El día 10 del presente mes, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación en la sala 3 del juzgado de Control y Enjuiciamiento de la capital, donde los fiscales hicieron del conocimiento a Rubén “N” de los hechos por los que se le investigan, a partir de una denuncia interpuesta en noviembre de 2024. 

El juez Alfredo Sánchez Domínguez determinó, a petición de la defensa del rector, que la audiencia continuará este lunes 12, para resolver o no la vinculación del imputado a proceso penal. 

Sin embargo, se reprogramó, para el jueves 15, la reanudación de la audiencia a petición de la defensa del imputado, quienes solicitaron la duplicidad del término constitucional de 144 horas.

Más tarde, personal de la Policía Estatal y elementos de la Fiscalía General del estado (FGE) de Oaxaca acudieron al sitio del ataque para acordonar la zona e iniciar las primeras indagatorias sobre lo acontecido.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre la agresión ni se ha identificado a las personas responsables del crimen. En tanto, el Ayuntamiento de Santiago Niltepec lamentó el asesinato del regidor y agradeció su labor con el municipio.

Durante enero y marzo de este año se registraron alrededor 200 homicidios dolosos en Oaxaca, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mientras que a nivel nacional, según los datos publicados el 17 de abril de 2025 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a marzo de este año se han registrado 570 homicidios de niñas, niños y adolescentes en todo el país, siendo Guanajuato; con 77 casos, la entidad con mayor cantidad de víctimas de este delito, seguido de Michoacán con 65 casos, Oaxaca con 48 y Jalisco con 45.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo, además, las autoridades deben llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida, sin embargo, esto no se ha cumplido.

Juan Martín Pérez García, coordinador regional de la organización Tejiendo Redes Infancia, dijo en entrevista con Animal Político que el contexto de violencia se ha ido normalizando a partir del 2007 con la llamada “guerra contra el narco” y cuando se empezó a hablar de víctimas eran colaterales, pero a partir del 2010 se comenzaron a observar ataques directos en contra de los menores de edad. 

“A partir de ahí, todos los indicadores nos muestran un incremento de homicidios y de desaparición, pero lo más grave de todo esto, es un deterioro de la institucionalidad del Estado mexicano. En ese contexto, la violencia se fue generalizando con efectos muy lamentables para toda la población, pero especialmente ha afectado a los niños y las niñas”.

Esta situación también se ha reflejado en la percepción de seguridad que tiene la población. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) detallan que durante el primer trimestre de 2025, el 61.9% de la población considera que es inseguro vivir en su ciudad, además, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revela que el 44.8% de la población ha decidido modificar sus hábitos y evitar salir de casa por temor a la inseguridad.

En el contexto de las infancias, no existe ningún estudio o métrica que asocie los casos de homicidios de niñas y niños directamente con el combate contra el crimen organizado. 

Juan Martín Pérez García explica que durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se intentó llevar un registro sobre las muertes de menores de edad ocasionadas por el combate contra el crimen organizado, no obstante, fue una práctica que no se concluyó y que tampoco siguieron los demás presidentes. 

“No hay datos oficiales que asocien la muerte o el homicidio de un niño o una niña con la guerra contra el crimen. Son homicidios dolosos y homicidios culposos. Hubo un intento todavía en el sexenio de Calderón de llevar un registro de las muertes vinculadas a la lucha contra el crimen y en aquel tiempo, en ese primer ejercicio, se quedó en un corte de 35 mil casos, pero a partir de Peña Nieto se han negado y por supuesto López Obrador y Claudia Sheinbaum se han negado a poder hacer este recuento”, dijo el coordinador de Tejiendo Redes infancia.

Violencia contra las infancias: REDIM contabiliza 7 asesinatos diarios de menores de edad

Todos los días se asesinan niños, niñas y adolescentes, datos recabados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) durante la administración de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, detallan que, en promedio,  se registran 7 asesinatos diarios de menores de edad, mientras que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ocurrieron un promedio de 6.6 asesinatos diarios, lo que significa un aumento del 0.4%  en 7 meses de haber iniciado el sexenio.

Para Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia, los asesinatos no son la única problemática que enfrentan. También está el reclutamiento forzado, una práctica que ha aumentado a la par que la incidencia del crimen organizado en los últimos años. 

