Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Abaten a cuatro presuntos implicados en la emboscada a policías en Chiapas

Los muertos eran presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala, un brazo armado del CJNG. Fuerzas estatales y federales aseguran además cuatro vehículos, tres con blindaje, tres AK-47 y un arma larga R15 con aditamento de lanzagranadas.

Policías federales y estatales abatieron este domingo en el municipio de Frontera Comalapa, fronterizo con Guatemala, a cuatro presuntos implicados en el ataque en que murieron cinco policías el pasado lunes 2, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa se disputan la frontera, confirmó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Las fuerzas de seguridad estatales y federales aseguraron cuatro vehículos, tres con blindaje, tres armas largas AK-47 y 1 arma larga R15 con aditamento de lanzagranadas, señaló la dependencia en un comunicado.

Un funcionario de seguridad que pidió la omisión de su nombre señaló que presuntamente los muertos eran integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala, un brazo armado del CJNG.

La Secretaría de Seguridad estatal dijo que el operativo fue en respuesta a la emboscada en contra de elementos de la dependencia que “fueron agredidos con armas de fuego y granadas de fragmentación en la comunidad Las Champas, ubicada en el tramo carretero entre Ciudad Cuauhtémoc y La Mesilla”.

De acuerdo con testimonios, el enfrentamiento que tuvo una duración de más de dos horas en la zona fronteriza entre México y Guatemala, específicamente en las comunidades de Las Champas y La Mesilla, cerca de Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, se registró entre elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y presuntos integrantes del crimen organizado.

Desde que se registró el ataque a los elementos estatales, las autoridades desplegaron un operativo con más de mil efectivos, helicópteros, unidades artilladas y drones.

Los uniformados detuvieron a Jorge "N” —un hombre que dicen participó en la emboscada a policías– y a otras cinco personas relacionadas con el crimen organizado, y también a 10 civiles acusados de intentar bloquear caminos para frenar el avance de las fuerzas policiales, según la Fiscalía.


Región sumida en la violencia

Frontera Comalapa es el paso obligado para las organizaciones criminales, ya que allí inician dos de seis rutas que la Secretaría de la Defensa Nacional ha señalado que son utilizadas para el trasiego de drogas, armas y migrantes desde Centroamérica hacia México y Estados Unidos.

Desde 2021 esa región fronteriza se encuentra sumida en la violencia criminal por la disputa de los cárteles, lo que ha derivado en ejecuciones, matanzas, desapariciones y desplazamientos forzados.

Desde que asumió la gubernatura el pasado 8 de diciembre, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar declaró un combate frontal a los cárteles, y para ello creó un grupo de élite denominado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, integrado en su mayoría por exagentes de la extinta Policía Federal y exmilitares.

La cifra de homicidios en la entidad ha disminuido significativamente, así como el delito de extorsión. En mayo pasado se registraron 36 asesinatos, frente a más de 80 en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Hallan cadáveres de dos mujeres en una fosa séptica de Chiapas

El hallazgo aumenta la cifra de feminicidios en esa entidad a 15, en lo que va de este año.

El cuerpo de dos mujeres desconocidas en avanzando estado de descomposición fueron hallados ayer en una fosa séptica de una casa abandonada, cerca de la Universidad Rosario Castellanos en la ciudad de Comitán, informó la colectiva feminista 50 más 1 que contabiliza 15 los casos de feminicidios en Chiapas en lo que va del año.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que inició las investigaciones con protocolo de feminicidio y señaló que no ha podido establecer la identidad de las víctimas por lo que los servicios periciales realizan los procedimientos correspondientes.

El hallazgo ocurrió cuando la Secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández Mora, realizaba una gira por la entidad, para poner en marcha, junto con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el primer Centro Libre de 52 que comenzarán a operar este año en distintos municipios del estado. En el municipio de Huixtán, así como a la Asamblea de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”, en Chilón.

Al exigir que el crimen sea investigado con la máxima diligencia y que se aplique todo el peso de la ley sobre los responsables, 50 más 1, condenó enérgicamente el acto de barbarie. “No hay justificación posible para la violencia que priva de la vida a las mujeres en las circunstancias más crueles”.

La colectiva feminista demandó una investigación exhaustiva, transparente y con perspectiva de género que permita esclarecer los hechos, identificar a los autores materiales e intelectuales de este crimen y asegurar que enfrenten la justicia sin dilaciones. “Que se active de inmediato el Protocolo de Investigación de Feminicidios y se garantice una cadena de custodia adecuada de todas las pruebas”.

Así cómo también pidieron la implementación urgente de medidas de protección efectivas para las mujeres, que incluyan el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, así como la asignación de recursos suficientes para combatir la violencia de género.

Programas integrales de prevención de la violencia machista que promuevan la educación en igualdad y el respeto, desmantelando los patrones culturales que perpetúan la agresión contra las mujeres.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Emboscan y asesinan a cinco policías en municipio de Frontera Comalapa, Chiapas

Cinco elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Chiapas circulaban por una carretera en el municipio de Frontera Comalapa cuando fueron agredidos con armas de alto poder, provocando que ardiera el vehículo.

Un grupo armado emboscó y asesinó a cinco elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Chiapas cuando circulaban por una carretera en el municipio de Frontera Comalapa, confirmaron la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (Seguridad Pública) en dicha entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se dio a la altura del ejido Sabinalito en Frontera Comalapa, provocando la muerte de cuatro hombres y una mujer, todos ellos agentes.

Por el momento, las autoridades chiapanecas no han informado que armamento se utilizó en el ataque, pero mostraron una patrulla tipo Pick Up totalmente calcinada, destacando que los agentes de la policía preventiva no alcanzaron a huir.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, condenó los hechos y advirtió que “habrá una respuesta clara y contundente con la aplicación irrestricta de la ley” en contra de los agresores. Incluso, destacó que su gobierno no actuará con miedo para enfrentar a los agresores.

A su vez, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que inició una carpeta de investigación ante la “agresión que sufrieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo en el ejido Sabinalito de Frontera Comalapa”.

Además, el propio fiscal dijo que “ordenó un despliegue de personal especializado en la zona para esclarecer los hechos” y se comprometió a que no habrá impunidad.


En tanto, la Secretaría de Seguridad del Pueblo anunció el envío de mil elementos de la Policía Estatal Preventiva a la zona de la agresión en respuesta a la emboscada que sufrieron sus elementos, con el fin de “atender la situación y garantizar la seguridad en la zona”.

Por el momento, se desconoce el móvil de la agresión y la autoría del grupo responsable de estos hechos. Los nombres de pila de los policías fallecidos son: Guillermo, Jesús, Joel, Pedro y Brenda.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Destituyen a comandante de FRIP en Chiapas por presuntos nexos con el crimen organizado

La destitución del comandante se da luego de que Francisco Ramírez Galindo, un exmiembro de la FRIP, realizara una denuncia en contra de José Carlos Lemus.

José Carlos Lemus Vidal fue destituido como comandante de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) asignado al municipio de La Concordia, Chiapas, informó este sábado el gobernador Eduardo Ramírez.

Mediante un video difundido en su cuenta personal de la red social X, Ramírez dio a conocer que José Carlos Lemus fue denunciado por cometer presuntamente el delito de corrupción y complicidad con el crimen organizado.

“Por lo tanto, de inmediato se tomaron acciones y le pedí al fiscal General del Estado que garantice los derechos del denunciante. Además, instruí al secretario de Seguridad del Pueblo que separe de su responsabilidad al comandante de esta región para que pueda enfrentar una investigación legal y honesta”, apuntó el gobernador chiapaneco.

La destitución del comandante se da luego de que Francisco Ramírez Galindo, un exmiembro de la FRIP, realizara una denuncia pública en redes sociales en el que señalaba a José Carlos Lemus lucía en estado de ebriedad durante sus labores.

Asimismo, acusó a José Carlos Lemus de aceptar sobornos para proteger a delincuentes, así como solapar abusos sexuales dentro de la institución policiaca y, fabricar delitos.

