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Defienden a manifestante exhibido por Morena: asegura que tiene que emigrar

Políticos de oposición salen a defender a Edson Andrade, luego de que su información personal fuera publicada en redes por Luisa María Alcalde.

Edson Andrade, uno de los líderes de los manifestantes de la Generación Z del sábado 15 de noviembre, dijo que tiene que salir del país tras filtración de sus datos personales por parte Morena: “Ya no sólo soy blanco del gobierno, también del crimen”. 

El creador de contenido Edson Andrade anunció este martes su salida del país, luego de que información personal sensible, como su dirección, CURP, RFC y clave de elector, fuera publicada en redes desde la cuenta de Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena. 

El documento difundido incluía también detalles sobre un contrato por más de 2 millones de pesos con el PAN.

A través de un video y un mensaje en X, Andrade afirmó que su decisión responde a motivos de seguridad. “La persecución de la presidenta @Claudiashein en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy me veo obligado a abandonar mi hogar… y mi país”, escribió.
El creador acusó que, además de exponer información sensible, desde el oficialismo se construyó una narrativa falsa sobre supuestos “millones” en sus cuentas. “Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen”, sostuvo.

“BUSCAN CRIMINALIZARME POR TRABAJAR”

En un video de más de cuatro minutos, Andrade aseguró que el contrato hecho público por Luisa Alcalde “nada tiene que ver” con sus opiniones políticas personales. Señaló que forma parte de un equipo de jóvenes dedicados a la producción de contenidos institucionales y que los pagos no son exclusivos para él.
“Buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo y tampoco realizo solo”, dijo.

Subrayó que la publicación de sus datos lo deja vulnerable: “Me duele profundamente tener que dejar a mi familia y a mi hogar, pero qué opción tengo. Denunciar que hayan puesto a disposición del crimen mis datos… Si hoy la fiscal es la hermana de la presidenta del partido en el poder, sé perfectamente qué destino tendría esa denuncia”.

En su mensaje, agregó que no es funcionario ni hijo de políticos o empresarios: “Solo soy un joven que vino desde abajo y, cansado de un país sometido a la violencia y la corrupción, alzó la voz. Ese fue mi gran crimen”.

UN CONTRATO Y UNA MARCHA

La confrontación escaló tras la marcha del 15 de noviembre, convocada bajo la etiqueta #15N, en la que Andrade fue uno de los principales promotores. Desde X, TikTok e Instagram llamó a una participación “orgánica” y “apartidista”, enfatizando que se trataba de un movimiento juvenil sin financiamiento político.

Sin embargo, la movilización terminó con actos vandálicos, resultando en 100 policías y 20 civiles lesionados, además de 29 detenidos. Dos días antes  de la marcha, Miguel Elorza, coordinador de Infodemia del gobierno federal, había insinuado que la convocatoria tenía “injerencia opositora” y utilizó publicaciones de Andrade como ejemplo.

El 18 de noviembre, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, difundió en X un contrato de seis páginas que vinculaba a Andrade con el PAN CDMX, por un monto de 2 millones 106 mil 810 pesos, distribuidos en pagos mensuales hasta enero de 2026. El documento incluía su domicilio, RFC, CURP, clave de elector y otros datos sensibles que no fueron censurados. 

Alcalde presentó la información como prueba de que la marcha no era apartidista, y acompañó su publicación con una frase irónica hacia el PAN: “Qué coincidencia, esto después de que el propio Jorge Romero dijo que a la oposición solo le faltaba la violencia”.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la revelación como “muy interesante” durante su conferencia del 19 de noviembre expuso fotografías de Andrade y la información mencionada por Alcalde. 

PAN ASEGURA QUE NO ESTÁ RELACIONADO

El presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, rechazó que Edson Andrade haya incurrido en una falta al trabajar para su partido y recriminó al gobierno por exhibir sus datos personales. “El contrato lo tiene desde hace un año y para fines de otro tipo, me parece que los tiene hasta con legisladores de su partido, de Morena. ¿Un joven ya no puede hacer nada más? ¿Ya no se pueden manifestar por ser panistas? Tienen todo el derecho constitucional”.
La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez, defendió el contrato en MVS Noticias al día siguiente, argumentando que se trata de una relación profesional “legal y transparente”. Aseguró que Andrade no es militante, sino un prestador de servicios con trabajo previo en estrategia digital.

