La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este jueves al Congreso disminuir el gasto proyectado para el Poder Judicial en 2026 y reasignar alrededor de 15 mil millones de pesos hacia sectores como salud, educación, cultura e infraestructura.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el incremento fue solicitado hace dos meses por la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que los nuevos ministros, elegidos por voto popular, no tuvieron tiempo de modificarlo antes de enviarlo al Congreso.

“Los nuevos ministros no corrigieron ese (presupuesto), no necesariamente porque estén de acuerdo, sino a lo mejor no les dio tiempo”.

La mandataria subrayó que la propuesta de su Gobierno al Legislativo es reducir el presupuesto judicial, ya que los sueldos en la Corte dejarán de ser tan elevados y se aplicará una política de austeridad.

“Como ya los salarios no van a ser tan altos, ya va a haber una política de austeridad, pues que se disminuya el presupuesto del Poder Judicial y esos 15 mil millones de pesos que se reorienten ahí donde hay mayor necesidad”.

Sheinbaum sugirió destinar parte de esos recursos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a universidades públicas que reportaron recortes en el proyecto de egresos y a programas vinculados con los derechos sociales.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio 11 millones de pesos, sin que existiera un contrato que justificara la entrega de recursos públicos, a Ecocarburante, S. A. de C. V., una de las empresas involucradas en la red de huachicol fiscal, y presunta lavadora de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En junio de 2022, el Centro Coordinador para el Seguimiento de Obras Prioritarias para el Gobierno de la República de la Sedena, reportó la entrega de estos recursos como una de las irregularidades ocurridas durante la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles.

Ecocarburante, además, fue contratada por la Sedena desde 2019 como proveedor de diésel para las obras del AIFA, según consta en registros oficiales contenidos entre los correos filtrados por Guacamaya Leaks.

Los recursos entregados sin existir justificación de un contrato es la irregularidad más grave y con el mayor monto de los señalamientos, entre los que están la falta de retención de IVA o pagos adicionales a lo estipulado en los contratos.

Durante la primera sesión ordinaria de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que alcanzaron a debatir solo tres de los 15 asuntos que tenían enlistados, las y los nueve ministros arrancaron el debate pronunciado diversos posicionamientos políticos, haciendo notar las primeras diferencias en cuanto sus criterios y sin utilizar un lenguaje accesible para la ciudadanía. 

En sus discursos iniciales, las y los ministros coincidieron en agradecer a la ciudadanía por ejercer su voto en las pasadas elecciones judiciales, mismo que les permitió llegar al Máximo Tribunal del país. Además, coincidieron en la promesa de defender la Constitución frente a actores públicos o privados, no abusar de su poder y mantener abiertas las puertas de la Corte al público. 

Sin embargo, durante el desarrollo de la sesión, los nuevos ministros también mostraron sus primeras diferencias en cuanto a criterios en asuntos como las consultas ciudadanas a poblaciones indígenas y personas con discapacidad y sus facultades para modificar las resoluciones emitidas por los poderes legislativos. 

Una primera sesión de cuatro horas que se desarrolló sin la presencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, que participó a distancia debido a que continúa convaleciente tras sufrir un accidente automovilístico, y sin que las y los ministros se apegaran del todo a su nuevo reglamento, en el que establecieron que los jueves debatirán asuntos de materias administrativas y laborales. 

Evento que comenzó con la presencia de estudiantes de la Escuela Superior de Actopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero terminó con la presencia de solo algunos integrantes de las ponencias de los ministros y periodistas que cubrieron el evento, en el que primó más el lenguaje jurídico que el ciudadano.

Ministros arrancan sesión con posicionamientos políticos

Previo a iniciar el debate del primer asunto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa aprovechó la oportunidad para agradecer a las personas que votaron en las pasadas elecciones judiciales, mismas que le permitieron ocupar nuevamente un puesto como ministra, así como ofrecer a sus compañeras y compañeros de Pleno un “diálogo y debate respetuoso”.

Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa aseguraron que seguirán con la búsqueda de sus hijos «hasta que el gobierno rompa el silencio, deje la simulación, el encubrimiento y desentierre la verdad», a dos semanas de que se cumplan 11 años de la Noche de Iguala.

«Los tres niveles de gobierno han preferido continuar protegiendo a los culpables sellando la verdad para que a la fecha no conozcamos el paradero de nuestros hijos. ¡Deciden proteger a los victimarios y las Madres y Padres de las víctimas seguimos sin saber nada sobre el paradero de nuestros normalistas!», denunciaron en un comunicado.

Los familiares de los normalistas acusaron que durante casi 11 años han vivido «una violencia institucionalizada», que se suma a la de más de 130 mil personas víctimas de la desaparición forzada en México, y recordaron que la desaparición de sus hijos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es «un crimen de un Estado omiso y negligente, donde existe la colusión de funcionarios y la complicidad de los criminales fuera y dentro del gobierno en turno».

En el comunicado, en el que agradecen a la sociedad civil, colectivos y organizaciones que durante más de una década los han acompañado en exigencia de justicia, los padres y madres de los 43 invitaron a la población a participar y seguir las actividades que realizarán para la conmemoración del 11 aniversario de la Noche de Iguala, y para exigir a las autoridades que realicen una investigación «seria, profesional, objetiva y que no continúe encubriendo a los responsables de este crimen de Estado».

«Sus promesas falsas nos hacen daño y nos enfurecen más. Sin embargo, ese ha sido nuestro combustible para poder seguir en una digna lucha de pie y sin claudicar», concluyeron.

COMUNICADO:

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió, el 9 de septiembre de 2025, una iniciativa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la que pretendería aumentar aranceles a la importación de más de mil 400 mercancías de las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, material siderúrgico y electrodomésticos.

