Durante la sesión, seis diputados abandonaron el recinto en señal de protesta, por lo que consideraron una celebración inapropiada en un contexto de duelo y violencia.

La diputada morenista, Sandra Olimpia Garibay Esquivel, criticó que la sesión se realizara sin acceso a la ciudadanía y dedicó un mensaje para reconocer al joven empresario, asesinado el lunes pasado; pidió un minuto de silencio y de aplausos para conmemorarlo.

Le siguieron, la diputada morenista María Itzé Camacho Zapiain, Hugo Ernesto Rangel Vargas del PT; el diputado independiente Carlos Alejandro Tafolla Bautista, Vanesa Caratachea Sánchez del PAN, Guillermo Valencia Reyes del PRI.

Después se sumaron a la protesta, la diputada, Adriana Campos del PRI y Belinda Hurtado del PT.

En su intervención, Aragón Andrade se sumó a los pronunciamientos por la muerte de Bravo Manríquez y expresó condolencias a su familia y al pueblo de Apatzingán, enfatizando la necesidad de esclarecer los hechos y garantizar justicia.

Al concluir la sesión, dio inicio el desfile cívico-militar, en el que participaron más de cinco mil estudiantes.

Entre los contingentes destacó el Instituto Ilustración, cuyos alumnos y docentes realizaron una protesta simbólica, portando fotografías de Bernardo Bravo y de un menor jornalero que perdió la vida por la explosión de un artefacto, además de ilustraciones de limones manchados de sangre sobre la Constitución de Apatzingán.

Los manifestantes llevaron carteles con mensajes como “No más violencia. Paz por Michoacán” y “Alto a la violencia”, denunciando el clima de inseguridad que persiste en la región.

Este año, los productores de limón, que tradicionalmente participan en el desfile, optaron por no hacerlo en señal de duelo y protesta.

Durante la jornada, el obispo exigió el castigo a todos los involucrados en el asesinato del sacerdote. En el mensaje leído durante la celebración, se recordó a Marcelo como un profeta de la paz que acompañó al pueblo en la denuncia de las injusticias. “La estructura de poder que reprime a los pueblos quiso eliminar las semillas que sembró, pero esas semillas se multiplican”, se leyó.

El comunicado también denunció la continuidad de la violencia en Chiapas, pese a los operativos de seguridad del gobierno federal y estatal. Las comunidades siguen enfrentando asesinatos, desapariciones, presencia del narcotráfico, desplazamientos forzados y represión. Se denunció el encarcelamiento injusto de personas defensoras de derechos humanos y la colusión de autoridades con el crimen organizado. “No es posible que al asesino del padre Marcelo le hayan dado solo 20 años de prisión, mientras hay catequistas sentenciados a 110 años”, se reclamó.

Al cierre de la jornada, el Pueblo Creyente reiteró su demanda de justicia para Marcelo Pérez y otras personas asesinadas en la diócesis, como Simón Pedro y las víctimas de Acteal. También se pronunciaron contra la imposición de megaproyectos como la supercarretera San Cristóbal–Palenque, y llamaron a las juventudes a no apagar su voz ante la injusticia: “La juventud es aprovechar el ser útil y enfrentar los retos de la vida. Hoy es el día, atrévete”.

El magisterio disidente convocó a un paro nacional de 24 horas para este 17 de octubre, con el fin de exigir la reinstalación del diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre las protestas programadas se incluyen la toma de casetas, bloqueos carreteros, tomas de oficinas gubernamentales y de Pemex, intervenciones en televisoras y radiodifusoras locales, así como volanteo y perifoneo en espacios públicos.

Entre las exigencias principales se encuentra la reinstalación de la mesa central de diálogo entre la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) y la presidenta Claudia Sheinbaum, suspendida desde hace varios meses, con el objetivo de retomar los acuerdos sobre temas laborales, educativos y de seguridad social.

La CNTE busca también la reinstalación de las mesas tripartitas con los gobiernos federal y estatales, y la apertura de un nuevo proceso de negociación para revisar las afectaciones derivadas de la Ley del ISSSTE de 2007, que los docentes consideran lesiva para sus derechos de jubilación.

En su posicionamiento, la organización magisterial advirtió que las reformas en materia educativa y de pensiones “mantienen un carácter punitivo”, y acusó que los compromisos de revisión hechos por el gobierno federal “han quedado en el discurso”.

El anuncio del paro nacional se produce pocos días después de que, el pasado 8 de octubre, contingentes del Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa (MMCRE) y de la propia CNTE realizaron bloqueos carreteros en el Estado de México, en protesta por la falta de respuesta a sus demandas.

