Estimadas Señoras y Señores,

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de los cinco defensores tzeltales criminalizados Manuel Santiz Cruz, Agustín, Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, arbitrariamente detenidos en 2022 y desde entonces presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado (CERSS) n° 5, a la luz de la reciente publicación de la opinión emitida el 4 de abril de 2025 por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca de su caso._

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU realizó una visita a México y al Estado de Chiapas en septiembre de 2023, y tras recibir información sobre el caso de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos al Gobierno de México el 22 de julio de 2024. La respuesta del Gobierno fue recibida el 18 de octubre de 2024. El 4 de abril de 2025 el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que se destacan una serie de deliberaciones referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas contra los cinco detenidos en el marco tanto de su arresto como de su proceso judicial:

• La detención de los cinco se realizó sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputan. Tampoco fueron llevados ante un juez una vez fueron arrestados. La orden de aprehensión fue emitida a posteriori, pero antes de que la Fiscalía la solicitara, lo que evidenciaría la parcialidad del Juez en el desarrollo del proceso penal.

• No existían razones para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, revelando la aplicación arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepción y no la normal.

• Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparición forzada durante las 24 horas que siguieron a su detención.

• Los detenidos no tuvieron acceso a un intérprete español – tzeltal ni en el momento de su detención ni en su proceso judicial hasta la reposición de las audiencias.

• Las pruebas presentadas por la Fiscalía en los dos juicios muestran incongruencias como la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión del protocolo de primer respondiente, deficiencias en la determinación de la causa de la muerte, contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales, ausencia de identificación formal del fallecido, peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no se corresponden con el contenido del dictamen. A su vez, las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver.

Además, el Grupo de Trabajo reconoce a los cinco sentenciados como defensores de derechos humanos, y considera que su criminalización se debe precisamente a su labor de defensa de la tierra y el territorio y al hecho de pertenecer a la etnia tzeltal, discriminación que se extiende incluso a su falta de dominio del español.

En consecuencia, solicita que:

• El Gobierno de México ponga en libertad inmediata a Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco y les conceda el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

• El Gobierno de México lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco individuos y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

Existe un marco de obligatoriedad al que el Estado Mexicano se debe adherir ya que, como miembro activo de la Organización de las Naciones Unidas desde 1945, ha asumido compromisos claros en materia de derechos humanos, los cuales incluyen el respeto y la atención a los mecanismos internacionales. En particular, ante las opiniones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, el Estado Mexicano se compromete legal y políticamente a tomar en cuenta sus opiniones y a actuar en consecuencia. Esto se basa en la Resolución 30/30, en la que se solicita a los Estados considerar seriamente las opiniones del Grupo de Trabajo, tomar las medidas necesarias para corregir las situaciones denunciadas e informar sobre las acciones adoptadas. También se basa en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación — a través de sus instancias competentes — vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales. Esto se demuestra argumentado en la sentencia RA (P) 298/2022 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito del Estado de Morelos, la cual resuelve la omisión por parte de las autoridades de proveer medidas de reparación integral en favor de la quejosa.

Cabe señalar que la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y el Relator Especial de Pueblos Indígenas de la ONU emitieron una comunicación conjunta el 9 de octubre de 2024 en la que llamaron la atención del Gobierno Mexicano acerca de la presunta detención arbitraria, uso indebido del derecho penal e imposición de sentencias de forma desproporcionada contra diversas personas defensoras de derechos humanos, incluidos Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez. Recuerda al Estado Mexicano sus obligaciones internacionales y solicita información relativa a los casos objeto de la comunicación. En la respuesta del Estado a la comunicación el caso de los defensores de San Juan Cancún no ha sido abordado.

También queremos expresar nuestra preocupación por las violaciones de derechos humanos que el Movimiento Sueco por la Reconciliación SweFOR ha podido observar en su labor de acompañamiento y documentación, tanto en el marco de la detención como en las audiencias y en sus visitas a la cárcel. Dicha organización estuvo presente durante la detención de Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, pudiendo atestiguar el desproporcionado uso de la fuerza y la actitud intimidatoria de los agentes, que negaron a los detenidos y a sus abogados visionar la orden de aprehensión, conocer los motivos del arresto y conocer sus derechos como detenidos. Durante las audiencias de primera instancia observó los tratos discriminatorios por parte del tribunal hacia las personas tzeltales presentes en el juicio, así como su trato abiertamente amenazante e intimidatorio contra los abogados defensores. A su vez, ha sido sistemática la obstaculización del proceso judicial, que se ha manifestado en constantes cancelaciones de audiencias o en la negación del acceso a observadoras internacionales y prensa. También es remarcable el impacto que SweFOR ha podido contemplar en los cinco defensores a lo largo de sus visitas al penal: la situación de criminalización y las condiciones de vida de la cárcel han derivado en afectaciones médicas cuyo abordaje no ha sido en absoluto facilitado por las autoridades carcelarias, mientras que los cambios en los protocolos de visitas han restringido enormemente las posibilidades de las familias de poder acompañarlos, con el impacto impacto psicológico que ello conlleva. Algunas de estas preocupaciones han sido recogidas en varias misivas enviadas a las autoridades en ocasiones previas.