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez afirmó que su administración tomó con “mucha seriedad” esta denuncia pública y solicitó al fiscal garantizar los derechos del denunciante Francisco Ramírez Galindo.
“Seguiremos enfrentando a la delincuencia. Sé que hemos afectado intereses económicos y quisieran que fracasáramos en nuestra estrategia de seguridad. Ningún grupo delictivo verá sus ojos fracasar esa estrategia. En un gobierno que tiene autoridad moral, que no hace actos de complicidad con ningún grupo y de ninguna naturaleza la ley siempre será aplicada con transparencia y eso dará como resultado un paz en la que vivimos y en la que trabajamos todos los días”, subrayó.

“Chiapas ya sufrió mucha violencia y sangre, y me comprometo a que ese capítulo no se vuelva a repetir. En Chiapas garantizaremos la paz, porque la ley siempre se aplicará con transparencia”, concluyó el gobernador.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Normalistas eran perseguidos por policías, uno cayó y murió; FGE recoge evidencias tres días después

Un grupo de normalistas eran perseguidos por policías que les impidieron apoderarse de un autobús de pasajeros, uno de los estudiantes cayó del vehículo y murió. Ante protestas y desconfianza, entre los jóvenes y las autoridades, la FGE tardó días en recoger las evidencias.

Tres días después de la muerte del normalista Jesús Alaín Vázquez Pérez, de 22 años, quien cayó de la góndola de una camioneta en la que se transportaba con otros estudiantes cuando eran perseguidos por dos patrullas con policías, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), recogieron las evidencias. 

El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, presidente del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, informó del levantamiento de las evidencias, como cartuchos percutidos, en el lugar de los hechos.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general, dijo que el personal de la dependencia no acudió el mismo día al sitio, para evitar confrontaciones, ya que los normalistas se encontraban encapuchados. 

Llaven Abarca explicó que, a través del diálogo con la Secretaría de Educación, el 19 de mayo se tomaría declaración a estudiantes que aseguran tienen compañeros heridos. 

Velázquez Florencio señaló que son diez los normalistas de la Escuela Rural Normal Mactumactzá, que iban en la camioneta con Jesús Alaín, los que van a declarar para que se realicen las investigaciones. 

El sacerdote Fili como se le conoce, dijo que el personal de la FGE acudió el domingo alrededor del mediodía a recoger las evidencias, luego de que él y otros integrantes del Centro Minerva Bello, que asesoran jurídicamente a los estudiantes, sostuvieron una reunión con funcionario de la dependencia. 

“Ayer tuvimos un acercamiento con la FGE para saber quién será el fiscal del caso y llevar a los compañeros que fueron testigos unos y otros como víctimas, porque hay uno de ellos con un impacto no de bala propiamente, pero como de bala de goma o algo así. Ya ayer fue la FGE fue por los cartuchos percutidos. En esa reunión pedimos que lo hicieran y ya fueron los peritos”. 

Vázquez Florencio comentó que los peritos de la FGE no habían acudido, “estaban a la expectativa. Tuvimos que hacer muchas llamadas para que fueran. Pensaban que los estudiantes les podían hacer algo (los hechos ocurrieron cerca de la normal)”. 

Señaló que hay temor de las dos partes, pero se están generando las condiciones para que ni los jóvenes tengan miedo de que los van a detener, ni que la FGE que les van a hacer algo si van a investigar. 

El sacerdote refirió que Jesús Alaín, quien cursaba el octavo semestre y era originario del municipio de La Grandeza, localizado en la región de la Sierra, murió la noche del jueves 15 al caer de la góndola de una camioneta de la escuela conducida por sus propios compañeros, cuando eran perseguidos a alta velocidad por dos patrullas de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP). 

Los normalistas llevaban en la camioneta a dos policías que habían secuestrado en las inmediaciones de la Mactumactzá, porque los uniformados les impidieron apoderarse de un autobús de pasajeros que pretendían utilizar para movilizarse con motivo de las actividades de protesta programadas para el domingo 18 de mayo, al cumplirse cuatro años de la “represión” en la que 91 normalistas y cuatro campesinos fueron detenidos por exigir que el examen de oposición se realizara de manera presencial. 

“Algo que ayer escuchamos de los jóvenes, fue que, al tomar el autobús, eran al menos 14 patrullas las que los rodearon, ellos nunca reaccionaron para defenderse, pero los policías los retaban y cortaban cartucho para que hubiera un pretexto. Así lo consideran los normalistas que entrevistamos ayer y dicen que los estaban les cortaban cartucho, les apuntaban y provocaban, pero no pasó a mayores”. 

El presidente del centro Minerva Bello afirmó que la responsabilidad es contra la Secretaría de Seguridad del Pueblo, “cuyos agentes son los que siguen con prácticas totalmente fuera de sus funciones”. 

Agregó que hasta ahora “los únicos avances en la investigación, son que se recogieron ya los indicios y que se estableció un canal de comunicación para recibir las declaraciones de los testigos y víctimas. Es difícil convencer a los muchachos sobre todo a uno de ellos que lo detuvieron y amenazaron. No es sencillo”. 

Velázquez Florencio manifestó que “nuestra demanda principal es que la SSP cambie ese tipo de actitudes de criminalización y persecución contra los estudiantes, porque si siguen así un día van a provocar más tragedias y esa tensión puede seguir creciendo. 

“Exigimos también que la FGE haga una investigación independiente e imparcial para que se encuentre la responsabilidad de los policías porque pareciera que la culpa fue de los estudiantes, cuando los uniformados se excedieron en la fuerza durante la persecución, Independientemente de que el normalista se cayó o fue por el impacto de algún tipo de artefacto que los policías utilizaron”, apuntó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

A un año de la masacre en Chicomuselo, pobladores acusan: “Seguimos siendo víctimas”

Los asistentes recordaron que fueron obligados a actuar como escudos humanos en los enfrentamientos entre grupos armados, fueron desplazados de sus hogares y violentados incluso por las fuerzas de seguridad que supuestamente deberían protegerlos.

A un año de la masacre en Chicomuselo, donde 11 víctimas fueron asesinadas en el ejido Nuevo Morelia, en un ataque perpetrado por grupos del crimen organizado que se disputan el control de la región Sierra, miles de católicos peregrinaron y señalaron que aún viven tiempos difíciles con mucho dolor, indignación e impotencia ante la realidad de la violencia que han sufrido y siguen siendo víctimas. 

Durante la jornada conmemorativa que estuvo encabezada por el obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, y el obispo auxiliar Luis Manuel López, los asistentes recordaron que fueron obligados a actuar como escudos humanos en los enfrentamientos entre grupos armados, fueron desplazados de sus hogares y violentados incluso por las fuerzas de seguridad que supuestamente deberían protegerlos.

“Nuestras voces fueron silenciadas por las armas, fuimos obligados a ponernos como barrera humana en los enfrentamientos entre grupos delictivos, fuimos golpeados por quienes debían garantizar la seguridad de nuestros pueblos, nos vimos en la necesidad de huir de nuestras comunidades para salvar nuestra vida, regresamos, no porque hubiera condiciones de seguridad garantizadas por el estado sino por el temor de perder nuestro patrimonio ante el saqueo y robo”. 

En la ceremonia donde se expresó la indignación, la memoria y la denuncia de la violencia estructural que sufren las comunidades, los manifestantes aseguraron: “Vivimos tiempos difíciles con mucho dolor, indignación e impotencia ante la realidad de la violencia que hemos sufrido y seguimos siendo víctimas”. 

Luego de una caminata, se colocó un altar maya con frutas y granos para rendir homenaje a las víctimas: Ignacio, Isidra, Teresita de Jesús, Rosalinda, Yojari Belén, Dolores, Alfonso, Azael, Urbano, Brandi y Joel. Al final del acto religioso realizado en el panteón donde se construyó una capilla para honrar a las víctimas, se leyó un pronunciamiento. 

“Nuestro corazón se duele por las víctimas inocentes masacradas en medio de la violencia”, manifestó el Pueblo Creyente al demandar una paz real, “no sinónimo de militarización”, sino basada en la justicia y la libertad. 

Fuimos silenciados por las armas

Los fieles manifestaron: “Mucho se ha dicho que la paz ha llegado a nuestros pueblos, pero desde nuestra fe y nuestra esperanza sabemos que la paz no es una simple palabra, sino que brota de la justicia. Como pueblos de Chiapas necesitamos una verdadera paz, que no es sinónimo de militarización, una paz donde los pueblos podamos ser libres de violencia, amenazas e intimidaciones, donde se restablece el estado de derecho para todos y cada uno”. 