A la par, resurgieron videos antiguos del creador participando en un spot de campaña de Xóchitl Gálvez en Hidalgo y su intento de registrarse como concejal en Miguel Hidalgo por el PRI en 2024, antecedente rechazado por el INE. También se recordó su participación en protestas contra la reforma judicial y la toma del Senado ese mismo año.

Jorge Triana también levantó la voz para defenderlo y asegurar que pese a que lo intentó,nunca logró que Andrade se afiliará al PAN, incluso aseguró que el joven también mantiene contratos con MORENA.
difundir datos personales sin consentimiento viola la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, además de colocarlo en situación de riesgo.

Andrade insistió en esa línea: “Podrán sacarme de mi casa, podrán sacarme del país, pero no podrán sacarme de la causa. Yo no me voy vencido, me voy para seguir luchando”, remató.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Jueces procesan a 3 detenidos en marcha de Generación Z; dan prisión preventiva a 5

De las 29 personas detenidas durante la denominada marcha de la Generación Z, 10 fueron remitidas al juzgado cívico por provocar lesiones que tardan en sanar menos de 15 días.

Ocho de las 18 personas detenidas por la violencia que se desató en la denominada marcha de la Generación Z del sábado fueron trasladadas el martes al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se espera que sean presentadas ante un juez de control. Tres de los detenidos están siendo procesados y cinco más recibieron la medida de prisión preventiva.

Hasta este momento, Daniel, de 20 años, José Luis, de 22 años, y Enrique N, han sido vinculados a proceso por el delito de tentativa de homicidio, pero seguirán su proceso en libertad, ya que los jueces de Control determinaron como medida cautelar la firma periódica cada 15 días.

Por su parte, cinco personas que responden a los nombres de Sergio, Brian, José Enrique, Eduardo y Brayan, solicitaron la duplicidad del término, por lo que permanecerán en prisión preventiva.


Según la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) que sigue el caso por el delito de homicidio en grado de tentativa, Miguel Ángel D, el elemento del Sector Alameda que fue agredido en la marcha de la Generación Z, narró lo dicho por los manifestantes del bloque negro.
"Te vamos a matar puto policía de mierda, les sirves a la izquierda, pinche ojete vendido, vas a morir esbirro del Gobierno", se lee en el documento. "Vas a morir por culpa de Claudia, ojete "(sic), añadieron los agresores del policía.
"Pensaba que me matarían, ya que no pude defenderme, y quedé totalmente indefenso ante mis agresores. Al sentir que moría, comencé a gritar a mis compañeros por ayuda, por lo que al estar en el piso me percato de que llegan tres de mis compañeros en mi auxilio", declaró Miguel Ángel D como parte de su denuncia.


La titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde Luján, comunicó el lunes que 29 personas fueron detenidas en flagrancia durante la manifestación que se llevó cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CdMx) por delitos como tentativa de homicidio, resistencia de particulares, robo y lesiones en distintos grados.

No obstante, 10 personas fueron remitidas al juzgado cívico debido a que las lesiones que le provocaron a los policías tardan en sanar menos de 15 días y esto no está tipificado como delito, sino como faltas cívicas. En este sentido, los casos fueron sobreseídos y las personas fueron puestas en libertad.

La Fiscal también detalló que, de los detenidos restantes, una persona menor de edad fue remitida a la Fiscalía Especializada de Justicia para Adolescentes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tras marcha de ‘Generación Z’, 18 personas fueron acusadas por diversos delitos; están en Reclusorio

Después de la marcha de la “Generación Z”, llevada a cabo el sábado 15 de noviembre de 2025, al menos 18 personas fueron acusadas por su probable participación en delitos como tentativa de homicidio, lesiones y resistencia de particulares, según informó, el día 17 del mismo y año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Las autoridades capitalinas realizaron un balance de las agresiones registradas en la plancha del Zócalo, en la que algunos integrantes del llamado “Bloque Negro” derribaron las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital de la República dio a conocer que abrió investigaciones en contra de agentes de dicha institución, luego de que se determinaron posibles violaciones al protocolo de actuación policial.

