Una nueva embestida se cierne sobre las tierras ejidales y comunales del estado de Oaxaca. Contra los postulados del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), de defender los postulados del artículo 27 constitucional, donde se regulan las tierras ejidales y comunales; el gobierno del estado, emanado de ese partido, está generando condiciones para convertir las tierras ejidales y comunales en propiedad privada, pasando por encima de lo dispuesto en la Constitución Federal, a la que juraron respetar, lo mismo que las disposiciones del derecho internacional sobre los territorios de los pueblos indígenas. Tampoco importa el pasado de muchos funcionarios del actual gobierno, incluido el gobernador, que en sus tiempos de activismo criticaron este tipo de medidas impulsadas desde el gobierno federal, a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) y el Fondo de Apoyo a Nucleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), porque ahora ellos impulsan uno con distinto nombre pero con los mismos fines.

La organización civil Causa en Común denunció este jueves que el Gobierno mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no han informado sí ya cumplieron con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desmilitarizar la Guardia Nacional y devolverle el mando civil.

A través de un comunicado, recordó que en abril pasado la SCJN declaró la invalidez de un decreto que militarizó formalmente a la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.

Más de 10 especialistas y 40 organizaciones, entre ellas Sin Fronteras, Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C., denunciaron que al gobierno mexicano le  “falta de voluntad política” para frenar y prevenir el secuestro de migrantes. 

Mediante un procedimiento exprés, de apenas 7 días hábiles, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) asignó un contrato por 400 millones de pesos a un consorcio en el que participa Luis Doporto Alejandre, un experto en representar a inversionistas en paraísos fiscales para ocultar fortunas e identidades.

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, el 11 de enero de 2024, a Jesús Ramírez Cuevas -Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República-, quien un día antes fue acusado por Ricardo Benjamín Salinas Pliego -presidente de Grupo Salinas, que incluyen las tiendas Elektra, la cadena TV Azteca, al Banco Azteca y a los servicios de internet Total Play, entre otros-, de manejar una campaña negra en su contra y de sus empresas, a través de las diversas redes sociales.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que Ramírez Cuevas era una profesional, íntegra, honesta, con principios y ética.

Ulises Lara López, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), aclaró, el 10 de enero de 2024, que no obtuvo su cédula profesional como Licenciado en Derecho de “manera exprés”, luego de que se reveló que la misma apareció en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, el mismo día que tomó posesión del cargo.

Durante una entrevista con la cadena Milenio, Lara López aclaró que en 2016 cursó la Licenciatura en Derecho y fue hasta hace poco tiempo que solicitó el trámite de la cédula profesional. Además, señaló que cuenta con maestrías y un doctorado.

El gobierno federal convocó de manera oculta a dos grupos de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a una reunión de trabajo, lo que fue interpretado como un intento de ‘dinamitar’ el diálogo y una provocación para enfrentarlos.

Representantes de las víctimas que han llevado la batuta en las exigencias de justicia señalaron que el otro grupo invitado tiene ‘otros intereses’, como lograr la libertad de José Luis Abarca.

“Es un acuerdo mafioso para repartirse un botín. Y yo agrego: cuando se reparte mal el botín, hay motín”, dijo esta mañana el Presidente sobre el documento firmado por PRI y PAN en Coahuila que fue dado a conocer por el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, para acusar a Alejandro Moreno Cárdenas de traición. Andrés Manuel López Obrador dijo que se transparenta que, para ellos, las instituciones son simplemente trofeos para repartir. Más tarde, el panista reviró: “En toda democracia en el mundo lo más normal es que se realicen acuerdos políticos”.

La precandidata presidencial de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, expresó su inconformidad con el acuerdo revelado por el propio dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, donde se repartía cargos públicos en el estado de Coahuila con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), incumplimiento que ha generado fracturas en el Frente Amplio por México.

A través de una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga durante su programa en Radio Fórmula, la exsenadora panista consideró que lo acordado y revelado por Marko Cortés “es inaceptable” y aseguró que ella nunca habría aceptado que se generara esa clase de pactos.

La Comisión Nacional de Búsqueda decidió ya no contar con los servicios de Javier Yankelevich, quien se ha desempeñado como Director de Operaciones Búsqueda. En carta informa que se ha decidido prescindir de tres cuartas partes del equipo.

