De acuerdo con Batres Guadarrama, la razón fue que adicionará un capítulo de “combate a la corrupción inmobiliaria”, sin embargo no hay certeza de que estos proyectos incluirán las sugerencias y observaciones de ciudadanos, especialmente en el proceso electoral 2024. Sobre todo, de los pueblos y barrios originarios, quienes esperan, que se les reconozca como actores primordiales en la construcción de estos instrumentos.
“En estos meses ha surgido un tema muy importante, que es el tema de la corrupción inmobiliaria, el tema del cartel inmobiliario. Nos parece que no podríamos dar paso a elementos de planificación de largo plazo sin establecer un conjunto de candados y medidas que impidan que prolifere la corrupción inmobiliaria, con los efectos urbanos negativos que esto tiene”, dijo Batres en la conferencia de prensa del 7 de diciembre de 2023, en el marco de discusiones y debates sobre la ratificación de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, quien instrumentalizó el tema del cartel inmobiliario como estrategia para mantener su cargo un periodo más. Situación que no ocurrió, pues a principios del 2024, el Congreso de la CDMX rechazó la ratificación.
La problemática de la expansión inmobiliaria y sus efectos en pueblos y barrios originarios, así como en colonias populares de la Ciudad de México, es una situación que causa alarma y preocupación no sólo por sus efectos ambientales, sino por sus consecuencias socioculturales. Para los y las habitantes de la capital, la urbanización basada en los intereses del mercado inmobiliario tiene como medio la corrupción para efectuarse, pero consideran que el verdadero problema es que las autoridades del gobierno central y las alcaldías no toman en cuenta las necesidades e intereses de las y los habitantes de la CDMX.
Desde el 2021, sobre todo a partir de la publicación de la convocatoria de la consulta pública sobre el PGOT y PGD en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en julio, los pueblos y barrios originarios comenzaron a movilizarse y manifestarse en contra de estos dos instrumentos, principalmente cuestionando el ordenamiento territorial. Para diciembre de ese mismo año, recordó Natalia Lara de los Pedregales Coyoacán, se empezaron a movilizar, “justo en el Encuentro de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias en Defensa del Territorio de la Ciudad de México, que fue en diciembre del 2021 en el Estado Azteca, organizamos una resistencia amplia para ir en contra de todas estas políticas de despojo que después se tradujeron en este concepto que hemos manejando que es Ciudad Mercancía. Entonces creo que terminando la pandemia, en este último filito de la pandemia, fue cuando nos empezamos a movilizar y utilizamos el espacio público”.
La colonia de Santa Úrsula Coapa, así como la zona de los Pedregales de Coyoacán, ya tenían un proceso organizativo anterior al PGOT. Natalia Lara comparte que este proceso fue a partir de la resistencia de las colonias y pueblos contra el megaproyecto del Estadio Azteca. «Justo veíamos bastante nocivo este programa (PGOT) y lo que hicimos fue que en la consulta (de 2021), como no había suficiente información, nos dedicamos prácticamente a impedir que se solicitara por lo menos en los Pedregales de Coyoacán. Se impidió en el pueblo de Santa Úrsula Coapa y parte de la colonia de Santa Úrsula. Y bueno, cerramos Calzada de Tlalpan, cerramos parques; compramos un día antes cadenas y candados para que no pudieran entrar a realizar la consulta y estuvimos en resistencia, porque precisamente veíamos estas vinculaciones nocivas con el desarrollo inmobiliario”, aseguró.
Las consultas que se debieron haber realizado en el segundo semestre del 2021, no ocurrieron. La entonces jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum prometió reponer las consultas para 2022. De acuerdo con datos oficiales otorgados por el gobierno central, se realizaron 1,362 actividades de consulta (asambleas, capacitación, charlas, conversatorios, foros, mesas de trabajo, reuniones y talleres), en las que acudieron 42 mil 382 personas (28 mil 932 presenciales y 13 mil 450 virtuales) y de las cuales 1,245 fueron consulta pública y 117 consulta indígena. En esas actividades estiman que se levantaron 14 mil 491 participaciones, de las cuales 1,518 se registraron a través de formatos de registro y 12,973 por cédulas. Por último, aseguran que recibieron 35,069 opiniones y propuestas: 16,817 del PGD y 18,252 del PGOT. Sin embargo, en una investigación anterior publicada por Desinformémonos se dio a conocer que estes datos son contradictorios.
