Mientras se mantienen conflictos activos, el gobierno estatal promueve la imagen turística de Chiapas, afirmó la directora del Frayba.
Una activista dijo que ´crimen pasional´ "no es un término legal, no existe en el código penal; el término correcto es feminicidio, usar el otro es disfrazar el delito".
Las declaraciones del Fiscal indignaron a activistas feministas que le reclamaron el lenguaje revictimizante, justificando al feminicida. “No fue un crimen pasional, fue un macho patriarcal”, señaló Sandra de los Santos, periodista y activista, quien le recordó al funcionario que está obligado a investigar con perspectiva de género.
En conferencia de prensa en San Cristóbal de las Casas, el fiscal dijo: “Es importante destacar que las hermanas, de acuerdo a la investigación, no fueron levantadas, ni secuestradas, ellas conocían al feminicida, las invita a subir al vehículo, incluso hay una de las imágenes donde ellas se encuentran en una tienda comprando algunos objetos, por lo que está debidamente acreditado que ellas abordan el vehículo, el hoy feminicida las lleva al lugar donde las priva de la vida”.
Llaven Abarca insistió: “el feminicida tenía una relación sentimental con Rosa Valeria, y el crimen tuvo como móvil los celos; es un crimen pasional, pero el hoy imputado de nombre Vicente, fue ubicado, localizado con la colaboración del gobierno de Tabasco, fue detenido cuando se encontraba dándose a la fuga en Huimanguillo Tabasco”.
Explicó que, para el esclarecimiento del doble feminicidio, se desarrolló una investigación con criminalística de campo encontrándose en el lugar del crimen tres cartuchos percutidos de un arma 9 milímetros. En el lugar del hallazgo de los cuerpos, un camino de terracería, ahí fueron privadas de la vida, Rosa Valeria de 18 años, y su hermana menor de 14 años.
Agregó que la necropsia determinó que la causa de la muerte de ambas, fue traumatismo craneoencefálico, provocado por disparos de armas de fuego, “Rosa Valeria de 18 años presentaba un impacto en la parte de la cabeza en la región anterior de entrada y salida en la región posterior, y la menor presentaba dos disparos en el rostro”.
Llaven Abarca dio a conocer que, a través de trabajo de inteligencia y actos de investigación ministerial, lograron identificar domicilios, uno de ellos donde se encuentra el vehículo que utilizó el feminicida el día de los hechos, y otro inmueble, donde se encontraron diversas arnas largas y cortas que fueron aseguradas.
Crimen pasional, no es un término legal: activista feminista
Sandra de los Santos, académica feminista reclamó al fiscal general el lenguaje revictimizante que utilizó al dar a conocer el esclarecimiento del doble feminicidio de dos jóvenes tsotsiles. “Cuántos años retrocedimos hoy con la declaración de Jorge Luis Llaven Abarca, al reducir un doble feminicidio a un crimen pasional”, cuestionó.
La activista dijo que “crimen pasional”, “no es un término legal, no existe en el código penal; el término correcto es feminicidio, usar el otro es disfrazar el delito”.
Señaló que, con sus declaraciones, el fiscal oculta la violencia estructural, “no es un arrebato, es el resultado de una cadena de violencias machistas que muchas veces fueron denunciadas y no atendidas”.
“Justificar al agresor: se centra en sus emociones (pasión, celos) en lugar de su responsabilidad, como si no supiera lo que hacía y si sabía. Y, por otro lado, culpar a la víctima, abre la puerta a cuestionar su conducta, sus decisiones, su vida, como si algo de lo que hizo justificara que las mataran”.
La activista manifestó que el Fiscal con sus declaraciones, violó los compromisos del Estado Mexicano que está obligado a investigar con perspectiva de género, y usar términos erróneos va contra esos compromisos, además que favorece la impunidad y nombrar desde la Fiscalía puede llevar a investigaciones deficientes, penas menores o incluso el cierre del caso.
Finalmente, manifestó que las declaraciones de Llaven Abarca, refuerza el machismo institucional, “que lo diga el Fiscal no es cosa menor; muestra cómo se sigue tolerando y normalizando la violencia desde el poder”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo en la mañanera del pueblo que fue una acción relevante que contó con el apoyo del gabinete de seguridad federal.
El criminal fue “neutralizado” por las fuerzas de seguridad federales y estatales durante un operativo desplegado en las proximidades del hotel La Estrella Azul, en el municipio de Villacorzo. En el choque armado murió “El Cachorro” y un segundo integrante del grupo delictivo, y fueron aseguradas un arma larga y 2 armas cortas, dijo el funcionario.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo en la mañanera del pueblo que fue una acción relevante que contó con el apoyo del gabinete de seguridad federal.
Aparicio Avendaño explicó que en Villa Corzo se tuvo contacto con dos presuntos delincuentes que agredieron a policías de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y de la dirección estatal de la Policía Preventiva. Los agentes repelieron la agresión y “neutralizaron a dos sujetos que en ese momento estaban con 2 armas cortas y un arma larga, entre ellos Bryan N, “El Cachorro”.
Estos sujetos, agregó el funcionario, “cobraban piso en la región de la Frailesca, se encontraban operando”.
En el enfrentamiento, dos agentes resultaron lesionados, uno de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y otro de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, que ya se encuentran fuera de peligro, subrayó el Secretario de Seguridad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.
«En medio de una estrategia de seguridad de la nueva administración estatal, caracterizada por ser de carácter militar y policíaca, y respaldada por el gobierno federal, se impulsó un esquema de actuación para el festival plagada de violaciones al libre tránsito, así como acciones de intimidación y hostigamiento durante los traslados de las personas participantes», señaló el Frayba en un comunicado.
Entre las irregularidades destacaron los patrullajes de la Guardia Nacional y el ejército mexicano en tramos carreteros entre Chamula y Tenejapa, camino de paso rumbo al Caracol zapatista de Jacinto Canek, y la denuncia del Subcomandante Moisés sobre los rondines de la Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en las afueras de las instalaciones de Cideci-Unitierra en San Cristóbal de Las Casas.
El centro de derechos humanos añadió que durante el encuentro también se registraron puntos de revisión de la policía estatal en la carretera de salida de San Cristóbal de Las Casas a Tenejapa y en la carretera San Cristóbal de Las Casas – San Juan Chamula, «justo en una de las rutas para llegar a Cideci-Unitierra». Además, documentó la presencia policial sobre el camino a Tenejapa, a poco más de cinco kilómetros de la desviación al Caracol zapatista de Jacinto Canek.
«Estos actos de intimidación y vigilancia por parte de los gobiernos federal y estatal se enmarcan dentro de una estrategia de seguridad en Chiapas donde están rehaciendo pactos con la criminalidad, se apropia de narrativas de paz, al mismo tiempo que con mensajes de cero corrupción e impunidad fortalece un estado policiaco y militar a través de grupos especiales como las FRIP, la cual a pesar de haber entrado en operaciones recientemente, ya cuenta con denuncias por violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias, cometidas contra la población civil, y señalamientos de sus mando por colusión con la delincuencia organizada», acusó el Frayba.
El centro de derechos humanos se pronunció contra «toda intimidación y hostigamiento» hacia el EZLN y sus Bases de Apoyo, así como hacia los más de mil artistas, colectivos y organizaciones que participaron en el encuentro que reunió «las expresiones más humanas desde donde se construye también los fragmentos de las posibilidades para combatir y construir más allá de los sistemas racistas, patriarcales, y de opresión que despojan a los pueblos del mundo».