“En siete de estas 18 investigaciones, incluyendo casos de presuntas agresiones a miembros de la prensa, el personal involucrado será suspendido temporalmente hasta en tanto concluyen las investigaciones”, refirió Pablo Vázquez, titular de la SSC.

Las 18 personas que hasta ayer permanecían detenidas fueron trasladadas al Reclusorio Norte, tras permanecer en resguardo en una agencia del Ministerio Público de la Alcaldía Cuauhtémoc.

“Serían tres casos en los cuales se presentarían cargos por tentativa [de homicidio], tenemos cinco casos por el caso de resistencia por parte de particulares, dos casos por lesión y ocho por lesiones”, detalló la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Artículo 19 documenta 13 agresiones a periodistas en protestas de Generación Z

La organización reportó agresiones en CDMX, Michoacán y Jalisco, al tiempo que pidió sanciones.

La organización Artículo 19 informó que ha documentado al menos 13 agresiones contra periodistas ocurridas durante las protestas del pasado sábado 15 de noviembre, presuntamente cometidas tanto por integrantes de las manifestaciones como por elementos policiales en distintas entidades del país.

De acuerdo con la organización, las agresiones se distribuyen de la siguiente manera:

Ciudad de México: 6;
Michoacán: 6; y,
Jalisco: 1.

A través de sus redes sociales, la organización señaló que estas agresiones afectaron principalmente a fotoperiodistas y reporteros que cubrían los enfrentamientos registrados durante las movilizaciones.

“Artículo 19 está documentando al menos 13 agresiones contra la prensa, provocadas tanto por integrantes de la manifestación como por policías en el marco de las protestas del sábado 15 de noviembre”, señaló la organización.

La agrupación defensora de la libertad de expresión reconoció las expresiones de solidaridad de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia los fotoperiodistas agredidos, pero llamó a dar seguimiento a los compromisos de investigar y sancionar a los funcionarios públicos que no aplicaron los protocolos de actuación policial y que, en consecuencia, limitaron el ejercicio del derecho a la libertad de prensa.

“Reiteramos la importancia del derecho a la protesta y de la cobertura periodística de ésta, así como la necesidad de que las fuerzas del orden sigan implementando sus protocolos en contextos de manifestaciones y reuniones”, añadió Artículo 19.

Durante las protestas del sábado, registradas en diversas ciudades del país, se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad, así como agresiones físicas a comunicadores que cubrían los hechos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Más de 50 medios comunitarios e indígenas enfrentan censura y criminalización

Van a Tribunal Electoral de Veracruz y señalan afectaciones al ejercicio periodístico.

Luego de asistir a una audiencia de alegatos en el Tribunal Electoral de Veracruz, representantes de medios comunitarios e indígenas dieron una conferencia de prensa donde expresaron que enfrentan un proceso de criminalización y censura por ejercer su libertad de expresión.

Informaron que más de 50 medios comunitarios e indígenas de diversos estados enfrentan una nueva modalidad de censura en México, a través del uso distorsionado de la figura de la Violencia Política en Razón de Género que limita el debate público y la opinión crítica, lo que genera un precedente peligroso para el ejercicio periodístico.

Explicaron que por dar cobertura informativa a un tema de interés general sin menoscabar los derechos político electorales de nadie, sin usar adjetivos, sin denigrar a ninguna mujer, y por expresar una opinión en un caso de censura contra un medio comunitario de Veracruz, estos medios comunitarios e indígenas son acusados también de ejercer la Violencia Política en Razón de Género.

Añadieron que la situación es tan absurda para los medios comunitarios y periodistas que no pueden nombrar a la persona que les acusa porque la ley califica ese hecho como una revictimización.

Además, leyeron una carta abierta dirigida a las y los magistrados Tania Celina Vázquez Muñoz, Claudia Díaz Tablada y Gilberto Constituyente Salazar, donde les piden que garanticen el ejercicio pleno de la libertad de expresión, en especial para medios comunitarios e indígenas; revisar el caso con perspectiva de derechos humanos y reconocer el papel de estos medios para la vida democrática del país.

Entre las organizaciones y medios comunitarios demandados, estuvieron presentes en la audiencia de alegatos Canto de Cenzontles, Ojo de Agua Comunicación, Radio Teocelo, Radio Tsinaka, Redes por la Diversidad Equidad y Sustentabilidad y La Coperacha.