“Creo que es muy importante  mirar que otro de los impactos graves de la violencia en niños y adolescentes es el reclutamiento, que lo hemos estado documentando desde hace 15 años y donde la complicidad, la omisión y la quiescencia de las autoridades ha permitido que aunque es un crimen de guerra y es una observación realizada a México desde hace 14 años por el Comité de Derechos del Niño, siga manteniéndose sin certificado y en total impunidad este crimen que afecta principalmente a hombres adolescentes y hombres jóvenes”, recalcó. 

Aunque actualmente no hay cifras oficiales sobre la cantidad de menores que han sido reclutados por el crimen organizado, la organización Tejiendo Redes Infancia, ha alertado que existen entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y adolescentes que fueron atraídos a participar en las células delictivas con la promesa de acceder a mejores condiciones de vida, sin embargo, estas promesas son falsas y solo han propiciado el aumento de menores de edad desaparecidos. 

En datos, según el último informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), publicado el 14 de marzo de este año, desde 1952 hasta la actualidad, se tiene registro de 112, 579 menores de edad desaparecidos o no localizados, de los cuales 17, 349 siguen sin regresar a sus hogares.

Estrategia de seguridad de Sheinbaum no prioriza a las infancias

 

Juan Martín Pérez García explica que la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum consta de 4 ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas, está incumpliendo con las leyes, pues no priorizan los intereses de la niñez ni brinda una vida libre de violencia, como se establece en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“La estrategia de seguridad, en qué gastamos como país y qué priorizamos, tiene que cumplir el artículo 4º constitucional y eso no se está haciendo. La Ley General de Derechos de Niños y Niñas establece que tienen derecho a una vida libre de violencia. Y esto no está sucediendo”, afirmó. 

Finalmente, Pérez García exhortó a las autoridades a cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos enfocados a las infancias y adolescencias, además de mejorar las condiciones de vida que han sido afectadas por la situación de violencia que existe desde hace años.

Así lo dijeron desde las escalinatas del Ángel de la Independencia las mamás que marcharon desde el Monumento a la Madre entre consignas como “Las madres no se rinden, las madres no se van, nos hace falta un hijo y lo venimos a buscar” o “No, no, no, no es un hecho aislado, las desapariciones son crímenes de Estado”. 

Desde la colectiva Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco, Socorro recuerda cómo el día que desapareció su hijo iba acompañado de otro joven para jugar en una cancha ubicada muy cerca del zócalo de Acapulco. Se los llevaron a los dos, y al día siguiente el cuerpo del amigo fue hallado con signos de tortura. 

“Mi hijo sigue sin aparecer. En la fiscalía cometieron muchas omisiones, como desaparecer las pruebas de un video donde fueron a tirar a Carlos, que es el amigo de mi hijo. Me amenazaron, me persiguieron, me desplazaron, sufrí persecución y desplazamiento del estado de Guerrero, por la misma fiscalía, que fue la que se encargó de cubrir a todos los perpetradores”, relata.

Jornadas de memoria

Las jornadas de memoria por hijas e hijos desaparecidos comenzaron desde la tarde del viernes, cuando el Frente de familias de personas desaparecidas de la CDMX Luxiérnagas instaló un Árbol de la Memoria junto a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede) de la capital, con fotos de sus seres queridos desaparecidos.

Más tarde, veladas en el Monumento a la Madre y el Zócalo capitalino recordaron a las 27 mamás que han sido asesinadas en la búsqueda de sus hijos, así como tres que permanecen desaparecidas, con velas, imágenes y flores que encendieron las causas de la lucha mientras caía la noche.

Frente a las puertas de Palacio Nacional, durante la madrugada del 10 de mayo, un grupo de madres de víctimas de feminicidio encabezó la velada y protestó para que sus hijas, que no han encontrado justicia, sean nombradas.

Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendia, víctima de feminicidio en 2010, estuvo al frente del acto de memoria haciendo un llamado a las autoridades recordándoles que “no llegaron todas, faltan nuestras hijas”. Clara Yañez Lopez, Antonia Alemán Andrade y Lidia Florencio también se acompañaron durante la madrugada de memoria por sus hijas Karla, Kari y Diana. 

Compartieron el sentir de un 10 de mayo doloroso, en el que sus hijas no están. El día, como para tantas otras, se ha resignificado mediante la protesta, acompañamiento y conmemoración. “No tenemos nada que festejar”, señaló Clara Yañez, mamá de Karla Marisol Valencia Yañez.