A OCHO AÑOS DEL ASESINATO DE RANFERI HERNÁNDEZ ACEVEDO, LUCÍA HERNÁNDEZ DIRCIO, JUANITA DIRCIO BARRIOS Y ANTONIO PINEDA PATRICIO

Hoy, 14 de octubre del 2025, se cumplen ocho años del atroz asesinato de nuestros familiares y compañeros: Ranferi Hernández Acevedo, Lucia Hernández Dircio, Juanita Dircio Barrios y Antonio Pineda Patricio. Como cada año desde que ocurrió este vil y cobarde multihomicidio, venimos aquí a depositar una ofrenda compuesta de flores y de productos del campo cosechados por las manos de nuestras compañeras y compañeros de las comunidades de la Montaña baja de Guerrero para honrar la memoria de Ranferi, Lucía, Juanita y Antonio; y para exigir justicia.

Han pasado ocho años del asesinato de nuestros familiares y compañeros. Aún con la llegada de gobiernos -a nivel federal y estatal- que se autodenominan de la cuarta transformación y que enarbolan un discurso de justicia social, el multihomicidio de nuestros familiares y compañeros se encuentra en la total impunidad. Con mucha indignación vemos que las condiciones de inseguridad en que fueron asesinados nuestros familiares y compañeros persisten en la actualidad.

La Montaña baja es una región donde los crímenes tienen marca registrada; en la que es clara la complicidad con la que actúan las autoridades locales con el grupo del crimen organizado que controla la región. La Montaña baja es una zona gris donde se cometen asesinatos y desapariciones forzadas sin que nadie investigue nada, y tampoco hay ninguna autoridad ni fuerza de seguridad que busque frenar esta situación. Las poblaciones de las comunidades de la región han sido abandonadas a su suerte, hasta los militantes de Morena que actúan en la región son asesinados sin que la dirigencia de su partido sea capaz de alzar la voz por ellos, lo único que hacen es darles el pésame. Así de lacerante es la realidad que se vive en esta región de Guerrero, donde la muerte tiene permiso y la impunidad también.

Coincidimos en lo expuesto por la investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, Esperanza Rangel Lozano, quien, en una entrevista publicada en el periódico El Sur dijo, respecto de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el INEGI, que en Guerrero hay una situación de impunidad crónica que incide en la comisión de delitos. Pero esta situación de inseguridad que se vive en la región de Chilapa, lamentablemente no es la única del estado donde se vive así, hay otras regiones donde se viven situaciones similares como lo es Acapulco y la Tierra Caliente, por mencionar algunas.

Esta violencia generalizada en cuanto a los movimientos de resistencia que hay en Guerrero y en el país, claramente tiene como objetivo eliminar a los luchadores sociales que alzan la voz contra la explotación, el saqueo de los recursos naturales y contra los poderes caciquiles. Los crímenes que, en las décadas de 1960, 1970, 1980 y 1990 cometía el ejército y las policías, como son ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas; en el siglo XXI esos mismos crímenes son perpetrados por el denominado “crimen organizado”. Supuestamente han cambiado los perpetradores, lo que no ha cambiado son los objetivos a eliminar. En los últimos años en Guerrero han sido asesinados luchadores sociales como Miguel Ángel Mesino (18 de septiembre de 2005), Arturo Hernández Cardona (30 de mayo de 2013), Raymundo Velázquez Flores (5 de agosto de 2013), Rocío Mesino Mesino (19 de octubre de 2013), Luis Olivares Enríquez (10 de noviembre de 2013), Ranferi Hernández Acevedo (14 de octubre de 2017), Arnulfo Céron Soriano (11 de octubre de 2019), por mencionar algunos. Decenas de luchadores y luchadoras sociales han sido asesinados en los últimos años bajo este telón de fondo. Pareciera que es el escenario perfecto para que los diferentes gobiernos se deslinden de estos crímenes de Estado.

En este mismo contexto y bajo el mismo modus operandi, el pasado mes de abril fue asesinado el compañero Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, cuando se encontraba trabajando en Acapulco. El compañero Marco Antonio aquí estuvo con nosotros en varias ocasiones; acompañándonos y exigiendo justicia. Tristemente hoy nos toca pedir justicia para el compañero. Esto mismo pasó en los años pasados, el compañero Ranferi exigió justicia para los campesinos masacrados en Aguas Blancas, Acteal y El Charco; exigió la presentación con vida de los desaparecidos de la década de 1970 y de los normalistas de Ayotzinapa; exigió justicia para Miguel Ángel y Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona y para el maestro Claudio Castillo Peña; solo por mencionar algunos casos. Esa es nuestra indignante realidad. En México no solo no hay justicia para los luchadores sociales asesinados en los regímenes del PRI y del PAN, sino que en el régimen de Morena se sigue asesinando a quienes luchan por la justicia.

