“Es indignante que quienes buscan a familiares y seres queridos desaparecidos forzadamente sigan siendo atacados y enfrentando violencia en México”, acusan las expertas en un comunicado conjunto.
Recuerdan que el 2 de mayo de 2023, la defensora de derechos humanos Teresa Magueyal sufrió brutales disparos mientras andaba en bicicleta en Celaya, Guanajuato. Dos meses antes, el 4 de marzo de 2023, la defensora de los derechos humanos Araceli Rodríguez Nava, quien aún busca incansablemente a su hijo desaparecido, fue atacada en Chilpancingo, Guerrero.
Ambas defensoras de los derechos humanos fueron beneficiarias del mecanismo federal de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. “A pesar de que ambos casos continúan bajo investigación, las víctimas y sus familiares apenas han recibido información sobre los resultados de las investigaciones”, acusan.
Las expertas instaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a “garantizar que los defensores de los derechos humanos que trabajan en desapariciones forzadas puedan ejercer su labor en libertad y seguridad. Las desapariciones forzadas y los ataques a quienes buscan a sus seres queridos están vinculados al crimen organizado, la extorsión, la trata de personas, las redes de secuestro, la corrupción y la colusión con las autoridades”.
"Operar en un entorno constante de miedo, amenaza e inseguridad tiene un efecto disuasivo sobre los familiares de las víctimas, los actores de la sociedad civil, las y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones", advirtieron las expertas de la ONU. “Muchos de ellos son mujeres y personas mayores, lo que agrava su riesgo de ser atacadas y encontrarse en situaciones de vulnerabilidad. Al adoptar medidas de protección se deben tener en cuenta las formas interseccionales y múltiples de discriminación, como lo son el género y la edad”.
“Es de gran preocupación que continúe la impunidad por los crímenes contra las defensoras y activistas de derechos humanos a pesar de las denuncias presentadas. Las medidas de prevención y protección para las víctimas y aquellas personas que sufren ataques no se proporcionan o no son efectivas”, lamentan.
“El gobierno de México necesita investigar, procesar e imponer sanciones apropiadas con prontitud a cualquier persona que sea responsable de estas presuntas violaciones”, recomiendan.
“Al conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, instamos al gobierno de México a adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de quienes buscan a personas desaparecidas forzadamente, sus familiares, movimientos de la sociedad civil, organizaciones y servidores públicos”, urgieron.
Las expertas agregaron que como parte de “De Frente a la Libertad” –una campaña presidencial que busca visibilizar los riesgos que enfrentan los periodistas y personas defensoras de derechos humanos mexicanos– es también momento de tomar medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y evitar que eventos similares vuelvan a ocurrir. “Se debe hacer más para proteger eficazmente los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos en su búsqueda de la verdad y la justicia, y esto entra dentro de las obligaciones de derechos humanos del gobierno mexicano”, instaron las expertas.
Las expertas están en contacto con el Gobierno sobre esta cuestión, remata.
Las firmantes son: Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Claudia Mahler, Experta independiente sobre los derechos humanos de las personas de edad.
El comunicado fue respaldado por Aua Baldé (Presidenta), Gabriella Citroni (Vicepresidenta), Angkhana Neelapaijit, Grazyna Baranowska, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ; Juan Pablo Albán Alencastro (Relator), Mohammed Ayat (Vicepresidente), Matar Diop, Sr. Olivier de Frouville , Suela Janina, Fidelis Kanyongolo, Milica Kolakovic-Bojovic (Vicepresidenta), Barbara Lochbihler (Vicepresidenta), Horacio Ravenna y Carmen Rosa Villa Quintana (Presidenta), Comité contra la Desaparición Forzada.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA SOTOMAYOR.
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