A las autoridades del Estado Mexicano y del estado de Chiapas solicitamos:

Cumplir con la opinión emitida por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, y que se traduce en la liberación inmediata de Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Augustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez; la investigación de las autoridades responsables de su criminalización, y la reparación integral de todos los daños causados.

Cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos, así como los pactos en los que México es firmante, particularmente la Resolución 30/30 de 2016, aprobada por la Asamblea General de la ONU.

Garantizar la no repetición de la privación arbitraria de la libertad a defensoras y defensores de derechos humanos, así como de otras estrategias de criminalización.

A las representaciones diplomáticas y a la comunidad internacional, solicitamos:

Llamar al Estado mexicano a cumplir con la opinión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y poner en libertad inmediata a Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Augustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez; a investigar a las autoridades responsables de su criminalización, y a la reparación integral de todos los daños causados.

Que se pronuncien públicamente sobre la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca del caso de los cinco detenidos de San Juan Cancuc, e insten a las autoridades estatales y federales a ponerlos en libertad de forma inmediata, a investigar a las autoridades responsables de su criminalización, y a la reparación integral de todos los daños causados.

Instar al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y garantías para el debido proceso.

Esperando que esta carta les resulte de interés y motive su actuación, les agradecemos de antemano su atención y quedamos atentas a las respuestas a la presente carta.

Amnistía Internacional | Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic | Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos | Front Line Defenders | Movimiento Sueco por la reconciliación – SweFOR – |

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos |

Servicio Internacional para la Paz, SIPAZ | The Indigenous Peoples Rights International

Explicó que, en el primer cateo, las cámaras de video vigilancia que mantiene en la entrada de su domicilio registraron, la noche del 11 de julio a las 23:39 horas; primero llegó una camioneta Suzuky Jimny color blanca con quemacocos, sin ningún sello oficial. 

“Llegan alrededor de 20 personas con chamarras y algunos con las manos en los bolsillos; son policías municipales, personal militar y civiles, dos más personas se acercan al portón de la casa, ven la forma de la chapa y los sostenes de candado, aparece una mujer uniformada, mientras que, en la calle, 16 vehículos cierran la calle suman”.  

Velasco Gordillo relató que, al no abrir el portón, lo rompieron a la fuerza, “entonces entran los que están armados y con linternas comienza a inspeccionar, entran a la casa otros 10 y otros 10 elementos armados, se quedan afuera, unos llevan armas otros las manos en el bolsillo. Uno de ellos parece anotar. Luego de 10 minutos de estar con linternas, se van como llegaron, dejan el portón a medio cerrar, y vuelven a la mañana siguiente 12 de julio con mayor número de elementos, desplegándose con preponderancia”. 

Para la fotoperiodista, la ejecución de dos cateos agrava la percepción de hostigamiento, por lo que tiene miedo y ha decidido no regresar a su casa, por temor a nuevas represalias y por su seguridad. 

Señaló que, hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado de Chiapas no le ha ofrecido una explicación oficial sobre los motivos de estos cateos. Tampoco se ha presentado ninguna orden judicial que justifique los allanamientos. 

Velasco Gordillo comentó que el día que hizo la denuncia pública recibió una llamada del Fiscal de Distrito de Comitán, quien solo le comentó que el cateo obedeció a una denuncia ciudadana que acusó narcomenudeo. 

“Exijo una investigación a fondo, quien hizo esa “llamada ciudadana”, así como también demandó la explicación y transparencia de esos cateos, y que se garanticen mis derechos humanos y de los que me rodean”. 

La periodista reitera que estos hechos están directamente relacionados con su trabajo, ya que ha cubierto temas sensibles como la violencia, el desplazamiento forzado y la presencia de grupos armados en la zona fronteriza de Chiapas. Ella teme que estos allanamientos busquen intimidarla o, incluso, “sembrar” pruebas en su contra para criminalizarla. 

