La ASSA reveló que en una notificación la aerolínea le pidió a la Justicia mexicana terminar “por fuerza mayor” los contratos colectivos de pilotos y aeromozos. Los despidos se sumarían a los 616 que la compañía aérea anunció el año pasado: ya serían 990 sobrecargos despedidos de cerca de dos mil 700 tripulantes que había antes de la pandemia. Aeroméxico reconoció que “no ha sido posible” llegar a un acuerdo con pilotos y sobrecargos mientras le urge reducir costos porque la fecha límite para acreditar este recorte y seguir optando por la línea de financiación es el 27 de enero.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló esta mañana que los cuñados del exmandatario Carlos Salinas de Gortari se benefician con los contratos que tiene el Gobierno federal por las prisiones privadas en el país, los cuales fueron entregados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Pasadas las 8 de la mañana de este miércoles 13 de enero, Ana, a quien llamaremos así para reservar su identidad, una residente del Hospital General de Ecatepec “Dr. José María Rodríguez”, tenía puesta ya su primera dosis de la vacuna COVID-19. En este hospital de la Secretaría de Salud del Estado de México ella fue seleccionada entre los primeros para recibirla en el arranque de la fase masiva de inmunización en los hospitales.

“Nos organizaron por grupos de mayor a menor nivel de riesgo por exposición y así nos van a ir vacunando a todo el personal del hospital desde este miércoles hasta el próximo viernes. A mí me avisaron antier que me tocaba este 13 de enero a las 8 de la mañana”, dice. 

Han transcurrido 40 meses desde que ocurrió el sismo del 7 de septiembre de 2017 y más de 200 damnificados ikoots de San Dionisio del Mar, Oaxaca, siguen sin vivienda. En su mayoría, viven en espacios improvisados y otros con familiares que les brindaron un refugio, mientras esperan que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) les otorgue un folio y una tarjeta con ayuda para la reconstrucción de sus viviendas.

Los afectados que en su mayoría forman parte de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar que viven en resistencia contra los proyectos eólicos, señalaron que la falta de un folio y de los recursos para la reconstrucción podría ser por la defensa de su territorio, porque denunciaron que desde hace tres años e inclusive el año pasado han solicitado la ayuda y las autoridades les dicen que sí, pero no llega.

El impacto de la pandemia de la COVID-19 durante 2020 fue diferente para el top de los más ricos frente al resto del país. Mientras de enero del año pasado a enero de 2021 el magnate Carlos Slim Helú vio su riqueza disminuida un 2.97 por ciento y el empresario Ricardo Salinas Pliego un 8.33 por ciento, el “rey del cobre” Germán Larrea Mota-Velasco se enriqueció un 65.16 por ciento más y la acumulación del otro minero Alberto Baillères González brincó un 56.52 por ciento en el mismo periodo, refieren datos de la lista de millonarios de Forbes.

Sin embargo, pese a las ligeras pérdidas o ganancias en tiempos de crisis global que ha provocado mayor pobreza regional, sus puestos en el podio nacional permanecieron intactos frente a 2020.

El abogado Juan Collado Mocelo tuvo influencias en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) que lo ayudaron a ocultar por años las causas judiciales por blanqueo de dinero en el extranjero -y que continúan abiertas-, según lo dio a conocer una publicación del diario español El País.

De acuerdo con los reporteros Joaquín Gil y José María Irujo, el exabogado de Enrique Peña Nieto, Presidente de México durante el sexenio 2012-2018, un informe confidencial de la Policía de Andorra al que tuvieron acceso detalló que la entonces Procuraduría mexicana habría hecho “maniobras” para que la justicia de la región española archivara el caso de Collado Mocelo en 2018.

Los organismos autónomos que no necesitan reforma legal, es decir, los que fueron creados por decreto del Ejecutivo Federal serán los primeros en ser revisados, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre la propuesta de su gobierno para que diversas secretarías absorban las funciones de estos órganos.

“Primero va a ser todo lo relacionado con acuerdos del Ejecutivo, lo que no requiera reforma legal y vamos a revisar cuántos organismos hay así, que significan duplicidades, gastos innecesarios, superfluos, para centrarnos en los fundamental. Luego ya vemos organismos autónomos creados por ley, cuántos hay y cuánto nos cuestan y si podemos trasladar las funciones de esos organismos a las dependencias existentes”, expresó en conferencia matutina.

Autoridades de seguridad capitalina informaron que el 2020 cerró con un decremento de 32.8% en los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, especialmente en los delitos cometidos a bordo de transportes públicos.

El resumen de la incidencia delictiva 2020, presentado por las autoridades, muestra que, a comparación del 2019, el robo a pasajero a bordo del metro fue el delito con mayor cambio porcentual (-72%). Le siguen el robo a negocio con violencia (-62%), robo a pasajero a bordo de microbús (-54%), robo a pasajero a bordo de taxi (-47%) y el robo a cuentahabiente (-45%).

Cinco personas, integrantes de una familia, fueron asesinadas a balazos la noche de este martes en una comunidad de Irapuato, Guanajuato.

Las autoridades informaron que las víctimas fueron cuatro mujeres y un hombre.

El ataque ocurrió dentro de un domicilio ubicado en la calle Anselmo Mosqueda, de la comunidad Carrizal Grande.

De acuerdo con medios locales, las cuatro mujeres y el hombre se encontraban dentro de la casa cuando varios sujetos armados ingresaron a la fuerza y los atacaron a balazos.

