En el estado de Puebla, uno de los focos rojos por linchamientos en México donde tan solo en lo que va de año ya se registraron nueve personas asesinadas en eventos de ajusticiamiento, el pasado domingo se sumó un nuevo caso: se trata de la abogada de 43 años Edmunda Adela Martínez, y de un hombre de 46 años identificado como Arturo. 

La mujer asesinada vivía en la región de Orizaba, en la zona montañosa de la zona centro de Veracruz, donde tenía una casa en el municipio de Ixhuatlancillo, y viajaba rumbo a León, Guanajuato, a visitar a una hija. 

Las secretarías de Salud (Sedesa) y de Seguridad Ciudadana (SSC), así como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), lideran la lista de servidores públicos contagiados por covid-19 en el gobierno de la ciudad, con un total de 786 casos confirmados y 410 defunciones en lo que va de la pandemia..

A esta cifra se sumó ayer la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de que informó en su cuenta de Twitter que, tras hacerse una prueba PCR la mañana del lunes 26, por la noche le informaron que el resultado fue positivo.

La Alianza Federalista de Gobernadores le tomó la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer los retó a preguntarle a sus habitantes si estarían de acuerdo en romper el pacto fiscal, pero que hoy, en su conferencia de prensa matutina y sin pregunta de por medio, atajó con un alegato de constitucionalidad.

La respuesta a los 10 gobernadores de la Alianza abarcó la parte presupuestal y se refirió principalmente al gobierno de Jalisco e incluyó un reto.

TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego registró una pérdida neta de 77 millones de pesos, según sus resultados financieros del tercer trimestre de 2020.

Lo anterior en comparación con una utilidad de 194 millones de pesos en el mismo periodo de 2019.

Los seis integrantes de la Guardia Nacional (GN) detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de una mujer que se manifestaba en la presa La Boquilla, en Delicias, Chihuahua, en septiembre pasado, fueron trasladados a una prisión Militar, adscrita a la Tercera Región Militar en Mazatlán, Sinaloa. 

Se trata del Teniente de Infantería José Luis “F”; el Sargento Segundo PM Bernabé “L”; el Cabo Conductor Omar “A”; el Cabo PM Rubel “L”; la Soldado PM Jaqueline “R” y la Soldado PM Nayeli “S”, de acuerdo con un documento oficial de la Guardia Nacional en poder de Animal Político.

El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos denunció que la compañía minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, opera «impunemente» en los territorios de los Valles Centrales de Oaxaca, sin que se haya resuelto el oficio presentado por los defensores para negar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto.

Los defensores explicaron que la decisión de presentar un oficio para negar la MIA de la minera se debió a que la empresa «pretende justificar 75 obras que han sido construidas sin autorización de las autoridades ambientales y prolongar el periodo de explotación de plata y oro por diez años más».

A partir de este día, más de 180 países colaboran en la búsqueda, localización y detención de Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, quienes se desempeñaron como titulares de la Secretaría General de la Policía Federal, en diferentes periodos del sexenio de Enrique Peña Nieto.

De a acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno mexicano solicitó a la Policía Internacional (Interpol), la emisión de una Ficha Roja por el delito de desvío de recurso.

La alianza histórica del Partido del Trabajo y el presidente Andrés Manuel López Obrador está fracturada. La crisis tuvo su episodio más reciente el pasado 20 de octubre, cuando seis senadoras y senadores del PT votaron en contra de la promesa electoral, convertida en instrucción presidencial, de extinguir 109 fideicomisos por un total de 68 mil millones de pesos.

Ese día, con el edificio del Senado bloqueado por exbraceros, víctimas de la violencia, defensores de derechos humanos, científicos y académicos afectados por la desaparición de fondos y fideicomisos, la actividad legislativa se trasladó a sedes alternas, y la sesión del pleno se llevó a cabo en la antigua casona de Xicoténcatl, resguardada por vallas metálicas y cientos de policías con escudos.

La Secretaria de Salud en Chiapas, abrió el martes un proceso jurídico “por secuestro de vacunas” contra trabajadores de la Subsección XI Villaflores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA) quienes mantienen un paro de labores desde hace varios días en la jurisdicción sanitaria de Villaflores y que afecta a seis municipios.

Desde el pasado lunes, dijo la Secretaría de Salud estatal, un grupo de trabajadores tomó las instalaciones distritales de manera arbitraria, con lo cual “se impide la distribución y aplicación de biológicos como la anti influenza, entre otros”.

Para evitar “trafiques” y mezcolanza del poder político con el de las grandes empresas farmacéuticas, el gobierno de México trabaja en un acuerdo de compra de medicamentos en el extranjero, a través del servicio y la asesoría de la UNOPS, agencia de las Naciones Unidas asesora en proyectos.

El objetivo, señaló hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es garantizar el abasto, obtener los insumos a los menores precios y combatir la corrupción.

Precisó que también se trabaja en una reforma legal al sector y pronto se hará un anticipo de 30 mil millones de pesos para la compra de medicamentos, vía UNOPS.

En el tercer trimestre del año Petróleos Mexicanos (Pemex) logró revertir sus pérdidas y obtuvo utilidades netas por mil 411 millones de pesos, cifra que se compra favorablemente contra las pérdidas del tercer trimestre de 2019 que fueron de 87 mil 858 millones de pesos, informó este mañana la empresa productiva del Estado.

En una conferencia telefónica para conocer sus resultados financieros al tercer trimestre del año, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que sigue siendo la empresa productiva más grande del país y continúa siendo el principal contribuyente de las finanzas públicas.