COMUNICADO:
El «(Rebel y Revel) Arte: Encuentro de arte, rebeldía y resistencia hacia el día después» convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se llevó a cabo entre los días 13 al 19 de abril de 2025 en el Caracol Zapatista de Jacinto Canek en Tenejapa, y en CIDECI-Unitierra en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, por este motivo llegaron cientos de asistentes al evento en donde se presentaron más de 1000 artistas de 28 países.
En medio de una estrategia de seguridad de la nueva administración estatal, caracterizada por ser de carácter militar y policíaca, y respaldada por el gobierno federal, se impulsó un esquema de actuación para el festival plagada de violaciones al libre tránsito, así como acciones de intimidación y hostigamiento durante los traslados de las personas participantes. Ubicamos la presencia de Fuerzas de seguridad del estado de Chiapas y las Fuerzas Armadas en las rutas e inmediaciones de las sedes del Rebel – Revel Arte, situación inusual en el territorio.
- Se lograron documentar puntos de revisión de la Policía Estatal de Chiapas en la carretera de salida San Cristóbal de Las Casas a Tenejapa en donde cuestionaron a varios asistentes qué hacían, a dónde iban y cuánto tiempo estarían ahí, y también en la carretera San Cristóbal de Las Casas- San Juan Chamula, justo en uno de las rutas para llegar a Cideci-Unitierra.
- Presencia de la Policía Estatal sobre el camino a Tenejapa, a 5 kilómetos y 300 metros cerca de la desviación al Caracol de Jacinto Canek.
- Se vieron patrullajes de la Guardia Nacional y Ejército mexicano compuestas por 5 camionetas en total, en tramos carreteros entre Chamula y Tenejapa, camino de paso rumbo al Caracol de Jacinto Canek.
- El sábado 19 de abril de 2025 aproximadamente a las 18:50 hrs. El Subcomandante Insurgente Moisés denunció en el encuentro Rebel y Revel Arte que hubo rondines de la Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en las afueras de las instalaciones de CIDECI-Unitierra en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Estos actos de intimidación y vigilancia por parte de los gobiernos federal y estatal se enmarcan dentro de una estrategia de seguridad en Chiapas donde están rehaciendo pactos con la criminalidad, se apropia de narrativas de paz, al mismo tiempo que con mensajes de cero corrupción e impunidad fortalece un estado policiaco y militar a través de grupos especiales como las FRIP, la cual a pesar de haber entrado en operaciones recientemente, ya cuenta con denuncias por violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias, cometidas contra la población civil, y señalamientos de sus mando por colusión con la delincuencia organizada.
Por consiguiente, denunciamos toda intimidación y hostigamiento en contra del EZLN y sus Bases de Apoyo, así como contra las personas que, a título individual, colectivo y como organizaciones participaron en El (Rebel y Revel) Arte: Encuentro de arte, rebeldía y resistencia hacia el día después», nutrido por las expresiones más humanas desde donde se construye también los fragmentos de las posibilidades para combatir y construir más allá de los sistemas de racistas, patriarcales, y de opresión que despojan a los pueblos del mundo.
AUTOR: REDACCIÓN.
El pasado 20 de julio pasado, resguardados por policías estatales, un grupo de 108 tsotsiles se desplazaron y fueron instalaron en la Casa de la Cultura, de la cabecera municipal de Chenalhó, donde se juntaron con otras personas desplazadas previamente.
Los desplazados que se encuentran en la casa de la cultura de Chenalhó manifestaron: “Nos han dejado abandonados, estamos sufriendo, mientras que los causantes de nuestro desplazamiento están vendiendo baratos nuestros terrenos, lotes y cafetales y nuestros hogares están destruidos”.
Explicaron que la última vez que recibieron apoyo de la Secretaría de Protección Civil estatal fue el 13 de noviembre, día en que el personal de la dependencia se llevó una estufa, un tinaco, cilindros de gas, platos, ollas y otras cosas que les habían facilitado.
“Las autoridades nos han dicho que regresemos, porque ya está allí la Guardia Nacional y los militares, pero tenemos miedo porque no hay garantías de seguridad, pues no han hecho operativos ni han limpiado a Tzanembolom, allí siguen los hombres armados de Fracción Tzembolom”.
El pasado 20 de julio pasado, resguardados por policías estatales, un grupo de 108 tsotsiles se desplazaron y fueron instalaron en la Casa de la Cultura, de la cabecera municipal de Chenalhó, donde se juntaron con otras personas desplazadas previamente.
“Protección Civil nos mandaba víveres, pero desde que comenzó la nueva administración nada nos han dado. Sólo hemos recibido un poco de algunas iglesias que nos ayudan, pero estamos sufriendo porque ya no nos han traído. Al presidente municipal de Chenalhó le hemos pedido varias veces que nos apoye, aunque sea con maíz, pero tampoco nos ha dado nada”.
En conferencia de prensa, los desplazados dieron a conocer que desde enero pasado solicitaron por escrito la ayuda a la Secretaría de Gobierno y Mediación, pero no han tenido respuesta. “Le hemos preguntado a Protección Civil qué pasó y sólo nos dicen que ya están en eso, que ya está en la mesa la petición, pero nada. Estamos sufriendo, comiendo maíz picado con gorgojo”.
Los tsotsiles solicitan 25 toneladas de Maseca, 25 toneladas de frijol en grano, 25 toneladas de maíz en grano, 65 paquetes de aceite, 65 paquetes de jabón, 122 paquetes de arroz, 122 paquetes de azúcar, 65 cartones de huevos, 65 paquetes de sal, 267 piezas de colchonetas, 267 cobertores y 267 catres.
Además, una estufa para preparar sus alimentos, dos cilindros de gas, cinco ollas de peltre grandes, 5 sartenes grandes, 50 cucharas para comer, 6 cucharones, cuatro sartenes de tamaño mediano, 50 platos para comer, 50 vasos, 5 botes grandes para guardar agua, 40 cubetas con capacidad de 12 litros y un tinaco para guardar agua.
En total son 73 hombres, 88 mujeres, 58 niños y 48 niñas que “estamos sufriendo porque no estamos recibiendo el apoyo que hasta noviembre nos daba Protección Civil”.
Los niños y las niñas desde que salieron de Tzanembolom, no han recibido clases. De acuerdo a los inconformes, el secretario de Educación (Roger Mandujano Ayala) quiere mandar a los profesores de la comunidad, pero los maestros no han llegado a la Casa de la Cultura a dejar tareas para que estudien los niños.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.
El presidente municipal de San Pedro Quiatoni confirmó el asesinato del síndico procurador Sergio Ángeles López, quien presuntamente “fue secuestrado por un grupo de pobladores”.
Agregó que el cuerpo del síndico procurador fue encontrado cerca de la Agencia Unión Juárez, en la desviación de Santo Domingo Narro, y que “su muerte fue cruel y violenta, lo que nos llena de indignación y tristeza”.
García Sánchez también denunció la “lamentable ausencia de los elementos de seguridad pública del gobierno del estado y de la Guardia Nacional”, razón por la que “nuestra comunidad ha tomado medidas responsables para preservar el orden y la seguridad en el municipio”.