La propuesta que reformaría la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación también consideró industrias como la automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodoméstico, aluminio, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio.

El proyecto pretendería modificar diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), para “corregir distorsiones comerciales, garantizando condiciones justas de competencia para los productores nacionales frente a prácticas desleales y políticas de subsidios externos”.

“Se busca reducir la dependencia de ciertas importaciones de insumos, asegurando que la industria mexicana aumente su capacidad de integración productiva y valor agregado […] Se pretende elevar la participación de la industria mexicana en cadenas globales de valor, garantizando que al menos el 50 por ciento de la proveeduría estratégica sea nacional, promover la innovación y el desarrollo tecnológico y construir una economía más justa, competitiva y soberana”, destacó Sheinbaum Pardo.

La iniciativa destacó que se debería “incentivar la producción nacional de bienes intermedios y finales en sectores estratégicos, como transporte y movilidad, alta tecnología, semiconductores, equipos médicos, farmacéutica, y aeroespacial”.

“Los aranceles dejan de concebirse únicamente como un instrumento recaudatorio y se transforman en una herramienta estratégica de política económica y comercial”, indicó el proyecto enviado por Sheinbaum Pardo a San Lázaro, que también contempló exentar de cuota arancelaria artículos de exportación, como artículos de belleza e higiene personal, por kilogramo, frente a un 35 por ciento de impuesto de importación.

Los aranceles propuestos por la titular del Poder Ejecutivo Federal serían del 10, 20, 25, 30, 35 y 50 por ciento. Entre los productos a los que propuso propone imponer un arancel del 10 por ciento se encontraban los casetes y cartuchos para embobinar cintas magnéticas y sonido inferiores a 13 milimetros, mangos para maquinillas de afeitar, aluminio sin alear, aleación de aluminio, reconocibles para naves aéreas, accesorios para tendidos aéreos eléctricos y bobinas, así como carretes reconocibles como diseñadas exclusivamente para la industria textil.

Con una tasa del 35 por ciento se encontrarían las aguas de tocador, preparaciones para el maquillaje de ojos, polvos, incluidos los compactos, lacas para el cabello, champúes, dentífricos, hilo dental, sale perfumadas, productor para afeitar, duchas, bañeras fregaderos y lavabos, así como asientos y tapas de inodoros. Mientras que una tasa del 50 por ciento se propusieron productos como preparaciones para maquillaje de labios y viseras, forros de tablero y paneles de puerta para tractores.

Otros productos considerados en la reforma serían vajillas y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina, puertas, ventanas y sus marcos, persianas, artículos de oficina y escolares, hormas para calzado, abanicos o sus partes y láminas perforadas o troqueladas de polietileno y/o polipropileno.

Asimismo, cajas de papel o cartón corrugado, pañuelos, toallas desmaquillantes, manteles y servilletas, hilados de seda, tejidos de mezclilla, distintos tipo de calzado, desperdicios y desechos de fundición, cerraduras para vehículos automóviles, guarniciones y herrajes para automóviles, frenos de motor, motores para trolebuses y limpiaparabrisas, entre otros.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo envió, el mismo día, una iniciativa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con reformas a la ley aduanera, “para combatir la evasión, la elusión fiscal y aumentar la recaudación federal, sin crear otras cargas fiscales a la ciudadanía”.

En dicho proyecto se incorporó en el artículo sexto “una norma habilitante que permitirá a las autoridades aduaneras celebrar convenios en materia informática y de tecnologías de la información con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para la gestión tecnológica y el análisis de datos”.

“Se establece como requisito para obtener la respectiva autorización que los recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos cuenten con sistemas electrónicos de control de inventarios, videovigilancia, seguridad, trazabilidad y monitoreo en tiempo real de las mercancías que ingresen, permanezcan o salgan del respectivo recinto”, abundó la presidenta.

“Se dará acceso remoto, continuo, a las autoridades aduaneras y cumplir con los demás requisitos que se establezcan mediante reglas”, agregó Sheinbaum Pardo, en el artículo 14 de la iniciativa, que indicó que las autoridades aduaneras podrían apoyarse de los sistemas, equipos tecnológicos, equipos de videograbación o “cualquier otro medio o servicio con que se cuente”.

“Para fortalecer el control aduanero y evitar prácticas ilícitas, se establece que para amparar la legal estancia y transporte de mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional, el comprobante fiscal digital por internet deberá contar con complemento carta porte”, abundó la mandataria nacional, en el documento.

El proyecto destacó que “esto permitirá a las autoridades aduaneras identificar a los operadores y los medios de transporte, así como reducir el contrabando, además de tener una mejor noción y trazabilidad de los productos que ingresan y circulan en el país”.

“Se propone disminuir el plazo de permanencia de 10 a cinco años de embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, carga, pesca comercial, recreo, deportivas, así como de casas rodantes que pertenezcan a residentes permanentes en el extranjero”, apuntó Sheinbaum Pardo.

Según la iniciativa, también habría un expediente electrónico que debería incluir los comprobantes fiscales digitales por internet, las facturas comerciales o documentos equivalentes, las transferencias electrónicas del pago o cartas de crédito, los gastos de transporte, seguros y servicios conexos.

“Además, los contratos relacionados con la transacción de la mercancía, los documentos que sustenten los conceptos que se suman al valor de transacción de las mercancías importadas, principalmente”, insistió la presidenta.

Asimismo, la iniciativa estableció que “la autoridad aduanera podrá utilizar, entre otros, bases de datos, estadísticas, mecanismos de cooperación internacional y consultas anticipadas como herramienta de referencia para la determinación o validación de los valores declarados”.

“Sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales de los que México sea parte”, se aclaró en el proyecto, que también convocó a “las empresas de mensajería y paquetería interesadas en efectuar el despacho aduanero deberán llevar un sistema de análisis de riesgo que permita verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y de comercio exterior de las mercancías”.

