La organización no gubernamental internacional Artículo 19 registró 331 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, durante el primer semestre del cuarto año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con lo que suman 2 mil 304 ataques contra la prensa en lo que va de la Administración del político tabasqueño.

En su informe ‘La impunidad y negación ante la violencia extrema contra la prensa persiste: Primer semestre de 2022’, la ONG resaltó que las agresiones ocurridas en la primera mitad del predente año, superaron en 51.83 por ciento los actos de violencia cometidos durante el mismo periodo del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Unas 42 personas han sido detenidas por los hechos violentos que se registraron la semana pasada en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California, informó este jueves el Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía.

El Gobierno de Estados Unidos ha incluido este miércoles a seis estados de México en su lista negra de territorios para los que desaconseja el viaje, ya que considera que no se dan las condiciones mínimas de seguridad para los visitantes extranjeros.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó la mañana de este jueves que las empresas de Estados Unidos y Alemania consultadas respaldan la estrategia que se ha implementado en la mina “El Pinabete”, ubicada en Sabinas, Coahuila, para el rescate de 10 trabajadores que permanecen atrapados.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Velázquez Alzúa destacó que la empresa estadounidense, Phoenix First Rescue, avaló que se “cuenta con el equipo técnico solvente y con la experiencia suficiente para atender la situación”.

En el primer semestre del año, al menos 331 agresiones se cometieron contra periodistas y medios de comunicación, lo que significa que cada 14 horas se atacó a la prensa en México, reveló la organización Artículo 19.

“La violencia persistente contra la prensa enfatiza la ausencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, las cuales han sido omisas e incapaces de generar estrategias que enfrenten las causas de la violencia contra la prensa, la cual parecería es ya sistemática”, señaló A19.

Isabel Miranda de Wallace retó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a entregar su teléfono celular a la Fiscalía General de la República (FGR) para “probar o desmentir” presuntos nexos con el crimen organizado y la corrupción.

En un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, Miranda respondió así a las declaraciones hechas por Zaldívar en conferencia de prensa este miércoles, en la que dio a conocer la presentación de una denuncia penal en contra de ésta por fabricación de pruebas.

Treinta y ocho denuncias han sido presentadas por la presunta comisión de delitos que podrían haber causado daños patrimoniales a la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Leche Industrializada Conasupo S.A. de C.V. (Liconsa, S.A. de C.V.) y a la Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo, S. A. de C. V. (Diconsa), informó esta mañana Roberto Salcedo Aquino, Secretario de la Función Pública.

La investigación sobre el caso de tortura del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeirol “no avanzó” debido a que el entonces mandatario estatal habría ayudado al expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) a organizar “el fraude” en la elección presidencial, dijo esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su rueda de prensa diaria realizada en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo señaló en que Mario Marín fue parte de los gobernadores que “le ayudaron a Calderón en el fraude” de 2006 e insistió en que él se manifestó a favor de Lydia Cacho desde que se dieron a conocer los hechos.

El Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, anunció que durante las próximas horas se formulará imputación penal contra los presuntos responsables de obstruir la acción de justicia al inicio de la investigación en el caso de Debanhi Escobar, encontrada el pasado 21 de abril en una cisterna del motel Nueva Castilla en Nuevo León.

En la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Subsecretario detalló que una vez efectuada, la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá las averiguaciones sobre el feminicidio de Debanhi, a petición de los padres de la víctima, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa.

Un grupo de sujetos armados asesinó esta tarde a Guillermo Mendoza, hijo de Javier Mendoza Márquez, alcalde de Celaya, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron en la avenida 2 de Abril, en la colonia Villa de los Reyes, en el estacionamiento de una farmacia de la cadena Guadalajara.

Un juez federal vinculó a proceso a tres de los 167 presuntos integrantes de la organización Pueblos Unidos quienes fueron detenidos el pasado sábado, cuando intentaban irrumpir en los municipios de Uruapan y Parangaricutiro, Michoacán.

En cuanto a los 164 adultos, se declaró como legal su arresto y, a petición de la defensa, se les dio duplicidad de plazo para definir su situación. Por ello, será hasta el domingo próximo cuando se determine si son vinculados a proceso o no.

Yessica Marbet lleva más de 10 días buscando la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis o paperas) para su hijo de un año. Desde finales de julio, ha recorrido clínicas del IMSS y centros de la Secretaría de Salud y en todos le dicen lo mismo: no hay y no saben cuándo llegará. 

Por segunda vez en menos de un mes, fue suspendida la audiencia del juicio penal contra los presuntos autores materiales del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, debido a que, de nueva cuenta, la defensa jurídica de uno de ellos no se presentó, informó Héctor Pérez, representante legal de los familiares de la víctima.

El pasado 3 de agosto, el juez del caso suspendió la audiencia por que la abogada del acusado no asistió. Este miércoles, ante la misma situación, el juzgador decidió multar a la litigante y le revocó su nombramiento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que llegó a pensar que durante su administración podrían adquirir 51% de las acciones de Banamex.

Protección Civil anunció que buscará a nuevos trabajadores para que ayuden en labores del rescate de los 10 mineros atrapados en la mina de El Pinabete en Sabinas, Coahuila.

Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil, comentó que junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se convocará a nuevos empleados para acciones de bombeo y extracción de agua.

Integrantes de colectivas exigieron la renuncia de Rosario Piedra Ibarra, como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes no que reciben la pensión alimentaria por parte de sus padres.

Rechazaron la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH en contra del requisito de no ser deudor de pensión alimenticia para ocupar un cargo público o de elección popular.

Una empresa de Estados Unidos se incorporará a los trabajos de rescate de los 10 mineros en el Pinabete, en Sabinas, Coahuila, para dar una segunda opinión sobre la ruta que siguen las autoridades mexicanas.

La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, aseguró: “Tuvimos llamada con el embajador de Alemania, que es ingeniero en minería y ha comentado que en México hay ingenieros especializados de alto prestigio, pueden orientar”, pero expuso que son precisamente quienes encabezan el grupo de rescate de los mineros mexicanos.

La audiencia programada para este miércoles 17, para definir la situación jurídica de los últimos dos de los 10 exfuncionarios señalados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) como presuntos responsables de la tragedia de la Línea 12 del Metro, fue aplazada de nueva cuenta, pues el juez de control, José Luis Palacios, se reportó enfermo de Covid-19.

Así lo informó Teófilo Benítez, abogado de 14 víctimas, quien agregó que promoverá otra vez, ante el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, la remoción de dicho juez, pues “no ha mostrado el interés suficiente para llevar adelante el procedimiento, que permita hacer justicia por las víctimas, que aún siguen en espera de que las autoridades cumplan con su promesa de cero impunidad”.