En un video, la autoridad municipal cuestionó a las instancias de gobierno porque a casi 48 horas del enfrentamiento entre la cabecera municipal de San Pedro Quiatoni con sus agencias municipales “no hemos recibido una respuesta efectiva por parte de las autoridades estatales y federales competentes”.
🚨Muere Síndico de Quiatoni
— Acierta Oaxaca (@AciertaOaxaca) April 6, 2025
El presidente municipal de San Pedro Quiatoni, Marcelo García Sánchez, informó que el Síndico Procurador, Sergio Ángeles López, fue secuestrado por pobladores de la agencia La Soledad Salinas y luego su cuerpo fue hallado sin vida en la comunidad de… pic.twitter.com/uQqJj1hlwE
Mencionó que “aunque esta mañana se presentó un ministerio público y dos camionetas de la Guardia Nacional, su intervención fue insuficiente para evitar que la organización criminal conocida como organización de agencias unidas vinculada a Soledad Salinas cumpliera con sus fechorías”.
Es por ello que “hacemos un llamado urgente y respetuoso, pero urgente, a las instancias de seguridad para que refuercen su presencia en nuestro municipio, colaboren con las investigaciones necesarias y brinden el apoyo requerido para garantizar la tranquilidad y estabilidad de nuestra población”.
Cabe hacer mención que el pasado viernes 4 de abril, alrededor de las 19:30 horas, se registró un enfrentamiento en la desviación de Santo Domingo Narro, cercano a la localidad de Unión Juárez del municipio de San Pedro Quiatoni, que dejó dos muertos y siete heridos. Sin embargo, con el asesinato del síndico procurador la cifra aumentó a tres muertos.
La Fiscalía General de Oaxaca informó que de manera preliminar en hechos de violencia ocurrido en la comunidad de Unión Juárez, dos personas del sexo masculino perdieron la vida a consecuencia de las lesiones infligidas por disparo de arma de fuego, una de ellas identificada por las iniciales J. M. -originario de San Pedro Quiatoni-, así como O. S. S. -originario de Soledad Salinas.
Mientras que la Secretaría de Gobierno afirmó que el origen de este conflicto surgió el 27 de septiembre de 2024 cuando el Congreso del Estado emitió el Decreto 2450, mediante el cual elevó a agencia de policía al núcleo rural El Porvenir, perteneciente a San Pedro Quiatoni.
Alegando violación a su autonomía municipal, en octubre de 2024, la autoridad de Quiatoni impugnó el decreto a través de la controversia constitucional 293/2024; el 12 de noviembre de ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efectos el decreto, en tanto se resuelve la controversia.
Pese a los llamados a privilegiar el diálogo y la paz, habitantes de El Romadito, respaldados por las autoridades de La Soledad Salinas, La Mancornada, Unión Juárez y El Porvenir, quienes se autodenominan “La Unión”, instalaron hace unas semanas un bloqueo en el acceso al banco de piedra, que es fuente de abastecimiento para pobladores de Quiatoni, lo que aumento la crispación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
Tras ejecutar nueve cateos en el municipio de Suchiapa, Chiapas, la FGE de dicha localidad logró la aprehensión de 26 personas, de las cuales se informó que 21 son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
De acuerdo con información dada a conocer por la Fiscalía, las detenciones se realizaron tras ejecutar nueve cateos efectuados como parte de una investigación en curso sobre hechos ocurridos el pasado 29 de marzo, cuando una persona perdió la vida y tres más fueron privadas de su libertad tras un ataque armado.
Las acciones fueron ejecutadas por la FGE de Chiapas a través de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Grupo interinstitucional realiza cateos en Suchiapa; hay 26 personas detenidas
— FGEChiapas (@FGEChiapas) April 4, 2025
Para más información▶️https://t.co/PK3ZDaeTfx#FGEChiapas #089DenunciaAnónima #911Emergencias #JusticiaConHumanismo #CeroImpunidad pic.twitter.com/KIuOehuAib
Entre los detenidos, detalló la Fiscalía estatal en un comunicado, se encuentran Isidro “N”, Rodrigo “N”, Julio “N” y Antonio “N”, a quienes se les aseguraron diversas dosis de marihuana, cocaína y metanfetamina.
Asimismo, se informó que los 21 policías municipales fueron aprehendidos por su presunta participación en los delitos de asociación delictuosa y uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias.
Tras el operativo, las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
Por otra parte, se informó también sobre la aprehensión de Reynaldo “N” sobre la carretera Suchiapa–Tuxtla Gutiérrez, quien fue identificado como comandante operativo de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial. El sujeto conducía un vehículo Toyota Hilux con reporte de robo, por lo que fue dispuesto ante la Fiscalía de Combate al Robo de Vehículos.
"Derivado de los actos de investigación, los elementos del orden circulaban sobre la carretera, donde observaron un vehículo marca Toyota tipo Hilux, que era conducido de manera temeraria y evasiva, por lo que solicitaron el alto al conductor y al inspeccionarlo confirmaron que contaba con reporte de robo", indicó la Fiscalía en un comunicado.
Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de garantizar la seguridad y paz en el estado de Chiapas, con Cero Impunidad.
AUTOR: REDACCIÓN.
Familias de siete personas desaparecidas desde noviembre de 2024, entre ellas un niño, denuncian que las autoridades no han hecho lo suficiente para encontrarlas.
El 23 de noviembre de 2024 dejaron en su negocio a su hija mayor, Kenia García Chulín, de 19 años, mientras que otro hijo se encontraba en la casa. El más pequeño, Emmanuel de 12 años, viajó con ellos a Emiliano Zapata, un municipio que se encuentra a un par de horas de San Cristóbal de Las Casas.
La salida fue organizada por una amiga de la familia, Ciria Mariselda González Gabriel, que quería acompañar a Magdalena del Carmen Martínez Ballinas, a arreglar una camioneta descompuesta que tenía estacionada en un rancho en Emiliano Zapata. Invitaron a Luís García Hidalgo para que manejara la Urvan en la que iban a viajar y contrataron al mecánico Urbano Gaspar Aguilar Díaz para que arreglara la camioneta.
El grupo decidió aprovechar el viaje para visitar un balneario en la zona, como suelen hacer los sancristobalenses cuando bajan del frío de Los Altos a tierras más calientes. Fue por esto que finalmente se sumaron a la salida el niño Emmanuel, su madre Rosario del Carmen y otra amiga llamada Patricia Rodríguez Santiz. Desde entonces, las siete personas que viajaban en aquella Urvan están desaparecidas.
“Me cayó un balde de agua hirviendo”, dice familiar al no hallar a sus papás y hermano desaparecidos en carretera de Chiapas
El 23 de noviembre de 2024, Kenia García Chulín estaba trabajando en el puesto de sus papás frente a la casa, cuando les marcó para preguntarles el precio del kilo de migajas de chicharrón. Eran las 10 de la mañana y la llamada entró, pero no contestaron. Tampoco respondierona las demás llamadas que Kenia hizo durante el día y la joven empezó a tener una extraña sensación en el estómago.
Al día siguiente, los familiares de una de las demás mujeres que viajaban en la Urvan fueron a Emiliano Zapata para buscar a las siete personas incomunicadas. Dieron con el rancho donde todavía estaba la camioneta descompuesta. Además, encontraron a una persona que dijo haber visto la Urvan donde el grupo viajaba, para regresar de Tuxtla Gutiérrez -donde fueron a buscar unas piezas,- acompañada por cinco camionetas blancas. “Allí fue cuando me cayó un balde de agua hirviendo horrible, me quedé en shock”, dice Kenia.
