El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que elementos del Ejército amenazaron a familiares de los hermanos Alejandro y Gustavo Pérez Benítez, víctimas del ataque de soldados el pasado 26 de febrero.

La madrugada de este domingo, cuatro vehículos militares arribaron a la colonia Cortés Villada en la ciudad fronteriza y revisaron el vehículo de un familiar cercano “bajo la sospecha de estar consumiendo marihuana”, señala la organización.

La Oficina de Representación Comercial de Estado Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) dio a conocer que realizó una solicitud de consulta al Gobierno mexicano bajo el Capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) del T-MEC, por la publicación del decreto mexicano por el que se prohíbe adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado.

Katherine Tai, titular de la USTR, señaló que Estados Unidos “ha expresado repetidamente nuestras serias preocupaciones con las políticas de biotecnología de México y la importancia de adoptar un enfoque basado en la ciencia que cumpla con sus compromisos del T-MEC”.

A días de que el Instituto Nacional Electoral (INE) dejó sin validez las modificaciones a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) promovidas por el presidente Alejandro Moreno Cárdenas para extender su gestión, militantes llamaron a comenzar con los preparativos para renovar la dirigencia e insistieron en que “Alito” deje el cargo en agosto, tiempo para el que fue electo, porque ha abusado de sus facultades y perjudicado la imagen del partido.

Desde hace meses militantes alertaron las intenciones de Moreno Cárdenas de ampliar su periodo como dirigente hasta 2024, lo que se concretó el 19 de diciembre durante una sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional (CPN). Por ello, priistas presentaron siete impugnaciones y escritos de inconformidad ante el INE, que les dio la razón el lunes pasado.

El Senador Juan Zepeda anunció esta mañana que se baja de la contienda para Gobernador en Estado de México. Fue una sorpresa. Movimiento Ciudadano (MC) se queda, así, sin abanderado para esa entidad, antesala de las presidenciales de 2024.

El activista de la tierra y líder indígena, Santos de la Cruz Carrillo, fue hallado el domingo junto a su esposa y dos hijos tras desaparecer hace dos días en una zona del norte de México azotada por grupos delictivos, informó una fiscalía estatal.

En un comunicado la Fiscalía General de Nayarit dijo que tras labores de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue hallado de la Cruz Carrillo y su familia en buen estado de salud, pero no ofreció detalles sobre dónde fue localizado y si hubo detenidos en la operación.

Hipólito Mora Sánchez, el exlíder del movimiento de autodefensas de Tierra Caliente, Michoacán, denunció este sábado un ataque armado por parte de supuestos sicarios en su contra, a menos de cuatro meses de haber sufrido otro atentado.

Un mes antes de que inicie la campaña electoral por la gubernatura del Estado de México, los equipos de las coaliciones que encabezan Delfina Gómez y Alejandra del Moral ya acumulan más de 70 denuncias por presuntos delitos electorales.

Este miércoles, la dirigencia del PRI en el Estado de México informó que presentó 40 denuncias contra la coalición encabezada por la morenista Delfina Gómez, lo cual, según el presidente de ese partido en el Estado de México, pondría en riesgo incluso su registro como candidata.

Juan “V", excandidato a la alcaldía de Ciudad Mendoza por el Partido Encuentro Social (PES), fue detenido en Veracruz como presunto cómplice en el feminicidio de la maestra Verónica Fernández Trujillo, informó el gobernador del estado Cuitláhuac García.

“Los indicios recabados permitirán dar con la responsable material e intelectual, teniéndose como detenido a un presunto cómplice que la podría haber auxiliado en su huida. En este caso como en los otros acontecidos en días recientes, se hará justicia", dijo.

A propuesta del consejero presidente Lorenzo Córdova, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó a Roberto Heycher Cardiel Soto, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva tras la salida de Edmundo Jacobo, cesado por la publicación del Plan B de la Reforma Electoral.

Además, integrantes de la Junta General Ejecutiva Ampliada del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual desaparece por decreto de Reforma Electoral publicado el 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, presentaron a Córdova Vianello, su renuncia con carácter irrevocable, con efectos entre el 31 de marzo y el 3 de abril de 2023.

Una funcionaria no identificada del Banco del Bienestar, sucursal Av. Cuauhtémoc, en la capital de Morelos, intentó quitar su teléfono a la reportera Perla Barrios, cuando ésta la cuestionaba respecto a la falta de atención a personas adultas mayores, quienes pedían que se les pagara su apoyo correspondiente.