“Esto, conservando la documentación e información relativa al valor, descripción, naturaleza y origen de las mismas y proporcionar a la autoridad aduanera acceso en línea al referido sistema”, apuntó la iniciativa, que explicó que la autorización se podría otorgar hasta por un plazo de dos años, “la cual podrá ser prorrogada por un plazo igual, previa solicitud del interesado ante la Agencia Nacional de Aduanas de México, cuatro meses antes de su vencimiento”.

Durante una conferencia de prensa respecto al tema del Paquete Económico 2026 -llevada a cabo el mismo día-, Carlos Lerma Cotera, titular de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda (SHCP), señaló que el objetivo principal era reducir los desbalances comerciales que se habían presentado durante los últimos años en algunos sectores.

El funcionario federal sostuvo que la Secretaría de Economía (SE) hizo un análisis bastante profundo en términos sectoriales y el impacto que los aranceles podrían traer en las cadenas de valor, mientras que la SHCP coadyuvó en el tema de los posibles efectos inflacionarios.

“La Secretaría de Economía ha revisado y ha hecho una estrategia que implica también un tema de aranceles. La propuesta que se presentará, a reserva que la Secretaría de Economía lo comente con más detalle, pues prácticamente implica todos los sectores más sensibles de nuestra economía, desde la parte automotriz, la parte de manufacturas y particularmente muchos sectores de la economía; se están contemplando más de mil 400 fracciones arancelarias”, reveló Lerma Cotera.

“Aquí estamos apoyando y coordinándonos con la iniciativa que presentará la Secretaría de Economía y que básicamente tiene ese objetivo: por un lado, incentivar más la producción nacional y, por otro lado, reducir los déficits que se incrementaron de forma sustancial particularmente en algunos sectores en los últimos dos años. En los últimos 12 meses el déficit se ha incrementado inclusive en algunos sectores muy particulares más allá del 100 por ciento. Entonces básicamente lo que busca también es cuidar esos desbalances que se están teniendo actualmente”, manifestó el funcionario federal.

“Y es parte relevante también para la Secretaría de Hacienda porque dentro del Presupuesto y las proyecciones de ingresos estamos contemplando recursos importantes. En los ingresos por importación estamos contemplando alrededor de 70 mil millones de pesos adicionales respecto al Presupuesto y a los avances de 2025 que básicamente se derivan de las medidas arancelarias”, añadió Lerma Cotera.

Según los Criterios Generales de Política Económica, que formaban parte del Paquete Económico 2026, el Gobierno Federal proyectaba que los ingresos por importación aumenten en 73 mil 700 millones de pesos o 40.7 por ciento frente al estimado para el 2025, a 254 mil 800 millones de pesos.

“Se prevé que los ingresos tributarios totales en 2026 se ubicarán en 5 mil 838.6 millones de pesos y muestren un crecimiento real de 5.7 por ciento respecto al cierre estimado para 2025. El crecimiento de los ingresos se explica principalmente por un aumento en el componente de importaciones de 40.7 por ciento real”, mencionó el citado documento.

Por otra parte, Édgar Abraham Amador Zamora, titular de la SHCP, reconoció que estas medidas formaban parte del entorno de las conversaciones comerciales con los socios de Norteamérica: Canadá y Estados Unidos.

“No ignoramos, por supuesto, que esta estrategia y estas medidas en materia de política arancelaria se inscriben dentro de la discusión y dentro de las futuras conversaciones comerciales con nuestros socios de América del Norte y seguramente forman parte del entorno. Pero la motivación primaria es la estrategia del Plan México: la estrategia de fortalecer la producción y el consumo doméstico”, reconoció el titular de la SHCP.

El funcionario federal expresó que en la actualidad había una modificación de los parámetros de la política comercial en el mundo y uno de los resultados había sido la introspección económica en términos de que muchos países estaban buscando fortalecer sus mercados y su producción doméstica de cara a los próximos años.

“Los aranceles hay que verlos dentro de la lógica general y dentro de la estrategia general del Plan México. ¿Cuál es el objetivo del Plan México? Fortalecer la industria nacional, reindustrializar sectores que han perdido competitividad debido a la competencia no siempre justa, no siempre pareja, de otras economías, de otros países, en particular de aquellos países con los que México no cuenta con tratados comerciales, quiere decir que no hay reglas claras y, al no haber reglas claras, podemos caer en situaciones en donde nuestra industria compita en situaciones de desventaja”, destacó Amador Zamora.

“Entonces dentro del Plan México este es uno de los ejes, de nuevo, no ignorando que es un factor que se inscribe en la actual coyuntura, en la actual discusión”, aceptó el titular de la SHCP, quien también aseveró que los aranceles estarían dirigidos a países con los que México no tenía tratados comerciales, en el marco de los parámetros del principio de la Nación más Favorecida (NMF), de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

“Efectivamente son aquellos países con los cuales no tenemos unas reglas bilaterales claras y, por lo tanto, se inscriben dentro de los parámetros de Nación Más Favorecida, de las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Esto fue el marco en el cual nos movimos para calibrar las tasas y para calibrar las tarifas”, explicó Amador Zamora.

“Lo que tomamos en consideración fue, número 1, países con los cuales no tenemos tratado comercial, las reglas de OMC, los parámetros fijados por Nación Más Favorecida, pero también cuidamos mucho los impactos productivos y potencial sobre el nivel de precios”, dijo el funcionario federal, quien también afirmó que el impacto sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) sería de una sola vez.

“Buscamos con mucho cuidado, junto con los compañeros de la Secretaría de Economía y la Cancillería, calibrar aquellos sectores para los cuales, por ejemplo, no tenemos sustitutos nacionales, donde hay una elasticidad de sustitución baja en términos de producción nacional, aquellos que pudieran tener ponderaciones muy importantes en el INPC, que no nos vayan a pegar”, expresó el titular de la SHCP.

“No vemos que [la medida] tenga efectos permanentes y no supera las 2-3 décimas (del aumento del INPC o inflación), dependiendo de muchos factores. Entonces no tiene un impacto relevante, por diseño, porque lo cuidamos. Aquellos artículos, aquellas fracciones arancelarias que pudieran tener un efecto mayor en el INCP, los cuidamos en términos de los factores. Fue un trabajo que nos ha tomado bastante tiempo para calibrar”, agregó Amador Zamora.

El lunes 8 de septiembre de 2025, tras presentar el Paquete Económico 2026, la SHCP señaló, en un comunicado, que el objetivo de los aranceles era crear un entorno más justo de competencia.

“Con la finalidad de crear un entorno más justo de competencia, se implementarán medidas fiscales en materia de comercio exterior, tales como la aplicación de aranceles estratégicos a países con los cuales no existen acuerdos vigentes”, destacó la SHCP.

El Paquete Económico 2026 incluyó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, entre las cuales se proponía adicionar una fracción al artículo 105 de éste, para establecer como delito que se sancionaría con las mismas penas de contrabando, cuando un importador de mercancías certificara falsamente su origen, con el objetivo de obtener un trato arancelario preferencial.

“Teniendo el carácter de importador de mercancías, certifique falsamente su origen con el objeto de que se importen al país, bajo trato arancelario preferencial, desde un país con el que México tenga suscrito un tratado o acuerdo internacional”, estipularía la nueva fracción XVIII, del Código Fiscal de la Federación.

Durante varios años, de acuerdo a las investigaciones que actualmente se han dado a conocer, tanto la FGR como la cúpula de la Secretaría de Marina, tuvieron conocimiento del huachicol fiscal que ocurría en los puertos mexicanos que esta última institución tenía bajo su operación, facultad y resguardo. 

Y siguiendo la máxima del expresidente Andrés Manuel López Obrador predicada en septiembre de 2019, de que “Nada de que el Presidente no sabe, no se enteró, de que el Presidente no tiene buenos colaboradores, de que lo engañan. Mentira, el Presidente de México se entera de todo”, él también lo sabía.

De acuerdo al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, Rafael Ojeda, quien fuera titular de la Marina de 2018 a 204, ya le había notificado a la FGR que algo no estaba funcionando correctamente, que presumía actividades irregulares, enriquecimiento ilícito y corrupción en las aduanas que él operaba. Aunque primero dijo el fiscal que ello le fue notificado en el año 2023, posteriormente rectificó asegurando que fue en 2024.

Sin embargo, ni hace dos años ni hace un año, las investigaciones avanzaron a partir de la denuncia del Almirante Ojeda, lo que sí se mantuvo, y poco a poco se fue superando, fue la línea discursiva del expresidente de la República López Obrador de que ya había acabado no sólo la corrupción en las Aduanas Mexicanas, sino el huachicol.

De acuerdo a la información liberada sobre las investigaciones de la FGR en torno a la red de huachicol fiscal, los casos indagados y que resultaron en órdenes de aprehensión, por lo menos 14 los primeros días, y otras cinco esta semana, fueron a partir de dos hechos recientes: los mega decomisos de huachicol en Tampico, Tamaulipas y Ensenada, Baja California, en marzo de este 2025. En el primero se aseguraron 10 mil litros de combustible ilícito, y en el segundo unos ocho mil litros de igual irregular procedencia. Además, en ambos casos, participaron colaboradores de la Marina en los dos puertos, para que los buques de traslado de combustible entraran y fueran registrados como contenedores de otro líquido, lo que significa que también hubo huachicol fiscal.

Aparte de que los hechos investigados sucedieron en marzo, la FGR contó con por lo menos dos delaciones, ahora testigos protegidos, y la localización de otras denuncias en por otros medios, cartas o videos. Es decir, tuvieron elementos suficientes, proporcionados por elementos de la Marina inmersos en la red criminal, que los llevaron no sólo a saber de cierto el pacto criminal, sino la forma, el fondo y los medios utilizados, lo cual les permitió incluso confiscar (aunque les hayan sido entregados) unos 29.5 millones de pesos que la cúpula criminal entregó a sus cómplices en los puertos aduanales.

Es decir, investigación desde un año, o dos años, cuando se supone que el Almirante Ojeda denunció que había irregularidades, no se ve como tal en los documentos, por más que el Fiscal Gertz, para que le cuadren los datos y justificar al exsecretario de la Marina, diga que las indagaciones oficiales se “intensificaron” a partir de marzo de este año. 

El ahora testigo protegido, Capitán Alejandro Torres Joaquín, decidió acudir a la FGR cuando ya los millones de pesos le llegaban al cuello. De hecho, confesó que del millón 750 mil pesos que el Capitán de Corbeta en el retiro, Miguel Ángel Solano Ruiz, le daba para repartir entre los once elementos de la Marina en Tampico que estaban en la red que permitía el huachicol fiscal y el tráfico ilícito de combustible de procedencia norteamericana a México, él se quedaba con la mayor parte y sólo lo “repartía” entre siete personas incluido él, que se quedaba con más de 1 millón 400 mil pesos. En total, refirió haber trabajo con ese esquema criminal, por lo menos de abril de 2024 a enero de 2025, y haber recibido por la entrada de catorce buques de combustible ilícito, 24 millones de pesos, aunque entregó 29 a la FGR.

De hecho, en notas de prensa que recogen parte de sus declaraciones, las fechas de Torres no coinciden, pues refiere haber sido contactado por el representante criminal desde el año 2022, cuando casualmente, porque no se lo esperaba, lo nombraron subdirector de área de vigilancia y control de la Aduana de Tampico, y su suerte comenzó a cambiar, dado que atravesaba por difíciles momentos económicos, y con el cargo le vino el soborno que lo sacó de la necesidad y las limitaciones financieras. Él mismo refirió que no duraría tanto en esa posición, pues a los meses lo nombraron director de la Aduana de Tampico, lo cual indicaría que su actividad criminal empezó antes, y no únicamente “entre abril de 2024 y enero de 2025”.

Miguel Ángel Solano Ruiz, el marino retirado, declaró Torres, era el coordinador de la red del huachicol fiscal y personero, intermediario, representante o lugarteniente ya entrando al argot del crimen organizado, de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Lagunas, el primero Vicealmirante de la Marina y el segundo Contraalmirante de la misma institución, y quienes para mejor seña resultaron ser sobrinos políticos del Almirante Rafael Ojeda, el Almirante Secretario de la Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Manuel Roberto, junto con nueve elementos de la Marina han sido vinculados a proceso y permanecen privados de su libertad. Su hermano Fernando Farías Laguna y el representante de ambos, y quien, de acuerdo al testigo protegido, entregaba el soborno millonario por permitir la entrada del combustible ilícito a los puertos en Tampico y Altamira, Tamaulipas, Miguel Ángel Solano Ruiz, y decenas más de coludidos en la red más grande de huachicol fiscal que se haya investigado en el país, permanecen en calidad de prófugos.

El Juez de Control de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, Mario Martínez Elizondo, los vinculó a proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, y en la audiencia, justificó que advertía, “la existencia de una organización delictiva integrada por personas de la Marina, funcionarios, agentes aduanales y empresarios”. 

Efectivamente días después, según reveló el diario El Universal, a un empresario, Roberto Blanco Cantú, le fue girada orden de captura por delitos en materia de hidrocarburos en puertos de México, incluido el caso de Baja California cuando en el puerto de Ensenada, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad federal, detectaron otro caso de huachicol fiscal y confiscaron ocho millones de litros de Diesel internado al país de manera irregular, y donde de acuerdo funcionarios testigos de los ilícitos hechos, y así lo asentaron en declaración oficial, participaron los hermanos Torres, Carlos y Luis, el esposo y el cuñado de la Gobernadora, este último, de hecho, fue director de Aduanas en Tijuana. También salió implicado otro morenista, el exsenador suplente, Gerardo Novelo, quien es el propietario del predio donde estaba almacenado el combustible.

Fue en el año 2020 cuando el entonces Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para combatir la corrupción en Aduanas y puertos de México, cedió la administración de los mismos a la Marina, con el fin dijo, de acabar con la corrupción. Pero eso, es evidente, no sucedió, por el contrario, desde esa institución de las Fuerzas Armadas, se instauró una red, como advirtiera el Juez Mario Martínez, integrada “por personas de la Marina, funcionarios, agentes aduanales y empresario”. 

Sucedió que expuso a los Marinos al círculo de corrupción que ya existía en las Aduanas, pues no lo combatió, creyó que, cambiando de personas, de civiles a fuerzas armadas, acabaría todo, cuando lo que hizo fue iniciar una nueva época de corrupción institucional.

La disyuntiva para la Presidenta ahora es si solapa a los funcionarios, empresarios y clase política que han sido parte del motor de estas redes criminales de huachicol fiscal, asumiendo el costo político que eso conlleva, especialmente para su partido, o si como en el pasado inmediato, niega la corrupción, protege a los suyos, y mantiene la criminalidad desde el gobierno y el partido. Y eso, lo veremos en los siguientes días y semanas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó este miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga la muerte de un marino en una práctica de tiro real ocurrida ayer en Sonora, en lo que marcó la segunda muerte de un integrante de la Secretaría de Marina (Semar) en dos días, y en medio de la revelación de una red de corrupción que involucraba a uniformados, civiles y servidores públicos.

"El primer caso fue un suicidio, tan lamentable que el Fiscal [Alejandro Gertz Manero] mencionó que ni siquiera estaba vinculado con las investigaciones. Salió en un medio su nombre y esta persona decide quitarse la vida. Obviamente tiene que hacerse la investigación, lo que pasó ayer, hasta ahora, parece un accidente, pero entró la Fiscalía a hacer la investigación", añadió la mandataria.

Sheinbaum Pardo además pidió no especular sobre la situación. "Insistir, en un tema tan lamentable y sentido, me parece que no es correcto", dijo.

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, informó este miércoles que las autoridades y reguladores están por levantar las intervenciones temporales de las entidades financieras CI Banco e Intercam, así como de Vector Casa de Bolsa, luego de ser señaladas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntamente participar en una red de lavado de dinero vinculado al narcotráfico de fentanilo.

“Todo está transcurriendo de manera normal, incluso ya estamos por levantar las intervenciones”, reveló Amador Zamora durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

La CNBV asumió un día después de los señalamientos del Tesoro en EE.UU. el control de los órganos administrativos y legales de las tres entidades, para proteger los recursos de los clientes, garantizar la continuidad operativa, prevenir delitos financieros y reforzar la confianza en el sistema.

La agencia británica Reuters reveló, el 10 de septiembre de 2025, que en colaboración con unidades especiales o de élite del Ejército y la Marina mexicanos, la Agencia Central de Inteligencia ​de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), llevaría años realizando operaciones encubiertas para “cazar” y capturar a los narcotraficantes más buscados de México, entre ellos, Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, así como presunto líder de “Los Chapitos”, “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”, operación en la que el servicio de inteligencia exterior de naturaleza civil del Gobierno Federal estadounidense proporcionó inteligencia, entrenamiento y equipo, a soldados y marinos mexicanos.

Guzmán López se encontraba recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago -donde Agencia Federal de Prisiones​ (BOP, por sus siglas en inglés), le asignó el número de preso 72884-748-, desde el 15 de septiembre de 2023, cuando fue extraditado desde México a EE. UU.

“El Ratón” fue capturado en dos ocasiones en México. La primera ocurrió el 17 de octubre de 2019, en Culiacán, Sinaloa, pero debido a los disturbios que ”Los Chapitos” causaron en dicha ciudad, conocidos como ‘El Culiacanazo’, el presidente Andrés Manuel López Obrador optó por liberarlo.

Luego, el 5 de enero de 2023, Guzmán López fue capturado por segunda ocasión en Culiacán. Aunque sicarios de “Los Chapitos’ intentaron replicar lo sucedido en 2019, el Ejército Mexicano logró asegurar a ‘El Ratón’, quien posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, ‘El Altiplano’, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde permaneció hasta su extradición a EE.UU., el 15 de septiembre de ese mismo año.

Según un reportaje firmado por los periodistas Drazen Jorgic y Laura Gottesdiener, titulado ‘Dentro de la lucha secreta de la CIA contra los cárteles de la droga de México’, estas unidades especiales de las Fuerzas Armadas mexicanas, conocidas como “verificadas por la CIA”, eran sometidas a pruebas de polígrafo, control financiero y entrenamientos especializados por el Gobierno de Estados Unidos.

Reuters afirmó que en la actualidad existían al menos dos grupos activos: uno en el Ejército y otro en la Marina mexicanas, responsables de gran parte de las detenciones de narcotraficantes de alto perfil en los últimos años. Aunque formalmente las capturas se realizan con autorización del Gobierno de México, la CIA fungió como coordinadora clave de las operaciones antinarcóticos en el país, desplazando en influencia a la Agencia Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés).

El reportaje, basado en entrevistas con más de 60 fuentes de ambos países, señaló que la CIA replicó en México la estrategia utilizada en la guerra contra el terrorismo: localizar, vigilar y eliminar objetivos estratégicos. Desde Langley, Virginia, la agencia -la única de la inteligencia estadounidense que goza de independencia- reasignó recursos antiterroristas hacia la lucha contra los cárteles, incrementando el uso de drones y centros de inteligencia conjuntos.

Según Reuters, el enfoque había generado tensiones bilaterales. Mientras Washington, bajo el liderazgo de Donald Trump, presionaba incluso con la amenaza de acciones militares unilaterales, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo había reforzado la cooperación, con la advertencia de que no aceptaría violaciones a la soberanía nacional.

La agencia británica enfatizó que a pesar de los éxitos tácticos, el impacto era limitado, ya que la fragmentación de cárteles había desatado altos niveles de violencia en México (con alrededor de 30 mil homicidios al año), y el país seguía siendo el principal productor mundial de fentanilo, droga responsable de entre 50 mil y 75 mil muertes anuales en EE. UU.

Reuters subrayó que como el de Genaro García Luna -ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012-, exponían la fragilidad de estas colaboraciones y la infiltración del crimen en las instituciones mexicanas.

García Luna fue detenido el 9 de diciembre de 2019, en Dallas, Texas. Fue condenado, el 16 de octubre de 2024, por Brian M. Cogan, juez de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, a 38.8 años de prisión (466 meses), así como al pago una multa de 2 millones de dólares, “por su colaboración durante una década con el Cártel de Sinaloa, a cambio de millones de dólares en sobornos”.

En conclusión, la investigación de Reuters intentó demostrar que la guerra secreta de la CIA en México había sido decisiva para capturar capos, pero no había logrado frenar ni la violencia en territorio mexicano, ni la epidemia de opioides en Estados Unidos. Según la cacería continúa, con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, otro hijo de “El Chapo”, como objetivo prioritario.

Tras la condena de su padre, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”, y sus hermanos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, “El Alfredillo”, así como a Joaquín “El Güero Moreno” y Ovidio Guzmán López, “El Ratón” -estos dos últimos tres presos en Estados Unidos-, fundaron “Los Chapitos”, “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”, una facción del Cártel de Sinaloa.

Extraditado a territorio estadounidense desde México durante el último día de la Administración del ex presidente Barack Obama, el 20 de enero de 2017, Guzmán Loera fue encontrado culpable en febrero de 2019, de 10 cargos por narcotráfico durante un proceso criminal en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Está encarcelado en la ADX Supermax, conocida como el “Alcatraz de las Rocallosas”, desde julio de 2019.

“Desde que Trump regresó a la presidencia, las incautaciones de fentanilo en la frontera estadounidense han disminuido más del 50 % en comparación con el mismo período del año pasado, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El Gobierno [de EE. UU.] ha afirmado que esto se debe a sus medidas enérgicas. Sin embargo, determinar la causa de esta disminución es difícil, según un funcionario estadounidense, quien indicó que los cárteles podrían estar utilizando nuevas rutas de contrabando para evadir la detección o acumulando el opioide sintético con la esperanza de que la vigilancia fronteriza finalmente se calme”, indicó Reuters.

“En México, los homicidios también han mostrado una tendencia a la baja a nivel nacional desde que Sheinbaum asumió el cargo. Sin embargo, una guerra civil de un año dentro del Cártel de Sinaloa ha dejado miles de muertos o desaparecidos en Sinaloa. Los Chapitos se enfrentan a otra facción liderada por el hijo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada [García], quien cofundó el Cártel de Sinaloa con ‘El Chapo’. El ala de ‘El Mayo’ está lista para asumir el control de la producción de fentanilo de Los Chapitos, aunque enfrenta la competencia del Cártel Jalisco Nueva Generación [CJNG], según un funcionario estadounidense”, destacó la agencia británica.

“La búsqueda de décadas de la CIA para encontrar al clan Guzmán aún no ha terminado. Uno de los principales objetivos de la agencia es Iván Archivaldo Guzmán, otro de los hijos de El Chapo, quien permanece prófugo y no pudo ser contactado para obtener comentarios. En febrero [de 2025], comandos de élite mexicanos que trabajaban con la unidad del ejército supervisada por la CIA casi lo atraparon en Culiacán, según una fuente de seguridad mexicana. Iván escapó, como solía hacer su padre, a través de un túnel secreto”, finalizó Reuters.

José Alberto Rodríguez Rivera, secretario en funciones de titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió, el 10 de septiembre de 2025, una suspensión provisional contra la orden de aprehensión emitida para el prófugo contralmirante Fernando Farías Laguna -sobrino político de José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador-, quien, supuestamente, junto a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, lideraban una red dedicada al tráfico ilegal de combustibles o “huachicol fiscal”, en las aduanas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas.

El juzgador fijó al contralmirante el pago de una garantía de 49 mil pesos para mantener vigente la protección judicial y también le impuso un plazo de tres días para presentarse a una audiencia inicial ante Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. De no hacerlo, cancelaría la protección judicial y las autoridades no tendrían impedimento alguno para detenerlo.

“La medida cautelar concedida respecto de los actos reclamados, surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte promovente no cumple con comparecer físicamente ante la autoridad responsable dentro del plazo de 3 días hábiles, contado a partir de la notificación de este proveído. De no hacerlo, aún cuando se exhiba la garantía procedentemente fijada, la suspensión concedida será revocada y se hará efectivo el billete de depósito exhibido para tal efecto”, determinó Rodríguez Rivera.

El secretario en funciones de juez también le concedió al contralmirante la suspensión provisional para que la Fiscalía General de la República (FGR) tuviera acceso a la carpeta de investigación y todos los datos de prueba, “ya que de no ser así, no se le permitiría allegarse de la información pertinente para el ejercicio de una adecuada defensa”.

El 19 de agosto de 2025 un juez federal ordenó la aprehensión de 13 marinos y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en el desembarque de 31 buques con “huachicol fiscal”, en las aduanas de Altamira y Tampico, durante los dos últimos años. Solo estaban prófugos el contralmirante Fernando Farías Laguna y el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “El Capitán Sol”.

Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, vinculó a proceso, la madrugada del martes 9 de septiembre de 2025, al vicealmirante Manuel Roberto “N” y nueve marinos y funcionarios aduaneros, por presuntamente estar implicados en el desembarque de 31 buques con tráfico ilícito de hidrocarburos o “huachicol fiscal”, en las Aduanas de Altamira y Tampico, durante los dos últimos años.

Según lo informó el diario Reforma, durante una audiencia que duró más de 17 horas, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez procesó a los imputados por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El juzgador federal descartó invalidar las declaraciones del capitán Alejandro Torres Joaquín, ex director de la Aduana de Tampico, por rendir sus primeras declaraciones sin ser testigo protegido.

Siempre según el citado rotativo, Martínez Elizondo dijo que en este asunto ya hubo dos asesinatos, el del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y la funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR), Magaly Janet Nava Ramos, con la intención de silenciar a los denunciantes.

“La muerte de estas dos personas puede tener un efecto inhibidor sobre otras personas que pudieran aportar información […] No comparto la opinión de que tiene que acreditarse que todos y cada uno de los buques descargaron hidrocarburos ilegales, sino si existe o no un grupo delictivo. Los datos de prueba permiten suponer que probablemente se cometieron las conductas imputadas”, señaló el juez federal.

Martínez Elizondo ratificó a todos los imputados la prisión preventiva oficiosa, razón por la que los procesados del sexo masculino estarían presos durante el proceso, en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, “El Altiplano” -ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México-, mientras que dos de las tres mujeres continuarían internas en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, CPS, de Morelos.

Según lo reseñó Reforma, uno de los marinos, el capitán Humberto Enrique “N”, le indicó al juez federal que desde que ingresaron a “El Altiplano” fueron objeto de amenazas, desde el momento en que los internos se enteraron de que eran miembros de la Armada de México.

Por ese motivo, el capitán solicitó a Martínez Elizondo que autorizara el traslado de los siete hombres procesados a una prisión militar. Sin embargo, el juzgador rechazó la solicitud y señaló que antes de valorar la petición debía analizarse si una prisión castrense reunía las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso.

El impartidor de justicia fijó un plazo de 6 meses para la investigación complementaria, tiempo previsto para que la Fiscalía General de la República y los defensores de los imputados reunieran sus respectivos datos de prueba.

Además del sobrino político de José Rafael Ojeda Durán -titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador-, el juez federal vinculó a proceso a los capitanes de navío Climaco “N” y Humberto Enrique “N”, el primero adscrito a la Décima Región Naval en Salina Cruz, Oaxaca, y el segundo ex director de Supervisión de Aduanas Marítimas.

El juzgador también vinculó a proceso a los capitanes de fragata Sergio “N”, ex subdirector de Vigilancia y Control de la Aduana Marítima de Tampico; Carlos de Jesús “N”, ex subdirector de Operación de la misma Aduana, y a Fernando Ernesto “N”; ex sub administrador de la Aduana de Altamira.

Además, Martínez Elizondo procesó a Endira Xóchitl “N”, ex jefa de departamento de Recintos Fiscales en la Aduana del mismo puerto; así como a Anatalia “N”, Ismael “N” y Perla Elizabeth “N”, todos ellos enlaces y verificadores de mercancías en la Aduana de Tampico.

Esta última era la única persona procesada que no estaría en la cárcel, ya que el juez decidió imponerle el arraigo domiciliario, en su casa ubicada en Tampico, Tamaulipas, así como uso de brazalete electrónico, debido a que tenía 12 semanas de embarazo.