El caparazón de la Urvan, completamente despojada, fue encontrado a una hora y media de Emiliano Zapata, junto a una carretera de terracería. El nombre de este municipio comenzó a resonar en los medios locales después del hallazgo de una fosa clandestina con fragmentos óseos calcinados en diciembre de 2024.
Exigen una nueva búsqueda en zona donde hallaron la camioneta donde viajaban 7 personas desaparecidas en Chiapas
A solicitud y junto con los familiares, las autoridades –la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y Protección Civil -realizaron una jornada de búsqueda en la zona donde fue encontrada la Urvan: un lugar inhóspito cubierto de pedregales en el municipio de Acala. Cerca de allí encontraron un gran hoyo en el piso, de estos que los campesinos cubren con plásticos para recolectar el agua. Estaba tapado con ramas y en las piedras que lo rodeaban había marcas oscurecidas, como si se hubiera quemado algo. Las autoridades excavaron y cuando llegaron a unos 50 centímetros de profundidad dejaron de hacerlo, pues encontraron piedras.
De acuerdo con la Colectiva Cereza, agrupación que brinda acompañamiento psicosocial y jurídico a mujeres en situación de cárcel y a familiares de desaparecidos, habría que realizar una nueva búsqueda y averiguar qué hay debajo de las piedras. Las activistas, que estuvieron presentes en la jornada, no creen a las autoridades cuando afirman que las marcas en las piedras se deben a la quema de rastrojos de las milpas, pues afirman que los campesinos los suelen guardar para usarlos como abono. Además no les cuadra que el hoyo fuese tapado, siendo que su finalidad es recolectar lluvia.
“La búsqueda no dio resultados, sólo fui a llorar. No sé si encontrarlos hubiera sido bueno o malo”, dijo Kenia tras el día de búsqueda. Pero de algo está segura: “Si yo no los busco nadie lo va a hacer. Si no me levanto por ellos nadie me va a levantar y esto es lo que me da fuerza, es lo que me mantiene aquí”.
Investigación para buscar a 7 personas desaparecidas en Chiapas ha estado “muy abandonada”: Colectiva
Dos personas están detenidas por los hechos y en mayo tendría que empezar la audiencia intermedia. “En estos cuatro meses la investigación ha estado muy abandonada, hace poco empezamos a acompañar el proceso y la estamos reactivando”, dice Patricia Aracil Santos, coordinadora de la Colectiva Cereza, que está estudiando los seis tomos de la carpeta de investigación.
Afirma que la colectiva está considerando la posibilidad de que el grupo de siete personas haya sido dividido, pues los papás de Kenia quedaron incomunicados a partir de la mañana, mientras que dos de sus compañeros siguieron usando sus teléfonos hasta la tarde. Además, está intentando establecer si acaso uno de los seis adultos tuviera una orden de aprehensión y se tratara en realidad un operativo. “En otras causas nos hemos encontrado en esta situación, hay que considerar que también la autoridad utiliza camionetas blancas”, dice.
Aracil Santos afirma que, contrario a lo que establece el Protocolo Homologado de Búsqueda, la FGE y la CEBP no trabajan de la mano. “En la práctica no colaboran: la FGE suele ser muy reticente en compartir la carpeta de investigación con la CEBP, para que haga su análisis de contexto. Hace no mucho cambió el titular de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares y es una oportunidad para hacer las cosas de forma distinta”, dice la coordinadora de la Colectiva Cereza. Para este viernes 4 de abril está programada una reunión donde por primera vez las dos dependencias trabajarán juntas, con las familias y sus representantes en un plan de búsqueda, para establecer cuál es el punto más importante donde ir a buscar.
“El gobierno no nos ayuda lo suficiente para buscar”, dicen familias ante aumento de desapariciones en Chiapas
El salón de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) de San Cristóbal de Las Casas se llena poco a poco de estudiantes y profesores. De la cátedra cuelga un cartel que dice “los desaparecidos no se juzgan, se buscan”.
Está a punto de iniciar un foro donde familiares de desaparecidos dialogan con la ciudadanía, algo que no es nada común en Chiapas, estado donde las fichas de búsqueda empezaron a inundar las redes sociales años después que en muchas otras entidades: a partir de mediados de 2021, cuando recrudeció la guerra entre organizaciones criminales por el control del territorio.
Dolores Gonzalo, hermana del mecánico Urbano Gaspar Aguilar Díaz, agarra el micrófono: “Es un tiempo difícil, mucha gente está desapareciendo y el gobierno no nos ayuda suficientemente para buscar”, dice. Pasa la palabra a Kenia: “En la primera semana no levanté la ficha de búsqueda porque no sabía qué puerta tocar ni a quién acudir. Estaba en estado de shock y pensaba que mis familiares iban a regresar. Un día estaba bien y otro día me sentía mal y pensaba: “Los han de tener cortando café”, pero viendo lo que pasó en Jalisco me pregunté a qué se estarán enfrentando para poder sobrevivir”.
Kenia estudia economía en esta Universidad y es la primera vez que cuenta su historia frente a sus compañeros y profesores. “¿Qué podemos hacer?”, pregunta una estudiante. “Acuerpar, escuchar, estar”, se le contesta. Una profesora recuerda que Kenia tiene a su cargo a su hermano de 14 años, que ya no tiene el apoyo económico de sus papás, que la búsqueda implica gastos. Se propone exigir a la UNACH otorgarle una beca y que la institución haga un pronunciamiento, se decide que los estudiantes se pronuncien también. “Kenia esta es tu casa, no estás sola”, le dice un profesor.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.
El sueño de la Secretaria de Turismo (SECTUR) de construir una autopista entre las dos ciudades chiapanecas remonta a 2009 y nunca se realizó por la oposición de las comunidades de esta región, donde viven muchas bases del MODEVITE y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En este entonces el megaproyecto turístico fue denominado Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP)-Cascadas de Agua Azul y formaba parte del Plan Mesoamérica, luego rebautizado Plan Puebla Panamá.
En el trascurso de estos 16 años reapareció en las declaraciones de los gobernantes y fue hasta diciembre de 2019 que fue aprobado por el Congreso de Chiapas con el nombre “Eje Carretero Transversal Pijijiapan-Palenque”: un proyecto todavía más ambicioso que el anterior pues conectaría la región Costa de Chiapas con la Selva, pasando por San Cristóbal de Las Casas, funcionando también como enlace entre el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, que tiene una estación en Palenque.
Tras la toma de protesta del nuevo gobernador Eduardo Ramírez Aguilar -que ya hace diez años, cuando se desempeñaba como Secretario de Gobierno, era promotor del megaproyecto – fue anunciada la construcción de su primer tramo Palenque-San Cristóbal de Las Casas, que atraviesa 10 municipios con poblaciones tzeltales, tzotziles y mestizas. Tiene una extensión de 153 kilómetros de extensión y contempla también un ramal de 18 kilómetros que conecta con Ocosingo.
De acuerdo con Ramírez Aguilar, la autopista se construirá con recursos públicos y “estará a cargo de una asamblea que se constituirá por un miembro de cada comunidad y las ganancias impactarán directamente en beneficio de las familias de estos ejidos”. Además, afirmó que las comunidades serán socias de la autopista y gestionarán gasolineras, restaurantes y tiendas de autoservicio.
