Un tribunal colegiado confirmó la absolución del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, tras negar el amparo interpuesto por los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa al considerar que no hay pruebas suficientes para vincularlo con los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

La resolución fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Reynosa, Tamaulipas, contra el amparo que interpuso el asesor jurídico de los familiares de los 43, Jorge Santiago Aguirre Espinoza, para revertir el fallo que en 2019 exoneró a Abarca Velázquez y al exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, de los cargos de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro y delitos relacionados con el narcotráfico.

Para negar el amparo, el tribunal que ratificó la absolución determinó que la “justicia de la Unión no ampara ni protege a las víctimas indirectas”, que son los padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Abarca había sido señalado como uno de los presuntos involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes desde las primeras investigaciones sobre la Noche de Iguala, cuando policías municipales, junto con elementos de Huitzuco y Cocula, participaron en la detención de los normalistas y su posterior entrega a integrantes del cártel Guerreros Unidos.

Incluso el informe oficial de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) señaló que la orden de desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa fue del A1, quien presuntamente sería Abarca, junto con Guerreros Unidos y otras autoridades.

A pesar de la absolución, el exfuncionario permanecerá preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México, por la sentencia a 20 años de cárcel por el asesinato de Justino Carbajal Salgado, además de que está sujeto a proceso por los delitos de lavado de dinero y contra la salud.

Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a Juan Miguel Pantoja Miranda, alias ‘Pajarraco’, quien fue integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, y estaría relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en 2014.

De acuerdo con fuentes oficiales, el sujeto fue arrestado en el municipio de Almoloya, en el central estado de Hidalgo, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Defensa, Marina y la Guardia Nacional (GN).

Pantoja Miranda, de 37 años, quien contaba con una orden de aprehensión, está acusado de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y desaparición forzada de personas.

En un comunicado aparte, la SSPC detalló que el ‘Pajarraco’ fue detenido en la colonia Centro, en el municipio de Almoloya, donde generalmente se movía el delincuente “por lo que se instalaron puntos de vigilancia para localizarlo”.

🔴#ÚLTIMAHORA I Detienen a Juan Miguel "N", alias "El Pajarraco", presunto integrante de Guerreros Unidos y vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de #Ayotzinapa. pic.twitter.com/S97WriWYbp

— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 4, 2025

Un tribunal federal rechazó amparar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa contra la exoneración de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, del secuestro de los jóvenes.

Con la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, en Reynosa, Tamaulipas, el caso ya quedó completamente concluido y la exoneración del exedil está firme.

“Un padre más que se nos adelanta sin tener verdad ni justicia”, lamentaron los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al informar la muerte de Donato Abarca Beltrán, padre del estudiante Luis Ángel Abarca Carrillo, sucedida la mañana de este jueves por un paro respiratorio a causa de una embolia.

“Nuestro compañero Donato partió de este mundo sin saber el paradero de su hijo, se fue con el alma apesadumbrada”, señalaron los padres y madres en un comunicado. “Duele saber que nuestros compañeros parten sin que las investigaciones avancen”, criticaron.

“Todos los gobiernos nos han fallado y nos han golpeado, no ha bastado el dolor que sentimos, se empeñan en tratarnos como disidentes políticos, de cerrarnos la puerta de la justicia”, denunciaron los familiares de los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

Los padres y madres explicaron que Abarca se refugió en el campo tras la desaparición de su hijo, mientras su esposa Metodia Carillo y sus otros ocho hijos emprendieron la lucha por la aparición con vida de Luis Ángel y el resto de las víctimas. «La tristeza lo consumía», añadieron en el comunicado, donde precisaron que pronto cayó enfermo «y cada día su salud fue mermando».

Los padres y madres de los 43 aseguraron que la muerte de Abarca los llena de “digna rabia” para seguir con la búsqueda de sus hijos y reiteraron que no descansarán hasta encontrar la verdad y justicia y que se sancione a los responsables.

Finalmente, hicieron un llamado al gobierno de Claudia Sheinbaum a que no les “dé la espalda” ni les impida acceder a la justicia, “tope quien tope”.

Trabajadores en activo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), aseguran que la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos cumplirá tres años “olvidada y estática”, debido a las “excentricidades y opulencia” del fiscal especial Rosendo Gómez Piedra.

Las acusaciones, descritas en diversas denuncias de hechos presentadas ante autoridades como la presidenta Claudia Sheinbaum y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no han tenido mayores repercusiones ni avances, pese a que las denuncias fueron presentadas desde el pasado 28 y 13 de abril, respectivamente. 