El caso ha generado una amplia condena y preocupación en la comunidad periodística y en organizaciones de derechos humanos, quienes ven en este acto una grave violación a la libertad de expresión y un riesgo para el ejercicio del periodismo en México. 

La falta de una respuesta clara por parte de las autoridades y la situación de desprotección y miedo que vive Luz del Alba Velasco, ponen de manifiesto los desafíos y riesgos que enfrentan los periodistas en Chiapas, un estado donde la violencia y la impunidad son una preocupación creciente. 

La periodista ha dirigido cartas a diversas autoridades y organismos de derechos humanos, incluyendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a organizaciones de defensa de periodistas como Artículo 19, solicitando su intervención y, crucialmente, medidas de protección para garantizar su integridad y su seguridad.

Ochoa Gallegos aseguró que “mientras el gobierno de Rutilio Escandón se llenaba la boca hablando de paz y transformación, La Barredora cruzaba nuestras fronteras, operando en municipios del norte y oriente del estado con total impunidad”. 

Refirió que reportes periodísticos recientes y documentos filtrados por la prensa nacional confirman que “la organización criminal extendió sus redes desde Tabasco hacia zonas limítrofes de Chiapas, aprovechando el vacío de autoridad y la falta de respuesta institucional”. 

El exgobernador sostiene que el grupo criminal “La Barredora”, señalada por actividades de huachicol, tráfico de drogas, extorsión y trata de personas, bajo el mando de exfuncionarios públicos, “su expansión hacia Chiapas no fue ajena ni desconocida por las autoridades”. 

Por lo que llamó a la Fiscalía General de la República y al Gobierno federal a “investigar a fondo la posible red de encubrimiento y permisividad que facilitó la operación de este grupo criminal en Chiapas; exigió que se deslinden responsabilidades. 

“No se puede construir el futuro de Chiapas sin tener presente lo que se vivió en el pasado. Hoy más que nunca, necesitamos fortalecer al Estado para que pueda hacer frente al crimen organizado con firmeza, investigar sus redes y avanzar hacia una justicia que garantice la paz para todas y todos”, manifestó Ochoa Gallegos. 

El exgobernador interino de Chiapas, Willy Ochoa, ha denunciado públicamente al exgobernador Rutilio Escandón Cadenas, acusándolo de presuntos nexos con grupos delictivos, incluyendo a “La Barredora”. 

Ochoa ha enviado cartas y ha hecho declaraciones a medios, incluso a nivel internacional, para alertar sobre la situación de inseguridad en Chiapas y la supuesta complicidad de Escandón con el crimen organizado. 

Una de sus acciones fue enviar una carta a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pidiéndole que evaluara el nombramiento de Escandón como cónsul de México en Miami, argumentando sus conexiones con cárteles del narcotráfico. 

De acuerdo a las denuncias de Willy Ochoa, durante la “narcoguerra”, la presencia de grupos como “La Barredora” proliferó de manera exorbitante durante la administración de Rutilio Escandón. 

El grupo Tabasco en Chiapas

En el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas predominó un grupo de personajes pertenecientes al círculo de influencia política y familiar con raíces en el estado de Tabasco que ejerció el poder considerablemente en la administración chiapaneca. 

Esta influencia se potenció por la relación de parentesco entre Rutilio Escandón y Adán Augusto López Hernández. Rutilio Escandón era su cuñado, ya que estaba casado con Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto, cuya posición estratégica como Administradora General de Auditoría Fiscal del SAT, le otorgaba una gran influencia en las decisiones políticas y económicas, tanto a nivel federal como en Chiapas. 

Su fallecimiento en mayo de 2024 marcó un punto de inflexión. 

Los principales integrantes y figuras claves asociadas al “Grupo Tabasco” que predominaron durante el sexenio de Escandón Cadenas son: Ángel Torres Culebro, quien fue Secretario de Infraestructura y fue colocado como alcalde de Tuxtla Gutiérrez, cargo que desempeña actualmente. 

Antonio Noguera Zurita, tabasqueño que sigue desempeñando el cargo de Director General y Administrador Aeroportuario; José Manuel Cruz Castellanos, se desempeñó como Secretario de Salud y actualmente es senador por Chiapas. 

A lo largo del sexenio de Rutilio Escandón, se observó la llegada de varios funcionarios y allegados de la familia López Hernández que ocuparon puestos claves en el gobierno de Chiapas. Todos ellos consolidaron la red de poder del “Grupo Tabasco” en la entidad. 