En varias ocasiones, espacios y plataformas, habitantes de la Ciudad de México han manifestado sus propuestas, preocupaciones e intereses. Las últimas oportunidades fueron durante los Foros de Parlamento Abierto con motivo de los proyectos PGD y PGOT. Organizados por el Congreso de la CDMX, estos cinco foros se llevaron a cabo en las alcaldías Tláhuac, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Coyoacán, donde la respuesta fue negativa por parte de los asistentes en todos los casos. Para Natalia, estos foros son sólo un trámite para “palomear el checklist” de lo que se tenía que hacer burocráticamente. Además, aseguró que desde gobiernos anteriores, de Ebrard y Mancera, y con la Ley de Desarrollo Urbano que está vigente desde 2010, se ha construido un modelo de ciudad en el que el actor principal no son los habitantes de la ciudad, sino el sector privado y el mercado:
“Ya hay un modelo de ciudad consolidado, ya hay un modelo de ciudad que quiere implementarse desde arriba, desde una percepción un poco soberbia del Instituto de Planeación, pensando que tienen ellos la luz sobre cómo debe de ser el desarrollo de la ciudad. También es muchísimo más fácil generar un programa sin una consulta y que nada más se implemente”, recalcó Natalia, quien además agregó que por otro lado, existe una soberbia por parte del gobierno de la cuarta transformación, pues piensan que “como ya ganó la izquierda”, las masas no deberían ser disruptivas. Para ellos, “todo movimiento en contra es una posición de derecha o que está en contra de esta cuarta transformación”.
Desde esta perspectiva, Natalia reflexionó que ahora que tanto el PGOT como el PGD fueron retirados momentáneamente, quien debería darle seguimiento es quien gane la jefatura de gobierno, que desde su perspectiva apunta a ser Clara Brugada, quien está cercana al Movimiento Urbano Popular (MUP): “La expectativa es que se retomará otra vez el proceso, pero con actores muy específicos de quiénes participarían. No sé si los pueblos y barrios, y colonias que estuvimos resistiendo a este proceso, estaríamos incluidos en ese panorama de actores para generar incidencia y mejorar el PGOT, pero yo creo que sí el MUP va a estar muy metido en estas dinámicas de construcción de un nuevo programa”.
Por otro lado, el abogado Alejandro Velázquez e integrante del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac (FDDPBOCA), aseguró que ya hay desconfianza con el gobierno central y el instituto de planeación, pues es la tercera vez que se solicita una consulta adecuada: “que se escuchen las voces para proteger el territorio y el suelo de conservación. De hecho, esta última acción de Batres dice que es para agregar la corrupción inmobiliaria. O sea, otra vez no quieren incluir las modificaciones que propusimos para no afectar el suelo de conservación”.
Para Natalia Lara las autoridades deberían de estar trabajando con las comunidades y comprender las dinámicas de sus territorios: “ellos deberían de ir a los territorios para ver cuáles son los problemas del mismo, no cuáles son los problemas de accesibilidad, de cuidados, de conservación o de generación de áreas de valor ambiental. Eso es lo que debería de estar haciendo el gobierno y a partir de esos diagnósticos poder elaborar consultas informadas o poder elaborar información para que las personas puedan participar”.
Alejandro Velázquez resaltó: “Nuestra postura siempre fue intentar proteger más el territorio y limitar al poder inmobiliario, que las decisiones sobre el territorio surjan del pueblo y de los pueblos; y que sí habían elementos que significaran un retroceso o empeoramiento habría que detenerlo. El PGOT en general significaba una posición que no mejoraba la situación, sino que perpetuaba y acrecentaba los problemas. Ahora el reto que tenemos en frente es construir una alternativa tal y como lo hemos venido trabajando desde el 2021. A través de encuentros, talleres, seminarios convocados por nosotros estamos en esa línea”.
En específico, los talleres informativos realizados por el FDDPBOCA enfrentaron una campaña de desprestigio por parte de grupos partidistas, como la Alianza por la Reconstitución de los Pueblos, que está conformado principalmente por funcionarios de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi).
“En algún momento imaginamos la propuesta de un ordenamiento comunitario”, comuneros de Milpa Alta.
Donají Meza, así como otras personas de Milpa Alta aseguraron que “no hubo consulta por la oposición al proyecto del ordenamiento, no había garantía ni acceso a la información adecuada ni en tiempo ni forma”. Asimismo, recordaron que esta no es la primera vez que ocurre una planeación de este tipo: “no es una cosa nueva, en los años noventa para ampliar los cascos urbanos de cada uno de los pueblos, se formaron equipos multidisciplinarios con ambientalistas, urbanistas, productores y la comunidad, y se fue definiendo cómo y para dónde se ampliaban los cascos”.
Una habitante de Milpa Alta agregó que la ampliación de los cascos en aquel entonces, no sólo era para agregar servicios, sino para se incorporados al área urbana. Esta experiencia, mencionó, les ha mostrado cómo se deben ampliar los espacios para la escucha de todos los actores involucrados, sus necesidades y dinámicas.“Cuando hay acercamiento con los diferentes niveles de gobierno, parecen o suelen comportarse condescendientes. Sin embargo, más allá de la actitud, pensamos que los acuerdos son los que deben valer por encima de la cordialidad, pueden ser demasiado cortés, pero a veces terminan rompiendo acuerdos”, aseguró Donají.