“Por eso nos parece preocupante todo, puesto que si los trabajadores de la UEILCA teníamos la esperanza de que tanto la presidenta o el fiscal general nombraran a un nuevo titular que realmente se comprometiera con el caso Ayotzinapa, y con ello buscar enderezar la investigación que los últimos 3 años ha estado prácticamente olvidada y estática; al ver que (Gómez Piedra) sigue en el cargo […] nos sentimos desesperados y con grande temor a represalias”, señalaron cuatro agentes en activo de la Unidad Especial en entrevista presencial con Animal Político.

Ahora, los fiscales acompañan su denuncia con fotos, videos y documentos, en poder de este medio de comunicación, para comprobar parte de las acusaciones vertidas en contra del fiscal especial del caso Ayotzinapa, que incluyen concursos de disfraces festejados al interior de las oficinas de la Unidad Especial, la rifa de un cayuco con comida tradicional tabasqueña, y el otorgamiento de premios económicos al desempeño de personajes cercanos al fiscal Rosendo Gómez Piedra.

Fiscal especial: más preocupado por una “fiesta de disfraces” que por audiencia ante la CIDH por el caso Ayotzinapa

En octubre de 2023, luego de que las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa expresaran por primera vez en una marcha nacional su desilusión con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que comenzó a “obstaculizar” la investigación para esclarecer los hechos que llevaron a la desaparición de sus hijos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) exigió a la Unidad Especial un informe sobre el caso Ayotzinapa. 

Para ese momento, el Estado mexicano ya tenía fecha para celebrar una audiencia ante la CIDH. Sin embargo, previo a la entrega del informe y la audiencia, el fiscal especial Gómez Piedra decidió hacer una fiesta por el día de muertos al interior de las oficinas de la FGR. 

El festejo consistió en un “desfile de disfraces de catrinas y concurso de calaveritas”, mismo que se realizó el 31 de octubre de 2023. En una de las fotos compartidas por los agentes de la FGR se puede ver a Rosendo Gómez Piedra -con camisa color rosa- sentado en medio de fiscales de la Unidad.

“Llevó un maquillista amigo suyo que nos cobró por maquillarnos […] en el año 2023 se cobró 500 pesos por persona, debido a que él trajo a una persona que maquillaba y nosotros pagamos por el servicio”, refieren los fiscales, que aseguran que para repetir el festejo “en el 2024 pidió 300 pesos por persona”.

De hecho, en algunas de las fotos se alcanza a ver que entre sus ‘invitados’ estuvo la propia fiscal especial Sara Irene Herrerías Guerra, vestida de camisa blanca y pantalón color café.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que su gobierno está analizando el cambio del fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, tras la exigencia de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.

“Ellos (los familiares) han planteado el cambio del fiscal especial y estamos viendo si es necesario o no es necesario”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa de prensa mañanera en referencia uno de los casos emblemáticos de la tragedia de los desaparecidos en México.

Sheinbaum recibió el martes a los padres y madres de los normalistas quienes tras la reunión expresaron su deseo de cambiar al fiscal actual, Rosendo Gómez, encargado del caso desde el 2022, a quien acusan de corrupción, falta de resultados y abandono del enfoque en la búsqueda con vida de los estudiantes.

En ese sentido, dijo que si se cambia al fiscal actual, debe ser una persona reconocida por los familiares de los desaparecidos.

Asimismo, se refirió a la declaración de Gómez, quien antes de la reunión afirmó que lo que ahora se busca son los cadáveres de los normalistas.

“Es una declaración muy desafortunada”, subrayó, al señalar que su gobierno sigue trabajando para encontrar a los jóvenes.

Sheinbaum apuntó que tras su reunión con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos se acordó buscar nuevos esquemas de investigación para localizarlos y también para conocer lo que sucedió el 26 de septiembre de 2014.

Madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, plantearon a la presidenta Claudia Sheinbaum la destitución del fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, por señalamientos de presunta corrupción y falta de confianza.

Este martes, familiares de los normalistas acudieron a Palacio Nacional para reunirse por tercera vez con Sheinbaum desde que llegó al Gobierno de México. No obstante, se trata del cuarto encuentro entre ambas partes, pues en julio de 2024 sostuvieron un diálogo cuando ella aún era virtual presidenta electa.

