La Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General impuso la sanción, en cumplimiento con una sentencia del Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Familiares de víctimas de desaparición y defensoras de derechos humanos denunciaron hostigamiento por parte de autoridades municipales y ministeriales como resultado de la exigencia para que busquen en dos presuntas fosas clandestinas a personas víctimas de desaparición forzada.

En la última semana, dos familiares de víctimas de desaparición han sido aprehendidos por policías municipales y ministeriales sin que se les lograra fincar ningún delito. Integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), que acompaña a las víctimas, alertaron sobre posibles represalias y señalaron como responsable a la fiscalía general.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barilla, designó a tres funcionarios acusados de tortura y alteración de  expedientes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y señalados por actos de corrupción y presuntos nexos con el narco, como responsables de la investigación del caso Ayelín, la adolescente de 13 años asesinada en Tixtla.

Reacio a la rendición de cuentas y a la colaboración con expertos internacionales, defensor a “ultranza de la relativa autonomía de las Fuerzas Armadas” y presto –motu proprio y por interpósitas personas– a descalificar a víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, son algunas de las actitudes que mantuvo el general Salvador Cienfuegos Zepeda frente a escándalos por violaciones graves a derechos humanos cometidos por personal castrense durante su gestión al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sostiene Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). 

En 2019 las fiscalías del país reportaron la resolución de más de un millón de carpetas de investigación abiertas por denuncias de víctimas de algún delito, desde robos o extorsiones, hasta homicidios. Pero, en promedio, solo 1 de cada 10 de esos casos fue enviado ante un juez para proceder contra el probable responsable.

A las denuncias restantes, los agentes del Ministerio Público les dieron carpetazo sin esclarecer lo sucedido, la mayor parte de ellas enviándolas a un archivo “temporal” hasta que pase algo que permita retomarlas. En otros casos se concluyó que no había indicios para proceder en contra de alguien, o se decidió simplemente no continuar con las indagatorias.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) tiene 12 fideicomisos en los que a la fecha hay un saldo disponible de 17 mil 639 millones 257 mil 453 pesos que no se aprovechan, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Dichos instrumentos financieros tienen como fideicomitentes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La Cámara de Diputados aprobó, en sus términos, el dictamen a la minuta en la que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de Consulta Popular, presentada por el Presidente de la República, y se expide la convocatoria para este proceso que se realizará el domingo 1 de agosto de 2021.

Con 272 votos a favor, 116 en contra y cero abstenciones, se avaló el documento y fue remitido para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y se pidió notificar al Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes. En él se determina que la materia de Consulta Popular cumple con el requisito de trascendencia nacional que dispone el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular.

Cuatro personas fueron ejecutadas por un comando armado en la carretera federal Nautla-Martínez de la Torre, al amanecer de este jueves.

El reporte preliminar de la Fiscalía General del Estado (FGE) expone que un taxista y tres pasajeros fueron emboscados por un grupo de la delincuencia organizada en el municipio de San Rafael.

En el balance de Nacional Financiera (Nafin) se custodia un fideicomiso con recursos por más de 50 mil millones de pesos que durante los gobiernos priistas y panistas se usaron para otorgar contratos transexenales y prorrogables a cinco empresas extranjeras, cuyos servidores concentran información estratégica sobre el ingreso de mercancías por las aduanas.

Se trata del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), calificado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como un instrumento con “disponibilidad excesiva de ingresos”, además de que su administración es discrecional y poco transparente.

La inflación tuvo un incremento de 0.54% en la primera quincena de octubre respecto a la quincena anterior, lo que colocó a la inflación anual en 4.09%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el mismo periodo de 2019, las cifras fueron de 0.40% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de 3.01 por ciento anual.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala convocó a la campaña de difusión «El PIM no es desarrollo, es despojo y destrucción» para informar de manera extensiva las afectaciones del Proyecto Integral Morelos en la vida comunitaria y el medio ambiente.

El FPDTA explicó que la campaña es para difundir «por qué la termoeléctrica no es un proyecto de desarrollo para los pueblos y la población en general y, en cambio, es un proyecto diseñado para los ricos, un proyecto que abaratará los costos para la producción de mercancías, pero no abaratará las mercancías, ni la luz, ni el gas, ni incrementarán los sueldos».