Las denuncias de Willy Ochoa apuntan a que esta red de influencia, además de concentrar el poder político, habrían tenido supuestas complicidades con el crimen organizado, lo que habría contribuido al deterioro de la seguridad en Chiapas durante el sexenio pasado.

"Desde esta Secretaría reiteramos nuestro compromiso absoluto en el respeto, la integridad y la dignidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los espacios educativos del país”, dijo en un comunicado difundido en sus redes sociales. 

Agregó: “No toleraremos, bajo ninguna circunstancia, que quienes están al frente de las aulas, traicionen la confianza de las comunidades escolares y vulneren los derechos de las y los estudiantes”. 

En el documento, la SEP destacó la detención y consignación del presunto responsable que hizo la Fiscalía de Chiapas y reconoció “la valentía de la víctima al denunciar los hechos, así como la actuación de las autoridades locales que permitieron avanzar en la investigación”.

Nada ha cambiado, las autoridades no escuchan a las víctimas, por eso una alumna de preparatoria en Chiapas tuvo que denunciar abusos e insinuaciones sexuales en su graduación!

A ver si con ella si se “solidarizan” las feministas de mugrena 🙄

pic.twitter.com/mdf3ndtYoM

— 🅜🅐🅛🅤 🅖🅡🅐🅝🅐🅓🅞🅢 (@malusita76) July 18, 2025

“Quiero señalar que continuaremos con las investigaciones para determinar si hay más víctimas y poder deslindar responsabilidades”, declaró el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.

El mensaje de la joven: “el miedo nos frena y no hay espacios seguros para denunciar”

Al tomar el micrófono, la joven lamentó no haber denunciado lo que ocurre en el plantel y esperar a que le tocara a ella para alzar la voz.

Dijo que, aunque no todos son responsables directos, muchos encubren a quienes sí lo son y afirmó que “el mejor amigo de un acosador suele ser otro acosador” y reprochó el silencio institucional.

Alumna denuncia acoso en discurso de ceremonia de graduación en Chiapas; ya detuvieron a un maestro. #EnPunto con @JLANoticias | #DecideInformado | Síguelo por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/nhlkB7yOl2

— NMás (@nmas) July 18, 2025

“Nosotras nos vamos, pero ustedes se quedan, y aunque creo que muchos de ustedes están aquí no por vocación sino por el sueldo, cuando menos deberían tener educación, tacto, respeto con las alumnas de aquí porque también tienen hijas.”

“Director, yo fui compañera de su hija, y le juro que si su hija hubiera estado en esta escuela yo hubiera hablado por ella también”, sostuvo.

Finalmente, la alumna solicitó a la dirección del plantel habilitar mecanismos para atender este tipo de casos, sugirió instalar un buzón de quejas, contar con apoyo psicológico para las estudiantes y que las denuncias de sus compañeras sean escuchadas.

Señaló que la Fiscalía de Veracruz había ofrecido una recompensa de 350 mil pesos por información que condujera a su localización y captura del delincuente, y se habían colocado anuncios espectaculares en varios lugares para dar con su paradero. 

De acuerdo a la dependencia, se le imputan delitos graves como homicidios, secuestros y cobro de piso. El “Doble Cero” ha estado relacionado con el asesinato de funcionarios y empresarios en Veracruz, incluyendo el caso de la empresaria Susana Carrera, quien fue secuestrada y, posteriormente, asesinada porque su familia no pagó el rescate.

En su historial delictivo se cuenta que, a pesar de haber sido capturado por la Marina Armada en al menos una ocasión (en 2019), ha logrado quedar en libertad en ocasiones anteriores, lo que ha generado críticas y preocupación por parte de las autoridades y la sociedad veracruzana.

A seis meses de la llegada a la gubernatura de Ramírez Aguilar, Chiapas registra una disminución significativa de algunos delitos de alto impacto, como los homicidios, las extorsiones y las desapariciones por la Estrategia de Construcción de la Paz; pero ahora más personas se están atreviendo a denunciar, como las madres de cuatro adolescentes de 15 y 16 años de edad, estudiantes de secundaria y preparatoria que se encuentran desaparecidos desde agosto del año pasado en el municipio de Arriaga en la región de la costa.