Yankelevich es considerado como uno de los motores más importantes de la institución encargada de buscar desaparecidos en México.

Ricardo Benjamín Salinas Pliego -presidente de Grupo Salinas, que incluyen las tiendas Elektra, la cadena TV Azteca, al Banco Azteca y a los servicios de internet Total Play, entre otros-, acusó, el 10 de enero de 2024, a Jesús Ramírez Cuevas -Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República-, de manejar una campaña negra en su contra y de sus empresas, a través de las diversas redes sociales.

Sin ofrecer detalles o pruebas, el empresario aseguró durante una entrevista con el periodista Jorge Adolfo Garralda Ochoa, en el canal ADN 40, que tenía identificados a quienes participaron en los ataques en su contra, por lo que pidió al funcionario federal “no hacerse el loco”.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales no tienen ningún impedimento para conocer de un amparo contra la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por unanimidad, los integrantes de la Primera Sala descartaron cualquier duda de la imparcialidad de Pérez Dayán y Aguilar Morales para participar en la votación del  mencionado asunto que se encuentra en la ponencia de Javier Laynez Potisek y que será resuelto por la Segunda Sala.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto que autorizaba a las mineras Coeur Mexicana y El Fresnillo aprovechar las aguas del río Fuerte para usos industriales, a pesar de que se trata de un sistema hidrológico de gran importancia para la cultura de la comunidad rarámuri.

Por unanimidad de votos, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron el proyecto que presentó la ministra Margarita Ríos Farjat, en el que se considera que la comunidad rarámuri de El Trigo debió haber sido consultada antes de emitirse el decreto que autorizó el uso de la reserva de agua para actividades industriales mineras.

Este mismo año, Ulises Lara López, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), obtuvo su cédula de licenciatura en Derecho, de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas; sin embargo, el grado aún no aparece en la página oficial de la dependencia.

El Registro Nacional de Profesionistas detalla que el título de licenciatura en Derecho se le expidió a Lara López en 2024 y que el funcionario estudió en el Centro Universitario Cúspide de México ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Con una votación dividida, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó este miércoles un acuerdo que permitirá a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, mantener las áreas operativas del instituto con personas encargadas de despacho durante todo el proceso electoral de 2024.

La resolución modifica un acuerdo aprobado en diciembre por una mayoría de consejeras y consejeros del INE, que establecía un mecanismo extraordinario para la integración de las áreas del INE y obligaba a Taddei a proponer titulares de área a más tardar el próximo 16 de enero.

La lideresa de la etnia Cucapah en Sonora Aronia Wilson Tambo fue asesinada y su cuerpo localizado en su domicilio en la comunidad Pozas de Arvizu en San Luis Río Colorado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que la gobernadora tradicional fue privada de la vida y que hay una persona detenida por su probable participación en el asesinato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “Creo que no es cierto” a las declaraciones de Sanjuana Martínez sobre la exigencia del 20 por ciento de liquidaciones para desviarlos a la campaña de Claudia Sheinbaum; sin embargo también expresó: “Yo respeto mucho lo que dice esta compañera, pero no comparto”, en torno a quien fue designada por él para dirigir la agencia de Noticias Notimex y que terminó por cerrar.

El mandatario expuso su postura sin mostrar sorpresa ni sobresalto ante las declaraciones que hizo Martínez en La Jornada, uno de los medios que más dinero recibe en publicidad del gobierno federal.

    Un juez de control vinculó a proceso al exsecretario de Educación Pública de Hidalgo Atilano Rodríguez Pérez por un posible peculado de 144 millones de pesos. El exintegrante del gabinete del ahora embajador de México en Noruega, Omar Fayad Meneses, seguirá su proceso en libertad debido a que cuenta con un amparo que lo protege de una orden de aprehensión. 

El 25 de marzo de 2022, Rodríguez Pérez solicitó a la Secretaría de Finanzas Públicas de la entidad, a cargo de Jessica Blancas Hidalgo, 144 millones de pesos para "subsanar el restablecimiento de los servidores, sistemas y centros de datos instalados en diversas máquinas virtuales", así como la recuperación de más de 5 millones de registros digitales, "esto debido a que habían sufrido un supuesto hackeo", refirieron los representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) al formular la imputación.