Asimismo, se encarcela a quienes se organizan por justicia y seguridad, como el compañero Jaime Morales Castro, ex consejero y comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, encarcelado con delitos prefabricados el pasado 9 de octubre. De igual forma, el compañero Antonio Barragán Carrasco, militante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, quien recién cumplió 24 años preso de manera injusta por delitos prefabricados por órdenes de Genaro García Luna. Misma situación de prisión política son los casos de la activista Kenia Hernández Moltalván, los presos mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca y los presos tzotziles Solidarios de la Voz del Amate, Chiapas. Como estamos seguros que lo hubiera hecho el compañero Ranferi, exigimos la libertad inmediata e incondicional de las presas y presos políticos.

En cuanto al estado de la investigación del caso de nuestros familiares y compañeros asesinados, queremos informar que el pasado 25 de abril, el equipo de abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” e integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entregaron a la Fiscalía General del Estado los dictámenes integrados multidisciplinarios realizados a los restos mortales de nuestros familiares y compañeros en los siguientes rubros: Traumático de evidencia biológica y no biológica, Ampliación del dictamen de Antropología Forense, el Examen médico legal relativo al protocolo de autopsia y el Dictamen de hallazgos del vehículo.

Agradecemos a las y los especialistas del EAAF por el trabajo realizado, el cual en todo momento fue realizado con ética profesional y siempre respetando la dignidad de los cuerpos de nuestros familiares y compañeros.

A grandes rasgos, los resultados de los dictámenes prueban que nuestros familiares fueron torturados y que fueron ejecutados extrajudicialmente. Muestran el grado de crueldad con la que actuaron los perpetradores de este deleznable crimen de Estado, quienes se sienten impunes ante gobiernos que les permiten actuar sin ninguna consecuencia para ellos. Es por eso que hacemos un llamado a los diferentes niveles de gobierno, y a las instancias de procuración de justicia, a actuar en consecuencia y evitar que la violencia y la impunidad sigan siendo los rasgos distintivos de nuestra realidad.

¡14 de octubre no se olvida! ¡Es de lucha combativa!

¡Ni perdón ni olvido! ¡Castigo a los asesinos!

¡Justicia para Ranferi Hernández Acevedo!

¡Justicia para Lucía Hernández Dircio!

¡Justicia para Juanita Dircio Barrios!

¡Justicia para Antonio Pineda Patricio!

¡Justicia para todos los luchadores sociales asesinados!

¡Justicia para Rocío Mesino!

¡Justicia para Marco Antonio Suástegui!

¡Presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa!

¡Presentación con vida de todos los desaparecidos!

¡Libertad para Antonio Barragán Carrasco!

¡Libertad para todos los presos políticos!

¡Ranferi vive, la lucha sigue!

Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero

Chilapa de Álvarez, Guerrero, a 14 de octubre de 2025

De acuerdo con la SSC, en la zona “solo hay personal de Tránsito para los cortes y desvíos en la circulación”, pero en videos difundidos en redes sociales por medios de comunicación y usuarios también se se puede apreciar a agentes con equipos antimotines.

La protesta, iniciada el martes, se llevó a cabo bajo la modalidad de “brazos caídos” y portando ropa negra o roja. Esto significa que los trabajadores permanecen en sus puestos sin realizar sus actividades; no obstante, algunos llevaron a cabo cierres en distintas avenidas de la CDMX.

De acuerdo con el SAT, la atención se brindó “de manera normal” en 155 de los 162 módulos a nivel nacional. Únicamente se suspendieron operaciones en los ubicados en Chihuahua, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco, así como en las sedes Oriente y Sur de la CDMX.

También se informó que se brindaron 59,248 atenciones y se reagendaron, vía correo electrónico, 3,258 citas en todo el país, lo que representa el 5 % del total de citas programadas.

“Esta institución mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores en un marco de respeto y responsabilidad”, indica el comunicado.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que las protestas corresponden a 400 trabajadores de los 25,000 que integran el SAT, y aseguró que se mantiene una mesa de trabajo, con el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para revisar las demandas, entre ellas el aumento salarial.