El Hospital General de Tijuana fue noticia otra vez esta semana. Entre el viernes 23 y el lunes 26 de octubre el edificio no tuvo energía eléctrica. Los apagones se presentaron durante horas cada día y la planta de luz que tienen para este tipo de emergencias, no fue suficiente para abastecer de energía a todo el hospital. De hecho, únicamente enciende para las áreas críticas.

Ese hospital fue convertido para tratar exclusivamente la COVID-19 desde el inicio de la pandemia en el primer cuatrimestre de este año. De hecho, se dedicó de manera exclusiva para pacientes con el nuevo coronavirus, en un acto de rebeldía de la dirección del hospital, pues junto con los médicos, se negaron a seguir recibiendo pacientes con otros cuadros médicos, no solo porque no podían atenderlos ante la emergencia sanitaria, sino porque el lugar significaba un foco de infección para aquellos pacientes que llegaran con afectaciones al corazón, o baleados, pues hasta antes de la emergencia de salud mundial el Hospital General de Tijuana atendía a los heridos por arma de fuego que semana a semana se cuentan por decenas.

Nunca -en la historia de la política no sólo nacional sino internacional-, un Presidente le había ofrecido disculpas públicas a un narcotraficante. Ni siquiera Virgilio Barco o César Gaviria con el todopoderoso Pablo Escobar durante los años dorados de “El Patrón” en Colombia. Hubiera sido aberrante e inaceptable. Una ofensa a las víctimas del crimen organizado, a su memoria, a sus familias. Habría significado un agravio histórico.

En el tercer trimestre del año Petróleos Mexicanos (Pemex) registró una caída en sus ventas de 31.8% en su comparación anual, al tiempo que una ligera ganancia en su rendimiento de 1,411 millones de pesos.

Las ventas ascendieron a 239,000 millones de pesos entre julio y septiembre, cuando el año pasado se ubicaron en 350,000 millones.

La caída de las ventas totales en el tercer trimestre se debió a una baja del 40.7% en las ventas nacionales y de 18.6% en las de exportación.

En los días recientes la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con instituciones financieras y de inteligencia del gobierno mexicano, concluyó una investigación sin que se haya detectado la adquisición irregular de propiedades o depósitos bancarios ajenos a los ingresos obtenidos como servidor público por parte del general Salvador Cienfuegos Zepeda, revelaron integrantes del gabinete de seguridad.

Altos funcionarios del gobierno mexicano refirieron que el ex titular de Sedena ni siquiera operaba sus teléfonos, ya que los aparatos estaban en manos de su ayudantía. Esto, porque supuestamente entre las pruebas en contra del militar detenido en Estados Unidos se menciona la obtención de mensajes de texto enviados a través de un aparato BlackBerry entre 2014 y 2017 que servirían para relacionarlo con un grupo delictivo surgido del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

En materia energética no es aconsejable que el sector privado abra más frentes de batalla, aseguró Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia, quien reconoció que el gobierno federal y la iniciativa privada no se están comunicando bien para fortalecer la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la inauguración de la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2020, el funcionario dijo que el mandatario tiene directrices claras como fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no endeudarse, no subir precios al consumidor y fortalecer la soberanía energética.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió esta mañana que no le va a entregar el presupuesto a los gobernadores, mucho menos a los que no aprobaron en su momento que se dieran becas y apoyos directos a la población. Y dijo que no se le debe nada a los 10 gobernadores que lo confrontan: “ni un peso”, aseguró.

No es la primera ocasión que un Gobernador amenaza con romper el pacto federal, pero salirse no es una cuestión rápida y sencilla cuando la mayoría de las entidades tienen problemas como una deuda alta –como es la situación de algunos de los estados que integran la Alianza Federalista– y con la dependencia que se tiene a las transferencias federales, que componen el 80 por ciento de sus recursos.

Hasta ayer, los mandatarios de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”; de Colima, José Ignacio Peralta, y Aguascalientes, Martín Orozco, informaron que ya analizan realizar una consulta ciudadana para saber si los habitantes de sus entidades desean abandonar el pacto federal. Además, Silvano Aureoles, de Michoacán, se sumó a la iniciativa de Jalisco, donde Enrique Alfaro afirmó por la mañana del martes que sí la llevará a cabo, esto en respuesta a la convocatoria del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En medio de la discusión de los 10 gobernadores de la Alianza Federalista con el Presidente Andrés Manuel López Obrador por salirse del pacto fiscal ante la falta de resolución de sus demandas respecto al presupuesto para 2021, el Secretario de Hacienda la calificó como “muy agitada” y expresó su aval por “una deliberación ordenada”. “Necesitamos tener los hechos claros”, escribió Herrera en Twitter y aseguró que el pacto actual “no fue establecido por esta administración, sino producto, fundamentalmente, de la reforma de 2007, impulsada por el entonces Presidente Felipe Calderón”, por lo que sorprende que sean miembros del PAN quienes cuestionen el formato.

De 3 mil 552 agencias del Ministerio Público que hay en todo el país, solo 177, menos del 5%, tienen alguna especialización en delitos contra las mujeres, reveló este lunes la Secretaría de Gobernación (Segob) en la conferencia mensual del Grupo Interinstitucional para atender violencias de género.

Solo 4.2% de agencias se especializa en perseguir delitos contra mujeres y 4.1% en violencia intrafamiliar, a pesar de que el segundo delito por el que más denuncias se presentan en todo el país, solo por debajo de los distintos tipos de robo, es la violencia familiar. Este año se han abierto 163 mil 868 carpetas de investigación por esta causa, que representan el 12% de todas las denuncias del fuero común, y muestran una tendencia de cinco meses al alza.