En esta ocasión, Melitón Ortega, vocero de las madres y padres del caso Ayotzinapa, dio a conocer que la petición principal durante este diálogo fue la salida del fiscal especial. Señaló que aunque la mandataria no respondió, “el tema ya se puso sobre la mesa”.

“Los padres de familia están pidiendo la salida de Rosendo. Bueno, la presidenta no respondió pero creo que ya se puso en la mesa… por el tema de corrupción”, dijo Ortega a medios de comunicación tras preguntarle por el motivo de la proposición.

Añadió que ante el planteamiento “nadie respondió, nadie defendió y nadie intervino en el tema”.

El vocero de los familiares de los 43 normalistas también fue cuestionado por las declaraciones de Gómez Piedra previo a la reunión en Palacio Nacional respecto a la búsqueda de “los cadáveres” en el marco de la investigación por el caso Ayotzinapa.

“Los avances, tenemos 120 detenidos, más de 46 causas penales, llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres”, dijo el fiscal que llegó al cargo en octubre de 2022 tras la renuncia de Omar Gómez Trejo.

Agregó que no han encontrado a los estudiantes, sin embargo, continúan las investigaciones y los procesos por el caso.

A ello, Ortega respondió que “a raíz de esas evidencias que ha habido, por eso los padres ya plantean eso, con eso ya pierde toda la confianza en poder continuar en eso”, debido a que nunca han tenido “una respuesta contundente”.

Próxima reunión entre padres de los 43 normalistas y Sheinbaum

El diálogo entre los familiares de los normalistas y el Gobierno federal se retomó con la llegada de la administración de Sheinbaum, pues en los últimos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador la relación entre ambas partes se tensó.

El normalista Jonathan Maldonado Hernández, sobreviviente al ataque del 26 de septiembre de 2014, en el que 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, “murió en el completo abandono por parte de las autoridades encargadas de dar seguimiento al caso”, informó el Colectivo Nacional De Sobrevivientes Del Caso Ayotzinapa.

En la llamada Noche de Iguala, Maldonado Hernández fue uno de los normalistas que lograron sobrevivir al ataque que antecedió a la desaparición de los 43 estudiantes, en el cual perdió varios dedos de su mano derecha por un balazo recibido durante la agresión. El joven colaboró en la investigación oficial de la Fiscalía General de la República, así como en los trabajos documentales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión de la Verdad para el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj).

A pesar de ser una víctima directa, “le fue negado el apoyo psicológico y psiquiátrico por parte de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) desde el 2014” y “nunca obtuvo ayuda médica ni la rehabilitación adecuada tras la pérdida de los dedos de su mano”.

En sus últimos días, señaló el Colectivo, Maldonado permaneció internado en un hospital particular “pues la ayuda en instituciones de salud pública fue inexistente”, y a pesar de que el gobierno se comprometió a apoyar con los gastos funerarios, esto “no ha ocurrido”.

Ante la muerte del normalista, el Colectivo criticó “el cinismo gubernamental” de las autoridades, “quienes pregonan apoyar en público, pero en realidad sólo hay abandono, revictimización e ignorancia”.

COMUNICADO:

Lambertina “N”, exmagistrada presidenta del Poder Judicial de Guerrero, fue detenida en Chilpancingo, Guerrero, por su presunta implicación en la desaparición forzada y delitos cometidos contra la administración de justicia por servidor público, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Distintas fuerzas de seguridad cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de la exmagistrada, según el comunicado oficial conjunto.

“Mediante labores de investigación de gabinete y campo realizadas en el municipio de Chilpancingo, se tuvo conocimiento de un domicilio ubicado en la calle Abasolo, en la colonia Ruffo Figueroa, donde se resguardaba una ex funcionaria pública estatal que contaba con una orden de aprehensión”.

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron esta mañana, en su domicilio en Chilpancingo, a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín.

Testigos informaron que los agentes federales entraron con violencia al domicilio de la exmagistrada de 80 años. Una puerta fue derribada y el cristal de una ventana roto. Fue trasladada a la delegación de FGR de Chilpancingo.

Nuevamente fueron destruidas estructuras del memorial con fotografías e información sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ubicado junto al Antimonumento 43+ en la Avenida Reforma de la Ciudad de México.

“Hay una acción deliberada de desaparecer el memorial de los normalistas”, denunció el artista y activista Alfredo López Casanova, que aseguró que el ataque “no puede pasar por un acto vandálico” porque se utilizaron herramientas para sacar las zapatas de la instalación y “se observa un movimiento por debilitar la estructura”.