Expresaron que el hecho de que “los pueblos ya no denuncien, no quieren decir que hay paz, las voces de nuestros pueblos han sido silenciadas, nuestros silencios son un grito al cielo, clamamos justicia, queremos paz verdadera como ha sido proclamada por el Papa León XIV”. 

Origen del conflicto, la minería: pobladores

El control y disputa de la minería es señalada por los habitantes, como una causa estructural de la violencia en la región. En el documento aseguran que “la minería ha sido causa concreta de los intereses de empresas y grupos delictivos para controlar el territorio”. 

Los manifestantes refirieron que a principios del pasado mes de abril, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y diversos cuerpos de seguridad anunciaron de manera informal la clausura de la explotación minera, por lo que pidieron a las autoridades competentes que “hagan el pronunciamiento y publicación oficial de la clausura de la minería en Chicomuselo, ya que esto es algo en lo que hemos insistido como comunidades y pueblos desde hace muchos años, lo que ha ocasionado que mujeres y hombres fueran asesinados por quienes tienen sus intereses en la explotación minera”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Madres buscadoras de Chiapas exigen creación de Consejo Ciudadano

En Chiapas, 1546 familias no celebraron el día de la madre porque les falta algún ser querido. Así lo señaló el Grupo de Trabajo contra la Desaparición en Chiapas, conformado por buscadoras y organizaciones acompañantes, durante el acto que se celebró en San Cristóbal de Las Casas este 10 de mayo. En su comunicado, el grupo de trabajo también criticó la ulterior militarización de la vida pública que ha sido impulsada por el nuevo gobierno estatal: “Los operativos policiacos no cambiarán el rumbo de la región si no se atiende a las Madres Buscadoras y no se revisan las causas históricas de la desaparición”, indica.

Durante el mitin en el parque central de la ciudad chiapaneca, las buscadoras pusieron un altar construido con picos y palas en memoria de las madres que murieron antes de encontrar a sus hijos, y de las once buscadoras que han sido asesinadas en México.

“Es importante recordarlas y alzar la voz, pues matar a alguien que busca a su hijo es algo que no podemos entender”, dijo Reina Guadalupe Morales Cruz, de Junax Ko’tantik – Comité de familiares de migrantes chiapanecos desaparecidos, que busca a su hermano Abraham Morales Cruz, desaparecido en Sonora el 19 de agosto del 2015.

Una las demandas principales de Junax Ko’tantik es la conformación del Consejo Ciudadano, uno de los órganos que de acuerdo con la ley tendría que conformar el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas. “En el Consejo Ciudadano participan familiares de desaparecidos y organizaciones acompañantes para que nuestra voz sea escuchada y tenga más peso. Es muy necesario para presionar al Estado”, añadió Patricia del Carmen Ton Méndez, de Junax Ko’tantik, que busca a su hijo Hugo Francisco Ton Méndez, su nuera Karina del Carmen Ruiz Guillén y el hermano de ella, Carlos Alfredo Ruiz Guillén, que desaparecieron el 16 de abril del 2019 en un Wal-Mart de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por su parte, Griselda Pineda Herrera, de Voces Mesoamericanas, organización que acompaña a Junax Ko’tantik, explicó que el Consejo Ciudadano, de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 2017, tuvo que ser nombrado por los Congresos de los Estados a los 90 días de la entrada en vigor de las leyes estatales que regulan la materia. En el caso de Chiapas esta ley entró en vigor en octubre de 2019, sin embargo el Consejo Ciudadano todavía no ha sido instalado.

Las buscadoras chiapanecas y las organizaciones que las acompañan dudan que el nuevo gobierno signifique un cambio real en las políticas públicas relacionadas con la búsqueda de las personas desaparecidas, y temen que la creación del Consejo Ciudadano aún sea una promesa sin cumplir. “Este órgano tiene que ver con la participación de las víctimas y creo que lo que menos desea el Estado es que participen. Lo que quiere, al contrario, es que se desgasten y dejen de buscar”, concluyó Griselda.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

Colectivos firman convenio para la búsqueda de desaparecidos en Chiapas

Este 10 de Mayo, madres de cientos de desaparecidos realizarán una caminata desde el municipio de Chiapa de Corzo a la capital Tuxtla Gutiérrez.

Para atender la crisis de las desapariciones en Chiapas, provocada por los grupos criminales y la desidia del sexenio pasado de no investigar los casos y no brindar la ayuda necesaria a las familias, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y el Estado de Chiapas firmaron un convenio que contribuirá a las “acciones de búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o no Localizadas”

Este 10 de Mayo, madres de cientos de desaparecidos realizarán una caminata desde el municipio de Chiapa de Corzo a la capital Tuxtla Gutiérrez; harán una parada en la Fiscalía General del Estado y en la plaza principal de las oficinas del titular del Ejecutivo se reunirán con familias víctimas de feminicidio.

El convenio implica la transferencia de recursos por el orden de los 16 millones 338 mil 215 pesos que la Federación envía al gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas; esto porque el gobierno del estado, tendría que aportar 1.6 millones de pesos por concepto de coparticipación. Dicho monto equivale al diez por ciento del monto federal autorizado.

Esto de acuerdo con el convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus comisiones locales de búsqueda, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de mayo de este año.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Chiapas recibirá los recursos federales y estatales en dos administraciones. La primera de 70 por ciento y la segunda de 30 por ciento.

El convenio corresponde al ejercicio fiscal 2025. El Ramo 04 Gobernación del Presupuesto de Egresos de la Federación que dispondrá de 854.6 millones de pesos para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a fin de que “realicen y ejecuten acciones de búsqueda en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y búsqueda forense con fines de identificación humana”.

De esa cantidad, 621.1 millones de pesos es el monto distribuible entre los estados de la República Mexicana, cuyos convenios de colaboración con la Secretaría de Gobernación comienzan a aparecer en el Diario Oficial de la Federación.

La crisis de las desapariciones en Chiapas

En marzo de este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó el informe: “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal (Entre el caos gubernamental, la delincuencia organizada y los caminos de la lucha y resistencia)”.

En su introducción, el informe del organismo fundado por el obispo Samuel Ruiz García indica: “La gran complejidad de la violencia en la que vive Chiapas”. Observa también que “seguimos contando historias de terror y dolor, en medio de una guerra interminable”.

El Frayba destaca que entre 2019 y 2023, la desaparición forzada aumentó en un 358 por ciento en el estado de Chiapas. El colectivo lo atribuye a la “disputa por el domino del territorio basada en la confrontación armada entre grupos criminales que cuentan con el amparo de instancias locales, nacionales y transnacionales”.

El gobierno actual de Chiapas, en un informe al mes de enero del presente año, reportó a través de la Alerta de Género 287 mujeres no localizadas desde 2011 al 31 de enero de 2025.

Para el Frayba, con las desapariciones “la intención sigue siendo el control de la vida social, económica y política de las comunidades mediante la estrategia del terror, con lo que se pretende acallar toda posibilidad de movimiento social y autogestión del territorio”. Además de que esta situación no es nueva, se ha visto en otras regiones del país y ahora en Chiapas, principalmente en las regiones Sierra y Frontera.

Sobre la “violencia machista”, en el informe se plasma que la desaparición de mujeres en el estado es mucho mayor que en los índices nacionales, ya que supera ampliamente el promedio nacional del 25 por ciento, alcanzando más del 60 por ciento, en su mayoría afectando a niñas y adolescentes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Desafueran a síndico de Chiapas; lo investigan por desaparición forzada y otros delitos

En videos que circulan en redes sociales, a Martín Martínez, se le señala también de haber participado en 2016 –junto con un grupo de hombres armados– en el desarme y humillación que sufrieron soldados de la Compañía de Infantería No Encuadrada de Maravilla Tenejapa.

El pleno del Congreso de Chiapas, determinó retirar el cargo y el fuero de sindico del ayuntamiento de Ocosingo a Martín Martínez Díaz, para que sea investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la República (FGR), por los delitos de desaparición forzada de personas, extorsiones en la región de la Selva Lacandona y portación de armas. 

A puerta cerrada, la mayoría legislativa, con la asistencia de 37 diputados, votó el juicio de procedencia contra el exservidor público, por lo que será llamado su suplente para asumir el cargo.

