Un enfrentamiento entre miembros de las fuerzas de seguridad y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la noche del lunes dejó un militar muerto, así como otras seis personas de esta organización criminal abatidas, en el municipio de Ciudad Hidalgo, en Michoacán.

Las primeras informaciones detallan que el personal militar del Ministerio de Defensa patrullaba la localidad de San Rafael Tecario cuando fue atacado por un convoy formada por tres vehículos en los que viajaban los sicarios del cártel.

La versión oficial estableció que se trató de un error producido por el caos que se desató durante la operación militar para detener al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera –a petición del gobierno de Estados Unidos–, en la que fallecieron 29 personas, incluidos 10 elementos castrenses.

El traslado del control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es para la Sedena el peor de los escenarios previstos desde que el Ejército comenzó a organizar ese cuerpo armado al inicio del gobierno de la Cuarta Transformación.

De acuerdo con una evaluación de la propia Sedena, sobre los efectos de la decisión del máximo tribunal, obtenida por Proceso, el traslado operativo y administrativo de la GN –de la Sedena a la dependencia civil– implicará la pérdida de experiencia institucional, se abren las puertas a la corrupción y a la indisciplina, crecen las probabilidades de fracaso en las operaciones y se terminará debilitando a la corporación.

El pasado 20 de abril, alrededor de las 9 de la noche, concluyó la mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en la que, después de intensas negociaciones, los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM) lograron la destitución provisional de ocho profesores acusados de hostigamiento sexual.

Por parte de las autoridades de la SEG participaron en el diálogo Marco Antonio Marbán Galván, subsecretario de Educación Media y Superior; Moisés Olivares Mendoza, jefe de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la SEP; Israel Robles Castro, representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP; Jorge Rodríguez Ponce, delegado de Gobernación en la Montaña, y José Ángel Martínez García, director del ITSM.

«Es necesario señalar las omisiones y la opacidad por parte de la Fiscalía del Estado de Colima, quien en todo momento se ha negado a cooperar con las demás instituciones y a compartir información vital para el caso» de la desaparición de los defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, de quienes se desconoce su paradero desde el 15 de enero de 2023, denunciaron organizaciones de derechos humanos.

Las organizaciones, entre las que se encuentra la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT), si bien reconocieron la labor de la Fiscalía General de la República, que en días recientes confirmó la detención de dos personas presuntamente involucradas en la desaparición de los defensores del territorio comunitario de Aquila, Michoacán, «se sigue sin conocer la suerte o paradero de los defensores».

El Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, se reservó su derecho a declarar durante la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó formalmente del delito de ejercicio indebido del servicio público.

En la lectura de los cargos, el Ministerio Público (MP) le detalló sus obligaciones como Comisionado, a fin de señalar la serie de omisiones que cometió, las cuales van relacionadas con el salvaguardar a las personas migrantes dentro de las estaciones del Instituto, además de no cumplir con las obligaciones y leyes que se marcan dentro de los reglamentos del propio organismo y que debía de cumplir después del juramento que realizó al tomar protesta al cargo.

En los últimos cuatro meses, un total de siete activistas y comuneros de la costa de Michoacán, específicamente de Santa María Ostula y Aquila, han sido asesinados o desaparecidos. Las agresiones en la zona de la Sierra-Costa de este estado se producen en el marco de una ola de violencia contra defensores del territorio y activistas contra la minería a nivel nacional en lo que va del 2023, como han denunciado defensores, académicos y organizaciones civiles.

“Lo que pasa en Michoacán es sólo una muestra de lo que ocurre en el resto del país“, expuso Nataniel Hernández, integrante de la Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). “Hay proyectos mineros en marcha, y otros que fueron suspendidos por la oposición o la resistencia organizada de las comunidades (…) y también hay cierto incremento de agresiones a defensores que han convocado a la resistencia organizada, pacífica y civil, y denunciado las irregularidades de estas empresas mineras”.

La Cámara de Diputados aprobó este martes la Ley para el Control de Precursores Químicos, con la que se busca tipificar delitos contra el uso de químicos para la elaboración de drogas sintéticas, como el fentanilo.

La Cámara de Diputados avaló esta madrugada, con 319 votos a favor y 126 en contra, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquina para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, con los votos de Morena y sus aliados, una iniciativa impulsada por la bancada morenista para desaparecer al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), un organismo creado por la propia administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y que originalmente debía ser un pilar para garantizar el acceso universal a atención médica y medicamentos.

El asunto fue aprobado en lo general por 267 votos a favor, 222 en contra y una abstención. En lo particular, la votación fue de 266 votos a favor, 222 votos en contra y cero abstenciones. Ahora, la minuta será enviada al Senado, cuando falta menos de una semana para que deba cerrar el periodo ordinario de sesiones, a más tardar el próximo domingo 30 de abril.

Agentes de la Policía Municipal que realizaban recorrido por la zona, alrededor de las 09:42 horas, fueron abordados por una persona que dijo haber visto tirada una especie de cobija blanca con letras negras. 