Después de más de tres horas en reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), los padres y madres salieron molestos porque sólo fue informativa, lejos de nuevos hallazgos y avances para profundizar en la investigación.

Melitón Ortega señaló que las autoridades realizaron “un recuento con la misma información que han brindado en otras ocasiones. No hay avances concretos. Fue más una reunión de seguimiento. Esperamos que haya resultados en los próximos meses en las reuniones con la presidenta”.

La reciente detención por delincuencia organizada de Rey N, alias El Negro, no dieron detalles, por ejemplo, “¿Cuál fue la participación directa de él también el día de los hechos? Nosotros nos cuestionamos eso. Necesitamos pruebas primordiales de cuál fue su participación antes y durante la agresion a los jóvenes. No tengo mas elementos porque lamentablemente el detenido se reserva el derecho de hablar”, cuestionó don Emiliano Navarrete.

Para las madres y padres la línea de investigación de la telefonía es muy importante. Don Emiliano exigió “al equipo de gobierno federal que la telefonía celular visibilice qué puntos no se tocaron con anterioridad o no se han mencionado. Les pedimos que retomaran al grupo de expertos en telefonía, GEO”. Félix Arturo Medina dijo que tienen como punto de partida los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el grupo GEO.

David Mejía Lozano, director general De asuntos relevantes, trata y tráfico de personas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue criticado porque su informe escueto de telefonía no estaba detallado.

Por su parte, Melitón Ortega abundó sobre “los folios que tiene el ejército para nosostros es importante, pero no nos informaron nada. En la extradición de Tomás Zerón no hay avance, porque no hay un acuerdo entre el gobierno mexicano y el de Israel. El personal de Cancillería sólo mencionó que se está haciendo la gestión y realizando los trabajos diplomáticos. En la última detención del apodado El Negro para nosotros no es un tema relevante, no ayuda nada en la investigación”.

Las familias reclamaron fuertemente al fiscal especial Rosendo Gómez Piedra porque informó carpetas de investigación de 2023 y 2024, pero nada nuevo. Hicieron un llamado para que la próxima reunión haga un recuento concreto y detallado de la investigación, con hallazgos novedosos. “Estamos cansados de estar escuchando los recuentos sin rumbo, sin claridad”.

“Las madres y padres han estado exigiendo el retorno del GIEI para que continúe con las investigaciones. Sin embargo, el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina, le informará a la presidenta este planteamiento de las familias”, dijo Melitón.

La comisión especial, donde se integró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que la presidenta prometió está trabajando una nueva metodología, con tecnologías y estrategias para hacer una revisión desde una mirada distinta y con mayor certeza en la investigación para dar con el paradero de los 43 estudiantes.

A 126 meses de la desaparición de los 43, madres y padres de familia marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para exigir la presentación con vida de sus hijos. Señalaron que al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador avanzaron las investigaciones contra el ejército, librando órdenes de aprehensión, pero no quisieron profundizar, y por eso están pendientes los 800 folios que la Sedena se niega entregar, las comunicaciones telefónicas donde se habla de 17 estudiantes que fueron llevados a barandillas de Iguala. Con más de 10 años de sufrimiento tienen la esperanza de encontrarlos.

A las cuatro de la tarde, aún con la brisa y los nubarrones que amenazaban con desgajarse, las madres, padres, estudiantes, organizaciones sociales, sindicatos y colectivos empezaron la caminata al ritmo de las consignas. El viento alzaba las lonas de los rostros que siguen ausentes. Algunas madres con el puño al cielo gritaban: ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos! Las personas solidarias de ratos cruzaban palabras en susurro para contar algo del horror de Teuchitlán. La infamia del gobierno federal, su discurso alejado de la realidad. Unos pasos más adelante decenas de carteles de desaparecidas y desaparecidos en unas vallas.

En la glorieta de las mujeres que luchan los pasos firmes de las madres caían sobre el asfalto. Más adelante el conteo del 1 al 43 de los normalistas de Ayotzinapa. En el antimonumento más 43 realizaron una parada para hacer el pase de lista de los jóvenes desaparecidos, los tres asesinados y Aldo que sigue en coma. Denunciaron que el memorial ha sido blanco de desmanes y que el colectivo El Plantón ha sufrido intimidación de personas no identificadas. Lamentaron que las autoridades no protejan los espacios simbólicos de la lucha de las familias de los estudiantes normalistas.