FUENTE: LA COPERACHA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncian censura y criminalización de la BUAP contra pueblos cholultecas

Pueblos de la región cholulteca denunciaron la censura, criminalización y amenazas a estudiantes por parte de las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y su Facultad de Filosofía y Letras, luego de que éstas suspendieron un conversatorio sobre la defensa del agua tras asegurar que las personas y organizaciones que asistirían «andan incitando a la violencia» y realizan «actos vandálicos y amenazas de muerte».

En un comunicado, los pueblos y colectivos cholultecas informaron que el conversatorio «La Autonomía de los Pueblos contra el despojo y la contaminación del capital. La lucha de los Pueblos de la región Cholulteca en defensa del Agua», programado para el 13 de octubre en el Colegio de Antropología Social, fue suspendido con una solicitud en la la institución se deslinda «de cualquier tipo de responsabilidad presente o futura hacia los estudiantes», pues con el evento se les exponía «tanto en su integridad física, psicológica, legal».

El documento oficial de la BUAP añade que «en caso de que los estudiantes quisieran apoyar este tipo de movimientos, hacerles saber que actuarán bajo su más estricta responsabilidad deslindando a esta casa de estudios», párrafo que, aseguraron los pueblos, «da cuenta clara de que la solicitud proviene de representantes académicos de la BUAP, del Estado y sujetos que han promovido la división en los pueblos, como es Héctor Flores Santamaría», quien firmó la solicitud.

«Denunciamos que estas posturas favorecen, promueven, legitiman y justifican la represión a los pueblos y abonan al ambiente de criminalización que padecemos como comunidades. […] Peligrosos son quienes, desde un lugar de poder como es la dirección de la BUAP, nos señalan como violentos; somos pueblos que defendemos nuestros derechos, que ejercemos nuestra autonomía y que luchamos por la vida», reclamaron las comunidades y colectivos cholultecas.

Agregaron que las prácticas de las autoridades de la BUAP no les extrañan debido a la institución «ha sido cómplice del ecocidio» en la región, pues fue utilizada por el ahora gobernador, Alejandro Armenta Mier, para avalar «científicamente» que el basurero intermunicipal Calpan-Cholula no contaminaba el medio ambiente.

«De la misma forma, la actual rectora, Lilia Cedillo, se alquiló para hacer proselitismo en el municipio de Juan C. Bonilla. No nos extrañan estas actitudes de parte de la BUAP hacia los pueblos, pues en septiembre de 2024, en el Coloquio Internacional e Interdisciplinario de Género y Feminismo, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras, la voz de las compañeras fue censurada en sus plataformas virtuales», denunciaron en el comunicado.

Frente a la criminalización y censura por parte de la institución, los pueblos anunciaron que el conversatorio se realizará en el campamento contra el basurero y en defensa del agua y la vida en Cholula, este 11 de octubre a las 12:00 horas, pues aseguran que es un espacio «más crítico, libre y rebelde».

«No necesitamos al gobierno y sus instituciones, no necesitamos una educación que amenaza, adormece y corrompe la voluntad y el pensamiento; nos necesitamos a nosotros, la gente sencilla y humilde que en la práctica y los hechos derrumbará esa pirámide y sobre sus ruinas construirá un mundo para el bien común», finalizaron los pueblos cholultecas.

COMUNICADO:

A Los estudiantes

A los medios de comunicación

A los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes

A los compañeros y compañeras que luchan por la vida

En el marco de la lucha y defensa del agua y de las jornadas contra la Guerra hacia los pueblos zapatistas y la defensa del común, los pueblos de la región Cholulteca y estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (#BUAP) organizamos un conversatorio en el Colegio de Antropología Social que forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta actividad, que lleva por título: «La Autonomía de los Pueblos contra el despojo y la contaminación del capital; La lucha de los Pueblos de la región Cholulteca en defensa del Agua», se programó para el día lunes 13 de octubre a las 12:00 horas en el Colegio de Antropología Social con la finalidad de compartir entre los estudiantes la resistencia, la organización comunitaria y la preservación y cuidado de la tierra y la vida.