#10deMayo | Ana María Velázquez busca a su hijo Carlos Eduardo Monroy, quien desapareció al cruzar la frontera con Estados Unidos hace tres años. El joven, conocido como el Zorro, buscaba el sueño americano e intentó llegar a Texas desde Piedras Negras, Coahuila. “Tenemos que… pic.twitter.com/L3j2WoRtMW

— Animal Político (@Pajaropolitico) May 10, 2025

“Marchamos juntas, hoy, como signo de esperanza, hasta llegar a la justicia”, dijeron las mamás antes de enfilarse hacia Paseo de la Reforma para tomar el trayecto al Ángel de la Independencia. Una vez ahí, desde las escalinatas recordaron que al país le faltan más de 126 mil personas, no solo a sus familias.

“Decidimos este día que se conmemora en nuestra cultura, el 10 de mayo, salir al centro del país a demandar, a exigir la búsqueda y localización de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, que aún no los hemos encontrado. El Estado mexicano ha fallado, y sigue estando en deuda con nosotras. Por eso, hoy estamos aquí congregadas”, se escuchó desde las escalinatas. 

Las madres recordaron que entre otras omisiones, no se ha querido fortalecer a las fiscalías y a las comisiones de búsqueda para que de verdad hagan su trabajo. Además, acusaron que las han desgastado en reuniones que no las acercan a encontrar a sus seres desaparecidos. 

“Ya basta de tanta farsa, señora presidenta Claudia Sheinbaum, debe saber que no nos engaña con falsas promesas, con falsas reformas que no son la solución, que no nos dan la verdad y justicia, que no se dan estrategias para frenar, para prevenir, la escalada de desapariciones. La solución va más allá.

“No somos ignorantes, somos personas sujetas de derechos; tenga respeto por nuestra lucha y nuestro dolor; en la medida que opte por romper con los pactos de impunidad, podremos empezar a confiar en usted. Un signo de voluntad política implica iniciar una reestructuración de la Fiscalía General de la República y procesos contra quienes han llevado al país a esta grave crisis de derechos humanos”, sostuvieron.

“Que busquen, que realmente hagan su trabajo, que se pongan en los zapatos de las madres, de los padres, de los hijos, de los esposos en busca de nuestros seres queridos que están desaparecidos”, pidió Verónica Apodaca, quien busca a su hijo Bryan Quintero Apodaca, desaparecido el 15 de julio de 2016 en la alcaldía Gustavo A. Madero. 

Ella marchó bajo la misma convicción que muchas otras, y desde el reconocimiento de que la colectividad que encontró hace cinco años ha hecho la diferencia. “No nos rindamos, las madres nunca nos vamos a rendir, y no vamos a permitir que nos apaguen las voces ni las exigencias”, se escuchó desde esa colectividad antes de que las escalinatas del Ángel comenzaran a vaciarse.

En su respuesta, Veytia exigió “pruebas rigurosas” de las acusaciones en su contra aunque admitió haber sido condenado por delitos de narcotráfico y haber cumplido una sentencia, pero negó haber orquestado actos de tortura “contra los demandantes o que haya dañado a los demandantes de alguna manera”.

Sobre las acusaciones específicas de tortura y coerción contenidas en la demanda, respondió que “son todas negadas“, y subrayó que personas que se dicen agraviadas ya han obtenido beneficios económicos mediante denuncias similares en México, pero omitió dar detalles.

“Algunos demandantes han logrado extorsionar dinero de diversas personas en México mediante el uso astuto de procesos legales”.

El exfiscal presentó varias defensas legales en su respuesta, como la prescripción de los hechos, alegando que los presuntos abusos ocurrieron hace más de 10 años, a excepción de uno de los casos.

Argumentó que las demandas de enriquecimiento ilícito carecen de fundamento y resaltó que las reparaciones solicitadas están sujetas a doctrinas como cosa juzgada, negligencia, encarcelamiento injusto, y arresto colateral.

Finalmente, Veytia solicitó a la Corte que la demanda sea desestimada y se emita un fallo a su favor.

“Por lo tanto, el acusado Edgar Veytia ruega que se desestime la demanda, se dicte sentencia a su favor y se otorgue cualquier otro alivio que la Corte considere apropiado”, dice.

El juez Timothy J. Kelly fijó la audiencia inicial para el 20 de junio a las 14:30 horas, la cual se realizará por teleconferencia.

