En México ningún estado ha sido capaz de terminar con los crímenes contra activistas o la degradación ambiental, situación que se debe, en parte, a la falta de capacidad institucional, señala la primera edición del Índice de Impunidad Ambiental (IGI-Ambiental), presentado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). 

El estudio, realizado por diversos académicos e investigadores, señala que México “no está tomando con seriedad” la crisis ambiental y prueba de ello son los problemas que se viven continuamente a lo largo del país como la impunidad en temas ambientales, falta de acceso a agua, la mala calidad del aire y los ataques contra activistas y defensores ambientales.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, consideró que es legal la prolongación del mandato de Arturo Zaldívar, ya que no se modifica la Constitución porque es un transitorio, y además no se trata de una reelección sino de una ampliación del cargo.

“Yo creo que sí es legal, mi punto de vista es que sí es, está en un transitorio y no se está modificando la Constitución, no se va a reelegir, no dice en ninguna parte que se va a reelegir, se está ampliando para ejecutar concretamente esa reforma que todos aprobamos, entonces ¿quién la va a ejecutar?”.

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) difundió este martes su informe anual en el cual señala que México se encuentra en el lugar 143 de 180 de los países con mayor nivel de peligro para el ejercicio periodístico.

“México, donde fueron asesinados 10 periodistas en 2019, sigue siendo el país más peligroso del continente para la prensa“, aseguró este martes en su más reciente Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, el cual México aparece en el mismo nivel de riesgo para el periodismo junto a países como Myanmar, India, Camboya o Pakistán.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el acuerdo reparatorio por el caso de la planta Agronitrogenados que permitió la excarcelación del empresario Alonso Ancira Elizondo a cambio de regresar a Petróleos Mexicanos un monto de 216 millones 664 mil dólares.

Esta ingeniería electoral de manufactura priista –“fraude de cuello verde”, le llamó Morena en 2015; “fraude de tercer piso”, la bautizó el PRD con líderes que hoy son morenistas–, fue perfeccionada en 2018 por la Cuarta Transformación y podría repetirse en agosto próximo, durante la asignación de diputados de representación proporcional.

El muchacho está de rodillas, rodeado por agentes de policía que juegan con un dildo que le han sustraído de la mochila. Uno de ellos se lo coloca en la pelvis para dar inicio a la violación que se prolongará durante minutos. Lámelo, lámelo. Chúpale la cabecita (sic). Le dicen al joven uno de los gendarmes adscritos al Comando Jaguares en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 

–Me vuelven a dejar sólo, viendo hacia un locker rojo en mal estado. Y sólo escuchaba que se burlaban de las cosas que traía en mi celular. Cuando regresaron al espacio, me preguntaron ¿Qué se siente ser joto? Y me acusaron de tener SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). 

Una retroexcavadora remueve del desagüe la basura que las familias y autoridades revisan a fondo con herramientas en busca de cualquier indicio, en una diligencia organizada por familiares de personas desaparecidas del Colectivo Uniendo Esperanzas Estado de México, realizada en el Gran Canal ubicado en Ecatepec, el municipio con uno de los mayores índices de delincuencia en México. 

Entre torbellinos de polvo y escombros de basura, integrantes del Colectivo Uniendo Esperanzas buscan rastros de sus familiares en una diligencia que durará cuatro meses. Verónica Rosas Valenzuela, quien  busca a su hijo Diego Maximiliano Rosas Valenzuela, secuestrado y desaparecido el 4 de septiembre de 2015, explica que como colectivo impulsaron la búsqueda, y solicitaron a la Comisión Nacional de Búsqueda que realizara una diligencia en el Gran Canal, pues, gracias a testimonios, tienen información de que Diego podría estar ahí.

Acusado de ordenar la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, la detención en México para efectos de extradición de Rafael Caro Quintero es la prioridad número uno de la agencia antinarcóticos, aun por encima de las capturas de El Mencho y el Mayo Zambada. El llamado Narco de Narcos es la obsesión que ha dominado a la DEA durante más de tres décadas y media.

La semana pasada, el juez Eric Vitalicio de la Corte del Distrito Este en Nueva York ordenó la confiscación y decomiso de cinco inmuebles que, dijo, pertenecen a Caro Quintero en el área metropolitana de Guadalajara. La corte alega que las propiedades, cuyos títulos están a nombre de Elizabeth Elenes de Caro y Héctor Rafael Caro Elenes, presunta esposa e hijo del capo, fueron adquiridas entre 1980 y 2015 con dinero del narcotráfico, cuando Caro Quintero dirigía el poderoso Cartel de Guadalajara.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este martes que la defensa de Alonso Ancira, antiguo dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), solicitó a un Juez el desbloqueo de las cuentas de su cliente, por ello, aclaró que se trata de “un procedimiento administrativo ajeno a la causa penal”, por lo que “se continuará el proceso que está en trámite en juzgados federales” para agotar todas las instancias.

Un Juez federal otorgó la primera suspensión provisional al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) al considerar que puede afectar los derechos humanos de los usuarios.

