"Rafael Ojeda, quien fuera titular de la Marina de 2018 a 204, ya le había notificado a la FGR que algo no estaba funcionando correctamente, que presumía actividades irregulares, enriquecimiento ilícito y corrupción en las aduanas que él operaba."
Y siguiendo la máxima del expresidente Andrés Manuel López Obrador predicada en septiembre de 2019, de que “Nada de que el Presidente no sabe, no se enteró, de que el Presidente no tiene buenos colaboradores, de que lo engañan. Mentira, el Presidente de México se entera de todo”, él también lo sabía.
De acuerdo al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, Rafael Ojeda, quien fuera titular de la Marina de 2018 a 204, ya le había notificado a la FGR que algo no estaba funcionando correctamente, que presumía actividades irregulares, enriquecimiento ilícito y corrupción en las aduanas que él operaba. Aunque primero dijo el fiscal que ello le fue notificado en el año 2023, posteriormente rectificó asegurando que fue en 2024.
Sin embargo, ni hace dos años ni hace un año, las investigaciones avanzaron a partir de la denuncia del Almirante Ojeda, lo que sí se mantuvo, y poco a poco se fue superando, fue la línea discursiva del expresidente de la República López Obrador de que ya había acabado no sólo la corrupción en las Aduanas Mexicanas, sino el huachicol.
De acuerdo a la información liberada sobre las investigaciones de la FGR en torno a la red de huachicol fiscal, los casos indagados y que resultaron en órdenes de aprehensión, por lo menos 14 los primeros días, y otras cinco esta semana, fueron a partir de dos hechos recientes: los mega decomisos de huachicol en Tampico, Tamaulipas y Ensenada, Baja California, en marzo de este 2025. En el primero se aseguraron 10 mil litros de combustible ilícito, y en el segundo unos ocho mil litros de igual irregular procedencia. Además, en ambos casos, participaron colaboradores de la Marina en los dos puertos, para que los buques de traslado de combustible entraran y fueran registrados como contenedores de otro líquido, lo que significa que también hubo huachicol fiscal.
Aparte de que los hechos investigados sucedieron en marzo, la FGR contó con por lo menos dos delaciones, ahora testigos protegidos, y la localización de otras denuncias en por otros medios, cartas o videos. Es decir, tuvieron elementos suficientes, proporcionados por elementos de la Marina inmersos en la red criminal, que los llevaron no sólo a saber de cierto el pacto criminal, sino la forma, el fondo y los medios utilizados, lo cual les permitió incluso confiscar (aunque les hayan sido entregados) unos 29.5 millones de pesos que la cúpula criminal entregó a sus cómplices en los puertos aduanales.
Es decir, investigación desde un año, o dos años, cuando se supone que el Almirante Ojeda denunció que había irregularidades, no se ve como tal en los documentos, por más que el Fiscal Gertz, para que le cuadren los datos y justificar al exsecretario de la Marina, diga que las indagaciones oficiales se “intensificaron” a partir de marzo de este año.
El ahora testigo protegido, Capitán Alejandro Torres Joaquín, decidió acudir a la FGR cuando ya los millones de pesos le llegaban al cuello. De hecho, confesó que del millón 750 mil pesos que el Capitán de Corbeta en el retiro, Miguel Ángel Solano Ruiz, le daba para repartir entre los once elementos de la Marina en Tampico que estaban en la red que permitía el huachicol fiscal y el tráfico ilícito de combustible de procedencia norteamericana a México, él se quedaba con la mayor parte y sólo lo “repartía” entre siete personas incluido él, que se quedaba con más de 1 millón 400 mil pesos. En total, refirió haber trabajo con ese esquema criminal, por lo menos de abril de 2024 a enero de 2025, y haber recibido por la entrada de catorce buques de combustible ilícito, 24 millones de pesos, aunque entregó 29 a la FGR.
De hecho, en notas de prensa que recogen parte de sus declaraciones, las fechas de Torres no coinciden, pues refiere haber sido contactado por el representante criminal desde el año 2022, cuando casualmente, porque no se lo esperaba, lo nombraron subdirector de área de vigilancia y control de la Aduana de Tampico, y su suerte comenzó a cambiar, dado que atravesaba por difíciles momentos económicos, y con el cargo le vino el soborno que lo sacó de la necesidad y las limitaciones financieras. Él mismo refirió que no duraría tanto en esa posición, pues a los meses lo nombraron director de la Aduana de Tampico, lo cual indicaría que su actividad criminal empezó antes, y no únicamente “entre abril de 2024 y enero de 2025”.
Miguel Ángel Solano Ruiz, el marino retirado, declaró Torres, era el coordinador de la red del huachicol fiscal y personero, intermediario, representante o lugarteniente ya entrando al argot del crimen organizado, de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Lagunas, el primero Vicealmirante de la Marina y el segundo Contraalmirante de la misma institución, y quienes para mejor seña resultaron ser sobrinos políticos del Almirante Rafael Ojeda, el Almirante Secretario de la Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Manuel Roberto, junto con nueve elementos de la Marina han sido vinculados a proceso y permanecen privados de su libertad. Su hermano Fernando Farías Laguna y el representante de ambos, y quien, de acuerdo al testigo protegido, entregaba el soborno millonario por permitir la entrada del combustible ilícito a los puertos en Tampico y Altamira, Tamaulipas, Miguel Ángel Solano Ruiz, y decenas más de coludidos en la red más grande de huachicol fiscal que se haya investigado en el país, permanecen en calidad de prófugos.
El Juez de Control de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, Mario Martínez Elizondo, los vinculó a proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, y en la audiencia, justificó que advertía, “la existencia de una organización delictiva integrada por personas de la Marina, funcionarios, agentes aduanales y empresarios”.
Efectivamente días después, según reveló el diario El Universal, a un empresario, Roberto Blanco Cantú, le fue girada orden de captura por delitos en materia de hidrocarburos en puertos de México, incluido el caso de Baja California cuando en el puerto de Ensenada, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad federal, detectaron otro caso de huachicol fiscal y confiscaron ocho millones de litros de Diesel internado al país de manera irregular, y donde de acuerdo funcionarios testigos de los ilícitos hechos, y así lo asentaron en declaración oficial, participaron los hermanos Torres, Carlos y Luis, el esposo y el cuñado de la Gobernadora, este último, de hecho, fue director de Aduanas en Tijuana. También salió implicado otro morenista, el exsenador suplente, Gerardo Novelo, quien es el propietario del predio donde estaba almacenado el combustible.
Fue en el año 2020 cuando el entonces Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para combatir la corrupción en Aduanas y puertos de México, cedió la administración de los mismos a la Marina, con el fin dijo, de acabar con la corrupción. Pero eso, es evidente, no sucedió, por el contrario, desde esa institución de las Fuerzas Armadas, se instauró una red, como advirtiera el Juez Mario Martínez, integrada “por personas de la Marina, funcionarios, agentes aduanales y empresario”.
Sucedió que expuso a los Marinos al círculo de corrupción que ya existía en las Aduanas, pues no lo combatió, creyó que, cambiando de personas, de civiles a fuerzas armadas, acabaría todo, cuando lo que hizo fue iniciar una nueva época de corrupción institucional.
La disyuntiva para la Presidenta ahora es si solapa a los funcionarios, empresarios y clase política que han sido parte del motor de estas redes criminales de huachicol fiscal, asumiendo el costo político que eso conlleva, especialmente para su partido, o si como en el pasado inmediato, niega la corrupción, protege a los suyos, y mantiene la criminalidad desde el gobierno y el partido. Y eso, lo veremos en los siguientes días y semanas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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