De acuerdo con las investigaciones, Martínez Diaz, indígena tseltal, formó parte de un grupo de personas que, el año pasado, privaron de la libertad a un hombre de la comunidad Nuevo Paraíso, municipio de Ocosingo, y que a la fecha aún no aparece. 

Otro de los delitos por los que se le investiga, son la extorsiones que venían padeciendo habitantes de comunidades de la Selva Lacandona, donde, de acuerdo con testimonios, el exsíndico operaba junto con Cabrero Segundo López, indígena lacandón y jefe de una célula criminal –ahora preso– que controlaba caminos de la región selvática, lo que paralizó la actividad turística en las zonas arqueológicas. 

En videos que circulan en redes sociales, a Martín Martínez, se le señala también de haber participado en 2016 –junto con un grupo de hombres armados– en el desarme y humillación que sufrieron soldados de la Compañía de Infantería No Encuadrada de Maravilla Tenejapa, quienes habían acudido a la Selva Lacandona ante la denuncia de la llegada de avionetas cargadas con droga. 

El pasado 3 de mayo, Martínez Díaz, indígena tseltal, originario de la comunidad Nueva Palestina, habitada en su mayoría por miembros de la iglesia Adventista, que perdió su tranquilidad porque a todas horas circulaban camionetas con hombres armados, fue detenido por policías federales, estatales y el Ejército en la carretera Benemérito de las Américas-Palenque. 

El funcionario vestía con camisas de mangas largas y pantalón de mezclilla, botas y sombrero y portaba armas de fuego, cartuchos y cargadores. 

Su detención cimbró al ayuntamiento del municipio de Ocosingo, el más grande del país, ya que Martín Martínez controlaba gran parte de las comunidades, donde organizaba cabalgatas y reuniones con un séquito de hombres leales que lo acompañaban a todas partes 

En las elecciones municipales del pasado 2 de junio de 2024, el exsíndico –militante del Partido Verde Ecologista de México– al ganar la planilla que encabezaba junto con Angélica Méndez Cruz, actual alcaldesa, dijo:  

“Llego puntual a la cita con mi destino. Me llena de profundo orgullo y satisfacción ser parte de la construcción de un Chiapas que se inspira en el humanismo”. 

Dos días después de su detención, la alcaldesa reaccionó en un video subido a sus redes sociales, donde se deslindó de su excompañero de fórmula.  

“Quiero aclarar que los hechos por los que lo investigan, son ajenos al gobierno municipal”. Acompañada de regidores declaró su compromiso con la legalidad y expresó su respeto a la investigación de la FGR. 

Ya agregó que el ayuntamiento seguirá al tanto del proceso que se le sigue a Martín Martínez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

TEPJF ordena a Chiapas convocar a elecciones y garantizar la paz en Pantelhó

Desde hace décadas, el municipio de Pantelhó, Chiapas, ha enfrentado una crisis de seguridad y gobernabilidad, señaló el Tribunal Electoral.

La demanda de la población del municipio indígena de Pantelhó para elegir a sus autoridades, aún sumergido en la violencia generada por las acciones de grupos de civiles armados ligados a grupos del crimen organizado, llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Habitantes de este municipio presentaron una denuncia ante el Tribunal Electoral contra la decisión del Congreso local de designar en el marco del proceso electoral de 2024 a un concejo municipal, en lugar de realizar elecciones extraordinarias.

Esto, luego de que en el proceso ordinario los órganos electorales locales determinaron que la violencia que se vive en el municipio por los enfrentamientos entre autodefensa y grupos ligados al crimen organizado, no permitían que se llevara a cabo el proceso.

Posterior a eso, el legislativo nombró a un Concejo en el que al menos dos de sus integrantes forman parte de un grupo armado que la población identifica como sus agresores.

En la resolución que el Tribunal dio a conocer el pasado miércoles 7 de mayo, recordó que “desde hace décadas, el municipio de Pantelhó, Chiapas, ha enfrentado una crisis de seguridad y gobernabilidad derivada de disputas territoriales, la presencia de grupos armados, violencia, marginación y pobreza”.

“Dentro de este contexto, diversos hechos de violencia registrados en los últimos años han afectado de manera directa los derechos político-electorales de su población e impedido que el municipio sea gobernado por autoridades electas mediante procesos democráticos”.

“El Estado no puede postergar indefinidamente el voto: tiene la obligación de garantizar elecciones periódicas en condiciones de seguridad”, señala la reconsideración [SUP-REC-3/2020] Caso Pantelhó.

Añade que los hechos de violencia que han afectado los derechos político-electorales en Pantelhó forman parte de una situación estructural de violencia e inseguridad humana más amplia.

Proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostiene que “el Estado debe cumplir con su deber de garantizar seguridad y celebrar elecciones periódicas; sin embargo, esto debe ir acompañado de mesas de diálogo, una estrategia de pacificación y el respeto a la libre autodeterminación de la comunidad indígena.”

La sentencia ordena al Congreso de Chiapas convocar a un segundo proceso electoral extraordinario durante 2025; pide que la Secretaría de Seguridad del Pueblo y de Protección Civil, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Fiscalía General de Chiapas para elaborar un Plan Integral de Pacificación y Seguridad.

Se ordena a distintas dependencias implementar medidas para garantizar la seguridad humana y atender las causas de marginación y la pobreza; establecer una Mesa de Diálogo y Construcción de Paz que dure hasta las elecciones de 2027, con participación de representantes del gobierno, autoridades tradicionales y otros sectores.

Y ordena al Congreso de Chiapas garantizar recursos a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ÁNGELES MARISCAL.

Operativos sin enfrentamientos, detenciones masivas y liberaciones exprés marcan estrategia de seguridad en Chiapas

El gobierno de Eduardo Ramírez comenzó con una estrategia de seguridad enfocada en los operativos espectaculares, con detenciones masivas y la creación del grupo de élite Pakal. Sin embargo, organizaciones civiles y expertos temen que la paz sea producto de un pacto.

Las imágenes del primer operativo encabezado por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, tras su toma de posesión el 8 de diciembre de 2024, evocan las de anteriores administraciones: fuerzas de seguridad desplazándose entre tráilers quemados y destruidos. No obstante, el primer operativo de su gestión, el 15 de diciembre en Comitán, su ciudad natal, generó una inusual cantidad de detenciones: 135 personas, entre ellas 92 policías municipales.

De los 319 operativos realizados desde esa fecha hasta mediados de marzo de 2025 —según una respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) a una solicitud de información—, decenas de policías y algunos alcaldes fueron detenidos bajo acusaciones graves, como vínculos con el crimen organizado o presunta participación en asesinatos y desapariciones. La FGE reportó el inicio de 3,351 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, así como la detención de 2,089 personas.

Muchos de estos arrestos ocurrieron durante operativos espectaculares y altamente mediatizados, supuestamente orientados a restablecer el orden y “limpiar” las instituciones estatales de corrupción. Sin embargo, una parte considerable de los agentes detenidos ha sido liberada casi de inmediato. Por ejemplo, tras el primer operativo en Comitán, se reportó la detención de 92 policías municipales, pero días después solo la mitad seguía en prisión. Algo similar ocurrió en Tonalá: de los 98 policías arrestados, 95 fueron liberados apenas dos días después.

Chiapas venía de una crisis de violencia que se agudizó a mediados de 2021 por la intensificación del conflicto entre grupos del crimen organizado, con más de 15 mil 700 desplazados entre enero de 2023 y junio de 2024, desapariciones que se cuadruplicaron en cinco años y homicidios dolosos que incrementaron un 63 % en un sólo año. 

Por ello, la estrategia de seguridad del nuevo gobernador ha generado que algunos ciudadanos celebren las capturas y el abandono de la estrategia de “abrazos, no balazos”, pero otros cuestionan si la medida tendrá efectos duraderos o se tratará de una puesta en escena.

“Un aire distinto”

“En poquito más de cuatro meses en Chiapas se respira un aire distinto, de paz y tranquilidad”, afirmó el gobernador Eduardo Ramírez el pasado 22 de abril, al presentar una encuesta sobre percepción de seguridad. Todavía el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no divulga los datos de este año sobre la percepción de inseguridad de los chiapanecos, cuyo porcentaje se duplicó entre 2011 y 2024, pero en abril publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que muestra un gran alivio entre los habitantes de las dos ciudades más grandes e inseguras: Tapachula pasó del primer lugar a nivel nacional al octavo y Tuxtla Gutiérrez del lugar 33 al sexto. Además, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros meses del año la inseguridad sí disminuyó repentinamente, por ejemplo, los homicidios dolosos cayeron un 45.4 % si se compara con el mismo periodo de 2024.

Los medios locales, que cubrían continuos enfrentamientos y desplazamientos forzados, están contribuyendo a este cambio de percepción en la ciudadanía: desde que Eduardo Ramírez tomó posesión no reportaron ningún desplazamiento, sólo cinco enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con grupos de la delincuencia organizada y uno entre civiles armados que, de acuerdo con las autoridades, fue nada más una riña entre borrachos. A partir de este año, la cobertura de los medios chiapanecos está centrada en operativos exitosos que resultan en incautaciones y detenciones, aunque en su mayoría relacionadas con delitos menores.

Programa Cero impunidad en Chiapas, qué es

En los últimos meses, en Chiapas, carreteras que durante años fueron intransitables debido a asaltos y bloqueos ahora son patrulladas de forma constante. Zonas arqueológicas y centros turísticos ubicados en regiones anteriormente muy inseguras han reanudado actividades, lo que ha contribuido parcialmente a la reactivación económica. 

De acuerdo con el gobierno, estos resultados se alcanzaron en tan poco tiempo gracias a la presencia del recién creado grupo de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), al incremento del salario del 40 % a los policías estatales y al programa Cero Impunidad. Sus detalles no son públicos, pero según el gobernador se trata de una estrategia integral para erradicar la impunidad y fortalecer la seguridad a través del uso de herramientas tecnológicas de vanguardia y de un sistema de incentivos para mejorar el rendimiento de los ministerios públicos y fiscalías.

Sin embargo, expertos y organizaciones de la sociedad civil chiapaneca temen que la pacificación exprés de Chiapas responda a un pacto del estado con quienes generaban la violencia.


Operativos sin enfrentamientos en Chiapas

Una de las razones que lleva a los críticos del gobierno de Eduardo Ramírez a sostener esta tesis es que las fuerzas policiales chiapanecas entraron y pacificaron regiones controladas por la delincuencia organizada sin casi disparar un tiro.

“¿Cuál es la diferencia entre los operativos que se están llevando a cabo en otros estados de la República y lo que está sucediendo en Chiapas?”, dice Leonel Rivero, abogado defensor de derechos humanos y de perseguidos políticos. “Los primeros han derivado en enfrentamientos con muchos muertos, mientras que en Chiapas los grupos no se resistieron a que la autoridad retomara el control. Yo creo que no se opusieron porque hicieron un pacto con el estado para bajar la tensión y distribuirse el territorio”.

Nuevos pactos de gobernabilidad

Las carreteras de Chiapas están llenas de espectaculares con fotos de los Pakales y de pintas que recuerdan el resultado del gobierno: “100 días de paz”, dicen. Una paz que llegó a Chiapas de repente, como si estuviera lista detrás de una puerta esperando a que alguien le abriera. 

“Eduardo Ramírez se vende como el salvador que pacífica y trae las inversiones, como la única opción para que el caos no se derrame”, dice una activista local que prefiere el anonimato. “Sin embargo, para controlar en 100 días un estado que está al borde del abismo tienes que tener la solución lista: la negociación empezó mucho antes del comienzo de su mandato y la FRIP, que es su guardia pretoriana, ya la tenía lista”.

También el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) está convencido de que el nuevo gobierno emprendió negociaciones con la criminalidad organizada. “Pensamos que el ejecutivo está ubicando a las redes locales de criminalidad para generar pactos de gobernabilidad a través de sus líderes, y si no aceptan les toca la cárcel. Algunos la llamarían pax narca”, dice Pedro Faro, coordinador de sistematización e incidencia del Frayba. “De esta forma las redes de criminalidad se desactivan, pero no se están desarticulando a la raíz y en cualquier momento se pueden reavivar. La paz actual es muy frágil y se puede romper, pues no hubo cambios reales”.

Una paz social con cimientos endebles en Chiapas

La FGE afirma que los criminales se fueron a Guatemala, pero analistas y organizaciones sociales piensan que siguen en los territorios, donde operan con un perfil más bajo. De todos modos, según el abogado Leonel Rivero, no se puede negar que la población sale beneficiada de este pacto: actualmente en Chiapas sí existe una paz social, aunque está construida sobre cimientos endebles. “La cuestión es también cuál es el precio de este pacto: hay un costo de impunidad para los cabecillas de la delincuencia”, dice.

Para el Frayba, los pactos de impunidad se podrían romper si el Estado se investigara a sí mismo, empezando por personalidades como el actual Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca. Decenas de organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron tras su nombramiento, recordando su pasado oscuro, sobre todo como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. “Su gestión se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad”, escriben.

“La paz verdadera no se negocia”

“Pakal [antiguo rey de Palenque] era el protector de Chiapas y la FRIP está para defender al pueblo”, dijo en entrevista con Canal 10 el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Aparicio Avendaño. “Cuando vean a un Pakal ofrézcanle una botella de agua, un pozol: que se sientan bienvenidos en Chiapas”.

El 78.1 % de la población chiapaneca recibió con ánimo la estrategia de seguridad de su gobierno, de acuerdo con una encuesta realizada por FactoMétrica en marzo de 2025, pero en el estado preocupan las violaciones a los derechos humanos que han acompañado la intervención policial y militar del territorio.

Organizaciones sociales como la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, cuyos integrantes habitan municipios que han padecido mucha violencia como Chenalhó y Pantelhó, ven con temor los continuos operativos y hablan de “paz simulada”. 

“Se llevan a narcomenudistas, quizás sean pequeños delincuentes, pero no están desarticulando realmente a los grandes criminales que han metido terror en las comunidades”, escribieron Las Abejas en un comunicado.

“Reconocemos que en nuestras comunidades algunos desplazados han podido regresar a sus pobres y saqueadas casas y salir a cosechar un poco de café, aunque con miedo. Pero la paz verdadera no se negocia, porque si no, no es verdadera”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Arrestan a cuatro custodios de un penal en Chiapas por participar en red de pornografía infantil

El director de la cárcel, Pascual “N” está prófugo, por lo que las autoridades ofrecen 500 mil pesos a quien proporcione información para su localización.

Cuatro mandos operativos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), comisionados en el penal El Amate, fueron arrestados por los delitos de pornografía infantil y ejercicio ilegal del servicio público, mientras que el director de la cárcel, Pascual “N” está prófugo, por lo que las autoridades ofrecen 500 mil pesos a quien proporcione información para su localización.

Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del Estado, luego de informar lo anterior en conferencia de prensa, señaló que el móvil del asesinato del youtuber sentenciado por pederastia, Yudiel Flores Tovar, “el Coyote consentido”, ocurrido el 14 de abril en el penal de El Amate, “fue la venganza” y fue perpetrado por “dos personas privadas de la libertad, que también se encontraban en el reclusorio”.

El funcionario agregó que la pareja del “coyote consentido”, Christian “N”, fue detenida en el municipio de Matías Romero Oaxaca acusada también de pornografía infantil, porque “ella le facilitaba a menores que lo visitaban en la celda, haciéndolos pasar por sus hijos”.

Explicó que, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Oaxaca, la pareja de El Coyote Consentido, Christian “N”, fue detenida “luego de diversas investigaciones, se acreditó que visitaba frecuentemente a Yudiel Flores y le facilitaba el acceso a los menores de edad, haciéndose pasar como la madre”.

Christian ´N´ “fue trasladada a Chiapas, por lo que ahora se encuentra recluida en El Amate, como presunta responsable de pornografía infantil”, dijo el Fiscal. 

“No habrá impunidad para ningún servidor público que se aparte de sus responsabilidades legales y vamos a actuar con contundencia ante cualquier hecho delictivo en el cual se vean involucrados”, manifestó Llaven Abarca al dar a conocer que los custodios Luis Miguel “N”, José Avelino “N”, Miguel Ángel “N” y Óscar Antonio “N”, también fueron detenidos por los delitos de pornografía infantil y ejercicio ilegal del servicio público.

El fiscal añadió que después del hallazgo del cuerpo de Yudiel Flores, se realizaron diversas diligencias periciales para dar con los responsables, determinando que el móvil del homicidio fue la venganza de dos personas privadas de la libertad, que también se encontraban al interior del centro de reclusión “El Amate”, siendo estas Francisco “N” y Marco Antonio “N”, quienes permanecían en el módulo 4, mientras que el youtuber estaba en la celda 3.

Además, el Fiscal General dio a conocer que se firmó un Acuerdo de Recompensa de 500 mil pesos, para quienes puedan ofrecer información fidedigna sobre el paradero de Pascual “N”, exdirector del centro penitenciario “El Amate”, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía.

El pasado 14 de abril, la Fiscalía General de Justicia de Chiapas confirmó el homicidio del youtuber Yudiel Flores, conocido como “el Coyote consentido”, quien entre sus pertenencias tenían un teléfono celular con imágenes de sexuales con menores de edad que presuntamente ingresaron a su celda en el penal “El Amate”, donde estaba recluido cumpliendo una sentencia de más de 70 años por pederastia y pornografía infantil. 

Fue en el celular, donde también se le encontró información de su pareja Christian “N”, quien presuntamente lo visitaba en el penal y le llevaba a los menores que hacía pasar como sus hijos, con los que “el Coyote consentido”, se tomaba fotografías. 

Yudiel Flores estaba relacionado con un caso seguido por “el FBI por una detención en Australia de una de las redes mundiales más importantes de pederastia” en donde fue identificado como “Demonio azul”. También purgaba una sentencia por la violación de un menor con autismo, originario de San Cristóbal de Las Casas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Chiapas: Buscadoras exigen atención para hijas e hijos de desaparecidos

Niñas, niños y adolescentes acompañan a sus familias en distintas actividades por distintas circunstancias, pero principalmente para ayudar a encontrar a sus seres queridos.

Mujeres integrantes del colectivo Madres en Resistencia Chiapas denunciaron que niñas, niños y adolescentes con familiares desaparecidos o madres víctimas de feminicidio, no reciben atención integral del Estado.

Aunque algunas de estas personas menores de edad participan en acciones como marchas, plantones o la colocación de fichas de búsqueda, carecen de apoyo psicológico, educativo o médico, declaró Adriana Gómez Martínez, coordinadora del colectivo, a Aristegui Noticias.
Por nuestra parte sí los llevamos atención psicológica y lo que necesitan, pero por parte de la fiscalía y las autoridades apenas lo están viendo. No nos apoyan con nada.
En este sentido, lamentó que ni la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) brinde respaldo.

“A pesar de que tienen el registro de atención, y los datos de las familias —víctimas indirectas de desaparición y feminicidio— no nos apoyan con nada. La CEEAV no sirve para nada”, afirmó.

Gómez explicó que algunas de las niñas, niños y adolescentes, como su hija Ámbar, “los sobrinos de Jonatan, la nieta de don Víctor o el sobrino de Vicky,” acompañan a sus familias en distintas actividades por distintas circunstancias, pero principalmente para ayudar a encontrar a sus seres queridos.

Adriana Gómez recordó que participación de sus hijas e hijos en búsquedas directas no es posible por su edad y por la falta de garantías mínimas de seguridad; además de que no son espacios adecuados para su salud mental.

Uno de los casos recientes es el de Matías, hijo de Cassandra, desaparecida el 17 de diciembre de 2023, quien, pese a su corta edad, ha exigido en público el regreso de su madre.

Como él, otros niños y niñas en el país enfrentan las consecuencias de la ausencia involuntaria de sus seres queridos sin el acompañamiento necesario.

El colectivo Madres en Resistencia Chiapas exigió que el Estado asuma su responsabilidad tanto en la búsqueda de las personas desaparecidas como en la protección de sus hijas e hijos.

“No tienen becas, no hay medicinas ni apoyo para su bienestar. Están siendo olvidados, y si en las búsquedas también nos pasa algo a nosotras, ¿qué va a ser de ellos?”, advirtió Adriana Gómez.

La vocera del colectivo reiteró que no dejarán de buscar a sus familiares, pero demandaron que el Estado garantice los derechos de las infancias víctimas indirectas de la desaparición y el feminicidio, porque recordó que también son sujetos de “reparación, verdad y justicia.”

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: KARINA CANCINO.

INOCENTES

A quienes firmaron la Declaración por la Vida:
A la Sexta Nacional e Internacional:
Al Congreso Nacional Indígena:
A los pueblos de México y el mundo:

Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos:

Les explicamos lo que pasó con los dos compañeros bases de apoyo zapatistas, José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Säntiz Gómez, que fueron detenidos ilegalmente y secuestrados por las fuerzas conjuntas del gobierno federal y el estatal el pasado 26 de abril de este 2025.

Estuvieron en calidad de desaparecidos por 55 horas y sólo fueron presentados ante la autoridad corrupta, gracias a la presión del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Fueron acusados de secuestro agravado en contra de Pedro Díaz Gómez.

En la detención, las fuerzas de la Guardia Nacional, el ejército federal y las llamadas Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, aprovecharon y se robaron pertenencias y paga de los afectados y de las comunidades. Robaron un automóvil, una motocicleta y una fuerte cantidad de dinero en efectivo.

Mientras el supremo gobierno jugaba con la vida, libertad y bienes de los dos detenidos ilegalmente, las autoridades autónomas zapatistas llevaron adelante su propia investigación con la guía de Verdad y Justicia en común.

Les recuerdo que, como pueblos organizados que somos en común, tenemos principios y reglamentos. No está permitido atentar contra la vida, libertad y bienes de otras personas, cualquiera que sea su ideología, partido, religión, preferencia sexual, color de piel, raza, lengua, nacionalidad o posición social. En el caso de asesinato, secuestro, asalto, violación, falsificación y robo, estas son faltas graves. Además, están las de no permitir el tráfico de drogas, su producción y su consumo. Así como las borracheras y otras faltas que son determinadas en común.

Cualquier compañero o compañera, sin importar su cargo o rango, que incurra en delitos graves, queda fuera de zapatista.

Conocida la detención y grave acusación en contra de estos dos compañeros, los GALEZ investigaron si es que andan metidos en asuntos de secuestro. La estructura organizativa encargada de investigar llegó a la conclusión de que los dos compañeros son inocentes.

Así se le hizo saber al Frayba.

No conformes con eso, las autoridades autónomas siguieron investigando y llegaron confirmar la participación en el crimen de otras dos personas. Esos dos criminales fueron detenidos y, con respeto a sus derechos humanos, se pusieron bajo custodia en una de las comunidades zapatistas.

Los dos criminales confesaron el secuestro y asesinato en contra de Pedro Díaz Gómez, y señalaron el lugar preciso donde habían enterrado el cuerpo. Señalaron la complicidad de otras personas.

Así se le hizo saber al Frayba, quien lo comunicó a las autoridades del mal gobierno.

Viendo que quedarían una vez más en ridículo, las autoridades corruptas corrieron a movilizar a sus fuerzas y detuvieron a uno de los señalados que estaba prófugo. Esta persona confirmó lo confesado a las autoridades zapatistas. Fue así como llegaron al lugar donde estaba enterrado el cuerpo de la víctima del delito.

Todo esto lo supo el gobierno en sus tres niveles de gobierno, pero nada hizo. En lugar de liberar inmediatamente a nuestros compañeros inocentes, le dieron largas al asunto y propusieron un intercambio de detenidos. Así podrían sobornar a los medios de comunicación y venderles la historia de que todo había sido mérito de la justicia estatal y federal. Y también podrían quedarse con lo que robaron a los originarios pobres que sufrieron su ataque.

El mal gobierno volvió a mandar a sus fuerzas represivas en búsqueda de un cuarto implicado. Pero no sólo no lo detuvieron, también aprovecharon para seguir robando pertenencias de las comunidades.

Mientras tanto, las autoridades federales y estatales presionaban y amenazaban a los defensores de derechos humanos porque su denuncia los iba a mostrar tal cual son: unos represores de inocentes y fabricantes de culpables.