La Fiscalía General de la República (FGR) compró en 2019 y 2020 programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos, informó una investigación de El País.

En los últimos dos años la Físcalía firmó al menos cuatro contratos por 5.6 millones de dólares con Neolinx, firma mexicana vinculada a la venta de equipos de espionaje desde 2015 por su intermediación con la empresa italiana Hacking Team, señalada de haber sido una de las principales proveedoras de ciberespionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se acatarán las medidas del INE, como bajar las conferencias en donde habla sobre sus programas sociales −violando la veda de propaganda gubernamental−, aseguró que no le preocupa que las suspendan aunque siga hablando sobre el “partido conservador”.

“No pueden hacerlo porque es mi derecho de manifestación, es mi libertad y eso está por encima de cualquier otra disposición o de cualquier reglamento. No, imagínense, sería un golpe de Estado técnico,  ¿qué le molesta más a los del partido conservador, que podamos informar en las mañaneras?”.

Al concluir este año y desde que comenzó a trabajar en el Instituto Nacional Electoral (INE), en diciembre de 2011, Lorenzo Córdova Vianello habrá cobrado aproximadamente 24.2 millones de pesos netos, ya que el actual consejero presidente del INE, al igual que cada uno de los consejeros electorales, cuesta al erario más de dos millones de pesos anuales en salarios y prestaciones.

Sin embargo, a pesar de que Córdova Vianello reconoce que la remuneración de los consejeros electorales sí es elevada, asegura que ha ido a la baja en la última década, toda vez que su cuantía es un tema que tendrán que resolver los poderes Legislativo y Judicial. 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayuda a los reporteros que asisten a Palacio Nacional todas las mañanas: que no le pregunten temas que pudieran generar declaraciones que sean sancionadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), como sucedió ayer, cuando un video tuvo que ser bajado de las redes por ser considerado propaganda.

Sicarios atacaron con un supuesto dron con explosivos a policías del occidental estado mexicano de Michoacán, previo a la visita que Franco Coppola, nuncio apostólico en México, realizará por la zona para dialogar con víctimas del narcotráfico.

El Gobierno de Michoacán confirmó que dos agentes resultaron heridos en el ataque, ocurrido la noche del lunes en el poblado de El Aguaje, del municipio de Aguililla, aunque los detalles del hecho no fueron revelados.

Los partidos políticos postularon como candidatos a diputados federales a funcionarios que colaboraron en las administraciones de los exgobernadores César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge, detenidos y acusados en México y Estados Unidos por desvío de recursos, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Pero, además de los excolaboradores de los gobiernos de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, varios de los hoy candidatos fueron señalados directamente por las autoridades y han sido o son investigados por haber participado en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por el posible desvío y desaparición de casi 600 millones de pesos en el ISSSTE en 2017. El fraude se habría cometido utilizando las tiendas que dicho instituto poseía para ofrecer productos económicos a sus trabajadores, y eludiendo las reglas de contrataciones con el mecanismo de “La Estafa Maestra”.

La indagatoria, a cargo de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción de la FGR, se abrió a partir de una denuncia que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) presentó el pasado 19 de marzo en contra de los funcionarios que resulten responsables.

El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, encabeza el mayor número de postulaciones de candidatos a diferentes cargos de elección popular con más denuncias por violencia de género, con al menos 24 aspirantes de más de 70 políticos registrados por órganos electorales, reveló el monitoreo de candidaturas realizado por La Observatoria Ciudadana Todas Mx, integrada por 154 organizaciones y colectivas feministas.

Durante la presentación del proyecto de observación del cumplimiento del acuerdo firmado por partidos políticos y autoridades electorales #3de3VsViolencia en el proceso electoral 2021, Yndira Sandoval, coordinadora de la colectiva Las Constituyentes Ciudad de México, expuso que La Observatoria contaba con un registro de al menos 50 candidatos que habían incurrido en violencia de género, lista que fue incrementada considerablemente luego de que autoridades electorales de Chiapas informaran que 26 candidatos habrían violentado a mujeres, lo que los inhabilitaría para participar en el proceso electoral.

De nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de Félix Salgado Macedonio al reiterar que el pueblo de Guerrero es el que tiene que decidir sobre la candidatura del polémico político, acusado de violación sexual, y se manifestó en contra de la fabricación de delitos.

“Ya he hablado bastante sobre eso, ya está en manos del Tribunal, ya he expresado que es un asunto que se politizó. Hay elecciones, el actor principal o acusado es candidato a gobernador, entonces eso es lo que ha generado toda esta situación, básicamente”, expresó.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio entrada a los recursos interpuestos  por los exprecandidatos de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y de Michoacán, Raúl Morón, quienes buscan les sean restituidas las postulaciones, rechazadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ambos juicios podrían resolverse en una semana, dado que ya están en curso las campañas electorales en esas entidades. La ocasión anterior en que el TEPJF resolvió ambos asuntos y ordenó al INE volver a analizar y graduar las sanciones, los magistrados resolvieron en 8 días debido precisamente a la urgencia de los casos.