Todo comenzó cuando un grupo de adultos mayores exigió a funcionarios del Banco del Bienestar en esa sucursal que les cambiaran sus tarjetas, mismas que han dado muchos problemas a los usuarios para poder cobrar en los cajeros automáticos, de los cuales se ha denunciado que no funcionan correctamente, que son pocos y que además no cuentan con dinero suficiente.

Habitantes de la colonia Infonavit, municipio de Cajeme, Sonora, vivieron momentos de pánico luego de que se registrara un ataque directo, a plena luz del día,  contra dos hombres que viajaban en una camioneta de modelo reciente.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves pasado en las calles Huatachive y Turicuni, en la colonia Infonavit, justo frente a las instalaciones del CBTIS 37 ubicado en la cabecera municipal, Ciudad Obregón.

Adriana Herrera, ex mayor de justicia militar y ex titular de la Unidad de Atención a Víctimas (Univic) en la Guardia Nacional, reveló en entrevista en Aristegui en Vivo que la GN ha suscrito acuerdos reparatorios con víctimas civiles directas e indirectas de actos de violencia cometidos por uniformados, lo que ha permitido que no se reporten esas cifras ni se determine si las indemnizaciones son adecuadas o si se garantiza la no repetición.

La ex funcionaria dijo que cuando ella se negó a continuar con el caso de un joven que perdió un ojo a causa de una agresión militar, fue removida de su cargo, por lo que decidió escribir una carta al titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, donde narraba lo que se vivía en la Unidad.

Cuatro elementos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fueron vinculados a proceso por su involucramiento en los hechos del domingo 26 de febrero, durante los cuales cinco jóvenes fueron abatidos y otros dos heridos por soldados, informaron El Universal y La Jornada. 

La Fiscalía General de Justicia Militar acusa a los elementos castrenses por el delito de desobediencia. Los señalados eran los encargados de la artillería del vehículo militar que interceptó a la camioneta donde viajaban los jóvenes y contra la cual dispararon los militares, según reportan estos medios.

Esta mañana fue asesinada a balazos otra agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) durante un ataque en el que resultó herido su hijo, en la zona suroriente de esta ciudad.

Se trata de la segunda mujer policía privada de la vida en menos de 48 horas y de la sexta víctima integrante de alguna corporación de seguridad del estado en lo que va del presente año.

El 18 de febrero pasado fue la última vez que Sofía Gil Galán, de 24 años, conductora de un Uber, fue vista por su familia; su mamá Jessica interpuso una denuncia cinco días después por desaparición y pese a que ella consiguió información, en la Fiscalía ni siquiera han integrado los pocos indicios en la carpeta de investigación.

Para localizar a Sofía, quien tiene una niña de cuatro años, Jessica tuvo que convertirse en policía investigadora para obtener información, la cual entregó a la Fiscalía.

En plena calle, le informaron que muchas de esas viviendas ya fueron entregadas y que ellos no han recibido el pago correspondiente. Lo peor es que, en algunos casos, la Comisión para la Reconstrucción, primero dirigida por el actual senador César Cravioto y ahora por Jabnely Maldonado, les pidió avanzar en las obras con sus propios recursos y ahora, ante la falta de cumplimiento del gobierno, tuvieron que despedir a decenas de empleados y están a punto de la quiebra.

El gobierno federal emitió un nuevo decreto para declarar la ocupación temporal de 10 inmuebles de propiedad privada, que representan 137 mil 622 metros cuadrados, en Quintana Roo para la obra del Tren Maya.

De acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los inmuebles se ubican en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo y fueron declarados como de “utilidad pública” porque contribuyen a la viabilidad técnica de la obra.

Los jueces del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza recorrerán las comunidades mayas afectadas por el Tren Maya en la Península de Yucatán para constatar los impactos del megaproyecto en los territorios y organizaciones defensoras del medio ambiente y los pueblos indígenas.

El Tribunal, que comenzará el 9 de marzo, visitará las comunidades Pisté, Xmaben y Tihosuco, y terminará en el Cenote de Valladolid, así como visitará la zona afectada por el tramo 5 del Tren Maya.

Colectivos feministas se organizan para presentar un amparo colectivo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) en cuatro entidades de la república mexicana: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, y Baja California Sur, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) garanticen a todas las mujeres que así lo soliciten el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo.

Los colectivos Di Ramona y AbortistasMx, que encabezan este proyecto, señalaron que en varios estados del territorio nacional el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo se ha convertido en una problemática, ya que, pese a que es un derecho legal, el Código Penal y la Ley General de Salud no han sido actualizados en esta materia, por lo que el aborto ahí se sigue considerando un delito, y, en consecuencia, algunas instituciones de salud, particularmente las públicas, se niegan a realizarlo.