El exfiscal, torturador confeso

En la audiencia para ese caso, el 7 de febrero de 2023, en la Corte de Brooklyn, Veytia reconoció que estuvo involucrado en al menos “10 homicidios o más”, secuestro y entre 30 y 40 casos de tortura, según respondió a la fiscal Saritha Komatireddy.

– En general, fiscal general Veytia, ¿en cuántos asesinatos ha estado involucrado? –le preguntó la fiscal Komatireddy.

–Soy responsable de 10 o más.

–¿Ha estado involucrado en la tortura de alguien?

–Sí

–¿Estuvo involucrado en el secuestro de gente?

–Sí

–¿Y esconder pruebas?

– Sí.

Bajo juramento admitió haber participado en 30 o 40 casos de tortura y que él mismo había usado pistolas de descarga eléctrica (taser) para martirizar a las personas.

Además, reveló su participación directa con los cárteles de drogas, específicamente con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación durante los años en los que fue funcionario en el gobierno de Roberto Sandoval (2011-2017) -quien permanece bajo proceso en prisión desde el 6 de junio de 2021 por cargos federales como lavado de dinero-.

La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) también lo consideró para formar parte de la acusación contra el exsecretario de Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Salvador Cienfuegos, pero fue desestimada su participación en la corte.

Investigaciones y solicitudes de extradición

El fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, ha declarado en distintas ocasiones que mantiene vigente una orden de extradición en contra del exfiscal Veytia a partir de seis carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Algunos casos están relacionados con las víctimas que demandaron reparación de daños por la vía civil en Estados Unidos en contra del exfiscal.

Se desconoce el estatus de la solicitud de extradición en la FGR y en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), toda vez que ésta última dependencia respondió a peticiones de información sobre el caso, que “no desglosa datos por nombre, por lo que no confirmó si hubo petición por Edgar Veytia”.

En febrero pasado, Carlos Saldate, exlíder del PRI en Tepic, exdiputado local y dirigente transportista, fue sentenciado a 35 años de prisión por un caso de secuestro agravado, condena que ya fue confirmada en segunda instancia.

En otro proceso, por el mismo cargo recibió sentencia de 76 años de prisión en primera instancia. En ambos juicios, Édgar Veytia fue señalado como coautor con poder sobre las fuerzas policiales, y enfrenta en total 176 años de cárcel por hechos en los que las víctimas también denunciaron tortura.

Durante los años de Veytia al frente de la Fiscalía de Nayarit se registraron casos de desapariciones forzadas, torturas, homicidios y secuestros que afectaron gravemente a la población local.

La Comisión de la Verdad en Nayarit

Veytia respondió a la demanda civil al referirse a su enfrentamiento con Rodrigo González Barrios, quien en 2017 promovió la creación de una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes cometidos por el exfiscal y el exgobernador Roberto Sandoval.

La entonces mayoría priísta en el Congreso del Estado rechazó la creación de esta comisión, argumentando fines políticos, porque también el presidente de la XXXII Legislatura, Leopoldo Domínguez (PAN), formaba parte de la iniciativa.

A pesar de este rechazo, la Promotora de la Comisión de la Verdad continuó promoviendo investigaciones, y su vocero, Rodrigo González, anunció su salida del PRD en 2018 para, dijo entonces, dar seguimiento a los casos.

Personas que se consideran víctimas del exfiscal siguen buscando justicia, esperando que las instituciones reconozcan la magnitud de los crímenes cometidos cuando Nayarit, bajo su mando, dejó de ser un estado de leyes y se convirtió en un territorio marcado por el miedo, la violencia institucional y el silencio.

En el caso del TSJ se elegirán 9 de 13 magistrados, y los tres listados emitidos por los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo los encabeza la magistrada Gricelda Elizalde Castellanos.  

Las propuestas enviadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas son las mismas que presentó el Poder Judicial y en ellas aparece el actual presidente, Mery Ayup, en la posición número seis y en la siete por parte del Congreso de Coahuila. 

Para la segunda posición en las magistraturas del TSJ está Jesús Homero Flores Mier, quien fuera Fiscal Especializado en Delitos contra la Corrupción y cuyo trabajo fue fuertemente cuestionado; en tercera posición se encuentra María Eugenia Galindo Hernández, actual magistrada en la Sala Civil y Familiar. 

Le sigue la aún directora del Centro Regional de Identificación Humana, Yezka Garza Ramírez; luego Vladimir Kaiceros Barranco, también actual magistrado y presidente de la Sala Civil y Familiar. 

En el lugar siete aparece Isadora de Lourdes Rodríguez Garza, actual delegada de la Fiscalía General del Estado en Sabinas, luego Adriana del Amor Serna Calderón, quien ahora se desempeña como jueza penal y, finalmente, el consejero jurídico del gobierno de Manolo Jiménez Salinas, Valeriano Valdés Cabello, a quien también respaldó el Congreso del Estado. 

En la propuesta del Congreso aparece en la cuarta posición Tamara Garza Garza; en la seis la excomisionada de Atención a Víctimas del estado y también fuertemente cuestionada por familias de personas desaparecidas, Magdalena López Valdez; en la ocho ubicó a Gloria Sánchez Tallabas. 

En el caso de las magistraturas del Tribunal Disciplinario Judicial, el Poder Legislativo y el Judicial hicieron la misma propuesta compuesta por Dulce María Fuentes Mancilla, actual presidenta del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información; Jafia Pacheco Valtierra, exintegrante del Consejo Anticorrupción, así como el notario Rodolfo Rábago Rábago, mientras que el Ejecutivo propuso en el segundo lugar a Rebeca Villarreal Gómez. 

En los Tribunal Distritales la lista de los tres poderes es igual y la integran Francisco José Adame Acosta, María del Pilar Flores Velázquez, Ricardo López Campos y Lariza Montiel Luis, una de las panistas que ha estado colaborando con los gobiernos del PRI en el estado.  

En la lista de suplentes también aparecen varios nombres de panistas y cercanos colaboradores del gobernador. 

Por su parte la abogada Sofía Díaz Lozano opinó que el proceso puede considerarse como una elección normal en el estado, al verse perfiles que ya se han desempeñado dentro del Poder Judicial o en la administración pública y han dejado “mucho qué desear”. 

“Vemos a mucho militante del PRI, son pocos y pocas los que están en las listas que no han desempeñado cargos públicos con anterioridad. Me llama la atención que a nivel nacional se pidieron requisitos muy específicos y en Coahuila se agregó el certificado de perfil judicial idóneo, que era un tipo de curso examen que se tenía que presentar bajo lineamientos del Poder Judicial para demostrar que tienen el perfil, pero es algo que se sacaron de la manga. También es cuestionable que haya quienes quieran repetir y su trabajo como magistrados o jueces ha sido cuestionado, como Mery Ayup, con quien los juzgados fueron en decadencia y hubo hasta falta de tonner”, señaló. 

Agregó que el proceso de selección no fue transparente y muchos de los perfiles están asociados al mismo presidente del Poder Judicial y también adheridos al gobierno estatal y Partido Revolucionario Institucional. 

“Quien revisó el examen de idoneidad fue gente del mismo Poder Judicial y quienes obtuvieron las mejores calificaciones es gente con perfiles partidistas y del equipo de Mery o del gobernador. Aquí no fue tómbola, pero sí la selección desde muy arriba del gobierno”, afirmó. 

El actual presidente del Poder Judicial y quien busca mantenerse dentro del organismo, Miguel Felipe Mery Ayup, señaló que las actividades serán austeras. 

“No es necesario constitucionalmente suspender las labores, vamos a seguir trabajando como normalmente lo hacemos y emitiremos un acuerdo del Consejo de la Judicatura y del pleno para que de las 8:30 a las 16:30 horas es horario de trabajo y después hacer campaña, aunque realmente estas campañas van a ser muy diferentes, de muchos de redes y no creo que cada candidato vaya a usar más de 50 mil pesos”, señaló. 

Sostuvo que la austeridad definirá las campañas porque no harán uso de espectaculares ni contratación de publicidad en medios.

El problema se remonta al inicio de la construcción del fraccionamiento entre 2010 y 2012, desarrollado por la empresa Inmobiliaria Tango, que construyó siete secciones de viviendas unifamiliares y de edificios de departamentos. Sin embargo, únicamente entregó al ayuntamiento las etapas 1, 2 y 3.  

Para la operación del pozo de agua, la inmobiliaria realizó contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero no pagó los recibos de energía eléctrica y acumuló una deuda mercantil millonaria. No entregó los servicios básicos al ayuntamiento de El Arenal, como el pozo de agua, que está ubicado en la cuarta etapa, ni el alumbrado público; por su parte, la autoridad no entregó el dictamen de habitabilidad. 

