El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez (del partido Morena), anunció oficialmente su negativa a pagar la indemnización por reparación integral del daño que un juez penal ordenó otorgar a la familia de María Bárbara Reyes Muñiz, adolescente desaparecida y asesinada en 2011 en el municipio de Cuatitlán Izcalli, y cuyo caso tardó 12 años en resolverse, debido a las omisiones e irregularidades en las que incurrió el Ministerio Público local, luego de su desaparición.

Luego de horas de tensión en Culiacán, debido a un enfrentamieto entre fuerzas federales y hombres armados, Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, informó que la situación está controlado e incluso el transporte público ha vuelto a ofrecer su servicio de manera normal.

La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, destacó existe un rezago en la infraestructura hidráulica de Chalco, por lo que se construirá un colector provisional para aliviar la emergencia.

Los organismos constitucionales autónomos (OCAs), cuestionados por sus altos costos y opacidad, llegan a un nuevo Gobierno incompletos en su integración, debido a los nombramientos que siguen pendientes, y en el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Cofece, IFT, CRE, Coneval, CNH y Mejoredu, con la incertidumbre sobre su desaparición, como se propone en una de las reformas constitucionales impulsadas por el oficialismo.

Las fiscalías estatales en México muy pronto podrán cotejar en tiempo real las huellas dactilares que tienen de personas fallecidas no identificadas en los servicios forenses con todos los registros de personas migrantes que cruzan por el territorio panameño conocido como el tapón del Darién, puerta de entrada de la migración de sur a norte del continente. 

En la Fiscalía General de la República (FGR) hay 245 averiguaciones previas de personas desaparecidas durante la “guerra sucia”, pero durante meses solo dos agentes del Ministerio Público fueron asignados a su investigación. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció dar prioridad a estos casos, el comité que debía resolver procesos estancados desde hace 50 años fracasó, junto con la promesa de justicia.

Las instituciones gubernamentales “históricamente son las principales responsables de las desapariciones forzadas, entre ellos el ejército mexicano y las fuerzas de seguridad”, aseguró el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que este viernes bloqueó seis carreteras federales en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

En un comunicado, el CSIM recordó los casos de detención, tortura y desaparición de las que en 1974 fueron víctimas ocho p’urhépechas en el marco de la “Guerra Sucia”, cuya denuncia fue interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la que aún se espera el dictamen de fondo.

Fátima Ballesteros, alumna de la Facultad de Derecho de la UNAM, negó rotundamente que los estudiantes estén siendo influenciados por sus profesores, tal como lo sugirió el presidente.

Un enfrentamiento entre civiles armados y militares en el poblado de Paredones, al norte de Culiacán, desató bloqueos y quemas de vehículos durante la tarde de este jueves en uno de los accesos a la zona.

Fue alrededor de las 15:00 horas que se reportó el inicio del enfrentamiento en dicha comunidad, en la sindicatura de Jesús María.

Por segunda ocasión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la sesión programada para este jueves debido a las protestas de sus trabajadores que se oponen a la reforma judicial.

Los trabajadores que comenzaron a manifestarse en silencio dentro de la Corte el pasado 27 de agosto, decidieron llevar su protesta a la calle, donde cerraron los accesos del recinto judicial aunque permitieron a los ministros ingresar al mismo.

Luego de que termine la LXV legislatura el 31 de agosto y se instale la siguiente, el 1º de septiembre, Javier Corral obtendrá fuero constitucional y no podrá ser detenido por las investigaciones de actos de corrupción que le imputa la Fiscalía de Chihuahua.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó este jueves asignar 4 días de proceso de la reforma al Poder Judicial, informó el diputado de Morena Ricardo Monreal Ávila, designado como presidente de este órgano de gobierno.

En rueda de prensa, tras la instalación de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura, Monreal Ávila apuntó que se acordó sesionar el próximo lunes, martes y miércoles de la siguiente semana (2, 3 y 4 de septiembre), a fin de llevar a cabo un debate amplio de la reforma al Poder Judicial.

Un vehículo tipo sedán arrolló a los migrantes que viajaban en la caravana “Jesucristo” por la carretera Panamericana de Oaxaca la madrugada de este jueves. El saldo fue de tres migrantes muertos y 19 heridos, en el tramo carretero entre Santiago Niltepec y La Blanca en la región del Istmo de Tehuantepec. 

De acuerdo con los reportes, entre las víctimas mortales se encuentran un hombre adulto, una menor de siete años y una mujer que había sido trasladada al hospital de Juchitán, pero perdió la vida en urgencias.

Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerraron las instalaciones del recinto como protesta contra la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Debido a que los trabajadores indicaron que no permitirán el ingreso de nadie, es posible que los ministros no puedan sesionar.

A pesar de la búsqueda por parte de las autoridades del trabajador de Prime Wheel, Servando Salazar Cano, desaparecido desde el pasado 23 de agosto, aún no hay pistas sobre su paradero. Ante esto, el 29 de agosto inició la búsqueda en campo por parte de los familiares, en compañía del colectivo “Todos Somos Erick Carrillo”.

La Fiscalía General de la República (FGR) indicó, el 29 de agosto de 2024, que obtuvo “datos probatorios de una secuencia cronológica”, la cual se inicia con la excarcelación de Ovidio Guzmán López -alias “El Ratón”, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, así como presunto líder de “Los Chapitos”, “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”- no fue liberado en Estados Unidos -el 23 de julio del mismo año-, dos días antes del presunto secuestro de Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, de 76 años de edad, presuntamente privado de su libertad por Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno” -de 38 años de edad.