El paquete económico 2026 del gobierno federal plantea un crecimiento optimista, pero enfrenta riesgos que podrían limitar la inversión en sectores estratégicos y aumentar la deuda, advirtió la directora general de México Evalúa, Mariana Campos.

En entrevista para Aristegui en Vivo, mencionó que aunque  la Secretaría de Hacienda estima un crecimiento de 2.3% para 2026, esta cifra supera la previsión de Banxico y del Fondo Monetario Internacional, lo que podría traducirse en menor recaudación y una deuda más pesada respecto al PIB.

Según sus cálculos, la relación deuda-PIB podría alcanzar hasta 54% si la economía crece menos de lo esperado y se cumplen los déficits históricos.

La especialista subrayó que, a pesar del optimismo en las cifras macroeconómicas, el paquete mantiene un enfoque de estancamiento fiscal, pues gran parte de los recursos se destinan a pagos obligados como intereses de la deuda, pensiones y apoyos a Pemex, lo que reduce la inversión en salud, educación, infraestructura y seguridad pública.

En materia de infraestructura, Campos criticó la falta de planificación a mediano y largo plazo y mencionó que Proyectos como el tren México-Querétaro sufrieron recortes, y muchos megaproyectos continúan sin una estimación adecuada de costos, factibilidad técnica o impacto ambiental.

Tres personas privadas de la libertad fallecieron esta mañana tras una riña registrada al interior del Centro de Reinserción Social “Venustiano Carranza”, confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Nayarit.

En un comunicado, la institución informó que las víctimas fueron identificadas como Everardo N., Lucio N. y Sergio N., y según reportes previos, dos de ellos eran expolicías de la Agencia de Investigación Criminal.

Para garantizar el restablecimiento del orden, se desplegó un dispositivo de seguridad con elementos de la Policía Estatal en coordinación con fuerzas federales.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre las causas que originaron la riña ni sobre la situación legal de los internos fallecidos, mientras las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades.

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos informó que durante el proceso de entrega-recepción de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo se identificaron más de 8 mil observaciones en distintas dependencias. De este total, entre 40 y 50 casos podrían derivar en denuncias penales, señalaron autoridades estatales.

Alejandra Pani Barragán, titular de la Contraloría, explicó que las investigaciones comenzaron entre diciembre y enero del año pasado, cuando se otorgó a las dependencias un plazo para solventar las observaciones detectadas. Hasta ahora, se ha revisado aproximadamente la mitad de las 8 mil 500 observaciones, con la expectativa de concluir el análisis de unas 4 mil antes de finalizar 2025.

La funcionaria precisó que las observaciones incluyen faltas administrativas y posibles irregularidades que podrían derivar en denuncias penales. “Las denuncias que yo alcanzo a ver son alrededor de 46 a 50. Nada más estoy hablando de la entrega-recepción, no de lo que encontramos. Encontramos 8 mil 500”, señaló.

En cuanto a la presentación de denuncias, la Consejería Jurídica será la encargada de definir los casos que procedan, mientras que la Contraloría mantiene seguimiento con la Fiscalía Anticorrupción. La funcionaria reconoció que los recientes cambios en la fiscalía han afectado la continuidad de algunos expedientes. “Sí, he dado seguimiento a algunos casos. Él está retomando todo y tratando de hacer un nuevo aporte de lo que él tiene, pero lleva mucho tiempo”, explicó.

Las 8 mil 500 observaciones representan un proceso amplio de revisión en distintas dependencias y constituyen la base para determinar qué irregularidades podrían derivar en acciones legales una vez que la Consejería Jurídica evalúe los casos.

El nuevo Paquete Económico 2026 llegó al Congreso con una paradoja difícil de ocultar: presume gasto histórico en programas sociales, trenes y empresas del Estado, pero a costa de más impuestos y más deuda.

El discurso oficial habla de “justicia social” y “finanzas responsables”, pero las cifras revelan un presupuesto que depende cada vez más de pedir prestado y de cargarle la mano a consumidores, empresas y estados. 

Es un documento que refleja la camisa de fuerza en que se ha convertido la economía mexicana: sin margen, con deudas crecientes y con proyectos heredados que se siguen tragando miles de millones.

DÉFICIT

Un menú de impuestos selectivos que golpea directamente el consumo popular, disfrazado de política de salud porque no se detectan programas o fondos específicos que recibirán los recursos extra que se van a recaudar.

El tema de los videojuegos violentos es lo más novedoso. Hacienda justifica el impuesto con el argumento de que los títulos con clasificación “C” (para mayores de 18 años) afectan la salud mental y promueven la violencia. Sin embargo, es más un mensaje político que una medida recaudatoria, porque la cifra esperada (183 millones) es mínima frente al presupuesto total.

Además, la medida abre un debate: ¿cómo se gravará a plataformas internacionales como Steam, Xbox o PlayStation?, ¿cómo se diferenciará el entretenimiento digital de otros consumos culturales como el cine o las series que también tienen violencia explícita?

En los hechos, este impuesto inaugura un terreno inexplorado: la fiscalización de contenidos digitales con criterios morales. Y aunque por ahora el impacto económico será marginal, el precedente es fuerte: si hoy se grava un videojuego por “violento”, mañana podría usarse la misma lógica para otros productos culturales.

El endeudamiento crece mientras los ingresos propios son mínimos.

EL TREN QUE NO TERMINA

El músculo electoral del oficialismo está garantizado.

CAMISA DE FUERZA

El presupuesto deja poco margen de maniobra. 81.4 pesos de cada 100 ya están comprometidos en gastos ineludibles:

Con este nivel de rigidez, el gobierno apenas tiene espacio para maniobrar.

FINANZAS… ¿SANAS?