Además, las etapas 6, 7 y 7B de departamentos fueron construidas sin permisos, mediante amparos. La constructora es propiedad de Rodrigo Gil Ramírez, quien también fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Jalisco. 

La falta de entrega de estos servicios generó una deuda millonaria de la inmobiliaria con la CFE, que asciende a aproximadamente 13 o 14 millones de pesos. Se compone de 7 millones de pesos por el pozo de agua y 6 o 7 millones de pesos por el alumbrado público.  

El Ayuntamiento de El Arenal se niega a pagar, argumentando que no es responsable de una deuda mercantil. La Comisión también se ha negado a restablecer el servicio de agua, alegando que el Ayuntamiento debe pagar la deuda. 

Los colonos se han visto obligados a recurrir a diversas instancias gubernamentales para que se resuelva la situación y se les brinde una solución definitiva a la problemática que enfrentan, sin obtener respuesta favorable. 

La situación ha generado un clima de incertidumbre y desesperación entre los habitantes, quienes se ven afectados por la falta de agua potable, la falta de alumbrado público, la falta de servicios básicos y la falta de revalorización de sus viviendas.  

Además, la carencia de servicios básicos ha generado un ambiente de inseguridad y ha afectado la calidad de vida de los residentes. 

El presidente del Comité de Participación Ciudadana de La Cima, Ricardo Vargas, explicó que actualmente el abasto de agua es insuficiente; llega poca y, en muchas ocasiones, se detiene totalmente el servicio. 

"Entonces, es muy complicado. Hay quienes tenemos 5 años sin tomar un baño en la regadera. No podemos lavar nuestros trastes con el agua corriente; tenemos que hacerlo mediante algún bote. En el lavado de la ropa, si tenemos la disponibilidad de algo de agua, llenamos el ciclo de lavado hoy y hasta el día de mañana hacemos el ciclo de enjuague. O sea, a ese extremo hemos llegado", explicó. 

Actualmente, el pozo de agua del Fraccionamiento La Cima opera con un generador de energía prestado por la Comisión Estatal del Agua (CEA); sin embargo, de repente se lo llevan por dos días para darle mantenimiento y cada 15 días el agua falta nuevamente. 

Ricardo Vargas explicó que a las casas de La Cima les llega entre 40 y 50 minutos de agua al día. Los habitantes de los terceros pisos de los 450 departamentos reciben, si acaso, 15 minutos de agua al día, es decir, entre 50 y 100 litros de agua diarios. 

"El esfuerzo es estar almacenando agua y, también, como es en determinada hora del día, pues, obviamente, si tuviste que salir a trabajar, si tuviste algún imprevisto o algo y no estás a esa hora, ya no te tocó agua hasta el día siguiente", puntualizó. 

Los vecinos presentaron denuncias ante la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur), el Congreso del Estado, el Gobierno del Estado, la Subsecretaría de Asuntos del Interior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero no han logrado obtener una respuesta favorable.  

Incluso se han presentado denuncias penales contra Rodrigo Gil Ramírez, pero estas no han prosperado. 

"Hemos intentado, por medio de la Comisión Federal de Electricidad, ver la forma de que nos restablecieran el servicio. Incluso se tuvo que ir a la Ciudad de México a llevar un oficio al Consejo de Administración de CFE; se llevó un oficio al gobierno federal con atención a Claudia Sheinbaum, que sí lo recibieron en Atención Ciudadana, pero realmente no prosperó ninguno de estos oficios y seguimos en las mismas. En la Prodeur, metí la queja en mi carácter legal como presidente del Consejo de Participación Ciudadana de aquí de La Cima; estuvo dándome largas, diciendo que vamos a ver y que vamos a hacer esto. Mandaron oficios a todos lados, pero con esos oficios, como si no pasara absolutamente nada", relató. 

El representante vecinal sostiene que detrás de todos estos problemas hay un tráfico de influencias “muy, muy grande”, ya que, durante la etapa de construcción, el hermano de Rodrigo Gil, Juan Cristóbal Gil Ramírez, era el subdirector general de Administración de Cartera del Infonavit. Mientras tanto, el notario que escrituró todo el fraccionamiento, Mario Enrique Cámarena Obeso, es el suegro de Rodrigo Gil. 