Diez meses después, las familias de Yuritzi Pérez Fericano, de 16 años edad; Martín Gustavo Ramos Cruz, de 15 años de edad; Ángel Fabrizio Santiago Torales, de 15 años; y Emmanuel Alemán Camacho, de 16 años, pedirán en una peregrinación que ha convocado la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la intervención de las autoridades.

Las familias de los jóvenes, a los que consideran “educados, estudiosos y trabajadores”, se movilizarán diez meses después de su desaparición forzada; aseguran que funcionarios de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas los mantuvieron atemorizados, para que no publicaran nada en redes sociales sobre la desaparición, porque entonces los secuestradores se podrían enojar y no devolverlos con vida.

La Fiscalía no te busca

La desaparición forzada el pasado lunes de Héctor Zúñiga Trejo en el municipio de Ocozocoautla generó entre los habitantes una profunda preocupación, ya que cuentan, hace meses entraron al caserío cinco camionetas, los muchachos que estaban platicando en una banqueta les hicieron bulla, los hombres regresaron, los golpearon y les advirtieron que no se pasaran de valientes. 

Héctor, de 29 años, dedicado a la compra y venta de ganado, relata su hermana Iris, fue la mañana del lunes a entregar en la camioneta de su padre unas vacas al rastro municipal, y de regreso se fue con sus amigos a tomar unas cervezas, pero como siempre lo hacía, avisó en el chat de la familia donde se encontraba, incluso envió una foto. 

Héctor, narra su hermana, fue llevado junto con otro amigo, pero a él lo regresaron al siguiente día todo golpeado, “está en shock, dice que fue vendado. Lo fueron a tirar en la colonia”.

La familia de Héctor denunció su desaparición ante el ministerio público de Ocozocoautla; Iris comenta que ella preguntó que seguía después de la denuncia, le dijeron: “Vamos a darle difusión y cuando tengamos algo, les hablamos”. Iris dice que pidió que se rastreara el celular de su hermano, pero le dijeron que no se podía porque estaba apagado. 

Saldrán a marchar por las desapariciones en Arriaga

En la ciudad de Arriaga, un municipio colindante con el estado de Oaxaca, los pobladores saldrán el próximo domingo 22 de junio en una marcha peregrinación para demandar el regreso con vida de los cuatro adolescentes y de los demás desaparecidos.  

En esa localidad, los habitantes relatan otras desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que se dio como parte de la lucha entre las organizaciones criminales que desde 2020 se mantuvieron enfrentadas por la lucha del control de territorio.

Las madres de los cuatro jóvenes desparecidos, señalan que, hasta ahora, la única información que tienen sobre la desaparición de sus hijos, son las fichas que emitió la Fiscalía General del Estado, pero diez meses después, los secuestradores no les han enviado mensajes.

Las mujeres están convencidas de que sus hijos puedan regresan a casa y puedan continuar con sus estudios, porque soñaban con ir a la universidad y servir a la comunidad como médicos, ingenieros y maestros.

Las desapariciones

La crisis de desapariciones en Chiapas, es un fenómeno complejo y doloroso, gran parte está ligada a la confrontación de grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio, si bien, el delito disminuyó, las desapariciones es una realidad persistente y preocupante, que no solo no desaparece, sino que en algunas zonas y en ciertos segmentos de la población, muestra un recrudecimiento, afirman organizaciones de la sociedad civil. 

En 2023 fue el año con la mayor concentración de casos de desapariciones en Chiapas, con 304 personas que continúan desaparecidas. 

En 2024 las desapariciones forzadas se incrementaron entre los meses de enero y octubre, se duplicaron las cifras de jóvenes y niñeces desaparecidas, con 208 casos activos solo en ese periodo, lo que representa un disparo del 90 por ciento en denuncias vigentes en comparación con 2023, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con la intención de mejorar las condiciones de vida de estas familias, Cruz exigió al actual gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, una “solución integral y diálogo directo” con las autoridades, pues aseguró que al momento “no hay una ruta de trabajo clara” para garantizar su seguridad y vivienda digna.

“Estamos pidiendo justicia, queremos una solución definitiva, una reubicación integral que nos permita rehacer nuestras vidas en paz con acceso a vivienda, tierra, salud, educación, trabajo”, sostuvo.

Actualmente, las familias conformadas por niños y adultos mayores, sobreviven en viviendas precarias edificadas con techos de lámina y tejas entreabiertas que las expone a bajas temperaturas y lluvias en un territorio propenso a ciclones tropicales, de los cuales se esperan hasta 20 en esta temporada de 2025.