Al entregar el PGOT y el PGD al Congreso de la CDMX en mayo de 2022, Martí Batres informó que “el proyecto del PGOT no tendría efectos legales y administrativos sobre el territorio de Milpa Alta”, pues habían tenido una reunión después de una serie de protestas que organizaron los habitantes en el mes de diciembre del 2022. Sobre esta situación, Jóvenes Comuneras y Comuneros de Milpa Alta se pronunciaron:
“Expresamos nuestra preocupación por la falta de democracia en el gobierno actual, que ha ignorado la voz de la ciudadanía y permitido la corrupción. Rechazamos las imposiciones y el abuso de poder que manifiestan al presentar unilateralmente las nuevas propuestas de Plan General de Desarrollo (PGD) y Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), instrumentos que definirán el crecimiento de la ciudad y nuestros pueblos, sin considerar la participación de las comunidades agrarias, indígenas y otros sectores afectados”.
“Hay una creciente especulación mercantil de la tierra que no es nuevo. Segundo, ignorar las perspectivas de estos y otro tanto de proyectos, ha sido una constante en todo gobierno. Son pocos los individuos al frente que parecen escuchar al pueblo y sentarse a discutir. Y es que también la mayoría de veces, las decisiones se toman atrás de escritorios desvinculados de la realidad. No es que nos neguemos a todo como suelen tacharnos, nos interesa tener un poco más de claridad, información y un mínimo de garantía en la protección de nuestros derechos territoriales y humanos. Sí queremos el progreso, pero cuando éste sea destrucción y despojo, estaremos en contra”, comentó Donají quien también es parte de Jóvenes Comuneras y Comuneros de Milpa Alta.
Por otro lado, otra compañera de Milpa Alta agregó: “pese a que es vigente el programa de ordenamiento ecológico, la autoridad simplemente ha sido omisa y ha permitido el crecimiento urbano fuera de las zonas permitidas y no sólo eso, sino que han alentado la introducción de servicios por debajo del agua y hay muchos casos donde eso se puede comprobar. De nada nos sirve tener un PGOT, tener la ley que sea si no hay una instancia responsable de verificar, de darle seguimiento a que esa normativa se cumpla”.
Desde la perspectiva de Donají, las expectativas sobre el PGOT están en primer lugar, en compartir con la comunidad información que esté basada en planes, programas y proyectos vinculados con el orden territorial y su componente agrario, y en segundo, considerar un ordenamiento comunitario:
“En algún momento imaginamos la propuesta de un ordenamiento comunitario que implique la identificación y análisis de las características particulares del desarrollo social, económico y cultural de nuestra comunidad, y por supuesto, que incluya también las diversas problemáticas derivadas de las deficientes administraciones públicas en materia de orden territorial. Hay medidas que implique también la atención de las autoridades a revisar los programas delegacionales (de alcaldías) de desarrollo urbano, programa de ordenamiento ecológico, cuyas medidas de protección ambiental ya están planteadas y se han omitido”, señaló.
Preocupación por tiempos electorales
Natalia Lara señaló con preocupación que hay que darle seguimiento a proyectos y a los actores que están por negociarlos tanto con los gobiernos de las alcaldías como con gobierno central, sobre todo en año electoral: “lo digo por algunos actores, sobre todo del mercado inmobiliario, cómo están actuando las Fibras, las asociaciones de desarrolladores inmobilarios, que prácticamente a través de mecanismos de medidas de mitigación son los que están planeando la ciudad y apoderándose de espacios públicos”.
Por ejemplo, agregó Natalia, “el gobierno de la Ciudad de México, me parece que tiene una gran ahorro de presupuesto al momento de que permite que estas inmobiliarias desarrollen estas medidas de mitigación para hacer obra pública (…) Que a un inmobiliario se le permita construir una vialidad, poner semáforos, perforar un pozo (como medida de mitigación), son acciones que debería de hacer el gobierno con el presupuesto que tiene (…) y se las están dando a la iniciativa privada”.
Por su parte, Donají mencionó que hay que estar alertas, no sólo para el seguimiento de este PGOT y PGD, “los tiempos electorales fracturan cada vez más a la ciudadanía y sobre todo a los pueblos y comunidades por la terna electoral. Sabemos que la estructura de gobierno buscará la mejor estrategia para resucitar este programa, lo cual es importante”.
“Nuestro deber en esta lucha por la vida es la conservación de nuestro territorio, por tanto debemos estar pendientes y al mismo tiempo estar informados. Los retos de hoy requieren mayor estrategia ante la apatía y desorganización de los pueblos que no es casual. La fractura que vivimos al interior de nuestros pueblos tiene su origen en la inmensa voracidad de mercantilizar todo: tierra, agua y el espíritu humano”, enfatizó Donají.
AUTOR: SOFÍA HUERTA NOGUERA.
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