Exactamente una semana después de perdonarle un crédito fiscal de 9 millones de pesos, la justicia federal anuló hoy un oficio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que determinó un crédito fiscal de 16 millones 174 mil 75 pesos a Elba Esther Gordillo Morales correspondiente al año 2010, cuando la mujer era la todavía poderosa presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

Así, la poderosa exlideresa magisterial, quien estuvo en la cárcel durante prácticamente todo el sexenio de Enrique Peña Nieto –fue detenida el 26 de febrero de 2013 y liberada en agosto de 2018, apenas un mes después del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador –, obtuvo que la justicia le perdonara, de momento, 25 millones de pesos por presuntas irregularidades fiscales perpetradas cuando dirigía el sindicato más poderoso de América Latina.

La juez federal del distrito sur de la Florida, Lauren Fleischer, anunció la cancelación de la audiencia de extradición a México del exgobernador priista del estado de Chihuahua, César Duarte, acusado de saquear con miles de millones de pesos a la entidad que gobernó a lo largo de todo un sexenio.

La defensa legal de Duarte, exaliado y amigo del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, había estado usando cualquier tipo de mecanismos legales para intentar apelar y detener el proceso de extradición.

Tras la llegada ayer de un lote de más de 400 mil vacunas de la farmacéutica Pfizer al país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró que "prácticamente en todo el territorio nacional han llegado las vacunas" contra el covid-19.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario aseveró que “son buenos los resultados” del plan  llamado "Brigadas Correcaminos", implementado por las fuerzas armadas para distribuir el lote de vacunas a todas las entidades del país.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos voto a favor de iniciar un juicio político contra Donald Trump, lo que lo convertiría en el primer presidente en la historia en ser acusado dos veces en el Congreso, esta vez, por incitar a los disturbios en el Capitolio.

221 representantes demócratas y 10 republicanos votaron a favor del juicio. Mientras que 197 republicanos votaron por el no.

Donald Trump es “un peligro claro y presente”, dijo la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien instó este miércoles a destituir al mandatario saliente de Estados Unidos.

La plataforma YouTube, propiedad de Google, suspendió este martes por “al menos siete días” el canal del presidente estadounidense, Donald Trump, y suprimió uno de sus vídeos por vulnerar su política contra la incitación al odio.

“Dada la preocupación sobre el actual riesgo de violencia, hemos suprimido el nuevo contenido publicado en el canal de Donald J. Trump por violación de nuestras políticas”, escribió la plataforma de videos en un comunicado.

El canal del mandatario quedó “temporalmente inhabilitado para descargar nuevos contenidos por al menos siete días”, añadió YouTube.

Es una contradicción. El gobernante emanado del pueblo para el pueblo, está acabando poco a poco con los derechos obtenidos por la ciudadanía en los últimos 30 años.

Andrés Manuel López Obrador, el Presidente de la República, quien se sirvió de las denuncias de corrupción que en el pasado hicieron medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, ahora reniega de ellos. Quien defendió los derechos humanos de los mexicanos, los tiene cooptados. Y quien tanto arengó contra gobiernos centralistas, encabeza uno encaminado preocupantemente a eso y en grado superlativo.

El padre de una adolescente de 14 años, quien murió durante una segunda operación de extracción de pus en pulmones, tomó los brazos del doctor Francisco Navarro, otro sujeto lo agarró de las piernas y ambos lo arrastraron hacia afuera de la clínica privada “Torres”, ubicada en Cuautitlán, Estado de México. En recepción, otras personas también lo golpearon, lo patearon y lo insultaron. La mesa con el árbol de Navidad y revistas cayeron. Dos patrullas que pasaban por la calle se detuvieron y los llevaron al Ministerio Público. El médico, víctima de agresión, fue encerrado durante tres días acusado de presunto homicidio.

“Nosotros dijimos que si se limpiaba la empresa, si llegaban nuevos accionistas, gente responsable, estábamos dispuestos a aceptar que nos repararan el daño, que nos devolvieran los 200 millones de dólares siempre y cuando la FGR lo recomendara al Gobierno”, dijo el Presidente. La administración federal recibiría 50 millones de dólares, que “ya llevaríamos en qué los ocupamos”.

María de la Concepción Sibaja Ramírez acaba de pasar su sexto Año Nuevo separada de su familia, encarcelada por delitos que no le han probado y sin sentencia. El caso lleva tres años totalmente parado porque no se ha presentado el perito ni la supuesta víctima de tráfico de personas por la que se abrió la causa penal 131/2015, en manos del Juez Séptimo de Distrito en Oaxaca, y con la emergencia por la pandemia de COVID-19 se ve más lejano todavía que vaya a avanzar.

Pero está en la cárcel porque firmó una confesión. Sí, la firmó porque asegura que los elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) que la detuvieron la torturaron física, sexual y psicológicamente durante horas, la manosearon desde que la aprehendieron y la amenazaron con hacerle daño a sus hijos. Eso último, sobre todo, la dobló a aceptar lo que fuera.

Al menos 216 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México murieron en 2020 a causa de la pandemia de COVID-19, mientras que cerca de 2 mil 400 policías capitalinos contrajeron el virus. En promedio, nueve policías se contagian todos los días.

Datos oficiales de ambas instituciones obtenidos a través de solicitudes de transparencia por Animal Político, muestran que los decesos en las corporaciones capitalinas superan – hasta por tres veces en el caso de la fiscalía – a los de sus homólogas federales. Incluso las muertes superan a las registradas en el Ejército.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador; el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra; y Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dieron a conocer hoy los contratos por prisiones privadas por miles de millones que entregaron Felipe Calderón y Genaro García Luna. En resumen: se les pagarán enormes cifras, pero ni los edificios de las prisiones le pertenecen al Gobierno.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la Secretaria de Seguridad detalló que existen contratos con ocho centros penales privados: dos en Guanajuato, uno en Sonora, otro en Oaxaca, uno más en Durango, uno en Chiapas, el femenil de Morelos y uno en Michoacán.