Ante esta situación, Alonso Gutiérrez, padre de familia de ocho hijos, comentó a EFE que las condiciones en estos campamentos siempre fueron “pésimas”, ya que los espacios son muy reducidos, por lo que ellos mismos tuvieron que hacer arreglos para mejorar la calidad de vida de los integrantes.

“Por el techo entra el agua y el frío, los que más sufren son los niños y bebés, pues aquí estamos viviendo. Hemos protegido el techo con plástico, pero el sol y el agua lo rompen”, apuntó Gutiérrez, también indígena de la comunidad tzotzil.

Organizaciones locales e internacionales han señalado que no existe una cifra exacta de personas en situación de desplazamiento forzado, pero calculan que en los últimos años entre 16,000 y 21,000 personas han sido desplazadas internamente en Chiapas.

El desplazamiento forzado es cuando las personas se ven obligadas a dejar sus hogares o huyen debido a la violencia, los conflictos, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos, como sucede con conflictos agrarios en Chiapas.

“En el rancho Las Pitayas y en sus alrededores confluyen los datos telefónicos de muchas personas desaparecidas de Chiapas”, afirma la Colectiva Cereza, que acompaña a familiares de personas desaparecidas. “Desde hace dos años estamos pidiendo a la FGE que realice cateos, pero sólo empezó a hacerlos en diciembre pasado cuando hubo el cambio de gobierno”.

A partir de mediados de 2021, cuando escaló el conflicto por el control del territorio entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, el número de personas desaparecidas en el estado incrementó exponencialmente: según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), entre 2019 y 2024 la cifra cuadriplicó y actualmente los casos son mil 563. En estos años, las fichas de búsqueda empezaron a llenar las redes sociales y una macabra sospecha se insinuó entre la población: en Chiapas también debe de haber fosas clandestinas.

De acuerdo con datos que la FGE compartió con Animal Político tras una solicitud de acceso a la información, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 en la entidad se encontraron 12 fosas clandestinas: una en Emiliano Zapata, Soyaló, Palenque y Suchiate, dos en Tapachula y seis en La Concordia. En algunos entierros se hallaron cadáveres, 25 en total, y en otros restos óseos u osamentas. En marzo las autoridades chiapanecas detuvieron las búsquedas, que se reanudaron este mes.

Uno de estos ranchos del crimen organizado se encuentra muy cerca del aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez. En marzo, las autoridades y el colectivo de buscadoras chiapanecas Madres en Resistencia peinaron el rancho Aurora Buenavista, que se encuentra a sólo diez kilómetros del aeropuerto de la capital chiapaneca, en el municipio de Chiapa de Corzo. En un refugio subterráneo hallaron chalecos tácticos, cascos, droga, armas, cartuchos y cocaína. A pocos kilómetros de allí, se encuentra el rancho Las Pitayas.

Al lado de esta zona árida del centro del estado, que las abundantes lluvias del último mes están reverdeciendo, pasa uno de los tres corredores que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ubica como ruta de trasiego en su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”. El corredor empieza en Ciudad Cuauhtémoc, un poblado en la frontera con Guatemala que recientemente fue escenario de un enfrentamiento armado protagonizado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), que pasa por Comitán, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, desembocando en Veracruz.

Desde hace más de tres sexenios, los habitantes de los diez municipios que atraviesa la carretera han rechazado la imposición de la carretera, que conectará con otros megaproyectos extractivos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

En su campaña electoral, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum prometió concluir las obras en “beneficio de las comunidades indígenas” y posteriormente catalogó a la obra como “prioritaria”. El discurso de Ramírez Aguilar en la inauguración de la construcción reiteró que el proyecto representa “un beneficio para el pueblo”.

“Contrario al relato oficial de ‘desarrollo comunitario’, esta autopista es la puerta de entrada para la devastación de nuestra Madre Tierra”, pues tan sólo en la primera fase del proyecto se destruirán 387 hectáreas de selva, así como contaminará los ríos de la región y “arrasará” los cerros ceremoniales, aseguró el Modevite.

Además, explicaron las comunidades, el proyecto permitirá “la privatización encubierta”, pues “cuando el gobernador afirma que ‘los ingresos del peaje […] se quedarán en manos de quienes lo sostienen’ oculta que los beneficiarios serán empresas turísticas y agroexportadoras”.

Finalmente, señalaron que la megaobra abrirá paso a la militarización y represión en la zona a través del despliegue de fuerzas de seguridad, así como “el hostigamiento y criminalización” de quienes se oponen a la construcción.

