Tras la acción legal, Propuesta Cívica señaló que las autoridades judiciales deben garantizar que la seguridad pública «no se convierta en pretexto para limitar indebidamente el derecho a informar y ser informado en una sociedad democrática».
La normativa, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de julio, establece una prohibición absoluta para difundir información vinculada a productos, métodos, registros u operaciones de inteligencia, lo que representa, aseguró la organización, «una forma de censura previa, pues impide de manera anticipada y generalizada la divulgación de información de posible interés público».
De acuerdo con Propuesta Cívica, la redacción «ambigua» de la ley también abre la puerta a una «discrecionalidad excesiva» por parte de las autoridades que pone en riesgo a periodistas de investigación frente a posibles represalias legales «derivadas del legítimo ejercicio de su labor».
Frente a las amenazas de censura y de violación al derecho a la información, la organización llamó al Poder Judicial de la Federación a resolver los amparos conforme «a los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión».
COMUNICADO:
Propuesta Cívica expresa su profunda preocupación por la reciente aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. Ante ello, la organización ha presentado cuatro amparos en contra de esta normativa, al considerar que vulnera de manera directa los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información.
La principal preocupación recae en el artículo 51, párrafo segundo, que establece una prohibición absoluta para difundir información vinculada a productos, métodos, registros u operaciones de inteligencia. Esta restricción representa una forma de censura previa, pues impide de manera anticipada y generalizada la divulgación de información de posible interés público.
La organización considera que la ambigüedad en la redacción de la ley abre la puerta a una discrecionalidad excesiva por parte de las autoridades, lo que coloca en riesgo a periodistas de investigación frente a posibles represalias legales derivadas del legítimo ejercicio de su labor.
Propuesta Cívica subraya que esta disposición contradice el principio de máxima publicidad de la información, establecido en la Ley General de Transparencia, y resulta incompatible con la Constitución mexicana —artículo 7— y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos —artículo 13—, que prohíben expresamente la censura previa y garantizan la libre circulación de ideas e información.
Por lo anterior, Propuesta Cívica hace un respetuoso llamado al Poder Judicial de la Federación para que, al analizar los amparos presentados, resuelva conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, garantizando que la seguridad pública no se convierta en pretexto para limitar indebidamente el derecho a informar y ser informado en una sociedad democrática.
AUTOR: REDACCIÓN.
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