“Se va a revisar. En el gobierno hay tabuladores de salarios, entonces no es fácil subirle el sueldo a un trabajador de una institución si no se le sube a todos, ¿verdad? Estamos viendo la posibilidad de reclasificar; se están analizando algunas opciones, pero tienen que entrar en diálogo el director del SAT o su equipo con estos trabajadores, que realmente son muy pocos”, mencionó.

🔴@Claudiashein minimizó el paro de labores en el @SATMX y aclaró que ocurrió en muy pocas oficinas, lo cual no provocó afectaciones.

Agregó que los inconformes se reunirán con el director de la institución para negociar sus exigencias, tales como aumentos salariales. pic.twitter.com/rCyxwkjjOY

— Animal Político (@Pajaropolitico) October 15, 2025

Fueron alrededor de 50 trabajadoras sexuales las que recorrieron Tlalpan este lunes 13 de octubre, mientras señalaban la infraestructura que ha colocado el Gobierno de la Ciudad de México para crear la ciclovía de cara el Mundial de Futbol 2026, ya que dicha obra conectará el Centro de la capital mexicana con el Estadio Azteca, donde se celebrarán cinco partidos de la contienda futbolera, incluyendo el duelo inaugural.  

Con megáfono en mano, las sexoservidoras afirmaron: “Las colegas que han trabajo aquí, que están viendo cómo esto está siendo una excusa para un desplazamiento social de ellas, es totalmente inaudito debido a que este espacio de calzada de Tlalpan es históricamente conocido como un espacio donde se ejerce el trabajo sexual”.  

Entre las presentes, hubo mujeres que han ejercido dicho oficio en la zona por más de 20 años: “Que estén haciendo una ciclovía sin tenerlas en consideración para blanquear y gentrificar más la Ciudad de México, no lo vamos a tolerar”.  

Se trata de al menos la quinta protesta que encabezan las inconformes para pronunciarse contra la ciclovía, entre las movilizaciones, los pasados 19 y 27 de agosto, así como el 5 de septiembre, trabajadoras sexuales que ejercen sobre Tlalpan encabezaron bloqueos y protestas en la zona para denunciar que la instalación de jardineras a lo largo de la vialidad reduce su espacio y afecta directamente sus ingresos. 

Ante la inconformidad de las trabajadoras, el Gobierno capitalino llevó a cabo siete mesas de trabajo en las que participaron las sexoservidoras, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), el Área de Atención a la Diversidad Sexual y la Dirección de Derechos Humanos. Como resultado, el pasado 8 de septiembre, acordaron habilitar 58 puntos de inclusión sobre la calzada, que funcionarán como bahías libres de jardineras para que las trabajadoras puedan continuar con sus actividades. 

Sin embargo, el descontento permaneció y el 24 de septiembre se registró otra movilización encabezada por la Asociación Brigada Callejera y la organización en pro de las mujeres y personas LGBTTTIQ+ en situación de calle, LLECA.

“Soy judía. Nunca he sido sionista ni religiosa, pero soy orgullosamente judía en el sentido cultural de la palabra, de mi herencia, de quienes somos y del sentido del humor judío que se ríe de sí mismo. Hace años estuve en Israel, incluso me casé ahí, pero al paso del tiempo regresé y me di cuenta de muchas cosas sobre el horror y la barbarie que el sionismo impone sobre el pueblo palestino“, cuenta en entrevista.

Teatro y bordado contra la narrativa que justifica el genocidio palestino

La historia del Colectivo Doikait, al que pertenece Amanda y con el que presenta el performance ‘Los olivos arden’, comenzó por invitación de un grupo de lectura del Club Libanés, en una librería, donde se organizó una dinámica de micrófono abierto en el que los asistentes se presentaron y hablaron sobre sus posturas ante los ataques cometidos por Israel contra Líbano y Palestina.

“Para nosotros es muy importante decir que esto que hace Israel no lo hace en nuestro nombre ni el de nuestros antepasados, no queremos darle esa agencia, por eso encuentro importante el gritar muy fuerte que nos oponemos a que nos utilicen para destruir y deshumanizar al pueblo palestino, para hacer limpieza étnica y cometer un genocidio”, señala Schmelz.

A partir de entonces se juntaron varias personas judías que comparten su rechazo al proyecto sionista (movimiento que defiende el establecimiento de un Estado para el pueblo judío en Israel), “porque no nos representa”, y comenzaron a expresar desde el performance un discurso que confronta las ideas nacionalistas –con las que crecieron algunos integrantes del colectivo– con la crítica y el reclamo contra el genocidio.

Inspirada en las reflexiones que ha tenido desde su identidad judía y ante la intensificación de las acciones de Israel después del 7 de octubre de 2023, Amanda comenzó con un proyecto de bordado al que nombró “Mujer testigo”.