Por ser una violación a sus derechos como pueblos indígenas, el Modevite exigió a las autoridades la cancelación inmediata del proyecto carretero y de los permisos ambientales “otorgados ilegalmente”, así como una investigación internacional “sobre la simulación de la consulta”. Además, demandaron el retiro inmediato de las fuerzas de seguridad en sus territorios y el respeto a su autonomía como pueblos originarios.

“No permitiremos que se repita la historia de despojo; si el gobierno insiste en imponer la muerte, los pueblos organizados defenderemos la vida con la fuerza de nuestra dignidad ancestral”, concluyó el Movimiento.

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Denunciamos con mucha indignación una agresión armada en contra de miembros de Las Abejas de Acteal y de los habitantes de la comunidad Tzajalch’en. Les recordamos que la actual comunidad de Tzajalch’en, el pasado 30 de abril celebró sus 50 años de fundación y que en los inicios del conflicto armado en 1994 se estableció como campamento Civil por la Paz. Así mismo, ha denunciado las diferentes omisiones del estado por la inseguridad que se ha vivido de manera constante tanto en la comunidad como en la zona, por tal razón, en agosto del año 2024 la comunidad junto con nuestra organización Las Abejas de Acteal efectuaron una jornada de ayuno y oración por la Paz y pedir un alto a la violencia.

Como consecuencias de las iniciativas de paz y noviolencia refrendadas el pasado 30 de abril, tanto las familias integrantes de las Abejas de Acteal que viven en Tzajalch’en como el resto de las familias, han comenzado a sufrir distintas amenazas, así como de incriminaciones por parte de las autoridades estatales que a continuación relatamos y denunciamos:

a)    El día 8 de junio del presente año, a las 6 de la tarde aproximadamente, hubo detonaciones de armas de fuego. Los disparos se efectuaron desde un monte que se ubica alrededor de 400 metros de la escuela e iglesia católica de la comunidad. Las balas llegaron sobre el techo del domo de la cancha de basquetbol en donde se encontraban reunidas las autoridades de la comunidad. Al poco tiempo llegaron otras balas en el atrio de la iglesia católica en donde estaban realizando una reunión nuestros compañeros y compañeras de Las Abejas de Acteal. En este sitio estaban algunos niños de las Abejas jugando. Afortunadamente nadie salió lastimado.

b)    Minutos después de los hechos, un grupo de personas armadas, llegaron a la comunidad Tzajalch’en y se dirigieron al lugar de donde salieron los disparos.

c)    Ante estos sucesos se dio aviso a las autoridades municipales y tiempo después, la Guardia Nacional y el Ejercito mexicano tuvo presencia en la comunidad. Mientras se dirigían a otro lugar los habitantes de Tzajalch’en escucharon disparos de armas.

d)    A las 8 de la noche aproximadamente, las personas armadas llegaron cerca de la comunidad Tzajalch’en que talaron algunos árboles para bloquear el camino que conecta a las comunidades de Tzajalch’en, Tzanembolom y Cruzton.

e)    El día 9 de junio, la Fiscalía Indígena de los Altos de Chiapas a cargo del Lic. Lorenzo López Méndez y elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), llegaron a la comunidad Tzajalch’en, según para dar seguridad e investigar lo ocurrido el día 8 de junio. Solicitó a las autoridades de la comunidad de Tzajalch’en que los acompañe a la comunidad de Tzanembolom para efectuar una inspección. A petición de la autoridad comunitaria se incorporó un integrante de la organización de Las Abejas de Acteal para ser traductor del agente comunitario.

f)      Al volver a la comunidad Tzajalch’en, aproximadamente a las 6 de la tarde, la autoridad comunitaria y el compañero integrante de Las Abejas, abordos de los vehículos oficiales les dijeron que los llevarían presos por secuestro.

g)    El supuesto secuestro al que se referían los Pakales y el Fiscal se trata de la retención de una señora, habitante de la comunidad de Tzajalch’en que efectuaron las autoridades comunitarias días antes de los hechos.

h)    La retención de la señora se debe a que se descubrió que se dedica a vender distintos tipos de droga que está afectando a la comunidad. Por esa razón, ella estaba en proceso de investigación comunitaria para saber la procedencia de su mercancía y tomar acciones para el cuidado comunitario. Señalamos que la actuación de las autoridades comunitarias y su asamblea es con base a los acuerdos comunitarios o sistemas normativos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución.

i)      La Fiscalía y los Pakales, en vez de investigar y detener a las personas armadas o grupo armado responsable de los disparos del día 8 de junio, retuvieron e incomunicaron por unas horas dentro de la camioneta oficial a un compañero de Las Abejas de Acteal junto con el agente rural municipal de dicha comunidad mientras los intimidaban y acusaban de secuestro. Aunque finalmente a la autoridad comunitaria y el compañero integrante de nuestra organización los dejaron libres.