En la madrugada de este 2 de mayo del 2025 se entregaron a los dos criminales confesos detenidos por los zapatistas al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas para que revisaran el estado de salud de los detenidos y certificaran si habían sido violados sus derechos. El Frayba procedió a entregar a los culpables a la autoridad oficialista.

En el transcurso de la mañana de este día 2 de mayo, nuestros compañeros Baldemar y Andrés fueron liberados. Pero los robadores gubernamentales se niegan a devolver todo lo que despojaron.

Los gobiernos de la mal llamada 4T mienten en todo lo que dicen respecto a los pueblos originarios y los movimientos sociales. Son iguales o peores que los gobiernos priístas y panistas anteriores. Esas cantidades que presumen de “detenidos”, para agradar al Trump, son en su mayoría inocentes. En lugar de comprar opiniones favorables en los medios y redes sociales, los malos gobiernos deberían pagarles bien a sus fuerzas represivas para que no tenga que robar a quienes menos o nada tienen.

Lo sucedido no es sólo en nuestros territorios. En toda la geografía llamada “México”, las comunidades originarias, los defensores de la madre tierra, los defensores de los derechos humanos, los movimientos y organizaciones sociales, los migrantes y hasta las personas sencillas, que trabajan día a día para ganarse honestamente el sustento diario, son extorsionadas, agredidas, secuestradas, desaparecidas, encarceladas y asesinadas por un gobierno ansioso por congraciarse con el poder del dinero.

No tienen remedio.

El sistema capitalista nació mal, producto de injusticias, sangre y robo. Así sigue hasta ahora, sin importar las banderas bajo las que se esconda. Su signo es la muerte y así lo llevará hasta el fin de sus días.

Como pueblos zapatistas hemos pensado en una forma de combatir al imperio de la muerte. Nosotros llamamos a ese camino “El Común”.

Y en esta penosa situación pasada, se vio que el Común camina por la verdad y la justicia.

Este logro de la liberación de nuestros dos compañeros inocentes fue fruto de un triple esfuerzo: el de los defensores de los derechos humanos, el de la solidaridad y apoyo nacional e internacional, y el de la justicia autónoma.

Es momento de no olvidar a otros pueblos hermanos, cerca y lejos en geografía, que sufren los ataques mortales del mal sistema. No olvidemos a los pueblos originarios, a los desaparecidos y a quienes les buscan, a los defensores de la madre tierra, a las personas que sólo son un número en las estadísticas del crimen, al pueblo Palestino.

Por la vida: justicia y verdad en Común.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.
México, mayo del 2025.

FUENTE: ENLACE ZAPATISTA.
AUTOR: SUBCOMANDANTE MOISÉS.

Tras años de violencia, esta región fronteriza de Chiapas comienza a recobrar la paz, pero desplazados se niegan a volver

El turismo comienza a regresar a Lagos de Colón, Chiapas, en la frontera con Guatemala, después de años de violencia. Sin embargo, muchas familias desplazadas del vecino poblado de Chamic, en Frontera Comalapa, aún no encuentran condiciones de seguridad para regresar a su comunidad.

Los estanques de mojarras ya recobraron vida en los comedores de Lagos de Colón, municipio de La Trinitaria, Chiapas. “Apagamos el agua que los alimenta porque los turistas dejaron de llegar. La inseguridad trajo años de miedo y de crisis económica”, dice el propietario de un restaurante.

Los habitantes del ejido Cristóbal Colón sienten que por fin pueden tener un respiro, aunque algunos no creen en la estabilidad de la pacificación que el gobierno presume.

“¿Si de verdad, como dice el gobierno, se puede haber ido toda la gente armada? Mmhh, no sé. Tampoco sé más adelante cómo se vaya a poner la situación”, dice una mujer encargada de la limpieza de los baños del centro ecoturístico, que contempla un sistema de cuerpos de agua cristalinos rodeado por el sitio arqueológico del Lagartero. En 1995, los ejidatarios fundaron este proyecto que gestionan de forma comunitaria, donde el turismo de masa nunca ha llegado, y al que normalmente acuden visitantes locales.

Los visitantes dejaron de ir a Lagos de Colón en 2020 por la pandemia, que empujó a sus habitantes a retomar el trabajo en las milpas. Un año después pasó algo todavía peor: empezaron los enfrentamientos entre organizaciones criminales, que en esta región fronteriza con Guatemala eran frecuentes y a plena luz del día, con explosivos, quema de vehículos y drones artillados. Fue así que los chiapanecos dejaron a regañadientes de llegar a este destino, entre sus favoritos para pasar los fines de semana.

Vivir en la frontera de Chiapas con Guatemala

Lagos de Colón se encuentra a un puñado de kilómetros de Guatemala y es considerado por los pobladores de la región como un lugar especialmente delicado , pues los enfrentamientos entre organizaciones criminales han sido más duros justo a lo largo de la línea fronteriza. Los pocos visitantes que se aventuraron después de julio de 2021, cuando se intensificó el conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, encontraron a civiles armados patrullando la zona o instalando retenes en la entrada. Además, cuatro hombres han desaparecido en la carretera que lleva al sitio turístico. De esto los pobladores de Lagos de Colón prefieren no hablar. “La gente no habla porque está aterrorizada, siendo que los delincuentes siguen allí”, dice un activista local.

“Yo dejé de ir a Lagos de Colón, me daba miedo”, dice la propietaria de un comedor ubicado en el crucero de Chamic, desde donde parte el desvío hacia el balneario, sobre la carretera federal 190 que conecta Comitán con la frontera con Guatemala.

La mujer baraja las cartas mientras una bocina parpadea una cumbia a todo volumen. De vez en cuando habla de la seguridad que le infunden los patrullajes del cuerpo de élite llamado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), lanzado en diciembre de 2024 por el gobernador Eduardo Ramírez, y de cómo han permitido que se normalizara la vida cotidiana para los habitantes de la región. De hecho, frente a ella corre la vida fronteriza que durante años se congeló: los vehículos van y vienen de Guatemala, algunos traileros paran para comer o cargar gasolina, las combis salen todo el tiempo. Un chofer asegura que “aquí siempre fue muy tranquilo”, pero los hoyos de balas en los muros cuentan una historia distinta: han sido varias las batallas en Chamic, poblado de Frontera Comalapa, uno de los municipios chiapanecos más afectados por la disputa entre cárteles.

Violencia y control sobre la vida cotidiana en zona fronteriza de Chiapas

Es difícil contabilizar el número exacto de las personas que tuvieron que abandonar sus casas en la región fronteriza de Chiapas, pero se calcula que en el municipio de Frontera Comalapa en tan sólo 5 días de mayo de 2023 fueron unas 4 mil.

El crimen organizado ha ejercido un control total sobre la vida cotidiana de los habitantes, de acuerdo con el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”, redactado por la Red Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes. Los grupos criminales han ocupado casas y ranchos, impuesto toques de queda, cobrado derecho de piso incluso a quienes venden sus cosechas en un pequeño espacio del mercado, y han llegado a controlar hasta las fiestas familiares y los eventos comunitarios.

Una “pacificación” repentina en Chiapas

Una forma de control de los cárteles hacia la población ha sido obligarlos a trabajar para ellos o forzarlos a participar en marchas o bloqueos, sirviéndose de los comisariados ejidales como mediadores. “Estos grupos se aprovecharon de las formas organizativas de las comunidades para disponer de un ejército gratis, al que no hay que darle sueldo ni comida”, dice una pobladora. 

Estos bloqueos, sobre todo en la carretera federal 190, eran frecuentes y afectaban mucho a la población y a su economía. La situación cambió en diciembre de 2024, tras la toma de protesta de Eduardo Ramírez: de repente los bloqueos dejaron de aparecer, los enfrentamientos abrieron espacio a la calma.

“Creo que el gobierno llegó a un acuerdo con los grupos criminales, es la única explicación posible de esta repentina pacificación”, dice una pobladora de Frontera Comalapa que vive desplazada. “Cuando entraron a Comalapa la gente tenía miedo a que hubiera balaceras, pero no hubo. ¿Cómo es posible que los grupos criminales no se resistieron? Creo que sabían que las fuerzas de seguridad iban a entrar, de hecho, los meros meros se fueron antes. Muchos pobladores están contentos de esta supuesta paz, pero se trata sólo de un reacomodo: los criminales y el ambiente de vigilancia permanente siguen”.