Sin embargo Modevite, que está presente en 13 municipios de la región, no cree en las promesas del gobierno y denuncia las irregularidades que se registraron en la consulta del 23 de marzo. “Es una consulta amañada, se realizó en las cabeceras en lugar que en las comunidades afectadas por la obra”, dijo en rueda de prensa Domingo Miranda López. De acuerdo con otro integrante de Modevite, Henry Eugenio Guillén Jiménez, los pobladores vieron una empresa realizar estudios de suelo en sus comunidades sin permiso de la asamblea. Además, denunció que las autoridades locales los amenazan con quitarles servicios de salud, educación, agua y drenaje si no apoyan al megaproyecto.
Pascuala Vázquez Aguilar señaló también otra irregularidad: la población nunca fue informada sobre los impactos de la carretera ni sobre su trazo, y no sabe exactamente cuáles comunidades quedarían afectadas. “Aventaron placas desde una avioneta para marcar el trazo de la autopista, pero no tenemos claro dónde pasará exactamente”, dijo durante la rueda de prensa la también vocera del Consejo de Gobierno Comunitario de Chilón.
Uno de los dos amparos presentados por Modevite se basa justo en la falta de información ambiental a las comunidades, mientras que el otro reclama la inconstitucionalidad de los lineamientos publicados el 17 de febrero de este año en el periódico oficial del Estado de Chiapas. “Son lineamientos que crean una nueva forma de participación denominada consulta pública y son inconstitucionales”, dijo durante la rueda de prensa la abogada María Fernanda Santos de la Rosa, de la clínica jurídica de la Universidad Iberoamericana. De acuerdo con ella, si el juez reconocerá que la consulta no fue informada y que los lineamientos son inconstitucionales, admitirá la invalidez de la consulta pública y de la construcción del primer tramo de la obra.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.
Los periodistas interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado tras las acusaciones y solicitaron protección a la Fiscalía General de la República.
Los reporteros, entre los que se encuentran también conductores de noticias de radio y fotoperiodistas, se les señaló de tener vínculos con Horacio “N”, un sujeto apodado “El Botanas” líder de una célula criminal de la zona.
Edgar Hernández, corresponsal de La Jornada, y Pedro Gerardo López, corresponsal de TV Azteca, ambos con una larga trayectoria de periodismo profesional, de inmediato, a través de sus redes sociales rechazaron los señalamientos, y exigieron a las autoridades una investigación a fondo, “real, clara y contundente”, ya que sus vidas se encuentran riesgo, así como las de sus familias.
Los 17 periodistas, 16 hombres y una mujer, interpusieron el mismo viernes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y este lunes 31 de marzo acudieron a la subdelegación en Tapachula de la Fiscalía General de la República (FGR) a solicitar protección.
Un día después de la publicación que aún permanece activa en Facebook, la Fiscalía General de Chiapas informó que inició una investigación formal por la sobreexposición a fuentes abiertas de 17 periodistas, debido a que fueron vinculados “injustificadamente con el crimen organizado” en el municipio de Tapachula.
La dependencia dio a conocer que estableció coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, para que a través de la policía cibernética se realice una investigación tecnológica y científica que permita esclarecer los hechos y fincar las responsabilidades penales.
“Se han dictado las medidas de protección necesarias atendiendo al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, las cuales deben ser proporcionales al nivel de riesgo que presenten las víctimas con motivo de la publicación”.
Organizaciones que documentan la violencia contra la prensa urgen acciones de protección
Organizaciones como el Foro de Periodistas de Chiapas, la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas y Frontline Freelance México, alzaron la voz frente a la campaña de difamación que pone en riesgo a los periodistas de Tapachula, señalando que ejercer el periodismo en Chiapas ya es difícil y hacerlo como mujer más.
“Sabemos que este tipo de señalamientos en un contexto atravesado por la violencia estructural y la presencia del crimen organizado, no son menores; son formas de violencia que ponen en riesgo la vida. Y en Chiapas, donde ejercer el periodismo ya implica un alto costo, estos ataques buscan sembrar miedo, silenciar voces y debilitar los vínculos comunitarios que sostienen nuestro trabajo”, dijo en un comunicado la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras.
Frontline Freelance México, se sumó a las exigencias de otras organizaciones defensoras de la liberta de prensa y destacó que “este tipo de publicaciones, que tienen una clara intención desprestigiar y generar miedo, constituyen una forma de violencia contra la prensa. La estigmatización pública de periodistas que cubren temas sensibles como derechos humanos, seguridad y migración en contextos ya de por sí complejos, puede tener consecuencias graves y poner en riesgo la integridad y vida de quienes ejercen su labor con compromiso y profesionalismo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.
El grupo policial de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) fue creado por el gobernador Eduardo Ramírez, el 8 de diciembre de 2024 para combatir el crimen organizado en el estado.
Según el comunicado que leyeron en un video mensaje, el operativo incluyó un cateo de casas sin orden judicial y el secuestro de niños, ancianos, jóvenes y adultos, sin justificación legal.
“A las 3 de la mañana entró el grupo Pakal, juntamente con el grupo criminal Karma, acompañado por las tres corporaciones de gobierno. Catearon casas sin orden de cateo. Se llevaron niños, mayores, ancianos y jóvenes sin delito”, informaron.
Las autoridades locales y el gobierno federal fueron emplazados por este grupo para liberar a las 20 personas detenidas, y señalaron que “el pueblo ya está cansado de tanta injusticia”.
En su comunicado, afirmaron que esta situación ha generado un rechazo generalizado e indignación en las comunidades originarias de Tila.
Exigimos la detención del grupo Karma encabezado por Juan Flores, alias” El Chorizo”, quien es el inmediato responsable de toda la tragedia que está sucediendo en nuestro ejido originario de Tila.
Las organizaciones también pidieron la detención de una persona identificada como Manuel Utría, supuesto cuñado de “El Chorizo”; otra como Francisco Eduardo y una última como Miguel, líderes del grupo criminal Karma.
Las organizaciones pidieron el fin de la presencia de grupos criminales en el ejido Tila y denunciaron la presunta vinculación entre policías y criminales.
“Ya basta, estamos dispuestos a morir defendiendo nuestra madre tierra porque en ella nacimos y en ella vivimos. No queremos más delincuentes en nuestro pueblo. No más narco-karma porque vamos a defender a costa de nuestra vida, porque los pakales son cómplices del crimen organizado llamado narco-karma de Tila.”
También, denunciaron que los ejidatarios son arrestados injustamente por simplemente defender sus derechos.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que el “operativo interinstitucional” en el municipio de Tila, fue “para ejecutar diversas órdenes de aprehensión y cateos derivados de investigaciones, con el firme objetivo de combatir a los grupos criminales.”
No dio a conocer los resultados; sin embargo, dijo que en el transcurso del día, proporcionará más información sobre estas acciones.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Organizaciones, colectivos y firmantes individuales, aseguraron que el arresto de los hombres, “fue arbitrario, ya que nunca se les mostró la orden de aprehensión, además que fue realizado con lujo de violencia; se violaron completamente el debido proceso y sus derechos fundamentales".
