Estado” y que éste se está lavando las manos justificándose con el hecho de que mantiene investigaciones internas abiertas, lo mismo que carpetas ministeriales contra Rochín y el otro exfuncionario del IMSS.

Sobrevivientes no reconocidos

La pesadilla del caso ABC no sólo recala en los padres de familia cuyos niños murieron en la guardería, también en los papás y mamás cuyos pequeños sobrevivieron y padecen secuelas, pero que las autoridades nos los reconocen como víctimas.

“Fueron 82 sobrevivientes con afectaciones pulmonares. Tuvieron quemaduras externas, pero no fueron atendidos por el porcentaje (del daño) que se consideró en ese momento, pero quemadura es quemadura, interna o externa. Como sus lesiones no se vieron desde un inicio, no fueron reconocidos como víctimas, pese a que tienen dictámenes médicos elaborados por el IMSS y que se utilizaron para diagnosticar las lesiones de los fallecidos y de los que fueron reconocidos como víctimas. 

“La diferencia es que tuvimos que poner un juicio en la Procuraduría Administrativa, y hasta la fecha no hemos logrado el reconocimiento como víctimas”, explica Fabiola Domínguez, madre de Laura Fernanda.

También integrante de Manos Unidas, otra de las organizaciones que exigen justicia por el Caso ABC, lamenta sobre la situación de Laura Fernanda: “En un futuro puede padecer una secuela más grande, como ha pasado con sobrevivientes del atentado terrorista del 11 S en Estados Unidos. Eso puede pasarles a nuestros hijos, Dios quiera que no, y el IMSS va a decir que las secuelas no fueron causadas por el incendio”.

En ese contexto, la señora Fabiola solicita al director general del Seguro Social, Zoé Robledo, no darles la espalda a las víctimas.  

Llamados para la presidenta y el Poder Judicial

Los padres de familia del Caso ABC también denuncian que la Fiscalía General de la República (FGR) ha influido para que se mantenga la impunidad. 

“Todos los delitos que se cometen tanto ámbito local como federal tienen un periodo de vigencia o prescripción en el cual pueden ser sancionados. Y es algo que le decíamos en su momento al personal del IMSS y a otras autoridades de la fiscalía”, recordó García Quintana. 

“Se lo hicimos a ver a Marisela Morales Ibáñez cuando era titular de la PGR cuando estaba como presidente Felipe Calderón y nos dijo que si no teníamos abogados, que si eran estúpidos nuestros abogados porque no iba a proceder ese sobreseimiento (relativo a algunas de las personas sentenciadas y ocasionado por la falta de vigencia de los delitos). La vimos en noviembre y en diciembre resolvieron el sobreseimiento”.

Por ello, Movimiento 5 de Junio lanzó exhortos para Claudia Sheinbaum y para el nuevo Poder Judicial.

“Esto es un llamado para que dejen de estar protegiendo a esas personas y que, de una vez por todas, se ejecuten las sentencias que ya están firmes. No vamos a permitir que sigan postergando el ingreso de los ya sentenciados a los penales, porque los vamos a estar denunciando”, dijo Patricia Duarte 
Una vez más el Poder Judicial demuestra que está del lado de la gente que puede pagar la justicia en México, no de la mayoría.
Sentencias reducidas

Estos son los sentenciados del Caso ABC y sus condenas vigentes son las siguientes:
  • Sandra Lucía Téllez Nieves, dueña de la estancia infantil, con cinco años y siete meses de cárcel. Tiene vigente una orden de reaprehensión con fecha febrero de 2022.
  • Antonio Salido Suárez, dueño de la estancia infantil, con cinco años y siete meses de prisión.
  • Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de Protección Civil municipal, con cinco años y siete meses. Tiene orden de reaprehensión desde junio de 2023.    
  • Arturo César Leyva Lizárraga, exdelegado del IMSS en Sonora, con cinco años y siete meses. Él purgó su condena en su domicilio en Jalisco.
  • Fausto Salazar Gómez, exdirector de Recaudación de la Secretaría de Hacienda en Sonora, con cinco años y siete meses.
  • Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Recaudación, con cuatro años y nueve meses.
  • Martín Francisco Lugo Portillo, jefe del Departamento de Bomberos, con cinco años y siete meses.
  • Arturo Dávila Pacheco, segundo comandante del Departamento de Bomberos, cinco años y siete meses.
  • Jorge Arturo Torres Escalante, encargado de la bodega de Hacienda, cuatro años y nueve meses.
  • Sólo Noemí López Sánchez, excoordinadora delegacional de Guarderías y exjefa del Departamento de Guarderías del IMSS Sonora, está sentenciada con ocho años y diez meses. Ella se internó voluntariamente en prisión desde junio del año pasado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALBERTO DUARTE.