La Sección 22 reivindica a alrededor de 20 desaparecidos, mientras colectivos llevaban fotografías de sus seres queridos, y señalan: “el dinero que la comisión estatal pudo utilizar para encontrar a nuestros familiares, se convirtió en una suerte de caja chica.
En el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, en Oaxaca colectivos de familiares de desaparecidos, organizaciones sociales y maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una marcha de la Fuente de las Ocho Regiones al Palacio de Gobierno, donde culminó con la clausura simbólica de la puerta principal.
Aunado a ello, integrantes de la corriente Sol Rojo tomaron la caseta de cobro de Huitzo en la carretera Oaxaca-México.
La marcha encabezada por la Sección 22 que reivindica a alrededor de 20 desaparecidos, entre ellos los eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, las locutoras triquis Virginia Ortiz Ramírez y Daniela Ortiz Ramírez.
Mientras que los colectivos Familias Unidas de Desaparecidos en Oaxaca, Sabuesos Guerreras de Oaxaca, Oaxaqueños Unidos Exigiendo Justicia llevaban entre sus brazos las fotografías de sus seres queridos y coreaban la frase: “¿Dónde están? ¿Dónde están, nuestros hijos, dónde están?”.
El posicionamiento que dio a conocer el colectivo Sabuesos Guerreras de Oaxaca señala la ineficiencia ante las más de 400 personas reportadas como desaparecidas y los más que no reportan las desapariciones por temor.
Denunciaron que las víctimas de desaparición forzada y los cientos de familiares de oaxaqueños desaparecidos, no han recibido la atención a sus demandas de justicia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Oaxaca, a pesar de contar con una ley específica y el enorme presupuesto que le fue asignado para atender estos casos.
A pesar de las múltiples reuniones con la comisionada de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Oaxaca, Edilberta Cruz Regino, y diversas autoridades estatales, los colectivos y familiares, dicen que como víctimas “no existen claridad en los resultados con respecto de los recursos económicos ni tampoco del trabajo con el que debió colaborar con la Fiscalía del Estado para el seguimiento por escrito en los expedientes de nuestros familiares”.
Hicieron hincapié que los recursos que por ley se les han asignado a la comisión, no corresponden con los resultados de las acciones de la búsqueda de las personas desaparecidas y, por lo contrario, en razón de los informes rendidos se presumen inconsistencias, desvío de recursos y nepotismo en la comisión referida, además de contratación de personal sin la correspondiente preparación en materia de logística, investigación y búsqueda en campo de restos humanos que debía contribuir a la búsqueda en 570 municipios.
Manifestaron que “el dinero que la comisión estatal pudo haber utilizado para encontrar a nuestros familiares, en realidad se convirtió en una suerte de caja chica de la cual no se sabe cuál fue su uso”.
Aclararon que no todo ha sido negativo, pues hoy en día se ha tenido el enorme apoyo moral de personas en todas las instituciones, en el congreso del estado, donde se les permitió a los colectivos recabar información y poder preguntar en diálogo con las autoridades, donde detectaron los manejos de corrupción que aún hoy se viven en la búsqueda de sus seres amados.
La Iglesia, mediante el Arzobispo de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, diferentes asociaciones civiles cristianas, también colectivas de muchas y muy diferentes formas de pensar, familiares, amigos, se han manifestado para apoyar las búsquedas reales, día a día hacen un trabajo enorme para concientizar, apoyar a la visibilización, difundir las fichas de búsqueda, abrir espacios, como en Naciones Unidas, reporteras y reporteros, defensoras y defensores de derechos humanos, todos con algo en común.
“Somos la diferencia entre aceptar la desaparición y luchar desde todos los ángulos para prevenirla y enfrentarla como seres humanos con lo mejor que podemos”, puntualizaron.
Por su parte, el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, reconoció que “el elevado número de personas desaparecidas en nuestro país es uno de los mayores retos a los que se enfrenta el Estado mexicano, lo cual, sin lugar a dudas, obliga a las diferentes instituciones encargadas de atender el fenómeno a redoblar esfuerzos para prevenir estos hechos y dar resultados en las labores de búsqueda y localización de personas”, destacó.
Abundó que, desde la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas, en 2011, y de la Unidad Especializada en Desaparición Forzada, en 2017, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha tomado conocimiento de 4 mil 426 casos de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, logrando la ubicación de 3 mil 890, de las cuales 3 mil 826 aparecieron con vida, y están pendientes por localizar 536 personas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
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