A 110 años de cárcel, la jueza Mitzi Guadalupe Flores Rocha, sentenció el pasado 4 de marzo a Cortés, catequista y candidato al diaconado permanente de la Diócesis de San Cristóbal, y a Mendoza, evangélico y carpintero
En un documento, difundido el miércoles, las ongs exigieron al Poder Judicial del estado de Chiapas revisar el caso, ya que consideran que la sentencia es “injusta, porque nunca cometieron el delito” y que se suma a las violaciones de derechos humanos padecidas durante su detención.
Además, señalaron que presentaron una queja ante el grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria-Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque la sentencia es indebida
Las organizaciones relatan que “desde el día 25 de julio, Pedro Cortés salió junto con su esposa de su comunidad Las Limas Chitamucum a San Cristóbal y después viajaron a Bochil; el 26 partieron a Simojovel donde estuvieron todo el día para llegar a su comunidad por la tarde. Diego Mendoza, por su parte, estuvo todo el día 26 en su domicilio terminando un trabajo de carpintería que le habían pedido”.
Fue el 26 de julio de 2021 cuando 19 hombres fueron desaparecidos forzadamente en Pantelhó, “en un contexto de violencia y enfrentamiento entre el grupo de autodefensas El Machete y el grupo de Los Herrera”.
A principios de agosto del 2021, añadieron, fue conformando un concejo municipal provisional que empezó a funcionar oficialmente el 18 de diciembre. “Fue hasta entonces que Pedro Cortés (presidente del concejo municipal) y Diego Mendoza (regidor) se conocieron”. Ambos, todavía en funciones, fueron detenidos en junio de 2022 en Tuxtla Gutiérrez, acusados de la desaparición de los 19 pobladores de Pantelhó.
En el caso también estaba imputado el sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, asesinado a balazos en octubre pasado, cuando salía de un templo en San Cristóbal de las Casas.
Las 67 organizaciones y colectivos, así como las 236 personas que firmaron el documento, aseguraron que el arresto de Pedro Cortés y Diego Mendoza, “fue arbitrario, ya que nunca se les mostró la orden de aprehensión, además que fue realizado con lujo de violencia; se violaron completamente el debido proceso y sus derechos fundamentales”.
También “fueron despojados de sus pertenencias, se les obligó a firmar unos papeles desconociendo su contenido; se les violó el derecho fundamental a contar con un intérprete por ser miembros del pueblo indígena tseltal”.
El juicio al que han sido sometidos, afirman, “ha estado plagado de irregularidades, empezando porque la jueza designada para el caso: Mitzi Guadalupe Flores Rocha, quien destituyó a la defensa particular por parte de la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (CLIFODH), e impuso al defensor de oficio que estuvo hasta el final del juicio, auxiliado por otro abogado que ella también impuso”.
La Misión Jesuita de Bachajón, a la que pertenece la comunidad en la que viven las familias de Diego y de Pedro, defienden su inocencia por conocer su recta y honorable trayectoria de vida al servicio de la paz en sus comunidades.
“Don Pedro, de manera especial, ha sido un incansable reconciliador en su comunidad, promotor de derechos humanos, autoridad moral, buscando desde el diálogo, la ley y la no violencia resolver los distintos conflictos que se le han presentado. Es catequista y candidato al diaconado permanente”.
En el texto, las organizaciones señalan que como parte del mismo expediente se le dictó orden de aprehensión al padre Marcelo y aunque “no se liberó, no se suprimió (…) existen pruebas testificales que corroboran la imposibilidad de que tanto Diego como Pedro, así como el padre Marcelo pudieran haber participado en la desaparición de estas 19 personas”.
Para las ongs, el procesamiento violatorio de los derechos humanos de Pedro y Diego es un ejemplo más de la violencia que sufre el pueblo de Panthelhó, en donde más de 200 campesinos, hombres y mujeres, han sido ultimados/as en los últimos 20 años, según el testimonio de los pobladores del municipio.
Los firmantes piden al gobierno federal y estatal que pongan las medidas necesarias para que el asesinato de Marcelo Pérez no quede impune.
Manifestaron que el caso de Cortés y Mendoza “son ejemplo de la violencia institucional y de la vulneración de derechos humanos que sufren personas indígenas en Chiapas. Sabemos que, lamentablemente, este caso no es una excepción y que existe un patrón de construcción de delitos falsos que condenan a personas, en su mayoría indígenas, pese a ser inocentes”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.
La “Ley Monzón”, señala que los padres sentenciados por el delito o tentativa de feminicidio perderán en automático la patria potestad, tutela y derecho de convivencia.
Por la menor, que el día en que fue hallada muerta cumpliría 10 años, Alerta Amber informó que la última vez que se le vio fue en el ejido La Victoria, del municipio de Mapastepec.
Por la menor, que el día en que fue hallada muerta cumpliría 10 años, Alerta Amber había emitido una ficha de búsqueda informando que la última vez que se le vio fue en el ejido La Victoria, del municipio de Mapastepec.
La colectiva feminista 50 mas 1 que lleva un puntual seguimiento de los feminicidios en Chiapas, señaló que los habitantes del lugar, habían emprendido la búsqueda de la niña, y hace tres días de acuerdo a los testimonios, las autoridades desplegaron un operativo.
Fue el viernes que familiares, conocidos y pobladores de La Victoria, San José y Pantaleón Domínguez, se reunieron, cuando informaron que el cuerpo de la niña había sido hallado en la carretera que va de Simón Bolívar y Ruiz Cortínez, en un punto conocido como Malpaso.
Más tarde dieron a conocer que fueron detenidos una mujer y dos hombres, implicados en el secuestro y feminicidio de la niña, pero la Fiscalía no ha confirmado la información hasta ahora.
50 más 1 al expresar su pésame a la familia de Perla Alison, que sufre una pérdida irreparable, a sus amistades, al personal docente y estudiantil de su escuela, subrayó la importancia de que los gobiernos municipales emprendan campañas para visibilizar la violencia de género.
En Mapastepec, dijo la colectiva Mapachtépec Fem, “se respira el incremento terrible de la violencia e inseguridad, resultado de los malos gobiernos; donde antes se respiraba tranquilidad, ahora nuestras hijas ya no pueden salir tranquilas de casa, sin tener miedo a que algo les pueda suceder”.
Dijo que en la localidad solo en el mes de marzo se han presentado dos feminicidios con el de la niña. Las feministas demandaron al presidente municipal, Amando Espinosa de la Cruz a hacer el acompañamiento a las familias de víctimas de feminicidio para que se les haga justicia, “que sea un canal de comunicación y exigencia ante la fiscalía para que se dé con los responsables”.
50 más 1 pidió a las autoridades competentes investigar el caso con perspectiva de género y solicitar en los tribunales todo el peso de la ley contra los presuntos responsables. ?“Con el feminicidio de Perla Alison son seis los casos que se han presentado en lo que va del año. Solo en el mes de marzo se han registrado cuatro feminicidios”, manifestó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.
El Frayba expone que el fenómeno del Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas contiene larga data, desde la década de los 60 con las expulsiones masivas por motivaciones religiosas políticas.
Al presentar su informe anual “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal” que describe la situación en ocho capítulos, el Frayba señala que la violencia ha alcanzado niveles, por el “absurdo negacionismo del sexenio anterior hacia el discurso de conceptos vacíos, reconociendo lo caótico del gobierno de Chiapas encabezado por Rutilio Escandón, y la parafernalia del poder bajo un espectáculo mediático del gobierno actual” de Eduardo Ramírez.