Ante los hechos ocurridos los días 8 y 9 de junio del presente año denunciamos que son claros ejemplos de que la autoridad en vez de brindar seguridad a la población, realmente buscan intimidar y meter miedo a quienes buscamos la paz y la justicia verdadera.

Queremos recordar que nuestro compañero retenido, intimidado y acosado por las fuerzas de seguridad fue detenido en 1992 junto con otras cuatro personas por buscar justicia y oponerse a la violencia en esos años. La detención que sufrieron en aquellos años fue de manera injusta por el ayuntamiento priista de Chenalhó en complicidad con el entonces Gobernador de Chiapas José Patrocinio González Blanco y Garrido. Esos lamentables hechos dieron origen a nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Hoy, las mujeres, niñas y niños, hombres, ancianas y ancianos de la comunidad Tzajalch’en, sus vidas están bajo riesgo por las amenazas, la intimidación y amenazas constantes y recientes de un grupo armado que opera y actúa en la zona en total impunidad.

Señalamos que es vergonzoso lo que hacen tanto los gobiernos estatal como federal, que en vez de investigar y castigar a quienes realmente cometen la violencia en nuestras comunidades, cobijan a esos grupos y propician asesinatos y posibles masacres como lo hizo el mismo gobierno y el Ejército Mexicano con la masacre de 45 hermanas y hermanos nuestros más los 4 bebés no nacidos el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal.

Ante esta triste realidad exigimos a los gobiernos estatal y federal y a sus fuerzas públicas como los pakales que se desistan de intimidar y criminalizar a nuestras compañeras y compañeros de la comunidad Tzajalch’en y hagan su trabajo desmantelando a los grupos armados que operan en la zona.

Hermanas y hermanos de buena voluntad, defensoras y defensores de derechos humanos de México y del mundo, no dejen morir a nuestros compañeros de la comunidad Tzajalch’en, que no sea asesinado cualquier hombre o mujer en todo Chenalhó. NO NOS DEJEN MORIR. No queremos más asesinatos, no queremos más mártires. Les pedimos su voz, su fuerza, su acompañamiento y exijan a los gobiernos de Chiapas y de México a actuar con justicia verdadera y no sigan protegiendo a los criminales como lo han hecho hasta ahora.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Según medio nacionales, “Don Balde” operaba como responsable de coordinar actividades del grupo criminal en territorio guatemalteco, donde presuntamente reclutaba a exmilitares conocidos como kaibiles. Su hijo, conocido como “El Teniente”, también murió durante el fin de semana en otro operativo policiaco.

Ambos eran señalados como autores intelectuales de una emboscada ocurrida el pasado 2 de junio en Frontera Comalapa, donde cinco policías estatales fueron asesinados y calcinados dentro de su patrulla.

Óscar Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, confirmó la identidad de los abatidos e informó a medios locales que todos pertenecían al Cártel de Chiapas y Guatemala.

“El jefe de plaza operaba allá, controlaba la zona, reclutaba a los kaibiles y coordinaba las operaciones desde ese lado. Él fue uno de los que cayó en este operativo”, declaró el funcionario.

Sobre la incursión de elementos mexicanos en territorio guatemalteco, el secretario informó que la Fiscalía de Chiapas abrió una carpeta de investigación y que también la Secretaría de Seguridad Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores de su país fueron notificadas para analizar el alcance de lo ocurrido.

Según versiones recogidas por autoridades mexicanas, la confrontación comenzó del lado de México y cruzó la frontera hacia Huehuetenango, Guatemala. Videos compartidos en redes sociales muestran a militares y policías guatemaltecos en el lugar, quienes no intervinieron durante el enfrentamiento y, en algunos casos, parecían estar próximos a los civiles armados.

Durante el operativo se aseguraron cuatro camionetas, tres de ellas blindadas, así como tres rifles AK-47 y un fusil R-15 con aditamento lanzagranadas, detalló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

El Cártel de Chiapas y Guatemala surgió en 2023, en medio de la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG por el control de la región fronteriza. No obstante, fuentes de inteligencia apuntan que esta célula opera principalmente como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación.