La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) de la Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, en calidad de imputado en la investigación iniciada por la difusión de los videos en los que se le observa recibiendo dinero en efectivo supuestamente para financiar a Morena.

Seis días más tarde, el 10 de diciembre, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, descalificó la postura oficial del gobierno: denunció que era la misma argumentación “inaceptable” que el expresidente Felipe Calderón había utilizado para exculpar al Ejército en la muerte de la mujer indígena de 73 años, semanas después de declarar la “guerra contra el narcotráfico”.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) vigila los procesos electorales. Tan solo de los comicios de 2021 investigó a cuando menos 165 candidatos, entregó reportes sobre mítines, líderes, movimientos sociales e influencia partidaria estatal, además de que hizo análisis de riesgos durante toda la jornada. 

Así lo revelan diversos reportes contenidos en la información de la Sedena filtrada por el grupo de hacktivistas Guacamaya, en los que también se detallan la influencia de grupos de la delincuencia organizada, sus presuntos nexos con candidatos y el despliegue de seguridad estatal y federal.   

En Zapopan, Jalisco, se reportó que una balacera durante la celebración de las Fiestas de Octubre dejó como saldo dos fallecidos.

De acuerdo con un comunicado de la Policía Municipal de Zapopan, la agresión ocurrió en avenida Mariano Bárcenas S/N y Club Guadalajara Col. Auditorio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Judith McKenna, presidenta y directora ejecutiva de Walmart Internacional, a un día de asegurar que las cadenas de tiendas de autoservicios con las que tienen un acuerdo “se están pasando”, al no mantener la canasta de 24 productos en mil 39 pesos, como se determinó en el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic).

“El acuerdo fue hacer todo lo posible para bajar la inflación en alimentos. Las ventas de esta empresa equivalen al 25% del comercio minorista del país”, informó el presidente en un mensaje en redes sociales, tras la reunión que duró cerca de 50 minutos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió su gobierno combatirá la problemática de drogadicción del fentanilo. 

"Así como los vapeadores, vamos a enfrentar abiertamente el fentanilo, por todo el daño que causan, porque es muerte fulminante. Es dolorosísimo ver como andan como zombis", aseguró el mandatario.

En un hecho inédito, que sirvió de plataforma política para el aspirante a la candidatura a la Presidencia de México por Morena, titulares de los tres poderes de Baja California aplaudieron al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien promovió la presencia de militares en las calles.

Ubicado en la Mesa Directiva de la XXIV Legislatura local, el secretario de Gobernación tuvo a su diestra al titular del Poder Judicial, presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el magistrado Alejandro Isacc Fregozo López, a la encargada del Poder Ejecutivo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo, y a la presidenta del Congreso, Alejandra Ang Hernández.

La mañana del domingo 16 de octubre, una mujer fue herida de bala cuando se encontraba afuera de un  domicilio localizado en las inmediaciones de la colonia Ampliación Guaycura, en Tijuana. La víctima falleció horas después en un hospital de la ciudad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que uno de los casos por el que podría quedar inconclusa la obra original del Tren Maya es porque por un terreno de 200 metros piden 25 millones de pesos y si no se paga, no pasa, “abusando”.

El presidente reconoció que su obra podría incumplirse por casos como éste en el tramo de Xpujil a Chetumal, pero aseguró que en general no hay oposición al Tren Maya.

Erick Francisco “N” fue sentenciado a la pena máxima de 70 años de prisión por el feminicidio de Ingrid Escamilla. Así lo determinó el juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Poder Judicial de la Ciudad de México, durante la audiencia de individualización de la condena realizada la tarde de este lunes. 

El asesor jurídico de la familia de la joven, Javier Gallardo, informó a periodistas que nunca antes un Poder Judicial había dictado una condena máxima por un crimen así. 

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que su país continúa con el proceso de consulta para determinar si se llega a un panel por las diferencias con México en materia energética, en el marco del T-MEC.

Su declaración contradice a lo expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace unos días afirmó que EU se desistió de solicitar un panel tras la queja que presentó, en julio, en materia de política energética con México.

Movimiento Ciudadano (MC) envió una petición a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados con la finalidad de que cite a comparecer al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, para que responda los cuestionamientos acerca del hackeo que sufrió la dependencia.

El coordinador de los diputados de MC, Jorge Rodríguez Máynez, compartió, a través de su cuenta de Twitter, la carta que le hicieron llegar a la Jucopo, en la cual solicitan la comparecencia del Secretario de la Defensa Nacional para que dé cuenta de la información de seis terabytes filtrada por un grupo denominado “Guacamaya”.

Un alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), campus Torreón, amenazó con un tiroteo a sus compañeros, con quienes a través de redes sociales había tenido discusiones previamente.

Tras la amenaza, las clases en Ciudad Universitaria fueron suspendidas por los directores de las diferentes facultades debido al riesgo para alumnos y maestros.

La Fiscalía General de la República tiene distintas líneas de investigación por los ataques y tiroteos del 17 de octubre de 2019, cuando se intentó detener a Ovidio Guzmán López en Culiacán, donde incluye a miembros del Ejército como presuntos responsables.

“Hago de su conocimiento que esta Fiscalía cuenta con líneas de investigación en las que se pudiera desprender la posible participación de elementos de su corporación en los hechos acontecidos”, señala un mail enviado el 15 de febrero pasado por la Fiscal Judith Fabiola Flores Muñoz.

Organizaciones, pobladores coca y activistas exigieron a los magistrados de la Décima Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco que concluyan el proceso penal que diez comuneros de Mezcala, comunidad invadida por un empresario y recuperada el pasado 4 de octubre, enfrentan desde hace más de diez años por defender su territorio.

Los diez comuneros fueron imputados luego de que retiraron una torre de fierro construida de manera ilegal en las tierras comunitarias invadidas por el empresario Guillermo Moreno Ibarra, que usurpó 20 hectáreas del territorio coca de Mezcala por más de 20 años.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización de la que los defensores Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres y madres de Ayotzinapa; Abel Barrera, Rogelio Téliz García y Marco Antonio Suástegui Muñoz, en Guerrero, fueron objeto por los militares, como revelaron los documentos filtrados de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Lamentaron que el acuerdo de las fuerzas armadas con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) les asegura inmunidad. «Se creen con el derecho de señalar y atentar contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras tanto a las bandas delictivas les permiten que actúen libremente y en muchos casos se asocian con ellos para delinquir, tal y como lo muestra el caso Ayotzinapa», indicaron las organizaciones.

La percepción de inseguridad de la población mexicana tuvo un descenso estadísticamente significativo al pasar de 67.4 por ciento en junio a 64.4 por ciento en septiembre de 2022, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) dada a conocer esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, el Inegi detalló que dicha cifra no representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a septiembre de 2021, que fue 64.5 por ciento.