En el documento, el colectivo describe la crisis humanitaria del Desplazamiento Forzado, en el capítulo de las personas desaparecidas, muestra el caso de la desaparición de 12 hombres originarios de Guatemala, dedicados a la crianza y comercio de pollos, los que salieron de su municipio Mazatenango del Departamento de Suchitepéquez el 13 de noviembre de 2023, ingresaron a México por Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Frontera Comalapa, lugar donde se establecieron.
Pero para el 16 de noviembre de 2023, salieron rumbo al municipio de Siltepec, municipio de la región de la Sierra de Chiapas, y desde ese día, se desconoce el paradero de 10 de ellos. Solo dos personas fueron localizadas de regreso a su casa.
Otro de los temas es la documentación de agresiones a personas defensoras; los laberintos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional; la intención progresiva de la violencia política en Chiapas; la violencia criminal e impactos a la población, y la guerra contra los pueblos.
El desplazamiento forzado
El Frayba expone que el fenómeno del Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas contiene larga data, desde la década de los 60 con las expulsiones masivas por motivaciones religiosas políticas, así como las que se presentaron en el marco del Conflicto Armado Interno irresuelto desde 1994 con un saldo de alrededor de 20 mil personas desplazadas.
El fenómeno se ha agudizado en los últimos años, documentando 20 eventos de desplazamiento forzado desde el mes de enero del año 2023, a junio del 2024, presentándose un número aproximado de 15 mil 780 personas víctimas de este fenómeno originarias de los municipios de Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila.
Tan sólo en la región Frontera y Sierra del estado han sido desplazadas, a mano de la delincuencia organizada 8 mil 190 personas, “lo que es una muestra de la agudeza del desplazamiento forzado”.
Por municipios, explica el organismo, Ocosingo representa un 25 por ciento de desplazados, por la “violencia contrainsurgente”, pero las regiones Fronteriza y Sierra, con un 30 por ciento, principales de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia y Bellavista, “teniendo como principal causa la violencia emanada de la delincuencia organizada”.
Mientras que, en la región Altos, el 15 por ciento, “donde la violencia generalizada, ocasionada por grupos armados diversos han sido la principal razón para que las personas huyan de sus hogares”.
El organismo que dirige el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, recalca que las causas del desplazamiento forzado, un 35 por ciento se debe a la disputa del control del territorio por el crimen organizado; la violencia contrainsurgente que afecta a bases zapatistas, un 35 por ciento; y la violencia generalizada con un 30 por ciento, “entre la que destaca el uso de ésta a partir de la diversificación de grupos armados en el territorio”.
Afirma que los desplazamientos forzados han sido provocado por la acción, omisión y aquiescencia de las Fuerzas Armadas e instituciones de Seguridad Pública, locales y federales, “la expansión de grupos armados ilegales, sicarios y paramilitares, que se disputan el control de territorios estratégicos para el trasiego de migrantes, armas, drogas y carros robados. El control de centros arqueológicos, especies endémicas y mercancías robadas; y en lo general economías legales e ilegales de todo tipo”.
Así como también, “la violencia que emana de la disputa por el control del territorio por parte de grupos antagónicos de la delincuencia organizada en las regiones Frontera y Sierra, y la crisis humanitaria reflejada en la agudeza del desplazamiento forzado, implica también graves violaciones a los derechos humanos y convierte a los territorios en zonas silenciadas,10 impregnadas de inseguridad y terror”.
Las desapariciones
En noviembre de 2023, el Frayba presentó el informe “Tocar el vacío” sobre la desaparición de personas en Chiapas, para visibilizar la preocupación por el ascenso de este fenómeno, que asegura según registro, que entre 2019 y 2023, aumentó en un 358 por ciento en el estado; y esto se dio principalmente en el marco de la disputa por el domino del territorio basada en la confrontación armada entre grupos criminales que cuentan con el amparo de instancias locales, nacionales y transnacionales.
Para el organismo, la desaparición de personas, “sigue siendo el control de la vida social, económica y política de las comunidades mediante la estrategia del terror, con lo que se pretende acallar toda posibilidad de movimiento social y autogestión del territorio. Esta situación no es nueva, se ha visto en otras regiones del país y ahora en Chiapas, principalmente en las regiones Sierra y Frontera”.
En el informe, el Frayba refiere que en Chiapas existe un pendiente histórico sobre las desapariciones forzadas, ocurridas en el marco de la política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano, contra la lucha del EZLN.
Según los casos documentados por el organismo, entre 1995 y 2000, sólo en la zona Norte de Chiapas, se registraron 37 desapariciones forzadas, cometidas por el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia. Además de 32 personas desaparecidas en combate que son parte y reivindica el EZLN; todos estos casos permanecen en la total impunidad.
El Frayba, fundado por el obispo Samuel Ruiz García, destaca en el informe la violencia machista, y señala que la desaparición de mujeres en el estado es mucho mayor que en los índices nacionales ya que supera ampliamente el promedio nacional del 25 por ciento, alcanzando más del 60 por ciento, en su mayoría afectando a niñas y adolescentes. Muchas de estas desapariciones tienen como objetivo la trata y explotación sexual.
Subraya que de enero a junio del 2024, en Chiapas se han registrado 632 desaparecidos, de los cuales 217 son niños y adolescentes, aunque Alerta Amber ha registrado 234 casos
Refirió que el año pasado, denunció seis casos con diez personas desaparecidas en Bella Vista, Ocosingo, Osumacinta, San Cristóbal de las Casas y Tila. “Estos sucesos en algunos casos, ocurrieron bajo el contexto de violencia generalizada”.
Documenta también que de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de diciembre del 2000 al 10 de julio del 2024, en Chiapas han habido siete mil 163 desaparecidos, tres mil 833 son mujeres y tres mil 330 hombres. “Del total, 1,977 son adolescentes entre 15 y 19 años, siendo 1,492 mujeres y 485 hombres. En cuanto a la infancia, entre 0 y 14 años, hay 1,735 desapariciones, 1,091 son niñas y 644 niños”.
La edad más frecuente de desaparición es de 15 años, y son las mujeres adolescentes las que más desaparecen. Otro detalle que habla sobre la grave situación que se vive en Chiapas es que, a nivel nacional, dos de cada 10 personas en este rango de edad siguen desaparecidas, pero en el estado esta cifra se incrementa a tres de cada 10.
Los principales lugares son Tuxtla Gutiérrez, SCLC, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque.17 Según la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS), entre 2020 y 2024, la cifra de niños, niñas y adolescentes desaparecidos/as fue de 2,223. Es decir, una media de 1.5 desapariciones de menores al día.
El centro Frayba sostiene que la desaparición de personas es una violación grave y múltiple a los derechos humanos, tanto de la persona desaparecida como de su familia y de la sociedad en su conjunto.
Por lo que considera que es urgente la instauración del Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta, previsto por la Ley de Desaparición para el estado, ya que a más de cinco años de su anuncio, ha existido una visible oposición por la conformación de esta instancia, necesaria como mecanismo para asegurar que las necesidades y opiniones de las víctimas sean tomadas en cuenta.
