“Podría no se idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o casual entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos”, dice el amparo otorgado.
El Juez añadió que la creación del Panaut “no se aprecia cómo es que la entrega de esos datos personales, como excepción al principio de protección, podría influir de manera positiva en las actividades de seguridad pública que el Estado está obligado a desplegar e, incluso, no se entiende en qué medida se podría ver favorecida investigación y persecución del delito, pues la entrega de aquellos datos personales no constituye una condición necesaria para que las instancias respectivas investiguen más o mejor”, añadió.
El amparo fue otorgado por el Juez Segundo Especializad en Telecomunicaciones y Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, a un ciudadano identificado como Oscar González Abundis.
La medida sólo beneficiará este ciudadano, quien promovió el amparo, luego de que una reforma creó el Panaut.
Con este amparo, el quejoso no tendrá riesgo de perder su línea si no entrega los datos solicitados.
Será el próximo 27 de abril cuando el Juez defina si la suspensión es definitiva o no.
El pasado 13 de abril, el Senado de la República aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para crear el “Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil”.
El polémico dictamen obtuvo 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones.
El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil tiene el objetivo de contar con una base de datos de todos los titulares de celulares que esté a disposición de las autoridades de seguridad y justicia y que así sea más fácil combatir ciertos delitos. La ley establece un plazo de dos años para registrar a sus usuarios que ya tienen línea y entrará en vigor después de que el ejecutivo la promulgue.
Tras su aprobación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFetel) tendrá seis meses para diseñar las reglas del padrón. En caso de que alguna persona no se registre, perderá su línea celular.
Los celulares son un instrumento utilizado en algunos de los crímenes de mayor impacto en México, como extorsiones o secuestros, y en muchas ocasiones, las llamadas de los criminales se hacen desde las cárceles. Hasta el momento el Gobierno no ha logrado controlar de manera efectiva este servicio de telefonía.
Durante la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), del PAN, operó unos años un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, similar pero sin datos biométricos, que fue abolido por el Senado en 2011, cuando se descubrió que fue hackeado y estaba disponible en el mercado negro por unos 25 dólares.
En la administración siguiente, la de Enrique Peña Nieto (2012-2108), del PRI, tuvo lugar el escándalo de espionaje con el software Pegasus, un programa que el Gobierno compró, teóricamente, para perseguir a criminales pero con el que fueron infectados teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos críticos con el Gobierno. La investigación de este caso sigue abierta sin avances.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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