El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, realizó una visita de trabajo a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para participar en una mesa de trabajo con autoridades y familiares de víctimas de desaparición y ejecuciones extrajudiciales.
Ante medios de comunicación, Jarab expuso cuatro puntos que deben ser atendidos: la búsqueda, particularmente búsqueda con vida; investigación de los hechos y sanción a los responsables para evitar la impunidad; protección de las familias y testigos, en un contexto de amenazas que algunos de ellos han recibido, y garantías de no repetición.
“La desaparición es uno de los retos más grandes de México; esta ola reciente de desapariciones en Nuevo Laredo se ubica entre las más preocupantes, se trata de un caso emblemático en su conjunto”, subrayó.
Finalmente, expresó la voluntad de la ONU-DH para seguir cooperando con las autoridades mexicanas, y manifestó su respaldo al trabajo del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y una profunda empatía con las familias, a quienes –dijo– la Oficina seguirá acompañando.
Participaron, entre otros, el subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Avante; el fiscal Especializado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Abel Galván; el comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera, y el Segundo Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Enrique Guadarrama, además de representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Procuraduría General de la República (PGR) en la entidad.
El pasado lunes 4, el gobierno federal informó que La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada cuenta con 20 carpetas de investigación que contienen información sobre 28 personas desaparecidas en Nuevo Laredo.
La PGR, las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE), así como la Comisión Nacional de Búsqueda, acordaron establecer mesas de trabajo periódicas a fin de revisar la información y datos de prueba que existen en cada uno de los casos.
El propósito, según la PGR, es fortalecer las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales federales; desarrollar una estrategia de búsqueda y atención a las víctimas y sus familiares, y dar seguridad a los posibles testigos de los hechos.
AUTOR: REDACCIÓN.