Para el Centro Frayba, en la desaparición de personas, se requiere de medidas claras para la investigación de los hechos, mayor conocimiento para crear e implementar metodologías y garantías de no repetición de tales violaciones. “La búsqueda debe ser inmediata y diferenciada, en coordinación con entidades estatales, corporaciones y personas que tienen el lado de hacerlo”.
Sin embargo, la realidad de las personas desaparecidas en Chiapas, presenta un panorama desolador y alarmante, por lo que es fundamental reconocer que el derecho a saber es inalienable y debe ser garantizado por el Estado.
“A pesar de estos hechos, el Estado mexicano ha persistido en su narrativa de que Chiapas es un estado seguro y ha mostrado una alarmante omisión en sus deberes de investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a derechos humanos”, apuntó el Frayba.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.
De acuerdo con el Centro Frayba, la delincuencia organizada, junto con empresas nacionales y transnacionales, así como el Gobierno en sus tres niveles, han disparado la violencia en Chiapas.
En su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”, la organización advirtió que la violencia armada, desapariciones y detenciones arbitrarias han incrementado en el estado en los últimos cinco años.
“En este contexto, el discurso y justificación que viene desde el Estado mexicano, es que existe una estrategia de seguridad consistente en no ‘alborotar el avispero’, no confrontarse con la DO (delincuencia organizada) en los territorios que controlan”, señaló.
“(…) Esto sirve sólo para confirmar su responsabilidad ya que están siendo testigos de las acciones operativas de la DO, del control poblacional, del territorio y de las vidas de pueblos y comunidades en Chiapas, donde se cometen actos criminales, asesinatos, desapariciones, desplazamiento, entre otras graves violaciones a los derechos humanos”.
Desapariciones crecieron casi 300% en 5 años
En los últimos cinco años, se ha registrado un incremento del 299% en casos de desaparición en la entidad, según la información publicada en el informe.
En 2019, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) registró 320 casos de desaparición en Chiapas, en tanto que la cifra incrementó a 1,277 para el 2024.
“La edad más frecuente de desaparición es de 15 años, y son las mujeres adolescentes las que más desaparecen”, detalló el Frayba. “Los principales lugares son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque”.
La organización remarcó que tanto los casos de las personas que permanecen desaparecidas, así como la cifra de desaparición de mujeres, es mayor en el estado que el promedio nacional en ambos indicadores.
Tan sólo considerando los reportes de desaparición que maneja el RNPDNO, Chiapas se posiciona como el cuarto lugar nacional en niñas, niños y adolescentes desaparecidos.
Hay tres rutas principales de tráfico de personas
El estado de Chiapas se ha convertido en un territorio propicio para el tráfico de personas a manos de organizaciones criminales, debido a la gran afluencia de personas migrantes que transitan por ahí.
La organización señaló que hay al menos tres rutas principales para mover a las personas: una por el Norte del estado, otra por la costa, y una tercera por el centro de Chiapas.
“Por un lado, bajo presión de los Estados Unidos, México sigue implementando una política de criminalización de la migración; y, por otro lado, deja las empresas criminales que trafican seres humanos con una impunidad casi total”, señaló en el informe.
Esto, a su vez, lo relacionó con el incremento en casos de niñas y mujeres desaparecidas en la entidad.
Sector minero provoca conflictos en comunidades
Entre las agresiones que el Frayba ha detectado, existen aquellas orientadas a defensores de la tierra y del territorio, quienes han sido víctimas incluso de desapariciones y asesinato. Estas personas fueron violentadas por “haber afectado los intereses de actores poderosos, en particular cuando se trata de megaproyectos”.
En el estado, el sector minero ha sido un foco de desestabilización en la región, ya que chocan intereses económicos y políticos que resultan en la vulneración de derechos.
Un ejemplo de ello, citó el Centro Frayba, fue en la comunidad de Nuevo Morelia, municipio de Chicomuselo, en abril de 2024, cuando 11 personas que se oponían a la violencia criminal, en el contexto de la explotación minera, fueron masacrados.
A partir de 2022, incrementó la presencia de grupos de la delincuencia organizada en este municipio. “Uno de los motivos era tratar de imponer los proyectos mineros que iban contra los intereses de las comunidades y, a fin de cuentas, la violencia fue más allá de la reactivación de la mina (que las comunidades organizadas habían logrado suspender tras años de lucha), alcanzando intereses de control político, social, económico y territorial de todas las localidades del municipio”, detalló.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.
La violencia del narcotráfico en municipios de la frontera y la sierra de Chiapas se agudizó en 2021, cuando grupos del crimen organizado comenzaron a disputarse el territorio.
Al ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, municipio de Frontera Comalapa colindante con La Trinitaria y con el vecino país, retornaron 30 familias; otras 22 familias regresaron a Chamic.
El regreso de las familias desplazadas se da porque ahora “se han generado las condiciones de seguridad y con el trabajo conjunto con autoridades estatales” se acordó su retorno, explicó el alcalde, luego de señalar que las familias se desplazaron en diferentes fechas por la violencia armada que imperaba en la región.
Solís Alvarado explicó que el ayuntamiento que preside está coadyuvando con las autoridades comunitarias para que reciban a las familias que faltan por retornar.
“Hablamos con las autoridades de las comunidades de origen; les pedimos que les permitan regresar sin que les cobraran multas por haberse ido. Lo importante era que la gente que iba a retornar estuviera segura de que no iba a pagar por su entrada porque se acostumbra a multarlos para dejarlos regresar”.
Aseguró que el ayuntamiento de La Trinitaria, municipio fronterizo con Guatemala, se comprometió a apoyarlos -para empezar con la canasta básica- porque cuando se desplazaron perdieron cosas. “Platicamos con ellos y se juntaron las dos cosas, la alegría y la tristeza al regresar. No es fácil perder lo que construyeron”.
“Les ayudaremos también dándoles semillas para que retornen a cultivar sus parcelas; Chamic es una zona de riego muy productiva. Y a las autoridades comunitarias les dijimos que trabajaremos con ellas en los proyectos para que las familias que retornen se sientan ayudadas, sobre todo generarles fuentes de empleo”.
Las familias desplazadas estaban viviendo en distintos lugares, con familiares y amigos y salieron de sus comunidades en diferentes fechas, agregó.
El presidente municipal de La Trinitaria informó también que desde hace algunas semanas fue reabierto el centro ecoturístico Lagos de Colón, luego de permanecer casi dos años cerrado, también por la violencia provocada por el narco.
“Ahora volverá la derrama económica al abrir los Lagos de Colón; se han reabierto los restaurantes y las tiendas. Esa era la petición de los pobladores, porque nos decían que no tenían entradas económicas y que estaban muriendo de hambre, pero hoy con la reapertura del centro ecoturístico, los turistas están llegando, y ellos tienen la oportunidad ahora de hacer su vida normal, de ofrecer lo que comercian y tienen”.
Solís Alvarado comentó que los prestadores de servicios del centro ecoturístico, están esperando las vacaciones de Semana Santa para recibir más turistas. “Están abiertos el 90 por ciento de establecimientos. Los que tenían un poco de dudas para abrir sus negocios ya tienen la confianza. Ven que la gente abarrota los sábados y domingos el lugar”.
La violencia del narcotráfico en los municipios de la frontera y la sierra de Chiapas se agudizó a partir de 2021, cuando grupos del crimen organizado comenzaron a disputarse el territorio, lo que ocasionó enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, bloqueos carreteros, quema de carros y cobro de derecho de piso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.
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