Entre los árboles de jacarandas llegaron al Hemiciclo a Juárez, donde se instaló el mitin. Después de hablar de Teuchitlán, dijeron que en Guerrero se han encontrado más de 130 fosas clandestinas. El esfuerzo colectivo de las madres buscadoras ha dado resultados. La madeja de las desapariciones es compleja por la colusión de las autoridades con las estructuras del crimen organizado. En el caso Ayotzinapa que es un crimen de Estado porque participaron todas las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas, y desde los bajos hasta los altos mandos en el gobierno mexicano.

Doña Cristina Bautista señaló que “a 10 años y seis meses de sufrimiento de no saber dónde están nuestros hijos, sin poder estar bien en casa y con nuestra familia. Nos quedamos sin hijos. Aquí estamos las madres y padres solos y solas. Extrañamos a nuestros hijos, los amamos y por eso nos mantenemos de pie. Se han enfermado madres y padres. Ha fallecido una madre y cuatro padres sin que supieran nada de sus hijos. Vamos a seguir mientras tengamos vida hasta alcanzar justicia. Enrique Peña Nieto está descansando en España, Tomás Zerón de Lucio en Israel, Ulises Bernabé tiene asilo en Estados Unidos cuando son los responsables. Las madres y padres exigimos verdad”.

Por su parte, don Emiliano Navarrete, con el rostro fruncido dijo: “los padres y madres estamos llenos de rabia. Sólo las madres saben hasta dónde son capaces de llegar, son mujeres que buscan a sus hijos. No debemos permitir que continúe la impunidad en este país. De qué sirven las instituciones de gobierno que defienden los derechos humanos como la CNDH que debe exigir justicia y verdad a la FGR. No bastan las recomendaciones porque este gobierno no las aceptan, ni nacionales ni internacionales. Es un gobierno autoritario”.

“Pero no vamos a bajar la guardia, y si llega el momento de luchar con más intensidad, poniendo la vida contra el régimen. No estamos peleando contra otras personas, sino con el Estado. No permite dar los elementos faltantes que dijo el Grupo de Expertos, ademas desconoce su trabajo y lo echa por tierra. Vamos a seguir picando piedras porque no podemos permitir un gobierno nuevo con personas nuevas sin experiencia en desaparición forzada, sin conocer los métodos de búsqueda. Sabemos que el gobierno federal, estatal, municipal están involucrados en la delincuencia porque son parte de ocultar dónde están nuestros hijos. Se veían interacciones de dónde se los llevaban, y qué hizo el ejército, simplemente ser cómplice de la desaparición de nuestros hijos”, reclamó don Emiliano.

“Toda la cultura del gobierno de Enrique Peña Nieto, porquería de ser humano. En lugar de sensibilizarse se burlan de la desaparición de nuestros hijos. Antes de terminar su mandato nos dijo: entiendan que ya no van a regresar sus hijos. Por eso no podemos permitir que unos gobiernos que supuestamente nos representan como mexicanos se expresen de esa forma con quienes tenemos personas desaparecidas. ¿Por qué permitir que los perpetradores tengan más derechos que las víctimas? Es desagradable, por qué no podemos tener un gobierno que vele por los intereses del pueblo, al contrario, permite que la gente siga desapareciendo. Me desespera no saber dónde están nuestros hijos. El gobierno lo sabe, pero no quiere dar resultados. Tienen que ser castigadas todas las personas que participaron en la desaparición de nuestros hijos. No vamos a descansar hasta dar con la verdad”, señaló Emiliano.

Elementos del Gabinete de Seguridad aprehendieron este martes a Rey "N", alias “El Negro”, de 50 años de edad, en Iguala, Guerrero, a poco más de una década de que, presuntamente, participara en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando se desempeñaba como policía municipal.

El Gobierno de Estados Unidos deportó a Ariel Núñez Figueroa, quien es investigado en México por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. El hombre fue entregado a las autoridades mexicanas el pasado 6 de marzo en el Puente Juárez-Lincoln, en la frontera con Laredo, Texas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó que Núñez Figueroa, de 30 años, fue arrestado en Houston el 9 de septiembre de 2024, luego de recibir información de Interpol sobre su posible ubicación. Un Juez de migración ordenó su deportación el 22 de enero.

Las autoridades mexicanas lo acusan de secuestro y delincuencia organizada por su presunto papel en la entrega de estudiantes de Ayotzinapa a integrantes de Guerreros Unidos. Según las investigaciones, era policía municipal en Huitzuco, Guerrero.