“Llevo algunos años bordando, y ante estos hechos empecé con una línea de bordado política con este tema, a partir del dolor, con estos hilos que de alguna manera van construyendo en la tela, conectando con el corazón, con otras personas, otros lugares y otros tiempos”, señala sobre la técnica de tatreez, como se denomina a los patrones y puntadas tradicionales de Palestina.

Con este tipo de puntadas, Schmelz comenzó a bordar el patrón de una figura femenina de espaldas, “a la que denominé mujer testigo, porque me parece que las mujeres palestinas atestiguan la historia y han convertido el bordado en un lenguaje de resistencia contra la colonización”.

Después “empecé a pensar en distintas maneras de bordar este patrón y quise armar un ejército de estas mujeres, con la idea de una aguja circular que borda con un hilo que no se rompe y que continúa indefinidamente, en donde pasado y presente quedan unidos”, y fue así como armé un taller al que se integraron alrededor de 40 mujeres que bordaron conmigo las  piezas que se presenta en un evento multidisiplinar.

“Después una compañera que se llama Érica Razo, que lleva el taller textil en el Huerto Roma me ayudó a unir y armar este collage que es testigo de que sabemos que Palestina existe, resiste y que estaba ahí con su gente y su cultura cuando llegaron los colonos europeos”, reflexiona Amanda.

Boicot y protesta, pese al rechazo y la crítica de judíos sionistas

“Las personas judías estamos en todo el mundo y entendemos nuestro judaísmo de maneras diversas, vinculadas o no con la religión y desde distintas formas de expresión. En este sentido, por ejemplo, yo podría decir que lo más judío de mi persona hoy es el antisionismo”, plantea Micaela Gramajo, actriz, directora y gestora cultural descendiente de una familia sobreviviente del holocausto.

Micaela llegó a esta reflexión desde niña, pues su familia, ajena a los grupos más conservadores de judíos en México, tenía claro que cualquier genocidio era un acto atroz, “así de simple”. Con esta firme convicción, se sumó al grupo de “Judíes por una Palestina libre” que se conformó “ante el estado de shock y la desolación absoluta frente a los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se están cometiendo en nuestro nombre”.

Además de participar en performances, obras teatrales y actos musicales con temáticas antisionistas, Micaela participa en iniciativas de boicot a empresas vinculadas con el genocidio y se ha sumado a las movilizaciones convocadas en la Ciudad de México para exigir que las autoridades del país tomen acciones concretas contra el Estado de Israel.

“En estos grupos hay personas como yo, que no he formado parte de la comunidad, por lo que no tengo nada que perder, salvo el riesgo de ser nombrada una mala judía, pero no voy a ser exiliada ni marginada de ningún espacio comunitario ni social importante en mi vida por mi activismo antisionista; sin embargo, hay otros miembros del grupo que sí, lo que vuelve el tema muy complejo”, reconoce Micaela.

En el caso de Amanda, tampoco ha sido cercana a la comunidad judía en México, lo que no la ha eximido de ser señalada como traidora o fanática de terroristas, aunque esto no ha detenido su lucha, que continúa con la esperanza de que “lo que hacemos llegue a más gente que pueda despertar un poquito”.

De acuerdo con Micaela, los grupos mexicanos que integran son parte de la Global Jews for Palestine, una red inernacional en la que miles de personas judías antisionistas se organizan para protestar contra el proyecto político sionista, “y cada día se suma más y más gente”.

Protestas seguirán “hasta que Palestina sea libre”

Ante el reciente cese al fuego acordado entre Israel y el grupo Hamas, Gramajo afirma que desde el activismo este anuncio se ve “de manera cautelosa, porque por un lado ya ha ocurrido que Israel rompe estos acuerdos con el pretexto que sea, y porque esto de ninguna forma implica la paz para Palestina, simplemente es un alto a las bombas”.

“Esto tampoco romperá el cerco en el que viven las personas que no pueden salir de Gaza porque la frontera está controlada totalmente por Israel, entonces es imposible un proceso de paz sin justicia y sin reparación que les garantice los derechos humanos mínimos indispensables para vivir”, apunta la activista.

Tomando en cuenta estas consideraciones, subraya que este es apenas el principio “de un camino muy largo para lograr una Palestina libre, y ese es el compromiso que tenemos y que deberían tener todas las personas del mundo, aunque pueda tomar mucho tiempo”.

