En estos días, en otras zonas de Chiapas se llevaron a cabo movilizaciones parecidas, convocadas por las parroquias ante la multiplicación de grupos armados y el incremento de la inseguridad en el estado, algo que la población chiapaneca observa cada día y que alcanzó las portadas de los medios nacionales hace poco más de una semana, con el secuestro por parte de un grupo criminal de 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas (SSPC).
“Señor, mira a nuestros pueblos que sufren por el narcotráfico, las extorsiones y los abusos. Es triste que cada día son más y más los muertos y no hay una respuesta”, dijo durante la misa en la catedral monseñor Rodrigo Aguilar, obispo de San Cristóbal de Las Casas, una ciudad donde los grupos de pandilleros se enfrentan cada vez más frecuentemente a la luz del día: en las calles transitadas, en los tianguis atiborrados de gente o frente a los supermercados, donde los clientes acaban tirados al piso.
En los municipios que rodean San Cristóbal de Las Casas, la situación no es más alentadora. Hace un mes, en la comunidad de Polhó, en Chenalhó, hubo una masacre que cobró la vida de siete personas, entre ellas, un niño de tres años.
Más recientemente, en Pantelhó, a unos 60 kilómetros de la ciudad, una serie de eventos causó miedo y confusión. Durante el pasado fin de semana, las autodefensas El Machete, que controlan Pantelhó desde hace un par de años y están acusadas de cometer abusos contra la población, se enfrentaron con un grupo armado que este lunes difundió un video, donde afirmaba haber tomado Pantelhó y sacado a las autodefensas y al Concejo Municipal. Sin embargo, al día siguiente, el Concejo Municipal contestó con otro video que muestra un poblado tranquilo, con su tianguis en funciones y el Ejército patrullando las calles.
El levantamiento popular contra el crimen organizado que dio espacio al ascenso de las autodefensas se originó tras el asesinato de Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de Las Abejas de Acteal. Era el 5 de julio de 2021 y fue justo ayer, en ocasión del segundo aniversario de su homicidio, que la Iglesia católica de Chiapas se movilizó por la paz en el estado.
“No podemos permitir a la violencia quitarnos espacios de trabajo, hay que mantener la organización y la resistencia de las comunidades y apostarle a la unidad, a pesar de las muchas divisiones existentes, sobre todo en este tiempo preelectoral. Tenemos que seguir impulsando lo que llamamos lekil kuxlejal e ich’el ta muk’, que es el buen vivir con respeto”, dice Estela Barco, de la organización Desarrollo Económico y Social de Los Mexicanos Indígenas (Desmi), fundada por Samuel Ruiz, exobispo de San Cristóbal de Las Casas.
“Ahora el futuro se ve confuso, no se observan muchas salidas a causa del discurso del Estado de que no hay inseguridad y que son los medios de comunicación los que exageran. Es muy grave no reconocer lo que pasa en un territorio”.
Según el gobierno, “hay tranquilidad en Chiapas”
En la mañanera del 23 de junio, que se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, afirmó que los delitos de alto impacto en Chiapas “van a la baja”.
“En general hay paz, hay tranquilidad en Chiapas”, añadió en aquella ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador, y rechazó la existencia de agresiones generalizadas en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a pesar de que desde 2019 a la fecha se han registrado más 110 ataques armados contra las comunidades de la región zapatista de Moisés y Gandhi, además de quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego. Los ataques son perpetrados por la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), cuyos integrantes reciben programas sociales como Sembrando Vida y participan en el gobierno municipal de Ocosingo, administrado por el PVEM.
Durante la mañanera del 23 de junio, López Obrador aseguró también que su administración está atendiendo la violencia en Chenalhó —de donde centenares de personas se tuvieron que desplazar— y el conflicto en Frontera Comalapa. Allí, la guerra entre grupos de la criminalidad organizada se recrudeció desde julio de 2021, causando desapariciones, muertes y desplazamientos forzados. Los enfrentamientos más recientes en esta zona fronteriza con Guatemala se dieron entre el 22 y el 25 de mayo, cuando comunidades enteras tuvieron que abandonar sus casas.
Más de 300 personas se refugiaron en el colindante municipio de Chicomuselo, donde también operan grupos armados que acumulan riqueza a través del extractivismo. En 2006, la empresa Caracol empezó a explotar la barita —mineral que se usa en la extracción del petróleo—, presente en el subsuelo de Chicomuselo, y la parroquia inició un trabajo de concientización de las comunidades sobre los riesgos de la minería. Tres años después, el opositor Mariano Abarca fue asesinado y la resistencia creció, hasta conseguir el cierre de la mina.
Chicomuselo fue declarado libre de minería, pero a principios de este año hombres armados se presentaron en las asambleas ejidales. Aparecieron en el ejido Morelia, de donde se están llevando la barita ya explotada, y en el ejido Santa María incluso reactivaron los trabajos de la mina sin permiso alguno. “En mayo vino la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer una inspección en Santa María y fueron sacados violentamente”, afirma un activista local.
Negación de la realidad
Ayer, la Iglesia católica se movilizó también en otras zonas de Chiapas como Simojovel, Teopisca, Oxchuc y Ocosingo; en días pasados, marchó en las calles de Frontera Comalapa y Chicomuselo, y en agosto, se manifestará en la región cho’l.
Casi todos estos municipios pertenecen a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que en 1975 abrazó la “opción preferencial por los pobres”, uno de los principios fundamentales de la teología de la liberación. En aquella época, el obispo era Samuel Ruiz, cuyo trabajo pastoral dejó una ruta marcada en la diócesis, que desde entonces adquirió una fuerte capacidad de organización y movilización. La instancia diocesana llamada Pueblo Creyente —promotora de las peregrinaciones a favor de la paz de estos días— nació tras las marchas que se dieron en 1992 por la liberación del padre Joel, párroco de Simojovel que había sido encarcelado con falsas acusaciones.
“Escuchamos un discurso de negación de la realidad de la violencia por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Pareciera que viven en un mundo paralelo y distinto al que vive el pueblo. Pero el Estado tiene la responsabilidad de esta violencia que existe a nivel estatal y nacional”, escribe el Pueblo Creyente en un comunicado que se leyó ayer al cierre de la misa en la catedral de San Cristóbal de Las Casas. “Continuaremos realizando nuestros ayunos, oraciones y peregrinaciones, y a denunciar las injusticias y la impunidad que vivimos como sociedad”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.
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