“Lo más curioso de todo es que para que el ayuntamiento pueda recibir el fraccionamiento, primero tiene que recibir los servicios. La constructora nunca entregó el pozo ni el alumbrado público al ayuntamiento. Y lo más grave es que el ayuntamiento nunca dio el dictamen de habitabilidad. Para poder escriturar una propiedad y poderla vender, se necesita que haya ese dictamen de habitabilidad; sin embargo, todas las propiedades están escrituradas”. 

Cuando el ayuntamiento se negó a recibir el fraccionamiento por incumplimientos de las obligaciones de los desarrolladores inmobiliarios, la compañía presentó un juicio. 

“A partir de ese momento, la constructora se desapareció y metió un juicio contra el ayuntamiento, supuestamente por no querer recibirlo. En ese juicio estaba todo amañado porque las notificaciones no se dan en persona, sino por medio de correo electrónico, y justo cuando hay un cambio de administración. Entonces, en el cambio de administración y por correo electrónico, nadie las ve, y el ayuntamiento se va en rebeldía. Eso alargó el juicio, y hasta la fecha creo que se dictó sentencia hace como un mes, que todavía está en ese proceso de sentencia, pero aún no hay una recepción como tal del fraccionamiento”. 

Ante la escasez de agua y la indefinición jurídica, los propietarios enfrentan una plusvalía que está por los suelos, aunque “ese tema lo hemos dejado a un lado porque lo principal es poder pertenecer ya como tal al ayuntamiento y poder acceder a todos los servicios”. 

La empresa inmobiliaria también prometió que en el lugar habría una iglesia, un mercado, un centro de salud y una escuela. Nada de esto se cumplió; en el caso de las escuelas de educación básica, están a una distancia de más de 30 minutos.

La noticia de la revocación de su visa estadunidense la dio a conocer la gobernadora Ávila Olmeda en sus redes sociales la madrugada de este domingo: 

“Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación, y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado. Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”, dijo, en referencia al retiro del documento que permite ingresar legalmente al vecino país del norte.

La exalcaldesa de Mexicali añadió que está “segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos”. Y explicó que “esta situación se da en un contexto Binacional complejo que requiere templanza y cordura de mi persona”.

Luego, soltó “con absoluta claridad: Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California.

Mi respaldo hacia él no es solo personal, es moral y es político. Porque sé quién es y porque nunca ha dejado de dar la cara ni de asumir con responsabilidad lo que no le toca”.

Sin acusación ni investigación en EU

El mensaje de la gobernadora de Baja California se dio poco después de que su esposo, Carlos Torres, informó de la revocación de las visas de ambos, en un mensaje en sus redes sociales ayer por la noche.

El coordinador honorario de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos del Ayuntamiento de Tijuana explicó que, en días recientes, fue notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de su visa de no inmigrante.

Lamentó “profundamente que esta situación haya tenido consecuencias para mi esposa, Marina del Pilar, quien —a pesar de no haber provocado nada— la ha enfrentado con serenidad, firmeza y sin perder nunca la empatía que la define”.

El expanista afirmó que la medida de la autoridad consular, “como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado”.

Aseguró que su conciencia “está tranquila” y que está seguro que se resolverá la situación de manera favorable. “En la actualidad, la aplicación de estos criterios administrativos se ha vuelto cada vez más común, y como tantos otros, estoy incluido en ese universo”, dijo sin especificar.

Enfatizó en que la revocación de su visa “no representa acusación, investigación ni señalamiento formal por parte de autoridad alguna, ni en México ni en Estados Unidos”.

También adelantó que contactó a un especialista en derecho migratorio internacional para presentar una moción para reabrir o reconsiderar la decisión, o bien, iniciar el proceso para una nueva solicitud de visa.

Claudia Sheinbaum tuvo para todos. Tiró dardos que dieron en el blanco. Aunque en su retórica intente ser vistos de otra forma, se confirman como lo que son: el partido de Estado que controla las cámaras legislativas, el Poder Ejecutivo y va por el control del Poder Judicial. El partido que aprueba por aplastante mayoría todo lo que la presidenta quiere, el partido que tiene 23 de 32 gubernaturas estatales y la mayoría de los municipios y, por supuesto, los congresos en los Estados.