Y concluye: “Nos queda un trabajo titánico por delante y es preciso que se entienda que el criticar al Estado de Israel no es una forma de antisemitismo. El decir ‘Viva Palestina libre, del río hasta el mar’ no está pidiendo la muerte de nadie, sino únicamente la libertad de quienes viven en ese lugar. Punto, Y estamos aquí para recordar eso”.

Los vecinos se encuentran molestos con el comisario, al considerar que fue omiso para activar en lo inmediato los protocolos de búsqueda; apenas el miércoles, se comprometió a entregar con vida a la joven.   

La lentitud en la reacción de las autoridades locales provocó el enojo de los habitantes, quienes ese mismo día hicieron sonar las campanas de la iglesia para organizar brigadas comunitarias que esta mañana se activaron en los municipios aledaños.  

Mientras, un juez de control en línea otorgó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) una orden de cateo en un inmueble ubicado sobre la calle 2 de Marzo, esquina Morelos, en el municipio vecino de Tepetlixpa, propiedad del músico, diligencia que ocurrió esta tarde, cuando se localizó en la cisterna el cuerpo de la joven.  

El presunto responsable, identificado como José “N”, ya fue detenido, dado que la mañana del día 9 del presente, se habría presentado a declarar ante la Fiscalía regional.  

Tras enterarse sobre el hallazgo, familiares, amigos y vecinos se trasladaron a la casa del alcalde, Ricardo Valencia Valencia, derribaron la puerta y provocaron algunos daños, mientras activistas se manifestaron frente al palacio municipal, realizaron pintas, irrumpieron con el objetivo de presenciar una sesión extraordinaria del Cabildo, y realizaron algunos destrozos, de manera que el ayuntamiento sesionó en un restaurante de Tepetlixpa.  

Los pobladores acusan al alcalde de ignorar su petición de búsqueda en tiempo, y le exigieron destituir al comisario de Seguridad Pública, Heriberto Hernández de la Rosa, por no implementar de manera inmediata los protocolos que llevaran a localizar con vida a Itzel.  

A través de sus redes sociales, el ayuntamiento manifestó su solidaridad con los deudos: “Nos unimos con profundo pesar al dolor que embarga a la familia de Itzel, a nuestros vecinos de Ozumba y a toda la región. Desde Tepetlixpa expresamos nuestra solidaridad y reiteramos nuestro compromiso de colaborar con las autoridades de los distintos niveles de gobierno y con los municipios vecinos para que prevalezca la justicia”.

Por la justicia de los pueblos originarios: Plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ciudad de México, 9 de octubre del 2025.

Integrantes de diversas comunidades originarias del país —entre ellas la comunidad chontal de El Coyul, — hemos instalado un plantón pacífico frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El motivo de esta acción es la exigencia de una mesa de diálogo urgente e inmediata con el Ministro Presidente Hugo Aguilar, quien ha manifestado públicamente su compromiso con los derechos de los pueblos originarios y por lo tanto creemos que puede y debe marcar un nuevo rumbo en la justicia para nuestras comunidades.

Nuestras voces vienen desde territorios profundamente golpeados por un sistema judicial históricamente corrupto y racista, que en lugar de protegernos, criminaliza a quienes defendemos la vida, el territorio, la autonomía y los derechos colectivos. Por décadas, nuestras comunidades han sido víctimas de violencia estructural, despojo, desplazamiento forzado, desapariciones, criminalización, y otros crímenes de lesa humanidad.

Este es el momento de romper con esa historia de impunidad.

Demandamos:

• Una reunión directa e inmediata con el Ministro Presidente Hugo Aguilar y con la Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.

Reiteramos: no venimos a pedir favores, venimos a exigir lo que por derecho nos corresponde. En esta nueva etapa del sistema judicial mexicano, no puede haber justicia sin los pueblos indígenas.

¡Alto a la criminalización!

¡Justicia para nuestros pueblos!

¡La Suprema Corte debe escuchar a las comunidades originarias!

En sus pancartas se leían mensajes como “Nadie cuida a los policías, ya basta” “¿A los uniformados quién los cuida?” “Justicia para el policía, el bloque negro es la delincuencia disfrazada” “No más abusos ni amenazas contra los policías”.  Mientras gritaban “¡Policía escucha, tu familia está en la lucha!”.

Policías capitalinos en el zócalo alzan la voz para exigir destitución de mandos “ineptos” (así lo señalan los manifestantes) de la @SSC_CDMX en la que fueron superados y agredidos sin poderse defenderse en agresiones durante la pasada marcha del 2 de octubre. @RadioCentroMX pic.twitter.com/DSxEcQGnZc

— Red Vial (@RedVialRC) October 6, 2025

Durante la marcha del 2 de octubre, elementos de seguridad fueron agredidos por manifestantes, dejando 94 policías lesionados, de los cuales cinco permanecen hospitalizados.