Sin embargo, el día 7 de octubre, la Dra. Josefina Manjarrez Rosas, Directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, y el Dr. Porfirio Sánchez Méndez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, enviaron y difundieron el oficio CGUTAI-852/2025 con la solicitud 610/2025. Dicho documento, proveniente de la Plataforma Nacional de Transparencia con fecha 2/10/2025 a nombre de Héctor Flores Santamaría, folio: 210447925000610, indica la solicitud de la suspensión de dicho evento. La «solicitud» que en documento se plantea como tal, pero que en los hechos es dirigida y difundida por la directora y el titular de la Unidad de Transparencia como orden, señala, entre otras cuestiones, que las personas y organizaciones que asistirán a dicho evento «andan incitando a la violencia», además de realizar «actos vandálicos y amenazas de muerte». Más adelante, el documento indica: «en caso de llevarse a cabo una plática o conversatorio o reunión nos deslindamos de cualquier tipo de responsabilidad presente o futura hacia los estudiantes […] Ya que se busca que no se vaya a exponer a los estudiantes tanto en su integridad física, psicológica, legal y además en caso de que los estudiantes quisieran apoyar este tipo de movimientos hacerles saber que actuarán bajo su más estricta responsabilidad deslindando a esta casa de estudios». Este último párrafo, además de las graves amenazas y la violencia implícita hacia los estudiantes, da cuenta clara de que la solicitud proviene de representantes académicos de la BUAP, del Estado y sujetos que han promovido la división en los pueblos como es Héctor Flores Santamaría.

Como pueblos organizados en defensa de la autonomía, la tierra y la vida, analizamos la terrible y preocupante situación de violencia generada, promovida y difundida por la institución de la BUAP ante sus estudiantes y planta académica, que se sigue dando en el marco de unas elecciones de rectoría muy cuestionables donde la Dra. Lilia Cedillo Ramírez se impuso nuevamente a través de estas mismas prácticas de represión y criminalización.

A los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes no nos extrañan estas prácticas, pues sabemos que la institución de la BUAP ha sido cómplice del ecocidio en nuestra región, pues fue utilizada por el criminal priísta que hoy es gobernador por MORENA, Alejandro Armenta Mier, para decir que la Universidad avalaba científicamente que el basurero intermunicipal Calpan-Cholula no contaminaba el medio ambiente. De la misma forma, la actual rectora, Lilia Cedillo, se alquiló para hacer proselitismo en el municipio de Juan C. Bonilla. No nos extrañan estas actitudes de parte de la BUAP hacia los pueblos, pues en septiembre de 2024, en el Coloquio Internacional e Interdisciplinario de Género y Feminismo, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras, la voz de las compañeras fue censurada en sus plataformas virtuales.

Denunciamos que estas posturas favorecen, promueven, legitiman y justifican la represión a los pueblos y abonan al ambiente de criminalización que padecemos como comunidades. Sabemos de la postura con tendencia fascista que se está generalizando en los gobiernos del mundo y que permiten que la guerra sea contra los pueblos; lo vemos de manera clara en el genocidio en Palestina y no vamos a permitir que crezca y se fortalezca ese discurso en contra de nosotros. Peligrosos son quienes, desde un lugar de poder como es la dirección de la BUAP, nos señalan como violentos; somos pueblos que defendemos nuestros derechos, que ejercemos nuestra autonomía y que luchamos por la vida.

¿Qué tipo de egresados de la BUAP esperamos si institucionalmente se promueve el racismo y el autoritarismo?

Los pueblos, desde hace siglos, hemos construido y defendido nuestra autonomía, algo de lo que carece esta institución. Las comunidades, como quiera, vamos a seguir luchando y resistiendo el embate del gobierno y sus estructuras de poder.

Lo que sí debería indignar a toda la sociedad es el trato inhumano y represor que esta institución promueve y reproduce entre sus estudiantes y planta docente.

Los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes les hacemos un llamado a todos los estudiantes a organizarse, a seguir defendiendo el pensamiento crítico y la lucha por la libertad porque el día de mañana serán ustedes los que, junto con nosotros, transformen la realidad para el bien común.

En este sentido, los invitamos al conversatorio: «La autonomía de los pueblos contra el despojo y la contaminación del capital; La lucha de los pueblos de la región Cholulteca en defensa del agua». Pero ya no en el auditorio Néstor García Canclini del Colegio de Antropología Social de la BUP (ya le quitamos la A), sino en un espacio más crítico, libre y rebelde: en el campamento contra el Basurero y en defensa del agua y la vida. Y ya no será el día 13 de octubre del año en curso, sino el sábado 11 de octubre a las 12:00 hrs.