La mandataria nacional se atrevió a decir que su partido, Morena, es el movimiento más fuerte “del planeta”, unido además sin hacer “pactos escrupulosos” como la derecha, dejando de lado los pactos que hizo con priistas y panistas como Miguel Ángel Yunes o Alejandro Murat, que ahora están en sus filas y apoyaron las reformas constitucionales por ella propuestas.

Exige a sus militantes “honestidad, humildad y sencillez”, alejarse de actos frívolos, del consumismo y el dinero cuando gobernadores, gobernadoras, alcaldes y legisladores, como Fernández Noroña, son dados a viajar en primera clase; a poseer relojes de alta gama como su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, o su representante legislativo, Adán Augusto. Es notorio cómo la nueva clase política de Morena goza del dinero en su vestimenta y efectos personales.

Pidió una vez más que no haya en las filas gubernamentales de Morena, ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, cuando el hijo del fundador de su partido, es el secretario general del mismo; o el padre de la gobernadora de Guerrero quiere sucederla en el cargo, cuando él fue quien le dio la nominación a ella cuando quedó impedido para ser candidato. Exige que todos los gobiernos de Morena se concreten a la “austeridad republicana”, que no se trasladen en camionetas de último modelo con decenas de escoltas, alejados de la sociedad, cuando es la nueva norma.

En Tijuana, el alcalde Ismael Burgueño -por cierto, dado a los efectos de lujo que adquiere, al igual que la síndico morenista en San Diego, California- acude a cualquier sitio, sea una colonia en la menor de las ocasiones y a restaurantes o reuniones, con cerca de 15 elementos de seguridad, que prácticamente toman las instalaciones. El derroche del erario es visible, y la protección que se autoproveen para proteger su integridad contrasta con la inseguridad que vulnera a la mayoría de la sociedad.

En ese sentido, pidió que los morenistas en los gobiernos no se coludieran con el crimen organizado o de cuello blanco, pero la manera en que entregan las obras los gobiernos es precisamente a un ya establecido grupo de empresas y empresarios dados a la comisión para la obtención de contratos y concesiones. Ahora mismo es el caso de un empresario ligado a Adán Augusto, Fernando Padilla Farfán, que con sus caravanas de salud ha ganado miles de millones de pesos en los Estados gobernados por Morena, entre ellos Baja California, donde la gobernadora le habría dado casi dos mil millones de pesos por la renta de sus caravanas de salud. Y ese tema llevó a otro relevante de manera reciente: las campañas adelantadas para las sucesiones en los estados y en el Poder Legislativo en los comicios de 2027.

Para ese proceso electoral, la Presidenta pidió a los morenistas que se establezcan reglas claras, que lo hagan en enero de 2026, para respetar los tiempos electorales legales, y los conminó a reescribir las normas: prohibir la promoción de políticos en carteleras y espectaculares, no promover campañas de odio contra la competencia interna, no utilizar más recursos económicos privados, ni públicos, ni dinero ni avaricia, campaña casa por casa, entregando propaganda de mano en mano y repartiendo el periódico del partido.

Y el tema fue relevante dado las ansias de poder de la legisladora Andrea Chávez, quien aspira a ser candidata de su partido al gobierno de Chihuahua en 2027, y para lo cual trae por lo menos tres caravanas de salud a costo -de acuerdo a lo que se invierte en el mismo servicio en Baja California- de unos 20 millones de pesos mensuales por la renta de los camiones con servicios médicos, que en aquel estado la legisladora ofrece de manera gratuita, con su imagen a tamaño espectacular en las caravanas que primero, dijo, le eran patrocinadas por la comunidad empresarial, y después que era una donación. Como sea, 20 millones de pesos al mes por caravana exceden las sugerencias de la Presidenta.

Porque justo lo que Claudia Sheinbaum sugiere hacer para no convertirse en un partido de Estado, con ansia del poder por el poder, con ambición no sólo política sino económica, es en lo que se ha transformado el movimiento de Morena: un partido hegemónico, que avasalla en la generación de políticas públicas y la creación de leyes, al son que dicte Palacio Nacional, integrado por una nueva clase política pudiente, con muchos recursos económicos a su servicio, con camionetas blindadas, escoltas para cuidarlos y acaso alejarlos de la vida cotidiana y adentrarlos en una llena de lujos, de poder, de excesos. Así es el partido de Estado en que se ha convertido Morena y, con base en el pasado, se sabe que esto no es un buen camino para México.