Operativos en Frontera Comalapa, Chiapas

El primer operativo de la era de Eduardo Ramírez en Frontera Comalapa se lanzó el 3 de enero de 2025. Este día, el presidente municipal interino de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro Herrera, posteó una foto con un mando de la FRIP. “Hoy quiero agradecer a nuestro gobernador por este plan estratégico de seguridad para el estado de Chiapas. Quiero decirle, señor gobernador, que aquí en el municipio cuenta con un aliado”, dijo Villatoro en entrevista con un medio local.

Sin embargo, poco después, las fuerzas de seguridad lo detuvieron por su presunta relación con el crimen organizado. Villatoro había asumido su cargo tras la desaparición, el 3 de septiembre de 2024, del alcalde electo Aníbal Robrero Castillo, secuestrado mientras viajaba en carro cerca de Tuxtla Gutiérrez. 

La historia reciente de la presidencia de este municipio es muy atormentada y no fueron los únicos alcaldes en haber sido desaparecidos: en 2021, a causa de la inseguridad, no se celebraron las elecciones y el Congreso del estado nombró un Consejo Municipal. Luego, en diciembre de 2023, desapareció el ex edil de Frontera Comalapa, Irán Mérida Matamoros, que reapareció cuatro meses después en una video-entrevista con un grupo criminal. Mérida Matamoros nunca regresó a su casa. Poco antes, había sido secuestrado otro político de Frontera Comalapa: Rey David Gutiérrez Vázquez, aspirante a presidente municipal.

Desplazados de Chiapas son presionados para regresar, pero les quieren aplicar multas

El gobernador Eduardo Ramírez dio el “chapuzón de reapertura” de Lagos de Colón el 1 de febrero de 2025. Se lanzó a las cascadas para demostrar a los chiapanecos que ya era posible hacerlo. “El gobernador es de Comitán y viene desde que tiene 6 años, dice que aquí aprendió a nadar”, afirma la propietaria de una tienda de Lagos de Colón. Sus ojos brillan cuando relata los pormenores de aquel día, que según los ejidatarios marcó el regreso del turismo al balneario.

Sin embargo, viajando por la carretera federal 190 y por el camino que lleva a Lagos de Colón, todavía se observa una gran cantidad de viviendas y negocios vacíos. Una pobladora que hace tres años se tuvo que desplazar de Chamic afirma que, tras la visita del gobernador en febrero, los comisariados de los ejidos de Frontera Comalapa están presionando a las familias desplazadas a que regresen y los amenazan con quitarles la tierra si no lo hacen.

“Quieren que se vea que hay paz, que ya no hay desplazados, pero nosotros no regresaremos, pues no hay condiciones de seguridad”, afirma la mujer, que está reconstruyendo su vida en un municipio cercano. De acuerdo con ella, las 44 comunidades de la zona de riego tomaron también el acuerdo de cobrar 50 mil pesos a las familias desplazadas que retornen, para cubrir el pago de las multas que acumularon durante el periodo de su ausencia, por no haber participado en los trabajos colectivos y en los turnos forzados en los bloqueos de la delincuencia organizada. 

A mediados de marzo, 52 familias de los ejidos Chamic y Joaquín Miguel Gutiérrez de Frontera Comalapa regresaron a sus ejidos, según el alcalde del colindante municipio de La Trinitaria. “Hablamos con las autoridades de las comunidades de origen y les pedimos que les permitieran regresar sin que les cobraran multas por haberse ido. Estamos coadyuvando a que más familias regresen a sus lugares de origen”, dijo.

Reparar el tejido comunitario en Chiapas

De acuerdo con la mujer desplazada, algunas comunidades decidieron no aplicar la multa, aunque algunos vecinos no están de acuerdo. “Lo más triste es que los mismos ejidatarios dicen: yo fui obligado a bloquear carreteras todo este tiempo y los que se desplazaron regresan y no pagan multa, como si nada. Esta reacción muestra que la presencia de estos criminales rompe lo comunitario, lacera el tejido social, crea desconfianza”.

Junto con sus vecinos, que también se desplazaron de Chamic, esta mujer está trabajando en la reparación del tejido comunitario. “Invitamos a la resistencia pacífica y cotidiana a través de la recuperación de los suelos y de la producción de nuestros alimentos”, dice. “Trabajamos la confianza y mantenemos vivos nuestros sueños, los necesitamos para no morirnos. Y si un día retornaremos será de manera colectiva y organizada, para que entre todos agarremos fuerza para sostener al grupo”.

*En este reportaje de Animal Político, los nombres de las y los pobladores entrevistados han sido omitidos para proteger su seguridad.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Periodista denuncia intimidación por funcionario de Salud en Chiapas

Según la periodista, el comunicador de la Secretaría de Salud de Chiapas la acusó de tomar fotografías dentro de un hospital, sin verificar que esto fuera cierto y la intimidó.

La periodista Mariana Morales, periodista en Chiapas, denunció presuntos actos de intimidación, bloqueo informativo y violencia institucional por parte de Adolfo Cuitláhuac López Gutiérrez, director de Comunicación Social de la Secretaría de Salud del estado.

De acuerdo con su testimonio, la agresión ocurrió el domingo 27 de abril en Tapachula, cuando acompañaba a una mujer migrante venezolana al Hospital General para que recibiera atención médica.

Morales explicó que la paciente había recurrido a ella luego de no recibir atención previa en una clínica.

“Yo le dije que cuando fuera al hospital general, que me avisara para ver si yo le hablaba a alguien de salud, y la atendieran. Y así fue, las atendieron“, declaró a “Aristegui Noticias”.

Morales relató que mientras permanecía en el área con una compañera fotógrafa, no se tomaron imágenes sin consentimiento.

“Mi compañera llevaba su cámara colgando del brazo izquierdo, pero en ningún momento insistió o tomó fotos sin permiso, solo platicó con otra mujer migrante de Honduras”, dijo y ambas abandonaron el lugar cuando se les indicó.

Posteriormente, Morales recibió un mensaje de voz de Adolfo Cuitláhuac López Gutiérrez, que se encontraba en Tuxtla Gutiérrez, para reclamarle que se hubieran tomado fotografías dentro del hospital, situación que no tenía confirmada el funcionario.

“Oye Mariana, me dijeron que tomaron fotos adentro del hospital, y es muy delicado tomar fotos adentro del hospital, por el tema de la gente y de la protección (…) de identidad de la gente. Entonces, te pido por favor que no vayan a utilizar esa foto. Que no se te olvide que no se necesita solamente una vez a una fuente”, se escucha decir al funcionario en el audio.

“Este señor me manda ese audio y yo me puse a temblar del coraje y tristeza porque no es primera vez que me pasa, me amenazó diciendo que no se tomaban fotos y que eso no se hacía y que ellos habían obrado de buena fe, y que yo iba a necesitar de él” , expresó la periodista.

Según Morales, llamó al vocero de la dependencia para exigirle una explicación.
Le dije: oye, ¿qué te pasa?, por qué me dices eso, y no digas que yo voy a necesitar de ti, porque tú necesitas de la prensa.
La reportera también recordó agresiones anteriores de parte de personal del gobierno del estado, encabezado por Eduardo Ramírez.

Dijo que en septiembre de 2024, fue víctima de violencia física durante un acto de campaña del actual gobernador Eduardo Ramírez, cuando intentaba entrevistarlo.

“Se amontonaron frente a mí y por atrás jalaron mi cabello y levantaron mi blusa… los jaloneos eran para que yo no me acercara, me jalaron de la blusa y mencionaban que no me dejaran pasar porque ahí venía la de Reforma”, señaló.

Asimismo, en marzo de 2025, Morales dijo haber sido responsabilizada por el entonces fiscal de Tapachula, César Amín González Orantes, de publicaciones críticas en redes sociales.

“Me dijo que la culpa era de mi hermana y mía… Salí llorando porque yo no sé por qué me dijo eso”.

La periodista hizo un llamado a las autoridades estatales para revisar el actuar de los funcionarios públicos, y sostuvo que el ejercicio periodístico no puede depender del aval institucional.
Algunos voceros creen que nos hacen un favor. No es así. A modo. El periodismo no funciona así.
Ante el suceso, organizaciones de defensa de periodistas, como la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas, Frontline Freelance México, y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y su filial en Chiapas.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.