La investigación fue iniciada por especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes trasladaron el cuerpo a las instalaciones del Semefo, donde tras los estudios correspondientes este jueves se logró determinar la identidad de la víctima y se hizo la entrega a sus familiares.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que en un operativo conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), se cumplimentó una orden de aprehensión contra Víctor Alfonso “N”, conocido como El Tilico, por su presunta implicación en los delitos de feminicidio y aborto, cometidos en agravio de la joven María Alejandra E., quien tenía 8 meses de embarazo.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 2 de junio la víctima salió de su domicilio en compañía de su hija de 9 años, cuando fue interceptada por el ahora detenido, quien la amagó con un arma de fuego y la obligó a trasladarse, junto con la niña, a una brecha ubicada entre las localidades de El Platanal y Canindo, donde la agredió física y sexualmente frente a la niña, quien pudo escapar, pero más tarde fue encontrado el cuerpo sin vida de su madre.

La FGE informó que tras su detención, El Tilico será internado en el Centro Penitenciario para ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere y se resuelva su situación jurídica.

Posteriormente, el hombre fue sometido y subido a una patrulla en la que se lo llevaron con rumbo desconocido, sin ser puesto a disposición de alguna autoridad competente y desde entonces se desconoce su paradero.

Como resultado de las investigaciones de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, se integró la carpeta de investigación y se estableció la posible participación de los entonces servidores públicos en el delito, quienes fueron presentados ante el Juez de Control que resolvió vincularlos a proceso.

Los detenidos fueron identificados como Juan José “N”, Raúl Ernesto “N”, Luis Ángel “N”, Marco Antonio “N”, Víctor Hugo “N”, Moisés “N” y Rocío “N”.

En audiencia, y luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio en contra de los acusados y será próximamente cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de la pena.

Según la FGE, las investigaciones continúan porque la víctima sigue sin ser localizada.

Apenas el 18 de mayo anterior tres policías municipales de Zamora habían sido condenados por la desaparición forzada de dos hombres y una mujer, el 4 de agosto de 2023.

Las víctimas habían sido detenidas cuando circulaban en un vehículo y presuntamente dieron una vuelta sin precaución, fueron trasladadas a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, adonde llegaron los agentes René “N”, Miguel “N” y Rubén “N”, quienes las esposaron e internaron en el área de “barandillas”, y hasta la fecha se desconoce su paradero.

Ambas construcciones, además de una sede universitaria y una escuela de artes y oficios, forman parte de las medidas de reparación que la comunidad acordó con el gobierno michoacano tras la recomendación 42 VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que reconoce graves violaciones realizadas por policías municipales en contra habitantes de Arantepacua el 5 de abril del 2017. Ese año, la policía perpetró cuatro ejecuciones extrajudiciales, tortura y decenas de detenciones arbitrarias contra pobladores de la comunidad purépecha. La masacre de Arantepacua, lejos de infundir el miedo entre su población, fortaleció la organización comunitaria y su proyecto de autonomía, llevándolos a expulsar de su territorio a partidos políticos e instituciones estatales.

Al llegar y ver el operativo desplegado para fortificar la antigua residencia oficial michoacana, actualmente usada como oficina gubernamental, los comuneros de Arantepacua retiraron las vallas antimotines y con ellas bloquearon en su totalidad el Periférico Paseo de la República.

La exigencia fue firme: que el gobernador Bedolla atendiera personalmente a los consejeros purépechas y a víctimas de la masacre del 5 de abril. Ante la negativa del morenista, la protesta se intensificó y un vehículo fue usado para derribar la puerta principal de la Casa Michoacán. Simbólica y literalmente, la comunidad derribó las puertas que el gobernador les había cerrado.

Ante la presión, una delegación de autoridades se comprometió a que el gobernador firmaría la minuta de acuerdos. Durante tres horas, una veintena de habitantes de Arantepacua sostuvo una mesa de trabajo con varios funcionarios: el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, el Secretario de Seguridad Pública, Carlos Oceguera, el Secretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Humberto Urquiza Martínes, y el Secretario de Salud, Lázaro Cortés.

También estuvieron presentes los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Michoacán, Josué Alfonso Mejía, y el Coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Axayácatl Marín Correa.

Todos los funcionarios se comprometieron a que el hospital de Arantepacua estará terminado el próximo 30 de noviembre y en completo funcionamiento el 16 de diciembre. Por su parte, en una conferencia de prensa que Bedolla realizó mientras se daban las negociaciones, reiteró que la obra se concluirá este año.

A las cinco de la tarde del lunes, la comunidad decidió en asamblea levantar el bloqueo que sostuvo durante varias horas, retirarse del lugar y designar a una pequeña comisión para esperar la minuta firmada por el gobernador.

Transcurrieron algunas horas más y la minuta no llegaba. En comunicación telefónica, los funcionarios argumentaron que la lluvia había demorado el proceso. La espera entonces fue interpretada por las y los purépechas como otra muestra del desinterés del gobernador Bedolla por atender a la comunidad y sus demandas.

El contingente regresó y bloqueó de nuevo el periférico de Morelia y otra puerta de la Casa Michoacán fue derribada. Dos camiones refrigerantes ardieron al exterior del recinto de gobierno y sólo entonces el gobernador Alfredo Bedolla firmó la minuta.

La indiferencia de las autoridades hacia Arantepacua ha obligado a que esta comunidad se movilice en los últimos meses; en el marco del octavo aniversario de la masacre, marcharon pacíficamente en la Ciudad de México para exigir que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones.

Esta demanda es fundamental para que se avance en el proceso para hacer justicia en el caso, pues en la fiscalía local hay un fuerte conflicto de interés que ha sido señalado por la comunidad: el actual titular de dicha dependencia, Adrián López Solís, fungía como Secretario de Gobierno durante la administración de Silvano Aureoles. Ambos son señalados por sus habitantes como los responsables políticos del ataque contra Arantepacua.

Los dos militares que resultaron heridos de gravedad fueron trasladados en helicóptero a un hospital, donde reciben atención médica.

Tras el suceso, fuerzas federales desplegaron un operativo en la zona e iniciaron las primeras investigaciones.

Hasta el momento, el gabinete de Seguridad no ha emitido una comunicación oficial sobre el incidente.