Autoridades capitalinas indicaron que 350 personas con el rostro cubierto participaron en las agresiones a establecimientos y comercios, así como a los uniformados.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, dijo: “Queremos ser enfáticos, condenamos los hechos violentos ocurridos durante la manifestación. No cabe duda que hay quienes quisieran que nuestra policía actuara guiada por modelos del pasado, pero no. Es una policía que avanza con la mirada en el futuro”.

Tras los hechos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, publicó un mensaje en el que expresó su solidaridad “con quienes resultaron heridos” en la protesta, e informó que instruyó un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación para los elementos de la policía capitalina.

“Reconozco la valentía de las y los policías de la Ciudad de México que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones. A diferencia de 1968, en nuestra ciudad la policía no reprime, nuestra policía construye paz, protege a la ciudadanía y ha contribuido a la reducción de la inseguridad”, añadió.

Sobre el avance en las identificaciones, indicó que de los más de 383 cuerpos localizados en el crematorio, se han reconocido y entregado 67, mientras que en total se han identificado 86. Delgado Barraza destacó también que existe un rezago de 19 cuerpos que no han sido entregados, el cual se ha mantenido desde las primeras entregas y ha crecido con el tiempo.

Respecto al estatus de las investigaciones, la vocera afirmó: “No hay respuesta. Hay un silencio. Están blindados por el silencio, que lo entendemos, sabemos el motivo, porque está involucrada la madre de la Gobernadora, que fue quien era la titular de Coespris en el 2016, cuando le otorgaron los permisos a Plenitud. La Gobernadora está para cuidarnos, no para intimidarnos”.

Además, la activista destacó que hasta el momento tampoco el Gobierno de Chihuahua les ha dado información puntual sobre el caso: “El derecho a la información no lo tenemos en el tema del crematorio. No hay comunicación sobre el estatus de las investigaciones, sobre los señalamientos de las funerarias y sobre los funcionarios involucrados. No sabemos nada. Sólo ellos se dedican a tratar de intimidarnos”.

Los deudos recordaron que María Eugenia Galván Antillón, madre de la Gobernadora, se desempeñó como titular de la Coespris de 2016 a 2021, durante el Gobierno de Javier Corral Jurado. Fue en ese periodo cuando se autorizó el funcionamiento del crematorio Plenitud, propiedad de la familia Arellano Cuarón, ligada al Partido Acción Nacional (PAN) y al empresario Pablo Cuarón Galindo, quien fue Secretario de Educación y Deporte en esa Administración.

Cabe señalar que Galván Antillón, madre de Maru Campos, había ocupado cargos federales durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. De 2007 a 2016 fue titular del Órgano Interno de Control (OIC) en la Comisión Federal de Competencia, y posteriormente asumió la dirección de la Coespris en Chihuahua.

En tanto, durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo – cuestionada al respecto– señaló que la investigación la lleva la Fiscalía de Chihuahua y que es ésta quien debe solicitar apoyo extra si lo requiere, pero hasta el momento “no ha pedido apoyo más que lo que normalmente se da, más lo que se ha dado los familiares”.

En cuanto a las familias de las víctimas, la mandataria dijo que la Secretaría de Gobernación (Segob) ha estado en contacto y ha apoyado a sus seres queridos.

A los costados, dos mantas verdes sobre las laterales de Paseo de la Reforma mostraban las frases “Fuera aborto del Código Penal” y “Aborto legal ya. Vivas y libres en México”. Al pronunciamiento, siguió el sonidero disidente y una expresión hecha de bailes y consignas que permaneció varias horas en el punto.

Poco más tarde, pasada la 1 de la tarde, activistas y colectivas de personas disidentes, trans y en defensa de Palestina se reunieron en la Glorieta de las Mujeres que Luchan para marchar rumbo al Hemiciclo a Juárez, que se ha convertido en un punto de encuentro para las expresiones en contra del genocidio en Gaza. Otros puntos y horarios convocados al final se disiparon.

Activistas y organizaciones exigen al Congreso que legisle con urgencia la eliminación del delito de aborto en el Código Penal federal para garantizar el derecho sin restricciones ni criminalización, pues mantenerlo perpetúa el estigma y genera miedo.

📹: @m_nochebuena pic.twitter.com/JEhD52QFO5

— Animal Político (@Pajaropolitico) September 28, 2025

En tanto, en Tamaulipas y Querétaro, que mantienen una penalización al delito de aborto, esta sigue siendo un obstáculo definitivo. En Guanajuato, Tlaxcala y Sonora, con la misma situación, se registra un poco más de acceso, pero los datos no muestran la complejidad para obtener el servicio.