No necesitamos al gobierno y sus instituciones, no necesitamos una educación que amenaza, adormece y corrompe la voluntad y el pensamiento; nos necesitamos a nosotros, la gente sencilla y humilde que en la práctica y los hechos derrumbará esa pirámide y sobre sus ruinas construirá un mundo para el bien común.

Sin más por el momento…

AUTONOMÍA, TIERRA Y LIBERTAD

A 8 de octubre de 2025

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

UNIÓN DE PUEBLOS CONTRA EL BASURERO Y EN DEFENSA DEL AGUA

CONSEJO CIUDADANO DE XOXTLA Y SUS ALREDEDORES

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gutiérrez Luna desiste de su queja contra consejeros del INE

El caso se remonta a una sesión del Consejo General en 2021 en la que una mayoría de seis consejeros –incluyendo a su entonces presidente, Lorenzo Córdova– decidió posponer temporalmente la organización de la consulta sobre la revocación de mandato.

Una vez más, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna trató de corregir el rumbo de una polémica que le salió de las manos y exhibe su talante autoritario: escasas semanas después de obligar a una usuaria de X a pedir disculpas públicas durante 30 días por señalar un caso de nepotismo que lo involucra, el legislador tuvo que pedir este martes al Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) que desista del procedimiento sancionador lanzado por ese organismo contra tres integrantes del Consejo General actual, a raíz de una queja que él presentó hace más de tres años.

“Es dable desistir de aquella queja de hace 4 años que ya no tiene relevancia, lo que implicaría que ya no se continuara con el análisis o trámite de fondo de la queja en comento”, planteó el legislador en una carta dirigida a Víctor Hugo Carvente Contreras, el titular del OIC del INE.

El caso remonta a una sesión del Consejo General del INE que se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2021, en la que una mayoría de seis consejeros –incluyendo a su entonces presidente, Lorenzo Córdova Vianello– decidió posponer temporalmente la organización de la consulta sobre la revocación de mandato.

Justificaron su decisión con el argumento de que el recorte presupuestario de cerca de 4 mil millones de pesos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Cámara de Diputados habían impuesto al INE para el año siguiente haría imposible organizar una elección en los términos requeridos por la ley

El acuerdo del INE provocó una reacción airada de López Obrador y de Morena, que no duró mucho: apenas una semana más tarde, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo y dio luz verde para la elección, ideada e impulsada por el expresidente. La consulta se llevó a cabo el 10 de abril de 2022: como era de esperarse, tuvo una tasa de participación muy baja –apenas el 17.77%–, y el 91.36% de los votantes puso en la urna la boleta “Que siga (López Obrador) en la Presidencia de la República”.

Sin embargo, en un hecho inédito, días después de la sesión del Consejo General, Sergio Gutiérrez Luna, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y una queja ante el OIC del INE contra los seis consejeros que votaron a favor del acuerdo, y contra el entonces secretario ejecutivo del árbitro electoral, Edmundo Jacobo Molina.

El día siguiente, el Consejo General del INE condenó en bloque el ataque de Gutiérrez Luna contra seis de sus miembros por una decisión tomada de manera colegiada; señaló que existen vías institucionales, como el TEPJF, para cuestionar sus decisiones.


La queja quedó en el olvido durante cerca de cuatro años, hasta que, en febrero pasado, el OIC volvió a abrir el expediente de manera misteriosa, y decidió realizar nuevas diligencias. El OIC solicitó los expedientes personales de los consejeros en junio, y les avisó sobre el “inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas” en su contra.

El OIC revivió la investigación en el marco del atropellado camino de la elección judicial, que escindió al INE en dos bloques: un bloque “oficialista” de cinco consejeros, encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, y un bloque “disidente” que cuenta con una mayoría de seis consejeros, quienes han asumido una postura muy crítica hacia el proceso judicial y han bloqueado intentos de Taddei por concentrar más poder en su figura.