“No vamos a ceder en este asunto”, dijo el mandatario luego de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que suspendió, de forma provisional, la nueva política la Secretaría de Energía que limitaba la producción eléctrica renovable de los privados. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, dijo el miércoles que descarta iniciar nuevos proyectos en México si el Gobierno del país no quiere que siga invirtiendo allí.

La ley de Ingresos 2021 pasó factura a los estados y municipios al aprobar una Recaudación Federal Participable (RPF) menor a la del 2020 en 42,000 millones de pesos.

"Los estados van a verse muy afectados. La Recaudación es inferior a la que se había estimado en la Ley de Ingresos anterior, entonces esta ley que se aprueba es un golpe a las entidades federativas, las participaciones federales se reducen", detalló Mario Di Costanzo, experto económico y extitular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

A poco más de dos meses de concluir su gestión al frente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther es una de las figuras relevantes de Sí por México, una iniciativa ciudadana que tiene entre sus objetivos incidir en las elecciones de 2021 mediante propuestas que plantearán a partidos políticos como Morena, aseguró el empresario y negó que este movimiento sea el Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Orador (FRENA) 2.

Con una nueva disposición oficial habrá libre acceso a las playas en México para los pobladores de ciudades en la costa y se evitará que esas zonas se sigan privatizando, aseveró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ahora ya no se permitirá que se sigan entregando las playas. No hemos entregado playas desde que estamos aquí. No hay privatización de las playas y que se recuperen las que se puedan”.

López Obrador publicó el miércoles un decreto en el Diario Oficial de la Federación para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas de México.

A tres días de que concluyera el plazo para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas de 1944 con Estados Unidos, México alcanzó un acuerdo con ese país para saldar el adeudo de agua de presas internacionales para consumo humano y disponer de líquido por “razones humanitarias” en caso de emergencia o "sequía severa", informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En la conferencia matutina, destacó que hay reserva para garantizar el agua a las ciudades fronterizas, tras cuestionar la actitud “poco responsable, politiquera” que asumieron las autoridades de Chihuahua para ir en contra del tratado.

Alfonso Durazo, actual titular de la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que durante la administración del expresidente Vicente Fox Quesada, México subió su nivel de corrupción, pues pasó de posicionarse en el lugar 53 del ranking mundial de corrupción al número 70.

Mediante su cuenta de Twitter, Durazo contestó a los ataques que hizo el día de ayer el exmandatario mexicano al mencionar que Durazo dejaba la Secretaría por “rata” y “fracasado”.

De 80 auditorías realizadas a los fideicomisos activos en 2018, el último año de la administración federal de Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) envió a las autoridades 97 acciones referentes a una mala rendición de cuentas, incumplimientos en los procesos para disponer y aplicar los recursos e incumplimiento en los procesos de adjudicación de contratos, así como fallas en la ejecución de éstos.

Este documento de la ASF fue presentado ayer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, luego de de las protestas que surgieron contra legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, y contra el el propio Gobierno de la llamada 4T, por aprobar la extinción de 109 fideicomisos.

Organizaciones civiles pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador no contribuir a la estigmatización de la labor periodística, ya que la violencia en contra de la prensa mexicana se ha incrementado en los últimos meses.

A través de una carta firmada por Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), solicitaron al mandatario moderar las declaraciones que hace sobre reporteros y periodistas, ya que éstas provocan ataques de odio provenientes de civiles o funcionarios.

Tres edificios de instituciones nacionales  han sido tomados en los últimos meses por personas inconformes con la actuación de los organismos en los temas que les corresponden. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), desde el 17 de febrero; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el 4 de septiembre; y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), desde el pasado 12 de octubre.

En los tres casos, las autoridades han publicado comunicados asegurando que están abiertas al diálogo. Y también en los tres casos, los inconformes se han quejado de que esos comunicados solo aparecen en internet, pero los titulares de las dependencias no se paran ahí a escucharlos ni demuestran un compromiso real para atender sus demandas. Por lo que no han anunciado que tengan intenciones de moverse.