Por otro lado, los registros casi nulos de aborto en Aguascalientes reflejan el impacto de haber limitado el servicio de aborto voluntario a la semana seis, debido a las posturas antiderechos de las autoridades estatales, que derivaron en que antes de que se cumpliera un año de haber despenalizado el servicio de salud hasta las 12 semanas, se haya reformado una reducción de ese periodo a la mitad.

En Chihuahua se ganaron cuatro amparos en 2024, que hoy obligan a los servicios de salud a brindar el acceso, y se despenalizó finalmente en 2025, sin embargo, AbortistasMX y Data Cívica indicaron que el acceso sigue siendo limitado y obstaculizado debido a un gobierno antiderechos.

Según los datos preliminares de la Secretaría de Salud, en 2024 accedieron al servicio de aborto 283 personas menores de 15 años, mil 733 en el rango de 15 a 19 y 12 mil 91 mayores de 20.

Además, destacaron que el método más utilizado a nivel nacional son los medicamentos, con un 67%; sin embargo, la práctica del legrado uterino instrumental prevalece, a pesar de que en 2022 la Organización Mundial de la Salud lo declaró un método obsoleto por el alto costo, el riesgo de complicaciones y el sufrimiento que implica para las personas.

Por ello, parte de la exigencia de esas dos organizaciones, que coincide con aquellas que se expresaron el domingo en las calles, es fortalecer las fuentes de datos sobre abortos, recabar información para reconocer a todas las identidades, garantizar el servicio de alta calidad que cumpla con estándares de derechos humanos y reformar los 32 códigos penales estatales y el federal para derogar el delito de forma total.

“La salud y la vida de las personas no pueden seguir dependiendo de su código postal. Hoy, enfrente del Senado, decimos fuerte y claro: el aborto es libertad, es justicia social, es un derecho humano y el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarlo de manera gratuita, segura, accesible, intercultural y libre de estigmas. Ninguna persona puede ser criminalizada por decidir sobre su propio cuerpo”, recordaron otras activistas y agrupaciones desde las calles.

“El estigma inicia desde nosotros”: personal de salud

“El estigma inicia desde nosotros como personal de salud; el estigma de darle esta moralidad, o como maldad, viene desde nosotros, entonces creo que cuando tienes médicas y médicos preparados en temas de derechos humanos y de salud reproductiva, en temas de derechos de mujeres, en temas de derechos de disidencias, las cosas cambian”, dijo María José Díaz, médica feminista cofundadora de Médicas Verde Violeta.

Para el servicio de aborto, el trato, como en cualquier proceso de salud, debería ser empático, digno y seguro, subrayó la médica. Esta misma semana, colegas suyas se reunieron para lanzar una campaña y exigir, desde la red Salvemos miles de vidas, que el aborto salga del Código Penal.

En lo que va del año, se han registrado más de 500 carpetas de investigación por el delito de aborto, muchos de ellas iniciadas por el propio personal de salud. El tema de acceso, incluso en los estados que ya han despenalizado, y tomando en cuenta que el periodo permitido sólo contempla las primeras 12 semanas en la mayoría de los casos, sigue siendo un obstáculo en muchos puntos del país. Así lo explicó Cristina Pozos, oficial de comunicación e incidencia del Fondo María.

“Sigue siendo un pendiente importante; algo que hemos visto es que en los centros de salud no hay insumos, capacitación, no hay sensibilización o incluso estos centros están muy lejos de las personas que lo necesitan. Si bien la despenalización es un gran paso en los estados, se siguen necesitando recursos, y sobre todo voluntad política para garantizar un acceso real”, señaló.

Que las autoridades garanticen los servicios médicos para la interrupción del embarazo incluye la capacitación del personal de salud, la creación de protocolos estandarizados, la asignación presupuestaria y la eliminación de cualquier práctica estigmatizante o criminalizante, recordó AbortistasMx este 28S, junto con otras 36 colectivas y organizaciones.

Denunciaron, además, que, por ejemplo, en el caso del ISSSTE, este año se emitió un acuerdo que permite brindar acceso al servicio en los estados con despenalización parcial; sin embargo, esto ha generado una situación de desigualdad entre sus derechohabientes, al garantizarles su derecho o no dependiendo del lugar donde se encuentran. Además, las agrupaciones han tenido conocimiento de que no en todos los lugares señalados se proveen los servicios de aborto voluntario.