Afirmaron y recalcaron que los megaproyectos que se han instalado, como lo son los eólicos y mineros; y actualmente el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, lo único que les han dejado es despojo, criminalización y violencia en sus territorios. También alertaron por la falta de agua en los territorios, especialmente en la zona de riego 019 de Tehuantepec, donde el gobierno no previno con la llegada de los megaproyectos.

 

Cada uno de los participantes compartió cómo ha sido su proceso de defensa y a qué o quiénes se han enfrentado en su lucha, recalcando una vez más que la propiedad social, la vida comunitaria y la autonomía no se venden.

 

Nadir Quiroz, del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, narró el panorama al que se han enfrentado con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en torno a las concesiones de agua que se han otorgado a nivel nacional.

 

“Muchas concesiones para uso industrial administrativamente tienen en el papel este tipo de concesión, sin embargo, en la práctica lo hacen como si fueran de uso agrícola, apoderándose del agua para su beneficio. Es por ello que se requiere una revisión urgente, pues a las comunidades y pueblos nos están dejando sin agua”, detalló.

 

En la plenaria recalcó que la embestida capitalista refuerza el modelo extractivista, señalando que aquellos que prometieron el cambio y la transformación “son más de lo mismo”.

Por su parte, Sara Méndez, del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C, reafirmó la importancia de atender la problemática del agua, pues hay colonias y secciones de diversos municipios donde se instalarán los parques industriales.

«La gente trata de resolver la falta de agua como puede, peros también hay una preocupación muy grande, pues hay zonas en el mismo Tehuantepec que no tienen agua y no se está previniendo con la construcción de las obras de infraestructura. No es posible que el agua sólo llegue para las empresas y la gente y los campesinos vivan en desabasto”, agregó.

El falso desarrollo nos criminaliza

Juana Ramírez Villegas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), narró cómo han vivido la criminalización y persecución del gobierno, en torno a que existen 26 demandas por oponerse al “falso desarrollo”, que los poderosos llaman “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.

 

La activista ayuuk (mixe) detalló que las 26 demandas no sólo son para compañeras y compañeros ayuuk, sino que también hay del pueblo binnizá de Santa María Petapa, así como zoques de Matías Romero y Mogoñé Viejo.

 

Asimismo, Carlos Beas Torres, de la misma organización, recalcó que la instalación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec fue sin respetar sus derechos colectivos, la relación de los pueblos con el territorio y la vida misma. 

 

“Esto genera impactos en las personas, en las familias, comunidades y territorios. Este modelo convierte nuestros bienes naturales —agua, tierra, bosques, biodiversidad— en mercancías, promoviendo la sobreexplotación y el despojo mediante un entramado legal, político y económico que excluye la voz de los pueblos, no consultando a las asambleas”, dijo.

 

Además, recalcó que el gobierno, cuando lo implementó, no pensó en el agua, que ya escasea en todas las comunidades, ni en el derecho a la salud digna, pues en hospitales no hay medicinas ni insumos.

 

Ismael Calderón Molina, coordinador del Centro de Derechos Humanos Tepeyac en Santo Domingo Tehuantepec, dijo por su parte que la militarización y la criminalización intensifican la violencia sociocomunitaria, lo que pone en riesgo la vida comunitaria.

 

“Se ha demostrado que la organización colectiva, la resistencia jurídica, la comunicación estratégica, la articulación regional y la movilización conjunta pueden frenar políticas y proyectos de despojo”, afirmó.

Integrantes de GeoComunes, un colectivo que ha acompañado las luchas de diversas comunidades señalando las rutas y los puntos de despojo, informaron que a la fecha sólo tres polos industriales o parques de desarrollo estarán en operación próximamente.

 

En plenaria señalaron que los parques industriales de Coatzacoalcos, Ixtepec e Ixtaltepec son los que podrían funcionar, pues ya tienen destinadas las empresas y los tipos de proyectos que van a impulsar. El colectivo también brindó un panorama a través de un mapa con puntos de localización activos donde se han generado los megaproyecto en la zona del Istmo de Tehuantepec.

 

Una acción relevante de este foro fueron las juventudes, sobre las cuales se mencionó la importancia de vincularlas con el territorio y los espacios comunitarios para su defensa.

 

En colectivo, los participantes urgieron sostener un espacio abierto, incluyente e informativo desde la voz de las mujeres y crear una red, una asamblea o un frente de mujeres para la defensa del territorio.

 

Finalmente, hicieron un llamado a todas las colectivas y organizaciones a dejar de lado todo tipo de diferencias y sumarse en la lucha común por la defensa del territorio y la cultura de los pueblos originarios.

 

“Exigimos al gobierno mexicano federal y estatal el respeto pleno a los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía. Seguimos exigiendo a la Secretaría de Economía que baje de su Cartografía Minera el polígono de concesión «Zapotitlán 1», toda vez que desde 2020 se frenó la concesión a través de un litigio con el juicio de amparo 1208/2018”, concluyeron.

 

Las organizaciones participantes, así como pueblos y comunidades son: Santa María Zapotitlán, San José Chiltepec, Guadalupe Victoria, San Matías Petacaltepec, San Dionisio del Mar, San Juan Guichicovi, Lachivixuyo, Cabeza del Tigre Guichicovi, Rincón Viejo Petapa, Magdalena Tequisistlán, Cd. Ixtepec, San Miguel Suchiltepec, Chicapa de Castro, Oaxaca de Juárez, Santa María Candelaria, Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Ecatepec, El Espinal, Zimatán, Jalapa del Márquez, Matías Romero, San Juan Zaragoza, San Mateo del Mar y San Pedro Comitancillo. De los pueblos Chontales, Zapotecos, Ikoots y Ayuuk., 17 organizaciones como la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa del Territorio, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C, Comité Regional de Mujeres Chontales, Radio Comunitaria Jlijualay Tsomé, Casa Tequiana A.C., Frente Popular Revolucionario, Consejo de Comunidades en Resistencia de Oaxaca, Comité Ixtepecano Vida y Territorio A.C, Tequio Jurídico A.C, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C, y Organizados de Oaxaca (UNAPO).

Organizaciones sociales y activistas de Oaxaca dedicados a la defensa del territorio se reunieron el 22 de marzo de 2024 en el Foro Defensa del Territorio y la Propiedad Social, realizado en Santa María Atzompa. Las y los participantes emitieron una Declaración con la que repudiaron la criminalización de activistas, los programas sociales que promueven el individualismo y la mercantilización de sus tierras.

La Declaración es una respuesta a las “políticas de despojo” de los tres niveles de gobierno, los megaproyectos en las 8 regiones del Estado y el impacto del cambio climático. El pronunciamiento retoma la defensa ante la promoción de la privatización de la tierra en Oaxaca, como parte del Artículo 25 de la Ley de Ingresos 2024, cancelado por el gobernador Salomón Jara.