Bret Bradford, director de la Oficina de Campo de Houston del ICE, destacó que el fugitivo "evadió a las autoridades mientras la familia y los amigos de esos 43 estudiantes que fueron brutalmente asesinados esperaban pacientemente justicia para sus seres queridos".

Núñez Figueroa fue trasladado desde el Centro de Procesamiento de Montgomery, Texas, hasta la frontera, donde fue entregado a las autoridades mexicanas. En su captura colaboraron el ICE, Interpol y la embajada de Estados Unidos en México.

De acuerdo con registros oficiales, su hermano, Celedonio Núñez Figueroa, también policía de Huitzuco, y su padre, Javier Núñez Duarte, jefe de la corporación, han sido señalados en la investigación.

El nombre de Ariel Núñez aparecía en una lista de presuntos implicados que el expresidente Andrés Manuel López Obrador reveló en octubre de 2023. Su captura es parte de los esfuerzos por esclarecer el caso.

Otras detenciones recientes relacionadas con Ayotzinapa incluyen la captura de Martín Alejandro "N" en Iztapalapa, Ciudad de México, el pasado 28 de febrero. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que se le acusa de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Ulises Martínez Juárez logró graduarse de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y convertirse en maestro, pero pudo haber sido uno de los tres estudiantes asesinados la noche de Iguala, cuando policías y hombres armados se llevaron a otros 43 de sus compañeros, desaparecidos hace 10 años y seis meses.

Estuvo en el mismo lugar que ellos, el cruce de la calle Juan N. Álvarez con Periférico Norte, en Iguala, Guerrero, durante los primeros minutos del 27 de septiembre del 2014. 

Las balas con sentencia de muerte impactaron en Julio César Nava Ramírez y Daniel Solís Gallardo. Esas balas provinieron de las armas de los tres hombres que vio bajar de la camioneta que, instantes antes, había identificado como sospechosa, pues redujo la velocidad al pasar por el lugar donde los dirigentes estudiantiles ofrecían una conferencia de prensa para denunciar que la policía había detenido a varios de sus compañeros y herido a otros.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum abrió la puerta a que se llame a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto por el caso Ayotzinapa, en caso de que se recaben indicios que apunten al exmandatario, dijo el abogado de los padres y madres, Vidulfo Rosales, tras su segunda reunión con la presidenta.

Después de dos horas y media de diálogo entre padres y madres de los 43 normalistas y la Presidenta de la República, el abogado Rosales aseguró que se creará un nuevo grupo de investigación que priorizará el uso de tecnología para recabar pruebas que puedan esclarecer la desaparición de los estudiantes; y en caso de que éstos involucren a Peña Nieto, se le pedirá declarar sobre los hechos.

“(Sheinbaum) Dejó abierta la posibilidad de que podamos explorar otra vía, por ejemplo de un tribunal internacional, que nosotros podamos ver esa posibilidad (…) para que no solo sea el tema de la diplomacia”.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Martín Alejandro “M”, alias “Kamala” quien supuestamente está vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

El operativo de captura se realizó en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México en cumplimiento a una orden emitida por delincuencia organizada y desaparición forzada.

“Queremos escuchar avances”. Esta fue la frase más repetida la tarde de ayer miércoles durante la marcha que, como todos los 26 de cada mes, encabezan los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desde su desaparición hace 10 años.

La marcha en la capital mexicana se celebró en un contexto marcado por la nueva reunión, la segunda, que mantendrán los familiares de los estudiantes con la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 27 de febrero, a las 13 horas, en Palacio Nacional.

“No queremos que nos salgan con otra línea de investigación y que nos tengan dando vueltas nada más. Lo que pedimos que se retome lo que ya está solido en la investigación”, agregó González, que adelantó que va a exigir la vuelta de los expertos del GIEI a México, luego de que estos salieran del país denunciando que hubo una obstaculización por parte del Ejército a sus labores de investigación del caso.

La advertencia del señor Mario está en concordancia con la que ya hicieron los padres y madres el pasado 26 de septiembre de 2024, justo el día en que se cumplieron los 10 años del caso. En esa marcha por la capital, que estuvo cargada de un fuerte componente emocional por lo simbólico de la fecha, los familiares dijeron arriba de un templete frente a Palacio Nacional que su paciencia estaba al límite ante la falta de avances sobre el paradero de los jóvenes.  

“A Sheinbaum le decimos que no le vamos a dar tanto tiempo como le dimos a este personaje que nos traicionó”, dijo en aquel entonces don Mario, en alusión al expresidente López Obrador.