Tres personas muertas, fue el saldo de distintos hechos violentos ocurridos en las recientes horas en Tijuana.

De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General del Estado, alrededor de las 10:48 horas del lunes 24 de abril, se reportó la muerte de un hombre identificado como Mario de 48 años. Los hechos se documentaron en la Clínica 1 del IMSS. Cabe destacar que la víctima fue herida cuando se encontraba en la colonia Buenos Aires Sur. Por este incidente hay dos masculinos detenidos.

El diputado federal por Morena, Emmanuel Reyes, presentó este martes un proyecto de reforma que plantea cambios a la Ley General de Salud para desaparecer el Instituto de Salud para el Bienestar  (Insabi) y sus funciones y servicios al público sean absorbidos por el IMSS-Bienestar.

A dicha propuesta, que no ha pasado por Comisiones, se le dispensaron todos los trámites y se subió al pleno como “de urgente resolución”.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que presentará un reclamo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la negativa de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para permitirle sesionar con cuatro comisionados, pese a que sigue atorado el nombramiento de los nuevos integrantes del pleno.

En un comunicado, dijo que pedirá al máximo tribunal del país que analice el acuerdo y le permita sesionar con cuatro integrantes para poder “garantizar los derechos que la Constitución le encomienda”.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), Ulises Lara López, dio este martes la segunda entrega de tres programadas, sobre el caso de la presunta trama de corrupción del Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, que encabezó el panista Christian Von Roehrich de la Isla.

En un mensaje a medios de comunicación, Lara López señaló que de acuerdo con el testimonio de un empresario que colaboró en la presunta trama de corrupción del Cártel Inmobiliario, Christian Von Roehrich le exigió llevar trabajos de reforzamiento, apuntalamiento y demoliciones parciales de edificios de la Benito Juárez, a cambio de seguir apoyando el proyecto de City Towers Green Black.

A pesar de que la Fiscalía General de la República confirmó que hay dos personas vinculadas a proceso por la desaparición de los defensores de Derechos Humanos en Colima, Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, aún no se sabe nada de ellos.

Organizaciones no gubernamentales relacionadas con la defensa de derechos humanos, señalaron que desde el 15 de enero de este año, Ricardo Lagunes y Antonio Diaz se encuentran desaparecidos luego de asistir a una asamblea comunitaria.

La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para fusionar o desaparecer 18 instituciones públicas ha comenzado a levantar voces en contra dentro de organizaciones civiles y la academia, y a estas ahora se suma la del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En su propuesta enviada a la Cámara de Diputados el martes 18 de abril, López Obrador plantea eliminar la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA), una instancia técnica creada a partir de la reforma constitucional de combate a la corrupción promulgada en 2015 y la cual debe procesar los acuerdos entre los integrantes del propio SNA, entre los que hay dependencias de gobierno y organismos autónomos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las facultades de la Guardia Nacional (GN) para revisar los documentos de extranjeros, detenerlos y presentarlos ante las autoridades en caso de irregularidades; asimismo, aprobó su permanencia en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) para resguardo y vigilancia de las mismas.

Durante la sesión de este lunes, el Pleno de la Corte también invalidó las atribuciones de la GN para realizar operaciones encubiertas o de usuarios simulados en autobuses de pasajeros, para prevenir delitos.

Elementos de la Guardia Nacional, de la policía militar y de seguridad pública de la Ciudad de México se movilizaron en inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la mañana y tarde de este lunes, luego de que la ministra presidenta Norma Piña solicitara protección al inmueble donde llevan a cabo sus actividades.

En camionetas, llegaron integrantes de la GN que descendieron cerca de una de las entradas a Palacio Nacional, a la par elementos de otras corporaciones también formaban filas para avanzar a la cercanía de la Corte, principalmente con escudos.

Con apenas unas horas de diferencia, entre la noche del domingo y la mañana de este lunes, fueron asesinados a balazos dos policías en los municipios de Coquimatlán y Villa de Álvarez.

Con ellos suman ya nueve los elementos de corporaciones de seguridad ultimados en esta entidad durante el primer cuatrimestre del año, lo que equivale a una mayor proporción de homicidios en este sector que los ocurridos en años anteriores, pues en 2022 fueron 17 los guardianes del orden caídos.

Enrique González Tiburcio había sido profesor de la UNAM y del Instituto Nacional de Administración Pública, y había trabajado en el IFAI, el Inegi y cinco secretarías durante más de tres décadas antes de llegar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como coordinador de asesores de la entonces titular, Rosario Robles, en 2012. Un antiguo alumno lo había recomendado para el puesto que cambiaría su vida, porque terminaría enfrentando procesos judiciales por La Estafa Maestra, el sistema de corrupción operado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

González Tiburcio es economista y se había dedicado al análisis de estadísticas sobre pobreza y desigualdad para la elaboración de política pública. Por eso es que su perfil funcionaría para la nueva estrategia del gobierno peñista en el combate de la pobreza que se conocería como Cruzada Nacional contra el Hambre.