De los seis denunciados por Gutiérrez Luna, tres permanecen en el Consejo General del INE, y todos ellos –Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera– forman parte del grupo de consejeros “disidentes”; una sanción contra ellos debilitaría al bloque “disidente”, del que Guadalupe Taddei se ha quejado públicamente en varias ocasiones, hasta la ruptura que sucedió cuando cinco “disidentes” intentaron aprobar un acuerdo para desconocer los resultados de la elección judicial, debido a las irregularidades detectadas durante el proceso.

Coincidencia o no, Sergio Gutiérrez Luna presidió la sesión de la Cámara de Diputados del 10 de diciembre de 2024, en la que los legisladores aprobaron por unanimidad el nombramiento de Víctor Hugo Carvente Contreras como nuevo titular del OIC del INE. Menos de tres meses más tarde, el funcionario reabría el expediente contra los tres consejeros.

Después que la consejera Dania Ravel reveló que el OIC revivió sorpresivamente el expediente contra los consejeros, se generó una polémica en torno al talante autoritario de Morena contra sus detractores, que llevó al líder del partido en la Cámara, Ricardo Monreal Ávila, a pedir públicamente el retiro de la queja.

Esta nueva controversia en torno a Gutiérrez Luna sucede semanas después que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) obligara a una usuaria de X a pedir disculpas públicas durante 30 días por haber insinuado en una publicación que Diana Karina Barreras, la esposa de Gutiérrez Luna, había ganado su candidatura para diputada del Partido del Trabajo (PT) en Sonora gracias la intervención de su marido.

La decisión del TEPJF desató una ola de indignación ante el abuso de poder de la pareja, la cual derivó en una campaña en redes sociales que exhibió el estilo de vida fastuoso de los esposos, y llevó Gutiérrez Luna a denunciar una presunta campaña orquestada por el empresario Claudio X. González en su contra.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Proceso administrativo contra consejeros del INE pone en riesgo autonomía: Ravel

La consejera deberá comparecer el próximo 8 de octubre en una audiencia para presentar sus alegatos. El caso, posteriormente, podría pasar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel Cuevas, calificó como un “precedente gravísimo” el inicio de un procedimiento administrativo en su contra por la decisión que tomó junto con otros consejeros en 2021 de posponer temporalmente la consulta de revocación de mandato.

Advirtió que la medida atenta contra la independencia del instituto y pone en riesgo la vida democrática del país.

“Lo que se está haciendo con esto es sancionar la valoración jurídica que hicieron integrantes de un órgano colegiado, jamás lo había visto desde que empecé a trabajar en el Instituto en 2008”, declaró en entrevista con Aristegui en Vivo.

El procedimiento fue notificado el jueves pasado por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, instancia cuyo titular fue designado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2024.
Eso no es una sanción del INE. El órgano interno de control fue designado por la Cámara de Diputados, nosotros no tenemos ninguna injerencia en sus decisiones.

La queja que dio origen al proceso fue presentada en diciembre de 2021 por Sergio Gutiérrez Luna, entonces representante de Morena ante el Consejo General, tras la decisión de una mayoría de consejeros de posponer actividades de la consulta por falta de recursos.

“El 17 de diciembre de 2021, una mayoría de consejeros y consejeras aprobamos posponer temporalmente la consulta hasta que la Suprema Corte resolviera una controversia constitucional o cuando la autoridad competente generara las suficiencias presupuestales”, recordó Ravel.

Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaron en su momento que el INE actuó dentro de la legalidad.

“La Corte determinó que el INE actuó de manera eficaz y eficiente, y que quien puso en riesgo los derechos políticos de la ciudadanía fue la Cámara de Diputados al recortar el presupuesto”, enfatizó la consejera.

El proceso alcanza a las seis consejerías que votaron a favor de la posposición, entre ellas Claudia Zavala, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Jaime Rivera y José Roberto Ruiz.

De prosperar la acusación, dijo, las sanciones podrían ser severas.
El artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé suspensión, destitución, sanción económica o inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos.
La consejera deberá comparecer el próximo 8 de octubre en una audiencia para presentar sus alegatos y el caso, posteriormente, podría pasar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“Más allá de la cuestión personal, a mí me preocupa mucho como precedente para nuestro sistema democrático, porque se abre una puerta que nunca se había abierto para castigar las valoraciones jurídicas de quienes integran el máximo órgano de dirección del INE cuando estas no gusten”, concluyó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTRO: REDACCIÓN.